SEGURIDAD PRIVADA

Colección Textos Legales, número 79

Undécima edición: abril de 2011

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Edita: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

© De los sumarios, selección y ordenación de textos, notas e índices, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Edición a cargo de Pilar Luisa Sánchez García

ISBN: 978-84-340-1971-3

NIPO: 007-11-059-5

MADRID, 2011

Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
Avda. de Manoteras, 54. 28050 Madrid

§ 1 LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO (JEFATURA DEL ESTADO), DE SEGURIDAD PRIVADA[1]

(«BOE» núm. 186, de 4 de agosto de 1992)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

La seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, su garantía constituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno que, en tal condición, se ejerce en régimen de monopolio por el poder público. Sin embargo, progresivamente se ha ido extendiendo por todas las sociedades de nuestro entorno la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados, llegando a adquirir en las últimas décadas un auge hasta ahora desconocido. De aquí que países como Bélgica, Francia, el Reino Unido o Italia hayan aprobado recientemente leyes de nueva planta o modificado su anterior legislación para integrar funcionalmente la seguridad privada en el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado.

En este marco se inscribe la presente Ley, en su consideración de los servicios privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública. A partir de ahí se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Lo que se busca con estas normas es articular las facultades que puedan tener los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.

El desarrollo de la seguridad privada que se ha producido en nuestro país, a partir de la primera regulación de este tipo de prestaciones de servicios, en 1974, obliga a revisar el tratamiento legal para permitir un control eficaz del elevado número de empresas del sector y de los actuales Vigilantes Jurados de Seguridad, cuya existencia no puede ser cuestionada, toda vez que se trata de un medio de prevención del delito y contribuye, por tanto, al mantenimiento de la seguridad pública. Además debe tenerse en cuenta que la presencia de Vigilantes en controles de acceso y seguridad interior no suele tener una trascendencia externa que perjudique al quehacer de los Cuerpos de Seguridad, porque están llamados a actuar como elementos colaboradores en tareas que difícilmente podrían cubrir por sí solos.

El análisis del sector y de sus circunstancias pone de relieve que paralelamente a su crecimiento han aparecido numerosos problemas, tales como el intrusismo, la falta de normas de homologación de productos, deficiente formación de los Vigilantes, irregularidades en su funcionamiento y comisión de numerosas infracciones, así como la ausencia sobrevenida de requisitos esenciales.

La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por empresas privadas y su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 148.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detectan el acaecimiento de hechos delictivos graves, perseguibles de oficio.

La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

Ante un panorama como el descrito se hacía necesario realizar un esfuerzo clarificador que, estudiando todos los hechos que giran en torno a la seguridad privada, permitiese hacer una diagnosis de su situación, a partir de la cual se buscasen las soluciones adecuadas para ordenar un sector que sigue en alza y que, además, pretende acceder a nuevas áreas de actividad dentro de la seguridad.

2

La normativa vigente, integrada principalmente por disposiciones sobre empresas privadas y Vigilantes de Seguridad, es de inspiración preconstitucional, aunque algunas de sus formulaciones actuales obedezcan a reelaboraciones promulgadas con posterioridad a la publicación de la Constitución Española de 1978.

Una de las críticas más abiertamente expresadas, y generalmente coincidente, se refiere no tanto a la deficiencia de las normas como a su enorme dispersión y a su falta de estructura unitaria y sistemática, lo que produce, claro está, lagunas o desfases propios de una legislación que envejece y que ha sido superada por la rápida evolución del sector.

Ello ha dado lugar al surgimiento de actividades prohibidas, o no prohibidas estrictamente, pero carentes de cobertura legal suficiente, cuyo tratamiento jurídico con rango legal necesario es urgente.

3

Aparte de los aspectos relativos a la formación profesional del personal de seguridad privada, se considera necesario incorporar al ordenamiento jurídico, a través de la Ley primero, y posteriormente por medio del correspondiente Reglamento, las previsiones demandadas por la evolución que se ha operado en el sector de la seguridad privada.

1. El depósito y almacenamiento de fondos por las empresas de seguridad, no previsto en las normas vigentes, ha surgido como un hecho y una necesidad derivados, de forma natural y automática, del transporte de fondos, determinantes de la concentración de éstos en las dependencias de las empresas de seguridad, lo que exige su previsión normativa y su regulación.

Por su parte, el transporte aéreo de fondos, aunque no está excluido expresamente de la legislación vigente, carece prácticamente de regulación específica en la actualidad y se considera necesaria su previsión, principalmente cuando están implicados en las necesidades de fondos territorios insulares o zonas de difícil acceso por razones geográficas.

2. La prestación sin armas del servicio propio de los Vigilantes de Seguridad constituye una modalidad que ha nacido a la vida al calor de los convenios laborales del sector, a través de la figura del denominado «Guarda de Seguridad», revelándose al propio tiempo que en la mayoría de los casos resultaba innecesaria y desproporcionada la realización de tales actividades con armas, de donde sólo se autorizará el uso de las mismas cuando lo exijan las concretas circunstancias.

3. La existencia en nuestro país de los servicios de protección personal es una realidad que no cabe desconocer. Estos servicios son prestados, en la mayoría de los casos, por Vigilantes al servicio de algunas empresas de seguridad inscritas y, en otros casos, por personal propio de las entidades a las que pertenece el protegido.

La atribución a las empresas de seguridad de la posibilidad de realizar servicios de protección personal supondría la normalización y adecuación de este tipo de actividades a una normativa concreta que vendría a llenar el vacío legal existente, ante una situación real pero no prevista jurídicamente, debiéndose establecer fuertes mecanismos de control por parte de la Administración, como respecto de los servicios en sí mismos y del personal encargado de prestarlos.

4. En el ámbito predominantemente rural en el que desenvuelven sus funciones los Guardas particulares del Campo hace que, si bien no tienen sentido ni la especificidad de determinadas normas ni lo anacrónico de algunos aspectos de su regulación, deben mantenerse ciertas notas características de su régimen jurídico que requieren especialidades respecto del establecido para los Vigilantes de Seguridad.

En consecuencia, la regulación de los Guardas particulares del Campo, que ha sobrevivido casi ciento cincuenta años y que contiene elementos que responden a necesidades históricas y geográficas concretas, debe ser adaptada a las exigencias actuales en el ámbito de la Ley de Seguridad Privada, teniendo en cuenta su identidad sustancial.

5. Respecto a la profesión de Detective privado, de ya larga tradición en España y en general en los países occidentales, se detectan múltiples problemas, entre los cuales los más importantes son los de insuficiencias de la normativa vigente, de determinación de controles o intervenciones de la Administración y de sistemática legislativa, que plantea la alternativa de su incorporación a las disposiciones sobre seguridad privada o de mantenimiento de la autonomía del bloque normativo.

La insuficiencia de rango normativo resulta evidente, si se tiene en cuenta que una Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero de 1981 regula los requisitos y condiciones de ejercicio de la profesión; el sistema de intervención o control de la Administración del Estado en la organización, puesta en marcha y funcionamiento de las agencias privadas de investigación; e inclusive el régimen sancionador aplicable a los titulares de las agencias y al personal vinculado a las mismas, lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a declarar nulo el artículo 12 de dicha Orden en la Sentencia 61/1990, de 29 de marzo.

La posible incorporación de la regulación de los Detectives a una Ley de Seguridad Privada ha sido objeto de estudios y deliberaciones. Como ya se ha indicado, su especificidad es evidente. Sin embargo, hay que tener en cuenta razones de urgencia en resolver los problemas normativos de la profesión, de los que devienen otros, también graves, por derivación, como el del intrusismo. Pero, sobre todo, no hay nada que impida aprovechar la oportunidad de la tramitación de una Ley de Seguridad Privada, para intentar solucionar tales problemas, si se tiene en cuenta que también en este sector se produce el hecho sustancial de que el ámbito de actuación es parcialmente común con el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo que permite y aconseja que sean, asimismo, idénticos los mecanismos de coordinación subordinada y de intervención de los servicios policiales.

6. Por último, es, desde luego, urgente y necesaria la dotación del rango normativo suficiente al desarrollo del régimen sancionador aplicable a la materia, que, en la legislación actualmente vigente y siguiendo mentalidades y pautas preconstitucionales, apenas tiene apoyo en normas con rango de Ley y se encuentra contenido, prácticamente en su totalidad, en Reales Decretos y en Órdenes ministeriales. Precisamente porque el régimen sancionador se considera la clave de arco para garantizar el cumplimiento de las finalidades del ordenamiento global de la seguridad privada, resulta imprescindible incorporar dicho régimen a una disposición con rango adecuado, en la que se tipifiquen todas las infracciones posibles, se determinen las sanciones a imponer y se diseñe el procedimiento sancionador, con especificación de las autoridades competentes para aplicar las distintas sanciones. Para que la Administración realice un control eficaz de cuantas actividades sean reguladas, resulta fundamental abordar, a la hora de elaborar una nueva disposición, la parte sancionadora al objeto de garantizar adecuadamente la seguridad de personas y bienes.

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. 1. Esta ley tiene por objeto regular la prestación por personas, físicas o jurídicas privadas, de servicios de vigilancia y seguridad de personas o bienes, que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública[2].

2. A los efectos de esta ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo, los guardas de caza, los guardapescas marítimos y los detectives privados.

3. Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la Constitución y con sujeción a lo dispuesto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles[3].

4. Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados[4].

Art. 2. 1. Corresponde el ejercicio de las competencias administrativas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley al Ministerio del Interior y a los Gobernadores Civiles[5].

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad[6], corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades, servicios o actuaciones y del personal y medios en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación[7].

3. A los efectos indicados en el apartado anterior, habrá de facilitarse a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que en cada caso sean competentes, la información contenida en los Libros-Registros prevenidos en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determinen[8].

4. Asimismo, las empresas de seguridad y los Detectives privados presentarán cada año un informe sobre sus actividades al Ministerio del Interior, que dará cuenta a las Cortes Generales del funcionamiento del sector. Dicho informe habrá de contener relación de los contratos de prestación de los servicios de seguridad celebrados con terceros, con indicación de la persona con quien se contrató y de la naturaleza del servicio contratado, incluyéndose igualmente los demás aspectos relacionados con la seguridad pública, en el tiempo y en la forma que reglamentariamente se determinen[9].

Art. 3. 1. Las empresas y el personal de seguridad privada no podrán intervenir, mientras estén ejerciendo las funciones que les son propias, en la celebración de reuniones y manifestaciones ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales, sin perjuicio de mantener la seguridad que tuvieren encomendada de las personas y de los bienes[10].

2. Tampoco podrán ejercer ningún tipo de controles sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener bancos de datos con tal objeto.

3. Tendrán prohibido comunicar a terceros cualquier información que conozcan en el ejercicio de sus funciones sobre clientes, personas relacionadas con éstos, así como los bienes y efectos que custodien[11].

Art. 4. 1. Para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas reglamentadas y los medios materiales y técnicos homologados, de manera que se garantice su eficacia y se evite que produzcan daños o molestias a terceros[12].

2. El Ministerio del Interior determinará las características y finalidades de dichos medios materiales y técnicos, que podrán ser modificadas o anuladas cuando varíen las condiciones o circunstancias que determinaron su aprobación[13].

CAPÍTULO II

Empresas de seguridad[14]

Art. 5. 1. Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que la desarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y actividades[15]:

a) Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.

b) Protección de personas determinadas, previa la autorización correspondiente[16].

c) Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras.

d) Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos cuyas características serán determinadas por el Ministerio del Interior, de forma que no puedan confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad[17].

e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta[18].

f) Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.

g) Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas en esta Ley.

2. Las empresas de seguridad deberán garantizar la formación y actualización profesional de su personal de seguridad. Podrán crear centros de formación y actualización para el personal de empresas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley[19].

3. En ningún caso las empresas de seguridad podrán realizar las funciones de información e investigación propias de los Detectives privados[20].

Art. 6. 1. Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso consignarse por escrito, con arreglo a modelo oficial[21], y comunicarse al Ministerio del Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios[22].

2. No obstante, la prestación del servicio de Escoltas personales sólo podrá realizarse previa autorización expresa del Ministerio del Interior, que se concederá individualizada y excepcionalmente en los casos en que concurran especiales circunstancias y condicionada a la forma de prestación del servicio[23].

3. El Ministerio del Interior prohibirá la prestación de los servicios de seguridad privada o la utilización de determinados medios materiales o técnicos cuando pudieran causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana[24].

Art. 7. 1. La prestación de servicios de seguridad privada a que se refiere el artículo 5 de esta ley se llevará a cabo por empresas de seguridad, que podrán revestir la forma de persona física o de persona jurídica.

2. Para la prestación de los servicios y actividades de seguridad privada contemplados en esta ley, las empresas de seguridad deberán obtener la oportuna autorización administrativa por el procedimiento que se determine reglamentariamente, a cuyo efecto deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener por objeto social exclusivo todos o alguno de los servicios o actividades contemplados en el artículo 5.

b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

c) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos que se determinen reglamentariamente. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas[25], habrán de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento, en la forma que se determine[26].

d) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.

e) Constituir la fianza que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas para atender a las responsabilidades que se deriven del funcionamiento de la empresa por infracciones a la normativa de seguridad privada.

3. A los efectos previstos en las letras d) y e) del apartado 2, se tendrán en cuenta los requisitos ya exigidos en el Estado miembro de origen en lo referente a la suscripción del contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras, así como en lo relativo a la constitución de fianzas[27].

4. Las empresas de seguridad, tanto si son personas físicas como jurídicas, autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad que se lleva en el Ministerio del Interior, a cuyo efecto deberán acreditar su condición de empresas de seguridad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, en la forma que se determine reglamentariamente.

5. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la inscripción, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del interesado[28].

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad que tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, así como el asesoramiento y planificación de actividades de seguridad, se las podrá eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este artículo, cuando así se determine reglamentariamente[29].

Art. 8. Los Administradores y Directores de las Empresas de Seguridad, que figurarán en el Registro a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, deberán:

a) Ser personas físicas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo[30].

b) Carecer de antecedentes penales.

c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad.

d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores[31].

Art. 9. 1. Cuando las empresas de seguridad revistan la forma de persona jurídica, deberán reunir los requisitos establecidos en la legislación mercantil.

2. Las empresas a las que se refiere el apartado anterior estarán obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en la titularidad de las acciones o participaciones y los que afectan a su capital social, dentro de los quince días siguientes a su modificación.

3. Asimismo, en igual plazo, deberán comunicar cualquier modificación de sus Estatutos y toda variación que sobrevenga en la composición personal de los órganos de administración y dirección de las empresas[32].

CAPÍTULO III

Personal de seguridad[33]

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Art. 10. 1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el artículo 1, apartado 2, de esta ley, habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, con el carácter de autorización administrativa, en expediente que se instruirá a instancia del propio interesado[34].

2. Para la obtención de la habilitación indicada en el apartado anterior, los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

b) Ser mayor de edad y no haber alcanzado, en su caso, la edad que se determine reglamentariamente[35].

c) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones.

d) Superar las pruebas oportunas que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.

e) Carecer de antecedentes penales.

f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.

g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control en las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.

h) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, en los cinco años anteriores a la solicitud.

3. Los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de las funciones de seguridad privada en el mismo, podrán desempeñar actividades o prestar servicios de seguridad privada en España, siempre que, previa comprobación del Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos[36]:

a) Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.

b) Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.

c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.

d) Los previstos en las letras b), e), f), g) y h), del apartado 2 de este artículo.

4. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de las actividades de seguridad privada en España de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

5. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la habilitación, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del interesado[37].

6. La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias[38].

Sección 2.ª Vigilantes de Seguridad[39]

Art. 11. 1. Los Vigilantes de Seguridad sólo podrán desempeñar las siguientes funciones[40]:

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.

b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal[41].

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.

d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.

e) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Para la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de explosivos u otros objetos o sustancias que reglamentariamente se determinen, será preciso haber obtenido una habilitación especial[42].

Art. 12. 1. Tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los Vigilantes integrados en empresas de seguridad, vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán aprobados por el Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad[43].

2. Los Vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicarán exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la misma con otras misiones[44].

Art. 13. Salvo la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes u objetos, los Vigilantes de Seguridad ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados, sin que tales funciones se puedan desarrollar en las vías públicas ni en aquellas que, no teniendo tal condición, sean de uso común. No obstante, cuando se trate de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas, podrán implantarse servicios de vigilancia y protección en la forma que expresamente se autorice[45].

Art. 14. 1. Los Vigilantes de Seguridad, previo el otorgamiento de las correspondientes licencias[46], sólo desarrollarán con armas de fuego las funciones indicadas en el artículo 11, en los supuestos que reglamentariamente se determinen, entre los que se comprenderán, además del de protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos, los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas y explosivos, de industrias o establecimientos peligrosos que se encuentren en despoblado y aquellos otros de análoga significación[47].

2. Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad, cuya categoría se determinará reglamentariamente, sólo se podrán portar estando de servicio[48].

Art. 15. Los Vigilantes que desempeñen sus funciones en establecimientos o instalaciones en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente habrán de atenerse, en el ejercicio de sus legítimos derechos laborales y sindicales, a lo que respecto de las empresas encargadas de servicios públicos disponga la legislación vigente[49].

Sección 3.ª Jefes de Seguridad[50]

Art. 16. Cuando el número de Vigilantes de Seguridad, la complejidad organizativa o técnica, u otras circunstancias que se determinarán reglamentariamente, lo hagan necesario, las funciones de aquéllos se desempeñarán a las órdenes directas de un Jefe de Seguridad, que será responsable del funcionamiento de los Vigilantes y de los sistemas de seguridad, así como de la organización y ejecución de los servicios y de la observancia de la normativa aplicable.

Sección 4.ª Escoltas privados[51]

Art. 17. 1. Son funciones de los Escoltas privados, con carácter exclusivo y excluyente, el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, que no tengan la condición de autoridades públicas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos[52].

2. Para el cumplimiento de las indicadas funciones, serán aplicables a los Escoltas privados los preceptos de la sección 2.ª de este capítulo y las demás normas concordantes de la presente Ley, relativas a Vigilantes de Seguridad, salvo la referente a la uniformidad[53].

3. Asimismo, les será de aplicación para el ejercicio de sus funciones lo dispuesto sobre tenencia de armas en el artículo 14 de esta Ley[54].

Sección 5.ª Guardas particulares del Campo[55]

Art. 18. Los Guardas particulares del Campo, que ejercerán funciones de vigilancia y protección de la propiedad rural, se atendrán al régimen establecido en esta Ley para los Vigilantes de Seguridad[56], con las especialidades siguientes:

a) No podrán desempeñar la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

b) Podrán desarrollar las restantes funciones, sin estar integrados en empresas de seguridad.

c) La instrucción y tramitación de los expedientes relativos a su habilitación corresponderá efectuarlas a las unidades competentes de la Guardia Civil[57].

d) El Ministro del Interior determinará, en su caso, el arma adecuada para la prestación de cada clase de servicio[58].

Sección 6.ª Detectives privados[59]

Art. 19. 1. Los Detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán[60]:

a) De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados[61].

b) De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal.

c) De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos[62].

2. Salvo lo dispuesto en el párrafo c) del apartado anterior, no podrán prestar servicios propios de las empresas de seguridad ni ejercer funciones atribuidas al personal a que se refieren las secciones anteriores del presente capítulo.

3. Tampoco podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido[63].

4. En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones[64].

Art. 20. Además de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley, no podrán obtener la habilitación necesaria para el ejercicio de las funciones de Detective privado los funcionarios de cualquiera de las Administraciones Públicas en activo en el momento de la solicitud o durante los dos años anteriores a la misma[65].

CAPÍTULO IV

Régimen sancionador[66]

Sección 1.ª Infracciones

Art. 21. 1. Las infracciones de las normas contenidas en la presente Ley podrán ser leves, graves y muy graves.

2. Las infracciones leves prescribirán a los dos meses; las graves, al año, y las muy graves, a los dos años.

El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume.

La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija[67].

Art. 22. Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones[68]:

1. Infracciones muy graves[69]:

a) La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria[70].

b) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre conflictos políticos o laborales, control de opiniones, recogida de datos personales o información a terceras personas sobre clientes o su personal, en el caso de que no sean constitutivas de delito[71].

c) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados que sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales[72].

d) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida con los Libros-Registros reglamentarios[73].

e) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, así como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta Ley[74].

f) La realización de servicios de seguridad con armas fuera de lo dispuesto en la presente Ley[75].

g) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan[76].

h) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.

2. Infracciones graves[77]:

a) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la homologación sea preceptiva.

b) La realización de servicios de transportes con vehículos que no reúnan las características reglamentarias.

c) La realización de funciones que excedan de la habilitación obtenida por la empresa de seguridad o por el personal a su servicio, o fuera del lugar o del ámbito territorial correspondiente, así como la retención de la documentación personal.

d) La realización de los servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar al Ministerio del Interior la celebración de los correspondientes contratos.

e) La utilización en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan de cualquiera de los requisitos necesarios.

f) El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte de los Vigilantes de Seguridad dentro de la jornada laboral establecida.

g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del informe de actividades en la forma y plazo prevenidos.

h) No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las señales de alarma que se registren en las centrales privadas, transmitir las señales con retraso injustificado o comunicar falsas incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa.

i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.

3. Infracciones leves[78]:

a) La actuación del personal de seguridad sin la debida uniformidad o los medios que reglamentariamente sean exigibles.

b) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

Art. 23. El personal que desempeñe funciones de seguridad privada podrá incurrir en las siguientes infracciones[79]:

1. Infracciones muy graves[80]:

a) La prestación de servicios de seguridad a terceros por parte del personal no integrado en empresas de seguridad, careciendo de la habilitación necesaria.

b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta Ley sobre tenencia de armas fuera del servicio y sobre su utilización.

c) La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los Detectives privados o la utilización de medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones.

d) La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones.

e) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.

f) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.

2. Infracciones graves[81]:

a) La realización de funciones o servicios que excedan de la habilitación obtenida.

b) El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.

c) No impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias que entrañen violencia física o moral.

d) La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.

e) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre conflictos políticos y laborales, control de opiniones o comunicación de información a terceros sobre sus clientes, personas relacionadas con ellos, o sobre los bienes y efectos que custodien.

f) El ejercicio de los derechos sindicales o laborales al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios públicos, en los supuestos a que se refiere el artículo 15 de la presente Ley[82].

g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del informe de actividades de los Detectives privados en la forma y plazo prevenidos.

h) La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los Detectives privados en el ejercicio de sus funciones.

i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.

3. Infracciones leves[83]:

a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, por parte del personal no integrado en empresas de seguridad.

b) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.

c) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

Art. 24. 1. Será considerada infracción grave, a los efectos de esta Ley, la utilización de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no homologados. Sin embargo, se reputará infracción muy grave la utilización de tales dispositivos cuando fueran susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.

2. La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen, o su funcionamiento con daños o molestias para terceros, será considerada infracción leve.

3. Tendrá la consideración de infracción grave la contratación o utilización de empresas carentes de la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada, a sabiendas de que no reúnen los requisitos legales al efecto. Tendrá la consideración de infracción leve la contratación o utilización de personal de seguridad, en las mismas circunstancias[84].

Art. 25. Las reglamentaciones de las materias comprendidas en el ámbito de la presente Ley podrán determinar los cuadros específicos de infracciones leves, graves y muy graves en que se concreten los tipos que se contienen en los artículos anteriores.

Sección 2.ª Sanciones

Art. 26. Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 22 y de acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones[85]:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multas de 5.000.001 hasta 100.000.000 de pesetas.

b) Cancelación de la inscripción.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 50.001 hasta 5.000.000 de pesetas.

b) Suspensión temporal de la autorización, por un plazo no superior a un año.

3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.

b) Multas de hasta 50.000 pesetas.

Art. 27. Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 23 y de acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multas de 500.001 hasta 5.000.000 de pesetas.

b) Retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia.

2. Por la comisión de infracciones graves:

a) Multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.

b) Suspensión temporal de la habilitación, permiso o licencia, por un plazo no superior a un año.

3. Por la comisión de infracciones leves:

a) Apercibimiento.

b) Multas de hasta 50.000 pesetas.

Art. 28. Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 24 y de acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:

a) Por infracciones muy graves, multas de 500.001 hasta 25.000.000 de pesetas.

b) Por infracciones graves, multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.

c) Por infracciones leves, multas de hasta 50.000 pesetas.

Art. 29. El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada será decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de lícito comercio, o a su enajenación en otro caso, quedando en depósito la cantidad que se obtuviera para hacer frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.

Art. 30. 1. En el ámbito de la Administración del Estado, la potestad sancionadora prevista en la presente Ley corresponderá[86]:

a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de cancelación de la inscripción y retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia.

b) Al Director de la Seguridad del Estado[87], para imponer las restantes sanciones por infracciones muy graves.

c) Al Director general de la Policía[88], para imponer las sanciones por infracciones graves.

d) A los Gobernadores Civiles[89], para imponer las sanciones por infracciones leves.

2. Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo[90].

Art. 31. 1. Para la graduación de las sanciones, cuando no estén señaladas individualizadamente en los Reglamentos, las autoridades competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida, para personas o bienes, la reincidencia, en su caso, y el volumen de actividad de la empresa de seguridad contra quien se dicte la resolución sancionadora o la capacidad económica del infractor.

2. Cuando la comisión de las infracciones graves o muy graves hubieren generado beneficios económicos para los autores de las mismas, las multas podrán incrementarse hasta el duplo de dichas ganancias.

Art. 32. 1. Las sanciones impuestas en aplicación de la presente Ley por infracciones leves, graves o muy graves prescribirán, respectivamente, al año, dos años y cuatro años.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firme la resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese comenzado a ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y se interrumpirá desde que se comience o se reanude la ejecución o cumplimiento[91].

Sección 3.ª Procedimiento[92]

Art. 33. No podrá imponerse ninguna sanción, por las infracciones tipificadas en esta Ley, sino en virtud de procedimiento instruido por las unidades orgánicas correspondientes, conforme a las normas contenidas en los artículos 133, 134, 136 y 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo[93]. La sanción de infracciones leves podrá acordarse en procedimiento abreviado, con audiencia del interesado.

Art. 34. Toda persona que tuviere conocimiento de irregularidades cometidas por empresas o personal de seguridad privada en el desarrollo de sus actividades, podrá denunciar aquéllas ante el Ministerio del Interior o los Gobernadores Civiles[94], a efectos de posible ejercicio de las competencias sancionadoras que les atribuye la presente Ley.

Art. 35. 1. Iniciado el expediente, el órgano que haya ordenado su incoación podrá adoptar las medidas cautelares necesarias, para garantizar la adecuada instrucción del procedimiento, así como para evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso de que ésta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.

2. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y proporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en:

a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, no homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y efectos de la infracción[95].

b) La retirada preventiva de las habilitaciones, permisos o licencias.

c) La suspensión administrativa de la habilitación del personal de seguridad privada y, en su caso, de la tramitación necesaria para el otorgamiento de aquélla, mientras dure la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad.

También podrán ser suspendidas las indicadas habilitación y tramitación, hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal.

3. Excepcionalmente, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas o bienes, las medidas previstas en el apartado a) del número anterior podrán ser adoptadas inmediatamente por los agentes de la autoridad; si bien, para su mantenimiento, habrán de ser ratificadas por la autoridad competente, en el plazo máximo de setenta y dos horas.

4. Cuando los Gobernadores Civiles[96] acordaran la medida cautelar de retirada preventiva de las habilitaciones, permisos o licencias, o de suspensión administrativa de la habilitación o de la tramitación para otorgarla al personal de seguridad, deberán elevar los particulares pertinentes a la autoridad competente, para su ratificación, debiendo ésta resolver en el plazo de siete días.

5. Las medidas cautelares previstas en los apartados 2.b) y 2.c) del presente artículo no podrán tener una duración superior a un año[97].

CAPÍTULO V

Ejecución

Art. 36. 1. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley serán ejecutivas desde que la resolución adquiera firmeza en la vía administrativa.

2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se halle previsto plazo para satisfacerla, la autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta días hábiles, pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago[98].

3. En los casos de suspensión temporal, cancelación de inscripciones, retirada de documentación y clausura o cierre de establecimientos o empresas, la autoridad sancionadora señalará un plazo de ejecución suficiente, que no podrá ser inferior a quince días ni superior a los dos meses, oyendo al sancionado y a los terceros que pudieran resultar directamente afectados.

Art. 37. 1. Para la ejecución forzosa de las sanciones, se seguirá el procedimiento previsto en el capítulo V del título IV de la Ley de Procedimiento Administrativo[99].

2. En el caso de las multas, si éstas no fueren satisfechas en el plazo fijado en la resolución, una vez firme ésta, se seguirá el procedimiento ejecutivo previsto en el Reglamento General de Recaudación[100].

Art. 38. La resolución de los expedientes sancionadores por infracciones graves y muy graves podrá ser hecha pública, en virtud de acuerdo de las autoridades competentes, en los términos que reglamentariamente se determinen[101].

Art. 39. Para lograr el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en ejecución de lo dispuesto en la presente Ley, las autoridades competentes, relacionadas en el artículo 30, podrán imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo[102]. La cuantía de estas multas no excederá de 50.000 pesetas, pero podrá aumentarse sucesivamente en el 50 por 100 de la cantidad anterior en casos de reiteración del incumplimiento.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. 1. Las empresas de seguridad reguladas en la presente Ley tendrán la consideración de sector con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.

2. La autorización de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad exigirá en todo caso informe previo del Ministerio del Interior.

3. Las limitaciones establecidas en la presente disposición no serán de aplicación a las personas físicas nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea ni a las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad.

Segunda. 1. Con sujeción a las normas que determine el Gobierno, la formación, actualización y adiestramiento del personal de seguridad privada se llevarán a cabo por Profesores acreditados y en centros de formación, que deberán reunir requisitos de ubicación y acondicionamiento, especialmente en cuanto se refiere a los espacios para el aprendizaje, práctica y perfeccionamiento en la utilización de armas de fuego y sistemas de seguridad.

2. Sin perjuicio de las licencias o autorizaciones, autonómicas o municipales, que puedan ser exigibles para entrar en funcionamiento, los centros de formación requerirán autorización de apertura del Ministerio del Interior, que realizará actividades inspectoras de la organización y funcionamiento de los centros.

3. No podrán ser titulares ni desempeñar funciones de dirección ni de administración de centros de formación del personal de seguridad privada los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan ejercido en los mismos funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones, o del personal o medios en materia de seguridad, vigilancia o investigación privadas en los dos años anteriores[103].

Tercera. Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades de custodia del estado de instalaciones y bienes o de control de accesos realizados en el interior de inmuebles por personal distinto del de seguridad privada y directamente contratado por los titulares de los mismos. Este personal en ningún caso podrá portar ni usar armas, ni utilizar distintivos o uniformes que puedan confundirse con los previstos en esta Ley para el personal de seguridad privada[104].

Cuarta. 1. Las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos y, en su caso, con lo previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán desarrollar las facultades de autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad que tengan su domicilio social en la propia Comunidad Autónoma y en el ámbito de actuación limitado a la misma[105].

2. A efectos de información, el ejercicio de tales atribuciones será comunicado a la Junta de Seguridad.

3. También les corresponderá la denuncia y puesta en conocimiento de las autoridades competentes, de las infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentren incluidas en el párrafo primero de esta disposición.

Quinta. La Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior podrá autorizar la prestación de funciones de acompañamiento, defensa y protección, por parte de los escoltas privados, de personas que tengan la condición de autoridades públicas, cuando las circunstancias así lo recomienden[106].

Sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad. Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación[107].

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Las empresas de seguridad inscritas, las medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo en uso con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, de acuerdo con la normativa anterior, pero que no cumplan, total o parcialmente, los requisitos o exigencias establecidos en esta Ley y en las normas que la desarrollen, deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias dentro de un plazo de un año que se contará:

a) Respecto a los requisitos nuevos de las empresas que requieran concreción reglamentaria, desde la fecha de promulgación de las correspondientes disposiciones de desarrollo.

b) En cuanto a las medidas adoptadas, desde la promulgación de las normas que las reglamenten.

c) En cuanto al material o equipo que se encuentre en uso, desde que recaigan y se comuniquen las correspondientes resoluciones de homologación, cuando sean necesarias.

d) Respecto a las materias no comprendidas en los apartados anteriores, desde la promulgación de la presente Ley[108].

Segunda. 1. Los Vigilantes Jurados de Seguridad, los Guardas Jurados de Explosivos y los Guardas particulares Jurados del Campo que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, reúnan las condiciones exigibles para la prestación de los correspondientes servicios con arreglo a la normativa anterior, podrán seguir desempeñando las funciones para las que estuviesen documentados, sin necesidad de obtener la habilitación regulada en el artículo 10 de esta Ley.

2. Los Vigilantes Jurados de Seguridad y los Guardas Jurados de Explosivos que, en la fecha de promulgación de la presente Ley, se encuentren contratados directamente por las empresas o entidades en que realicen sus funciones de vigilancia, podrán continuar desempeñando dichas funciones sin estar integrados en empresas de seguridad durante un plazo de dos años desde dicha fecha, a partir del cual habrán de atenerse necesariamente a lo dispuesto al respecto en el artículo 12 de esta Ley[109].

Tercera. Una vez transcurrido el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de las disposiciones de desarrollo reglamentario relativas a la habilitación para el ejercicio de la profesión de Vigilante de Seguridad, el personal que, bajo las denominaciones de Guardas de Seguridad, Controladores u otras de análoga significación, hubiera venido desempeñando con anterioridad a dicha promulgación funciones de vigilancia y controles en el interior de inmuebles no podrá realizar ninguna de las funciones enumeradas en el artículo 11 sin haber obtenido previamente la habilitación regulada en el artículo 10 de la presente Ley[110].

Cuarta. Los Detectives privados y los Auxiliares de los mismos que, en la fecha de promulgación de la presente Ley, se encuentren acreditados como tales con arreglo a la legislación anterior y los Investigadores o Informadores que acrediten oficialmente el ejercicio profesional durante dos años con anterioridad a dicha fecha, podrán seguir desarrollando las mismas actividades hasta que transcurra un año desde la promulgación de las disposiciones de desarrollo reglamentario relativas a la habilitación para el ejercicio de la profesión de Detective privado. A partir de dicho plazo, para poder ejercer las actividades previstas en el artículo 19.1 de la presente Ley, habrán de convalidar u obtener la habilitación necesaria con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en las indicadas disposiciones de desarrollo reglamentario[111].

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley[112].

DISPOSICIONES FINALES

Primera. El Gobierno dictará las normas reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley, y concretamente para determinar:

a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación.

b) Las condiciones que deben cumplirse en la prestación de servicios y realización de actividades de seguridad privada.

c) Las características que han de reunir los medios técnicos y materiales utilizados a tal fin.

d) Las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada, así como la cualificación y funciones del Jefe de Seguridad.

e) El régimen de habilitación de dicho personal.

f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempeño de las distintas funciones[113].

Segunda. Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumo.

[1] Dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la Sentencia de 29 de octubre de 1998, considerando que la excepción de orden público no ampara en este supuesto la exclusión de las libertades de circulación de trabajadores, de establecimiento y de prestación de servicios dentro de la Unión, el Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero («BOE» núm. 26, de 30 de enero), modifica la presente Ley, eliminando de su texto las referencias a la necesidad de poseer la nacionalidad española respecto a las empresas y al personal de seguridad privada [arts. 7.1.b) y 10.3.a)] y de residir en territorio español respecto a los Administradores y Directores de dichas empresas [art. 8.a)].

La disposición derogatoria única del citado Real Decreto-ley establece:

«1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley.

2. Todas las normas y disposiciones de desarrollo de la Ley 23/1992 se entenderán modificadas conforme a lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley.»

Asimismo, el Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, modifica los artículos 1, 7, 9 y 10 de la presente ley para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de enero de 2006 en cuanto que se mantenían en vigor las disposiciones de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que imponen una serie de requisitos a las empresas extranjeras de seguridad privada para que puedan ejercer sus actividades en España, a saber, la obligación:

– de revestir la forma de una persona jurídica;

– de disponer de un capital social mínimo específico;

– de depositar una fianza ante un organismo español;

– de contratar una plantilla mínima, cuando la empresa en cuestión ejerza sus actividades en ámbitos distintos del de transporte y distribución de explosivos;

– general de que su personal posea una autorización administrativa específica expedida por las autoridades españolas, y

– al no adoptar las disposiciones necesarias para garantizar el reconocimiento de los certificados de competencia profesional para el ejercicio de la actividad de detective privado.

[2] Véanse el artículo 51.2 y 3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las disposiciones adicionales tercera de la presente Ley y primera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.

Por lo que respecta a las tasas por prestación de servicios y actividades regulados en la presente Ley, véase el parágrafo 22.

[3]Artículo 67 del Reglamento.

[4]Artículo redactado conforme al Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre. Véase la nota al sumario de la presente Ley.

Véanse los artículos 22.1.g) y 23.1.e) de esta Ley, 14.1 y 66 del Reglamento y el artículo 13 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

Véanse, asimismo, los artículos 4.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 5.2 y 17.3 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana.

[5] Desaparecidos los Gobernadores Civiles, la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril («BOE» núm. 90, de 15 de abril), de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, establece:

«El Delegado del Gobierno asumirá las competencias sancionadoras atribuidas a los Gobernadores Civiles en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y por la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, correspondiendo las demás competencias de carácter sancionador a los Subdelegados del Gobierno.

En los casos en que la resolución corresponda al Delegado del Gobierno, la iniciación e instrucción de los procedimientos corresponderá a la Subdelegación del Gobierno competente por razón del territorio.

Igualmente corresponderá a los Delegados del Gobierno la imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves y muy graves previstas en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. La imposición de sanciones por infracciones leves previstas en dicha Ley corresponderá a los Subdelegados del Gobierno.

Asimismo, el Delegado del Gobierno desempeñará las demás competencias que la legislación vigente atribuye a los Gobernadores Civiles.»

[6] Artículo 12.1.a).g) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo («BOE» núm. 63, de 14 de marzo), de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

[7] Artículo 137.2 del Reglamento.

[8] Artículos 19.3 y 4 y 143 del Reglamento.

[9]Véanse los artículos 138 y 141 del Reglamento.

[10]Por lo que respecta al ejercicio del derecho de huelga por el personal de seguridad privada, véase el Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, que figura como parágrafo 18.

[11]Véanse los artículos 22.1.b) y 23.2.e) de esta Ley y 148.2 y 152.3 del Reglamento.

[12]Véanse los artículos 6.3 y 24 de esta Ley y 40.1, 148.3 y 149.1 del Reglamento.

[13]Véase la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[14]Véanse las disposiciones adicional primera y transitoria primera de esta Ley, los artículos 1 a 51 y el anexo del Reglamento y las disposiciones transitorias primera a quinta del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba dicho Reglamento. Véase, asimismo, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, que figura como parágrafo 3.

[15]Véase el artículo 7 de esta Ley y 1 del Reglamento.

[16]Véanse los artículos 6.1 y 17 y la disposición adicional quinta de esta Ley.

[17]Artículos 32 del Reglamento y 10 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[18]Letra redactada de acuerdo con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

[19]Véase la disposición adicional segunda de esta Ley.

[20]Artículos 19 de esta Ley y 101 y 102 del Reglamento.

[21]Artículo 16 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[22]Véanse los artículos 22.2.d) de esta Ley y 20 a 22 y 149.4 del Reglamento.

[23]Véanse los artículos 17 de esta Ley y 88 del Reglamento.

[24] Véanse los artículos 4, 22.1.c) y 2.a), 24, 29 y 32.2.a) de esta Ley y 154.1, 155.2.a) y 3.a), 145 y 147 del Reglamento.

[25]Artículo 14 de esta Ley.

[26]Véanse el artículo 25 del Reglamento de Seguridad Privada y la disposición transitoria sexta del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el citado Reglamento.

Véanse, asimismo, los artículos 127 y 128 del Reglamento de Armas (§ 11).

[27]Véanse el artículo 7 y el anexo del Reglamento.

[28]Artículo 2.2 del Reglamento.

[29]Artículo redactado conforme al Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre («BOE» núm. 225, de 19 de septiembre). Véase la nota al sumario de la presente Ley. Véanse los artículos 12 y 13 del Reglamento.

[30]Esta letra figura redactada de acuerdo con el Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero. Véase la nota al sumario de la presente Ley.

[31]Véase el artículo 10.3.b) de esta Ley.

[32]Artículo redactado conforme al Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre. Véase la nota al sumario de la presente Ley. Véanse los artículos 2.4 de esta Ley y 140 del Reglamento.

[33]Véanse los artículos 52 a 110 del Reglamento.

Véanse, asimismo, las disposiciones que figuran como parágrafos 5 a 18.

[34]Véanse los artículos 22.1.a) y 2.c) y 35.2.b) y c), 4 y 5 de esta Ley; 52.3 y 4, 64 y 148.1 y 2 del Reglamento y la disposición transitoria novena del Real Decreto de aprobación del mismo.

[35]Artículo 54.2.a) del Reglamento.

[36]Véanse el artículo 20 de esta Ley y los artículos 53 y 54 del Reglamento.

[37]Véase el artículo 64.1 del Reglamento.

[38]Artículo redactado conforme al Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre («BOE» núm. 225, de 19 de septiembre). Véase la nota al sumario de la presente Ley. Véanse el artículo 64.2 del Reglamento y el artículo 19 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[39]Véanse los artículos 17.2 de esta Ley y 52 a 87 del Reglamento.

[40]Véanse los artículos 14 de esta Ley y 71.1 del Reglamento.

[41]Artículos 71.1.b) y 77 del Reglamento y nota a este último.

[42]Véanse los artículos 32 y siguientes del Reglamento. Asimismo, véanse el Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera, y el Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

[43]Véanse los artículos 22.3.a) de esta Ley, 87 y 150.17 del Reglamento y disposición transitoria decimotercera del Real Decreto por el que se aprueba el mismo.

[44]Véanse las disposiciones transitorias segunda.2 y tercera de esta Ley, el artículo 70.1 del Reglamento y las disposiciones transitorias novena y décima del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el citado Reglamento.

[45]Véanse los artículos 79 y 80 del Reglamento.

[46]Véanse los artículos 120 a 128 del Reglamento de Armas (§ 11) y la Orden de 24 de febrero de 1994 (§ 12).

[47]Véase el artículo 81 del Reglamento.

[48]Véanse los artículos 17.3, 22.1.e) y f), y 23.1.b) de esta Ley y 86, 148.5 y 6 y 151.2 del Reglamento.

[49]Véanse los artículos 23.2.f) de esta Ley y 152.6 del Reglamento.

Véase, asimismo, el Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada en situaciones de huelga, que figura como parágrafo 18.

[50]Véanse los artículos 52.1, 54.4, 60, 63, 70.2 y 95 a 100 del Reglamento de esta Ley y 27 del Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero («BOE» núm. 59, de 9 de marzo), por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

[51]Véanse los artículos 26 a 30, 52.2, 54.3, 61.1, 70.2 y 88 a 91 del Reglamento.

[52]Téngase en cuenta la disposición adicional quinta de la presente Ley, añadida por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, para posibilitar que los escoltas privados realicen funciones de acompañamiento y protección de autoridades públicas.

[53]Véase el artículo 91 del Reglamento.

[54]Véase el artículo 90 del Reglamento.

[55]Véanse los artículos 52.5, 54.2, 92 a 94 y 137.3 del Reglamento.

[56]Artículos 11 a 15 de esta Ley y 94 del Reglamento.

[57]Artículo 137.3 del Reglamento.

[58]Véanse el artículo 93 del Reglamento y la Orden de 15 de febrero de 1997 (§ 13).

[59]Véanse los artículos 2.4 y 5.3 de esta Ley y 101 a 110 y 141 del Reglamento.

[60]Artículo 101 del Reglamento.

[61]Véase el artículo 265 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sobre la posibilidad de acompañar a la demanda o contestación los informes elaborados por profesionales de la investigación privada sobre hechos relevantes en que las partes apoyen sus pretensiones.

[62]Además, las grandes superficies comerciales y los locales públicos de gran concurrencia (art. 101.3 del Reglamento).

[63]Véase el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

[64]Artículo 102 del Reglamento.

[65]Artículo 54.5.c) del Reglamento.

[66]Véanse los artículos 148 a 161 del Reglamento.

[67]Véase el artículo 6 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto («BOE» núm. 189, de 9 de agosto).

[68]Véase el artículo 26 de esta Ley.

[69]Véase el artículo 148 del Reglamento.

[70]Véase el artículo 403 del Código Penal, sobre intrusismo.

[71]Sobre el ejercicio del derecho de huelga, véase el Real Decreto 524/2002, de 14 de junio (§ 18).

[72]Artículo 6.3 de esta Ley.

[73]Véase el artículo 2.3 de esta Ley y nota al mismo.

[74]Véase el artículo 14 de esta Ley.

[75]Téngase en cuenta el artículo 14 de esta Ley.

[76]Véase el artículo 1.4 de esta Ley y nota al mismo.

[77]Véase el artículo 149 del Reglamento.

[78]Véase el artículo 150 del Reglamento.

[79]Véase el artículo 27 de esta Ley.

[80]Véase el artículo 151 del Reglamento.

[81]Véase el artículo 152 del Reglamento.

[82]Véase el artículo 5 del Real Decreto 524/2002, de 14 de junio (§ 18).

[83]Véase el artículo 153 del Reglamento.

[84]Véanse los artículos 28 de esta Ley y 154 del Reglamento.

[85]Por Resolución de la Subsecretaría de Interior de 22 de octubre de 2001 («BOE» núm. 263, de 2 de noviembre) se da publicidad a las equivalencias pesetas-euros de las cuantías de las sanciones previstas en este artículo del modo siguiente:

Cuantía en pesetas

Cuantía en euros

• infracciones leves: hasta 50.000

• infracciones leves: hasta 300,51

• infracciones graves: de 50.001 a 5.000.000

• infracciones graves: de 300,52 a 30.050,61

• infracciones muy graves: de 5.000.001 a 100.000.000

• infracciones muy graves: de 30.050,62 a 601.012,10

[86]Véase el artículo 39 de esta Ley.

[87]En la actualidad, dicha referencia debe entenderse hecha al Secretario de Estado de Seguridad, conforme dispuso el Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, derogado por Real Decreto 1571/2007, de 20 de noviembre («BOE» núm. 288, de 1 de diciembre).

[88]En la actualidad, Director General de la Policía y de la Guardia Civil, conforme dispone el Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio («BOE» núm. 171, de 16 de julio), por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

[89]Véase la nota al artículo 2.1 de la presente Ley.

[90]Véanse los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

[91]Véase el artículo 6 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto («BOE» núm. 189, de 9 de agosto).

[92]Véanse los artículos 156 a 161 del Reglamento.

[93]Téngase presente que la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 ha sido derogada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Véanse los artículos 127 a 138 de la citada Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto («BOE» núm. 189, de 9 de agosto).

[94]Véase la nota al artículo 2.1 de esta Ley.

[95]Artículos 145 y 146 del Reglamento.

[96]Téngase en cuenta la nota al artículo 2.1 de esta Ley.

[97]Véase el artículo 157 del Reglamento.

[98]Véase el artículo 160 del Reglamento.

[99]En la actualidad, véanse los artículos 93 a 101 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

[100]Aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio («BOE» núm. 210, de 2 de septiembre).

[101]Véase el artículo 161 del Reglamento.

[102]En la actualidad, artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

[103]Véanse la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5) y las Resoluciones de 28 de noviembre de 1995 y 18 de octubre de 2007 (§ 6 y 8).

[104]Véase la disposición adicional primera del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento.

[105]Véanse la disposición adicional primera y el apartado III del Anexo.

[106]Disposición añadida por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

[107]Disposición adicionada por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Véase la disposición adicional quinta del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (§ 2).

[108]Disposiciones transitorias primera y segunda del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de esta Ley.

[109]Disposiciones transitorias novena y décima del Real Decreto 2364/1994, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de esta Ley.

[110]Disposición transitoria octava del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

[111]Disposiciones transitorias undécima y duodécima del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

[112]Véase la disposición derogatoria única del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de esta Ley.

[113] Véase la disposición adicional tercera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de esta Ley, y la Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada, que figura como parágrafo 21.

§ 2 REAL DECRETO 2364/1994, DE 9 DE DICIEMBRE (JUSTICIA E INTERIOR), POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA[1]

(«BOE» núm. 8, de 10 de enero de 1995; corrección de erratas en «BOE» núm. 20, de 24 de enero de 1995)

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en su disposición final primera, encomienda al Gobierno dictar las normas reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de la propia Ley. Por su parte, la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, autoriza igualmente al Gobierno a dictar las normas necesarias para determinar las medidas de seguridad que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del mismo texto legal, puedan ser impuestas a entidades y establecimientos.

La indudable afinidad de las materias aludidas y la finalidad idéntica de las mismas, constituida por la prevención de los delitos, aconseja desarrollarlas reglamentariamente de forma unitaria, lo que se lleva a cabo mediante el Reglamento de Seguridad Privada, que se aprueba por el presente Real Decreto.

De acuerdo con el mandato conferido por la Ley de Seguridad Privada, se determinan en el Reglamento los requisitos y características de las empresas de seguridad; las condiciones que deben cumplirse en la prestación de sus servicios y en el desarrollo de sus actividades, y las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada; al tiempo que se determinan los órganos competentes para el desempeño de las distintas funciones administrativas, y se abre el camino para la determinación de las características de los medios técnicos y materiales utilizables.

En relación con la determinación de las facultades que en materia de seguridad privada corresponden a las Comunidades Autónomas competentes para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, el Reglamento, como no podía ser menos, se limita a desarrollar lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 23/1992, de 30 de julio.

Se continúa así en este ámbito la línea favorable a una interpretación amplia de las atribuciones de las Comunidades Autónomas, en relación con la definición que de la competencia autonómica sobre sus propios servicios policiales y sus funciones ha realizado la jurisprudencia constitucional (más concretamente la Sentencia 104/1989, de 8 de junio).

Desde esta perspectiva, el Reglamento recoge la atribución específica a las Comunidades Autónomas aludidas de funciones ejecutivas de la normativa estatal respecto a la autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad que tengan su domicilio social y su ámbito de actuación en la propia Comunidad Autónoma, respetando así la decisión del legislador, que entiende comprendidas, si quiera sea parcialmente, determinadas competencias sobre seguridad privada en el ámbito de las facultades autonómicas asumidas estatutariamente al amparo del artículo 149.1.29.a de la Constitución.

En coherencia con lo anterior, la Ley 23/1992 y este Reglamento sientan de forma clara la competencia estatal respecto a aquellas actividades de seguridad privada que, por su ámbito funcional de desarrollo o por estar conectadas con aquélla, no pueden entenderse comprendidas en el ámbito de la competencia autonómica para regular su propia policía destinada al mantenimiento del orden público y a la protección de personas y bienes.

En este sentido la habilitación del personal de seguridad privada, que la Ley 23/1992 no incluyó entre las facultades autonómicas, implica el ejercicio de funciones derivadas de la competencia estatal exclusiva sobre la seguridad pública, sin que aquélla pueda incluirse en la competencia autonómica sobre sus propios servicios policiales, tal y como la define la jurisprudencia constitucional. A mayor abundamiento, se está ante una habilitación para el ejercicio de determinadas funciones en todo el territorio estatal y ante personas que en la mayor parte de los casos pueden desarrollar sus funciones provistas de armas de fuego.

Por lo que respecta a la seguridad en establecimientos e instalaciones, se desarrolla el artículo 13 de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, determinando los servicios y sistemas de seguridad que habrán de adoptar las distintas clases de establecimientos, a cuyo efecto se cuenta con la experiencia acumulada durante los últimos años, adecuándose las medidas de seguridad en entidades y establecimientos públicos y privados al objeto perseguido, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías.

Se completa así el ciclo normativo de la seguridad privada, contemplada en su totalidad, poniéndose fin a la dispersión de normas vigentes, dictadas a partir del año 1974, y subsanando las lagunas existentes y los desfases producidos por la propia dinámica de la seguridad privada durante los años transcurridos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, oído el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de diciembre de 1994, dispongo:

Artículo único. En desarrollo y ejecución de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y del artículo13 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana[2], se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, cuyo texto se inserta a continuación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Actividades excluidas.–Quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad Privada las actividades siguientes, realizadas por personal distinto del de seguridad privada, no integrado en empresas de seguridad, siempre que la contratación sea realizada por los titulares de los inmuebles y tenga por objeto directo alguna de las siguientes actividades[3]:

a) Las de información en los accesos, custodia y comprobación del estado y funcionamiento de instalaciones, y de gestión auxiliar, realizadas en edificios particulares por Porteros, Conserjes y personal análogo.

b) En general, la comprobación y control del estado de calderas e instalaciones generales en cualesquiera clase de inmuebles, para garantizar su funcionamiento y seguridad física.

c) El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de fábricas, plantas de producción de energía, grandes centros de proceso de datos y similares.

d) Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de control de entradas, documentos o carnés privados, en cualquier clase de edificios o inmuebles.

Segunda. Funcionamiento del Registro General de Empresas de Seguridad.–El Registro General de Empresas de Seguridad constituido en el Ministerio de Justicia e Interior, al que se refiere el artículo 7 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, funcionará en la Unidad Orgánica Especializada en materia de Seguridad Privada, dentro de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Tercera. Comisiones de coordinación.–1. Presididas por el Director general de la Policía y, en su caso, por los Gobernadores Civiles funcionarán Comisiones Mixtas, Central y Provinciales, de Coordinación de la Seguridad Privada en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado, integradas por representantes de las empresas y entidades obligadas a disponer de medidas de seguridad, y de los trabajadores de los sectores afectados, pudiendo integrarse en ellas asimismo representantes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. La organización y funcionamiento de las Comisiones serán regulados por Orden del Ministro de Justicia e Interior[4].

2. En las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de las personas y bienes, y para el mantenimiento del orden público con arreglo a los correspondientes Estatutos de Autonomía y a lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, también podrán existir Comisiones Mixtas de Coordinación de Seguridad Privada en el ámbito de dichas competencias, cuya presidencia, composición y funciones sean determinadas por los órganos competentes de las mismas.

3. A las reuniones de dichas Comisiones Mixtas deberán ser convocados también los representantes o los Jefes de Seguridad de las Empresas de Seguridad y los representantes de los trabajadores, cuando vayan a ser tratados temas que afecten a sus servicios o actividades.

4. La convocatoria de las reuniones corresponderá efectuarla a los Presidentes de las Comisiones, por propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los representantes de las empresas y de los trabajadores.

5. El régimen jurídico de estas Comisiones se ajustará a las normas contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas que procedan en cada caso.

Cuarta. Incompatibilidades del personal.–En aplicación de lo dispuesto en los artículos 1.3 y 11.2 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas[5], el desempeño de puestos de trabajo en dichas Administraciones por el personal incluido en el ámbito de aplicación de dicha Ley será incompatible con el ejercicio de las siguientes actividades:

a) El desarrollo de funciones propias del personal de seguridad privada.

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de empresas de seguridad.

c) El desempeño de puestos de cualquier clase en empresas de seguridad.

Quinta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad.–1. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, introducida por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarmas, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada, siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultar de aplicación.

2. Las empresas de seguridad privada que, además de dedicarse a una o a varias de las actividades contempladas en el artículo 5 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, se dediquen a la instalación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que no incluyan la conexión a centrales de alarma, sólo estarán sometidas a la legislación de seguridad privada en lo que se refiere a la prestación de las actividades y servicios regulados en el citado artículo, quedando la actividad de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad no conectados a centrales de alarma sometida a las reglamentaciones técnicas que le sean de aplicación, y en particular a la normativa aplicable en materia de homologación de productos[6].

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Plazo de adaptación a la Ley.–El plazo de un año concedido por la disposición transitoria primera de la Ley 23/1992, de 30 de julio, para la adaptación a los requisitos o exigencias establecidos en la propia Ley y en sus normas de desarrollo, se contará:

a) Con carácter general, respecto a los requisitos nuevos de las empresas necesitados de concreción reglamentaria, y a las medidas de seguridad adoptadas con anterioridad, a partir de la fecha de promulgación del Reglamento de Seguridad Privada.

b) Respecto al material o equipo y a aquellas materias que, con arreglo a lo dispuesto en el mencionado Reglamento, requieran concreciones, determinaciones o aprobaciones complementarias por parte del Ministerio de Justicia e Interior, desde la fecha en que entren en vigor las correspondientes Órdenes de regulación o Resoluciones de homologación ministeriales.

c) Respecto a las materias no comprendidas en los párrafos anteriores, desde la fecha de promulgación de la Ley.

Segunda. Efectos de la adaptación y de la no adaptación.–1. Las empresas de seguridad inscritas en el Registro, que se adapten a lo previsto en la Ley y en el Reglamento de Seguridad Privada, podrán conservar el mismo número de inscripción que tuvieren anteriormente.

2. Transcurrido el plazo de un año desde la promulgación del Reglamento de Seguridad Privada, otorgado a las empresas a efectos de adecuación a los requisitos establecidos para su inscripción en el Registro de Empresas, a las que no lo hubieren hecho dentro del indicado plazo se las considerará dadas de baja en dicho Registro, estimándose cancelada su inscripción, lo que se notificará formalmente a las empresas interesadas.

Tercera. Adaptación de empresas de seguridad no inscritas anteriormente.–1. También dispondrán del plazo de un año, contado en la forma prevista en los apartados a) y b) de la disposición transitoria primera, para adaptarse a los requisitos o exigencias propios de las empresas de seguridad establecidos en la Ley de Seguridad Privada, en el Reglamento de dicha Ley y en sus normas de desarrollo, todas aquellas empresas no inscritas en el Registro de Empresas de Seguridad, dedicadas al transporte y distribución de explosivos o a otras ramas de actividad económica y que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y con arreglo a las normas entonces vigentes, hubieran venido prestando a terceros los servicios atribuidos por la Ley de Seguridad Privada, con carácter exclusivo, a las empresas de seguridad.

2. Mientras estuvieran realizando los trámites de adaptación durante el plazo indicado, las referidas empresas tendrán la consideración de empresas de seguridad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley de Seguridad Privada, en relación con los Vigilantes Jurados de Seguridad, los Guardas Jurados de Explosivos y demás personal de seguridad privada que se encuentren prestando servicio en las mismas y lo hubieran estado prestando en la fecha de entrada en vigor de la Ley.

Cuarta. Cómputo de capital y reservas.–A efectos de integrar los distintos niveles de recursos propios exigidos por el Reglamento de Seguridad Privada, las empresas de seguridad constituidas con anterioridad a la promulgación de la Ley 23/1992 podrán computar, además de su capital social, las reservas efectivas y expresas que consten en el balance cerrado el 31 de diciembre de 1992 y debidamente aprobado por el órgano social competente.

Quinta. Plazos de adecuación de medidas de seguridad.–1. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en la disposición transitoria primera de la Ley 23/1992, de 30 de julio, las medidas y sistemas de seguridad instalados antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento de dicha Ley o de las normas que lo desarrollen, se adecuarán a los requisitos que establezcan, una vez transcurridos los siguientes plazos, a partir de aquella fecha:

A) Medidas de seguridad físicas.

a) Empresas de seguridad:

1.o Un año para instalar, en la sede social y en las delegaciones de las empresas que se dediquen a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, la zona de seguridad destinada a garantizar la custodia de la información que manejaren.

2.o Un año para que las empresas de centrales de alarmas adecuen el acristalamiento de sus centros de control a los niveles de seguridad que se determinen por el Ministerio de Justicia e Interior.

b) Empresas, entidades y establecimientos obligados a la adopción de medidas de seguridad:

1.º Cinco años para instalar la puerta blindada a que se refiere el artículo 127.1.d) del Reglamento de Seguridad Privada.

2.º Cinco años para las medidas correspondientes a cámaras acorazadas y cámaras de cajas de alquiler.

No será necesaria la adecuación exigida en esta disposición transitoria a los requisitos establecidos por las normas de desarrollo del Reglamento de Seguridad Privada, de las cámaras acorazadas de efectivo que tengan por finalidad exclusiva la de proteger el encaje diario necesario para el funcionamiento de la oficina correspondiente. También será necesaria la adecuación de los compartimentos de alquiler de las cámaras, ni la de las cajas fuertes o armarios blindados en que se ubiquen compartimentos de alquiler.

Las cámaras acorazadas de efectivo, con excepción de las incluidas en el párrafo anterior, y las cámaras de cajas de alquiler instaladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas de desarrollo del Reglamento de Seguridad Privada, quedarán eximidas del cumplimiento del deber de adaptación a las medidas de seguridad establecidas, cuando los servicios policiales competentes verifiquen la imposibilidad física de llevar a cabo tal adaptación, y siempre que las citadas cámaras se doten de las medidas complementarias de carácter electrónico que se determinen.

Las medidas correspondientes a cámaras acorazadas de efectivo y cámaras de cajas de alquiler reguladas en el Reglamento de Seguridad Privada y normas que lo desarrollen, serán exigibles a aquellas que se instalen por primera vez a partir de la fecha de entrada en vigor de las citadas normas de desarrollo[7].

3.º Cinco años para que las oficinas de farmacia instalen el dispositivo a que se refiere el artículo 131.1 de dicho Reglamento.

4.º Cinco años para que las Administraciones de Lotería, Despachos de Apuestas Mutuas y locales de juegos de azar se adapten a lo dispuesto en el artículo 132.1 y 2 y en el artículo 133 del Reglamento, respectivamente.

B) Sistemas de seguridad electrónicos:

1.º Un año para los instalados en empresas de seguridad.

2.º Dos años para los correspondientes a cámaras acorazadas o cámaras de cajas de alquiler.

3.º Un año para que, respecto a los instalados por empresas no homologadas y conectados con centrales de alarmas, se acredite ante éstas, mediante certificado de empresa habilitada en el Registro para este tipo de actividades, que la instalación se ajusta a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 del Reglamento. Transcurrido el plazo de un año sin que se haya presentado el certificado, la empresa de central de alarmas procederá a la desconexión del sistema.

4.º Cinco años para el resto de sistemas de seguridad electrónicos.

2. Los sistemas de seguridad físicos de los cajeros automáticos y cajas fuertes, regulados en el Reglamento de Seguridad Privada y normas que lo desarrollen, serán exigibles a aquellos que se instalen a partir del año siguiente a la fecha de su entrada en vigor.

Sexta. Plazo de incorporación de armeros.–1. Transcurrido un plazo de un año, contado desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento de Seguridad Privada, los lugares en los que se presten servicios de Vigilantes de Seguridad con armas deberán disponer de los armeros a que se refiere su artículo 25.

2. Durante dicho plazo, respecto a los lugares que no dispongan de armero, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 82, apartado 2.

Séptima. Plazo de utilización de vehículos blindados.–Los vehículos blindados utilizados por las empresas de transporte y distribución, cuyas características no se correspondan con las que determine el Ministerio de Justicia e Interior, podrán ser utilizados durante un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de las normas que al efecto se dicten. Transcurrido dicho plazo, todos los vehículos que se utilicen para esta actividad habrán de ajustarse a lo dispuesto en las citadas normas.

Octava. Disposiciones relativas a la habilitación del personal.–A los efectos de cómputo de los plazos establecidos en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley 23/1992, de 30 de julio, se considerarán disposiciones de desarrollo reglamentario relativas a la habilitación para el ejercicio de funciones de seguridad privada, además de las contenidas al respecto en el Reglamento de Seguridad Privada:

a) Las de concreción, determinación o aprobación de distintos aspectos, encomendadas expresamente en distintos preceptos al Ministerio de Justicia e Interior.

b) Las de regulación de la apertura y funcionamiento de los centros de formación y perfeccionamiento de personal de seguridad privada.

c) Las de regulación de las pruebas necesarias para la obtención de la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada.

Novena. Personal ya habilitado.–1. Los Vigilantes Jurados de Seguridad, Guardas Jurados de Explosivos, Guardas particulares Jurados del Campo, Guardas de Caza y Guardapescas Jurados Marítimos que en la fecha de entrada en vigor de la Ley 23/1992 reunieran las condiciones exigibles para la prestación de los correspondientes servicios con arreglo a la regulación anterior a aquélla podrán seguir desempeñando las funciones para las que estuviesen documentados, sin necesidad de obtener la habilitación a que se refiere el artículo 10 de la citada Ley. Lo dispuesto en este apartado será en general aplicable a cualquier clase de personal que, independientemente de su denominación, viniera realizando funciones propias de personal de seguridad privada.

2. Los Detectives privados que se encontrasen acreditados como tales en la fecha de promulgación de la indicada Ley podrán seguir desarrollando las mismas actividades hasta que transcurra un año desde la promulgación de las disposiciones de desarrollo y ejecución reglamentaria relativas a la habilitación para el ejercicio de la profesión de Detective privado.

Décima. Canje de acreditaciones de personal.–1. El personal a que se refiere la disposición transitoria anterior, que en la fecha de entrada en vigor de la Orden de aprobación de los modelos de tarjetas de identidad profesional continúe reuniendo las condiciones exigibles para la prestación de los correspondientes servicios, deberá canjear a partir de dicha fecha sus títulos-nombramientos, licencias, tarjetas de identidad o acreditaciones, por las indicadas tarjetas de identidad profesional, en los siguientes plazos:

a) Dos años, el personal mencionado en el apartado 1 de la disposición transitoria anterior.

b) Un año, los Detectives privados.

2. Los Jefes de Seguridad que en la fecha citada en el apartado anterior se hallasen desempeñando sus funciones, con la conformidad de la Dirección de la Seguridad del Estado[8] o del órgano competente del Ministerio de Justicia e Interior, deberán canjear su acreditación en el plazo de dos años, contados a partir de la indicada fecha.

3. Las nuevas acreditaciones se expedirán al personal mencionado, con carácter gratuito.

Undécima. Auxiliares de Detectives acreditados.–1. Los Auxiliares de Detective que se encontrasen acreditados como tales en la fecha de promulgación de la Ley 23/1992 podrán seguir desarrollando las mismas actividades hasta que transcurra un año desde la promulgación de las disposiciones de desarrollo y ejecución reglamentaria relativas a la habilitación para el ejercicio de la profesión de Detective privado, durante cuyo plazo habrán de figurar en el Registro especial regulado en el artículo 104 del Reglamento de dicha Ley.

2. Para poder ejercer las actividades previstas en el artículo 19.1 de la citada Ley, habrán de superar durante el expresado plazo las pruebas de aptitud técnico-profesional que establezca el Ministerio de Justicia e Interior y que estarán a un nivel concordante con la titulación académica exigida para el ejercicio de las indicadas actividades, lo que les habilitará para poder obtener la tarjeta de identidad profesional de Detective privado.

Duodécima. Investigadores o Informadores en ejercicio.–1. Los Investigadores o Informadores que acrediten oficialmente el ejercicio profesional durante dos años con anterioridad a la fecha de promulgación de la Ley 23/1992, podrán seguir desarrollando las mismas actividades hasta que transcurra un año desde la promulgación de las disposiciones de desarrollo y ejecución reglamentaria relativas a la habilitación para el ejercicio de la profesión de Detective privado.

2. Para poder ejercer las actividades previstas en el artículo 19.1 de la citada Ley, habrán de superar, durante el expresado plazo, las pruebas de aptitud técnico-profesional que establezca el Ministerio de Justicia e Interior, teniendo en cuenta la experiencia obtenida en el desarrollo anterior de sus funciones, lo que les habilitará para poder obtener la tarjeta de identidad profesional de Detective privado.

Decimotercera. Uniformidad del personal.–Los Vigilantes de Seguridad y los Guardas particulares del Campo, en sus distintas modalidades, podrán seguir utilizando la uniformidad que tuvieran autorizada con anterioridad, hasta que transcurra el plazo de dos años siguiente a la fecha de entrada en vigor de las normas que dicte el Ministerio de Justicia e Interior al respecto, debiendo regirse por ellas finalizado dicho plazo.

Decimocuarta. Libros-Registros abiertos.–Las empresas de seguridad y los Detectives privados podrán seguir utilizando los Libros-Registros que tuvieren abiertos, hasta que transcurra el plazo de un año a partir de la publicación de los nuevos modelos que se aprueben con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad Privada. Finalizado dicho plazo, los Libros-Registros deberán ser sustituidos por los previstos en el Reglamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Alcance de la derogación normativa.–1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto, así como en el Reglamento que por el mismo se aprueba y especialmente:

a) El Real Decreto 880/1981, de 8 de mayo, sobre prestación privada de servicios de seguridad.

b) El Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, por el que se regula la función de los Vigilantes Jurados de Seguridad, modificado por Real Decreto 738/1983, de 23 de febrero.

c) El Real Decreto 760/1983, de 30 de marzo, por el que se regula el nombramiento y ejercicio de las funciones de los Guardas Jurados de Explosivos.

d) El Real Decreto de 8 de noviembre de 1849 por el que se reglamentan, entre otros, los nombramientos y funciones de los Guardas particulares del Campo.

e) Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 44 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Caza, aprobado por Decreto 506/1971, de 25 de marzo.

f) El Decreto 1583/1974, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Guardapescas Jurados Marítimos de Establecimientos de Acuicultura.

g) El Real Decreto 1338/1984, de 4 de julio, sobre medidas de seguridad en entidades y establecimientos públicos y privados.

h) La Orden del Ministerio del Interior, de 20 de enero de 1981, por la que se regula la profesión de Detective privado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, permanecerán en vigor las normas sobre habilitación o nombramiento del personal de seguridad privada, hasta el momento que se determine por las normas y actos de ejecución y desarrollo del Reglamento de Seguridad Privada en el que pueda tener efectividad el sistema de formación y habilitación de dicho personal, regulado en dicho Reglamento y en los aludidos normas y actos.

3. Asimismo, seguirán exigiéndose las especificaciones o requisitos de carácter técnico, previstos en la legislación vigente, hasta que entren en vigor las correspondientes normas de desarrollo del Reglamento de Seguridad Privada.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Disposiciones de ejecución.–Se autoriza al Ministro de Justicia e Interior y al Ministro de Industria y Energía, previo informe, en su caso, del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de seguridad privada, para dictar, en la esfera de sus respectivas competencias, las disposiciones que sean necesarias para la ejecución y aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto y en el Reglamento de Seguridad Privada.

Segunda. Entrada en vigor.–El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA

TÍTULO PRIMERO

Empresas de seguridad[9]

CAPÍTULO PRIMERO

Inscripción y autorización

Artículo 1. Servicios y actividades de seguridad privada.–1. Las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y actividades:

a) Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.

b) Protección de personas determinadas, previa la autorización correspondiente.

c) Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras.

d) Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior, a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos cuyas características serán determinadas por el Ministerio de Justicia e Interior, de forma que no puedan confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales de alarma[10].

f) Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.

g) Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad (art. 5.1 de la Ley de Seguridad Privada)[11].

2. Dentro de lo dispuesto en los párrafos c) y d) del apartado anterior, se comprenden la custodia, los transportes y la distribución de explosivos, sin perjuicio de las actividades propias de las empresas fabricantes, comercializadoras y consumidoras de dichos productos.

3. Las empresas de seguridad no podrán dedicarse a la fabricación de material de seguridad, salvo para su propia utilización, explotación y consumo, ni a la comercialización de dicho material. Y las empresas dedicadas a estas actividades no podrán usar, como denominación o calificativo de su naturaleza, la expresión «Empresa de Seguridad».

4. Son de carácter privado las empresas, el personal y los servicios de seguridad objeto del presente Reglamento, cuyas actividades tienen la consideración legal de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.

Art. 2. Obligatoriedad de la inscripción y de la autorización o reconocimiento.–1. Para la prestación de los servicios y el ejercicio de las actividades enumerados en el artículo anterior, las empresas deberán reunir los requisitos determinados en el artículo 7 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, ser autorizadas siguiendo el procedimiento regulado en los artículos 4 y siguientes de este reglamento y hallarse inscritas en el Registro de Empresas de Seguridad existente en el Ministerio del Interior.

2. Las empresas de seguridad autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, serán reconocidas e inscritas en el citado Registro una vez que acrediten su condición de empresa de seguridad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 5, 6 y 7 de este reglamento. A tal efecto, se tendrán en cuenta los requisitos ya acreditados en cualquiera de dichos Estados y, en consecuencia, no será necesaria nueva cumplimentación de los mismos.

3. En el Registro, con el número de orden de inscripción y autorización de la empresa, figurará su denominación, número de identificación fiscal, fecha de autorización, domicilio, clase de sociedad o forma jurídica, actividades para las que ha sido autorizada, ámbito territorial de actuación y representante legal, así como las modificaciones o actualizaciones de los datos enumerados[12].

Art. 3. Ámbito territorial de actuación.–Las empresas de seguridad limitarán su actuación al ámbito geográfico, estatal o autonómico para el que se inscriban en el Registro.

Art. 4. Procedimiento de autorización.–1. El procedimiento de autorización constará de tres fases, que requerirán documentaciones específicas y serán objeto de actuaciones y resoluciones sucesivas, considerándose únicamente habilitadas de forma definitiva las empresas de seguridad cuando obtengan la autorización de entrada en funcionamiento.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a petición de la empresa interesada podrán desarrollarse de forma conjunta, sin solución de continuidad, la primera y la segunda de las fases indicadas, e incluso la totalidad del procedimiento de autorización.

En este caso, junto a la solicitud deberá acompañarse la documentación correspondiente a las diferentes fases para las que se solicite la tramitación conjunta.

Art. 5. Documentación.–1. El procedimiento de autorización se iniciará a solicitud de la sociedad o persona interesada, que deberá acompañar los siguientes documentos[13]:

a) Fase inicial, de presentación:

1.º Si se trata de sociedades, copia auténtica de la escritura pública de constitución, en la que deberá constar que la sede social o establecimiento se encuentra en un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, su objeto social, que habrá de ser exclusivo y coincidente con uno o más de los servicios o actividades a que se refiere el artículo 1 de este reglamento, titularidad del capital social, y certificado de la inscripción o nota de inscripción reglamentaria de la sociedad en el Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro de Cooperativas que corresponda, o documento equivalente en el caso de sociedades constituidas en cualquiera de dichos Estados.

2.º Declaración de la clase de actividades que pretende desarrollar y ámbito territorial de actuación.

No podrá inscribirse en el Registro ninguna empresa cuya denominación induzca a error con la de otra ya inscrita o con la de órganos o dependencias de las Administraciones Públicas, pudiendo formularse consultas previas al Registro, para evitar tal error[14].

b) Segunda fase, de documentación de requisitos previos:

1.º Inventario de los medios materiales de que disponga para el ejercicio de sus actividades.

2.º Documento acreditativo del título en virtud del cual dispone de los inmuebles en que se encuentre el domicilio social y demás locales de la empresa, cuando aquéllos estén ubicados en España.

3.º Si se trata de sociedades, composición personal de los órganos de administración y dirección.

c) Tercera fase, de documentación complementaria y resolución:

1.º En su caso, certificado de inscripción de la escritura pública de constitución de la sociedad en el Registro Mercantil, o en el Registro de Cooperativas correspondiente o documento equivalente, si no se hubiera presentado con anterioridad.

2.º Certificado acreditativo de la instalación de un sistema de seguridad, de las características que determine el Ministerio del Interior[15].

3.º Documento acreditativo del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

4.º Memoria explicativa de los planes de operaciones a que hayan de ajustarse las diversas actividades que pretenden realizar.

5.º Relación del personal, con expresión de su categoría y del número del documento nacional de identidad, o, en el caso de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, del número de identidad de extranjero. Cuando no haya obligación de obtener este último, se expresará el número del documento de identidad equivalente.

6.º Documentación acreditativa de la suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera contratada con entidad debidamente autorizada de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con el objeto de cubrir, hasta la cuantía de los límites establecidos en el anexo del presente reglamento, la responsabilidad civil que por los daños en las personas o los bienes pudieran derivarse de la explotación de la actividad o actividades para las que la empresa esté autorizada.

A las empresas legalmente autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para ejercer actividades o prestar servicios de seguridad privada en dicho Estado y que pretendan ejercer tales actividades o servicios en España, se les tendrá en cuenta el contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera, que hubieran suscrito a los mismos efectos en cualquiera de dichos Estados, siempre que el mismo cumpla los requisitos establecidos en este apartado.

Si el seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera suscrito en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo lo fuese por cuantía inferior a la exigida a las empresas españolas por la vigente normativa de seguridad privada, la empresa obligada a su prestación deberá constituir nuevo seguro, aval o garantía complementarios o ampliar el ya suscrito hasta alcanzar dicha cuantía.

7.º Documentación acreditativa de haber constituido garantía, en la forma y condiciones prevenidas en el artículo 7 de este reglamento.

2. Los documentos prevenidos en los apartados anteriores se presentarán adaptados para acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos que para cada tipo de actividad se exigen a las empresas de seguridad, con arreglo a lo dispuesto en el anexo de este reglamento.

3. Sin perjuicio de las funciones de inspección y control que corresponden a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito del Cuerpo Nacional de Policía) en materia de seguridad privada, el preceptivo informe del Cuerpo de la Guardia Civil sobre idoneidad de instalación de los armeros que, en su caso, hayan de tener las empresas de seguridad, deberá ser emitido a instancia del Cuerpo Nacional de Policía e incorporado oportunamente al expediente de inscripción[16].

Art. 6. Habilitación múltiple.–Las empresas que pretendan dedicarse a más de una de las actividades o servicios enumerados en el artículo 1 de este reglamento, habrán de acreditar los requisitos generales, así como los específicos que pudieran afectarles, con las siguientes peculiaridades:

a) El que se refiere a Jefe de Seguridad, que podrá ser único para las distintas actividades.

b) Los relativos a póliza de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada, y a la garantía a la que se refiere el artículo 7 de este reglamento: Si van a realizar dos actividades o servicios, justificarán la mayor de las cantidades exigidas por cada uno de los dos conceptos. Si pretenden realizar más de dos actividades, la correspondiente póliza de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera, y la garantía regulada en el artículo 7, se incrementarán en una cantidad igual al 25 por ciento de las exigidas para cada una de las restantes clases de servicios o actividades[17].

Art. 7. Constitución de garantía.–1. Las empresas de seguridad habrán de constituir una garantía en la Caja General de Depósitos o en organismo de naturaleza similar de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, a disposición de las autoridades con competencias sancionadoras en la materia, con el fin de atender a las responsabilidades que deriven del funcionamiento de las empresas por infracciones a la normativa de seguridad privada[18].

2. En el caso de que la garantía se constituya en la Caja General de Depósitos, se hará en alguna de las modalidades previstas en la normativa reguladora de dicho organismo, con los requisitos establecidos en la misma.

3. La garantía deberá mantenerse por la cuantía máxima de su importe durante todo el período de vigencia de la autorización, con cuya finalidad las cantidades que, en su caso, se hubieren detraído a los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo habrán de reponerse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que hubieren ejecutado los correspondientes actos de disposición.

4. Las empresas legalmente autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para ejercer actividades o prestar servicios de seguridad privada en dicho Estado y que pretendan ejercer tales actividades o servicios en España, podrán constituir la garantía a que se refieren los apartados anteriores en los organismos o entidades autorizados para ello de cualquiera de dichos Estados, siempre que la misma se encuentre a disposición de las autoridades españolas para atender a las responsabilidades que deriven del funcionamiento de la empresa por infracciones a la normativa de seguridad privada.

A las empresas a las que se refiere el párrafo anterior, se les tendrá en cuenta la garantía que, en su caso, hubieran suscrito a los mismos efectos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que cumpla los requisitos mencionados en los apartados anteriores y su cuantía sea equivalente a la exigida a las empresas españolas en virtud de lo dispuesto en el anexo de este reglamento.

Si la garantía depositada en cualquiera de dichos Estados fuese de cuantía inferior a la exigida a las empresas españolas por la vigente normativa de seguridad privada, la empresa depositante deberá constituir nueva garantía complementaria o ampliar la ya suscrita hasta alcanzar dicha cuantía[19].

Art. 8. Subsanación de defectos.–Si la solicitud inicial, o las que inicien las fases sucesivas cuando el procedimiento conste de dos o tres fases, fueran defectuosas o incompletas, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, en caso contrario y una vez transcurridos diez días sin cumplimentar el requerimiento, se le tendrá por desistido y se archivará el expediente.

Art. 9. Resoluciones y recursos.–1. La Administración actuante resolverá motivadamente las distintas fases del procedimiento dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de entrada de la solicitud en cualquiera de los Registros del órgano administrativo competente, notificándose a la persona o entidad interesada, con especificación, respecto a la inscripción y autorización, de la actividad o actividades que pueden desarrollar, ámbito territorial de actuación y número de inscripción y autorización asignado.

2. Cuando, dentro del mismo plazo de dos meses determinado en el apartado anterior, se entendiese en cualquiera de las fases del procedimiento que la empresa no reúne los requisitos necesarios, se resolverá denegando la solicitud, con indicación de los recursos que pueden utilizarse contra la denegación.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si venciese el plazo de resolución y el órgano competente no la hubiese dictado expresamente, podrá entenderse desestimada la solicitud, pudiendo el interesado interponer contra dicha desestimación presunta los recursos procedentes[20].

Art. 10. Coordinación registral.–1. El Registro establecido en el Ministerio de Justicia e Interior constituirá el Registro General de Empresas de Seguridad, al cual, aparte de la información correspondiente a las empresas que en el mismo se inscriban, se incorporará la relativa a las empresas inscritas en los Registros de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los órganos competentes de las mencionadas Comunidades Autónomas deberán remitir oportunamente al Registro General de Empresas de Seguridad copia de las inscripciones y anotaciones que efectúen sobre las empresas de seguridad que inscriban y autoricen, así como de sus modificaciones y cancelación.

3. Toda la información y documentación incorporadas al Registro General de Empresas de Seguridad estará a disposición de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus funciones en materia de seguridad privada.

4. Los sistemas de numeración de los Registros, General y Autonómicos de Empresas de Seguridad se determinarán coordinadamente, de forma que el número de inscripción de una empresa de seguridad no pueda coincidir con el de ninguna otra.

CAPÍTULO II

Modificaciones de inscripción y cancelación

Sección 1.ª Modificaciones de inscripción

Art. 11. Supuestos de modificación.–1. Cualquier variación de los datos incorporados al Registro de Empresas de Seguridad, enumerados en el artículo 2.3 de este Reglamento, deberá ser objeto del correspondiente expediente de modificación.

2. Las empresas de seguridad podrán solicitar las modificaciones de su inscripción referidas a dichos datos, y en especial a la ampliación o reducción de actividades o de ámbito territorial de actuación.

3. En cualquiera de los supuestos de modificación, los requisitos necesarios, la documentación a aportar y la tramitación del procedimiento deberán atenerse a lo dispuesto en el capítulo anterior y en el anexo de este Reglamento.

4. Si en el momento de la solicitud o durante la tramitación de la misma, a la empresa se le siguiera expediente administrativo por pérdida de los requisitos, recursos humanos o medios materiales o técnicos que permitieron la inscripción o autorización, los dos procedimientos serán objeto de acumulación y de resolución conjunta.

Sección 2.ª Cancelación

Art. 12. Causas de cancelación.–1. Los requisitos, recursos humanos y medios materiales y técnicos exigidos para la inscripción y autorización de las empresas de seguridad deberán mantenerse durante todo el tiempo de vigencia de la autorización.

2. La inscripción de empresas de seguridad para el ejercicio de las actividades o la prestación de servicios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento se cancelará, por el Ministro de Justicia e Interior[21], por las siguientes causas:

a) Petición propia.

b) Pérdida de alguno de los requisitos, recursos humanos y medios materiales o técnicos exigidos en el capítulo anterior y en el anexo del presente Reglamento.

c) Cumplimiento de la sanción de cancelación.

d) Inactividad de la empresa de seguridad durante el plazo de un año.

Art. 13. Efectos de la cancelación.–1. La cancelación de la inscripción de empresas de seguridad determinará la liberación de la garantía regulada en el artículo 7 de este reglamento, una vez atendidas las responsabilidades a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo.

2. No se podrá efectuar la liberación de la garantía cuando la empresa tenga obligaciones económicas pendientes con la Administración derivadas del funcionamiento de la empresa por infracciones a la normativa de seguridad privada, o cuando se le instruya expediente sancionador, hasta su resolución y, en su caso, hasta el cumplimiento de la sanción.

3. No obstante, podrá reducirse la garantía, teniendo en cuenta el alcance previsible de las obligaciones y responsabilidades pendientes.

4. En el supuesto de cancelación por inactividad, la reanudación de la actividad requerirá la instrucción y resolución de un nuevo procedimiento de autorización[22].

CAPÍTULO III

Funcionamiento

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Art. 14. Obligaciones generales.–1. En el desarrollo de sus actividades, las empresas de seguridad vienen obligadas al especial auxilio y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A estos efectos, deberán comunicar a dichas Fuerzas y Cuerpos cualesquiera circunstancias e informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como los hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en el desarrollo de dichas actividades[23].

Las empresas de seguridad deberán comunicar las altas y bajas del personal de seguridad privada de que dispongan a las dependencias correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha en que se produzcan[24].

2. Deberá realizarse siempre con las debidas garantías de seguridad y reserva la prestación de los servicios de protección de personas, depósito, custodia y tratamiento de objetos valiosos, y especialmente los relativos a transporte y distribución de objetos valiosos y de explosivos u otros objetos peligrosos, en lo que respecta a su programación, así como a su itinerario.

3. Los servicios y actividades de seguridad deberán ser realizados directamente por el personal de la empresa contratada para su prestación, no pudiendo ésta subcontratarlos con terceros, salvo que lo haga con empresas inscritas en los correspondientes Registros y autorizadas para la prestación de los servicios o actividades objeto de subcontratación, y se cumplan los mismos requisitos y procedimientos prevenidos en este Reglamento para la contratación. La subcontratación no producirá exoneración de responsabilidad de la empresa contratante[25].

4. No será exigible el requisito de identidad de dedicación, en el supuesto de subcontratación con empresas de vigilancia y protección de bienes, previsto en el artícu-lo 49.4[26].

Art. 15. Comienzo de actividades.–Una vez inscritas y autorizadas, y antes de entrar en funcionamiento las empresas de seguridad, habrán de comunicar la fecha de comienzo de sus actividades a la Dirección General de la Policía, que informará a los Gobiernos Civiles y a las dependencias periféricas de la misma o a las de la Dirección General de la Guardia Civil del lugar en que radiquen. Las empresas que se dediquen a la explotación de centrales de alarmas deberán dar cuenta, además, de las fechas de efectividad de las distintas conexiones a las dependencias policiales a las que corresponda dar respuesta a las alarmas[27].

Art. 16. Publicidad de las empresas.–1. El número de orden de inscripción en el Registro que le corresponda a cada empresa deberá figurar en los documentos que utilice y en la publicidad que desarrolle.

2. Ninguna empresa podrá realizar publicidad relativa a cualquiera de las actividades y servicios a que hace referencia el artículo 1 de este Reglamento sin hallarse previamente inscrita en el Registro y autorizada para entrar en funcionamiento[28].

Art. 17. Apertura de sucursales.–1. Las empresas de seguridad que pretendan abrir delegaciones o sucursales lo solicitarán a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito del Cuerpo Nacional de Policía), acompañando los siguientes documentos[29]:

a) Inventario de los bienes materiales que se destinan al ejercicio de las actividades en la delegación o sucursal.

b) Documento acreditativo del título en virtud del cual se dispone del inmueble o inmuebles destinados a la delegación o sucursal.

c) Relación del personal de la delegación o sucursal, con expresión de su cargo, categoría y del número del documento nacional de identidad o, en el caso de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, del número de identidad de extranjero. Cuando no haya obligación de obtener este último, se expresará el número del documento de identidad equivalente.

2. Las empresas de seguridad deberán abrir delegaciones o sucursales, dando conocimiento a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito del Cuerpo Nacional de Policía), con aportación de los documentos reseñados en el apartado anterior, en las Ciudades de Ceuta y Melilla o en las provincias en que no radique su sede principal, cuando realicen en dichas ciudades o provincias alguna de las siguientes actividades[30]:

a) Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, así como custodia de objetos valiosos, explosivos u objetos peligrosos. Estas delegaciones deberán contar con los requisitos de dotación de vigilantes de seguridad, armero o caja fuerte, y cámara acorazada y locales anejos, a que se refieren los apartados 3.1.B) y 3.1.C), c) y d) del anexo para objetos valiosos y peligrosos, y con los de dotación de vigilantes de seguridad y armero o caja fuerte, a que se refieren los apartados 3.2.B) y 3.2.C), c) del anexo, respecto a explosivos.

No obstante, cuando la cantidad a custodiar por dichas delegaciones o sucursales no supere los 601.012 euros, siempre que al menos el cincuenta por ciento sea en moneda fraccionaria, la cámara acorazada podrá ser sustituida por una caja fuerte con las características determinadas por el Ministerio del Interior.

b) Vigilancia y protección de bienes y establecimientos, cuando el número de vigilantes de seguridad que presten servicio en la provincia sea superior a treinta y la duración del servicio, con arreglo al contrato o a las prórrogas de éste, sea igual o superior a un año.

3. Las empresas de seguridad autorizadas para la prestación de actividades o servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que hayan sido reconocidas en España con arreglo al procedimiento previsto en este real decreto, y que pretendan ejercer tales actividades o servicios en España con carácter permanente, deberán abrir delegaciones, sucursales, filiales o agencias en España.

Dichas delegaciones, sucursales, filiales o agencias deberán cumplir los requisitos previstos en el apartado 1 de este artículo y disponer de las medidas de seguridad previstas en este reglamento para las empresas de seguridad[31].

Art. 18. Características de los vehículos.–Los vehículos utilizados por las empresas de seguridad habrán de reunir las características a que se refiere el artículo 1.d) de este Reglamento, no pudiendo disponer de lanza-destellos o sistemas acústicos destinados a obtener preferencia de paso a efectos de circulación vial[32].

Art. 19. Libros-registro.–1. Las empresas de seguridad llevarán obligatoriamente los siguientes libros-registro:

a) Las empresas que estén obligadas a tener sistema de seguridad instalado, libro-catálogo de medidas de seguridad[33].

b) Libro-registro de comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el que se anotarán cuantas realicen sobre aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, fecha de cada comunicación, órgano al que se dirigió e indicación de su contenido.

2. El formato de los reseñados libros-registro se ajustará a las normas que respectivamente apruebe el Ministerio del Interior, de forma que sea posible su tratamiento y archivo mecanizado e informatizado.

3. Tanto los libros-registro de carácter general como los específicos que se determinan en este Reglamento para cada actividad[34] se llevarán en la sede principal de la empresa y en sus delegaciones o sucursales, debiendo estar siempre a disposición de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Autónoma correspondiente, encargados de su control.

4. En ausencia del director, administrador o jefe de seguridad, los libros-registro indicados se facilitarán por el personal presente en la empresa, que habrá de estar designado al efecto, durante las inspecciones que realicen los miembros de los citados Cuerpos o Policías[35].

Art. 20. Contratos de servicio.–1. Las empresas de seguridad comunicarán con una antelación mínima de tres días, de forma individualizada para cada servicio, la iniciación del mismo, con indicación del lugar de prestación, la clase de actividad, la persona física o jurídica contratante y su domicilio, así como la duración prevista de la vigencia del contrato.

La referida comunicación de los contratos se efectuará por cualquier medio que permita dejar constancia de ello, en la comisaría provincial o local de policía del lugar donde se celebre el contrato, o, en los lugares en que éstas no existan, en los cuarteles o puestos de la Guardia Civil, que la transmitirán o remitirán con carácter urgente a la comisaría correspondiente al lugar en que haya de prestarse el servicio; pudiendo efectuarse en cualquier caso, en los respectivos servicios o inspecciones de guardia.

Las modificaciones de los contratos se comunicarán, en la misma forma y plazos indicados, ante las dependencias policiales mencionadas.

El formato de los contratos y de las comunicaciones se ajustará a las normas y modelos que se establezcan por el Ministerio del Interior, sin perjuicio de la posibilidad de adición en los contratos, de pactos complementarios para aspectos no regulados en el presente Reglamento[36].

En cualquier caso, los contratos permanecerán en las sedes de las empresas de seguridad a disposición de los órganos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en materia de inspección y control, durante un plazo de cinco años desde la finalización del servicio objeto del contrato.

2. En aquellos supuestos en que los contratos se concierten con Administraciones públicas o se encuentren en tramitación ante órganos de las mismas, no siendo posible que estén formalizados antes del inicio del servicio, las empresas de seguridad deberán aportar, en su caso, con la antelación indicada en el apartado anterior, copia autorizada o declaración de la empresa de la oferta formulada, para conocimiento de las circunstancias a que se refieren las cláusulas por los órganos encargados de la inspección y control, sin perjuicio de comunicar en el formato establecido los datos del contrato una vez formalizado el mismo, el cual deberá quedar en la sede de la empresa a disposición de los órganos competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3. Cuando circunstancias excepcionales de robo, incendio, daños, catástrofes, conflictos sociales, averías de los sistemas de seguridad u otras causas de análoga gravedad o de extraordinaria urgencia, hicieran necesaria la prestación inmediata de servicio cuya organización previa hubiera sido objetivamente imposible, se comunicarán por el procedimiento más rápido disponible, antes de comenzar la prestación de los servicios, los datos enumerados en el párrafo primero del apartado 1 de este artículo a la dependencia policial correspondiente, indicando las causas determinantes de la urgencia, y quedando obligada la empresa a formalizar el contrato dentro de las setenta y dos horas siguientes a la iniciación del servicio, debiendo permanecer el contrato en la sede de la empresa a disposición de los órganos competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los servicios de seguridad a que se refiere el párrafo anterior podrán ser prestados con armas, dando cuenta a la dependencia policial competente, cuando los supuestos descritos se produzcan en establecimientos obligados a tener medidas de seguridad que resulten anuladas por las circunstancias expuestas, o por otras, con grave riesgo para la integridad de los bienes protegidos y teniendo en cuenta la cuantía e importancia de éstos[37].

Art. 21. Contratos con defectos.–Cuando la comunicación, el contrato o la oferta de servicios de las empresas de seguridad no se ajusten a las exigencias prevenidas, la Subdelegación del Gobierno –que podrá delegar en la correspondiente Jefatura Superior o Comisaría Provincial de Policía– les notificará las deficiencias, con carácter urgente, a efectos de que puedan ser subsanadas en los cinco días hábiles siguientes, con apercibimiento de que, de no hacerlo en el plazo indicado, los citados documentos se archivarán sin más trámite, no pudiendo comenzar la prestación del servicio, o continuarla si ya hubiese comenzado[38].

Art. 22. Suspensión de servicios.–Con independencia de lo establecido en el artículo anterior y de las responsabilidades a que hubiere lugar, en el caso de que la prestación del servicio infrinja gravemente la normativa reguladora de la seguridad privada, o dicha prestación no se ajuste a las cláusulas contractuales, el Gobierno Civil podrá, en cualquier momento, ordenar la suspensión inmediata del servicio por el tiempo necesario para su adecuación a la norma[39].

Sección 2.ª Empresas inscritas para actividades de vigilancia, protección de personas y bienes, depósito, transporte y distribución de objetos valiosos, explosivos u objetos peligrosos[40]

Art. 23. Adecuación de los servicios a los riesgos.–Las empresas inscritas y autorizadas para el desarrollo de las actividades a que se refieren los párrafos a), b), c) y d) del artículo 1 de este Reglamento, antes de formalizar la contratación de un servicio de seguridad, deberán determinar bajo su responsabilidad la adecuación del servicio a prestar respecto a la seguridad de las personas y bienes protegidos, así como la del personal de seguridad que haya de prestar el servicio, teniendo en cuenta los riesgos a cubrir, formulando, en consecuencia, por escrito, las indicaciones procedentes.

Art. 24. Comunicación entre la sede de la empresa y el personal de seguridad.–Las empresas deberán asegurar la comunicación entre su sede y el personal que desempeñe los siguientes servicios:

a) Vigilancia y protección de polígonos industriales o urbanizaciones.

b) Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos.

c) Custodia de llaves en vehículos, en servicios de respuesta a alarmas.

d) Aquellos otros que, por sus características, se determinen por el Gobierno Civil de la provincia[41].

Art. 25. Armeros.–1. En los lugares en que se preste servicio de Vigilantes de Seguridad con armas o de protección de personas determinadas, salvo en aquellos supuestos en que la duración del servicio no exceda de un mes, deberán existir armeros que habrán de estar aprobados por el Gobierno Civil de la provincia, previo informe de la correspondiente Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, una vez comprobado que se cumplen las medidas de seguridad determinadas por la Dirección General de la Guardia Civil.

2. En dichos lugares deberá existir un Libro-Registro de Entrada y Salida de Armas, concebido de forma que sea posible su tratamiento y archivo mecanizado e informatizado, en el que se anotarán, en cada relevo que se produzca en el servicio, las armas depositadas, las armas que portan los Vigilantes, y los restantes datos que se determinen en el correspondiente modelo[42].

3. En el domicilio social de las empresas de seguridad o en el de sus delegaciones o sucursales, según proceda, deberá estar depositada una llave de tales armeros.

4. Cuando se trate de los servicios especiales determinados en el artículo 82.2 de este Reglamento, la utilización del armero podrá sustituirse por el uso de la caja fuerte del local, custodiando el arma en una caja metálica cerrada con llave. La llave de esta caja metálica deberá estar en posesión del vigilante, y una copia depositada en el domicilio de la empresa de seguridad o en el de su delegación o sucursal[43].

Art. 26. Armas reglamentarias.–1. Las armas reglamentarias que han de portar y utilizar los Vigilantes de Seguridad, Escoltas privados y Guardas particulares del Campo, en el ejercicio de sus funciones, se adquirirán por las empresas y serán de su propiedad.

2. Para la tenencia legal de dichas armas, en número que no podrá exceder del que permitan las licencias obtenidas por el personal con arreglo al Reglamento de Armas, las empresas de seguridad habrán de solicitar y necesitarán obtener de los órganos correspondientes de la Dirección General de la Guardia Civil las guías de pertenencia de dichas armas[44].

3. Además de las armas que posean para la prestación de los servicios, las empresas de seguridad habrán de disponer de armas en número equivalente al 10 por 100 del de Vigilantes de Seguridad, al objeto de que éstos puedan realizar los ejercicios obligatorios de tiro. La Dirección General de la Guardia Civil comunicará a la de la Policía[45] y, en su caso, a la Policía de la correspondiente Comunidad Autónoma, el número y clases de armas que las empresas tengan en cada uno de sus locales.

4. El personal a que se refiere el apartado 1 del presente artículo realizará los ejercicios obligatorios de tiro en la fecha que se determine por las empresas de seguridad, bajo la supervisión de la Guardia Civil, de acuerdo con las instrucciones que imparta la Dirección General de dicho Cuerpo[46].

5. En las galerías de tiro en que se lleven a cabo los ejercicios, que habrán de encontrarse autorizadas conforme a lo previsto en el Reglamento de Armas[47], tanto si son propias como si son ajenas a las empresas de seguridad, los Vigilantes de Seguridad, Escoltas privados y demás personal de seguridad privada habrán de realizar las prácticas de manejo y perfeccionamiento en el uso de armas, siempre ante la presencia y bajo la dirección del Jefe de Seguridad o de un Instructor de Tiro, ambos de competencia acreditada.

Sección 3.ª Protección de personas

Art. 27. Personas y empresas autorizadas.–La actividad de protección de personas podrá ser desarrollada únicamente por escoltas privados integrados en empresas de seguridad, inscritas para el ejercicio de dicha actividad, y que habrán de obtener previamente autorización específica para cada contratación de servicio de protección, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes[48].

Art. 28. Solicitud, tramitación y resolución.–1. Los servicios de protección deberán ser solicitados, directamente por la persona interesada o a través de la empresa de seguridad que se pretenda encargar de prestarlos, ya sean en favor del propio interesado o de las personas que tenga bajo su guarda o custodia o de cuya seguridad fuera responsable.

2. El procedimiento se tramitará con carácter urgente, y en el mismo habrá de obtenerse el informe de la Dirección General de la Guardia Civil, cuando sea procedente, teniendo en cuenta los lugares en que haya de realizarse principalmente la actividad.

En la solicitud, que se dirigirá al Director general de la Policía, se harán constar los riesgos concretos de las personas a proteger, valorando su gravedad y probabilidad y acompañando cuantos datos o informes se consideren pertinentes para justificar la necesidad del servicio. Asimismo, cuando la autorización se solicite personalmente, se expresará en la solicitud la empresa de seguridad a la que se pretenda encargar de prestarlo.

3. La Dirección General de la Policía, considerando la naturaleza del riesgo, su gravedad y probabilidad, determinará si es necesaria la prestación del servicio de protección o si, por el contrario, es suficiente la adopción de medidas de autoprotección. Los servicios de protección personal habrán de ser autorizados, expresa e individualizadamente y con carácter excepcional, cuando, a la vista de las circunstancias expresadas, resulten imprescindibles y no puedan cubrirse por otros medios.

4. La resolución en que se acuerde la concesión o denegación de la autorización, que habrá de ser motivada, determinará el plazo de vigencia de la misma, podrá incorporar condicionamientos sobre su forma de prestación, concretará si ha de ser prestado por uno o más Escoltas privados con las armas correspondientes, y se comunicará al interesado y a la empresa de seguridad[49].

Art. 29. Autorización provisional.–Cuando con base en la solicitud e información presentada con arreglo al apartado 1 del artículo 28 resultara necesario, teniendo en cuenta las circunstancias y urgencia del caso, podrá concederse con carácter inmediato una autorización provisional para la prestación de servicios de protección personal, por el tiempo imprescindible hasta que se pueda adoptar la resolución definitiva[50].

Art. 30. Prestación y finalización del servicio.–1. La empresa de seguridad encargada comunicará a la Dirección General de la Policía la composición del personal de la escolta, así como sus variaciones tan pronto como se produzcan, informando en su caso de los Escoltas relevados, de los que les sustituyan y de las causas de la sustitución.

2. Las empresas que realicen estos servicios llevarán un Libro-Registro de Escoltas, cuyo formato se ajuste a las normas que se determinen por el Ministerio de Justicia e Interior, de forma que pueda ser objeto de tratamiento y archivo mecanizado e informatizado, en el que constarán los servicios de protección personal, con indicación de los siguientes datos: Número de orden, fecha de autorización, extensión temporal de la prestación y, en su caso, de la prórroga, fecha de finalización, nombre, apellidos y actividad de las personas protegidas, y nombre y apellidos del Escolta o Escoltas privados que prestan el servicio[51].

3. Los servicios de protección de personas podrán ser prorrogados, a instancia del solicitante, cuando lo justifiquen las circunstancias que concurran.

4. La empresa de seguridad deberá comunicar a la Dirección General de la Policía la finalización del servicio, así como sus causas, en el plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento de producirse aquélla.

5. Simultáneamente a la notificación de las autorizaciones que conceda, la Dirección General de la Policía comunicará a las Unidades correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las autorizaciones concedidas, los datos de las personas protegidas y de los Escoltas encargados de los servicios, así como su fecha de iniciación y finalización[52].

Sección 4.ª Depósito y custodia de objetos valiosos o peligrosos y explosivos[53]

Art. 31. Particularidades de estos servicios.–1. En los contratos en que se concierte la prestación de servicios de depósito y custodia habrá de constar la naturaleza de los objetos que hayan de ser depositados o custodiados y, en su caso, clasificados, así como una valoración de los mismos[54].

2. Las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios llevarán un Libro-Registro de Depósitos, cuyo formato se ajustará a las normas que se aprueben por el Ministerio del Interior[55].

Sección 5.ª Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos[56]

Art. 32. Vehículos.–1. La prestación de los servicios de transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos habrá de efectuarse en vehículos blindados de las características que se determinen por el Ministerio de Justicia e Interior[57], cuando las cantidades, el valor o la peligrosidad de lo transportado superen los límites o reúnan las características que asimismo establezca dicho Ministerio, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Ministerio de Industria y Energía[58].

Cuando las características o tamaño de los objetos, especificados por Orden del Ministerio de Justicia e Interior impidan o hagan innecesario su transporte en vehículos blindados, éste se podrá realizar en otros vehículos, contando con la debida protección en cada caso, determinada con carácter general en dicha Orden o, para cada caso concreto, por el correspondiente Gobierno Civil.

Los viajantes de joyería solamente podrán llevar consigo reproducciones de joyas u objetos preciosos cuya venta promocionen, o las piezas originales, cuando su valor en conjunto no exceda de la cantidad que determine el Ministerio de Justicia e Interior.

2. Las características de los vehículos de transporte y distribución de explosivos se determinarán teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas (TPC)[59], para dichas materias[60].

Art. 33. Dotación y funciones.–1. La dotación de cada vehículo blindado estará integrada, como mínimo, por tres Vigilantes de Seguridad, uno de los cuales realizará exclusivamente la función de conductor[61].

2. Durante las operaciones de transporte, carga y descarga, el conductor se ocupará del control de los dispositivos de apertura y comunicación del vehículo, y no podrá abandonarlo; manteniendo en todo momento el motor en marcha cuando se encuentre en vías urbanas o lugares abiertos. Las labores de carga y descarga las efectuará otro Vigilante, encargándose de su protección durante la operación el tercer miembro de la dotación, que portará al efecto el arma determinada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de este Reglamento.

3. La dotación y las funciones de los vigilantes de cada vehículo de transporte y distribución de explosivos se determinarán con arreglo a lo que disponga el Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero[62].

Art. 34. Hoja de ruta.–1. Las operaciones de recogida y entrega que realice cada vehículo se consignarán diariamente en una hoja de ruta, que podrá estar informatizada en papel continuo, y se archivará por orden numérico en formato de libro, o en cualquier otro que respete su secuencia, conteniendo los datos que determine el Ministerio del Interior.

Los funcionarios policiales encargados de la inspección podrán requerir la exhibición de las hojas de ruta en cualquier momento, durante el desarrollo de la actividad, debiendo conservarse aquéllas, o el soporte magnético o digital en el que se consignó la información, durante cinco años, en la sede de la empresa o de las correspondientes delegaciones, o en locales de empresas especializadas en el archivo de documentación –en este caso con conocimiento del servicio policial correspondiente.

2. En el caso de transporte y distribución de explosivos, la hoja de ruta será sustituida por la documentación análoga que, para la circulación de dichas sustancias, se establece en el Reglamento de Explosivos[63] y normativa complementaria[64].

Art. 35. Libro-registro.–Las empresas dedicadas al transporte y distribución de títulos-valores llevarán un libro-registro, cuyo formato se ajustará a las normas que se aprueben por el Ministerio del Interior[65].

Art. 36. Comunicación previa del transporte.–Siempre que la cuantía e importancia de los fondos, valores u objetos exceda de la cantidad o la peligrosidad de los objetos reúna las características que determine el Ministerio de Justicia e Interior, el transporte deberá ser comunicado a la dependencia correspondiente de la Dirección General de la Policía, si es urbano, y a la de la Dirección General de la Guardia Civil, si es interurbano, con veinticuatro horas de antelación al comienzo de la realización del servicio[66].

Art. 37. Otros medios de transporte.–1. El transporte de fondos, valores y otros bienes u objetos valiosos se podrá realizar por vía aérea, utilizando los servicios ordinarios de las compañías aéreas o aparatos de vuelo propios.

2. Cuando en el aeropuerto existan caja fuerte y servicios especiales de seguridad, se podrá encargar a dichos servicios de las operaciones de carga y descarga de los bienes u objetos valiosos, con las precauciones que se señalan en los apartados siguientes.

3. Cuando en el aeropuerto no exista caja fuerte o servicios de seguridad, los vehículos blindados de las empresas de seguridad, previa facturación en la zona de seguridad de las terminales de carga, se dirigirán, con su dotación de Vigilantes de Seguridad y armamento reglamentario, hasta el punto desde el que se pueda realizar directamente la carga de bultos y valijas en la aeronave, debiendo permanecer en este mismo lugar hasta que se produzca el cierre y precinto de la bodega.

4. En la descarga se adoptarán similares medidas de seguridad, debiendo los Vigilantes de Dotación estar presentes con el vehículo blindado en el momento de la apertura de la bodega.

5. A los efectos de cumplimentar dichas obligaciones, la dirección de cada aeropuerto facilitará a las empresas de seguridad responsables del transporte las acreditaciones y permisos oportunos.

6. Análogas reglas y precauciones se seguirán para el transporte de fondos, valores y otros bienes u objetos valiosos por vía marítima.

Art. 38. Transporte de explosivos y objetos peligrosos.–1. Las empresas de seguridad pueden dedicarse al transporte o a la protección del transporte de explosivos o de otras sustancias u objetos peligrosos, lo que habrá de realizarse cumpliendo lo prevenido en el presente Reglamento, en los Reglamentos de Armas y de Explosivos[67], y lo que se establezca al respecto en la normativa vigente, aplicable al transporte de mercancías peligrosas[68], debiendo ser adecuado el servicio de seguridad al riesgo a cubrir.

2. En el caso de transporte de explosivos, estos servicios se realizarán con Vigilantes de Seguridad, que estén en posesión de la habilitación especial prevenida al efecto en el presente Reglamento[69], debiendo los vehículos estar autorizados para tal finalidad por la Administración Pública competente.

Sección 6.ª Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad[70]

Art. 39. Ámbito material.–1. Únicamente las empresas autorizadas podrán realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión y contra incendios que se conecten a centrales receptoras de alarmas.

A efectos de su instalación y mantenimiento, tendrán la misma consideración que las centrales de alarmas los denominados centros de control o de video vigilancia, entendiendo por tales los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio o establecimiento y que obligatoriamente deban estar controlados por personal de seguridad privada[71].

2. Queda prohibida la instalación de marcadores automáticos programados para transmitir alarmas directamente a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad[72].

Art. 40. Aprobación de material.–1. Los medios materiales y técnicos, aparatos de alarma y dispositivos de seguridad que instalen y utilicen estas empresas, habrán de encontrarse debidamente aprobados con arreglo a las normas que se establezcan, impidiendo que los sistemas de seguridad instalados causen daños o molestias a terceros[73].

2. Los dispositivos exteriores, tales como cajas de avisadores acústicos u ópticos, deberán incorporar el teléfono de contacto desde el que se pueda adoptar la decisión adecuada, y el nombre y teléfono de la empresa que realice su mantenimiento.

Art. 41. Personal de las empresas.–1. Las actividades de las empresas se realizarán por el personal que posea la titulación exigida.

2. En caso de sustitución del personal titulado, deberá comunicarse a la Dirección General de la Policía u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, adjuntando copia compulsada del título del nuevo empleado incorporado, o el propio título, con copia, a fin de que, una vez compulsada con el original, sea devuelto éste a la empresa.

Art. 42. Certificado de instalación y conexión a central de alarmas.–1. Las instalaciones de sistemas de seguridad deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de las instalaciones eléctricas en lo que les sea de aplicación[74].

2. En los supuestos de instalación de medidas de seguridad obligatorias en empresas o entidades privadas que carezcan de Departamento de Seguridad, o cuando tales empresas o entidades se vayan a conectar a centrales de alarmas, la instalación deberá ser precedida de la elaboración y entrega al usuario de un proyecto de instalación, con niveles de cobertura adecuados a las características arquitectónicas del recinto y del riesgo a cubrir, de acuerdo con los criterios técnicos de la propia empresa instaladora y, eventualmente, los de la dependencia policial competente, todo ello con objeto de alcanzar el máximo grado posible de eficacia del sistema, de fiabilidad en la verificación de las alarmas, de colaboración del usuario, y de evitación de falsas alarmas[75].

3. Una vez realizada la instalación, las empresas instaladoras efectuarán las comprobaciones necesarias para asegurarse de que se cumple su finalidad preventiva y protectora, y de que es conforme con el proyecto contratado y con las disposiciones reguladoras de la materia, debiendo entregar a la entidad o establecimiento usuarios un certificado en el que conste el resultado positivo de las comprobaciones efectuadas.

4. Las instalaciones de seguridad habrán de reunir las características que se determinen por Orden del Ministro del Interior, y el certificado a que se refiere el apartado anterior deberá emitirse por ambas empresas, conjunta o separadamente, de forma que se garantice su funcionalidad global[76].

Art. 43. Revisiones.–1. Los contratos de instalación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, en los supuestos en que la instalación sea obligatoria o cuando se conecten con una central de alarmas, comprenderán el mantenimiento de la instalación en estado operativo, con revisiones preventivas cada trimestre, no debiendo, en ningún caso, transcurrir más de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas. En el momento de suscribir el contrato de instalación o en otro posterior, la entidad titular de la instalación podrá, sin embargo, asumir por sí misma o contratar el servicio de mantenimiento y la realización de revisiones trimestrales con otra empresa de seguridad[77].

2. Cuando las instalaciones permitan la comprobación del estado y del funcionamiento de cada uno de los elementos del sistema desde la central de alarmas, las revisiones preventivas tendrán una periodicidad anual, no pudiendo transcurrir más de catorce meses entre dos sucesivas[78].

3. Las revisiones preventivas podrán ser realizadas directamente por las entidades titulares de las instalaciones, cuando dispongan del personal con la cualificación requerida y de los medios técnicos necesarios.

4. Las empresas de seguridad dedicadas a esta actividad y las titulares de las instalaciones llevarán Libros-Registros de Revisiones, cuyos modelos se ajusten a las normas que se aprueben por el Ministerio de Justicia e Interior, de forma que sea posible su tratamiento y archivo mecanizado e informatizado[79].

5. En el libro de la empresa de seguridad se anotará el número del contrato y fecha de revisión, técnico de la empresa que la realiza, nombre, apellidos o razón social de la empresa cliente, su domicilio, deficiencias observadas y fecha de subsanación. En el libro-catálogo de la empresa cliente deberá constar el nombre de la empresa de seguridad, el número del contrato, las fechas de las revisiones, el técnico que las realiza, las deficiencias observadas, la fecha de subsanación y la firma del técnico, así como los restantes datos que se determinen en el correspondiente modelo[80].

Art. 44. Averías.–Para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, las empresas de instalación y mantenimiento deberán disponer del servicio técnico adecuado que permita atender debidamente las averías de los sistemas de seguridad de cuyo mantenimiento se hayan responsabilizado, incluso en días festivos, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes al momento en que hayan sido requeridas al efecto[81]. De las características de este servicio y de sus modificaciones, las empresas informarán oportunamente a la Dirección General de la Policía[82].

Art. 45. Manuales del sistema.–1. Las empresas facilitarán al usuario un manual de la instalación, que describirá, mediante planos y explicaciones complementarias, la distribución de las canalizaciones, el cableado, las conexiones de los equipos, las líneas eléctricas y de alarma, así como el detalle de los elementos y aparatos instalados y soportes utilizados.

2. Igualmente, entregarán un manual de uso del sistema[83] y de su mantenimiento, que incluirá el detalle de la función que cumple cada dispositivo y la forma de usarlos separadamente o en su conjunto, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos o dispositivos mecánicos o electrónicos instalados, con evaluación de su vida útil, y una relación de las averías más frecuentes y de los ajustes necesarios para el buen funcionamiento del sistema.

3. En el caso de que un sistema de seguridad instalado sufra alguna variación posterior que modifique sustancialmente el originario, en todo o en parte, la empresa instaladora o, en su caso, la de mantenimiento, vendrá obligada a confeccionar nuevos manuales de instalación, uso y mantenimiento. Asimismo, la empresa instaladora deberá comunicarlo también a la central de alarmas y certificar, en la forma que se establece en el artículo 42, el resultado de las comprobaciones[84].

Sección 7.ª Centrales de alarmas[85]

Art. 46. Requisitos de conexión.–Para conectar aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad a centrales de alarmas será preciso que la realización de la instalación haya sido efectuada por una empresa de seguridad inscrita en el Registro correspondiente y se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 de este Reglamento.

Art. 47. Información al usuario.–Antes de efectuar la conexión, las empresas explotadoras de centrales de alarmas están obligadas a instruir al usuario del funcionamiento del servicio, informándole de las características técnicas y funcionales del sistema y de las responsabilidades que lleva consigo su incorporación al mismo.

Art. 48. Funcionamiento.–1. La central de alarmas deberá estar atendida permanentemente por los operadores necesarios para la prestación de los servicios, que no podrán, en ningún caso, ser menos de dos, y que se encargarán del funcionamiento de los receptores y de la transmisión de las alarmas que reciban[86].

2. Cuando se produzca una alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación con los medios técnicos y humanos de que dispongan, y comunicar seguidamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas[87].

Art. 49. Servicio de custodia de llaves.–1. Las empresas explotadoras de centrales de alarmas podrán contratar, complementariamente, con los titulares de los recintos conectados, un servicio de custodia de llaves, de verificación de alarmas mediante desplazamiento a los propios recintos, y de respuesta a las mismas, en las condiciones que se determinen por el Ministerio del Interior, a cuyo efecto deberán disponer del armero o caja fuerte exigidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento[88].

Las empresas industriales, comerciales o de servicios que estén autorizadas a disponer de central de alarmas, dedicada exclusivamente a su propia seguridad, podrán contratar los mismos servicios con una empresa de seguridad autorizada para vigilancia y protección.

2. Los servicios de verificación personal de las alarmas y de respuesta a las mismas se realizarán, en todo caso, por medio de vigilantes de seguridad, y consistirán, respectivamente, en la inspección del local o locales, y en el traslado de las llaves del inmueble del que procediere cada alarma, todo ello a fin de facilitar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información sobre posible comisión de hechos delictivos y su acceso al referido inmueble.

A los efectos antes indicados, la inspección del interior de los inmuebles por parte de los vigilantes de seguridad deberá estar expresamente autorizada por los titulares de aquéllos, consignándose por escrito en el correspondiente contrato de prestación de servicios.

3. Cuando por el número de servicios de custodia de llaves o por la distancia entre los inmuebles resultare conveniente para la empresa y para los servicios policiales, aquélla podrá disponer, previa autorización de éstos, que las llaves sean custodiadas por vigilantes de seguridad sin armas en un automóvil, conectado por radio-teléfono con la central de alarmas. En este supuesto, las llaves habrán de estar codificadas, debiendo ser los códigos desconocidos por el vigilante que las porte y variados periódicamente[89].

4. Para los servicios a que se refieren los dos apartados anteriores, las empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas podrán contar con vigilantes de seguridad, sin necesidad de estar inscritas y autorizadas para la actividad de vigilancia y protección de bienes, o bien subcontratar tal servicio con una empresa de esta especialidad[90].

Art. 50. Desconexión por falsas alarmas.–1. En los supuestos de conexión de aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad con una central de alarmas, con independencia de la responsabilidad y sanciones a que hubiere lugar, cuando el sistema origine dos o más falsas alarmas en el plazo de un mes, el Delegado del Gobierno, que podrá delegar en el Jefe Superior o Comisario Provincial de Policía, requerirá al titular de los bienes protegidos, a través de la dependencia policial que corresponda, para que proceda, a la mayor brevedad posible, a la subsanación de las deficiencias que dan lugar a las falsas alarmas[91].

2. A los efectos del presente Reglamento, se considera falsa toda alarma que no esté determinada por hechos susceptibles de producir la intervención policial. No tendrá tal consideración la mera repetición de una señal de alarma causada por una misma avería dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que ésta se haya producido[92].

3. En caso de incumplimiento del requerimiento, se ordenará a la empresa explotadora de la central de alarma que efectúe la inmediata desconexión del sistema con la propia central, por el plazo que se estime conveniente, que podrá tener hasta un año de duración, salvo que se subsanaran en plazo más breve las deficiencias que den lugar a la desconexión, siendo la tercera desconexión de carácter definitivo, y requiriéndose para una nueva conexión el cumplimiento de lo prevenido en el artículo 42 de este Reglamento. Durante el tiempo de desconexión, el titular de la propiedad o bien protegido deberá silenciar las sirenas interiores y exteriores del sistema de seguridad.

4. Durante el tiempo que permanezca desconectado como consecuencia de ello un sistema de seguridad, su titular no podrá concertar el servicio de centralización de alarmas con ninguna empresa de seguridad.

5. Sin perjuicio de la apertura del correspondiente expediente, no se procederá a desconectar el sistema de seguridad cuando su titular estuviere obligado, con arreglo a lo dispuesto por este Reglamento, a contar con dicha medida de seguridad.

6. Cuando el titular de la propiedad o bien protegido por el sistema de seguridad no tenga contratado el servicio de centralización de alarmas y la realizare por sí mismo, se aplicará lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, correspondiéndole, en todo caso, la obligación de silenciar las sirenas interiores y exteriores que posea dicho sistema de seguridad, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir[93].

Art. 51. Libros-registros.–1. Las empresas de explotación de centrales de alarma llevarán un libro-registro de alarmas, cuyo modelo se ajuste a las normas que apruebe el Ministerio del Interior, de forma que sea posible su tratamiento y archivo mecanizado e informatizado[94].

2. Las centrales de alarmas que tengan contratado servicio de custodia de llaves indicarán en el Libro-Registro de Contratos cuáles de éstos incluyen aquel servicio[95].

TÍTULO II

Personal de seguridad[96]

CAPÍTULO PRIMERO

Habilitación y formación

Sección 1.ª Requisitos[97]

Art. 52. Disposiciones comunes.–1. El personal de seguridad privada estará integrado por: los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo, los guardas de caza, los guardapescas marítimos y los detectives privados.

2. A los efectos de habilitación y formación, se considerarán:

a) Los escoltas privados y los vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas como especialidades de los vigilantes de seguridad.

b) Los guardas de caza y los guardapescas marítimos como especialidades de los guardas particulares del campo.

3. Para el desarrollo de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación[98] o reconocimiento del Ministerio del Interior, con el carácter de autorización administrativa, en expediente que se instruirá a instancia de los propios interesados.

4. La habilitación o reconocimiento se documentará mediante la correspondiente tarjeta de identidad profesional, cuyas características serán determinadas por el Ministerio del Interior[99].

5. Los vigilantes de seguridad y los guardas particulares del campo en sus distintas modalidades habrán de disponer, además, de una cartilla profesional y de una cartilla de tiro con las características y anotaciones que se determinen por el Ministerio del Interior. La cartilla profesional y la cartilla de tiro de los vigilantes de seguridad y de los guardas particulares del campo que estén integrados en empresas de seguridad deberán permanecer depositadas en la sede de la empresa de seguridad en la que presten sus servicios[100].

6. De la obligación de disponer de cartilla de tiro estarán exonerados los guardapescas marítimos que habitualmente presten su servicio sin armas.

7. La habilitación o el reconocimiento para el ejercicio de la profesión de detective privado requerirá la inscripción en el registro específico regulado en el presente reglamento[101].

Art. 53. Requisitos generales.–Para la habilitación del personal y en todo momento para la prestación de servicios de seguridad privada, el personal habrá de reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser mayor de edad[102].

b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

c) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas[103].

d) Carecer de antecedentes penales[104].

e) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.

f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.

g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

h) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.

i) Superar las pruebas que acrediten los conocimientos y la capacitación necesarios para el ejercicio de las respectivas funciones[105].

Art. 54. Requisitos específicos.–1. Además de los requisitos generales establecidos en el artículo anterior, el personal de seguridad privada habrá de reunir, para su habilitación, los determinados en el presente artículo, en función de su especialidad.

2. Vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo en cualquiera de sus especialidades:

a) No haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad.

b) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.

c) Los requisitos necesarios para poder portar y utilizar armas de fuego, a tenor de lo dispuesto al efecto en el vigente Reglamento de Armas[106].

3. Escoltas privados: además de los requisitos específicos de los vigilantes de seguridad, habrán de tener una estatura mínima de 1,70 metros los hombres, y de 1,65 metros las mujeres.

4. Jefes de seguridad y directores de seguridad: estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.

5. Detectives privados:

a) Estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.

b) Estar en posesión de diploma de detective privado, reconocido a estos efectos en la forma que se determine por Orden del Ministerio del Interior y obtenido después de cursar las enseñanzas programadas y de superar las correspondientes pruebas[107].

Art. 55. Fecha y acreditación.–Los requisitos establecidos en los dos artículos anteriores deberán reunirse en la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud para la participación en las pruebas a que se refiere el artículo 58 de este Reglamento ante la Secretaría de Estado de Interior y se acreditarán en la forma que se determine en las correspondientes convocatorias.

Art. 55 bis. Requisitos y procedimiento para el reconocimiento.–1. Los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de las funciones de seguridad privada en el mismo, podrán desempeñar actividades o prestar servicios de seguridad privada en España, siempre que, previa comprobación del Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

a) Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquiera de dichos Estados, que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.

b) Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.

c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.

d) Los previstos en las letras a), d), e), f), g) y h) del artículo 53.

2. A efectos del reconocimiento que corresponde efectuar al Ministerio del Interior, se tendrá en cuenta lo previsto en la normativa sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

3. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de las actividades de seguridad privada en España de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas compensatorias previstas en la normativa reseñada en el párrafo anterior.

4. Una vez efectuado el citado reconocimiento, el ejercicio de las funciones de seguridad privada se regirá por lo dispuesto en este reglamento y en la normativa que lo desarrolla[108].

Sección 2.ª Formación[109]

Art. 56. Formación previa.–1. Los vigilantes de seguridad y los guardas particulares del campo en sus distintas modalidades habrán de superar los módulos profesionales de formación teórico-práctica asociados al dominio de las competencias que la Ley les atribuye.

Los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a alcanzar en dichos módulos, así como su duración, serán determinados por el Ministerio del Interior, previo informe favorable de los Ministerios de Educación y Ciencia, y de Trabajo y Seguridad Social, así como del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto a los guardas particulares del campo, y del Ministerio de Industria y Energía, respecto de los vigilantes de seguridad, especialidad de explosivos y sustancias peligrosas.

2. Dichos módulos formativos los impartirán los centros de formación autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad, los cuales habrán de disponer de un cuadro de profesores debidamente acreditados para todas las materias comprendidas en el plan de estudios, y podrán impartir, en la modalidad de formación a distancia, las enseñanzas que se determinen, exceptuando en cualquier caso las de naturaleza técnico-profesional, instrumental, de contenido técnico-operativo y las prácticas de laboratorio y de tiro, que deberán impartirse necesariamente en la modalidad «de presencia» durante el tiempo que como mínimo determine el Ministerio del Interior[110].

Art. 57. Formación permanente.–1. Al objeto de mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada, las empresas de seguridad, a través de los centros de formación autorizados, garantizarán la organización y asistencia de su personal de seguridad privada a cursos, adaptados a las distintas modalidades de personal, de actualización en las materias que hayan experimentado modificación o evolución sustancial, o en aquellas que resulte conveniente una mayor especialización.

2. Para los vigilantes de seguridad, los cursos de actualización o especialización tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas; cada vigilante deberá cursar al menos uno por año, y se desarrollarán en la forma que determine el Ministerio del Interior[111].

Sección 3.ª Procedimiento de habilitación[112]

Art. 58. Pruebas. Contenido.–Los aspirantes que hayan superado el curso o cursos a que se refiere el artículo 56 solicitarán, por sí mismos o a través de un centro de formación autorizado, su participación en las pruebas oficiales de conocimientos y capacidad que para cada especialidad establezca el Ministerio del Interior, y que versarán sobre materias sociales, jurídicas y técnicas relacionadas con las respectivas funciones, así como, en su caso, sobre destreza en el manejo de armas de fuego[113].

Una vez superadas las pruebas, los órganos policiales correspondientes expedirán las oportunas habilitaciones[114].

Art. 59. Documentación.–Con la solicitud, se presentarán los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos generales y específicos determinados en los artículos 53 y 54[115].

Art. 60. Órgano competente.–Las tarjetas de identidad profesional, una vez superadas las pruebas, serán expedidas por el Director general de la Policía[116], salvo las de los Guardas particulares del Campo en sus distintas modalidades, que serán expedidas por el Director general de la Guardia Civil[117].

Art. 61. Licencias de armas.–1. Para poder prestar servicios con armas, los Vigilantes de Seguridad y Escoltas privados, así como los Guardas particulares del Campo habrán de obtener licencia C en la forma prevenida en el Reglamento de Armas[118].

2. Dicha licencia tendrá validez exclusivamente para la prestación del servicio de seguridad, en los supuestos determinados en el presente Reglamento; carecerá de validez cuando su titular no se encuentre realizando servicios; podrá ser suspendida temporalmente por falta de realización o por resultado negativo de los ejercicios de tiro regulados en el artículo 84 de este Reglamento, y quedará sin efecto al cesar aquél en el desempeño del puesto en razón del cual le hubiera sido concedida, cualquiera que fuere la causa del cese.

Art. 62. Habilitación múltiple.–Sin perjuicio de las incompatibilidades prevenidas en la Ley y en el presente Reglamento, el personal de seguridad privada podrá obtener habilitación para más de una función o especialidad y poseer en consecuencia las correspondientes tarjetas de identidad profesional[119].

El personal de seguridad privada que ya se encuentre diplomado o habilitado como Vigilante de Seguridad o como Guarda particular del Campo, para la obtención de diplomas o de habilitaciones complementarias, únicamente necesitará recibir la formación y/o, en su caso, superar las pruebas correspondientes a los módulos de formación profesional que sean propios del nuevo diploma o habilitación que deseen obtener, excluyéndose en consecuencia los relativos a la formación o a la habilitación que anteriormente hubieran adquirido.

Asimismo, a efectos de las habilitaciones complementarias a que se refiere el párrafo anterior, al personal que ya se encuentre habilitado como Vigilante de Seguridad o como Guarda particular del Campo, no le será aplicable el requisito de no haber cumplido cuarenta o, en su caso, cuarenta y cinco años de edad[120].

Art. 63. Habilitación de Jefes de Seguridad y de directores de seguridad.–1. Para poder ser nombrados jefes de seguridad, los solicitantes deberán haber desempeñado puestos o funciones de seguridad, pública o privada, al menos durante cinco años, y necesitarán obtener la pertinente tarjeta de identidad profesional, para lo cual habrán de acreditar, a través de las correspondientes pruebas, conocimientos suficientes sobre la normativa reguladora de la seguridad privada, la organización de servicios de seguridad y las modalidades de prestación de los mismos, no siéndoles aplicable lo dispuesto en este reglamento sobre formación de personal.

2. La habilitación de los directores de seguridad requerirá que los solicitantes cumplan uno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión de la titulación de seguridad reconocida a estos efectos por el Ministerio del Interior[121].

b) Acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o privada, y superar las correspondientes pruebas sobre las materias que determine dicho Ministerio[122].

Sección 4.ª Pérdida de la habilitación

Art. 64. Causas.–1. El personal de seguridad privada perderá tal condición por alguna de las siguientes causas[123]:

a) A petición propia.

b) Por pérdida de alguno de los requisitos generales o específicos exigidos en este reglamento para el otorgamiento de la habilitación o reconocimiento.

c) Por jubilación.

d) Por ejecución de la sanción de retirada definitiva de la habilitación o reconocimiento[124].

2. La inactividad del personal de seguridad privada por tiempo superior a dos años exigirá la acreditación de los requisitos a que se refiere el apartado 3 del artículo 10 de la Ley de Seguridad Privada[125], así como la superación de las pruebas específicas que para este supuesto se determinen por el Ministerio del Interior[126].

Art. 65. Devolución de la tarjeta de identidad.–1. En los casos a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, el personal de seguridad privada deberá hacer entrega, en el plazo de diez días, de su tarjeta de identidad profesional y, en su caso, de la licencia y la guía de pertenencia del arma, al Jefe de Seguridad o al Jefe de Personal de la empresa en la que presten servicios, que, a su vez, las entregará en las dependencias de la Dirección General de la Policía o de la Guardia Civil, según corresponda.

2. Los Jefes de Seguridad y los Guardas particulares del Campo no integrados en empresas de seguridad harán la referida entrega personalmente.

3. Cuando sea un Detective privado con despacho propio el que pierda su condición, deberá entregar en el mismo plazo, además, salvo en el supuesto de que la actividad del despacho sea continuada por otro despacho de Detective privado, el libro-registro necesario, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 del presente Reglamento, y depositar en la Dirección General de la Policía la documentación concerniente a las investigaciones realizadas. Dicha documentación permanecerá en el nuevo despacho del Detective privado o en la Dirección General de la Policía, durante un plazo de cinco años, a disposición de las personas que hubieran encargado la investigación y tuvieran derecho a ella, y, transcurrido dicho plazo, se procederá a la destrucción de la misma[127].

CAPÍTULO II

Funciones, deberes y responsabilidades

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Art. 66. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.–1. El personal de seguridad privada tendrá obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados (art. 1.4 de la LSP)[128].

2. En cumplimiento de dicha obligación y de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, deberán comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tan pronto como sea posible, cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como todo hecho delictivo de que tuviesen conocimiento en el ejercicio de sus funciones[129].

3. El personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus funciones, y especialmente en la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrá ser distinguido con menciones honoríficas, cuyas características y procedimiento de concesión serán regulados por el Ministerio de Justicia e Interior[130].

Art. 67. Principios de actuación.–El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles (art. 1.3 de la LSP)[131].

Art. 68. Identificación.–1. El personal de seguridad privada habrá de portar su tarjeta de identidad profesional y, en su caso, la licencia de armas y la correspondiente guía de pertenencia siempre que se encuentre en el ejercicio de sus funciones, debiendo mostrarlas a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de la Policía de la correspondiente Comunidad Autónoma o Corporación Local, cuando fueren requeridos para ello.

2. Asimismo, deberá identificarse con su tarjeta de identidad profesional cuando, por razones del servicio, así lo soliciten los ciudadanos afectados, sin que se puedan utilizar a tal efecto otras tarjetas o placas.

Art. 69. Custodia de las armas y de sus documentaciones.–Durante la prestación del servicio, el personal de seguridad será responsable de la custodia de sus acreditaciones, de las armas que integren su dotación y de las documentaciones de éstas, con objeto de evitar el deterioro, extravío, robo o sustracción de las mismas. Cuando tales hechos se produjeran, deberán dar conocimiento de ellos al Jefe de Seguridad y a las Unidades Orgánicas competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a efectos de instrucción de los correspondientes expedientes[132].

Art. 70. Incompatibilidades.–1. Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicarán exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la misma con otras misiones (art. 12.2 de la LSP).

No se considerará excluida de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con aquélla e imprescindibles para su efectividad.

2. Las funciones de escolta privado, vigilante de explosivos y detective privado son incompatibles entre sí y con las demás funciones de personal de seguridad privada, aun en los supuestos de habilitación múltiple. Tampoco podrá compatibilizar sus funciones el personal de seguridad privada, salvo los jefes de seguridad, con el ejercicio de cualquier otra actividad dentro de la empresa en que realicen sus servicios[133].

Sección 2.ª Vigilantes de Seguridad

Art. 71. Funciones y ejercicio de las mismas.–1. Los Vigilantes de Seguridad sólo podrán desempeñar las siguientes funciones:

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos[134].

b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal[135].

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.

d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.

e) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 11.1 de la LSP).

2. Deberán seguir las instrucciones que, en el ejercicio de sus competencias, impartan los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que se refieran a las personas y bienes de cuya protección y vigilancia estuviesen encargados los Vigilantes, colaborando con aquéllas en casos de suspensión de espectáculos, desalojo o cierre provisional de locales y, en general, dentro de los locales o establecimientos en que presten su servicio, en cualquier situación en que sea preciso para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana.

3. En la organización de los servicios y en el desempeño de sus funciones, los Vigilantes dependerán del Jefe de Seguridad de la empresa de seguridad en la que estuviesen encuadrados. No obstante, dependerán funcionalmente, en su caso, del Jefe del Departamento de Seguridad de la empresa o entidad en que presten sus servicios.

4. En ausencia del Jefe de Seguridad, cuando concurran dos o más Vigilantes y no estuviese previsto un orden de prelación entre ellos, asumirá la iniciativa en la prestación de los servicios el Vigilante más antiguo en el establecimiento o inmueble en el que se desempeñen las funciones.

Art. 72. Comprobaciones previas.–Al hacerse cargo del servicio, y si no existiese responsable de seguridad de la entidad o establecimiento, los Vigilantes comprobarán el estado de funcionamiento de los sistemas de seguridad y de comunicación, si los hubiere. Deberán transmitir a los responsables de la entidad o establecimiento y a los de la empresa de seguridad las anomalías observadas, que se anotarán en el Libro-Catálogo de Medidas de Seguridad. Asimismo, advertirán de cualquier otra circunstancia del establecimiento o inmueble que pudiera generar inseguridad.

Art. 73. Diligencia.–Los Vigilantes habrán de actuar con la iniciativa y resolución que las circunstancias requieran, evitando la inhibición o pasividad en el servicio y no pudiendo negarse, sin causa que lo justifique, a prestar aquéllos que se ajusten a las funciones propias del cargo, de acuerdo con las disposiciones reguladoras de la seguridad privada.

Art. 74. Sustituciones.–1. Los Vigilantes deberán comunicar a la empresa en la que estén encuadrados, con la máxima antelación posible, la imposibilidad de acudir al servicio y sus causas, a fin de que aquélla pueda adoptar las medidas pertinentes para su sustitución.

2. Cuando, por enfermedad u otra causa justificada, un Vigilante que se encontrara prestando servicio hubiese de ser relevado por otro, lo comunicará a los responsables de seguridad del establecimiento o inmueble y a los de la empresa en que se encuentre encuadrado, con objeto de que puedan asegurar la continuidad del servicio[136].

Art. 75. Equipos caninos.–1. Para el cumplimiento de sus funciones, los Vigilantes de Seguridad podrán contar con el apoyo de perros, adecuadamente amaestrados e identificados y debidamente controlados, que habrán de cumplir la regulación sanitaria correspondiente. A tal efecto, los Vigilantes de Seguridad deberán ser expertos en el tratamiento y utilización de los perros y portar la documentación de éstos.

2. En tales casos, se habrán de constituir equipos caninos, de forma que se eviten los riesgos que los perros puedan suponer para las personas, al tiempo que se garantiza su eficacia para el servicio.

Art. 76. Prevenciones y actuaciones en casos de delito.–1. En el ejercicio de su función de protección de bienes inmuebles, así como de las personas que se encuentren en ellos, los Vigilantes de Seguridad deberán realizar las comprobaciones, registros y prevenciones necesarios para el cumplimiento de su misión.

2. No obstante, cuando observaren la comisión de delitos en relación con la seguridad de las personas o bienes objeto de protección, o cuando concurran indicios racionales de tal comisión, deberán poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los supuestos delitos[137].

Art. 77. Controles en el acceso a inmuebles.–En los controles de accesos o en el interior de los inmuebles de cuya vigilancia y seguridad estuvieran encargados, los Vigilantes de Seguridad podrán realizar controles de identidad de las personas y, si procede, impedir su entrada, sin retener la documentación personal y, en su caso, tomarán nota del nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad o documento equivalente de la persona identificada, objeto de la visita y lugar del inmueble a que se dirigen, dotándola, cuando así se determine en las instrucciones de seguridad propias del inmueble, de una credencial que le permita el acceso y circulación interior, debiendo retirarla al finalizar la visita[138].

Art. 78. Represión del tráfico de estupefacientes.–Los Vigilantes de Seguridad deberán impedir el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de los locales o establecimientos o instalaciones objeto de su vigilancia y protección.

Art. 79. Actuación en el exterior de inmuebles.–1. Los vigilantes sólo podrán desempeñar sus funciones en el interior de los edificios o de los inmuebles de cuya vigilancia y seguridad estuvieran encargados, salvo en los siguientes casos[139]:

a) El transporte y distribución de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial.

b) La manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de tener lugar en las vías públicas o de uso común, cuando tales operaciones, bienes o equipos hayan de ser protegidos por vigilantes de seguridad, desde el espacio exterior, inmediatamente circundante.

c) Los servicios de verificación de alarmas y de respuesta a las mismas a que se refiere el artículo 49 de este Reglamento.

d) Los supuestos de persecución a delincuentes sorprendidos en flagrante delito, como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección[140].

e) Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias relacionadas con dichas personas o bienes.

f) La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la prestación de servicios de vigilancia y protección de los cajeros durante las citadas operaciones, o en las de reparación de averías, fuera de las horas habituales de horario al público en las respectivas oficinas.

g) Los desplazamientos excepcionales al exterior de los inmuebles objeto de protección para la realización de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad, teniendo en cuenta, en su caso, las instrucciones de los órganos competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Las limitaciones previstas en el apartado precedente no serán aplicables a los servicios de vigilancia y protección de seguridad privada de los medios de transporte y de sus infraestructuras que tengan vías específicas y exclusivas de circulación, coordinados cuando proceda con los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad[141].

Art. 80. Servicio en polígonos industriales o urbanizaciones.–1. El servicio de seguridad en vías de uso común pertenecientes a polígonos industriales o urbanizaciones aisladas será prestado por una sola empresa de seguridad y habrá de realizarse, durante el horario nocturno, por medio de dos vigilantes, al menos, debiendo estar conectados entre sí y con la empresa de seguridad por radiocomunicación y disponer de medios de desplazamiento adecuados a la extensión del polígono o urbanización.

2. La prestación del servicio en los polígonos industriales o urbanizaciones habrá de estar autorizada por el Gobernador civil de la provincia, previa comprobación, mediante informe de las unidades competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de que concurren los siguientes requisitos[142]:

a) Que los polígonos o urbanizaciones estén netamente delimitados y separados de los núcleos poblados.

b) Que no se produzca solución de continuidad, entre distintas partes del polígono o urbanización, por vías de comunicación ajenas a los mismos, o por otros factores. En caso de que exista o se produzca solución de continuidad, cada parte deberá ser considerada un polígono o urbanización autónomo a efectos de aplicación del presente artículo.

c) Que no se efectúe un uso público de las calles del polígono o urbanización por tráfico o circulación frecuente de vehículos ajenos a los mismos.

d) Que la administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales.

e) Que el polígono o urbanización cuente con administración específica y global que permita la adopción de decisiones comunes.

3. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1, los titulares de los bienes que integren el polígono o urbanización podrán concertar con distintas empresas de seguridad la protección de sus respectivos locales, edificios o instalaciones, pero en este caso los vigilantes de seguridad desempeñarán sus funciones en el interior de los indicados locales, edificios o instalaciones.

4. Cuando en el cumplimiento de su misión en polígonos industriales o urbanizaciones, y con independencia del ejercicio de la función que les corresponda en el control de accesos, fuese precisa la identificación de alguna persona, los vigilantes la reflejarán en un parte de servicio, que se entregará seguidamente a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad[143].

Art. 81. Prestación de servicios con armas.–1. Los Vigilantes sólo desempeñarán con armas de fuego los siguientes servicios:

a) Los de protección del almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y distribución de dinero, valores y objetos valiosos o peligrosos.

b) Los de vigilancia y protección de:

1.º Centros y establecimientos militares y aquellos otros dependientes del Ministerio de Defensa, en los que presten servicio miembros de las Fuerzas Armadas o estén destinados al uso por el citado personal.

2.º Fábricas, depósitos y transporte de armas, explosivos y sustancias peligrosas.

3.º Industrias o establecimientos calificados como peligrosos, con arreglo a la legislación de actividades clasificadas, por manipulación, utilización o producción de materias inflamables o explosivas que se encuentren en despoblado.

c) En los siguientes establecimientos, entidades, organismos, inmuebles y buques, cuando así se disponga por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en los supuestos no circunscritos al ámbito provincial, o por las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, valoradas circunstancias tales como la localización, el valor de los objetos a proteger, la concentración del riesgo o peligrosidad, la nocturnidad u otras de análoga significación:

1.º Dependencias de Bancos, Cajas de Ahorro y entidades de crédito.

2.º Centros de producción, transformación y distribución de energía.

3.º Centros y sedes de repetidores de comunicación.

4.º Polígonos industriales y lugares donde se concentre almacenamiento de materias primas o mercancías.

5.º Urbanizaciones aisladas.

6.º Joyerías, platerías o lugares donde se fabriquen, almacenen o exhiban objetos preciosos.

7.º Museos, salas de exposiciones o similares.

8.º Los lugares de caja o donde se concentren fondos, de grandes superficies comerciales o de casinos de juego.

9.º Buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes, o para ambos[144].

2. Cuando las empresas, organismos o entidades titulares de los establecimientos o inmuebles entendiesen que en supuestos no incluidos en el apartado anterior el servicio debiera ser prestado con armas de fuego, teniendo en cuenta las circunstancias que en el mismo se mencionan, solicitarán la correspondiente autorización a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, respecto a supuestos no circunscritos al ámbito provincial o a las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, que resolverán lo procedente, pudiendo autorizar la formalización del correspondiente contrato[145].

Art. 82. Depósito de las armas.–1. Los Vigilantes no podrán portar las armas fuera de las horas y de los lugares de prestación del servicio, debiendo el tiempo restante estar depositadas en los armeros de los lugares de trabajo o, si no existieran, en los de la empresa de seguridad[146].

2. Excepcionalmente, a la iniciación y terminación del contrato de servicio o, cuando se trate de realizar servicios especiales, suplencias, o los ejercicios obligatorios de tiro, podrán portar las armas en los desplazamientos anteriores y posteriores, previa autorización del Jefe de Seguridad o, en su defecto, del responsable de la empresa de seguridad, que habrá de ajustarse a las formalidades que determine el Ministerio de Justicia e Interior, debiendo entregarlas para su depósito en el correspondiente armero[147].

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se considerarán servicios especiales aquellos cuya duración no exceda de un mes.

Art. 83. Responsabilidad por la custodia de las armas. 1. Las empresas de seguridad serán responsables de la conservación, mantenimiento y buen funcionamiento de las armas, y los vigilantes, de la seguridad, cuidado y uso correcto de las que tuvieran asignadas, durante la prestación del servicio.

2. De la obligación de depositar el arma en el armero del lugar de trabajo serán responsables el vigilante y el jefe de seguridad, y de la relativa a depósito en el armero de la empresa de seguridad, el vigilante y el jefe de seguridad o director de la empresa de seguridad.

3. Del extravío, robo o sustracción de las armas, así como, en todo caso, de su ausencia del armero cuando deban estar depositadas en el mismo se deberá dar cuenta inmediata a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad[148].

Art. 84. Ejercicios de tiro.–1. Los vigilantes de seguridad que presten servicios con armas deberán realizar un ejercicio de tiro obligatorio al semestre, y los demás que puedan prestar dichos servicios, por estar en posesión de las correspondientes licencias de armas, aunque las mismas se encuentren depositadas en las Intervenciones de Armas de la Guardia Civil, un ejercicio de tiro obligatorio al año. En ambos casos, se efectuará el número de disparos que se determine por el Ministerio del Interior. No deberán transcurrir más de ocho meses entre dos ejercicios sucesivos de los primeros, ni más de catorce meses entre dos ejercicios sucesivos de los segundos[149].

La falta de realización o el resultado negativo de un ejercicio de tiro podrá dar lugar a la suspensión temporal de la correspondiente licencia de armas hasta que el ejercicio se realice con resultado positivo.

2. Si fuere necesario, para los ejercicios obligatorios de tiro de los vigilantes que no tuviesen asignadas armas, se trasladarán por el jefe o responsable de seguridad de la empresa las que ésta posea con tal objeto, efectuándose el traslado con la protección de un vigilante armado, yendo las armas descargadas y separadas de la cartuchería, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Armas[150].

Art. 85. Pruebas psicotécnicas periódicas.–Los Vigilantes que presten o puedan prestar servicio con armas deberán superar, con una periodicidad de cinco años, las pruebas psicotécnicas que determine el Ministerio de Justicia e Interior, periodicidad que será bienal a partir de los cincuenta y cinco años de edad, cuyo resultado se comunicará a la Intervención de Armas. En caso de no realización o superación de las pruebas, los interesados no podrán desempeñar servicios con armas, debiendo hacer entrega de la correspondiente licencia, para su anulación, a la Intervención de Armas[151].

Art. 86. Arma de fuego y medios de defensa.–1. El arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad en los servicios que hayan de prestarse con armas será la que determine el Ministerio del Interior[152].

2. Los vigilantes de seguridad portarán la defensa que se determine por el Ministerio del Interior, en los supuestos que asimismo se determinen por dicho Ministerio[153].

3. Cuando los vigilantes en el ejercicio de sus funciones hayan de proceder a la detención e inmovilización de personas para su puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el jefe de seguridad podrá disponer el uso de grilletes.

4. En los supuestos previstos en el nº 9 de la letra c) del apartado 1 del artículo 81 anterior, los vigilantes de seguridad privada podrán portar y usar armas de guerra para la prestación de servicios de protección de personas y bienes, previniendo y repeliendo ataques, con las características, en las condiciones y con los requisitos que se determinen, de manera conjunta, por los Ministerios de Defensa y de Interior[154].

Art. 87. Uniforme y distintivos.–1. Las funciones de los vigilantes de seguridad únicamente podrán ser desarrolladas vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos[155], que serán aprobados por el Ministerio de Justicia e Interior, teniendo en cuenta las características de las funciones respectivas de las distintas especialidades de vigilantes y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 12.1 de la LSP).

2. Los Vigilantes no podrán vestir el uniforme ni hacer uso de sus distintivos fuera de las horas y lugares del servicio y de los ejercicios de tiro[156].

Sección 3.ª Escoltas privados

Art. 88. Funciones.–1. Son funciones de los escoltas privados, con carácter exclusivo y excluyente, el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, que no tengan la condición de autoridades públicas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos (art. 17.1 de la LSP)[157].

2. La defensa y protección a prestar ha de estar referida únicamente a la vida e integridad física y a la libertad de las personas objeto de protección.

Art. 89. Forma de prestación del servicio.–En el desempeño de sus funciones, los escoltas no podrán realizar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la libre circulación, salvo que resultase imprescindible como consecuencia de una agresión o de un intento manifiesto de agresión a la persona protegida o a los propios escoltas, debiendo en tal caso poner inmediatamente al detenido o detenidos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin proceder a ninguna suerte de interrogatorio[158].

Art. 90. Uso de armas y ejercicios de tiro.–1. El arma reglamentaria de los escoltas privados será la que determine el Ministerio de Justicia e Interior[159].

2. Portarán las armas con discreción y sin hacer ostentación de ellas, pudiendo usarlas solamente en caso de agresión a la vida, integridad física o libertad, y atendiendo a criterios de proporcionalidad con el medio utilizado para el ataque.

3. Los Escoltas privados podrán portar sus armas solamente cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones, debiendo depositarlas, a la finalización de cada servicio, en el armero de la empresa a la que pertenezcan, o en el del lugar de trabajo o residencia de la persona protegida.

4. Cuando por razones de trabajo se hallasen, al finalizar el servicio, en localidad distinta de aquella en la que radique la sede de su empresa, el arma se depositará en el armero de la delegación de la empresa, si la hubiese. En caso contrario, el arma quedará bajo la custodia del Escolta, con la autorización, con arreglo al artículo 82, del Jefe de Seguridad de la empresa[160].

5. Los escoltas privados deberán realizar ejercicios obligatorios de tiro, una vez cada trimestre, y les será de aplicación lo dispuesto en este Reglamento para los Vigilantes de Seguridad, sobre número de disparos[161], conservación y mantenimiento de las armas que tuvieren asignadas, así como lo establecido respecto a la autorización para su traslado con ocasión de los ejercicios obligatorios de tiro[162].

Art. 91. Régimen general.–A los escoltas privados les será de aplicación lo establecido para los vigilantes de seguridad sobre:

a) Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad[163].

b) Diligencia en la prestación del servicio[164].

c) Sustituciones[165].

d) Conservación de las armas[166].

e) Pruebas psicotécnicas periódicas[167].

Sección 4.ª Guardas particulares del Campo

Art. 92. Funciones.–Los Guardas particulares del Campo, en sus distintas modalidades, ejercerán las funciones de vigilancia y protección de la propiedad[168]:

a) En las fincas rústicas.

b) En las fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético.

c) En los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros.

Art. 93. Arma reglamentaria.–1. El arma reglamentaria de los Guardas particulares del Campo será el arma de fuego larga para vigilancia y guardería, determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Armas[169].

2. Cuando el Guarda esté encuadrado en una empresa de seguridad, al finalizar el servicio depositará el arma en el armero de aquélla, si tuviese su sede o delegación en la localidad de prestación del servicio y, en caso contrario, el arma quedará bajo la custodia del Guarda[170].

3. Solamente se podrán prestar con armas los servicios de vigilancia de terrenos cinegéticos y aquellos otros que autorice el Gobernador Civil, teniendo en cuenta los supuestos y circunstancias enumerados en el artículo 81 de este Reglamento[171].

Art. 94. Régimen general.–A los Guardas particulares del Campo les será de aplicación lo establecido para los Vigilantes de Seguridad sobre:

a) Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad[172].

b) Disposición de cartilla de tiro[173].

c) Diligencia en la prestación del servicio[174].

d) Sustituciones[175].

e) Utilización de perros[176].

f) Controles y actuaciones en casos de delito[177].

g) Ejercicios de tiro, cuya periodicidad será anual[178].

h) Conservación de armas[179].

i) Pruebas psicotécnicas periódicas[180].

j) Utilización de uniformes y distintivos[181].

k) Comprobaciones previas a la iniciación de los servicios[182].

Sección 5.ª Jefes y Directores de Seguridad[183]

Art. 95. Funciones.–1. A los jefes de seguridad les corresponde, bajo la dirección de las empresas de que dependan, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad.

b) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.

c) La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.

d) El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos dependa, proponiendo a la dirección de la empresa la adopción de las medidas o iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad.

e) La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.

f) Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

g) En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable.

h) La dirección de los ejercicios de tiro del personal de seguridad a sus órdenes, si poseyeran la cualificación necesaria como instructores de tiro[184].

2. A los directores de seguridad les corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los apartados a), b), c), e), f) y g) del artículo anterior[185].

Art. 96. Supuestos de existencia obligatoria.–1. Los servicios de seguridad se prestarán obligatoriamente bajo la dirección de un jefe de seguridad, en las empresas de seguridad inscritas para todas o alguna de las actividades previstas en el artículo 1.1, párrafos a), b), c) y d), del presente reglamento, y en las delegaciones o sucursales abiertas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, apartados 2 y 3 de este reglamento.

2. El mando de los servicios de seguridad se ejercerá por un director de seguridad designado por la entidad, empresa o grupo empresarial[186]:

a) En las empresas o entidades que constituyan, en virtud de disposición general o decisión gubernativa, departamento de seguridad.

b) En los centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de seguridad integrado por veinticuatro o más vigilantes de seguridad o guardas particulares del campo, y cuya duración prevista supere un año.

c) Cuando así lo disponga la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para los supuestos supraprovinciales, o el Subdelegado del Gobierno de la provincia, atendiendo el volumen de medios personales y materiales, tanto físicos como electrónicos, el sistema de seguridad de la entidad o establecimiento, así como la complejidad de su funcionamiento y el grado de concentración de riesgo[187].

Art. 97. Comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.–Los jefes de seguridad, así como los directores de seguridad, canalizarán hacia las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las comunicaciones a que se refiere el artículo 66 de este Reglamento, y deberán comparecer a las reuniones informativas o de coordinación a que fueren citados por las autoridades policiales competentes[188].

Art. 98. Subsanación de deficiencias o anomalías.–Los jefes y los directores de seguridad deberán proponer o adoptar las medidas oportunas para la subsanación de las deficiencias o anomalías que observen o les comuniquen los vigilantes o los guardas particulares del campo en relación con los servicios o los sistemas de seguridad, asegurándose de la anotación, en este último caso, de la fecha y hora de la subsanación en el correspondiente libro-catálogo y comprobando su funcionamiento[189].

Art. 99. Delegación de funciones.–Los Jefes de Seguridad podrán delegar únicamente el ejercicio de las facultades para autorizar el traslado de armas o la obligación de efectuar personalmente el traslado, y las relativas a comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a subsanación de deficiencias o anomalías, así como las de dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada, lo que requerirá la aprobación de las empresas, y habrá de recaer, donde no hubiera Jefe de Seguridad Delegado, en persona del Servicio o Departamento de Seguridad que reúna análogas condiciones de experiencia y capacidad que ellos; comunicando a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el alcance de la delegación y la persona o personas de la empresa en quienes recae, con expresión del puesto que ocupa en la propia empresa. Asimismo, deberán comunicar a dichas dependencias cualquier variación que se produzca al respecto, y, en su caso, la revocación de la delegación[190].

Art. 100. Comunicación de altas y bajas.–Las empresas de seguridad y las entidades con departamento de seguridad comunicarán a la Dirección General de la Policía las altas y bajas de los jefes de seguridad y de los directores de seguridad, respectivamente, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se produzcan[191].

Sección 6.ª Detectives privados

Art. 101. Funciones.–1. Los Detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán:

a) De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados.

b) De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal.

c) De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos (art. 19.1 de la LSP).

2. A los efectos del presente artículo, se considerarán conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.

3. En el ámbito del apartado 1.c) se consideran comprendidas las grandes superficies comerciales y los locales públicos de gran concurrencia.

Art. 102. Prohibiciones.–1. Los Detectives no podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido, relacionados con dichos delitos[192].

2. En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios personales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones (art. 19.3 y 4 de la LSP)[193].

Art. 103. Carácter reservado de las investigaciones.–Los Detectives privados están obligados a guardar riguroso secreto de las investigaciones que realicen y no podrán facilitar datos sobre éstas más que a las personas que se las encomienden y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones[194].

Art. 104. Registro especial.–1. Por la Dirección General de la Policía se llevará un Registro de detectives privados con despacho abierto, en el que, con el número de orden de inscripción, figurará su nombre y apellidos, domicilio social y, en su caso, detectives asociados o dependientes, habilitados de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos aplicables de los artículos 52 a 65 de este Reglamento, y delegaciones o sucursales que de aquéllos dependan, así como el nombre comercial que utilicen. La Dirección General de la Policía comunicará oportunamente estos datos al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente.

2. Para el comienzo del desarrollo de las funciones del detective privado y de sus detectives asociados, la apertura del despacho deberá estar reseñada en el Registro a que se refiere el apartado anterior, y hallarse en posesión el titular y los asociados de las correspondientes tarjetas de identidad profesional. No se podrá hacer publicidad de las actividades propias de los detectives privados sin estar inscrito en el Registro[195].

3. La inscripción del despacho en dicho Registro se practicará previa instrucción de procedimiento, iniciado a solicitud de persona interesada, en el que habrá de acreditarse, si ya no lo estuviere en el órgano encargado del Registro, el cumplimiento de los requisitos generales que se determinan en el artículo 53 de este Reglamento, y de los específicos señalados en el artículo 54.5 del mismo, así como el de haber causado alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

4. La inscripción de detectives dependientes o asociados se acordará previa solicitud del detective titular del despacho de que dependan, adjuntando, en caso de vinculación laboral, documento acreditativo del alta de aquéllos en la Seguridad Social.

5. A los procedimientos de inscripción de despachos de detectives privados les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de este Reglamento, sobre subsanación de defectos, resoluciones, notificaciones y recursos.

6. El número de orden de inscripción y la fecha en que se hubiere acordado se comunicará al interesado, que deberá hacer constar dicho número en su publicidad, documentos e informes.

7. Cualquier variación de los datos registrales, así como de los relativos a detectives dependientes o asociados y a delegaciones o sucursales, se comunicará, en el plazo de los quince días siguientes a la fecha en que se produzca, a efectos de su posible incorporación al Registro especial, a la Dirección General de la Policía, que la transmitirá oportunamente al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente[196].

Art. 105. Sociedades de Detectives.–1. Las sociedades mercantiles, laborales o cooperativas de Detectives habrán de estar constituidas únicamente por personas físicas reglamentariamente habilitadas como tales, debiendo remitir a la Dirección General de la Policía, a efectos de inscripción en el Registro, copia autorizada de la escritura de constitución de la sociedad y certificado o nota de inscripción de la misma en el Registro correspondiente, así como de cualquier modificación que se produzca en la composición de los órganos de administración de la sociedad o en la titularidad de las acciones o participaciones representativas de su capital y en los aumentos o disminuciones de éste. La comunicación deberá remitirse a la Dirección General de la Policía en los quince días siguientes a la fecha en que se otorgue la correspondiente escritura o se produzca la modificación en cuestión, correspondiendo al citado centro directivo dar traslado de la comunicación a la Comunidad Autónoma competente.

2. Los miembros de estas sociedades únicamente podrán dedicarse a la realización de las actividades propias de los Detectives, no pudiendo desarrollar ninguna de las atribuidas con carácter exclusivo a las empresas de seguridad[197].

Art. 106. Establecimiento de sucursales.–Los detectives privados podrán establecer departamentos delegados o sucursales en la misma localidad donde tengan establecido su despacho profesional o en otras distintas, debiendo, en todo caso, estar dirigido cada uno de ellos por un detective habilitado o reconocido con arreglo a lo dispuesto en este reglamento, distinto del titular de la oficina principal[198].

Art. 107. Apertura de sucursales.–Para la efectividad de lo dispuesto en el artículo anterior, deberán comunicar previamente a la Dirección General de la Policía, que dará traslado a la Comunidad Autónoma competente, la apertura de la delegación o sucursal, con la determinación de su localización, y acompañando los documentos relativos a los detectives que vayan a trabajar en la misma[199].

Art. 108. Libro-registro.–1. En cada despacho y sucursal, los detectives llevarán un libro-registro, según el modelo que se apruebe por el Ministerio del Interior, concebido de forma que su tratamiento y archivo pueda ser mecanizado e informatizado.

2. La obligación de llevanza del libro-registro del apartado anterior también corresponderá a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo habilitados como detectives privados en cualquiera de dichos Estados y que pretendan ejercer su profesión en España sin disponer de despacho o sucursal en nuestro país[200].

Art. 109. Comunicación de informaciones.–Los Detectives titulares y los asociados o dependientes, cuando sean requeridos para ello por los órganos competentes de la Administración de Justicia, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberán facilitar las informaciones de que tuvieran conocimiento en relación con las investigaciones que tales organismos se encontraran llevando a cabo.

Art. 110. Responsabilidad.–Los detectives privados y las sociedades de detectives responderán civilmente de las acciones u omisiones en que, durante la ejecución de sus servicios, incurran los detectives dependientes o asociados que con ellos estén vinculados[201].

TÍTULO III

Medidas de seguridad

CAPÍTULO PRIMERO

Medidas de seguridad en general

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Art. 111. Obligatoriedad.–1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 y en la disposición adicional de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana[202], y con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos, la Secretaría de Estado de Interior, para supuestos supraprovinciales, o los Gobernadores civiles podrán ordenar que las empresas industriales, comerciales o de servicios adopten las medidas de seguridad que, con carácter general o para supuestos específicos, se establecen en el presente Reglamento[203].

2. Las obras que resulte preciso efectuar en los establecimientos, para la adopción de las medidas de seguridad obligatorias, serán comunicadas al arrendador, si bien éste no podrá oponerse a ellas, salvo que provoquen una disminución de la estabilidad o seguridad del edificio. Al concluir el contrato, el arrendador podrá optar entre exigir al arrendatario que reponga las cosas al estado anterior, o conservar la modificación efectuada, sin que éste pueda reclamar indemnización alguna[204].

Sección 2.ª Servicios y sistemas de seguridad

Art. 112. Enumeración de los servicios o sistemas y circunstancias determinantes.–1. Cuando la naturaleza o importancia de la actividad económica que desarrollan las empresas y entidades privadas, la localización de sus instalaciones, la concentración de sus clientes, el volumen de los fondos o valores que manejen, el valor de los bienes muebles u objetos valiosos que posean o cualquier otra causa lo hiciesen necesario, el Secretario de Estado de Interior para supuestos supraprovinciales, o los Gobernadores civiles, podrán exigir a la empresa o entidad que adopte, conjunta o separadamente, los servicios o sistemas de seguridad siguientes[205]:

a) Creación del Departamento de Seguridad.

b) Establecimiento del servicio de Vigilantes de Seguridad, con o sin armas, a cargo de personal integrado en empresas de seguridad.

c) Instalación de dispositivos y sistemas de seguridad y protección.

d) Conexión de los sistemas de seguridad con centrales de alarmas, ajenas o propias, que deberán ajustarse en su funcionamiento a lo establecido en los artículos 46, 48 y 49,
y reunir los requisitos que se establecen en el apartado 6.2 del anexo del presente Reglamento; no pudiendo prestar servicios a terceros si las empresas o entidades no están habilitadas como empresas de seguridad[206].

2. En todo caso, deberá existir Departamento de Seguridad cuando concurran las circunstancias de los párrafos b) y c) del artículo 96.2 de este Reglamento.

Art. 113. Implantación en organismos públicos.–Si se considerase necesaria la implantación de dichos servicios o sistemas de seguridad en empresas, entidades u organismos públicos, el Director general de la Policía para supuestos supraprovinciales, o los Gobernadores civiles, elevarán al Ministro de Justicia e Interior la correspondiente propuesta para que, previo acuerdo con el Ministerio o Administración de los que dependan las instalaciones o locales necesitados de protección, dicte la resolución procedente.

En forma análoga se procederá por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas competentes, cuando se trate de empresas, entidades u organismos públicos dependientes de la Administración Autonómica o de la Administración Local.

Art. 114. Servicio sustitutorio de Vigilantes de Seguridad.–Cuando por dificultades técnicas o carencia de equipos adecuados fuera imposible la conexión del sistema de seguridad con una central privada de alarmas, las empresas y entidades a que se refiere el artículo 112, que debieran establecer tal sistema de seguridad, podrán ser obligadas, por el tiempo en que persista la imposibilidad técnica, a la implantación del servicio de Vigilantes de Seguridad con personal perteneciente a empresas de seguridad.

Art. 115. Departamento de seguridad facultativo.–Las empresas industriales, comerciales o de servicios, y las entidades públicas y privadas, que, sin estar obligadas a ello –por no estar comprendidas en los supuestos regulados en el artículo 96 del presente Reglamento–, pretendan organizar su departamento de seguridad, con todos o alguno de los cometidos enumerados en el artículo siguiente, deberán disponer de un director de seguridad al frente del mismo y comunicarlo a la Subdelegación del Gobierno, si el ámbito de actuación no excediera del territorio de una provincia, y, en todo caso, al Director general de la Policía[207].

Art. 116. Cometidos del departamento de seguridad.–El departamento de seguridad obligatoriamente establecido, único para cada entidad, empresa o grupo empresarial y con competencia en todo el ámbito geográfico en que éstos actúen, comprenderá la administración y organización de los servicios de seguridad de la empresa o grupo, incluso, en su caso, del transporte y custodia de efectos y valores, correspondiéndole la dirección de los Vigilantes de Seguridad o Guardas particulares del Campo, el control del funcionamiento de las instalaciones de sistemas físicos y electrónicos, así como del mantenimiento de éstos y la gestión de las informaciones que generen.

Art. 117. Organización del Departamento de seguridad.–1. En aquellas entidades y empresas de seguridad en las que el departamento de seguridad se caracterice por su gran volumen y complejidad, en dicho departamento existirá, bajo la dirección de seguridad, a la que corresponderán las funciones del director de seguridad, la estructura necesaria con los escalones jerárquicos y territoriales adecuados, al frente de los cuales se encontrarán los delegados correspondientes[208].

Art. 118. Dispensa del servicio de Vigilantes de Seguridad.–1. En los casos en que, en uso de las facultades que confiere este Reglamento, se requiera la implantación del servicio de Vigilantes de Seguridad, el Director general de la Policía en supuestos supraprovinciales, o los Gobernadores civiles, a petición de la empresa o entidad interesada, dispensarán de la implantación o mantenimiento del servicio de Vigilantes de Seguridad o de Guardas particulares del Campo en los centros o establecimientos, cuando aquélla acredite la instalación y el adecuado funcionamiento de las medidas de seguridad específicamente reguladas en el presente Reglamento[209].

2. La solicitud de dispensa se presentará ante dichas autoridades, que comprobarán la instalación y el adecuado funcionamiento de tales medidas de seguridad a través de la inspección que realicen los funcionarios competentes del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, del Cuerpo de la Guardia Civil, y resolverán lo procedente, recabando previamente el parecer de los representantes de los trabaja-dores, que habrán de expresarlo dentro de un plazo de diez días[210].

CAPÍTULO II

Medidas de seguridad específicas[211]

Sección 1.ª Bancos, Cajas de Ahorro y demás Entidades de Crédito[212]

Art. 119. Departamento de seguridad y central de alarmas.–1. En todos los bancos, cajas de ahorro y demás entidades de crédito existirá un departamento de seguridad, que tendrá a su cargo la organización y administración de la seguridad de la entidad bancaria o de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de este Reglamento.

2. Asimismo, dichas entidades deberán conectar con una central de alarmas propia o ajena los sistemas de seguridad instalados en sus establecimientos y oficinas, salvo que dificultades técnicas hicieran imposible la conexión, en cuyo caso les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 114.

3. Las centrales de alarmas propias de una Entidad de Crédito, que habrán de ajustarse en su funcionamiento a lo establecido en los artículos 46, 48 y 49, y reunir los requisitos del apartado 6.2 del anexo de este Reglamento, podrán prestar servicios a los distintos establecimientos de la misma entidad o de sus filiales.

Art. 120. Medidas de seguridad concretas.–1. En los establecimientos u oficinas de las entidades de crédito donde se custodien fondos o valores deberán ser instalados, en la medida que resulte necesaria en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias enumeradas en el artículo 112 de este Reglamento y los criterios que se fijen por el Ministerio de Justicia e Interior, oyendo a la Comisión Mixta Central de Seguridad Privada[213]:

a) Equipos o sistemas de captación y registro, con capacidad para obtener las imágenes de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad, cometidos en los establecimientos y oficinas, que permitan la posterior identificación de aquéllos, y que habrán de funcionar durante el horario de atención al público, sin que requieran la intervención inmediata de los empleados de la entidad.

Los soportes destinados a la grabación de imágenes han de estar protegidos contra robo, y la Entidad de Ahorro o de Crédito deberá conservar los soportes con las imágenes grabadas durante quince días al menos desde la fecha de la grabación, en que estarán exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y de las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que facilitarán inmediatamente aquéllas que se refieran a la comisión de hechos delictivos.

El contenido de los soportes será estrictamente reservado, y las imágenes grabadas únicamente podrán ser utilizadas como medio de identificación de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad, debiendo ser inutilizados el contenido de los soportes y las imágenes una vez transcurridos quince días desde la grabación, salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes[214].

b) Dispositivos electrónicos, de las características que se determinen por el Ministerio de Justicia e Interior, con capacidad para detectar el ataque a cualquier elemento de seguridad física donde se custodien efectivo o valores[215].

c) Pulsadores u otros medios de accionamiento fácil de las señales de alarma[216].

d) Recinto de caja de, al menos, dos metros de altura y que deberá estar cerrado desde su interior durante las horas de atención al público, siempre que el personal se encuentre dentro del mismo, protegido con blindaje antibala del nivel que se determine y dispositivo capaz de impedir el ataque a las personas situadas en su interior[217].

e) Control individualizado de accesos a la oficina o establecimiento, que permita la detección de masas metálicas, bloqueo y anclaje automático de puertas, y disponga de mando a distancia para el desbloqueo del sistema en caso de incendio o catástrofe, o puerta de emergencia complementaria, detectores de presencia o zócalos sensibles en vía de salida cuando se utilice el sistema de doble vía, y blindaje que se determine[218].

f) Carteles del tamaño que se determine por el Ministerio de Justicia e Interior u otros sistemas de información de análoga eficacia, anunciadores de la existencia de medidas de seguridad, con referencia expresa al sistema de apertura automática retardada y, en su caso, al sistema permanente de captación de imágenes[219].

2. Los establecimientos y oficinas de crédito situadas en localidades con población inferior a diez mil habitantes, y que además no cuenten con más de diez empleados, estarán exceptuadas de la obligación de implantar las medidas de seguridad enumeradas bajo los párrafos d) y e) del apartado anterior.

En las restantes oficinas o establecimientos, las entidades deberán instalar, en su caso, una de las dos medidas de seguridad incluidas bajo los párrafos d) y e) del apartado 1, pudiendo optar voluntariamente por cualquiera de ellas. No obstante, la Dirección General de la Policía en supuestos que excedan del territorio de una provincia, o el Gobierno Civil, a petición de la entidad interesada, oyendo a la representación de los trabajadores que habrá de expresar su parecer dentro de un plazo de diez días, y previa valoración de las circunstancias a que se refiere el artículo 112.1 de este Reglamento, podrá autorizar la sustitución de cualquiera de dichas medidas por la implantación del servicio de Vigilantes de Seguridad[220].

3. En la determinación de las medidas de seguridad a implantar en las oficinas de las Entidades de Crédito, sitas en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y que presten servicio de caja en las mismas, la autoridad gubernativa competente deberá oír previamente a la Delegación o Administración afectada.

Art. 121. Requisitos de las cámaras acorazadas y de cajas de alquiler[221].–Las cámaras acorazadas de efectivo y de compartimentos de alquiler deberán tener las características y el nivel de resistencia que determine el Ministerio del Interior, y estar provistas de las siguientes medidas de seguridad[222]:

a) Dispositivo mecánico o electrónico que permita el bloqueo de su puerta desde la hora de cierre del establecimiento hasta la primera hora del día siguiente hábil.

b) Sistema de apertura automática retardada, que deberá estar activada durante la jornada laboral, salvo las cámaras de compartimentos de alquiler, que habrán de disponer de sistema electrónico de detección de ataques conectado las veinticuatro horas.

En los supuestos en que las cámaras acorazadas, con la finalidad de permitir el acceso a su interior en caso de emergencia, cuenten con trampones, éstos podrán estar libres de cualquier dispositivo de bloqueo o temporización, siempre que sus llaves sean depositadas para su custodia en otra sucursal próxima de la misma entidad o grupo.

c) Detectores sísmicos, detectores microfónicos u otros dispositivos que permitan detectar cualquier ataque a través de techos, paredes o suelo de las cámaras acorazadas o de las cajas de alquiler.

d) Detectores volumétricos.

e) Mirillas ojo de pez o dispositivos similares, o circuito cerrado de televisión en su interior, conectado con la detección volumétrica o provisto de videosensor, con proyección de imágenes en un monitor visible desde el exterior.

Estas imágenes deberán ser transmitidas a la central de alarmas o, en caso contrario, la entidad habrá de disponer del servicio de custodia de llaves para la respuesta a las alarmas[223].

Art. 122. Cajas fuertes, dispensadores de efectivo y cajeros automáticos[224].–1. Las cajas fuertes deberán tener los niveles de resistencia que determine el Ministerio del Interior, y estarán protegidas con los dispositivos de bloqueo y apertura automática retardada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. Cuando su peso sea inferior a 2.000 kilogramos, estarán, además, ancladas, de manera fija, en estructuras de hormigón armado, al suelo o al muro.

2. Para el funcionamiento del establecimiento u oficina, las cajas auxiliares, además del cajón donde se deposita, en su caso, el efectivo necesario para realizar las operaciones, estarán provistas de elementos con posibilidad de depósito de efectivo en su interior, de forma que quede sometido necesariamente a apertura retardada para su extracción.

3. Los dispensadores de efectivo habrán de estar construidos con materiales de la resistencia que determine el Ministerio del Interior, debiendo estar conectados a la central de alarmas durante el horario de atención al público.

A estos efectos, se consideran dispensadores de efectivo los que, estando provistos de sistema de apertura automática retardada y posibilidad para admitir ingresos, permitan la dispensación automática de efectivo contra cuentas corrientes, contables o libretas de ahorro, libremente, hasta la cantidad que determine el Ministerio del Interior.

Cuando en un establecimiento u oficina todas las cajas auxiliares sean sustituidas por dispensadores de efectivo, no serán precisas las instalaciones a que se refiere el artícu-lo 120.1.d) y e) de este Reglamento. No obstante, podrá disponerse de cajas auxiliares para su utilización en caso de avería de los dispensadores de efectivo.

4. Los cajeros automáticos deberán estar protegidos con las siguientes medidas de seguridad:

1.º Cuando se instalen en el vestíbulo del establecimiento:

a) Puerta de acceso blindada con acristalamiento resistente al menos al impacto manual del nivel que se determine, y dispositivo interno de bloqueo.

b) Dispositivo de apertura automática retardada en la puerta de acceso al depósito de efectivo, que podrá ser desactivado, durante las operaciones de carga, por los vigilantes de seguridad encargados de dichas operaciones, previo aviso, en su caso, al responsable del control de los sistemas de seguridad.

c) Detector sísmico en la parte posterior.

2.º Cuando se instalen en fachada o dentro del perímetro interior de un inmueble, las medidas establecidas en los párrafos b) y c) anteriores.

3.º Cuando se instalen en el interior de edificios, locales o inmuebles, siempre que éstos se encuentren dotados de vigilancia permanente con armas, los cajeros automáticos quedan exceptuados del cumplimiento de las anteriores medidas de seguridad, y únicamente se exigirá que estén anclados al suelo o al muro cuando su peso sea inferior a 2.000 kilogramos.

5. Si los cajeros automáticos se instalaran en espacios abiertos, y no formaran parte del perímetro de un edificio, deberán disponer de cabina anclada al suelo, de las características que se determinen, y estar protegidos con las medidas a que se refiere el apartado 1.º anterior[225].

Art. 123. Planos de planta.–Los Bancos, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito mantendrán en las oficinas centrales los planos de planta actualizados de todas sus oficinas, descriptivos de la distribución de las distintas dependencias y de las instalaciones de seguridad de los diferentes servicios, e informes técnicos sobre la naturaleza de los materiales utilizados en su construcción. A requerimiento de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, les facilitarán copia de dichos planos por el procedimiento más rápido disponible.

Art. 124. Oficinas de cambio de divisas y módulos transportables[226].–1. Los establecimientos u oficinas pertenecientes a entidades de crédito u otras mercantiles, dedicadas exclusivamente al cambio de divisas, estacional o permanentemente, dispondrán como mínimo de las medidas de seguridad previstas en el artículo 132 de este Reglamento para las Administraciones de Loterías y Apuestas Mutuas.

2. Los bancos móviles o módulos transportables, utilizados por las Entidades de Crédito como establecimientos u oficinas, deberán reunir, al menos, las siguientes medidas de seguridad:

a) Protección de la zona destinada al recinto de caja y puertas de acceso con blindaje de cristal antibala de la categoría y nivel que se determinen, para evitar el ataque al personal que se encuentre en el interior de dicho recinto[227].

El recinto de caja permanecerá cerrado desde su interior, durante las horas de atención al público, siempre que el personal se encuentre dentro del mismo.

b) Caja fuerte con dispositivo automático de retardo y bloqueo, que deberá estar fijada a la estructura del vehículo del módulo. La caja auxiliar estará provista de cajón de depósito y unida a otro de apertura retardada.

c) Señal luminosa exterior y pulsadores de la misma en el interior.

d) Carteles anunciadores como los previstos en el párrafo f) del artículo 120 de este Reglamento.

e) Servicio propio de Vigilantes de Seguridad, en el supuesto de que no se cuente con servicio de vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con servicio de Vigilantes de Seguridad del inmueble o recinto en que se ubiquen.

3. La autorización de cada unidad o módulo para el funcionamiento de estos establecimientos u oficinas corresponderá al Director general de la Policía o al Gobernador civil de la provincia, según que el ámbito territorial de actuación sea supraprovincial o provincial, debiendo seguirse el procedimiento regulado en el artículo 136 de este Reglamento. Una copia de la autorización deberá estar depositada en la correspondiente unidad o módulo[228].

Art. 125. Exenciones.–La Dirección General de la Policía para supuestos que excedan del territorio de una provincia o, en otro caso, el Gobierno Civil podrán eximir a las entidades a que se refiere esta sección de todas o alguna de las medidas de seguridad que se establecen en los artículos 120 y, en su caso, en el 121, 122 y 124, apartados 1 y 2, a solicitud de la entidad interesada, valorando las circunstancias a que se refiere el artículo 112.1, todos del presente Reglamento. A tal efecto, el órgano competente recabará el parecer de la representación de los trabajadores[229].

Art. 126. Caja Postal.–Las normas contenidas en la presente sección para las entidades de crédito obligarán a la sede y oficinas de la Caja Postal, pero no a las oficinas cuya principal actividad sea la prestación de los servicios públicos de Correos y Telégrafos.

Sección 2.ª Joyerías, platerías, galerías de arte y tiendas de antigüedades[230]

Art. 127. Medidas de seguridad aplicables.–1. En los establecimientos de joyería y platería, así como en aquellos otros en los que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria, deberán instalarse, por empresas especializadas y, en su caso, autorizadas, las siguientes medidas de seguridad:

a) Caja fuerte o cámara acorazada, con el nivel de resistencia que determine el Ministerio de Justicia e Interior, para la custodia de efectivo y de objetos preciosos, dotada de sistema de apertura automática retardada, que deberá estar activado durante la jornada laboral, y dispositivo mecánico o electrónico que permita el bloqueo de la puerta, desde la hora de cierre hasta primera hora del día siguiente hábil.

Cuando la caja fuerte tenga un peso inferior a 2.000 kilogramos, deberá estar anclada, de manera fija, en una estructura de hormigón armado, al suelo o al muro.

b) Pulsadores antiatraco u otros medios de accionamiento del sistema de alarma que estarán instalados en lugares estratégicos.

c) Rejas en huecos que den a patios y pasos interiores del inmueble, así como cierres metálicos en el exterior, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones exigidas por las normas de lucha contra incendios.

d) Puerta blindada, con resistencia al impacto manual del nivel que se determine, en todos los accesos al interior del establecimiento, provista de los cercos adecuados y cerraduras de seguridad[231].

e) Protección electrónica de escaparates, ventanas, puertas y cierres metálicos.

f) Dispositivos electrónicos con capacidad para la detección redundante de la intrusión en las dependencias del establecimiento en que haya efectivo u objetos preciosos.

g) Detectores sísmicos en paredes, techos y suelos de la cámara acorazada o del local en que esté situada la caja fuerte.

h) Conexión del sistema de seguridad con una central de alarmas.

i) Carteles, del tamaño que se determine por el Ministerio de Justicia e Interior, u otros sistemas de información de análoga eficacia, para su perfecta lectura desde el exterior del establecimiento, en los que se haga saber al público las medidas de seguridad que éste posea.

2. Los establecimientos de nueva apertura deberán instalar cristales blindados, del nivel que se determine, en escaparates en los que se expongan objetos preciosos, cuyo valor en conjunto sea superior a 15.000.000 de pesetas. Esta protección también será obligatoria para las ventanas o huecos que den al exterior[232].

3. Las galerías de arte, tiendas de antigüedades y establecimientos que se dediquen habitualmente a la exhibición o subasta de objetos de joyería o platería, así como de antigüedades u obras de arte, cuyas obras u objetos superen en conjunto el valor que se determine, deberán adoptar las medidas de seguridad que se establecen bajo los párrafos b), c), d), e), f), h) e i) del apartado 1 de este artículo y, además, proteger con detectores sísmicos el techo y el suelo del establecimiento y las paredes medianeras con otros locales o viviendas, así como con acristalamiento blindado del nivel que se fija en el apartado anterior los escaparates de los establecimientos de nueva apertura en que se exhiban objetos por la cuantía en el mismo determinada[233].

Art. 128. Exhibiciones o subastas ocasionales.–1. Con independencia del cumplimiento de las normas aplicables, las personas o entidades que pretendan exhibir o subastar públicamente objetos de joyería o platería, así como antigüedades u obras de arte, en locales o establecimientos no dedicados habitualmente a estas actividades deberán comunicarlo, con una antelación no inferior a quince días, al Gobernador civil de la provincia donde vaya a efectuarse la exhibición o subasta.

2. Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso y a los informes recabados, el Gobernador civil podrá ordenar a los organizadores la adopción, con carácter previo a las exhibiciones o subastas, de las medidas de vigilancia y seguridad que considere adecuadas[234].

Art. 129. Dispensas.–1. Teniendo en cuenta el reducido volumen de negocio u otras circunstancias que habrán de ser debidamente acreditadas, los Gobernadores civiles podrán dispensar de todas o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 127 de este Reglamento a los establecimientos cuyos titulares lo soliciten[235].

2. Si lo estimasen conveniente, dichas autoridades podrán recabar la opinión al respecto de las correspondientes asociaciones empresariales de la provincia y de la representación de los trabajadores.

Sección 3.ª Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes[236]

Art. 130. Enumeración de medidas de seguridad. 1. Las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes dispondrán de una caja fuerte con el nivel de resistencia que determine el Ministerio de Justicia e Interior, con sistema o mecanismo que impida la extracción del dinero a través de la abertura destinada a su introducción en la caja, y dos cerraduras protegidas. La caja estará empotrada en una estructura de hormigón armado, preferentemente en el suelo.

2. Una de las llaves de la caja fuerte estará en poder del encargado del negocio u otro empleado y la otra en posesión del propietario o persona responsable de la recogida de los fondos, sin que en ningún caso pueda coincidir la custodia de ambas llaves en la misma persona ni en personas que trabajen juntas.

3. A fin de permitir las devoluciones y cambios necesarios, cada empleado de las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes sólo podrá tener en su poder, o, en el caso de autoservicio, en la caja registradora, la cantidad de dinero que fije el Ministerio de Justicia e Interior.

4. Las estaciones y unidades de suministro podrán disponer, advirtiéndolo al público usuario mediante carteles situados en lugares visibles, que sólo se despachará combustible por cantidades determinadas de dinero, de forma que puedan ser abonadas por su importe exacto sin necesidad de efectuar cambios.

5. En los casos en los que el volumen económico, la ubicación de las estaciones de servicio o, en general, su vulnerabilidad lo requiera, los Gobernadores civiles podrán imponer la obligación de las empresas titulares de adoptar alguno de los servicios o sistemas de seguridad establecidos en el artículo 112 de este Reglamento[237].

6. Será de aplicación a las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes lo dispuesto sobre dispensas en el artículo 129.1 de este Reglamento[238].

Sección 4.ª Oficinas de farmacia, Administraciones de Lotería, Despachos de Apuestas Mutuas y Establecimientos de Juego

Art. 131. Oficinas de farmacia[239].–1. Todas las oficinas de farmacia deberán contar con un dispositivo de tipo túnel, bandeja de vaivén o bandeja giratoria con seguro, que permita adecuadamente las dispensaciones a los clientes sin necesidad de que éstos penetren en el interior.

2. La utilización de esta medida será obligatoria únicamente cuando las farmacias presten servicio nocturno o de urgencia[240].

Art. 132. Administraciones de Lotería y Despachos de Apuestas Mutuas[241].–1. Las Administraciones de Lotería y los Despachos Integrales de Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas dispondrán de un recinto cerrado en el que existirá una caja fuerte de las características determinadas en el artículo 127.1.a) del presente Reglamento en la que se custodiarán los efectos y el dinero en metálico.

2. La parte del recinto destinada al público estará totalmente separada, por elementos o materiales de blindaje del nivel que se determine, de la zona reservada a los empleados que realicen transacciones con el público, la cual estará permanentemente cerrada desde su interior y dotada de dispositivos que impidan el ataque a dichos empleados[242].

3. Las transacciones con el público se harán a través de ventanillas con cualquiera de los dispositivos enumerados en el apartado 1 del artículo anterior.

4. Independientemente de las mencionadas medidas de seguridad, el Gobernador civil de la provincia, en los casos a que se refiere el artículo 130.5 de este Reglamento, podrá obligar a los titulares de estos establecimientos a la adopción de los sistemas de seguridad a que se refieren los párrafos c) y d) del artículo 112, también del presente Reglamento[243].

Art. 133. Locales de juegos de azar[244].–1. Las medidas de seguridad establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo anterior serán aplicables, asimismo, a los casinos de juego.

2. A las salas de bingo autorizadas para más de ciento cincuenta jugadores, así como a los salones de máquinas de juego autorizados para más de setenta y cinco máquinas de juego, les será de aplicación la medida de seguridad regulada en los apartados 1 y 2 del artículo 130 de este Reglamento[245].

Art. 134. Dispensas.–Será de aplicación a esta sección lo dispuesto sobre dispensas en el artículo 129 del presente Reglamento.

Sección 5.ª Mantenimiento de las medidas de seguridad

Art. 135. Revisión. Libro-catálogo.–1. A los efectos de mantener el funcionamiento de las distintas medidas de seguridad previstas en el presente título y de la consecución de la finalidad preventiva y protectora, propia de cada una de ellas, la dirección de cada entidad o establecimiento obligado a tener medidas de seguridad electrónicas dispondrá la revisión y puesta a punto, trimestralmente, de dichas medidas por personal especializado de empresas de seguridad, o propio si dispone de medios adecuados, no debiendo transcurrir más de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas, y anotará las revisiones y puestas a punto que se realicen en un libro-catálogo de las instaladas, según el modelo que se apruebe con arreglo a las normas que dicte el Ministerio del Interior, concebido de forma que pueda ser objeto de tratamiento y archivo mecanizado e informatizado[246].

Este libro-catálogo será también obligatorio para las empresas industriales, comerciales o de servicios, conectadas a centrales de alarmas.

2. Cuando las instalaciones permitan la comprobación del estado y del funcionamiento de cada uno de los elementos del sistema desde la central de alarmas, las revisiones preventivas tendrán una periodicidad anual, no pudiendo transcurrir más de catorce meses entre dos sucesivas[247].

CAPÍTULO III

Apertura de establecimientos u oficinas obligados a disponer de medidas de seguridad

Art. 136. Autorización.–1. Cuando se pretenda la apertura o traslado de un establecimiento u oficina, cuyos locales o instalaciones hayan de disponer, en todos o algunos de sus servicios, de medidas de seguridad determinadas en este Reglamento, el responsable de aquéllos solicitará la autorización del Delegado del Gobierno, el cual ordenará el examen y comprobación de las medidas de seguridad instaladas y su correcto funcionamiento a los funcionarios que tienen atribuidas legalmente dichas facultades. Hasta tanto tal comprobación tenga lugar, podrá autorizarse provisionalmente, por la autoridad policial competente, la apertura del establecimiento u oficina por un plazo máximo de tres meses, siempre que se implante transitoriamente el servicio de vigilantes de seguridad con armas.

Cuando se trate de la reforma de un establecimiento u oficina, anteriormente autorizados, que implique la adopción o modificación de medidas de seguridad, bastará la comunicación a las dependencias policiales competentes, para su comprobación[248].

2. Practicada la inspección sin constatar deficiencias de las medidas de seguridad obligatorias, el establecimiento podrá continuar con sus actividades sin necesidad del servicio de vigilancia armada, hasta que tenga lugar la autorización definitiva, o bien proceder a la apertura provisional, si no lo hubiera hecho con anterioridad, bastando para ello el acta favorable de inspección.

3. De observarse deficiencias en las medidas de seguridad obligatorias, se entregará copia del acta de inspección a la empresa o entidad interesada para la subsanación de aquéllas en el plazo máximo de un mes, debiendo comunicarse la subsanación a la dependencia policial competente a efectos de nueva comprobación. Durante el indicado plazo, el establecimiento podrá permanecer en funcionamiento, siempre que cuente con el servicio de vigilantes de seguridad con armas.

Transcurrido dicho plazo sin que la empresa o entidad interesada haya comunicado la subsanación de las deficiencias, se procederá al cierre del establecimiento u oficina hasta que se constate la subsanación de las mismas mediante la correspondiente acta de inspección.

4. En el caso de que la empresa o entidad solicitante no recibiere indicación o comunicación alguna, en el plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de autorización, o en el de un mes desde la fecha de presentación de la comunicación relativa a la subsanación de deficiencias, podrá entender autorizada la apertura o traslado del establecimiento o aprobada la reforma efectuada.

5. Las medidas de seguridad no obligatorias y las reformas que no afecten a los elementos esenciales del sistema de seguridad, instalados en este tipo de establecimientos u oficinas, habrán de ser comunicadas a las dependencias policiales de los órganos competentes, antes de su entrada en funcionamiento, pero no estarán sujetas a autorización previa.

6. Las previsiones contenidas en el presente artículo serán también aplicables a los cajeros automáticos, en los supuestos de instalación y entrada en funcionamiento, modificación o traslado de los mismos[249].

TÍTULO IV

Control e inspección

CAPÍTULO PRIMERO

Información y control

Art. 137. Competencias y funciones.–1. Corresponde el ejercicio de la competencia de control para el cumplimiento de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, al Ministerio de Justicia e Interior y a los Gobernadores civiles.

2. Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía y, en su caso, al de la Guardia Civil, el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que se impartan por los órganos indicados, en el ejercicio de la función de control de las entidades, servicios o actuaciones y del personal y medios en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación[250].

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el ejercicio de la función de control de las actuaciones de los Guardas particulares del Campo, en sus distintas modalidades, corresponde especialmente a la Dirección General de la Guardia Civil.

4. Para el ejercicio de las competencias respectivamente atribuidas por la legislación de seguridad privada a las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil[251], éstas llevarán ficheros automatizados, destinados a registrar las infracciones cometidas y las sanciones impuestas en los procedimientos sancionadores en que hubieran intervenido en la materia[252].

Art. 138. Documentación anual.–1. Durante el primer trimestre de cada año, todas las empresas de seguridad remitirán a la Secretaría de Estado de Interior un informe explicativo de las actividades realizadas en el año anterior, en el que constará[253]:

a) La relación de altas y bajas producidas en el personal de seguridad, con indicación de los datos consignados en el correspondiente libro-registro.

b) La relación de servicios realizados, con indicación del nombre de la entidad o persona a la que se prestaron y especificación de la naturaleza de los servicios, determinada con arreglo a la enumeración contenida en el artículo 1 de este Reglamento.

c) El resumen de las comunicaciones efectuadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con la seguridad ciudadana.

d) La relación de auxilios, colaboraciones y entregas de detenidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Asimismo, las empresas de seguridad remitirán a la Secretaría de Estado de Interior, durante el primer semestre de cada año, el resumen de la cuenta anual, en el que se refleje la situación patrimonial y financiera de la empresa.

Art. 139. Comunicación sobre la vigencia del contrato de seguro, aval u otra garantía financiera suscrita para cubrir la responsabilidad.–1. Anualmente, en el mismo plazo determinado en el apartado 1 del artículo anterior, las empresas de seguridad habrán de presentar, en el registro en que se encontraran inscritas, certificado acreditativo de vigencia del contrato de seguro, aval u otra garantía financiera que hubieran suscrito para cubrir la responsabilidad.

2. La empresa asegurada tiene la obligación de comunicar a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito del Cuerpo Nacional de Policía), la rescisión y cualquiera otra de las circunstancias que puedan dar lugar a la terminación del contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera, al menos con treinta días de antelación a la fecha en que dichas circunstancias hayan de surtir efecto[254].

3. En todos los supuestos de terminación de la vigencia del contrato de seguro, aval u otra garantía financiera, la empresa deberá concertar oportunamente, de forma que no se produzca solución de continuidad en la cobertura de la responsabilidad, nueva póliza de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera, que cumpla las exigencias establecidas en el artículo 5.1.c).6.º y en el anexo de este reglamento, acreditándolo ante el Registro de Empresas de Seguridad.[255].

Art. 140. Comunicación de modificaciones estatutarias.–1. Cuando las empresas de seguridad revistan la forma de persona jurídica estarán obligadas a comunicar a la Secretaría de Estado de Seguridad todo cambio que se produzca en la titularidad de las acciones, participaciones o aportaciones y los que afecten a su capital social, dentro de los quince días siguientes a su modificación.

2. Asimismo, y en igual plazo, deberán comunicar cualquier modificación de sus Estatutos y toda variación que sobrevenga en la composición personal de sus órganos de administración y dirección[256].

3. Las comunicaciones a que se refieren los apartados anteriores deberán efectuarse mediante copia autorizada de la correspondiente escritura pública o del documento en que se hubieren consignado las modificaciones.

4. Cuando los cambios implicaran la pérdida de los requisitos de los administradores y directores de las empresas de seguridad, cesarán en sus cargos[257].

Art. 141. Memoria anual de los Detectives privados.–Los detectives privados habrán de presentar en la Secretaría de Estado de Seguridad, dentro del primer trimestre de cada año, una memoria de actividades del año precedente, en la que se hará constar la relación de servicios efectuados, la condición física o jurídica de las personas con las que se concertaron, consignándose en este último caso el sector específico y la actividad concreta de que se trate, la naturaleza de los servicios prestados, los hechos delictivos perseguibles de oficio comunicados como consecuencia de su actuación, y los órganos gubernativos a los que se comunicaron[258].

Art. 142. Perfeccionamiento del sector.–1. Teniendo en cuenta la información reunida anualmente a través del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores y en los restantes del presente Reglamento, el Ministerio de Justicia e Interior:

a) Dará cuenta anualmente al Gobierno y a las Cortes Generales sobre el funcionamiento del sector de la seguridad privada.

b) Adoptará o promoverá las medidas de carácter general adecuadas para perfeccionar dicho funcionamiento y para asegurar la consecución de las finalidades de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

2. Corresponde al Ministerio de Justicia e Interior, a través de la Dirección General de la Policía, la planificación, información, asesoramiento y coordinación de la seguridad de las personas, edificios, instalaciones, actividades y objetos de especial interés, en el ámbito de la Administración General del Estado y de las entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella.

CAPÍTULO II

Inspección

Art. 143. Acceso de los funcionarios.–1. Los libros-registro de las empresas de seguridad y de los Detectives privados determinados en el presente Reglamento estarán a disposición de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, encargados de su control, para las inspecciones que deban realizar[259].

2. Las empresas y el personal de seguridad privada de las mismas facilitarán el acceso de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los armeros, al objeto de que puedan realizar las comprobaciones pertinentes sobre los propios armeros y las armas que contengan.

3. Las empresas de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y objetos valiosos o peligrosos facilitarán la inspección de la cámara acorazada con el fin de hacer las pertinentes comprobaciones de los datos que figuren en los libros-registro.

4. Del mismo modo, las empresas, entidades y organismos que deban tener instalados dispositivos, sistemas o medidas de seguridad, o que tengan servicios de protección prestados por personal de seguridad, o sistemas de seguridad conectados a centrales de alarma, deberán facilitar el acceso a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de las funciones inspectoras a que se refiere este Reglamento, con objeto de que puedan comprobar en cualquier momento el estado de las instalaciones y su funcionamiento[260].

Art. 144. Inspecciones.–1. Aparte del desarrollo de los planes de inspección que tengan establecidos, cuando recibieren denuncias sobre irregularidades cometidas por empresas o personal de seguridad, o por centros de formación o su personal, los servicios policiales de inspección y control procederán a la comprobación de los hechos denunciados y, en su caso, a la apertura del correspondiente procedimiento.

2. Siempre que el personal indicado realice una inspección de empresas de seguridad, de establecimientos públicos o privados, o de despachos de los detectives privados:

a) Diligenciará los libros revisados, haciendo constar las deficiencias o anomalías que observare.

b) Efectuará las comprobaciones precisas para la constatación del contenido reflejado en los libros, debiendo las empresas y el personal de seguridad colaborar con tal objeto.

c) De cada inspección, extenderá el acta correspondiente, facilitando una copia al responsable del establecimiento.

3. Los actos de inspección, que se contraerán a las medidas, medios y actividades de seguridad privada, podrán desarrollarse, indistintamente:

a) En la sede social de la empresa, delegaciones, oficinas, locales, despachos, o lugares anejos a éstos, en los que se desarrollen actividades de seguridad privada o relacionadas con ésta.

b) En los inmuebles, espacios o lugares en donde se presten servicios de seguridad privada[261].

CAPÍTULO III

Medidas cautelares

Art. 145. Ocupación o precinto.–Los funcionarios policiales competentes podrán acordar, inmediata y excepcionalmente, la medida cautelar de ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, no homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y efectos de la infracción, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para las personas o bienes, debiendo, para el mantenimiento de la medida, ser ratificada por las autoridades sancionadoras competentes[262].

Art. 146. Retirada de armas.–Con independencia de las responsabilidades penales[263] o administrativas a que hubiere lugar, los funcionarios policiales competentes se harán cargo de las armas y darán cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 148.2 del Reglamento de Armas, sobre depósito de las que se porten o utilicen ilegalmente, en los siguientes casos[264]:

a) Si detectaren la prestación de servicios por personal de seguridad privada con armas, cuando debieran prestarse sin ellas.

b) Cuando el personal de seguridad privada porte armas fuera de los lugares o de las horas de servicio, sin la oportuna autorización, en los casos previstos en el presente Reglamento.

Art. 147. Suspensión de servicios.–Cuando los funcionarios policiales competentes observaren la prestación de servicios de seguridad privada o la utilización de medios materiales o técnicos que puedan causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana, suspenderán su prestación, debiendo tal decisión ser ratificada por el Secretario de Estado de Interior o por los Gobernadores civiles en el plazo de setenta y dos horas[265].

TÍTULO V

Régimen sancionador

CAPÍTULO PRIMERO

Cuadro de infracciones

Sección 1.ª Empresas de seguridad

Art. 148. Infracciones muy graves.–Las empresas podrán incurrir en las siguientes infracciones muy graves:

1. La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la autorización necesaria, incluyendo:

a) La prestación de servicios de seguridad sin haber obtenido la inscripción y la autorización de entrada en funcionamiento para la clase de servicios o actividades de que se trate.

b) La continuación de la prestación de servicios en caso de cancelación de la inscripción o de rescisión del contrato de seguro, aval u otra garantía equivalente, sin concertar otra nueva otra nueva dentro del plazo reglamentario.

c) La subcontratación de los servicios y actividades de seguridad privada con empresas que no dispongan de la correspondiente habilitación o reconocimiento necesarios para el servicio o actividad de que se trate, salvo en los supuestos reglamentariamente permitidos[266].

2. La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la Ley, sobre conflictos políticos o laborales, control de opiniones, recogida de datos personales con tal objeto, o información a terceras personas sobre sus clientes o su personal, en el caso de que no sean constitutivas de delito.

3. La instalación de medios materiales o técnicos no homologados que sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.

4. La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los libros registros reglamentarios.

5. El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de las armas, así como sobre disponibilidad de armeros, conservación, mantenimiento, buen funcionamiento de las armas y custodia de las mismas, particularmente la tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por la Ley, incluyendo:

a) Poseer armas que no sean las reglamentariamente determinadas para el servicio de que se trate.

b) La tenencia de armas careciendo de la guía de pertenencia de las mismas.

c) Adjudicar al personal de seguridad armas que no sean las reglamentariamente establecidas para el servicio.

d) La negligencia en la custodia de armas, que pueda provocar su sustracción, robo o extravío.

e) Carecer de armero con la correspondiente homologación o no hacer uso del mismo, en los casos en que esté exigido en el presente Reglamento.

f) La realización de los ejercicios de tiro obligatorios por el personal de seguridad sin la presencia o sin la dirección del instructor de tiro o, en su caso, del jefe de seguridad, o incumpliendo lo dispuesto al efecto en el artículo 84.2 de este Reglamento.

g) Proveer de armas a personal que carezca de la licencia reglamentaria.

6. La realización de servicios de seguridad con armas fuera de los casos previstos en la Ley y en el presente Reglamento, así como encargar servicios con armas a personal que carezca de la licencia reglamentaria.

7. La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan, incluyendo:

a) La falta de comunicación oportuna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de informaciones relevantes para la prevención, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana.

b) La falta de comunicación oportuna de los hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en el desarrollo de sus actividades.

c) La negativa a facilitar a los funcionarios competentes los contratos, libros-registro u hojas de ruta reglamentarios que contengan datos relacionados con los servicios de seguridad privada.

d) La negativa a facilitar a dichos funcionarios el acceso a los lugares donde se lleven a cabo actividades de seguridad privada, o se presten servicios de esta naturaleza, excepto a los domicilios particulares.

e) Impedir o dificultar de cualquier modo el control de la prestación de servicios de seguridad cuando se establezcan sistemas informáticos de comunicación.

8. La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año[267].

Art. 149. Infracciones graves.–Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones graves:

1. La instalación de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la homologación sea preceptiva.

2. La realización de servicios de transportes con vehículos que no reúnan las características reglamentarias, incluyendo:

a) La utilización de vehículos con distintivos o características semejantes a los de las Fuerzas Armadas o a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con lanzadestellos o sistemas acústicos que les estén prohibidos.

b) La realización de los servicios de transporte o distribución sin que los vehículos cuenten con la dotación reglamentaria de vigilantes de seguridad o, en su caso, sin la protección necesaria.

3. La realización de funciones que excedan de la habilitación obtenida o reconocida por la empresa de seguridad o por el personal a su servicio, o fuera del lugar o ámbito territorial correspondiente, así como la retención de la documentación personal; la realización de servicios en polígonos industriales y urbanizaciones sin haber obtenido la autorización expresa de la Delegación o Subdelegación del Gobierno o del órgano correspondiente de la comunidad autónoma competente, y la subcontratación de servicios de seguridad con empresas inscritas, pero no habilitadas o reconocidas para el ámbito territorial correspondiente al lugar de realización del servicio o actividad subcontratados[268].

4. La realización de los servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar a la autoridad competente la celebración de los correspondientes contratos, incluyendo:

a) La realización de servicios de protección personal, careciendo de la autorización a que se refieren los artículos 27 y siguientes de este Reglamento, fuera del plazo establecido o al margen de las condiciones impuestas en la autorización.

b) La falta de comunicación de los contratos, o, en su caso, de las ofertas en que se concreten sus prestaciones, o de las modificaciones de los mismos, a las autoridades competentes; no hacerlo dentro de los plazos establecidos, o realizarlo sin ajustarse a los modelos o formatos aprobados, y la prestación de los servicios, en circunstancias o condiciones distintas de las previstas en los contratos comunicados.

c) La falta de comunicación a las autoridades competentes, dentro del plazo establecido, de la prestación de servicios urgentes, en circunstancias excepcionales.

5. La utilización en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan de la nacionalidad, cualificación, acreditación o titulación exigidas, o de cualquier otro de los requisitos necesarios, incluyendo el de la superación de los correspondientes cursos de actualización y especialización con la periodicidad establecida[269], y la utilización de personal habilitado sin la correspondiente comunicación de alta en las empresas, en la forma establecida.

6. El abandono o la omisión injustificados del servicio, dentro de la jornada laboral establecida, por parte de los vigilantes de seguridad y de todo el personal de seguridad privada al que se aplican las normas de los vigilantes.

7. La falta de presentación a la autoridad competente del informe anual de actividades, en la forma y plazo prevenidos o con omisión de las informaciones requeridas legal y reglamentariamente.

8. No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las señales de alarma que se registren en las centrales privadas, transmitir las señales con retraso injustificado o comunicar falsas incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa, incluyendo:

a) El funcionamiento deficiente de las centrales de alarmas por carecer del personal preciso.

b) La transmisión de alarmas a los servicios policiales sin verificarlas previa y adecuadamente.

c) La transmisión de falsas alarmas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por falta de adopción de las precauciones necesarias para evitarlas.

d) La falta de subsanación de las deficiencias que den lugar a falsas alarmas, cuando se hubiere sido requerido para ello, y la de desconexión del sistema que hubiere sido reglamentariamente ordenada.

9. La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año[270].

Art. 150. Infracciones leves.–Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones leves:

1. La entrada en funcionamiento de las empresas de seguridad sin dar cuenta de ello a los servicios policiales competentes, salvo que constituya infracción grave o muy grave.

2. La apertura de delegaciones o sucursales sin obtener la autorización necesaria del órgano competente.

3. La omisión del deber de abrir sucursales o delegaciones en los supuestos prevenidos en los apartados 2 y 3 del artículo 17[271].

4. La publicidad de la empresa sin estar inscrita y autorizada, y la realización de publicidad de las actividades y servicios o la utilización de documentos o impresos en sus comunicaciones sin hacer constar el número de registro de la empresa.

5. La falta de presentación anual, dentro del plazo establecido, del certificado acreditativo de la vigencia del contrato de seguro, aval u otra garantía equivalente[272].

6. La falta de comunicación a la autoridad competente, en el plazo y en la forma prevenidos, de los cambios que afecten a la titularidad de las acciones o participaciones en el capital o a la composición personal de los órganos de administración, y de cualquier variación en los órganos de dirección de la sociedad.

7. La falta de comunicación a la autoridad competente de la información prevenida durante la prestación de servicios de protección personal o la relativa a la finalización del servicio.

8. La omisión del deber de reserva en la programación, itinerario y realización de los servicios relativos al transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos.

9. La realización de las operaciones de transporte, carga o descarga de objetos valiosos o peligrosos en forma distinta de la prevenida o sin adoptar las precauciones necesarias para su seguridad.

10. La realización de los servicios sin asegurar la comunicación entre la sede de la empresa y el personal que los desempeñe cuando fuere obligatoria.

11. La omisión de las prevenciones o precauciones reglamentarias en el transporte de objetos valiosos por vía marítima o aérea.

12. La omisión de los proyectos de instalación, previos a la instalación de medidas de seguridad; de las comprobaciones necesarias, o de la expedición del correspondiente certificado que garantice que las instalaciones de seguridad cumplen las exigencias reglamentarias.

13. La falta de realización de las revisiones obligatorias de las instalaciones de seguridad sin cumplir la periodicidad establecida o con personal que no reúna la cualificación requerida.

14. La carencia de servicio técnico necesario para arreglar las averías que se produzcan en los aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad obligatorios, o tenerlo sin la capacidad o eficacia adecuadas.

15. El incumplimiento de la obligación de entregar el manual de la instalación o el manual de uso del sistema de seguridad o facilitarlos sin reunir las exigencias reglamentarias.

16. La prestación de servicios de custodia de llaves, careciendo de armero o de caja fuerte o sin cumplir las precauciones prevenidas al efecto.

17. La actuación del personal de seguridad sin la debi-
da uniformidad o los medios que reglamentariamente sean exigibles.

18. La omisión del deber de adaptar los libros-registro reglamentarios a las normas reguladoras de sus formatos o modelos; del de llevarlos regularmente y al día, o del de cumplir las normas de funcionamiento del sistema o sistemas de información, comunicación o certificación que se determinen.

19. En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la Ley de Seguridad Privada o por el presente Reglamento, siempre que no constituya delito o infracción grave o muy grave[273].

Sección 2.ª Personal de seguridad privada

Art. 151. Infracciones muy graves.–El personal que desempeñe funciones de seguridad privada podrá incurrir en las siguientes infracciones muy graves:

1. La prestación de servicios de seguridad a terceros por parte de personal no integrado en empresas de seguridad, careciendo de la habilitación necesaria, lo que incluye:

a) Prestar servicios de seguridad privada sin haber obtenido la tarjeta de identidad profesional correspondiente o sin estar inscrito, cuando proceda, en el pertinente registro.

b) Ejercer funciones de seguridad privada distintas de aquellas para las que se estuviere habilitado.

c) Abrir despachos de Detective privado o dar comienzo a sus actividades sin estar inscrito en el reglamentario registro o careciendo de la tarjeta de identidad profesional.

d) Prestar servicios como Detective asociado o dependiente sin estar inscrito en el correspondiente registro o sin tener la tarjeta de identidad profesional.

e) La utilización por los Detectives privados de los servicios de personal no habilitado para el ejercicio de funciones de investigación.

2. El incumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y en el presente Reglamento sobre tenencia de armas fuera del servicio y sobre su utilización, incluyendo:

a) La prestación con armas de servicios de seguridad para los que no estuviese legal o reglamentariamente previsto su uso.

b) Portar sin autorización específica las armas fuera de las horas o de los lugares de prestación de los servicios o no depositarlas en los armeros correspondientes.

c) Descuidar la custodia de sus armas o de las documentaciones de éstas, dando lugar a su extravío, robo o sustracción.

d) No comunicar oportunamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el extravío, destrucción, robo o sustracción del arma asignada.

e) Prestar con arma distinta de la reglamentaria los servicios que puedan ser realizados con armas.

f) Retener las armas o sus documentaciones cuando causaren baja en la empresa a la que pertenecieren.

3. La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los Detectives privados o la utilización de medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, incluyendo la facilitación de datos sobre las investigaciones que realicen a personas distintas de las que se las encomienden.

4. La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones.

5. La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan, incluyendo:

a) La falta de comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

b) Omitir la colaboración que sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en casos de suspensión de espectáculos, desalojo o cierre de locales y en cualquier otra situación en que sea necesaria para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana.

c) La omisión del deber de realizar las identificaciones pertinentes, cuando observaren la comisión de delitos, o del de poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus autores o a los instrumentos o pruebas de los mismos.

d) No facilitar a la Administración de Justicia o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las informaciones de que dispusiesen y que les fueren requeridas en relación con las investigaciones que estuviesen realizando.

6. La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.

Art. 152. Infracciones graves.–El personal que desempeñe funciones de seguridad privada podrá incurrir en las siguientes infracciones graves:

1. La realización de funciones o servicios que excedan de la habilitación obtenida, incluyendo:

a) Abrir despachos delegados o sucursales los Detectives privados sin reunir los requisitos reglamentarios, sin comunicarlo a la autoridad competente o sin acompañar los documentos necesarios.

b) La realización por los Detectives privados de funciones que no les corresponden, y especialmente la investigación de delitos perseguibles de oficio.

c) Realizar los Vigilantes de Seguridad actividades propias de su profesión fuera de los edificios o inmuebles cuya vigilancia y protección tuvieran encomendada, salvo en los casos en que estuviere reglamentariamente prevista.

d) El desempeño de las funciones de Escolta privado excediéndose de las finalidades propias de su protección o la identificación o detención de personas, salvo que sea imprescindible para la consecución de dichas finalidades.

e) Simultanear, en la prestación del servicio, las funciones de seguridad privada con otras distintas, o ejercer varias funciones de seguridad privada que sean incompatibles entre sí.

2. El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos, incluyendo:

a) La comisión de abusos, arbitrariedades o violencias contra las personas.

b) La falta de proporcionalidad en la utilización de sus facultades o de los medios disponibles.

3. No cumplir, en el ejercicio de su actuación profesional, el deber de impedir o evitar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, que entrañen violencia física o moral, en el trato a las personas.

4. La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.

5. La realización de actividades prohibidas sobre conflictos políticos y laborales, control de opiniones o comunicación de información a terceros sobre sus clientes, personas relacionadas con ellos, o sobre los bienes y efectos que custodien, incluyendo:

a) El interrogatorio de los detenidos o la obtención de datos sobre los ciudadanos a efectos de control de opiniones de los mismos.

b) Facilitar a terceros información que conozcan como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

6. El ejercicio de los derechos sindicales o laborales al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios públicos, en los supuestos a que se refiere el artículo 15 de la Ley.

7. La falta de presentación al Ministerio de Justicia e Interior del informe de actividades de los Detectives privados, en la forma y plazo prevenidos o su presentación careciendo total o parcialmente de las informaciones necesarias.

8. La falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los Detectives privados en el ejercicio de sus funciones.

9. La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.

Art. 153. Infracciones leves.–El personal que desempeñe funciones de seguridad privada podrá incurrir en las siguientes infracciones leves:

1. La actuación sin la debida uniformidad o medios que reglamentariamente sean exigibles por parte del personal no integrado en empresas de seguridad.

2. El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos con los que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.

3. No comunicar oportunamente al Registro las variaciones de los datos registrales de los detectives titulares o detectives asociados o dependientes.

4. La publicidad de los detectives privados careciendo de la habilitación necesaria y la realización de la publicidad o la utilización de documentos o impresos sin hacer constar el número de inscripción en el Registro.

5. No llevar los detectives privados el libro-registro prevenido, no llevarlo con arreglo a las normas reguladoras de modelos o formatos o no hacer constar en él los datos necesarios.

6. No comunicar oportunamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el extravío, destrucción, robo o sustracción de la documentación relativa a las armas que tuvieran asignadas.

7. La falta de comunicación oportuna por parte del personal de seguridad privada de las ausencias del servicio o de la necesidad de ausentarse, a efectos de sustitución o relevo.

8. La utilización de perros en la prestación de los servicios sin cumplir los requisitos o sin tener en cuenta las precauciones prevenidas al efecto.

9. No utilizar los uniformes y distintivos, cuando sea obligatorio, o utilizarlos fuera de los lugares o de las horas de servicio.

10. La delegación por los jefes de seguridad de facultades no delegables o hacerlo en personas que no reúnan los requisitos reglamentarios.

11. Desatender sin causa justificada las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.

12. No mostrar su documentación profesional a los funcionarios policiales o no identificarse ante los ciudadanos con los que se relacionasen en el servicio, si fuesen requeridos para ello.

13. En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la Ley de Seguridad Privada o por el presente Reglamento, siempre que no constituyan delito o infracción grave o muy grave, incluyendo la no realización de los correspondientes cursos de actualización y especialización o no hacerlos con la periodicidad establecida[274].

Sección 3.ª Usuarios de los servicios de seguridad

Art. 154. Infracciones.–Las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que utilicen medios o contraten la prestación de servicios de seguridad podrán incurrir en las infracciones siguientes:

1. Infracciones muy graves: La utilización de aparatos de alarmas, dispositivos o sistemas de seguridad no homologados que fueren susceptibles de causar graves daños a las personas o a los interesados generales.

2. Infracciones graves:

a) La utilización de aparatos de alarma o dispositivos de seguridad que no se hallen debidamente homologados.

b) La contratación o utilización de los servicios de empresas carentes de la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada, a sabiendas de que no reúnen los requisitos legales al efecto.

3. Infracciones leves:

a) La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen o su funcionamiento con daños o molestias para terceros.

b) La instalación de marcadores automáticos para transmitir alarmas directamente a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

c) La contratación o utilización de personal de seguridad que carezca de la habilitación específica necesaria, a sabiendas de que no reúne los requisitos legales.

Sección 4.ª Infracciones al régimen de medidas de seguridad

Art. 155. Infracciones.–1. Los titulares de las empresas, entidades y establecimientos obligados por el presente Reglamento o por decisión de la autoridad competente a la adopción de medidas de seguridad para prevenir la comisión de actos delictivos podrán incurrir en las siguientes infracciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.n), 24 y 26.f), h) y j) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana:

1.º Infracciones muy graves: Podrán ser consideradas infracciones muy graves las infracciones graves, teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado.

2.o Infracciones graves:

a) Proceder a la apertura de un establecimiento u oficina o iniciar sus actividades antes de que el órgano competente haya concedido la necesaria autorización.

b) Proceder a la apertura o ejercer las actividades propias del establecimiento u oficina antes de que las medidas de seguridad obligatorias hayan sido adoptadas y funcionen adecuadamente.

c) Mantener abierto el establecimiento u oficina sin que las medidas de seguridad reglamentariamente exigidas funcionen, o sin que lo hagan correcta y eficazmente.

3.o Infracciones leves:

a) Las irregularidades en la cumplimentación de los registros prevenidos.

b) La omisión de los datos o comunicaciones obligatorios dentro de los plazos prevenidos.

c) La desobediencia de los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo prevenido en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, desarrollado, en su caso, reglamentariamente sobre medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones, siempre que no constituya infracción penal.

d) La desobediencia de los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, siempre que no constituya infracción penal.

2. También, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.n), 24 y 26.h) y j) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, el personal de las empresas, entidades o establecimientos obligados a la adopción de medidas de seguridad para prevenir la comisión de actos delictivos podrá incurrir en las siguientes infracciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran por los mismos hechos las empresas, entidades o establecimientos indicados:

1.º Infracciones muy graves: Podrán ser consideradas muy graves las infracciones graves, teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o el hecho de que se hubiesen producido con violencia o amenazas colectivas.

2.o Infracciones graves: La realización de los actos que tengan prohibidos o la omisión de los que les corresponda realizar, dando lugar a que las medidas de seguridad obligatorias no funcionen o lo hagan defectuosamente.

3.o Infracciones leves: Las definidas en el apartado 1.3.o del presente artículo bajo los párrafos c) y d).

CAPÍTULO II

Procedimiento

Art. 156. Disposición general.–Al procedimiento sancionador le será de aplicación lo dispuesto con carácter general en el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con las especialidades previstas en los artículos siguientes.

Art. 157. Iniciación.–Tienen competencia para ordenar la incoación del procedimiento sancionador y para adoptar, si procede, las medidas cautelares que determina el artículo 35 de la Ley de Seguridad Privada[275]:

a) El Ministro de Justicia e Interior, el Secretario de Estado de Interior, el Director general de la Policía y los Gobernadores civiles, con carácter general, y el Director general de la Guardia Civil respecto a las infracciones cometidas por Guardas particulares del Campo en sus distintas modalidades.

b) Para las infracciones leves:

1.o Las Jefaturas Superiores o Comisarías Provinciales de Policía.

2.o Las Comandancias de la Guardia Civil respecto a las cometidas por los Guardas particulares del Campo en sus distintas modalidades.

c) Todos los órganos mencionados, en materias relacionadas con medidas de seguridad, según el ámbito geográfico en que hubieran sido cometidas.

Art. 158. Órganos instructores.–1. La instrucción de los procedimientos sancionadores por faltas muy graves y graves corresponderá a los Gobiernos Civiles, salvo cuando corresponda a los Gobernadores civiles el ejercicio de la potestad sancionadora.

2. La instrucción de los procedimientos sancionadores, en los supuestos no comprendidos en el apartado anterior, corresponderá a las Comisarías Provinciales de Policía y, en su caso, a las Comandancias de la Guardia Civil[276].

Art. 159. Informe.–En los procedimientos por faltas muy graves o graves, antes de formular la propuesta de resolución, el órgano instructor, en su caso, remitirá copia del expediente instruido, e interesará informe a la unidad orgánica central de seguridad privada de la Dirección General de la Policía, que habrá de emitirlo en un plazo de quince días[277].

Art. 160. Fraccionamiento del pago.–1. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria, la autoridad que la impuso podrá acordar, previa solicitud fundada del interesado, el fraccionamiento del pago, dentro del plazo de treinta días previsto legalmente.

2. Si se acordase el fraccionamiento del pago, éste se efectuará mediante el abono de la sanción en dos plazos, por un importe de un 50 por 100 de la misma en cada uno de ellos.

Art. 161. Publicación de sanciones.–Cuando la especial trascendencia o gravedad de los hechos, el número de personas afectadas o la conveniencia de su conocimiento por los ciudadanos lo hagan aconsejable, las autoridades competentes podrán acordar que se haga pública la resolución adoptada en procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves[278].

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Funciones de las Policías de las Comunidades Autónomas[279].–Los órganos correspondientes y, en su caso, las Policías de las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía y lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ejercerán las facultades de autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad que tengan su domicilio legal en el territorio de cada Comunidad Autónoma y el ámbito de actuación limitado al mismo. También les corresponderá la denuncia y puesta en conocimiento de las autoridades competentes, de las infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no tengan su domicilio legal en el territorio de la Comunidad Autónoma o su ámbito de aplicación limitado al mismo. Asimismo, ejercerán las facultades en materia de seguridad privada derivadas de la disposición adicional de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. En particular, les corresponden las funciones reguladas en los artículos de este Reglamento que seguidamente se determinan:

1.ª Artículo 2.1. El requisito de inscripción debe cumplimentarse en el Registro de la Comunidad Autónoma competente.

2.ª Artículo 5.1. Instrucción y resolución de las distintas fases del procedimiento de habilitación de empresas de seguridad. Conocimiento del propósito de terminación del contrato de seguro de responsabilidad civil.

3.ª Artículo 5.3. Inspección y control en materia de seguridad privada, así como requerimiento de informes sobre las características de los armeros de empresas de seguridad.

4.ª Artículo 7.1. La referencia a la Caja General de Depósitos se entenderá hecha a la caja que determine la comunidad autónoma correspondiente[280].

5.ª Artículo 12.2. Cancelación de inscripciones de empresas de seguridad.

6.ª Artículos 14.1 y 15. Recepción de informaciones relativas a actividades y al personal de las empresas de seguridad. Y control de comienzo de las actividades de las empresas de seguridad inscritas y autorizadas por la Comunidad Autónoma.

7.ª Artículo 17.1 y 2. Solicitud o conocimiento de la apertura de delegaciones o sucursales de empresas de seguridad.

8.ª Artículos 19.1.a), 20 y 21. Control de prestación de servicios y de los contratos correspondientes.

9.ª Artículo 24. Determinación de servicios en los que las empresas deberán garantizar la comunicación entre sus sedes y el personal que los desempeñe.

10.ª Artículo 27, apartados 3 y 4, y artículo 28; artículo 29, y artículo 30, apartados 1, 4 y 5.

11.ª Autorización de actividades de protección de personas, cuando se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

12.ª Autorizaciones provisionales de carácter inmediato para la prestación de servicios de protección personal.

13.ª Comunicación de la composición de la escolta, de sus variaciones y de la finalización del servicio, así como comunicación a las Policías de las Comunidades Autónomas de las autorizaciones concedidas, de los datos de las personas protegidas y de los escoltas y del momento de iniciación y finalización del servicio.

Los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma competente darán cuenta oportunamente a la Dirección General de la Policía de las autorizaciones concedidas y de las comunicaciones recibidas, de acuerdo con lo dispuesto en los mencionados artículos 27, 28, 29 y 30.

14.ª Artículo 32.1. Determinación de protección de vehículos no blindados.

15.ª Artículo 36. Supervisión de los transportes de fondos, valores u objetos.

16.ª Artículo 44. Conocimiento de las características del servicio técnico de averías.

17.ª Artículo 50. Requerimiento de subsanación de deficiencias y orden de desconexión del sistema con la central de alarmas.

18.ª Artículo 66.3. Regulación y concesión de distinciones honoríficas.

19.ª Artículo 80.2. Autorización de servicios de seguridad en polígonos industriales o urbanizaciones aisladas.

20.ª Artículo 93.3. Autorización de servicios con armas por guardas particulares del campo cuyas actividades se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

21.ª Artículo 96.b) y c). Disposición sobre prestación de servicios bajo la dirección de un jefe de seguridad.

22.ª Artículo 100. Comunicación de altas y bajas de los jefes de seguridad y de los directores de seguridad.

23.ª Artículos 104, 105 y 107. La apertura de despachos de detectives privados y de sus delegaciones y sucursales, así como los actos constitutivos de sociedades de detectives y sus modificaciones, en el territorio de la Comunidad Autónoma deberán ser comunicadas a ésta por la Dirección General de la Policía, tan pronto como figuren regularizados en el correspondiente Registro.

24.ª Artículo 111. Resolución sobre adopción de medidas de seguridad por parte de empresas o entidades industriales, comerciales o de servicios.

25.ª Artículo 112.1. Exigencia a las empresas o entidades para que adopten servicios o sistemas de seguridad.

26.ª Artículo 115. Comunicaciones relativas a la creación de departamentos de seguridad y a la designación de directores de seguridad.

Artículo 115. Solicitudes de creación de departamentos de seguridad.

27.ª Artículo 118. Concesión de dispensas de la implantación o mantenimiento del servicio de vigilantes de seguridad, e inspección por parte de la Policía de la Comunidad Autónoma correspondiente.

28.ª Artículo 120.2, párrafo tercero. Autorización para la sustitución de medidas de seguridad por la implantación del servicio de vigilantes de seguridad.

29.ª Artículo 124.3. Autorización para el funcionamiento de oficinas de cambio de divisas, bancos móviles y módulos transportables.

30.ª Artículo 125. Concesión de exenciones de implantación de medidas de seguridad.

31.ª Artículo 128. Conocimiento de realización de exhibiciones o subastas de objetos de joyería o platería, así como de antigüedades u obras de arte, así como la imposición de medidas de seguridad.

32.ª Artículo 129. Dispensa de la adopción de medidas de seguridad.

33.ª Artículo 130.5 y 6. Imposición de la obligación de adoptar servicios o sistemas de seguridad a las estaciones
de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes, así como la dispensa de la adopción de medidas de seguridad.

34.ª Artículo 132.4. Adopción de sistemas de seguridad por parte de Administraciones de Lotería y Despachos de Apuestas Mutuas.

35.ª Artículo 136. Comprobaciones, inspecciones y autorizaciones de apertura y traslado de establecimientos u oficinas obligados a disponer de medidas de seguridad, y de instalación, modificación y traslado de cajeros automáticos.

36.ª Artículo 137.1. Competencia de control en materia de seguridad privada.

37.ª Artículo 137.2. Colaboración de la Policía para el ejercicio de la función de control.

38.ª Artículo 137.3. Control de las actuaciones de los guardas particulares del campo.

39.ª Artículo 138. Del informe anual de actividades de las empresas de seguridad que tengan su domicilio social y su ámbito de actuación limitado al territorio de una Comunidad Autónoma competente en la materia, que sea remitido a la Secretaría de Estado de Interior, será enviada copia por dicha Secretaría al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.

40.ª Artículo 140. Comunicación de modificaciones de empresas de seguridad inscritas en el Registro de la Comunidad Autónoma.

41.ª Artículo 141. De la Memoria anual de actividades de los detectives privados con despachos, delegaciones o sucursales sitos exclusivamente en el territorio de una Comunidad Autónoma competente en la materia, que sea remitida a la Secretaría de Estado de Interior, será enviada copia por dicha Secretaría al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.

42.ª Artículo 143. Disposición de los libros-registro de las empresas de seguridad, y de los detectives privados, y acceso a armeros, cámaras acorazadas e instalaciones de aquéllas; todo ello a efectos de inspección y control.

43.ª Artículo 145. Adopción de la medida cautelar de ocupación o precinto y ratificación de la misma, en su caso.

44.ª Artículo 147. Suspensión y ratificación de la suspensión, de servicios de seguridad privada o de la utilización de medios materiales o técnicos.

45.ª Artículo 157.2. Competencia para ordenar la incoación de procedimientos sancionadores y para adoptar medidas cautelares en relación con las empresas de seguridad[281].

46.ª Artículo 158. Competencia para la instrucción de procedimientos sancionadores a las empresas de seguridad.

47.ª Artículos 160 y 162. Competencia para la emisión de informe y para acordar la publicación de la sanción[282].

Segunda. Reducción de los mínimos de garantía.–Las cantidades determinantes de los mínimos de garantía, especificadas en el apartado I del anexo a este Reglamento, cualesquiera que fueren las actividades que realicen o servicios que presten, quedarán reducidas al 50 por 100, cuando se trate de empresas que tengan una plantilla de menos de 50 trabajadores, y durante dos años consecutivos no superen los 601.012,10 euros (100.000.000 de pesetas) de facturación anual[283].

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Queda derogado el apartado 2 del artículo 30 y el apartado 5 del artículo 43 del Reglamento de Seguridad Privada[284].

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Efectos de la falta de resoluciones expresas. Las solicitudes de autorizaciones, dispensas y exenciones, así como las de habilitaciones de personal, reguladas en el presente Reglamento se podrán considerar desestimadas y se podrán interponer contra su desestimación los recursos procedentes, si no recaen sobre ellas resoluciones expresas dentro del plazo de tres meses y de la ampliación del mismo, en su caso, salvo que tengan plazos específicos establecidos en el presente Reglamento, a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente, sin perjuicio de la obligación de las autoridades competentes de resolver expresamente.

Segunda. Uso o consumo de productos provenientes de Estados miembros de la Unión Europea.— Las normas contenidas en el presente Reglamento y en los actos y disposiciones de desarrollo y ejecución del mismo, sobre vehículos y material de seguridad, no impedirán el uso o consumo en España de productos provenientes de otros Estados miembros de la Unión Europea, que respondan, en lo concerniente a la seguridad, a normas equivalentes a las del Estado español, y siempre que ello se haya establecido mediante la realización de ensayos o pruebas de conformidad equivalentes a las exigidas en España.

ANEXO

Requisitos específicos de las empresas de seguridad, según las distintas clases de actividad

I. Requisitos de inscripción y autorización inicial [285]

1. Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, certámenes o convenciones.

A) Fase inicial.

Si se trata de sociedades, acreditar que cumple los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º

B) Segunda fase.

Relación del personal disponible en la que constará necesariamente el jefe de seguridad y los vigilantes de seguridad.

C) Tercera fase.

a) Tener instalado en los locales de la empresa, tanto en el principal como en los de las delegaciones o sucursales, armero o caja fuerte de las características que determine el Ministerio del Interior.

b) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada con una cuantía mínima de 300.506,10 euros por siniestro y año.

c) Tener constituida, en la forma que se determina en el artículo 7 de este reglamento, una garantía de 240.404,84 euros si el ámbito de actuación es estatal y de 48.080,97 euros, más 12.020,24 euros por provincia, si el ámbito de actuación es autonómico.

2. Protección de personas.

A) Fase inicial.

Si se trata de sociedades, acreditar que cumple los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º

B) Segunda fase.

Relación del personal disponible en la que constará necesariamente el jefe de seguridad y los escoltas privados.

C) Tercera fase.

a) Tener instalado en los locales de la empresa, tanto en el principal como en los de las delegaciones o sucursales, un armero o caja fuerte de las características que determine el Ministerio del Interior.

b) Tener concertado un seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera, con entidad debidamente autorizada con una cuantía mínima de 601.012,10 euros por siniestro y año.

c) Tener constituida, en la forma determinada en el artículo 7 de este reglamento, una garantía de 240.404,84 euros.

d) Disponer de medios de comunicación suficientes para garantizar la comunicación entre las unidades periféricas móviles y la estación base.

3. Depósito, custodia y tratamiento de objetos valiosos o peligrosos, y custodia de explosivos.

3.1 Objetos valiosos o peligrosos.

A) Fase inicial.

Si se trata de sociedades, acreditar que cumple los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º

B) Segunda fase.

Relación del personal disponible en la que constará necesariamente el jefe de seguridad y los vigilantes que integran el servicio de seguridad.

C) Tercera fase.

a) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada con una cuantía mínima de 601.012,42 euros por siniestro y año.

b) Tener constituida una garantía de 240.404,84 euros si se trata de empresa de ámbito estatal, y de 60.101,21 euros, más 12.020,24 euros por provincia, si es empresa de ámbito autonómico.

c) Tener instalado en los locales de la empresa, tanto en el principal como en los de las delegaciones o sucursales, armero o caja fuerte de las características determinadas por el Ministerio del Interior.

d) Tener instalada cámara acorazada y locales anejos de las características y con el sistema de seguridad que determine el Ministerio del Interior.

Los requisitos relativos a cámara acorazada, vigilantes de seguridad que integran el servicio de seguridad y armero o caja fuerte, se exigirán por cada inmueble que destine la empresa a esta actividad.

3.2 Explosivos.

A) Fase inicial.

Si se trata de sociedades, acreditar que cumple los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º

B) Segunda fase.

Servicio de seguridad compuesto por un jefe de seguridad y una dotación de, al menos, cinco vigilantes de explosivos, por cada depósito comercial o de consumo de explosivos en el que se preste servicio de custodia.

C) Tercera fase.

a) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada con una cuantía mínima de 601.012,10 euros por siniestro y año.

b) Tener constituida una garantía de 120.202,42 euros, si se trata de empresa de ámbito estatal, y de 30.050,61 euros, más 6.010,12 euros por provincia, si la empresa es de ámbito autonómico.

c) Depósito de almacenamiento y armero o caja fuerte, de las características y con el sistema de seguridad, en su caso, que determine el Ministerio del Interior.

4. Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y de explosivos.

4.1 Objetos valiosos o peligrosos.

A) Fase inicial.

Si se trata de sociedades, acreditar que cumple los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º

B) Segunda fase.

a) Relación del personal disponible en la que constará necesariamente el jefe de seguridad y los vigilantes de seguridad.

b) Seis vehículos blindados, si la empresa es de ámbito estatal y dos, si la empresa es de ámbito autonómico. Los vehículos tendrán las características que determine el Ministerio del Interior, estarán dotados de permiso de circulación, tarjeta de industrial y certificado acreditativo de la superación de la inspección técnica, todo ello a nombre de la empresa solicitante.

c) Local destinado exclusivamente a la guarda de los vehículos blindados fuera de las horas de servicio.

C) Tercera fase.

a) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada con una cuantía mínima de 601.012,10 euros por siniestro y año.

b) Una garantía de 240.404,84 euros, si la empresa es de ámbito estatal, y de 48.080,97 euros, más 12.020,24 euros por provincia, si es de ámbito autonómico.

c) Tener instalado en los locales de la empresa, tanto en el principal como en los de las delegaciones o sucursales, armero o caja fuerte de las características que determine el Ministerio del Interior.

d) Disponer de un servicio de telecomunicación de voz entre los locales de la empresa, tanto el principal como los de las sucursales o delegaciones, y los vehículos que realicen el transporte.

4.2 Explosivos.

A) Fase inicial.

Si se trata de sociedades, acreditar que cumplen los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º

B) Segunda fase.

a) Una plantilla compuesta por, al menos, dos vigilantes de explosivos por cada vehículo para el transporte de explosivos de que disponga la empresa y un jefe de seguridad cuando el número de vigilantes exceda de quince en total.

b) Disponer para el transporte de explosivos, al menos, de dos vehículos blindados con capacidad de carga superior a 1.000 kg cada uno, con las características que determina el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC, tipo 2), y con las medidas de seguridad que se establezcan, debiendo aportar los documentos que para su acreditación determine el Ministerio del Interior.

c) Local para la guarda de los vehículos durante las horas en que permanecieren inmovilizados.

C) Tercera fase.

a) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada con una cuantía mínima de 601.012,42 euros por siniestro y año.

b) Una garantía de 120.202,42 euros, si la empresa es de ámbito estatal, y de 30.050,61 euros, más 6.010,12 euros por provincia, si es de ámbito autonómico.

c) Tener instalado armero o caja fuerte de las características que determine el Ministerio del Interior.

d) Disponer de un servicio de telecomunicación de voz entre los locales de la empresa, tanto el principal como los de las sucursales o delegaciones, y los vehículos que realicen el transporte.

5. Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.

A) Fase inicial.

Si se trata de sociedades, acreditar que cumple los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º

B) Segunda fase.

a) Relación de personal disponible en la que constará necesariamente el ingeniero técnico y los instaladores.

b) Una zona o área restringida que, con medios físicos, electrónicos o informáticos, garantice la custodia de la información que manejaren y de la que serán responsables.

C) Tercera fase.

a) Tener constituida una garantía de 120.202,42 euros, para el ámbito estatal, y de 30.050,61 euros, más 6.010,12 euros por provincia, para el ámbito autonómico.

b) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada con una cuantía mínima de 300.506,05 euros por siniestro y año.

6. Explotación de centrales de alarma.

A) Fase inicial

Si se trata de sociedades, acreditar que cumple los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º

B) Segunda fase.

a) Elementos, equipos o sistemas capacitados para la recepción y verificación de las señales de alarma y su transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b) Locales cuyos requisitos y características del sistema de seguridad determine el Ministerio del Interior.

c) Un sistema de alimentación ininterrumpida de energía que garantice durante veinticuatro horas, al menos, el funcionamiento de la central en el caso de corte del suministro de fluido eléctrico.

C) Tercera fase.

a) Tener constituida una garantía de 120.202,42 euros.

b) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada con una cuantía mínima de 300.506,05 euros.

7. Planificación y asesoramiento de actividades de seguridad.

A) Segunda fase.

a) Relación del personal disponible en la que constará necesariamente personal facultativo con la competencia suficiente para responsabilizarse de los proyectos, en los casos en que su actividad tenga por objeto el diseño de proyectos de instalaciones y sistemas de seguridad.

b) Si se trata de sociedades, acreditar que cumple los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º

c) Un área o zona restringida que, con medios físicos, electrónicos o informáticos, garantice la custodia de la información que manejare la empresa y de la que será responsable.

d) Cuando el asesoramiento o la planificación tengan por objeto alguna de las actividades a que se refieren los párrafos a), b), c) y d) del artículo 5 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, disponer, en la plantilla, de personal que acredite, mediante la justificación del desempeño de puestos o funciones de seguridad pública o privada, al menos, durante cinco años, conocimientos y experiencia sobre organización y realización de actividades de seguridad.

B) Tercera fase.

a) Tener constituida una garantía por importe de 60.101,21 euros.

b) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada con una cuantía mínima de 300.506,05 euros por siniestro y año.

8. Requisitos de las empresas que tengan su domicilio en Ceuta y Melilla.

Las empresas de seguridad con domicilio social en Ceuta y en Melilla, que pretendan desarrollar su actividad únicamente en el ámbito de una de dichas ciudades, deberán cumplir los mismos requisitos establecidos en el presente anexo.

II. Requisitos de las empresas de ámbito autonómico

1. Las cantidades determinantes de los mínimos de garantía y de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada, especificadas en el apartado I de este anexo, como requisitos «De inscripción y autorización inicial», relativos a las empresas de ámbito autonómico, sean cuales fueren las actividades que realicen o servicios que presten, quedarán reducidas al 75 por ciento o al 50 por ciento, según que la población de derecho de las correspondientes comunidades autónomas sea inferior a 2.000.000 de habitantes y superior a 1.250.000, o inferior a 1.250.000 habitantes.

2. Las cantidades determinantes de los mínimos de garantía, especificadas en el apartado I de este anexo, relativas a las empresas de seguridad de ámbito autonómico, cualesquiera que fueren las actividades que realicen o servicios que presten, y cualquiera que fuere la población de derecho de las correspondientes comunidades autónomas, quedarán reducidas al 50 por ciento cuando se trate de empresas que, en el momento de la inscripción en el Registro, tengan una plantilla de menos de 50 trabajadores, y asimismo cuando, posteriormente, durante dos años consecutivos, no superen los 601.012,10 euros de facturación anual.

La reducción establecida en este apartado 2 no será acumulable a la relativa al mínimo de garantía, comprendida en lo dispuesto en el apartado anterior.

3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 precedentes, no se computarán las cantidades por provincia, especificadas en el apartado I de este anexo, en cuanto a garantía, respecto a las provincias que tengan menos de 250.000 habitantes de población de derecho.

4. Respecto a las empresas de seguridad de ámbito autonómico, dedicadas exclusivamente a instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, los requisitos establecidos en el apartado I.5 de este anexo, se aplicarán con las modificaciones que se especifican a continuación:

a) No necesitarán tener un ingeniero técnico en la plantilla a tiempo total, cuando ésta integre menos de cinco puestos de instaladores, si bien, alternativamente, habrán de tenerlo a tiempo parcial, o deberán contar, de forma permanente, mediante contrato mercantil, con los servicios de un ingeniero técnico que supervise y garantice técnicamente la instalación y el mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas. En todo caso, el ingeniero técnico habrá de estar específicamente cualificado par el ejercicio de su misión.

b) La garantía mínima a constituir será de 6.101,21 euros.

Sin embargo, será de 12.020,24 euros, cuando se trate de empresas no constituidas en forma de sociedad.

c) El contrato de seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada cubrirá una garantía mínima de 60.101,21 euros.

5. Las modificaciones de plantillas de las empresas autonómicas a que se refiere el presente apartado, que den lugar a su inclusión o exclusión del supuesto regulado en el apartado 2 anterior, producirán el cambio de los requisitos de inscripción y autorización de dichas empresas y determinarán la instrucción de los correspondientes expedientes de modificaciones de inscripción.

6. Cuando las empresas pretendan actuar en comunidades autónomas limítrofes, sin abarcar la totalidad del territorio nacional, deberán inscribirse en el Registro General de Empresas de Seguridad, pero podrán hacerlo con aplicación de los criterios cuantitativos, establecidos en este anexo, conjuntamente a los ámbitos territoriales autonómicos correspondientes, como si se tratara de un territorio autonómico único.

[1] Esta disposición se incluye teniendo en cuenta las modificaciones operadas por Reales Decretos 938/1997, de 20 de junio («BOE» núm. 148, de 21 de junio; corrección de errores en «BOE» núm. 163, de 9 de julio), 1123/2001, de 19 de octubre («BOE» núm. 281, de 23 de noviembre), Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo («BOE» núm. 61, de 12 de marzo), 1628/2009, de 30 de octubre («BOE» núm. 263, de 31 de octubre), y 195/2010, de 26 de febrero («BOE» núm. 60, de 10 de marzo), y 4/2008, de 11 de enero.

La disposición transitoria segunda del Real Decreto 938/1997, establece:

«1. Las empresas de seguridad autorizadas e inscritas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, que se encuentren comprendidas en los supuestos regulados en el mismo, podrán acogerse a sus preceptos, sin limitación de plazo, siguiendo el procedimiento previsto en el Reglamento de Seguridad Privada para las modificaciones de inscripción.

2. Asimismo, podrán acogerse a las previsiones del presente Real Decreto las empresas de seguridad cuyo procedimiento de autorización e inscripción se estuviese instruyendo en la fecha de entrada en vigor del mismo, debiendo adaptar al efecto la documentación necesaria, a cuyo efecto la Administración actuante suspenderá la instrucción del procedimiento, si así lo solicita la empresa interesada.»

Las disposiciones adicionales tercera y cuarta y transitoria segunda del Real Decreto 1123/2001, establecen:

«Disposición adicional tercera. Adecuación a la normativa europea. Referencias.–De conformidad con lo establecido en la disposición derogatoria única, apartado 2, del Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, todas las referencias a la nacionalidad y a la residencia contenidas en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado

por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, se entenderán hechas a la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea y a la de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y a la residencia en el territorio de dichos Estados.

Disposición adicional cuarta. Adecuación de referencias a la actual estructura administrativa.–Asimismo, todas las referencias contenidas en el Reglamento de Seguridad Privada al Ministerio de Justicia e Interior, a la Secretaría de Estado de Interior y a los Gobiernos Civiles, se entenderán hechas al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Estado de Seguridad y a las Delegaciones del Gobierno, respectivamente.

Disposición transitoria segunda. Vigencia de normas preexistentes.–Hasta tanto tenga lugar la aprobación de las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Real Decreto, continuarán en vigor las normas aplicables a los aspectos que remitan a ulterior desarrollo normativo y, concretamente, los siguientes:

a) La presentación de los contratos de servicio en las dependencias policiales correspondientes.

b) El modelo y contenido de los libros-registro que no hayan sido suprimidos por el presente Real Decreto, hojas de ruta y libro-catálogo de medidas de seguridad.

c) Los relativos a la formación previa y permanente del personal de seguridad.

d) La realización de pruebas por el personal que haya permanecido inactivo más de dos años.»

Por su parte, la disposición derogatoria del Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, dispone:

«1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este Real Decreto-ley.

2. No obstante, las previsiones contenidas en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que demanden, en virtud de lo previsto en este Real Decreto-ley, una posterior modificación, continuarán siendo de aplicación hasta que se proceda a dicha adaptación reglamentaria.

3. Las modificaciones reglamentarias a que se refiere el apartado anterior habrán de adoptarse en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.»

[2] El citado artículo 13 figura transcrito en nota al artículo 111 del Reglamento.

[3] Párrafo redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véase la disposición adicional tercera de la Ley de Seguridad Privada.

[4] Orden de 26 de junio de 1995, que figura como parágrafo 18.

[5] Dichos artículos establecen:

«Artículo primero. 3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

Art. 11. 2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.»

[6] Disposición adicionada por Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero («BOE» núm. 60, de 10 de marzo).

[7] Número 2.º redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[8] En la actualidad, Secretaría de Estado de Seguridad.

[9] Véase la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[10] Párrafo redactado por Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero («BOE» núm. 60, de 10 de marzo).

[11] Véanse los artículos 14 a 51 y el anexo de este Reglamento.

[12] Artículo redactado conforme al Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero). Véase el artículo 11 de este Reglamento.

[13] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

Véanse, asimismo, los artículos 1 a 5 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

Sobre aportación de documentos, véase el artículo 2 del Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto («BOE» núm. 199, de 20 de agosto; corrección de erratas en «BOE» núm. 250, de 19 de octubre), por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones.

[14] Véanse los artículos 405 y 406 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio («BOE» núm. 184, de 31 de julio).

[15] Véase el artículo 5 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[16] Artículo redactado conforme al Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero).

Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

Véase, asimismo, el artículo 4 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[17] Artículo redactado conforme al Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero).

[18] Véase el Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero («BOE» núm. 48, de 25 de febrero; corrección en «BOE» núm. 78, de 1 de abril).

[19] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero).

[20] Véanse el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 4.1 y el anexo apartado A), 3, del Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto («BOE» núm. 199, de 20 de agosto; corrección de erratas en «BOE» núm. 250, de 19 de octubre), por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones.

Véase, asimismo, la disposición final primera de este Reglamento.

Véase, igualmente, la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

[21] Por Orden INT/985/2005, de 7 de abril («BOE» núm. 90, de 15 de abril), se delega en el Director general de la Policía la facultad para acordar la cancelación de la inscripción de las empresas de seguridad por las causas que se determinan en este artículo.

Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[22] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero).

Véase el artículo 8 del Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero.

[23] Véase el artículo 148.7.a) y b) de este Reglamento.

Véase, asimismo, el artículo 13 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[24] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[25] Véase el artículo 148.1.c) de este Reglamento.

[26] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[27] Conforme dispone el Real Decreto 1571/2007, de 30 de noviembre («BOE» núm. 288, de 30 de noviembre), las referencias del ordenamiento jurídico a las suprimidas Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil o a sus titulares se entenderán realizadas a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil o a su titular.

Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[28] Véase el artículo 150.4 de este Reglamento.

[29] Disposición adicional primera de este Reglamento.

[30] Véanse el artículo 150.3 y la disposición adicional primera de este Reglamento.

[31] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero).

[32] Véanse los artículos 32 y 149.2.a) de este Reglamento.

Véanse, asimismo, los artículos 10 y 11 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[33] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[34] Artículos 25, 31.2, 35, 43.4, 51, 108 y 135 de este Reglamento.

[35] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véase el artículo 148.4 de este Reglamento.

[36] Véanse los artículos 16 a 18 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[37] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[38] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[39] Artículo declarado nulo de pleno derecho por Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2007 («BOE» núm. 55, de 5 de marzo).

[40] Véanse los artículos 5 y siguientes de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[41] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[42] Respecto del libro-registro, véase la Resolución de 16 de noviembre de 1998 (§ 4).

[43] Véanse la disposición transitoria sexta del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el presente Reglamento; el artículo 148.5.d) y e) del mismo, y el artículo 6.5 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[44] Véanse los artículos 120 a 128 del Reglamento de Armas (§ 11), y la Orden de 24 de febrero de 1994 por la que se aprueban los modelos de licencias, autorizaciones, tarjetas y guías de pertenencia que serán utilizadas para documentar las diversas clases de armas (§ 12).

[45] Las referencias del ordenamiento jurídico a las suprimidas Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil o a sus titulares se entenderán realizadas a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil o a su titular (Real Decreto 1571/2007, de 30 de noviembre («BOE» núm. 288, de 30 de noviembre).

[46] Véase la Resolución de 28 de febrero de 1996 por la que se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada (§ 17).

[47] Artículos 150 a 152.

[48] Véanse los artículos 88 a 91, 149.4.a) y la disposición adicional primera de este Reglamento.

[49] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

Véase, asimismo, la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

[50] Disposición adicional primera de este Reglamento.

[51] Apartado derogado por la disposición derogatoria única del presente Reglamento, incorporada al mismo por Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre («BOE» núm. 281, de 23 de noviembre).

[52] Téngase en cuenta la disposición adicional primera de este Reglamento.

[53] Véanse los artículos 9 y 20 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[54] Véase el Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

[55] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

En relación con el libro-registro, véase la Resolución de 16 de noviembre de 1998 (§ 4).

[56] Véanse los artículos 11 y 21 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[57] Véanse el artículo 11 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3) y nota al mismo.

[58] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[59] El citado Reglamento se derogó por Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, y éste, a su vez, por Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo («BOE» núm. 113, de 12 de mayo), por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera.

[60] Véase el artículo 11 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[61] Véase el artículo 149.2.b) de este Reglamento.

[62] Apartado redactado de acuerdo con el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo.

[63] Los artículos 245 a 248 del citado Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, regulan la guía de circulación.

[64] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[65] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Respecto al libro-registro, véase la Resolución de 16 de noviembre de 1998 (§ 4).

[66] Las referencias del ordenamiento jurídico a las suprimidas Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil o a sus titulares se entenderán realizadas a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil o a su titular (Real Decreto 1571/2007, de 30 de noviembre («BOE» núm. 288, de 30 de noviembre).

Véase el artículo 21.4 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

Véase, asimismo, la disposición adicional primera de este Reglamento.

[67] Aprobados por Reales Decretos 137/1993, de 29 de enero y 230/1998, de 16 de febrero.

[68] Véanse, básicamente, las disposiciones siguientes:

Reglamento Nacional sobre el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea e instrucciones técnicas para dicho transporte, aprobados por Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto («BOE» núm. 236, de 2 de octubre).

Real Decreto 412/2001, de 20 de abril («BOE» núm. 8, de 5 de mayo), por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo («BOE» núm. 113, de 12 de mayo), por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera.

[69] Artículo 52.2 a) de este Reglamento.

[70] Véanse el anexo I.5 de este Reglamento y los artículos 22 y 23 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[71] Apartado redactado por Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero («BOE» núm. 60, de 10 de marzo).

[72] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[73] Véanse la disposición transitoria quinta.1.B) del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el presente Reglamento, y los artículos 148.3 y 154.1 del mismo.

[74] Por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto («BOE» núm. 224, de 18 de septiembre), se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

[75] Sobre centrales de alarma, véanse los artículos 46 a 51 de este Reglamento.

[76] Artículo redactado por Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero («BOE» núm. 60, de 10 de marzo). Véase el artículo 4 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19).

[77] Véase el artículo 5 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19).

[78] Los apartados 1 y 2 de este artículo han sido redactados por Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero.

[79] En relación con los libros-registros, véase la Resolución de 16 de noviembre de 1998 (§ 4).

[80] Apartado derogado por la disposición derogatoria única del presente Reglamento, incorporada al mismo por Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre («BOE» núm. 281, de 23 de noviembre).

[81] Véase el artículo 150.14 de este Reglamento.

[82] Véanse la disposición adicional primera de este Reglamento y el artículo 5.4 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19).

[83] Véase el artículo 150.15 de este Reglamento y la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19).

[84] Apartado redactado por Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero («BOE» núm. 60, de 10 de marzo) y el artículo 5.4 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19).

[85] Véanse el anexo I.6 de este Reglamento y los artículos 12 y 25 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[86] Véase el artículo 149.8.a) de este Reglamento.

[87] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véase el artículo 149.8.b) de este Reglamento y los artículos 12 y 13 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19).

[88] Véase el artículo 150.16 de este Reglamento.

Véanse, asimismo, el artículo 12.3 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3) y el artículo 10 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19).

[89] Véase el artículo 29.3 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[90] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[91] Véase el artículo 149.8.c) y d) y la disposición adicional primera de este Reglamento.

[92] Véase el artículo 14 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19).

[93] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre. Véase el artículo 15 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19).

[94] Respecto del libro-registro, véase la Resolución de 16 de noviembre de 1998 (§ 4).

[95] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Respecto al Libro-Registro de Contratos a que alude el texto anotado, téngase en cuenta la nueva redacción dada al artículo 19 del presente Reglamento por el Real Decreto citado, que lo suprime.

[96] Véanse las disposiciones que figuran como parágrafos 5 a 18.

[97] Véase la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[98] Véanse los artículos 10 y ss. de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[99] Véanse el artículo 14 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5) y el anexo 5 de la misma.

[100] Véanse los artículos 15 y 16 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[101] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero). Véanse el artículo 104 de este Reglamento y el artículo 13.2 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[102] Véase el artículo 10.2.b) de la Ley de Seguridad Privada.

[103] Véase el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y prestar servicios de seguridad, que figura como parágrafo 15.

[104] Véanse los artículos 136 y 137 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre («BOE» núm. 281, de 24 de noviembre), del Código Penal. Véanse los artículos 3 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre («BOE» núm. 240, de 7 de octubre) y 19 a 21 del Real Decreto 95/2009, 6 de febrero («BOE» núm. 33, de 7 de febrero), todos ellos relativos a la cancelación de antecedentes penales.

[105] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero). Véanse las Resoluciones de 19 de enero de 1996 y 18 de enero de 1999, que figuran como parágrafos 7 y 9.

[106] Véase el citado Reglamento en el parágrafo 11. Véase, asimismo, el Real Decreto 2487/1998, de 20 de diciembre (§ 15).

[107] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero). Véase el artículo 5.2.b) de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[108] Artículo adicionado por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero).

[109] Véanse los artículos 1 a 9 de la Orden INT/318/2011, de 1 de junio, sobre personal de seguridad privada (§ 5) y las Resoluciones de 19 de enero de 1996 y 18 de enero de 1999, que figuran como parágrafos 7 y 9, respectivamente.

[110]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[111] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[112] Véanse la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y los artículos 10 a 18 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[113] Véanse las Resoluciones de 19 de enero de 1996 y 18 de enero de 1999, que figuran como parágrafos 7 y 9, respectivamente.

[114]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véase el artículo 10 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[115] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véase el artículo 5 de este Reglamento.

[116] Por Orden INT/985/2005, de 7 de abril («BOE» núm. 90, de 15 de abril), se delega en el Comisario general de Seguridad Ciudadana la facultad para acordar la expedición de la tarjeta de identidad profesional.

[117] Por Orden INT/985/2005, de 7 de abril («BOE» núm. 90, de 15 de abril), se delega en los Jefes de Comandancia las atribuciones para la expedición de las tarjetas de identidad profesional de los Guardas particulares del Campo.

[118] Véanse sus artículos 120 a 128 (§ 11). Véase, asimismo, el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre (§ 15), que regula la acreditación psicofísica.

[119] Véase el artículo 70.2 de este Reglamento.

[120] Los dos últimos párrafos de este artículo se adicionaron por Real Decreto 938/1997, de 20 de junio («BOE» núm. 148, de 21 de junio; corrección de errores en «BOE» núm. 163, de 9 de julio).

Téngase en cuenta la nueva redacción dada al artículo 54.2 a) del presente Reglamento por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

[121] Véanse el artículo 6 y el anexo 3 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[122] Artículo redactado conforme con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero). Véase el artículo 12 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[123] Por Orden INT/985/2005, de 7 de abril («BOE» núm. 90, de 15 de abril), se delega en los Directores Generales de la Policía y de la Guardia Civil la facultad de acordar la pérdida de la habilitación de los vigilantes de seguridad y de los guardias particulares del campo, respectivamente, por las causas que se determinan en el artículo anotado.

[124] Véase el artículo 13.4 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[125] Actualmente apartado 6 del artículo 10 de la citada Ley. Véase el artículo 19 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[126] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero). Véase el artículo 10.3 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[127] Las referencias del ordenamiento jurídico a las suprimidas Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil o a sus titulares se entenderán realizadas a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil o a su titular (Real Decreto 1571/2007, de 30 de noviembre).

La sentencia del Tribunal Constitucional 154/2005, de 9 de junio (suplemento al «BOE» núm. 162, de 8 de julio), declara que vulneran las competencias de la Generalidad de Cataluña las facultades de ejecución atribuidas a órganos de la Administración General del Estado por el apartado 3 del artículo anotado.

Véase el artículo 13.4 de la Orden 318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[128] Véase el artículo 151.5.b) de este Reglamento.

[129] Véanse los artículos 97 y 151.5.a) de este Reglamento; 17.3 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero («BOE» núm. 46, de 22 de febrero), sobre protección de la seguridad ciudadana, y 4.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo («BOE» núm. 63, de 14 de marzo), de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el artículo 32 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[130] Véase el artículo 36 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5) y la disposición adicional primera de este Reglamento.

[131] Véase el artículo 31 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[132] Véanse los artículos 144 y 145 del Reglamento de Armas de 29 de enero de 1993 («BOE» núm. 55, de 5 de marzo; corrección de errores en «BOE» núm. 95, de 21 de abril). Véase, asimismo, el artículo 153.6 del presente Reglamento.

[133]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[134] Véase el artículo 76 de este Reglamento.

[135] Véanse el artículo 77 de este Reglamento y nota al mismo.

[136] Véase el artículo 153.7 de este Reglamento.

[137] Véanse el artículo 32 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5) y el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo («BOE» núm. 63, de 14 de marzo), de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

[138] Véanse las Instrucciones de la Agencia de Protección de Datos 1/1996, de 1 de marzo («BOE» núm. 62, de 12 de marzo), y 2/1996, de 1 de marzo («BOE» núm. 62, de 12 de marzo), sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios y a los casinos y salas de bingo, respectivamente.

[139] Véase el artículo 152.1.c) de este Reglamento.

[140] Véase el artículo 795.1.1.ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

[141]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[142] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[143] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[144] Véanse, el artículo 86.4 del presente Reglamento y las Órdenes DEF/467/2011, de 2 de marzo, por la que se aprueban las Normas para la colaboración del Ministerio de Defensa en la formación de los vigilantes de seguridad privada encargados de la prestación del servicio de seguridad en buques que naveguen bajo bandera española y para el apoyo logístico en el transporte del material imprescindible empleado en su servicio (§ 10) y PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero (§ 14).

[145] Artículo redactado por Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre.

[146] Véase el artículo 151.2.b) de este Reglamento.

[147] Véanse el artículo 25.4 de este Reglamento, los artículos 20 y 28 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5) y cuarto de la Resolución de 19 de enero de 1996 (§ 7).

[148] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre. Véase el artículo 151.2 b), c) y d) de este Reglamento.

[149] Véanse el artículo 21 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5), la Resolución de 28 de febrero de 1996 (§ 17) y el anexo del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

[150]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véanse los artículos 148.5.f) de este Reglamento y 39.4 del Reglamento de Armas.

[151] Véase el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre (§ 15), por el que se regula la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.

[152] Véase el artículo 19 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[153] Véase el artículo 26 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[154] Artículo redactado por Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre. Véanse la Orden DEF/467/2011, de 2 de marzo, por la que se aprueban las Normas para la colaboración del Ministerio de Defensa en la formación de los vigilantes de seguridad privada encargados de la prestación del servicio de seguridad en buques que naveguen bajo bandera española y para el apoyo logístico en el transporte del material imprescindible empleado en su servicio (§ 10) y la Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero (§ 14).

[155] Véase el artículo 150.17 de este Reglamento.

[156] Véanse los artículos 22 a 25 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

Las características técnicas de los uniformes y distintivos de los vigilantes de seguridad se establecen en el anexo 9 de la Resolución de 19 de enero de 1996 (§ 7); las relativas a uniformes y distintivos de los guardas particulares del campo, en el anexo 2 de la Resolución de 18 de enero de 1999 (§ 9). Dado su carácter eminentemente técnico y teniendo en cuenta la naturaleza de esta obra, dichos anexos no se incluyen en la misma.

[157]Téngase en cuenta la disposición adicional quinta de la Ley de Seguridad Privada, añadida por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, para posibilitar que los escoltas privados realicen funciones de acompañamiento y protección de autoridades públicas.

[158] Véase el artículo 152.1.d) de este Reglamento.

[159] Véase el artículo 27 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[160] Véase el artículo 6.6 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3) y el artículo 28 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[161] Véase, al respecto, el artículo 27 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[162] Véase la Resolución de 28 de febrero de 1996 (§ 17).

[163] Véase el artículo 66 de este Reglamento.

[164] Artículo 73 de este Reglamento.

[165] Véase el artículo 74 de este Reglamento.

[166] Artículo 83 de este Reglamento.

[167] Véase el artículo 85 de este Reglamento.

[168] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio.

[169] Véanse el artículo 29 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5) y la Orden de 15 de febrero de 1997 (§ 13).

[170] Véase el artículo 6.7 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[171] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[172] Artículo 66 de este Reglamento.

[173] Véase el artículo 52.2 de este Reglamento.

[174] Artículo 73 de este Reglamento.

[175] Véase el artículo 74 de este Reglamento.

[176] Artículo 75 de este Reglamento.

[177] Véase el artículo 76 de este Reglamento.

[178] Letra redactada de acuerdo con el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio.

Véase el artículo 84 de este Reglamento.

[179] Artículo 83 de este Reglamento.

[180] Véase el artículo 85 de este Reglamento.

[181] Artículo 87 de este Reglamento.

[182] Véase el artículo 72 de este Reglamento.

[183] Epígrafe redactado de conformidad con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero).

[184] Véase el apartado 12 de la Resolución de 28 de febrero de 1996 (§ 17).

[185] Artículo redactado de conformidad con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero).

[186] Véanse los artículos 112.2 y 117 y la disposición adicional primera de este Reglamento.

[187] Artículo redactado de conformidad con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero).

Artículos 112.2 y 117 y disposición adicional primera de este Reglamento.

[188]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[189] Artículo redactado de conformidad con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero («BOE» núm. 11, de 12 de enero).

[190] Véase el artículo 18 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[191] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre. Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[192] Véase el artículo 152.1.b) del presente Reglamento.

[193] Artículo 151.3 de este Reglamento.

[194] Véase el artículo 151.3 de este Reglamento.

[195] Véase el artículo 151.1.c) de este Reglamento.

[196]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[197] Disposición adicional primera del presente Reglamento.

[198] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

[199]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véanse el artículo 152.1.a) y la disposición adicional primera de este Reglamento.

[200] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

Véase el artículo 17 y el anexo 7 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[201]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[202] El artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1992 establece:

«Art. 13. 1. El Ministerio del Interior podrá ordenar, conforme a lo que se disponga reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.

2. No obstante, las autoridades competentes podrán eximir de la implantación o el mantenimiento de medidas de seguridad obligatorias a los establecimientos cuando las circunstancias que concurran en el caso concreto las hicieren innecesarias o improcedentes.

3. La apertura de los establecimientos que estén obligados a la adopción de medidas de seguridad estará condicionada a la comprobación, por las autoridades competentes, de la idoneidad y suficiencia de las mismas.

4. Los titulares de los establecimientos e instalaciones serán responsables de la adopción o instalación de las medidas de seguridad obligatorias, de acuerdo con las normas que respectivamente las regulen, así como de su efectivo funcionamiento y de la consecución de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida, sin perjuicio de la responsabilidad en que al respecto puedan incurrir sus empleados.»

[203] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[204] Véanse el artículo 3 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19) y el artículo 3.3 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[205] Disposición adicional primera de este Reglamento.

[206] Véase el artículo 114 de este Reglamento y el artículo 3 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19).

[207]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[208] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

[209] Véanse los artículos 39 a 45 y el apartado 5 del anexo del presente Reglamento.

[210] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[211] Véase la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[212] Véanse los artículos 3 a 15 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[213] Véanse la disposición adicional tercera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el presente Reglamento, y la Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada (§ 21). Véase, asimismo, el apartado tercero de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[214] Véase la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre («BOE» núm. 296, de 12 de diciembre), de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

[215] Véase el artículo 5 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[216] Artículo 5 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[217] Véanse los artículos 3.1.a) y 6.3 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[218] Véase el artículo 3.2.b) de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[219] Véase el artículo 7 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[220] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[221] Véanse los artículos 8 y 10 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[222] Disposición transitoria quinta del Real Decreto por el que se aprueba este Reglamento.

[223] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[224] Véanse los artículos 9, 12, 13 y 14 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[225]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[226] Véase el artículo 15 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[227] Véase la nota al artículo 120.1.d) de este Reglamento.

[228] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[229] Disposición adicional primera de este Reglamento.

[230] Véanse los artículos 17 a 19 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[231] Disposición transitoria quinta del Real Decreto por el que se aprueba el presente Reglamento.

[232] Véase la nota al artículo 120.1.d) de este Reglamento.

[233] Véase el artículo 18 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[234] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[235] Disposición adicional primera de este Reglamento.

[236] Véanse los artículos 20 y 21 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[237] Véase la disposición adicional primera del presente Reglamento.

[238] Disposición adicional primera de este Reglamento.

[239] Véase el artículo 22 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[240] Disposición transitoria quinta del Real Decreto por el que se aprueba este Reglamento.

[241] Véase el artículo 23 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[242] Véase el artículo 25 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[243] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[244] Véase el artículo 25 de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada (§ 20).

[245] Disposición transitoria quinta del Real Decreto por el que se aprueba este Reglamento.

[246] Véase el artículo 43 del presente Reglamento.

Respecto del libro-catálogo, véase la Resolución de 16 de noviembre de 1998 (§ 4).

[247]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[248] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[249]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[250] Disposición adicional primera de este Reglamento.

[251] Conforme dispone el Real Decreto 1571/2007, de 30 de noviembre («BOE» núm.288, de 30 de noviembre), las referencias del ordenamiento jurídico a las suprimidas Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil o a sus Titulares se entenderán realizadas a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil o a su titular.

[252] Respecto a los ficheros automatizados a que alude el texto anotado, téngase en cuenta la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre («BOE» núm. 298, de 14 de diciembre), de protección de datos de carácter personal y su reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre («BOE» núm. 17, de 19 de enero de 2008).

[253] Véanse el artículo 149.7 y la disposición adicional primera de este Reglamento.

[254] Véase el artículo 150.5 de este Reglamento.

[255] Redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

[256] Véase el artículo 150.6 de este Reglamento.

[257] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[258]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Véase el artículo 2.4 de la Ley de Seguridad Privada (§ 1), el artículo 152.7 y la disposición adicional primera de este Reglamento.

[259] Véase el artículo 148.4 de este Reglamento.

[260] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[261]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[262] Disposición adicional primera de este Reglamento.

[263] Véanse los artículos 563 a 565 del Código Penal.

[264] Véase el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero («BOE» núm. 46, de 22 de febrero), sobre protección de la seguridad ciudadana.

[265] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento y el artículo 15 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada (§ 19).

[266] Las letras b) y c) de este apartado han sido redactadas de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

[267]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[268] Número 3 redactado de acuerdo con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

[269] Inciso anulado por Sentencia de 15 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo («BOE» núm. 52, de 2 de marzo.

[270]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[271] Número redactado de conformidad con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

[272] Número redactado conforme con el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

[273]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[274]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[275] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[276] Disposición adicional primera de este Reglamento.

[277]Redactado de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

Téngase en cuenta la disposición adicional primera de este Reglamento.

[278] Véase la disposición adicional primera de este Reglamento.

[279] Disposición redactada de acuerdo con el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[280] Apartado redactado conforme al Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

[281] El artículo 157 no tiene apartado 2.

[282] Debe querer decir «artículos 159 y 161».

[283] Disposición añadida por Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[284] Adicionada por Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre.

[285] Se incluye este Anexo conforme a la redacción dada al mismo por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

EMPRESAS DE SEGURIDAD

§ 3 ORDEN INT/314/2011, DE 1 DE FEBRERO (INTERIOR) SOBRE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA [*]

(«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2011; corrección de errores en «BOE» núm. 61, de 12 de marzo)

En cumplimiento de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, el Ministro del Interior aprobó la Orden de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, regulando aquellos extremos pendientes de desarrollo y necesarios para una aplicación efectiva de los preceptos contenidos la Ley y norma reglamentaria mencionadas.

Concretamente en materia de empresas de seguridad, el Reglamento contempla aspectos referidos a la autorización de las empresas, las características de las medidas de seguridad físicas y electrónicas con las que obligatoriamente deben contar las empresas, en las diferentes actividades que desarrollan y, en particular, aquellos elementos que requieren una mayor atención teniendo en cuenta la función para la que están previstos.

Para ello, la Orden de 23 de abril de 1997 incorporó las Normas españolas denominadas UNE vigentes en el momento con el fin de disponer de un modelo de referencia sobre el que establecer y exigir las obligaciones impuestas en la normativa reglamentaria.

La presente disposición tiene por objeto la actualización de las Normas europeas EN de seguridad física aplicables en la actualidad, así como la inclusión de las nuevas Normas reguladoras de las características que deberán reunir los sistemas de seguridad electrónicos instalados.

En este mismo sentido, la presente Orden facilita la incorporación de todas aquellas disposiciones nacionales y europeas que modifiquen las ya existentes, con el fin de mantener actualizados los aspectos tecnológicos inherentes a dichas normas, incluida la certificación de producción de todos los elementos que forman parte de la seguridad física y electrónica de las instalaciones de seguridad.

Todas las Normas contenidas en esta Orden aparecen recogidas en el anexo I bajo el título de «Relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación».

Por otra parte, la presente Orden determina los grados de seguridad de los sistemas instalados en las sedes o delegaciones de las empresas, en función de la actividad autorizada; simplifica y refuerza las medidas de seguridad de los armeros, cuya presencia es obligatoria en las empresas o lugares donde se prestan servicios con armas; modifica y actualiza las características de las que deben disponer los vehículos destinados al transporte de fondos, valores y objetos valiosos, mejorando sus sistemas de comunicación y localización y, finalmente, se da nueva redacción a algunos artículos de la normativa anterior, definiendo con mayor precisión aquellos conceptos cuya compleja interpretación había dificultado su aplicación práctica.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de notificación en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información. De acuerdo con la normativa reglamentaria citada, la presente Orden recoge una disposición adicional que permite el uso o consumo en España de productos procedentes de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, siempre y cuando sus condiciones técnicas y de seguridad sean equivalentes a las exigidas por la normativa vigente en España.

De igual manera, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, así como al conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Autorización de empresas de seguridad

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 1. Solicitudes de autorización.–Para poder desarrollar sus actividades, las empresas de seguridad deberán solicitar su autorización mediante la inscripción en el correspondiente Registro, a través de instancia dirigida a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su caso, al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma que tenga competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía, y lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando aquéllas tengan su domicilio social en la Comunidad Autónoma y su ámbito de actuación esté limitado a la misma.

Art. 2. Modelo de solicitud.–Las solicitudes incluirán los datos a que se refiera el modelo oficial único disponible, en cada momento, en la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su caso, de las Comunidades Autónomas competentes, debiendo acreditarse el cumplimiento de los requisitos generales y específicos señalados en el artículo 5 y en el anexo, respectivamente, del Reglamento de Seguridad Privada.

Art. 3. Lugares de presentación.–1. Dichas solicitudes se presentarán en el Registro de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía (Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada), o, en su caso, del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente.

2. Igualmente, se podrán presentar a través de la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, una vez que este procedimiento se incluya en el anexo de la Orden INT/3516/2009, de 29 de diciembre, por la que se crea un registro electrónico, en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su caso, en la correspondiente de las Comunidades Autónomas competentes.

Art. 4. Comprobaciones, inspecciones y resolución.–1. La Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su caso, el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, realizará, directamente o a través de las dependencias policiales respectivas, las comprobaciones e inspecciones precisas. Seguidamente, procederá a formular la propuesta correspondiente de autorización, previa emisión, por parte de la Unidad Orgánica correspondiente del Cuerpo de la Guardia Civil, del informe sobre la idoneidad de la instalación de los armeros, al que se refiere el apartado tercero del artículo 5 del Reglamento de Seguridad Privada.

2. El Director General de la Policía y de la Guardia Civil, o en su caso, el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, dispondrá la inscripción en el registro y autorizará la entrada en funcionamiento de aquellas empresas que cumplan los requisitos generales y específicos.

3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 10 del Reglamento de Seguridad Privada, el órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá copia de la inscripción efectuada al Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, existente en la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

Art. 5. Sistemas de seguridad.–1. Las empresas de seguridad dispondrán en su sede y en la de sus delegaciones de un sistema de seguridad, físico y electrónico, compuesto de los siguientes elementos, como mínimo:

a) Puerta o puertas de acceso blindadas, de clase de resistencia V, de acuerdo con la Norma UNE-ENV 1627 la parte opaca, y con nivel de resistencia P5A al ataque manual, de acuerdo con la Norma UNE-EN 356 la parte translúcida, debiendo contar en ambos casos con cercos reforzados y contactos magnéticos, como mínimo de mediana potencia.

b) Ventanas o huecos protegidos con rejas fijas, macizas y adosadas, o empotradas, de acuerdo con la Norma UNE 108142, o con ventanas y cercos con una clase de resistencia V, de acuerdo con la Norma UNE-ENV 1627, y protección electrónica.

c) Equipos o sistemas de captación y registro de imágenes, en su interior o exterior, indistintamente.

d) Elementos que permitan la detección de cualquier ataque en todas las paredes medianeras con edificios o locales ajenos a la propia empresa.

e) Sistema de detección volumétrica.

f) Conexión con una central de alarmas mediante doble vía de comunicación, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal por la otra o bien una sola vía que permita la transmisión digital con supervisión permanente de la línea y una comunicación de respaldo (backup).

2. Los sistemas de alarma deberán cumplir los requisitos contenidos en las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en aquellas Normas llamadas a reemplazar a las citadas Normas, según sean de aplicación a los diferentes tipos de sistemas.

Sección 2.ª Requisitos específicos

Art. 6. Armeros.–1. Los armeros que hayan de tener las empresas de seguridad en su sede o en sus delegaciones o sucursales, deberán reunir, para la custodia de las armas, al menos, las siguientes medidas de seguridad:

a) Pasivas: Mínimo grado de seguridad 3 según clasificación establecida en las Normas UNE-EN 1143-1 cuando se trate de caja fuerte, y en caso de cámara acorazada deberá contar con un muro acorazado con un mínimo grado de seguridad 5, determinado en la Norma UNE-EN 1143-1, dotado de puerta acorazada y trampón, si lo hubiere, con el mismo grado de seguridad.

El recinto privado donde estén ubicados los armeros deberá contar en sus paredes con un grado de seguridad 2 de la Norma UNE EN 1143-1, y la puerta de acceso deberá ser blindada, con una clase de resistencia V de la Norma UNE-ENV 1627, estando dotada además de cerradura de seguridad. Dicho recinto estará únicamente destinado para la ubicación de los armeros de las sedes o delegaciones de las empresas de seguridad.

Cuando las circunstancias constructivas del inmueble impidan la construcción del recinto privado, podrá sustituirse el mismo por una caja fuerte con un grado mínimo de seguridad 3 de la Norma UNE-EN 1143-1, con capacidad suficiente para instalar en su interior los armeros de la empresa. Cuando el peso de la caja sea inferior a 2.000 kilos, la caja deberá estar anclada al suelo, pared, o estructura de hormigón, en habitáculo protegido con un sistema de alarma de grado 3, según la Norma UNE 50131-1, y restringido su acceso a personal no autorizado.

b) Activas: Los recintos donde se ubiquen los armeros estarán dotados de elementos de detección, de los clasificados de grado 3 en la Norma UNE 50131-1, que permitan detectar cualquier tipo de ataque a través de paredes, techo o suelo.

La puerta blindada del recinto privado, que tendrá una clase de resistencia V conforme a la Norma UNE-ENV 1627, estará dotada de, al menos, un detector que alerte de la apertura no autorizada y/o de la rotura de la misma o del detector, y en su interior existirá detección volumétrica de grado 3 contenida en la Norma UNE 50131-1, protegiendo los armeros. Además, la puerta de la caja/armero estará dotada de un dispositivo que detecte su apertura no autorizada o la rotura de la misma.

Dichos sistemas de alarma estarán diferenciados de otros sistemas ubicados en las instalaciones, debiendo estar conectados a una central de alarma y contar con dos vías de comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la alarma por la otra, o bien con una sola vía que permita la transmisión digital con supervisión permanente de la línea y una comunicación de respaldo (backup).

2. Los armeros instalados en los lugares de prestación de servicio a que se refiere el apartado primero del artículo 25 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán reunir, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad:

a) Pasivas: Mínimo grado de seguridad 3 según las Normas UNE EN 1143-1 en todo su conjunto. Si se dispone de servicio permanente de vigilancia con observación continua de la caja fuerte/armero o el citado lugar ya dispone de una cámara acorazada, el mínimo grado de seguridad será de tipo 1 de la citada Norma, debiendo, en el segundo supuesto, instalarse en el interior de dicha cámara. Su ubicación estará en un lugar reservado, fuera de la vista del público, donde únicamente tenga acceso el personal de seguridad privada que desarrolla el servicio.

b) Activas: Estarán protegidos permanentemente mediante detección volumétrica de la clasificada de grado 3 en la Norma UNE 50131-1, y la puerta estará dotada de un dispositivo que detecte la apertura no autorizada y/o la rotura del mismo.

Cuando no estén instalados en el interior de una cámara acorazada y sean autorizados para la custodia de más de tres armas, dispondrán de las medidas determinadas en el párrafo primero de la letra b) del apartado anterior.

Las características técnicas de dichas medidas vendrán recogidas en el plan de protección de los lugares de prestación de servicio a que se refiere el apartado primero del artículo 25 del Reglamento de Seguridad Privada.

3. El número de armas que se podrá autorizar en depósito, será el correspondiente al volumen del armero, teniendo en cuenta que el volumen medio de un arma corta es de 3,5 litros, el de un arma larga es de 7 litros, el de los fusiles de asalto del calibre 5,56 × 45 mm. es de 20 litros, el de las ametralladoras del calibre 7,62 mm. es de 30 litros y, finalmente, el de las ametralladoras del calibre 12,70 mm. es de 80 litros.

Respecto a la cartuchería, cuyo almacenamiento se hará en armero independiente al de las armas, con el mismo grado de seguridad que el exigido para éstas, se tendrá en cuenta que para cada 100 cartuchos de arma corta y larga de vigilancia de guardería se necesitarán 1,5 litros de capacidad; para 1.000 cartuchos del calibre 5,56 × 45 mm. se necesitarán 6 litros; para 1.000 cartuchos del calibre 7,76 mm. se necesitarán 13 litros; y para 100 cartuchos del calibre 12,70 en cinta con caja se necesitarán 7,5 litros.

En los supuestos contemplados en el apartado primero del artículo 25 del Reglamento de Seguridad Privada, cuando la dotación de cartuchería sea la mínima exigible para cada una de las armas depositadas, no será necesario contar con armeros independientes.

4. En las sedes o delegaciones en que hayan de tener armeros, las empresas de seguridad dispondrán de un plan de protección con contrato de instalación, mantenimiento y revisión del sistema electrónico, instalado por una empresa del sector autorizada, con certificación de que, al menos, se cumplen las medidas de seguridad contempladas en el apartado primero.

El mencionado plan contendrá, además de las medidas técnicas anteriormente descritas, las del sistema de seguridad enumeradas en el artículo 5.

Las revisiones periódicas de las medidas de seguridad se realizarán por la empresa de mantenimiento en períodos máximos de un año, salvo que circunstancias ambientales, de seguridad o de otra clase aconsejaran, a juicio del Interventor de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil, la reducción de dichos períodos.

5. En los supuestos del apartado cuarto del artículo 25 del Reglamento de Seguridad Privada, en que los armeros puedan ser sustituidos por la caja fuerte del local, ésta deberá ser punto de activación de una señal de alarma, diferenciada del resto de las señales de alarma existentes en el establecimiento o local.

Dicha caja fuerte no debe dar custodia a más de un arma, salvo que las circunstancias del lugar y las medidas de seguridad del establecimiento garanticen la custodia de más armas a juicio del Interventor de Armas y Explosivos, debiendo estar, en este caso, cada arma bajo llave en cajas metálicas independientes.

6. En los supuestos contemplados en el apartado cuarto del artículo 90 del Reglamento de Seguridad Privada, cuando el escolta no pueda garantizar la custodia del arma como previene el artículo 144 del Reglamento de Armas, la deberá entregar a un depósito de armas autorizado, en caja fuerte que reúna las condiciones descritas en el apartado anterior o, de forma excepcional, en las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Cuando el escolta privado custodie el arma en su domicilio, se considerará cumplida la obligación impuesta en el párrafo a) del apartado primero del artículo 144 del Reglamento de Armas en el supuesto de que disponga en el mismo de una caja fuerte o armero con grado de seguridad 3, conforme a la Norma UNE-EN 1143-1.

7. En los supuestos del apartado segundo del artículo 93 del Reglamento de Seguridad Privada en que el arma pueda quedar bajo la custodia del guarda particular del campo, ésta o, en su caso, el sistema de cierre, o pieza de seguridad equivalente será custodiada en su domicilio, en caja fuerte o armero, con grado de seguridad 3, según la Norma UNE EN 1143-1, independientemente de que se trate de arma larga o corta.

8. En la solicitud del informe de idoneidad de los armeros se hará constar el número máximo de armas a custodiar en ellos, acompañándose el certificado de las características técnicas del armero que se pretenda instalar, el proyecto del Plan de Protección en el que figuren los medios de seguridad del lugar y plano del local con indicación de la ubicación del armero.

9. Para el debido control y seguridad de las armas, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 sobre el Libro-Registro de entrada y salida de armas, y en el artículo 15 sobre custodia de las armas.

Art. 7. Sistema de seguridad de las empresas de depósito.–1. Las empresas que se constituyan para la actividad de depósito, custodia y tratamiento de monedas y billetes, títulos-valores y objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos, además del sistema descrito en el artículo 5, dispondrán, en los locales en que se pretendan desarrollar dicha actividad, de un sistema de seguridad compuesto, como mínimo, por:

a) Equipos o sistemas de captación y registro de imágenes, con capacidad para facilitar la identificación de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad, para la protección perimetral del inmueble, controles de acceso de personas y vehículos, y zonas de carga y descarga, recuento y clasificación, cámara acorazada, antecámara y pasillo de ronda de la cámara acorazada.

b) Los soportes destinados a la grabación de imágenes deberán conservarse durante treinta días desde la fecha de grabación. Las imágenes estarán exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes. Cuando las imágenes se refieran a la comisión de hechos delictivos serán inmediatamente puestas a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

c) El contenido de los soportes será estrictamente reservado. Las imágenes grabadas podrán ser utilizadas únicamente como medio de identificación de los autores de los hechos delictivos, debiendo ser inutilizados tanto los contenidos de los soportes como las imágenes, una vez transcurridos treinta días desde la grabación, salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

d) Zona de carga y descarga, comunicada con el exterior mediante un sistema de puertas esclusas con dispositivo de apertura desde su interior.

e) Centro de control protegido por acristalamiento con blindaje antibala de categoría de resistencia BR4, según la Norma europea UNE-EN 1063.

f) Las paredes que delimiten o completen el referido centro deberán tener una categoría de resistencia II, según la Norma UNE 108132.

g) Zona de recuento y clasificación, con puerta esclusa para su acceso.

h) Generador o acumulador de energía, con autonomía para veinticuatro horas.

i) Dispositivo que produzca la transmisión de una alarma, en caso de desatención del responsable del centro de control durante un tiempo superior a diez minutos.

j) Conexión del sistema de seguridad con una central de alarmas por medio de dos vías de comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal de alarma por la otra, o bien una sola vía que permita la transmisión digital con supervisión permanente de la línea y una comunicación de respaldo (backup).

k) Instalación de una antena que permita la captación y la transmisión de las señales de los sistemas de seguridad.

2. Todos los dispositivos electrónicos del sistema de seguridad deberán ser de los clasificados de grado 4 en la Norma UNE 50131-1.

Art. 8. Cámaras acorazadas.–1. Las cámaras acorazadas de las empresas que se constituyan para la actividad de depósito, custodia y tratamiento de monedas y billetes, títulos-valores y objetos valiosos o peligrosos, excepto los explosivos, han de reunir las siguientes características:

a) Estarán delimitadas por una construcción de muros acorazados en paredes, techo y suelo, con acceso a su interior a través de puerta y trampón igualmente acorazado.

b) El muro estará rodeado en todo su perímetro lateral por un pasillo de ronda con una anchura máxima de sesenta centímetros, delimitado por un muro exterior de grado de seguridad 2, según la Norma UNE-EN 1143-1.

c) La cámara ha de estar construida en muros, puerta y trampón con materiales de alta resistencia y de forma que su grado de seguridad sea como mínimo de grado de seguridad 7, según la Norma UNE-EN 1143-1.

d) La puerta de la cámara acorazada contará con dispositivo de bloqueo y sistema de apertura retardada de diez minutos como mínimo, pudiendo ser sustituido este último por la interacción de personal de la empresa ubicado en distinto emplazamiento.

e) El trampón de la cámara acorazada, si existiera, dispondrá de un dispositivo de apertura independiente para emergencias conectado directamente con la central de alarmas.

f) La cámara estará dotada de detección sísmica, detección microfónica u otros dispositivos que permitan detectar cualquier ataque a través de paredes, techo o suelo y de detección volumétrica en su interior. Todos estos elementos conectados al sistema de seguridad deberán transmitir la señal de alarma por dos vías de comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal de alarma por la otra, o bien una sola vía que permita la transmisión digital con supervisión permanente de la línea y una comunicación de respaldo (backup).

2. Cuando el volumen de moneda imposibilite su depósito en la cámara acorazada, la empresa de seguridad podrá disponer su almacenamiento en una zona próxima a dicha cámara, debiendo estar dotada de puerta de seguridad con dispositivo de apertura automática a distancia, y manualmente sólo desde su interior. El acceso a esta zona y su interior estará controlado desde el centro de control de la empresa y protegido por el sistema de seguridad.

3. Todos los dispositivos electrónicos del sistema de seguridad de las cámaras acorazadas de estas empresas deberán ser de los clasificados de grado 4 en la Norma UNE 50131-1.

Art. 9. Depósitos de explosivos.–1. Los depósitos de explosivos autoprotegidos de las empresas de seguridad registradas y autorizadas para la prestación de este tipo de servicios deberán reunir las medidas de seguridad físicas y electrónicas de protección y el resto de requisitos establecidos en el Reglamento de Explosivos para este tipo de depósitos o instalaciones.

2. Todos los dispositivos electrónicos del sistema de seguridad de estas empresas y de los depósitos de explosivos deberán ser de los clasificados de grado 4 en la Norma UNE 50131-1.

3. Cuando los depósitos de explosivos no cuenten con las medidas de seguridad previstas en este artículo, deberán tener, como mínimo, un vigilante de seguridad de la especialidad de explosivos y con arma en servicio de vigilancia permanente.

Art. 10. Vehículos de transporte de fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos.–Los vehículos utilizados para el transporte y distribución de fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos deberán reunir las siguientes características:

a) División del vehículo en tres compartimentos:

1.º El compartimento delantero, en el que se situará únicamente el conductor, con la puerta izquierda para su acceso y la derecha que sólo podrá abrirse desde el interior, y separado del compartimento central por una mampara blindada sin acceso.

La llave que permita la apertura del dispositivo de seguro interior de la puerta del conductor quedará depositada en la sede o delegación de la empresa donde el vehículo blindado preste servicio.

2.º El compartimento central, en el que viajarán los vigilantes de seguridad, con una puerta a cada lado, estará separado del compartimento posterior por una mampara blindada que dispondrá de una puerta blindada de acceso a la zona de carga de reparto, con sistema de apertura esclusa con las laterales del vehículo, de forma que no puedan estar abiertas simultáneamente.

En la zona de la mampara central, que delimita el compartimento donde viajan los vigilantes de seguridad, con la zona de recogida, se instalará un sistema o mecanismo que permita la introducción de objetos e impida su sustracción, dotándola de una puerta blindada que sólo se podrá abrir en la base de la empresa de seguridad.

3.º El compartimento posterior, destinado a la carga, estará, a su vez, dividido en dos zonas, la de reparto y la de recogida, separadas por una mampara blindada. Este compartimento podrá disponer de una puerta exterior en la parte trasera del vehículo, de una o dos hojas blindadas y con cerradura de seguridad, que se abrirá únicamente en las zonas esclusas de máxima seguridad donde pueda acceder el vehículo.

La llave de la puerta mencionada en el párrafo anterior estará siempre depositada en la sede o delegación de la empresa donde el vehículo preste sus servicios.

b) Cumplir los siguientes niveles de resistencia en los blindajes de los vehículos, determinados por la Norma europea UNE-EN 1063 para blindajes transparentes o traslúcidos o por la Norma UNE 108132 para los blindajes opacos:

1.º Perímetro exterior de los compartimentos delantero, central y de la mampara delantera: BR5.

2.º Perímetro exterior del compartimento posterior y suelo del vehículo: BR3.

3.º Mampara de separación entre los compartimentos central y posterior: BR4.

4.º Mampara de separación entre las zonas de carga: BR3.

c) Troneras distribuidas en las partes laterales y parte posterior del vehículo.

d) Dispositivo que permita el control del vehículo desde la sede o delegaciones de la empresa mediante un sistema de navegación global que permita al centro de control de la empresa de transporte la localización de sus vehículos con precisión y en todo momento.

e) Sistemas de comunicación apropiados que permitan contactar, en cualquier momento, con la empresa y con las autoridades competentes, así como la intercomunicación de los vigilantes de seguridad de transporte y protección con el conductor del vehículo.

f) Instalación de una antena exterior en el vehículo blindado, al objeto de transmitir y recibir cualquier comunicación por medio del equipo de telefonía móvil celular.

g) Cerramientos eléctricos o mecánicos en puertas, depósito de combustible y acceso al motor, cuya apertura sólo pueda ser accionada desde el interior del vehículo.

h) Sistema de alarma con dispositivo acústico y luminoso, que se pueda activar en caso de atraco o entrada en el vehículo de persona no autorizada.

i) El depósito de combustible, cuando no sea de gasoil, deberá contar con protección suficiente para impedir que se produzca una explosión del mismo en el caso de que se viera alcanzado por un proyectil o fragmento de explosión, así como para evitar la reacción en cadena del combustible ubicado en el depósito en caso de incendio del vehículo.

j) Protección contra la obstrucción en el extremo de la salida de humos del motor.

k) Sistemas de aire acondicionado, detección y extinción de incendios.

l) Número único e identificador del vehículo que, en adhesivo o pintura reflectantes, se colocará en la parte exterior del techo del vehículo, de tamaño suficiente para hacerlo visible a larga distancia. Dicho número deberá figurar también en las partes laterales y posteriores del vehículo.

m) Cartilla o certificado de idoneidad del vehículo, en los que constará su matrícula y números de motor y bastidor, y se certificará, por los fabricantes, carroceros o técnicos que hayan intervenido en la acomodación del furgón, que reúne las características exigidas en el presente artículo. Esta cartilla deberá estar depositada en la sede o delegación de la empresa donde el blindado tenga su base.

n) Cartilla de control del vehículo, en la que se recogerán sus revisiones, que deberán efectuarse semestralmente, no debiendo transcurrir más de nueve meses entre dos revisiones sucesivas, y en las que constará: nombre de la empresa, número y matrícula del vehículo, números de su motor y bastidor, así como los elementos objeto de revisión, tales como: equipos de comunicación, alarmas, puertas, trampón, cerraduras, sistema de detección y extinción de incendios, y todos aquellos que fueran de interés para la seguridad de la dotación, el vehículo y la carga. La mencionada cartilla se custodiará en el propio vehículo y se firmará y fechará de conformidad con la revisión y subsanación que hubiere procedido, en su caso, por el técnico encargado de la misma.

Art. 11. Vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica.–1. Sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigibles de conformidad con lo establecido en la legislación de ordenación de los transportes por carretera y, especialmente, en el Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, los vehículos que se dediquen al transporte de explosivos y cartuchería metálica deberán reunir los siguientes requisitos:

a) De seguridad:

1.º Sistema de bloqueo del vehículo, constituido por un mecanismo tal que, al ser accionado directamente (mediante pulsador) o indirectamente (por apertura de las puertas de la cabina, sin desactivar el sistema), corte la inyección de combustible al motor del vehículo, y accione una alarma acústica y luminosa. Este sistema deberá tener un retardo entre su activación y acción de dos minutos como máximo.

2.º Una rejilla metálica en el interior del tubo del depósito de suministro de combustible al vehículo, para impedir la introducción de elementos extraños.

3.º Sistema de protección del depósito de combustible, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos i) y j) del artículo 10.

4.º Cierre especial de la caja del vehículo, mediante candado o cerradura de seguridad.

b) De señalización:

Panel en el exterior del techo de la cabina del vehículo con los requisitos especificados en el anexo II.

La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, podrá dispensar la exigencia de este requisito en circunstancias especiales por razones de seguridad.

c) De comunicaciones:

Los vehículos dispondrán de un teléfono de instalación fija en el mismo, que permita la comunicación con la sede o delegaciones de la empresa, así como la memorización de los teléfonos de los Centros Operativos de Servicios de las circunscripciones de las Comandancias de la Guardia Civil por las que circule el transporte.

La antena estará instalada y debidamente protegida en la parte superior de la caja del vehículo, debiendo contar con un sistema de navegación global que permita al centro de control de la empresa de transporte la localización de sus vehículos con precisión y en todo momento.

2. Los requisitos anteriormente descritos deberán ser inspeccionados por la Guardia Civil con la antelación suficiente al inicio del transporte solicitado, debiendo quedar constancia de que el vehículo reúne dichos requisitos en la guía de circulación o documento similar que acompañe el transporte.

3. Sin perjuicio de que los vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica reúnan las condiciones anteriormente señaladas, cuando las circunstancias lo requieran, a juicio de la Guardia Civil se podrá exigir que los transportes de dichas materias sean acompañados por servicio de escolta, público o privado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Explosivos.

Art. 12. Locales de centrales de alarmas.–1. Los locales en que se instalen las centrales de alarmas, deberán disponer de un sistema de seguridad compuesto como mínimo por los siguientes elementos:

a) Puertas exteriores blindadas, con clase de resistencia V, de acuerdo con la Norma UNE-ENV 1627 y contactos magnéticos de mediana potencia como mínimo, que permitan identificar la puerta abierta fuera de las horas de oficina.

b) Circuito cerrado de televisión que permita el control de los accesos, así como de las dependencias anejas al centro de control. Cuando la central se hallase en edificio independiente, dicho sistema deberá controlar también su perímetro.

c) Detección volumétrica de la clasificada de grado 3 en la Norma UNE 50131-1 en las dependencias anejas al centro de control, así como en el lugar donde se ubique el generador o acumulador de energía.

d) Protección de las líneas telefónicas y eléctricas mediante acometida canalizada y protección del tendido de cables desde su entrada al edificio hasta el local en que se ubique el centro de control, siempre que sea jurídica y técnicamente posible.

e) Instalación de antena o antenas que aseguren la recepción y transmisión de las señales de alarma por medio de dos vías de comunicación.

2. Los sistemas para la recepción y verificación de las señales de alarmas a que se refiere el apartado I.6.b) del anexo al Reglamento de Seguridad Privada estarán instalados en un centro de control, cuyo local ha de reunir las siguientes características:

a) Carecer de paredes medianeras con edificios o locales ajenos a los de la propia empresa. En el caso de que existan muros o paredes medianeras con edificios o locales ajenos a los de la propia empresa, se construirá un muro interior circundante con materiales de alta resistencia y de forma que su grado de seguridad sea 5, según la Norma UNE-EN 1143-1.

b) Acristalamiento de blindaje antibalas con categoría de resistencia BR4 conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 1063.

c) Doble puerta blindada de acceso con clase de resistencia V de acuerdo a la Norma UNE-ENV 1627, con sistema conmutado tipo esclusa y dispositivo de apertura a distancia, debiendo ser éste manual desde su interior.

d) Las paredes que delimiten o completen la zona no acristalada de la sala de control serán de igual grado de resistencia que el acristalamiento de la misma, es decir, BR4 según la Norma española UNE 108132.

e) Control de los equipos y sistemas de captación y registro de imágenes.

f) Sistema de interfonía en el control de accesos.

g) La sala de control siempre estará atendida por dos operadores por turno, como mínimo.

h) Generador o acumulador de energía, con autonomía de veinticuatro horas, como mínimo, en caso de corte del fluido eléctrico.

i) Dispositivo de alarma por omisión (APO) que produzca la transmisión de una alarma a otra central autorizada en caso de desatención por los operadores en un plazo superior a diez minutos, para su comunicación inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

j) Contará con dos vías de comunicación, como mínimo, para la recepción y transmisión de las señales de alarma recibidas.

3. La caja fuerte a que se refiere el apartado primero del artículo 49 del Reglamento de Seguridad Privada deberá contar con un grado de seguridad 3, según la Norma UNE-EN 1143-1. Cuando las llaves se custodien en el interior del local del centro de control, no será precisa la utilización de caja fuerte.

4. Los titulares de los locales donde se ubiquen las centrales de alarma de uso propio podrán solicitar la dispensa de alguna de las medidas de seguridad recogidas para el centro de control en el apartado segundo de este artículo cuando el edificio donde esté situado sea de uso exclusivo de la empresa y disponga de medidas de seguridad físicas y electrónicas que permitan sustituir a las exigidas.

Esta dispensa deberá solicitarse a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía y ser autorizada por el Director General de la Policía y de la Guardia Civil o, en su caso, por las autoridades autonómicas competentes.

CAPÍTULO II

Funcionamiento de las empresas de seguridad

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Art. 13. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.–1. El deber de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las comunicaciones a que se refiere el apartado primero del artículo 14 del Reglamento de Seguridad Privada se efectuarán al Cuerpo competente, de acuerdo con la distribución de competencias a que se refiere el apartado segundo del articulo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y los artículos 2 y 18 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, o, en su caso, a la Policía Autónoma correspondiente.

2. Las empresas de seguridad privada facilitarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se lo requieran, directamente y sin dilación, la información o colaboración que les resulte a éstos necesaria para el ejercicio de sus respectivas funciones.

Art. 14. Libros-Registro.–1. Los Libros-Registro generales y específicos que se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada y que deberán llevar las empresas de seguridad se ajustarán a los modelos oficiales aprobados por Resolución del Secretario de Estado de Seguridad, y deberán conservarse durante un periodo de cinco años.

Los asientos o anotaciones podrán ser realizados por procedimientos informáticos o cualesquiera otros idóneos sobre hojas sueltas o separables, cuya confección se ajustará a las características de los modelos, y serán objeto de encuadernación posterior.

Las hojas de los Libros-Registro o, en su caso, las hojas o soportes que se utilicen para la formación posterior de aquéllos, deberán ser foliadas y selladas con carácter previo al inicio de las anotaciones. En la primera hoja, la Jefatura Superior de Policía o Comisaría Provincial o Local y, en su caso, la Policía Autonómica, correspondiente a la demarcación territorial de la sede social de la empresa o delegaciones de la misma, asentará la diligencia de habilitación del Libro. En la citada diligencia constarán los siguientes extremos: fin a que se destina, empresa a la que pertenece, número de folios de que consta, precepto que cumplimenta la diligencia, lugar y fecha de la misma, debiendo estar firmada por el responsable de la respectiva dependencia policial o persona en quien delegue.

2. Las primeras hojas del Libro-Registro de entrada y salida de armas, tras la diligencia de habilitación por el Interventor de Armas y Explosivos correspondiente, se destinarán a la reseña de las armas que hayan tenido entrada en el correspondiente armero, haciendo constar fecha y hora de entrada, marca, modelo y número, así como causa, fecha y hora de salida. Las restantes hojas del Libro se dedicarán al control del uso de las armas, anotándose respecto de cada una la fecha y hora de recogida, apellidos y nombre o número de la tarjeta de identidad profesional del vigilante que la recoge; la dotación de munición adjudicada a cada una de las armas concretando la existencia anterior y la existencia actual; fecha y hora de entrega o depósito y firma de quien lo efectúa. En los servicios en los que el arma pase del vigilante saliente al entrante firmarán ambos. Se anotarán también con expresión de su número las autorizaciones de traslado de armas, cuyas copias se archivarán junto al Libro para facilitar las inspecciones. Se reservará un espacio para observaciones.

El modelo del Libro será aprobado por el Secretario de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.

3. En el Libro-Catálogo de revisiones se destinarán las primeras hojas a la descripción de los sistemas instalados, haciendo constar el número de autorización de la empresa instaladora, la fecha y lugar de instalación y, en su caso, modificaciones posteriores. Las restantes hojas se dedicarán a la reseña de las revisiones del sistema, haciendo constar número de autorización de la empresa que las efectúa, número de contrato, fecha de revisión, nombre y apellidos del técnico y su firma, y, en su caso, deficiencias observadas y fecha de subsanación. La firma del técnico en el Libro podrá ser sustituida por la que conste en el albarán o el parte de trabajo efectuado, debiendo en este caso incorporarse el albarán o el parte al Libro.

En los Libros-Registro no podrán realizarse enmiendas, modificaciones o interpolaciones. La corrección de los errores que pudieran producirse se llevará a cabo en el momento en que se adviertan, haciendo constar en la primera línea inmediatamente disponible la anulación de la anotación errónea con referencia a su número de orden y consignando a continuación debidamente la que proceda.

Art. 15. Custodia de armas.–1. Los asentamientos en los Libros-Registro de armas se efectuarán en el momento de la entrega, depósito o recogida de cada arma, y los jefes de seguridad o sus delegados se responsabilizarán de que dichas anotaciones se correspondan con el movimiento de las armas, impartiendo a tal efecto las instrucciones necesarias de forma que se garantice el control de las mismas.

2. El jefe o responsable del servicio designado o, en su defecto, el vigilante de seguridad de mayor antigüedad que se encuentre prestando servicio en el lugar donde esté ubicado el armero, tendrá bajo su custodia la llave o mecanismo que permita la apertura del mismo, debiendo facilitar el acceso al armero en el momento en que se produzca la inspección por los funcionarios competentes. Se exceptúa el supuesto de que se trate de la caja fuerte del local en los casos previstos en el apartado cuarto del artículo 25 del Reglamento de Seguridad Privada.

En las sedes o delegaciones autorizadas de las empresas de seguridad estarán depositadas las copias de las llaves, llaves maestras o aquellos otros mecanismos que permitan la apertura de los armeros instalados en los lugares de prestación de los distintos servicios de las empresas. Igualmente, estarán depositadas aquéllas que permitan la apertura de los armeros instalados en las sedes o delegaciones autorizadas.

La custodia de estas llaves o mecanismos se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe de seguridad o sus delegados, de tal forma que pueda accederse a la comprobación de todas las armas depositadas, tanto en los armeros de los servicios como en los de las sedes sociales, sucursales o delegaciones, excepto cuando se trate de la caja fuerte del local en los casos previstos en el apartado cuarto del artículo 25 del Reglamento de Seguridad Privada.

La combinación de la cerradura del armero deberá ser modificada una vez cada tres meses como mínimo y, en todo caso, cuando cambie alguna de las personas encargadas de este control.

3. Independientemente de los cometidos atribuidos en el Capítulo II del Título IV del Reglamento de Seguridad Privada sobre las inspecciones, los Interventores de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, además de las comprobaciones de los armeros y de las armas que contengan, las efectuarán también sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad de los mismos, de acuerdo con la autorización, y examinarán los Libros-Registros de entrada y salida de armas, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los funcionarios competentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Art. 16. Modelo de contrato.–1. Los contratos en que se concreten las prestaciones de las diferentes actividades se consignarán por escrito, debiendo contener, con carácter general, los siguientes datos y cláusulas, acorde al modelo disponible en la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, de las Comunidades Autónomas competentes:

a) Fecha y número del contrato.

b) Nombre y apellidos, número o código de identificación fiscal y domicilio de las partes contratantes, carácter con el que actúan y, en su caso, poder acreditado ante Notario. El mencionado poder habrá de estar inscrito en el Registro Mercantil cuando se otorgue por las empresas de seguridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio.

c) Objeto de la prestación del servicio.

d) Lugar donde se va a prestar el servicio.

e) Precio del servicio.

f) Obligación de ajustarse a lo prevenido en la normativa reguladora de la seguridad privada.

g) Duración del contrato.

h) Fecha de entrada en vigor del contrato, que será como mínimo tres días posterior a la de presentación del contrato, en los lugares previstos en el artículo siguiente, o en el correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, salvo en los casos de urgencia previstos en el apartado tercero del artículo 20 del Reglamento de Seguridad Privada.

2. Cuando el volumen de la contratación, la imposibilidad objetiva de planificación de los servicios de seguridad u otras causas impidan el conocimiento previo de todos los servicios, las empresas de seguridad podrán concertar con sus clientes un contrato que contenga las cláusulas generales, concretando posteriormente en anexos aquellos datos del modelo oficial de contrato que no hubieran sido incluidos en el mismo. A los mencionados anexos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Seguridad Privada sobre presentación con la antelación que en dicho precepto se determina.

Art. 17. Comunicación de contratos.–1. Las empresas de seguridad deberán comunicar los contratos por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, una vez que este procedimiento sea incluido en el anexo de la Orden INT/3516/2009, de 29 de diciembre, o, en su caso, en la correspondiente de las Comunidades Autónomas, dentro de los plazos a que se refiere el párrafo h) del apartado primero del artículo 16, utilizando para ello los medios que la Administración ponga a su disposición para el cumplimiento de esta obligación.

2. Cuando existiera imposibilidad técnica para la comunicación electrónica de los contratos, éstos se presentarán en original y dos copias en la Comisaría Provincial o Local del Cuerpo Nacional de Policía donde se celebre el contrato o, cuando éstas no existan, en los Cuarteles o Puestos de la Guardia Civil, en los plazos a que se refiere el párrafo h) del apartado primero del artículo 16, o, en su caso, en los del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente. En el acto de presentación se devolverá el original y primera copia, sellados y fechados.

3. Cuando los contratos se presenten en Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía o en dependencias de la Guardia Civil, dichas Comisarías o dependencias remitirán la segunda copia, antes de la entrada en vigor del contrato, a la Jefatura Superior o Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía correspondiente o a la Comandancia de la Guardia Civil del lugar de prestación del servicio en el caso de los contratos de los guardas particulares del campo y sus especialidades, con indicación de la fecha de presentación.

4. En los casos en que la contratación tenga por objeto la prestación de servicios numerosos y homogéneos, se presentará un contrato al que será de aplicación toda la regulación de seguridad privada relativa a los contratos, debiendo la empresa de seguridad comunicar, con tres días de antelación, a la dependencia oficial correspondiente, el comienzo del servicio concreto de que se trate.

5. Si se tratare de servicios numerosos y homogéneos, de instalación, mantenimiento o conexión a una central de alarmas, de sistemas de seguridad correspondientes a una misma entidad o empresa obligada a disponer de medidas de seguridad, la empresa de seguridad podrá comunicar el contrato, sustituyéndose la presentación del contrato de cada servicio por la del certificado de la empresa de seguridad a que se refiere el artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada en el momento de la preceptiva inspección.

6. Cuando la duración del contrato sea prorrogable, habrá de comunicarse la finalización del servicio por iguales medios que para la comunicación de su inicio.

7. Las empresas o establecimientos que estén obligados a la adopción de medidas de seguridad, deberán disponer siempre de una copia de los respectivos contratos de prestación de servicios de seguridad, fechados y sellados en las dependencias a las que se refiere el apartado segundo, o un recibo firmado electrónicamente que consistirá en una copia autenticada del contrato si se presentó de forma electrónica, que estará a disposición de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con competencia en esta materia, o, en su caso, de los funcionarios de la Comunidad Autónoma competente.

Art. 18. Fichero automatizado de contratos.–1. En la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía se llevará un fichero automatizado de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las empresas de seguridad y terceros, en el que constarán los datos y las cláusulas obligatorias a que se refiere el artículo 16.

2. En dicho fichero se harán constar los contratos indicados de las empresas de seguridad registrados por dicha Unidad Orgánica Central, y los que, en su caso, hayan de comunicar las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

3. Los datos de este fichero estarán a disposición de la propia Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada y de la Comisaría de Policía del lugar en que se va a prestar el servicio, así como de su correspondiente Jefatura Superior o Comisaría Provincial para el desempeño de las funciones de inspección y control que les son propias.

Sección 2.ª Disposiciones específicas

Art. 19. Comunicación de altas y bajas de personal.–1. A efectos de control, las empresas de seguridad deberán comunicar, a través de la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, una vez que este procedimiento sea incluido en el anexo de la Orden INT/3516/2009, de 29 de diciembre, o, en su caso, en la correspondiente de las Comunidades Autónomas, o a la Comisaría Provincial de Policía correspondiente, las altas y bajas de los vigilantes de seguridad y sus especialidades, en el plazo de los cinco días siguientes a producirse dichas altas y bajas.

2. Las comunicaciones relativas a jefes de seguridad y directores de seguridad, así como sus respectivos delegados, deberán comunicarse a través de la sede electrónica mencionada en el apartado anterior a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

3. Las comunicaciones referidas a los guardas particulares del campo y sus especialidades se harán a la Comandancia de la Guardia Civil correspondiente por las empresas que los hayan contratado.

Art. 20. Vigilancia y protección del depósito de objetos valiosos y peligrosos.–1. Los inmuebles que destinen las empresas autorizadas para la actividad de depósito, custodia y tratamiento de objetos valiosos o peligrosos, excepto los explosivos, deberán ser controlados permanentemente por dos vigilantes de seguridad como mínimo.

2. No obstante, podrán ser controlados por un solo vigilante cuando el sistema de seguridad determinado en el artículo 7 se complete con un dispositivo que produzca la transmisión de una alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el caso de desatención por el responsable del centro de control durante un tiempo superior a diez minutos.

3. Los depósitos de explosivos, salvo los autoprotegidos, regulados en el artículo 9 contarán con un servicio de seguridad permanente integrado por un vigilante de explosivos como mínimo.

Art. 21. Vigilancia y protección del transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos.–1. Cuando los fondos o valores no excedan de la cantidad prevista en el apartado 1 del anexo III, o de la prevista en el apartado 2 del citado anexo si el transporte se efectuase de forma regular y con una periodicidad inferior a los seis días, el transporte podrá ser realizado por un vigilante de seguridad dotado, como mínimo, del arma corta reglamentaria y en vehículo, blindado o no, de la empresa de seguridad autorizada para el transporte de fondos u objetos valiosos, debiendo contar con medios de comunicación con la sede de su empresa. En el caso de que se hayan de efectuar entregas o recogidas múltiples cuyo valor total no exceda de las expresadas cantidades, los vigilantes habrán de ser, como mínimo, dos.

2. Si las cantidades no exceden de las previstas en el apartado 2 del anexo III y son en moneda metálica, aunque se trate de entregas o recogidas múltiples, el transporte podrá realizarse por un solo vigilante de seguridad armado, en vehículo de la empresa de seguridad autorizada para esta actividad de transporte, dotado con sistema de localización por satélite y que deberá contar con medios de comunicación con la sede de su empresa.

3. Cuando el valor de lo transportado exceda de las cantidades determinadas en el apartado primero, el transporte habrá de realizarse obligatoriamente por las empresas de seguridad autorizadas para esta actividad de transporte, en vehículos blindados, con los requisitos a que se refiere el artículo 10.

4. La comunicación a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a que se refiere el artículo 36 del Reglamento de Seguridad Privada o, en su caso, al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, se efectuará cuando la cuantía de lo transportado exceda de la prevista en el apartado 3 del anexo III.

5. La obligación de realizar el transporte en vehículos blindados a la que se refiere el apartado tercero, será también de aplicación a las obras de arte que en cada caso determine el Ministerio de Cultura, así como a aquellos objetos señalados por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil o las Delegaciones de Gobierno en atención a su valor, peligrosidad o expectativas generadas, así como antecedentes y otras circunstancias.

6. Cuando las características o tamaño de los objetos o efectos impidan su transporte en vehículos blindados, las empresas de seguridad autorizadas para este tipo de actividad podrán realizar estos transportes utilizando otro tipo de vehículos, propios o ajenos, contando con la protección de dos vigilantes de seguridad como mínimo, que se deberán dedicar exclusivamente a la función de protección e ir armados con la escopeta a que se refiere el apartado noveno de este artículo.

7. Las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno o la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su caso, los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas competentes, podrán disponer una mayor protección, aumentando a tres el número de vigilantes, teniendo en cuenta los criterios de valoración y riesgo que se enumeran en el apartado primero.

8. Cuando se realicen los transportes referidos en los apartados quinto y sexto, la empresa de seguridad dispondrá de un plan de seguridad en el que se harán constar los nombres y números de los vigilantes de seguridad, rutas alternativas, claves y cualquier otro dato de interés para la seguridad, que será entregado en la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, con una antelación mínima de tres días a la realización del servicio.

9. El vigilante o vigilantes de protección portarán la escopeta de repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco contenedor.

Art. 22. Material de instalaciones.–1. Los elementos que componen los sistemas de seguridad, de acuerdo con el apartado primero del artículo 40 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán estar aprobados conforme a las Normas europeas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y Norma UNE CLC/TS 50398, o aquellas Normas llamadas a reemplazar a las citadas, según sean de aplicación a los diferentes tipos de sistemas.

2. Las empresas de seguridad de instalación y mantenimiento y los titulares de los sistemas de seguridad, independientemente de su conexión o no a central de alarmas o centros de control, cuidarán y serán responsables de que los medios materiales o técnicos, aparatos de alarma y dispositivos de seguridad que instalen o utilicen, no ocasionen en su funcionamiento daños a las personas, molestias a terceros o perjuicios a los intereses generales.

3. Todas las instalaciones realizadas por empresas autorizadas deberán incluir, en el certificado de instalación que exige el artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada, el grado de seguridad del sistema, conforme al apartado correspondiente de las Normas mencionadas en el apartado primero.

4. El grado de seguridad de un sistema de alarma será el del grado más bajo aplicable a uno de sus componentes.

Art. 23. Homologación de sistemas de seguridad.–A los efectos de la normativa reguladora de la seguridad privada, se entenderá por sistema de seguridad el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e intrusión o para la protección de personas y bienes, cuya activación sea susceptible de producir la intervención policial, independientemente de que esté o no conectado a una central de alarmas o centros de control.

Se considerará que forma parte de la instalación de un sistema de seguridad, todo aquello que complemente a estos dispositivos, automática, material o procedimentalmente, incluyendo controles de acceso y sistemas de video vigilancia. Cuando la instalación se conecte a central de alarmas, deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 del Reglamento de Seguridad Privada, considerándose homologados si reúnen las características determinadas en los artículos 22 y 24 de la presente Orden.

Art. 24. Características de los sistemas de seguridad.
Los sistemas de alarma que se pretendan conectar con una central de alarmas habrán de reunir las siguientes características:

a) Disponer del número suficiente de elementos de protección, al menos tres, que permitan a la central diferenciar las señales producidas por una intrusión o ataque de las originadas por otras causas.

b) Contar con tecnología que permita acceder desde la central de alarmas bidireccionalmente a los sistemas conectados a ella, para posibilitar la identificación y tratamiento singularizado de las señales correspondientes a las distintas zonas o elementos que componen el sistema, así como el conocimiento del estado de alerta o desconexión de cada una de ellas, y la desactivación de las campanas acústicas.

Art. 25. Servicios de centrales de alarmas.–1. Las centrales de alarmas únicamente podrán desarrollar el servicio de centralización de las alarmas correspondientes a las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la prevención contra incendios. Las centrales de alarma de uso propio no podrán prestar estos servicios a terceros, debiendo limitarlos al ámbito interno propio de la empresa o grupo empresarial.

2. Dichas centrales deberán comprobar la veracidad del ataque o intrusión utilizando los procedimientos técnicos de verificación previstos en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada para identificar la realidad y causa de la señal recibida. Cuando tal verificación sea insuficiente o no ofrezca garantías, en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de Seguridad Privada, podrán desplazar vigilantes de seguridad al lugar de los hechos, cuando así figure en el contrato, para la verificación personal y, en su caso, respuesta a la alarma recibida, en las condiciones establecidas en la normativa citada.

3. Tendrá la consideración de alarma real la verificación realizada por uno o varios de los procedimientos recogidos en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.

Cumplidos los requisitos establecidos en dicha normativa, se comunicará la alarma inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad correspondientes.

4. En los supuestos en que una alarma real no haya sido comunicada al servicio policial competente, o cuando se haya retrasado injustificadamente su comunicación, la central de alarmas deberá elaborar un informe explicativo de las causas que motivaron la ausencia de comunicación de la alarma real producida y entregarlo al servicio policial y al usuario titular del servicio en un plazo de diez días desde que se produjo el incidente.

5. Las centrales de alarmas sólo podrán realizar como servicios complementarios a la verificación de las alarmas, los previstos en el artículo 49 del Reglamento de Seguridad Privada y desarrollados en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, no pudiendo ser prestados tales servicios por empresas no autorizadas para esta actividad, salvo lo dispuesto para los casos de subcontratación con empresas de vigilancia y protección de bienes, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 14 del Reglamento de Seguridad Privada.

6. Salvo lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 49 del Reglamento de Seguridad, o cuando las llaves se custodien en el interior del centro de control, éstas se depositarán en caja fuerte destinada exclusivamente a esta finalidad y que cuente con el nivel de resistencia a que se refiere el artículo 12 de la presente Orden, debiendo estar instalada en la sede o delegaciones autorizadas de la empresa contratante del servicio o de las subcontratadas. Cuando la caja fuerte pese menos de 2.000 kilogramos, deberá estar anclada de manera fija al suelo o pared, conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda de la presente Orden.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Comercialización de productos.–Las normas contenidas en la presente Orden y los actos y resoluciones de desarrollo y ejecución de la misma sobre vehículos y material de seguridad no impedirán el uso o consumo en España de productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión Europea tenga un Acuerdo de Asociación y que estén sometidos a reglamentaciones nacionales de seguridad equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada.

Igualmente, se aceptará la validez de las evaluaciones de conformidad siempre que estén emitidas por Organismos de Control acreditados sobre la base de la Norma EN 45011 y a la Norma ISO/IEC 17025 para laboratorios, y ofrezcan, a través de su Administración Pública competente, garantías técnicas profesionales de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española, así como que las disposiciones vigentes del Estado sobre la base de las que se efectúa la conformidad comporten un nivel de seguridad igual o superior al exigido por las correspondientes disposiciones españolas.

Segunda. Anclaje de unidades de almacenamiento de seguridad.–El anclaje de las unidades de almacenamiento de seguridad reguladas por la Norma UNE-EN 1143-1, cuyo peso sea inferior a 2.000 kilogramos, deberá realizarse de conformidad con lo establecido al respecto en la normativa sobre medidas de seguridad privada.

Tercera. Actualización normativa.–La modificación o aprobación de cualquier nueva Norma UNE o UNE-EN sobre esta materia de las contenidas en el anexo I será suficiente para su aplicación inmediata a las nuevas instalaciones, sin necesidad de ningún acto de incorporación normativa, desde el momento de su publicación por el organismo competente para ello.

Cuarta. Actualización de valores económicos.–Mediante Resolución del Director General de la Policía y la Guardia Civil podrán actualizarse los valores económicos a los que se refiere el anexo III.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Períodos de adaptación.–Los sistemas de alarmas instalados antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden se adecuarán a lo dispuesto en ésta dentro de los siguientes plazos a partir de su entrada en vigor:

a) Dos años para que las empresas de seguridad inscritas en el registro correspondiente adecuen sus sistemas de alarmas a los artículos 5, 22, 23 y 24.

b) Diez años para que todos los sistemas de alarmas conectados a una central de alarmas, ajena o propia, y que no tengan expresamente señalado un plazo menor, se adecuen a la presente Orden.

Cuando un sistema de alarma necesite utilizar componentes que en el momento de su instalación no estén disponibles en el mercado, según lo establecido en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, se permitirá su conexión, siempre que tales elementos no influyan negativamente en su funcionamiento operativo. La permanencia de tales elementos en el sistema estará condicionada a la posible aparición de la especificación técnica que lo regule y a su disponibilidad en el mercado. Transcurrido el periodo de carencia de diez años establecido en el párrafo anterior, se deberá disponer del pertinente certificado emitido por el fabricante y exhibirse en caso de ser requerido.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Orden del Ministro del Interior de 23 de abril de 1997 por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y Reglamento de Seguridad Privada (BOE número 108, de 6 de mayo de 1997).

b) La Orden del Ministro de la Presidencia de 21 de diciembre de 2001 sobre establecimiento de un régimen de aplicación especial de ciertas medidas de seguridad recogidas en la Orden de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y Reglamento de Seguridad Privada.

c) La Orden INT/1950/2002, de 31 de julio, por la que se establecen determinadas medidas en relación con los vehículos de transporte de fondos, valores y objetos valiosos.

2. Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.–Esta Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

Segunda. Desarrollo.–El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden, así como para la modificación de los anexos, en su caso.

Tercera. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I

Relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación en las empresas de seguridad privada

Tipo

Número

Año

Denominación

UNE-EN

50130-4/A1

1998

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN

50130-4

1997

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN

50130-4

1997/A2 2005

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN

50130-5

2000

Sistemas de alarma. Parte 5: Métodos de ensayo ambiental.

UNE-EN

50131-1

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN

50131-1

2008/A1:2010

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN

50131-2-2

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.

UNE-EN

50131-2-3

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para detectores de microondas.

UNE-EN

50131-2-4

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.

UNE-EN

50131-2-5

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-5: Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos.

UNE-EN

50131-2-6

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-6: Contactos de apertura (magnéticos).

UNE-EN

50131-3

2010

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo de control y señalización.

UNE-EN

50131-4

2010

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: Dispositivos de advertencia.

UNE-EN

50131-5-3

2005

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos para los equipos de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.

UNE-EN

50131-5-3

2005/A1:2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos para los equipos de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.

UNE-EN

50131-6

1999

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 6: Fuentes de alimentación.

UNE-EN

50131-6

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes de alimentación.

UNE-EN

50131-8

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 8: Sistemas/dispositivos de niebla de seguridad.

UNE-CLC/TS

50131-2-2

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-2: Requisitos para los detectores de infrarrojos pasivos.

UNE-CLC/TS

50131-2-3

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-3: Requisitos para detectores de microondas.

UNE-CLC/TS

50131-2-4

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-4: Requisitos para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y de microondas.

UNE-CLC/TS

50131-2-5

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-5: Requisitos para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos.

UNE-CLC/TS

50131-2-6

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-6: Requisitos para contactos de apertura (magnéticos).

UNE-CLC/TS

50131-3

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 3: Equipo de control y señalización.

UNE-CLC/TS

50131-7

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 7. Guía de aplicación.

UNE-EN

50132-1

2010

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN

50132-2-1

1998

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Cámaras en blanco y negro.

UNE-EN

50132-4-1

2002

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 4-1: Monitores en blanco y negro.

UNE-EN

50132-5

2002

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 5: Transmisión de vídeo.

UNE-EN

50132-7 CORR

2004

Sistemas de alarma - Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN

50132-7

1997

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN

50133-1 CORR

1998

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN

50133-1/A1

2004

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN

50133-1

1998

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN

50133-2-1

2001

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Requisitos generales de los componentes.

UNE-EN

50133-7

2000

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-CLC/TS

50134-7

2005

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN

50134-1

2003

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN

50134-2

2000

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 2: Dispositivos de activación.

UNE-EN

50134-3

2002

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 3: Unidad local y controlador.

UNE-EN

50134-5

2005

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 5: Interconexiones y comunicaciones.

UNE-EN

50136-1-1/A1

2002

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN

50136-1-1

1999

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN

50136-1-1

1999/A2:2009

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN

50136-1-2

2000

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-2: Requisitos para los sistemas que hacen uso de vías de alarma dedicadas.

UNE-EN

50136-1-3

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-3: Requisitos para sistemas con transmisores digitales que hacen uso de la red telefónica pública autoconmutada.

UNE-EN

50136-1-4

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-4: Requisitos para los sistemas con trasmisores de voz que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-EN

50136-1-5

2009

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. Parte 1-5: Requisitos para la red de conmutación de paquetes.

UNE-EN

50136-2-1/A1

2002

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: Requisitos generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN

50136-2-1

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: Requisitos generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN

50136-2-2

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-2: Requisitos generales para los equipos usados en sistemas que hacen uso de vías dedicadas de alarma.

UNE-EN

50136-2-3

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-3: Requisitos para los equipos usados en sistemas con transmisores digitales que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-EN

50136-2-4

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-4: Requisitos para los equipos usados en sistemas con transmisores de voz que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-CLC/TS

50136-4

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 4: Equipos anunciadores usados en centrales receptoras de alarma.

UNE-CLC/TS

50136-7

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE CLC/TS

50398

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma combinados e integrados.

UNE

108132

2002

Seguridad física. Blindajes opacos. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por impactos de bala derivados del disparo de armas de fuego (armas cortas, rifles y escopetas).

UNE EN

1063

2001

Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por balas.

UNE EN

1143-1

2007+ A1 2010

Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificación y métodos de ensayo para resistencia al robo. Parte 1: Cajas fuertes, cajeros automáticos, puertas y cámaras acorazadas.

UNE-ENV

1627

2000

Ventanas, puertas, persianas. Resistencia a la efracción. Requisitos y clasificación.

UNE

108142

1998

Rejas fijas. Características y ensayos de calificación.

ANEXO II

Panel de señalización de vehículos de transporte
de explosivos

Características:

Dimensiones del recuadro: 110 × 60 cm.

Fondo: Blanco.

Pintura: Fluorescente.

Leyenda:

Leyenda EX: Explosivos.

4725-ZZZ: Matrícula del vehículo.

Caracteres:

Color: Negro.

Pintura: Fluorescente.

Medidas: 20 × 10 cm.

Grueso de caracteres: 2 cm.

Espacio entre líneas: 10 cm.

Distancia entre caracteres: 2 cm.

ANEXO III

Cuantías para el transporte de fondos

Las cuantías de las cantidades para el transporte de fondos o de valores, a los que se refiere el artículo 21 de la presente Orden, se fijan en las siguientes:

Apartado 1: 250.000 euros.

Apartado 2: 125.000 euros.

Apartado 3: 5.000.000 de euros.

[*] La presente disposición entra en vigor el 18 de agosto de 2011 derogando la Orden de 23 de abril de 1997 que figura en el anexo de color verde que se incluye al final de esta obra.

§ 4 RESOLUCIÓN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1998, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD (INTERIOR), POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS OFICIALES DE LOS LIBROS-REGISTRO QUE SE ESTABLECEN EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA[1]

(«BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 1998)

El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, determina que los diferentes Libros-Registro, cuyas características describe en distintos artículos, se ajustarán al modelo que apruebe el Ministerio de Justicia e Interior.

El artículo 19 recoge los Libros-Registro que obligatoriamente deberán llevar las empresas de seguridad, los cuales son: El de Contratos, el de Personal de Seguridad, el Libro Catálogo de Medidas de Seguridad y el de Comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

De igual modo, a las empresas de seguridad autorizadas para el ejercicio de determinadas actividades, se les exige Libros-Registro específicos como son: En las de vigilancia y protección, el de Entrada y Salida de Armas (artículo 25); en las de protección de personas, el de Escoltas (artículo 30); en las de depósito de objetos valiosos o peligrosos, el de Depósitos (artículo 31); en las de transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos, el de Transporte y el de Títulos-Valores (artículos 34 y 35); en las de instalación y mantenimiento de aparatos y dispositivos de sistemas de seguridad, el de Revisiones (artículo 43) y en las de explotación de centrales de alarmas, el de Alarmas (artículo 51).

Por otro lado, los titulares de instalaciones de seguridad y las entidades o establecimientos obligados a tener medidas de seguridad electrónicas llevarán el Libro-Catálogo de Instalaciones y Revisiones (artículos 43 y 135).

La Orden del Ministerio del Interior, de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, determina, en el apartado decimoquinto, que los Libros-Registro generales y específicos que se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada y que deberán llevar las empresas de seguridad, se ajustarán a los modelos oficiales aprobados por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Igualmente, la Orden de la misma fecha, por la que se concretan determinados aspectos en materia de medidas de seguridad, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada, encomienda, en la disposición final primera, a la Secretaría de Estado de Seguridad, la aprobación del modelo de Libro-Catálogo de Medidas de Seguridad.

Los formatos de los referidos libros, conforme a lo previsto en el Reglamento de Seguridad Privada, pueden ser objeto de tratamiento y archivo mecanizado e informatizado, en cuyo caso, sin perjuicio de cumplir lo previsto en el apartado decimoquinto de la Orden del Ministerio del Interior, de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, resulta necesario contemplar dicha posibilidad y regular el modo en que se realizará para posibilitar las funciones de inspección a que se refiere el artículo 144 del repetido Reglamento de Seguridad Privada.

En su virtud, en uso de las facultades que me han sido conferidas por el artículo 2 del Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto, de Estructura Orgánica del Ministerio del Interior, y las normas anteriormente referenciadas, a propuesta de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, dispongo:

Primero. Los Libros-Registro generales y específicos que se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada y que deben llevar las empresas de seguridad, se ajustarán a los modelos oficiales, según anexos números 1 al 11, ambos inclusive.

En la actividad de transporte de objetos valiosos o peligrosos el Libro-Registro de Transporte se confeccionará mensualmente con las hojas de ruta de acuerdo con el modelo recogido en el anexo 8, las cuales deben ser objeto del diligenciado a que se refiere el apartado decimoquinto de la Orden de 23 de abril de 1997[2], por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad
Privada.

En el caso del transporte y distribución de explosivos, las indicadas hojas de ruta serán sustituidas por la documentación análoga que, para la circulación de dichas sustancias, se regula en el Reglamento de Explosivos[3].

Segundo. El Libro-Catálogo de Instalaciones y Revisiones al que se hace referencia en los artículos 43 y 135 del Reglamento de Seguridad Privada, que deben llevar los titulares de instalaciones de seguridad y las entidades o establecimientos obligados a tener medidas de seguridad electrónicas, se ajustará al modelo descrito en el anexo 12.

Tercero. Los Libros-Registro que se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada cuando sean informatizados, deberán atenerse a lo siguiente:

1. Cumplimentar, respecto al diligenciado previo de las hojas o soportes que se utilicen para la formación posterior de los libros, lo dispuesto en las Órdenes ministeriales que desarrollan dicho Reglamento.

2. Imprimir diariamente el contenido de los asientos o anotaciones realizados en las citadas hojas o soportes, salvo que correspondan a los Libros de Depósitos, Alarmas y Armas, en cuyo caso se imprimirán en el momento en que se haga la anotación.

3. Ajustarse en su utilización a lo previsto en la legislación vigente sobre protección de datos. A este respecto, los órganos competentes en materia de seguridad privada pondrán en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos cualquier anomalía que se descubriese en su funcionamiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Libros-Registro abiertos.–Se podrán utilizar los Libros-Registro que estuvieran abiertos hasta que transcurra el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta Resolución. Finalizado dicho plazo, los Libros-Registro deberán ser sustituidos por los nuevos modelos aprobados.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO 3

LIBRO CATÁLOGO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Enumeración y descripción de aparatos
equipos e instrumentos instalados

Lugar de la instalación

Modificaciones posteriores

Revisiones periódicas

Deficiencias observadas

Fecha
subsanación

Averías producidas
entre revisiones

Fecha
notificación

Fecha
subsanación

Número de orden

Fecha

ANEXO 4

LIBRO REGISTRO DE COMUNICACIONES A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Número
de orden

Fecha comunicación

Dependencia policial

Resumen de lo comunicado

Día

Mes

Año

ANEXO 5

LIBRO REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ARMAS

Armas y cartuchería en depósito

Núm. de orden

Autorización adquisición

Datos del arma

Guía de pert.

Catuchos

Alta en depósito

Baja en depósito

Observaciones

Número

Fecha

Clase

Marca

C/

Número

Número

Fecha

Fecha

Hora

Procedencia

Fecha

Hora

Motivo

Movimientos de entrega de armas y cartuchería

Entrega

Existencias

Autorización traslado

Observaciones

Fecha

Hora

Vigilante de Seguridad T.I.P.

Firma

Armas

Cartuchos

Número

Fecha

Anterior

Actual

Anterior

Actual

Movimientos de recogida de armas y cartuchería

N.º Ord.

Armas

Guía de pert.

Cartuchos

Recogida

Existencias

Clase

Marca

C/

Número

Núm.

Fecha

Fecha

Hora

Vigilante de Seguridad/T.I.P.

Firma

Armas

Cartuchos

Anterior

Actual

Anterior

Actual

ANEXO 7

LIBRO REGISTRO DE DEPÓSITOS

Número de orden

Nombre o razón social del beneficiario

Fecha de entrada

Fecha de salida

Cantidad

Objeto

Valor

Hora

Día

Mes

Año

Hora

Día

Mes

Año

ANEXO 9

LIBRO REGISTRO DE TÍTULOS VALORES

Número de orden

Fecha

Persona que encomienda el cobro

Número
de
título

Entidad a la que se libra

Nombre y apellidos o razón social

NIF

Fecha del libramiento

Percepción del importe

Persona que se hace cargo del efectivo
Nombre y apellidos y NIF

Día

Mes

Año

Día

Mes

Mes

ANEXO 10

LIBRO REGISTRO DE REVISIONES

Número
de contrato

Fecha de revisión

Técnico que la realiza

Apellidos y nombre o razón social del cliente

Domicilio
y localidad del cliente

Deficiencias observadas

Fecha
subsanación

ANEXO 11

LIBRO REGISTRO DE ALARMAS

Número de orden

Fecha de la alarma

Causa
de la alarma

Entidad conectada

Localidad

Resultado verificación

Día

Mes

Año

Hora

Min.

Dependencia policial a la que se comunica

Hora

Minutos

Observaciones

ANEXO 12

LIBRO CATÁLOGO DE INSTALACIONES Y REVISIONES

Número de orden

N.º autorización empresa
instaladora

Fecha
instalación

Enumeración y descripción de aparatos,
equipos e instrumentos instalados
(marca y número de serie)

Ubicación

Observaciones

Número de orden

Número autorización empresa

Número contrato

Fecha revisión

Nombre y apellidos del Técnico

Deficiencias observadas

Fecha
subsanación

Firma
del Técnico

[1] Ténganse en cuenta las modificaciones operadas por Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, en los artículos 19, 30.2, 34 y 35 del Reglamento de Seguridad Privada (§ 2), por las que se suprimen los libros-registro de contratos, personal de seguridad privada, escoltas y transportes y se simplifica el contenido de los que se deben continuar llevando. Véase la disposición transitoria segunda del Real Decreto citado, transcrita en nota al sumario del mencionado Reglamento.

[2] Derogada por Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada (§ 3).

[3] Los artículos 245 a 248 del citado Reglamento, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, regulan la guía de circulación.

PERSONAL DE SEGURIDAD

Formación, habilitación y ejercicio profesional

§ 5 ORDEN INT/318/2011, DE 1 DE FEBRERO (INTERIOR), SOBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA [*]

(«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2011; corrección de errores en «BOE» núm. 61, de 12 de marzo)

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, encomiendan al Ministerio del Interior la concreción, entre otros, de determinados aspectos relacionados con el personal de seguridad privada en materia de formación, habilitación, documentación, uniformidad, medios de defensa y ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el mandato recibido, en la presente Orden:

Se fijan los requisitos que han de reunir los centros de formación, para su autorización, y los que ha de reunir el profesorado para su acreditación, concretándose diversos aspectos sobre la formación inicial y permanente del personal de seguridad privada.

Se establecen las características de la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, de las cartillas profesionales y de las cartillas de tiro.

Se especifican las normas reglamentarias relativas a uniformidad, armamento, distintivos y medios de defensa, especialmente de los vigilantes de seguridad y de los guardas particulares del campo y sus respectivas especialidades.

Por último, se complementan las indicaciones legales y reglamentarias relativas a habilitación, delegación de funciones, menciones honoríficas, así como al ejercicio de las funciones del personal de seguridad privada, especialmente en materia de principios de actuación y de colaboración con la seguridad pública.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de notificación en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, que incorpora tales Directivas al ordenamiento jurídico español, lo cual, aparte de la tramitación prevenida en las disposiciones mencionadas, determina la incorporación de una disposición adicional destinada a hacer jurídicamente posible el uso o consumo en España de productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuyas condiciones técnicas y de seguridad sean equivalentes a las exigidas por las normas vigentes en el Estado español.

De igual forma, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, así como al conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

TÍTULO PRIMERO

Formación y habilitación del personal de seguridad privada

CAPÍTULO PRIMERO

Formación

Sección 1.ª Centros de formación

Artículo 1. Requisitos de autorización de centros.–1. Los titulares o promotores de centros de formación en los que se pretendan impartir enseñanzas de formación y actualización de personal de seguridad privada solicitarán la correspondiente autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad que, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, resolverá lo procedente en función de los requisitos que se establecen en el anexo I de la presente Orden.

2. En los casos de centros de formación específicos y exclusivos para guardas particulares del campo y sus especialidades, la referida propuesta de autorización corresponderá a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.

3. La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en el citado anexo I dará lugar a la revocación de la autorización.

Art. 2. Requisitos de acreditación del profesorado.–1. El profesorado de los centros de formación a que se refiere el artículo anterior habrá de estar acreditado, previa comprobación de los requisitos que se determinan en el anexo II de esta Orden.

2. Se constituirá una Comisión de Valoración del Profesorado, en el Cuerpo Nacional de Policía, integrada por expertos en las distintas materias, que habrá de emitir informe sobre la concurrencia de los requisitos de acreditación.

3. La acreditación del profesorado que imparta formación a los guardas particulares del campo y sus especialidades, corresponderá a la Guardia Civil, mediante la respectiva comisión.

Art. 3. Inspección de los centros de formación.–1. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, realizará actividades inspectoras de la organización y funcionamiento de los centros de formación autorizados, para garantizar que se cumplen los requisitos precisos para su autorización, y que los cursos se adecuan a lo previsto en los artículos 56 y 57 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

2. En los casos de creación de centros de formación específicos y exclusivos para guardas particulares del campo, las facultades de inspección, serán ejercidas por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.

Sección 2.ª Formación previa

Art. 4. Vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo.–1. Los aspirantes a vigilante de seguridad habrán de superar, en ciclos de, al menos, ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, y los aspirantes a guarda particular del campo, en ciclos de sesenta horas y dos semanas lectivas, en los centros de formación autorizados, los módulos profesionales de formación que se determinen por la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en sus correspondientes ámbitos, y previo informe favorable, en todo caso, de los Ministerios de Educación y de Trabajo e Inmigración y, asimismo del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, respecto a los guardas particulares del campo, y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, respecto de los vigilantes de seguridad, especialidad de vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas.

2. Los aspirantes a las especialidades de escolta privado y de vigilante de explosivos, además de los módulos generales a que se refiere el apartado anterior, deberán superar módulos específicos, asimismo determinados por la Secretaría de Estado de Seguridad, de sesenta horas lectivas o de treinta horas lectivas, respectivamente.

3. Los aspirantes a las especialidades de guarda de caza y guardapesca marítimo deberán superar los módulos específicos para la especialidad correspondiente, establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad, consistentes en ciclos de sesenta horas lectivas, para la especialidad de guarda de caza, y treinta horas lectivas, para la de guardapesca marítimo.

4. Los ciclos formativos para los aspirantes a vigilantes de seguridad y a guardas particulares del campo, y sus respectivas especialidades, en su delimitación horaria, podrán comprender un porcentaje máximo del cincuenta por ciento de la formación no presencial o a distancia, debiendo impartirse obligatoriamente con carácter presencial las enseñanzas de naturaleza técnico-profesional, instrumental, de contenido técnico operativo y las prácticas de tiro y laboratorio.

5. A quienes hayan superado los módulos de formación y las pruebas físicas, los centros de formación autorizados les expedirán el correspondiente diploma o certificado acreditativo.

Art. 5. Detectives privados.–1. A los efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado, los aspirantes habrán de estar en posesión del diploma de detective privado reconocido a estos efectos por el Ministerio del Interior.

2. La solicitud de reconocimiento del diploma de detective privado al que se refiere el párrafo b) del apartado quinto del artículo 54 del Reglamento de Seguridad Privada, se remitirá a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

3. Los estudios para la obtención del diploma de detective privado se programarán e impartirán en los Institutos de Criminología o en otros centros oficiales adecuados y habilitados por el Ministerio de Educación, debiendo incluir, en todo caso, las materias que determine el Ministerio del Interior, y comprenderán, como mínimo, mil ochocientas horas lectivas, desarrolladas, al menos, durante tres cursos lectivos.

4. El orden, contenido, modalidad, forma y amplitud horaria de cada una de las materias que integren los tres cursos lectivos, será determinado por los institutos o centros oficiales, en el programa que se presente a efectos de autorización, en su caso.

5. En el supuesto de que los estudios de detective privado formen parte de un programa de estudios de superior nivel académico, su contenido didáctico y horas lectivas deberán estar claramente diferenciados de éste y expedirse, en todo caso, por los institutos o centros oficiales, el diploma específico de detective privado reconocido en la autorización prevista en este artículo.

Art. 6. Directores de seguridad.–1. A los efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de director de seguridad, los aspirantes a directores de seguridad habrán de estar en posesión de la titulación de seguridad a la que se refiere el presente artículo, reconocida a estos efectos por el Ministerio del Interior.

2. La solicitud de reconocimiento de los cursos de dirección a los que se corresponde la titulación de seguridad referida en el párrafo a) del apartado segundo del artículo 63 del Reglamento de Seguridad Privada, se remitirá a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

3. Los cursos de dirección de seguridad estarán programados e impartidos por centros universitarios, públicos o privados, reconocidos oficialmente, y deberán contener, al menos, las materias establecidas en el anexo III de la presente Orden, debiendo alcanzar éstas un mínimo de cuatrocientas horas, pudiendo complementarse con otras relacionadas con las funciones y habilidades directivas y la seguridad en general.

4. El orden, contenido, modalidad, forma y amplitud horaria de cada una de las materias que integren estos cursos, será determinado por los centros oficiales, en el programa que se presente a efectos de autorización, en su caso.

5. En el supuesto de que el curso de dirección de seguridad forme parte de un programa de estudios de superior nivel académico, su contenido didáctico y horas lectivas deberán estar claramente diferenciados de éste y expedirse, en todo caso, un título específico con el nombre del curso reconocido en la autorización prevista en este artículo.

Sección 3.ª Formación permanente

Art. 7. Cursos de actualización y especialización.–De conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada, el personal de seguridad privada, al que se refiere dicho artículo, participará en cursos de actualización o especialización impartidos en centros de formación autorizados, que tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas anuales, con un porcentaje de, al menos, el cincuenta por ciento de formación presencial.

Art. 8. Cursos de formación específica.–En los servicios de seguridad que se citan en el anexo IV de esta Orden, por ser necesaria una mayor especialización del personal que los presta, se requerirá una formación específica, ajustada a los requisitos que se recogen en dicho anexo, computable como horas lectivas a efectos de la formación permanente del artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada.

Art. 9. Cursos de formación especial.–Los cursos, conferencias o reuniones formativas organizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al objeto de impartir las instrucciones o pautas de actuación para hacer efectivo el principio básico de auxilio, colaboración y coordinación con estas, se computarán como horas lectivas a efectos de la formación permanente del artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada.

CAPÍTULO II

Habilitación

Art. 10. Pruebas para vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo.–1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Seguridad Privada, quienes acrediten la superación de la formación previa, referida en el artículo 4 de esta Orden, podrán presentarse a las pruebas de selección que sean oportunamente convocadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, acreditando el cumplimiento de los requisitos generales y específicos determinados en los artículos 53 y 54 del Reglamento de Seguridad Privada, en la forma dispuesta en el artículo 59 de dicho Reglamento.

2. En la resolución de convocatoria, se determinarán las correspondientes pruebas, las fechas de su celebración, los modelos de solicitud y las dependencias de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil a las que deben dirigirse, en su respectivo ámbito, según se trate de vigilantes de seguridad y sus especialidades o de guardas particulares del campo y sus especialidades.

3. Las pruebas especificas que debe superar el personal de seguridad privada debidamente habilitado que, habiendo permanecido inactivo más de dos años, deba someterse a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias, conforme al apartado segundo del artículo 64 del Reglamento de Seguridad Privada, podrán consistir en las siguientes modalidades:

a) Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio del Interior a tal efecto.

b) Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia.

Art. 11. Pruebas para jefes de seguridad.–Con arreglo a lo establecido en el apartado primero del artículo 63 del Reglamento de Seguridad Privada, las pruebas para la habilitación de jefes de seguridad serán convocadas por la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, tendrán carácter teórico-práctico, y versarán sobre la normativa reguladora de la seguridad privada y, en especial, sobre el funcionamiento de las empresas de seguridad, funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada, funcionamiento de los sistemas y medidas de seguridad, organización de servicios de seguridad, y modalidades de prestación de los mismos.

Art. 12. Pruebas para directores de seguridad.–De conformidad con lo dispuesto en el párrafo b) del apartado segundo del artículo 63 del Reglamento de Seguridad Privada, las pruebas para la habilitación de directores de seguridad no titulados, conforme al artículo 6 de esta Orden, serán convocadas por la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, tendrán carácter teórico-práctico y versarán sobre la normativa reguladora de la seguridad privada y, en especial, sobre servicios de seguridad, funciones de los departamentos de seguridad, y características y funcionamiento de los sistemas y medidas de seguridad.

Art. 13. Acreditaciones profesionales.–1. A quienes soliciten la habilitación, previa comprobación de que reúnen los requisitos necesarios, se les expedirá, como documento público de acreditación profesional, la correspondiente tarjeta de identidad profesional, que les habilitará para el ejercicio de las respectivas funciones.

2. En el caso de los detectives privados, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado séptimo del artículo 52 y en el párrafo b) del apartado quinto del artículo 54, ambos del Reglamento de Seguridad Privada, para la obtención de la tarjeta de identidad profesional, una vez superadas las pruebas en los institutos o centros a que se refiere el artículo 5 de esta Orden y obtenido el correspondiente diploma, deberán inscribirse previamente en el Registro correspondiente.

3. Para la expedición de la tarjeta de identidad profesional, se verificarán los datos de carácter personal, aportados por los solicitantes, en las bases de datos correspondientes. Esta misma comprobación se realizará en los casos de retirada de la citada tarjeta por causa de inhabilitación.

4. De conformidad con lo previsto en el apartado primero del artículo 64 y en el artículo 65, ambos del Reglamento de Seguridad Privada, y previos los procedimientos correspondientes para cada caso, se procederá a la retirada de la tarjeta de identidad profesional.

Art. 14. Tarjeta de identidad profesional.–1. La tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada tendrá las características que se determinan en el anexo V de la presente Orden.

2. La tarjeta de identidad profesional incluirá las habilitaciones para las que el titular se encuentre autorizado. Tendrá un período de validez de diez años, a contar desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de la necesidad de obtención de duplicados cuando se hubiere perdido, sustraído o deteriorado de modo que sea difícil la identificación.

3. Esta tarjeta de identidad profesional será personal e intransferible y servirá para acreditar la condición del titular en los casos y circunstancias en que el ejercicio de su función lo requiera y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, la Autoridad o sus Agentes.

Art. 15. Cartilla profesional.–1. La cartilla profesional de los vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo se ajustará a las características que se determinan en el anexo VI de la presente Orden.

2. La cartilla profesional se entregará con la tarjeta de identidad profesional y la Jefatura Superior de Policía o Comisaría Provincial correspondiente, o, en su caso, la Comandancia de la Guardia Civil, sellará la primera hoja.

3. Las anotaciones de las altas y bajas se efectuarán por las empresas en el momento en que se produzcan, salvo las relativas a las de los guardas particulares del campo y sus especialidades no integrados en empresas, que las efectuarán las personas físicas o jurídicas contratantes o los propios guardas, de darse el caso de desarrollar su función por cuenta propia, cumplimentándose las de los cursos de formación permanente por los centros de formación o responsable policial correspondiente, y las relativas a las menciones honoríficas, por la Jefatura Superior de Policía, Comisaría Provincial o Comandancia de la Guardia Civil correspondiente, o por los órganos o unidades centrales respectivos.

4. En el caso de prestar servicios, simultáneamente, en varias empresas de seguridad, la cartilla deberá ser cumplimentada en los apartados de altas y bajas y sellada por todas ellas, y permanecerá en custodia en la empresa cuyo contrato sea de mayor jornada o, en su caso, en la que tenga mayor antigüedad.

5. Cuando finalice la relación laboral, la empresa de seguridad entregará la cartilla a su titular, permaneciendo ésta bajo su custodia hasta el momento de su entrega a la nueva empresa que le contrate.

6. En el supuesto de guardas particulares del campo y sus especialidades, no integrados en empresas de seguridad, la referida cartilla permanecerá en su poder durante la relación contractual con las personas físicas o jurídicas contratantes.

Art. 16. Cartilla de tiro.–1. La cartilla de tiro se acomodará a las características que se determinen y al modelo que se apruebe por la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.

2. La cartilla de tiro se entregará a su titular, con la licencia de armas, y le será de aplicación lo dispuesto en el apartado quinto del artículo anterior.

Art. 17. Libro-Registro de detectives.–1. El Libro-Registro que han de llevar los detectives, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustará al modelo que se adjunta a la presente Orden como anexo VII. En el caso de que sea informatizado, deberá atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre protección de datos personales; y los órganos administrativos competentes en materia de seguridad privada pondrán en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos cualquiera anomalía que se descubriere respecto del funcionamiento de dicho Libro-Registro.

2. Las hojas o soportes que se utilicen para la composición posterior del Libro-Registro, deberán ser foliadas y selladas con carácter previo al inicio de las anotaciones.

3. En su primera hoja, la Jefatura Superior de Policía, la Comisaría Provincial o Local del Cuerpo Nacional de Policía, o la Policía Autónoma, correspondiente a la demarcación territorial del despacho o de sus delegaciones, asentará la diligencia de habilitación del Libro.

4. En la citada diligencia constarán los siguientes extremos: Fin a que se destina el Libro, nombre del detective titular del despacho, número de orden de inscripción en el Registro de Detectives, número de folios de que consta el Libro, precepto que cumplimenta la diligencia, y lugar y fecha de la misma; debiendo estar firmada por el responsable de la respectiva dependencia policial, o persona en quien delegue.

Art. 18. Delegación de funciones de jefes y directores de seguridad.–1. Las empresas de seguridad y las entidades con departamento de seguridad comunicarán la delegación de funciones de jefes y directores de seguridad, así como las altas y bajas de éstos, a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se produzcan.

2. Lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de Seguridad Privada sobre delegación de funciones del jefe de seguridad, será también aplicable al director de seguridad.

3. La delegación de funciones de los jefes y directores de seguridad deberá recaer respectivamente en personas integradas en su empresa o departamento de seguridad.

4. Cuando los delegados del jefe o del director de seguridad no estén habilitados como tales, deberán reunir, como condiciones análogas de experiencia y capacidad, las siguientes:

a) Para los jefes de seguridad, haber desempeñado puestos o funciones de seguridad pública o privada, al menos durante cinco años.

b) Para los directores de seguridad, acreditar el desempeño, durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o privada.

c) En ambos casos, estar en posesión de las titulaciones recogidas en el apartado cuarto del artículo 54 del Reglamento de Seguridad Privada.

5. Estas delegaciones de funciones se documentarán mediante solicitud remitida a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, que registrará, si procede, la correspondiente aceptación, que deberá exhibir el interesado ante los miembros de los Cuerpos de Seguridad que se lo requieran.

TÍTULO II

Armamento y uniformidad del personal de seguridad privada

CAPÍTULO I

Vigilantes de seguridad

Art. 19. Armas reglamentarias.–1. El arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad, en los servicios que hayan de prestarse con armas, será el revólver calibre treinta y ocho especial de cuatro pulgadas.

2. Cuando esté dispuesto el uso de armas largas, los vigilantes utilizarán la escopeta de repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco contenedor.

Art. 20. Autorizaciones para portar armas fuera de servicio.–1. Las autorizaciones para portar armas fuera de servicio, en los casos previstos en el apartado segundo del artículo 82 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustarán al modelo que se apruebe por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.

2. No tendrán validez las autorizaciones cubiertas parcialmente o que no se ajusten a la realidad de la situación para la que fueron expedidas.

3. Las empresas deberán conservar en su sede, o en la de sus delegaciones, copias de las autorizaciones, por el tiempo mínimo de dos años contados a partir de la fecha de expedición.

Art. 21. Ejercicios de tiro.–Los vigilantes de seguridad que presten o puedan prestar servicios con armas, efectuarán un mínimo de veinticinco disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro semestral, con el tipo de arma con la que habitualmente deban desempeñar sus funciones.

Art. 22. Uniformidad.–1. La uniformidad de los vigilantes de seguridad se compondrá de las prendas establecidas en el anexo VIII de la presente Orden, que podrá ser modificada por Resolución del Director General de la Policía y la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.

2. La composición del uniforme de los vigilantes de seguridad, en cuanto a la combinación de las distintas prendas de vestir, se determinará por cada empresa de seguridad, en función de su conveniencia o necesidades, de las condiciones de trabajo, de la estación del año y de otras posibles circunstancias de orden funcional, laboral o personal. En todo caso, el uniforme, como ropa de trabajo, estará adaptado a la persona, deberá respetar, en todo momento, su dignidad y posibilitar la elección entre las distintas modalidades cuando se trate de prendas tradicionalmente asociadas a uno de los sexos.

3. La posible utilización de otro tipo de prendas de uniformidad deberá ser previamente comunicada a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, que podrá denegar su utilización.

4. En la uniformidad, en cualquiera de sus modalidades, siempre estarán visibles, al menos, los elementos relativos al distintivo de identificación profesional referido en el artículo 25 de esta Orden, la indicación de la función de seguridad y el escudo-emblema o anagrama de la empresa de seguridad contemplado en el artículo 24 de esta Orden.

5. El color y la composición general del uniforme de los vigilantes de seguridad de cada empresa o grupo de empresas de seguridad privada, con la finalidad de evitar que se confunda con los de las Fuerzas Armadas y con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, necesitará estar aprobado previamente por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito Cuerpo Nacional de Policía, a solicitud de la empresa o empresas interesadas.

6. Todas las solicitudes de autorización y comunicaciones referidas a la uniformidad de los vigilantes de seguridad serán dirigidas a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

Art. 23. Excepciones al deber de uniformidad.–1. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, en aquellos servicios que hayan de prestarse en determinados lugares de trabajo que así lo aconsejen, en especificas condiciones laborales que lo requieran, o en circunstancias climatológicas o de especial peligrosidad o riesgo, podrá autorizar el uso de prendas específicas, accesorias o adecuadas al puesto de trabajo, según lo dispuesto en las normas sectoriales o legislaciones especiales en las que se vele por la salud, seguridad o prevención de riesgos en los puestos de trabajo.

2. La solicitud será efectuada por la empresa de seguridad y el distintivo del cargo siempre será visible conforme a lo establecido en el artículo anterior de la presente Orden.

Art. 24. Escudo-emblema.–Todas las prendas de la parte superior del uniforme, llevarán, en la parte alta de la manga izquierda, el escudo-emblema o anagrama específico de la empresa de seguridad en la que se preste servicio.

Art. 25. Distintivo.–1. El distintivo de vigilante de seguridad se ajustará a las características determinadas en el anexo IX de la presente Orden.

2. En la parte superior del anverso del distintivo figurará la expresión vigilante de seguridad, o la de vigilante de explosivos, según corresponda, debiendo constar en la parte inferior el número de la habilitación.

3. El distintivo se llevará permanentemente en la parte superior izquierda, correspondiente al pecho, de la prenda exterior, sin que pueda quedar oculto por otra prenda o elemento que se lleve.

Art. 26. Medios de defensa y su utilización.–1. La defensa reglamentaria de los vigilantes de seguridad será de color negro, de goma semirrígida y de 50 centímetros de longitud; y los grilletes serán de los denominados de manilla.

2. Los vigilantes de seguridad portarán la defensa en la prestación de su servicio, salvo cuando se trate de la protección del transporte y distribución de monedas y billetes, títulos-valores, objetos valiosos o peligrosos y explosivos.

3. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, previa solicitud de la empresa de seguridad, podrá autorizar la sustitución o complemento de la defensa reglamentaria por otras armas defensivas, siempre que se garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas.

4. Asimismo, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, a petición de la empresa de seguridad, podrá autorizar la utilización de otros elementos defensivos, para su uso en acontecimientos o servicios que, por sus condiciones de desarrollo, lo requieran.

CAPÍTULO II

Escoltas privados

Art. 27. Uniformidad, armamento y tiro.–1. Los escoltas privados vestirán de paisano y para su identificación profesional utilizarán su tarjeta de identidad profesional, sin poder estar acompañada de ningún emblema, placa o distintivo o con presentación semejante a la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. El arma reglamentaria de los escoltas privados será la pistola semiautomática del calibre 9 mm Parabellum.

3. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, a petición de la empresa de seguridad, podrá autorizar la utilización de otros elementos defensivos, siempre que se garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas.

4. Los escoltas privados efectuarán un mínimo de veinticinco disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro, de periodicidad trimestral.

Art. 28. Autorizaciones para portar armas fuera de servicio.–1. Las autorizaciones para portar armas fuera de servicio, en los casos previstos en el apartado cuarto del artículo 90 del Reglamento de Seguridad Privada se ajustarán al modelo que se apruebe por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.

2. Igualmente, en los casos excepcionales contemplados en el apartado segundo del artículo 82, en relación con el apartado cuarto del artículo 90, ambos del citado Reglamento, en los servicios de protección personal que impliquen, además de un riesgo especial, la disponibilidad permanente del escolta privado para la prestación del servicio, en la resolución de autorización de los mismos, podrán establecerse condiciones específicas para el porte y custodia del arma, bajo la responsabilidad personal del propio escolta.

3. Las empresas deberán conservar en su sede, o en la de sus delegaciones, copias de las autorizaciones.

CAPÍTULO III

Guardas particulares del campo

Art. 29. Armamento y tiro.–1. El arma reglamentaria de los guardas particulares del campo será el arma de fuego larga para vigilancia y guardería, determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Armas.

2. Los guardas particulares del campo efectuarán los disparos que se determine por el Ministerio del Interior, en un ejercicio de tiro obligatorio de carácter anual.

3. La defensa de los guardas particulares del campo, que podrán portar en la prestación de sus servicios, será de color negro, de goma semirrígida de 50 centímetros de longitud; y los grilletes serán de los denominados de manilla.

4. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, previa solicitud de la empresa de seguridad, persona física o jurídica contratante de guardas particulares del campo o, por el propio guarda, en el supuesto que desarrolle su función por cuenta propia, podrá autorizar la sustitución o complemento de la defensa reglamentaria por otras armas defensivas, siempre que se garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas.

5. Asimismo, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, a petición de la empresa de seguridad, persona física o jurídica contratante de los guardas particulares del campo o, por el propio guarda, en el supuesto que desarrolle su función por cuenta propia, podrá acordar la utilización de otros elementos defensivos, para su uso en acontecimientos o servicios que, por sus condiciones de desarrollo, lo requieran.

Art. 30. Uniformidad.–1. La uniformidad y el distintivo de los guardas particulares del campo serán los que se determinen por la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, correspondiendo a ésta la aprobación previa del color del uniforme, a solicitud del sector.

2. Las solicitudes referidas a la uniformidad de guardas particulares del campo, serán dirigidas al Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil.

TÍTULO III

Ejercicio de las funciones del personal de seguridad privada

CAPÍTULO I

Principios de actuación

Art. 31. Principios básicos.–De conformidad con el apartado tercero del artículo 1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y el artículo 67 de su Reglamento, son principios básicos de actuación del personal de seguridad privada los siguientes:

1. Legalidad, y, en consecuencia, en las actividades de seguridad e investigación privada sólo se emplearán medios y acciones conforme al ordenamiento jurídico vigente.

2. Integridad, cumpliendo diligentemente los deberes profesionales oponiéndose a todo acto de corrupción.

3. Dignidad, mediante el recto ejercicio de sus atribuciones legales.

4. Protección, que implica desarrollar efectivamente sus responsabilidades para conseguir los niveles de seguridad establecidos, sin permitirse ninguna forma de inhibición en su función de evitar hechos ilícitos o peligrosos.

5. Corrección, desarrollando una conducta profesional irreprochable, especialmente en el trato con los ciudadanos, evitando todo tipo de abuso, arbitrariedad o violencia.

6. Congruencia, por cuyo principio se aplicarán medidas de seguridad proporcionadas y adecuadas a los riesgos que se trata de proteger.

7. Proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa de dotación.

8. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo observar siempre las instrucciones policiales concretas sobre el objeto de su protección o investigación, en función de los medios de que disponga.

9. El personal de seguridad privada ejercerá la colaboración ciudadana comunicando a los cuerpos policiales competentes las informaciones relevantes para la seguridad ciudadana y la prevención del delito que conozca.

10. El personal de seguridad privada guardará rigurosa reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones, especialmente de las informaciones que reciba en materia de seguridad y de los datos de carácter personal que deba tratar, investigar o custodiar, y no podrá facilitar datos sobre dichos hechos más que a las personas que les hayan contratado y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO II

Colaboración con la seguridad pública

Art. 32. Deber de colaboración.–El deber de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y las comunicaciones que contempla el artículo 66 del Reglamento de Seguridad Privada, así como la puesta a disposición de presuntos delincuentes, instrumentos, efectos y pruebas de delitos, a que se refiere el apartado segundo del artículo 76 del citado Reglamento, se cumplimentarán respecto a los miembros competentes del Cuerpo que corresponda, de acuerdo con el régimen de competencias previsto en el apartado segundo del artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o, en su caso, respecto a la Policía autonómica correspondiente.

Art. 33. Requerimiento de colaboración.–En el cumplimiento de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada facilitará, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se lo requieran, directamente y sin dilación, la información o colaboración que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Art. 34. Consideración profesional.–El personal de seguridad privada, en el ejercicio de su actividad profesional, recibirá un trato preferente y deferente por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto dentro como fuera de las dependencias policiales, pudiendo comparecer en éstas, con el uniforme reglamentario, siempre que tal comparecencia esté motivada con el ejercicio de sus funciones.

Art. 35. Consideración legal.–En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes.

Art. 36. Menciones honoríficas.–1. El personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus obligaciones, podrá ser distinguido con menciones honoríficas que, en el caso de vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo y sus especialidades, se anotarán en su cartilla profesional.

2. Estas menciones podrán concederse de oficio o a iniciativa de particulares, de las empresas a las que pertenezca el personal, o de otras entidades relacionadas con la seguridad privada, otorgándose, a nivel territorial, por los Jefes Superiores o Comisarios Provinciales de Policía o, en su caso, por los Jefes de Zona o de Comandancia de la Guardia Civil del territorio donde se haya producido la actuación determinante de la mención, y a nivel central, por los Órganos o Unidades competentes, así como por las autoridades autonómicas competentes, quienes las anotarán en la cartilla profesional, previa comunicación oficial al interesado.

3. Además de al personal de seguridad privada, podrán también concederse menciones a personas, físicas o jurídicas, relacionadas o vinculadas con el sector o actividades de la seguridad privada.

4. Las menciones honoríficas se otorgarán teniendo en cuenta la especial peligrosidad, penosidad, iniciativa profesional o transcendencia social, concurrentes en los supuestos que a continuación se relacionan y que determinarán las consiguientes categorías:

Categoría A:

Resultar lesionado el personal de seguridad privada, o haber corrido grave riesgo su integridad física, con motivo u ocasión de la prestación de un servicio, en cumplimiento de sus deberes u obligaciones.

Haber evitado la comisión de delitos en relación con el objeto de su protección, con detención de los implicados, cuando suponga especial riesgo para su persona o grave dificultad en la realización.

Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información relevante que, por su contenido, haya contribuido al esclarecimiento de delitos o hechos cometidos por organizaciones de delincuentes.

Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información que, por su contenido o circunstancias, resulte importante para la seguridad del Estado o para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Categoría B:

Haber evitado la comisión de delitos en relación con el objeto de su protección.

Actuaciones humanitarias con motivo de accidentes, siniestros o catástrofes, que superen el estricto cumplimiento de sus deberes.

Cualquier otra actuación que, a juicio de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sea acreedora de esta mención honorífica.

5. Las menciones honoríficas u otros reconocimientos que puedan concederse al personal o empresas de seguridad privada, se entregarán con ocasión de la celebración del Día de la Seguridad Privada o de actos de reconocimiento social al servicio que presta la seguridad privada.

6. Las anteriores menciones permitirán el uso de un pasador o distintivo específico sobre el uniforme, con el diseño que se determine, mediante Resolución del Director General de la Policía y de la Guardia Civil, que no podrá confundirse con los de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de las Fuerzas Armadas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Comercialización de productos.–En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión Europea tenga un Acuerdo de Asociación y que estén sometidos a reglamentaciones nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada, se aceptará la validez de las evaluaciones de conformidad, siempre que estén emitidas por Organismos de Control acreditados, en base a la Norma EN 45011, y a la Norma EN ISO/IEC 17025, para laboratorios, y ofrezcan, a través de su Administración Pública competente, garantías técnicas profesionales de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española, así como que las disposiciones del Estado, en base a las que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad igual o superior al exigido por las correspondientes disposiciones españolas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Uniformidad y distintivos.–La uniformidad y los distintivos que se vinieran utilizando, antes de la entrada en vigor de esta Orden, podrán continuar siendo usados de forma indefinida.

Segunda. Tarjeta de identidad profesional.–La tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada seguirá siendo válida hasta su fecha de caducidad, en que será sustituida por el nuevo modelo regulado en esta orden.

Tercera. Adaptación de cursos de director de seguridad.–Los centros a que hace referencia el artículo 6 de esta Orden, que tengan reconocidas titulaciones para la habilitación de director de seguridad, deberán adaptar los cursos, a las exigencias de dicho artículo, en la convocatoria inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la presente Orden.

Las titulaciones obtenidas al término de los cursos que se encuentren iniciados, a la entrada en vigor de la presente Orden, y aquellos otros que ya estaban reconocidos para la habilitación de director de seguridad, tendrán validez indefinida.

Cuarta. Exención de diplomas para detective privado.No se exigirá el diploma, para la habilitación como detective privado, a quienes hubieran sido declarados aptos en las pruebas convocadas, por la Dirección General de la Policía, para los auxiliares de detective, investigadores e informadores, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 23/92, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. 1. Quedan derogadas las disposiciones siguientes:

La Orden del Ministro de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre personal.

La Orden del Ministro del Interior, de 14 de enero de 1999, por la que se modifica lo dispuesto sobre módulos de formación de los vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo en la Orden del Ministro de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995.

La Orden del Ministro del Interior de 10 de mayo de 2001, por la que se modifican las características de la tarjeta de identidad profesional, reguladas en el anexo V de la Orden del Ministro de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre personal.

La Resolución de 7 de enero de 1997, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula la adquisición de los distintivos de los vigilantes de seguridad y de los vigilantes de explosivos y se concretan sus características.

2. Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.–1. Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública.

2. Lo dispuesto en esta orden se entiende sin perjuicio de las competencias que, en su caso, hayan asumido las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de Autonomía.

Segunda. Desarrollo.–El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden, así como para la modificación, en su caso, de los anexos.

Tercera. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I

Requisitos de autorización y funcionamiento de los centros de formación

1. La autorización para la apertura de los centros de formación, actualización y adiestramiento profesional del personal de seguridad privada estará condicionada a la acreditación de los siguientes requisitos:

a) Documento que acredite la propiedad, arrendamiento o derecho de uso del inmueble.

b) Licencia municipal de apertura o, en su defecto, solicitud de la misma, adjuntando, en este último caso, el certificado de un técnico colegiado competente en la materia, de que las instalaciones reúnen las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, seguridad y sobre prevención de riesgos laborales exigidos por la legislación vigente, y, además, el compromiso de aportar la resolución correspondiente una vez emitida. En caso de que la licencia de apertura fuera denegada, será revocada la autorización del centro.

c) Estarán dotados de un gimnasio y de una galería de tiro, que deberán cumplir las exigencias de ubicación y acondicionamiento establecidas en la legislación vigente para este tipo de instalaciones.

d) La existencia de las instalaciones descritas en el párrafo c) podrá dispensarse si el centro afectado concertara la correlativa prestación de servicios con otras instituciones, públicas o privadas, bajo la inspección y control de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, para los centros en que se imparta o pretenda impartir formación al personal de seguridad privada, y en el ámbito de la Guardia Civil, para los centros en que se imparta o pretenda impartir exclusivamente formación para guardas particulares del campo y sus especialidades.

e) Los centros de formación que dispongan de armamento o cartuchería, bien en propiedad, bien en régimen de alquiler o cesión, para la realización de prácticas de tiro con fuego real, deberán disponer de los correspondientes armeros, debidamente autorizados para la custodia de las armas y de la cartuchería, que cuenten con análogas medidas de seguridad a las que se establecen en la normativa sobre empresas de seguridad privada.

f) Cuadro de profesores acreditados al que se refiere el apartado segundo del artículo 56 del Reglamento de Seguridad Privada.

2. El funcionamiento de estos centros estará condicionado:

a) Al cumplimiento permanente de los requisitos de apertura exigidos en el apartado anterior.

b) A la comunicación inmediata de las modificaciones que afecten a cualquiera de los requisitos anteriores.

c) A la impartición de la totalidad del número de horas y del contenido de los módulos profesionales establecidos para cada una de las especialidades del personal de seguridad privada.

d) Al cumplimiento permanente de las condiciones establecidas en la resolución de autorización.

ANEXO II

Requisitos de acreditación del profesorado

Para obtener la acreditación que habilita para impartir enseñanzas en centros de formación, actualización y adiestramiento del personal de seguridad privada, se han de reunir los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión de titulación universitaria de grado superior, cuando la asignatura de que se trate esté integrada como enseñanza de tal carácter dentro del sistema educativo general.

2. En el supuesto de materias no recogidas en el sistema educativo general público, dicha acreditación será expedida por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito Cuerpo Nacional de Policía, salvo que la enseñanza estuviese específicamente relacionada con la formación de alumnos aspirantes a guardas particulares del campo y sus especialidades, en cuyo caso será expedida por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito Guardia Civil.

Para expedir esta acreditación habrá de tenerse en cuenta la capacidad pedagógica y la calidad y grado de conocimientos característicos de los aspirantes, manifestados, con preferencia, a través de sus publicaciones, actividad docente previa y en el ejercicio de su profesión.

3. En todo caso, se tendrá en cuenta, a efectos de acreditación, la experiencia práctica adquirida por los aspirantes, en el ejercicio de funciones relacionadas directamente con la seguridad.

ANEXO III

Titulaciones para la habilitación de directores de seguridad

Las titulaciones para la habilitación de directores de seguridad habrán de tener como base la superación de cursos en los que se impartan, al menos, las siguientes materias:

Normativa de seguridad privada.

Fenomenología delincuencial.

Seguridad física.

Seguridad electrónica.

Seguridad de personas.

Seguridad lógica.

Seguridad en entidades de crédito.

Seguridad patrimonial.

Seguridad contra incendios.

Prevención de riesgos laborales.

Protección civil.

Protección de datos de carácter personal.

Gestión y dirección de actividades de seguridad privada.

Funcionamiento de los departamentos de seguridad.

Planificación de la seguridad.

Análisis de riesgos.

Dirección de equipos humanos.

Gestión de recursos materiales.

Colaboración con la seguridad pública.

Deontología profesional.

ANEXO IV

Formación específica

1. Se impartirán cursos de formación específica en los siguientes tipos de servicio: transporte de fondos, servicios de acuda, vigilancia en buques, vigilancia en puertos, vigilancia en aeropuertos, servicios con perros y servicios en los que se utilicen aparatos de rayos X.

2. Los servicios señalados en el apartado anterior serán desempeñados por personal de seguridad privada que haya superado el correspondiente curso de formación específica.

No obstante, al personal de seguridad privada que, a la entrada en vigor de la presente Orden, se encuentre desempeñando un servicio de seguridad de los anteriormente citados o acredite su desempeño durante un período de dos años, no le será exigible la realización del curso específico relacionado con ese servicio.

3. Los cursos de formación específica serán impartidos en centros de formación autorizados y tendrán una duración mínima de diez horas de formación presencial.

4. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, de la Guardia Civil, cuando se trate de guardas particulares del campo o sus especialidades, podrá autorizar que este tipo de cursos, que deban tener condiciones específicas en cuanto a su contenido, ubicación o acondicionamiento de los espacios de aprendizaje y prácticas, se puedan realizar por formadores que tengan los conocimientos precisos y en instalaciones que cuenten con el equipamiento y medios necesarios.

ANEXO V

Características de la tarjeta de identidad profesional

1. La tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, excepto los guardas particulares del campo y sus especialidades, tendrá las siguientes características:

Sus dimensiones serán de 85,60 mm de ancho y 53,98 mm de alto y llevará estampados, en el anverso, de forma destacada y preeminente, los literales «SEGURIDAD PRIVADA» y «TARJETA DE IDENTIDAD PROFESIONAL», y en su parte superior, el texto «Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil», el escudo nacional de España, los textos «GOBIERNO DE ESPAÑA» y «MINISTERIO DEL INTERIOR» y los colores de la bandera nacional española y de la Unión Europea.

La tarjeta de identidad profesional recogerá los siguientes datos de su titular:

En el anverso:

Fotografía.

Fecha límite de validez.

En el reverso:

N.º de tarjeta de identidad profesional: que coincidirá con el número del Documento Nacional de Identidad o del Número de Identificación de Extranjero, con todos sus caracteres alfanuméricos.

Apellidos y nombre.

Habilitaciones para las que el documento autoriza a su titular.

Número y fecha de cada habilitación.

Llevará visible el siguiente texto: «Esta tarjeta de identidad profesional es personal e intransferible y sirve para acreditar la condición del titular en los casos y circunstancias en que el ejercicio de su función lo requiera y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, Autoridad o sus Agentes».

Asimismo figurará en la base del reverso la fecha de expedición de la tarjeta y el Equipo de Expedición.

2. La tarjeta de identidad profesional de los guardas particulares del campo y sus especialidades tendrá las siguientes características:

La tarjeta soporte llevará estampado en su anverso en el centro y como marca de agua el escudo nacional. En la parte superior y centrado hacia la derecha llevará estampado y de forma destacada en letra mayúscula el literal «SEGURIDAD PRIVADA». Debajo y centrada respecto a la anterior figurará la inscripción «tarjeta de identidad profesional».

En el lateral izquierdo en sentido vertical llevará el escudo nacional y el texto «MINISTERIO DEL INTERIOR», seguidamente el literal «DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL» y los colores de la bandera española.

En la parte derecha, por debajo de la inscripción «tarjeta de identidad profesional», figurará en mayúscula y resaltado el texto: «GUARDA PARTICULAR DEL CAMPO».

La tarjeta de identidad profesional recogerá los siguientes datos:

En el anverso:

Especialidades para las que el documento autoriza a su titular.

Fotografía.

Número de tarjeta de identidad profesional.

Fecha límite de validez.

Lugar, fecha y antefirma de la autoridad que expide la tarjeta.

En el reverso:

Llevará visible el siguiente texto: «Esta tarjeta de identidad profesional es personal e intransferible y sirve para acreditar la condición del titular en los casos y circunstancias en que el ejercicio de su función lo requiera y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, la Autoridad o sus Agentes».

Nombre.

Primer apellido.

Segundo apellido.

Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjero con todos sus caracteres alfanuméricos.

Firma del titular.

ANEXO VI

Modelo de cartilla profesional

La cartilla profesional de los vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo se ajustará, respectivamente, a los modelos que aparecen en los Anexos VI y VII de la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 19 de enero de 1996, por la que se determinan aspectos relacionados con el personal.

ANEXO VII

Modelo de Libro-Registro de detectives

Encargo de investigación

Asunto

Contratante

Número de orden

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Nombre y apellidos
o razón social

Domicilio/localidad

Investigado

Delitos perseguibles de oficio conocidos

Órgano al que se comunicaron

Nombre y apellidos o razón social

Domicilio/localidad

ANEXO VIII

Uniformidad de los vigilantes de seguridad

1. El uniforme podrá conformarse con las siguientes prendas:

Anorak.

Jersey.

Cazadora.

Chaqueta.

Corbata.

Camisa o polo de manga corta o larga.

Pantalón.

Chaleco.

Calcetines.

Zapatos.

Botas.

Cinturón.

Falda.

2. Las características técnicas se ajustarán a lo que se que se determine mediante la correspondiente Resolución del Director General de la Policía y de la Guardia Civil.

ANEXO IX

Distintivo de los vigilantes de seguridad

1. El distintivo será de forma ovalada y apaisada, de 8 cm de ancho por 6 cm de alto, en fondo blanco, conforme al modelo contenido en este anexo. En la parte superior del anverso, figurará la expresión de «VIGILANTE DE SEGURIDAD» o «VIGILANTE DE EXPLOSIVOS», debiendo llevar grabado en la parte inferior el número de la habilitación. Las letras y números serán de color rojo.

2. Podrá ser de material metálico o plástico flexible, con las siguientes características:

Si fuera metálico estará elaborado mediante una aleación de un 65 por 100 de cobre y un 35 por 100 de zinc, recubierto con esmalte cerámico y tratado con baños de decapado, desengrasado, níquel y latón. Su fijación al uniforme se realizará con un imperdible horizontal.

Si fuera de goma flexible estará elaborado en policloruro de vinilo (PVC). Su fijación al uniforme se realizará con un sistema de cierre de gancho y bucle de los denominados tipo «velcro».

3. Quienes pretendan fabricar estos distintivos, lo comunicarán a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, a efectos de registro y publicidad.

4. Cuando se comunique a los vigilantes el número de la habilitación que les corresponde, se les facilitará la relación de fabricantes registrados para que puedan proveerles de los mismos.

5. Los fabricantes sólo suministrarán distintivos a aquellos vigilantes que se acrediten como tales con la tarjeta de identidad profesional, debiendo llevar un control de los distintivos suministrados, con anotación del nombre y del número de tarjeta de identidad profesional, que estará a disposición del personal competente del Cuerpo Nacional de Policía.

[*] La presente disposición entra en vigor el 18 de agosto de 2011 derogando la Orden de 7 de julio de 1995 que figura en el anexo de color verde que se incluye al final de esta obra.

§ 6 RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1995, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (JUSTICIA E INTERIOR), POR LA QUE SE DESIGNAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DEBEN DESARROLLAR DETERMINADAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y SE CONSTITUYE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL PROFESORADO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DICHA SEGURIDAD

(«BOE» núm. 298, de 14 de diciembre de 1995)

La Orden del Ministerio de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, en la sección primera, capítulo I, de su título I, dispone que la autorización para apertura y funcionamiento de centros de formación destinados a impartir enseñanzas de formación y actualización de personal de seguridad privada, habrá de ser solicitada a la Secretaría de Estado de Interior que, a propuesta de la Dirección General de la Policía, resolverá lo que proceda de acuerdo con los requisitos exigidos en el anexo I de dicha Orden.

Con el fin de que la Dirección General de la Policía pueda fundamentar dicha propuesta, ha de realizar la correspondiente actividad de información. Actividad que debe ser de constante seguimiento, de conformidad con el apartado tercero de la misma sección que prescribe que aquella Dirección efectuará actividades inspectoras de la organización y funcionamiento de los centros de formación autorizados, «para garantizar que se cumplan los requisitos precisos para su autorización, y que los cursos de actualización se adecuen a lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada».

Corresponde, también, a tal centro directivo proponer a la Secretaría de Estado de Interior, según se preceptúa en la sección segunda de igual título y capítulo, los módulos profesionales de formación que tienen que superar los aspirantes a Vigilante de Seguridad. Y, en fin, en orden a informar sobre los requisitos necesarios para la acreditación del profesorado de los referidos centros, se manda (apartado tercero de dicha sección primera) que, en la misma Dirección, se constituya una comisión de valoración del profesorado, integrada por expertos en las distintas materias.

Por tanto, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada norma, ha de procederse a la designación de las unidades y órganos administrativos, de esta Dirección General de la Policía, que deben llevar a cabo las funciones requeridas para elaborar, de forma idónea, las referidas propuestas de resolución y la correspondiente actividad inspectora. Se ha de proceder, asimismo, a la creación de la precitada comisión de valoración del profesorado.

En su virtud, dispongo:

Primero. Órgano de fundamentación de propuesta de resolución en torno a solicitudes de apertura y funcionamiento de centros de formación de seguridad privada.–Las actividades encaminadas a fundamentar la propuesta de resolución en torno a solicitudes de la autorización de apertura y funcionamiento de centros de formación, destinados a impartir enseñanzas de formación y actualización de personal de seguridad privada, que ha de ser elevada por este centro directivo a la Secretaría de Estado de Interior, serán llevadas a cabo por personal del Servicio Central de Seguridad Privada, de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Segundo. Órgano de elaboración de propuesta en torno a módulos de formación a superar por aspirantes a Vigilante de Seguridad.–Los contenidos de los módulos profesionales de formación que los aspirantes a Vigilantes de Seguridad habrán de superar, y que habrán de ser impartidos en los correspondientes centros de formación autorizados, serán elaborados, para la correspondiente propuesta de esta Dirección a la Secretaría de Estado de Interior, por la División de Formación y Perfeccionamiento.

Tercero. Actividad inspectora de seguimiento en torno a los centros de formación de seguridad privada.–Las actividades inspectoras de seguimiento con respecto a la organización y funcionamiento de los centros de formación y actualización de personal de seguridad privada, ya autorizados, serán realizadas, en lo que se refiere al mantenimiento de los requisitos recogidos en el anexo 1 de la Orden de 7 de julio de 1995[1] del Ministerio de Justicia e Interior, por el mencionado Servicio Central de Seguridad Privada. Las que conciernen al adecuado desarrollo de programas y tiempos lectivos de los módulos profesionales de formación, relacionados con los aspirantes a Vigilante de Seguridad, y a la continuidad de los requisitos exigidos al profesorado, serán desempeñadas por la División de Formación y Perfeccionamiento.

Cuarto. Constitución de la Comisión de Valoración del Profesorado de tales centros.

1. Composición.

La Comisión de Valoración del Profesorado, que se constituye en esta Dirección General, estará integrada por los siguientes miembros[2]:

Presidente:

El Subdirector general operativo.

Vicepresidente:

El Comisario general de Seguridad Ciudadana.

El Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento.

Vocales:

El Secretario técnico de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

El Secretario técnico de la División de Formación y Perfeccionamiento.

El Jefe del Centro de Actualización y Especialización.

El Jefe del Servicio Central de Seguridad Privada.

El Jefe del Servicio de Procesos Selectivos.

El Jefe de Estudios del Centro de Actualización y Especialización.

El Jefe de la Sección Operativa de Control de Empresas de Seguridad.

El Jefe de la Sección Técnica del Servicio Central de Seguridad Privada.

Secretario:

Un funcionario titular de un puesto de trabajo del Servicio Central de Seguridad Privada, designado por el Presidente.

2. Régimen jurídico general.

El funcionamiento de la comisión de valoración del profesorado, se regirá por lo establecido en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como por las normas e instrucciones de carácter interno emanadas de los propios órganos.

Quinto. Actividades de coordinación.–Para posibilitar la debida coordinación en la práctica de las funciones descritas en la presente Resolución, las unidades y órganos administrativos encargados de las mismas celebrarán cuantas reuniones conjuntas sean necesarias para el cumplimiento de dicho fin.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

[1] Derogada por Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[2] Esta Comisión está integrada, además, por el Jefe de la Sección Técnica de Procesos de Seguridad Privada, dependiente de la División de Formación y Perfeccionamiento (Resolución de 6 de octubre de 1997, «BOE» núm. 248, de 16 de octubre) y por el Jefe del Servicio Central Operativo de Empresas de Seguridad (Resolución de 29 de abril de 1998, «BOE» núm. 111, de 9 de mayo).

§ 7 RESOLUCIÓN DE 19 DE ENERO DE 1996, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE INTERIOR (JUSTICIA E INTERIOR), POR LA QUE SE DETERMINAN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA, EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR DE 7 DE JULIO DE 1995

(«BOE» núm. 27, de 31 de enero de 1996; corrección de errores en «BOE» núm. 61, de 11 de marzo)

La Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de julio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» número 169, del 17), encomienda a la Secretaría de Estado de Interior la concreción de determinados aspectos relacionados con el personal de seguridad privada.

En cumplimiento de este mandato, en la presente Resolución se determinan:

Los Módulos Profesionales Generales de Formación de los Vigilantes de Seguridad y de los Guardas particulares del Campo, y los específicos de Escoltas privados y Vigilantes de Explosivos.

Las materias que han de desarrollarse en los cursos correspondientes al diploma necesario para la habilitación de Detectives privados.

La Cartilla Profesional de los Vigilantes de Seguridad y de los Guardas particulares del Campo.

El modelo de autorización para traslado de armas.

Las características técnicas de la uniformidad de los Vigilantes de Seguridad y de los Guardas particulares del Campo.

El programa al que han de ajustarse las pruebas de aptitud técnico-profesional que deberán superar los Auxiliares de Detective.

El programa al que han de ajustarse las pruebas de aptitud técnico-profesional que deberán superar los Investigadores o Informadores privados.

La determinación de los aspectos enumerados se lleva a cabo teniendo en cuenta las consideraciones, observaciones y propuestas aportadas por las asociaciones o entidades representativas de los sectores económicos y sociales afectados, y asimismo el informe favorable de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Trabajo y Seguridad Social, respecto a los Módulos Profesionales de Formación de los Vigilantes de Seguridad y de los Guardas particulares del Campo, así como del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto a estos últimos, y del Ministerio de Industria y Energía y de la Dirección General de la Guardia Civil, respecto de los módulos profesionales complementarios y específicos de formación de los Vigilantes de Seguridad, especialidad de explosivos y sustancias peligrosas.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de la Guardia Civil, dispongo:

Primero. Módulos Profesionales de Formación de Vigilantes de Seguridad y Guardas particulares del Campo.–Los módulos profesionales de formación que habrán de superar los aspirantes a Vigilantes de Seguridad, son los que se determinan en el anexo 1 a la presente Resolución, el cual consta de dos partes, una referida a los contenidos de formación técnico-profesional, y otra, a las pruebas de cultura física.

Además de los módulos señalados en el apartado anterior, los Escoltas privados y Vigilantes de Explosivos deberán superar los módulos complementarios y específicos contenidos en los anexos 2 y 3, respectivamente.

El programa de materias a desarrollar por los Guardas particulares del Campo es el que se determina en el anexo 4 a la presente Resolución, el cual consta de dos partes, una referida a los contenidos de formación técnico-profesional, y otra, a las pruebas de cultura física.

Segundo. Enunciado de los contenidos de los Cursos de Detectives Privados.–Los programas de los Cursos de Detectives privados que establezcan los Institutos de Criminología u otros centros oficiales habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia para la obtención del Diploma de Detective Privado, en todo caso habrán de incluir las materias que se enuncian en el anexo 5 a esta Resolución.

Tercero. Cartilla Profesional de los Vigilantes de Seguridad y de los Guardas Particulares del Campo.–La Cartilla Profesional de los Vigilantes de Seguridad se ajustará al modelo que se acompaña como anexo 6, con las siguientes características:

Sus dimensiones serán de 8,5 × 13,5 centímetros y constará de treinta páginas numeradas. En la primera figurará la fotografía del interesado, nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad, profesión, así como número y fecha de expedición de la tarjeta de identidad profesional, y sello de la correspondiente Jefatura Superior de Policía o Comisaría Provincial. Las diez páginas siguientes se destinarán a las altas y bajas que cause su titular en las empresas. Las páginas 12 a 20, ambas inclusive, a los cursos realizados; y las restantes a las menciones honoríficas recibidas.

La Cartilla Profesional de los Guardas Particulares del Campo se ajustará al modelo que se acompaña como anexo 7, con las siguientes características:

Sus dimensiones serán de 8,5 × 13,5 centímetros y constará de cuarenta páginas numeradas.

En la primera figurará la fotografía del interesado, apellidos y nombre, número del documento nacional de identidad, especialidad, así como número y fecha de expedición de la tarjeta de identidad profesional, y sello de la correspondiente Comandancia de la Guardia Civil. Las diez páginas siguientes se destinarán a la suscripción y renovación de contratos laborales. Las páginas 12 a 21, ambas inclusive, a las altas y bajas que cause el titular de la tarjeta en las empresas. Las páginas 22 a 30, ambas inclusive, a los cursos realizados, y las restantes, a las menciones honoríficas recibidas.

Cuarto. Autorizaciones para traslado de armas.–Las autorizaciones para traslado de armas, en los casos previstos en el artículo 82.2 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustarán al modelo que se acompaña como anexo 8, constando en cada una de ellas los siguientes datos: Nombre y apellidos del Jefe de Seguridad o persona delegada que autoriza; nombre y número de inscripción de la empresa a la que pertenece; nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad del Vigilante autorizado; clase, marca y número de serie del arma a que hace referencia la autorización; origen, destino, fecha y hora del traslado del arma, su motivo, fecha de autorización y firma de quien la realiza.

Las autorizaciones se agruparán en talonarios de cien unidades, de doble hoja en papel autocopiativo, numeradas correlativamente, con una primera hoja en blanco que diligenciarán, habilitándolas, las Jefaturas Superiores o Comisarías Provinciales correspondientes.

El Vigilante de Seguridad deberá portar el original de la autorización, quedando depositada la copia en la sede social o delegación de la empresa.

Cuando se trate de Guardas particulares del Campo no encuadrados en empresas de seguridad, habrán de autorizar los traslados los titulares de las empresas en que presten servicios o personas en que deleguen.

Quinto. Uniformes de los Vigilantes de Seguridad y de los Guardas particulares del Campo.–El uniforme de los Vigilantes de Seguridad se ajustará a las características técnicas que se establecen en el anexo 9 a la presente Resolución.

El uniforme y distintivos de los Guardas particulares del Campo se ajustarán a las características técnicas que se determinan en el anexo 10 a la presente Resolución[1].

Sexto. Programa al que han de ajustarse las pruebas para Auxiliar de Detective.–Las pruebas para Auxiliares de detective, que en la fecha de promulgación de la Ley 23/1992, se encontrasen acreditados como tales por la Dirección General de la Policía, mediante la tarjeta de identidad profesional a que se refiere el artículo 5 de la Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero de 1981[2], se realizarán por la Dirección General de la Policía y se ajustarán al programa que se acompaña como anexo 11 a la presente Resolución.

La superación de las indicadas pruebas sustituirá al Diploma de Detective Privado en los expedientes de habilitación para la obtención de la Tarjeta de Identidad Profesional de Detective Privado.

Séptimo. Programa al que han de ajustarse las pruebas para Investigadores o Informadores privados.–Las pruebas para Investigadores o Informadores privados, que acrediten oficialmente el ejercicio profesional durante dos años con anterioridad a la fecha de promulgación de la Ley 23/1992, mediante el alta durante dicho período, al menos en la licencia fiscal o, en su caso, en el Impuesto de Actividades Económicas, se realizarán por la Dirección General de la Policía y se ajustarán al programa que se acompaña como anexo 12 a la presente Resolución.

La superación de las citadas pruebas sustituirá al Diploma de Detective Privado en los expedientes de habilitación para la obtención de la Tarjeta de Identidad Profesional de Detective Privado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley de Seguridad Privada, el personal que bajo las denominaciones de Guardas de Seguridad, Controladores u otras de análoga significación, hubiera venido desempeñando con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución funciones de vigilancia y controles en el interior de inmuebles, podrá seguir desempeñando tales funciones durante el plazo de dos años, contado a partir de dicha fecha.

A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, las empresas de seguridad no podrán contratar para la prestación de servicios de vigilancia y protección personal que no esté habilitado por el Ministerio de Justicia e Interior.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO 1

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN DE VIGILANTES DE SEGURIDAD

Temas comunes a las distintas modalidades de Vigilantes de Seguridad[3]

[.......]

Pruebas de cultura física para Vigilantes de Seguridad

En la convocatoria de pruebas para obtención del diploma se deben superar las siguientes pruebas de cultura física

Los Vigilantes de Seguridad, Vigilantes de Explosivos y Escoltas privados deberán superar para la obtención del correspondiente diploma, en los respectivos centros de formación, las pruebas físicas que a continuación se detallan:

Descripción de las pruebas

1. Velocidad: 50 metros:

Lugar: Pista de atletismo o cualquier zona de suelo totalmente compacto.

Explicación de la prueba de 50 metros lisos:

a) Posición de salida: Libre.

b) Ejercicio: Correr al 100 por 100 los 50 metros.

c) Tomar el tiempo invertido.

d) Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

2. Potencia tren superior:

2.1 Flexión de brazos en suspensión pura:

Lugar: Gimnasio o campo de deportes.

Material: Barra libre.

Explicación del ejercicio:

a) Posición de partida: Suspensión pura con palmas al frente y total extensión de brazos.

b) Flexión de brazos, evitando el balanceo del cuerpo y/o ayudarse con movimientos de piernas. Se considera una flexión cuando la barbilla asome por encima de la barra, partiendo siempre de la posición de suspensión pura.

c) Se contará el número de flexiones completas.

d) Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

2.2 Lanzamiento de balón medicinal (mujeres):

Lugar: Campo de deportes.

Material: Balón medicinal 3 kilogramos.

Explicación del ejercicio:

a) Posición de partida: Detrás de una línea marcada en el suelo, pies separados y simétricos, balón sostenido con ambas manos por encima y por detrás de la cabeza.

b) Ejecución: Lanzar el balón medicinal sujeto con ambas manos y por encima de la cabeza tan lejos como se pueda.

Reglas:

Primera.–El lanzamiento se hace con los pies simétricamente colocados. Impulsando el balón con las dos manos a la vez, por encima de la cabeza.

Segunda.–No se pueden levantar los pies del suelo. Se permite elevar los talones y plantas, siempre que las puntas de los pies estén en contacto con el suelo.

Tercera.–Ninguna parte del cuerpo puede tocar o rebasar la línea marcada en el suelo.

Cuarta.–El lanzamiento se mide desde la línea marcada hasta el punto de caída del balón más próximo a la citada línea.

Quinta.–El intento que no cumpla alguna de las reglas se considera nulo.

Sexta.–Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

3. Potencia tren inferior:

Salto vertical.

Lugar: Gimnasio, frontón o lugar similar de suelo horizontal con una pared vertical y lisa.

Explicación del ejercicio:

a) Posición de partida: En pie, de costado junto a una pared vertical, con un brazo totalmente extendido hacia arriba y sin levantar los talones del suelo, el candidato marca con los dedos a la altura que alcanza en esta posición.

b) Ejecución: El candidato se separa 20 centímetros de la pared o aparato, salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.

c) Se acredita la distancia entre la marca hecha desde la posición de partida y la conseguida en el salto.

Reglas:

Primera.–Se pueden mover los brazos y flexionar el tronco y rodillas, pero no se puede separar del suelo parte alguna de los pies antes de saltar.

Segunda.–Hay que realizar el salto con los dos pies a la vez.

Tercera.–Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

4. Resistencia general:

Lugar: Pista de atletismo o lugar llano y de suelo compacto y liso.

Explicación de la prueba de 1.000 metros lisos:

a) Posición de salida: En pie.

b) Ejercicio: Correr lo más rápido posible la distancia
de 1.000 metros.

c) Tomar el tiempo invertido.

d) Sólo se permite un intento.

Tablas de función[4]

[.......]

ANEXO 2

Módulos Profesionales Complementarios y Específicos de Formación de Escoltas Privados

Técnicas de protección

Tema 1. La protección. Fuentes y fundamentos de peligro. La protección integral.

Tema 2. Protección dinámica (I). Teoría esférica de la protección. Teoría de los círculos concéntricos. Escalones y niveles de seguridad. Evaluación de dispositivos. Coordinación con el Departamento de Seguridad.

Tema 3. Protección dinámica (II). Técnicas de protección en movimiento. Interior de edificios. Escaleras y ascensores. Líneas de recibimiento y control. Evacuaciones.

Tema 4. Protección estática. En el domicilio. En el lugar de trabajo. Coordinación de servicios.

Tema 5. Técnicas de seguridad en vehículos. Características del vehículo y de los conductores. Cápsulas de seguridad sobre vehículos. Conducción evasiva: Defensiva, ofensiva.

Tema 6. Caravanas e itinerarios. Clasificación de las caravanas. Itinerarios: Principal, alternativo, de evacuación, de fuga. Funciones y competencias atribuidas a los Escoltas privados en los apartados anteriores.

Tema 7. Técnicas de información y observación. La información como elemento imprescindible en la protección. La observación como fuente de información y técnica disuasoria.

Tema 8. Los procedimientos del agresor. Métodos de actuación. El atentado. El secuestro. La amenaza. La extorsión.

Tema 9. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por Escoltas privados. Estudios de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza.

Tema 10. Teoría del tiro. Balística interna. Balística externa. Balística de efectos.

Tema 11. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y específicas.

Tema 12. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real con las armas reglamentarias.

ANEXO 3

Módulos Profesionales Complementarios y Específicos de Formación de Vigilantes de Explosivos

Tema 1. Derecho Administrativo Especial. El Vigilante de Seguridad de Explosivos: Naturaleza. Requisitos para la obtención del título-nombramiento; funciones a desempeñar. El Reglamento de Explosivos: Artículos que especialmente le afectan. La Ley y el Reglamento de Minas. Reglamentos Nacionales del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, Ferrocarril y Vía Aérea: Artículos que especialmente le afectan.

Tema 2. Derecho Penal Especial. El delito de tenencia ilícita de explosivos.

Tema 3. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por el Vigilante de Seguridad de Explosivos. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza.

Tema 4. Teoría de tiro. Balística interna. Balística externa. Balística de efectos.

Tema 5. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y específicas.

Tema 6. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real con las armas reglamentarias.

Tema 7. Los explosivos. Naturaleza. Características. Clasificación. Explosivos industriales.

Tema 8. Los iniciadores. Naturaleza y clasificación. Efectos de las explosiones. La destrucción de explosivos.

Tema 9. Medidas de seguridad a adoptar en la manipulación y custodia de los explosivos. Depósitos y almacenamientos especiales.

Tema 10. Medidas de seguridad a adoptar en el transporte para diferentes medios, carga y descarga de explosivos.

ANEXO 4

Programa de Materias a desarrollar por los Guardas particulares del Campo[5]

[.......]

ANEXO 5

Enunciado de contenidos de los Cursos de Formación de los Detectives Privados a los efectos de la obtención del diploma correspondiente y su posterior habilitación como Detectives privados

A) Módulo o Área Jurídica

Derecho Constitucional

La Constitución. Noción y significado dentro de los Estados modernos.

La Constitución Española vigente. Los principios básicos que la inspiran.

La división de poderes en la Constitución.

La figura del Defensor del Pueblo en nuestra Constitución.

Orden público y seguridad en nuestra Constitución.

Los partidos políticos: Su legitimidad y sus funciones desde el prisma constitucional.

Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales a la luz de nuestro texto constitucional.

Organización territorial del Estado Español conforme a las disposiciones constitucionales.

Los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el modelo de Estado social y democrático de derecho configurado por nuestra Constitución.

Tutela jurídica y garantías constitucionales con relación a los derechos fundamentales.

Constitución y documentos jurídicos supranacionales sobre los derechos humanos.

Revisión y defensa de nuestra Constitución de acuerdo con sus propios mecanismos.

Derecho Penal

Derecho Penal. Su concepto y legitimación.

El Derecho Penal en nuestra Constitución.

Principios fundamentales del Derecho Penal moderno.

Las fuentes del Derecho Penal. La interpretación de la Ley Penal.

Los límites temporales y espaciales del Derecho Penal.

Derecho Penal Internacional.

La infracción penal: Definición y clases.

La acción y la omisión en la infracción penal.

Ejecución y grados de ejecución en la infracción penal.

Tipicidad y antijuridicidad en la infracción penal.

Imputabilidad y culpabilidad en la infracción penal. Dolo y culpa. Caso fortuito. Error.

Punibilidad en la infracción penal.

Unidad de delito y pluralidad de delitos (concurso de delitos).

Concurso de leyes.

Sujetos de la infracción penal.

Circunstancias que eximen, modifican o extinguen la responsabilidad criminal.

La pena. Concepto, su aplicación y ejecución.

Las medidas de seguridad.

La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas.

Infracciones penales concretas tipificadas en el Código Penal (parte especial del Derecho Penal).

El homicidio y sus formas.

El aborto.

Las lesiones.

Delitos contra la libertad.

Torturas y otros delitos contra la integridad moral.

Delitos contra la libertad sexual.

La omisión del deber de socorro.

Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

Delitos contra el honor.

Delitos contra las relaciones familiares.

Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.

Delitos relativos a la ordenación del territorio y protección del medio ambiente.

Delitos contra la seguridad colectiva.

Las falsedades.

Delitos contra la Administración Pública y de Justicia.

Delitos contra la Constitución.

Las faltas.

Derecho Procesal Penal

El proceso penal. Concepto. Funciones, principios. Sistemas fundamentales del proceso penal.

Jurisdicción y competencia: Conceptos. Órganos de la jurisdicción penal en España.

Fases del proceso penal.

Iniciación del proceso penal: Denuncia y querella.

La acción penal.

Detención y prisión provisional relacionada con el proceso. Derechos del detenido. Hábeas corpus. Derechos del procesado.

El secreto en el proceso penal.

Los instrumentos de prueba en el proceso penal español.

Investigación delictiva facultada a los Detectives privados.

El juicio oral.

La práctica de la prueba.

Los recursos contra la sentencia.

Ejecución de sentencia.

Cooperación procesal penal internacional. Especial referencia a la homologación y convalidación de pruebas.

Derecho Civil

Personalidad civil. Vecindad. Nacionalidad.

Matrimonio. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrado: Nulidad, separación y divorcio.

Paternidad y filiación.

La tutela.

El testamento y sus clases.

Desaparición, ausencia y fallecimiento.

El Registro Civil. Funciones.

El contrato de arrendamiento urbano. Arrendamiento de viviendas amuebladas.

El subarriendo.

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Derecho Laboral

El Estatuto de los Trabajadores.

El contrato de trabajo y sus clases.

El despido. Su naturaleza jurídica y clases.

Negociación colectiva. Huelga. «Lock-out».

Derecho Mercantil

El comerciante individual: Concepto jurídico. Capacidad jurídica para ejercer el comercio.

Las sociedades mercantiles.

El Registro Mercantil.

Libros de comercio y sus clases.

Patentes y marcas.

El dinero. Concepto. El sistema financiero español: La Banca. El Banco de España. El Banco Hipotecario.

Los títulos-valores.

Contratos mercantiles fundamentales: Contrato de compraventa, contrato de préstamo mercantil, contrato de seguro. La simulación de contratos.

Suspensión de pagos y quiebra.

Derecho Administrativo

a) Derecho Administrativo general:

Derecho Administrativo: Concepto. El acto administrativo.

Disposiciones generales de carácter administrativo. La potestad reglamentaria de la Administración.

Recursos administrativos.

Órganos de las Administraciones Públicas. Principios generales y competencia. Órganos colegiados.

Legitimados e interesados para obrar ante la Administración.

b) Derecho Administrativo Especial:

Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Estado Español.

La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad en general a la luz de las Leyes Orgánicas 2/1986 y 1/1992. Ley de Seguridad Privada 23/1992.

El personal de seguridad privada. Clasificación. Requisitos generales de habilitación. El Detective privado y la Administración: Obtención de la habilitación, tarjeta de identidad y libro-registro. Inscripción en el Registro de la Dirección General de la Policía.

Estatuto (derechos y deberes) del Detective privado. Establecimiento de sucursales. Requisitos. Funciones del Detective privado.

Los medios documentales de identificación personal en el Derecho Español.

B) Módulo o Área Socioprofesional

Ciencias Sociales

La sociedad: Concepto. Componentes sociales básicos.

Rasgos característicos de las sociedades urbanas y ru-
rales.

Características de la sociedad española actual.

El conflicto social: Concepto, factores que influyen en el mismo y sus efectos.

Sociedad y violencia.

El Detective privado en la sociedad moderna. Su actuación profesional.

Ciencias Criminológicas

La delincuencia vista a la luz de la Criminología.

Origen de la criminalidad: Factores biológicos, psicológicos y sociales. Factores del medio físico y del medio urbano y rural.

Factores coyunturales de la delincuencia: La edad y sexo.

Delincuencia relacionada con el alcohol y los estupefacientes. Delincuencia «psiquiátricamente definida».

Corrientes criminológicas críticas en torno al fenómeno delincuencial.

Volumen de la criminalidad. Delincuencia oficial y delincuencia ocultada.

Panorama actual de la criminalidad. Criminalidad económica.

Vías de lucha contra la delincuencia: Vía preventiva y vía represiva. El personal de seguridad privada en la lucha contra la delincuencia.

Psicología Aplicada

Relaciones humanas e interpersonales. Jerarquía y dependencia.

La comunicación oral. Estrategias en la comunicación: La persuasión. Otros tipos de comunicación humana.

Deontología

Deontología. Concepto. Deontología y quehacer del Detective privado. El cumplimiento del deber.

El Detective privado en la sociedad democrática a la luz de los valores fundamentales que ésta propugna. El respeto a la dignidad humana dentro de cualquier actividad. Sentido ético de la investigación privada.

El empleo racional de la fuerza: Los límites de la legítima defensa y del cumplimiento legítimo de un deber, a la luz de criterios éticos.

Los principios de comportamiento, referidos al personal de seguridad privada, recogidos en el artículo 1.3 de la Ley 23/1992 y, específicamente, para Detectives privados, en el artículo 19.4 de la misma norma.

C) Área Tecnicoprofesional

Policía Científica

Concepto e historia de la Policía Científica. Policía Científica y Detectives privados.

El delito como hecho biológico. Concepto. Factores condicionantes.

La inspección tecnicopolicial. Colaboración con otros Peritos.

Antropología criminal.

La identificación de las personas. La fotografía en la identificación. Biotipología psicosomática. Variabilidad racial.

Las señas particulares en la investigación: Manchas, cicatrices, tatuajes, escarificaciones, mutilaciones, malformaciones, deformaciones, etc.

Caracteres identificadores de tipo funcional: Marcha, voz, gestos, olor corporal, escritos. Caracteres identificadores de tipo social: Argot, indumentaria de grupo, etcétera.

Odontología policial y médico-legal en la identificación de las personas. Estigmas profesionales y otros. Las mordeduras y la investigación.

Antropometría.

Simulación y cirugía plástica. Radiología, información e identificación antropológica.

Lofoscopia e investigación lofoscópica.

Dactiloscopia.

Poroscopia. Crestascopia. Quiroscopia. Palmatoscopia. La identificación del recién nacido.

Otras huellas y marcas. Huellas de pisadas, de guantes y calcetines. Huellas corporales. Huellas de vehículos y herramientas. Vidrios rotos. Marcas borradas sobre metal y madera.

Los indicios filamentosos. Examen de las fibras. Identificación de la materia textil.

Las uñas. Concepto y fundamentos anatomofisiológicos. Estudio de las huellas de uñas.

Las manchas. Generalidades. Manchas de sangre. Manchas sexuales. Otras manchas.

Documentoscopia.

Falsificación de documentos.

La mecanización en la producción de documentos. El análisis de tintas, papeles especiales y otras sustancias empleadas en la confección de documentos.

La investigación de incendios.

Los explosivos y sus efectos.

Prácticas de identificación lofoscópica

Sistema dactiloscópico español: Fórmula y subfórmula.

La identificación decadactilar.

Prácticas de documentoscopia

Documentoscopia: Metodología e instrumental.

Conocimiento práctico de las aplicaciones de la documentoscopia.

Prácticas de analítica

Indicios de origen químico y biológico. Recogida y remisión al laboratorio.

El pelo: Estudios macroscópico y microscópico.

Pelos y fibras: Estudio micrométrico.

Estupefacientes.

Manchas de esperma.

Sangre: Diagnóstico genérico. Diagnóstico específico e individual.

Prácticas de investigación

La vigilancia: Concepto, clases y técnicas.

La obtención de pruebas y testimonios ante los presuntos delitos o faltas perseguibles a instancia de parte.

Investigaciones de ámbito laboral: Conceptos y clases.

Búsquedas: Concepto y clases.

Investigaciones de ámbito financiero: Concepto y clases.

Investigaciones de ámbito moral y familiar: Concepto y clases.

Investigaciones sobre infracciones a la Ley de Arrendamientos Urbanos: Concepto y clases.

Investigaciones de ámbitos técnico y pericial: Concepto y clases.

Elaboración de informes.

Transmisiones

Concepto de telecomunicación. Generalidades. Tipos de señales. Telecomunicación eléctrica y electromagnética.

Clasificación de los sistemas de telecomunicación.

Transmisión por conductores. Telegrafía. Transmisión y recepción de imágenes. Telefonía. Facsímil. El teléfono móvil.

Transmisión vía radio. Propagación de ondas electromagnéticas. Sistemas de modulación. Comunicación radioeléctrica. Alimentación energética más común de estos sistemas. Los radioteléfonos portátiles y sobre vehículos.

Vulnerabilidad y protección de las comunicaciones. Sistemas de comunicaciones móviles. Enlaces entre estaciones corresponsales. Acceso a los diferentes canales de comunicación. Protección de las comunicaciones.

Imagen y sonido

La fotografía: La cámara de 35 milímetros.

Fotografía: Sujetos en movimiento. Sujetos a contraluz. Forzado de película.

La videocámara. Técnicas de grabación de imágenes.

Los equipos especiales. Grabaciones de sonido.

ANEXO 6

Cartilla Profesional de Vigilantes de Seguridad

Página 1

Páginas 2 a 11

Páginas 12 a 20

Páginas 21 a 30

ANEXO 7

Cartilla Profesional de Guardas Particulares del Campo

–Carátula–

Página 1

Páginas 2 a 11

Páginas 12 a 21

Páginas 22 a 30

Páginas 31 a 40

ANEXO 8

Modelo de autorización para traslado de armas

ANEXO 9

Uniformidad de los Vigilantes de Seguridad[6]

[.......]

ANEXO 10

Uniformidad de los Guardas particulares del Campo[7]

[.......]

ANEXO 11

Programa al que deben ajustarse las pruebas de Auxiliares de Detective

A) Módulo o Área Jurídica

Derecho Constitucional

Tema 1. La Constitución. Noción y significado dentro de los Estados modernos. Especial referencia a su carácter fundamental dentro del resto del ordenamiento jurídico.

Tema 2. La Constitución Española vigente. Los principios básicos que la inspiran. Su forma de Estado. Su régimen político.

Tema 3. Instituciones políticas cardinales del Estado Español según la Constitución y sus distintos poderes. El Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Tema 4. La figura del Defensor del Pueblo en nuestra Constitución.

Tema 5. Orden público y seguridad según nuestra Constitución. Órganos garantes del orden público y de la seguridad. El modelo policial constitucional.

Tema 6. Sindicato de trabajadores y asociaciones empresariales a la luz de nuestro texto constitucional.

Tema 7. Los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el modelo de estado social y democrático de derecho configurado por nuestra Constitución.

Tema 8. Los derechos personales o individuales; los derechos políticos; los derechos sociales y los derechos económicos reconocidos en nuestro texto constitucional.

Tema 9. Desarrollo especial de los derechos contra la vida y la integridad física y moral, la libertad ambulatoria, la inviolabilidad de domicilio, de la correspondencia y del resto de los derechos de la intimidad personal.

Tema 10. Tutela jurídica y garantías constitucionales con relación a los derechos fundamentales.

Derecho Penal. Parte general

Tema 1. Derecho Penal. Su concepto y legitimación.

Tema 2. El Derecho Penal en nuestra Constitución (Derecho Penal Constitucional).

Tema 3. Principios fundamentales del Derecho Penal moderno. Especial referencia al principio de legalidad.

Tema 4. Las fuentes del Derecho Penal. La interpretación de la Ley Penal.

Tema 5. Los límites temporales del Derecho penal.

Tema 6. Límites de la Ley Penal en el espacio. Derecho Penal Internacional. Especial referencia a las figuras de la extradición y del asilo según el ordenamiento jurídico español. Efectos de los juicios extranjeros.

Tema 7. La infracción penal: Definición y clases de infracciones penales. Especial referencia a infracciones graves, menos graves y leves, perseguibles de oficio y a «instancia de parte».

Tema 8. La acción en la infracción penal. Acción y omisión. Infracciones penales por omisión pura. Infracciones penales por comisión por omisión. Relación de causalidad y sus teorías fundamentales. Ejecución y grados de ejecución de la infracción penal.

Tema 9. Tipicidad en la infracción penal.

Tema 10. Antijuridicidad en la infracción penal.

Tema 11. Imputabilidad y culpabilidad en la infracción penal. Dolo e imprudencia. La imprudencia en el Código Penal. La no exigibilidad de otra conducta. Caso fortuito. Error.

Tema 12. Punibilidad en la infracción penal.

Tema 13. Unidad de delito y pluralidad de delitos (concurso de delitos).

Tema 14. Concurso de leyes. Principios de resolución.

Tema 15. Personas criminalmente responsables de delitos y faltas: Autores. Cómplices.

Tema 16. Circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal.

Tema 17. Circunstancias modificadoras de la responsabilidad criminal (agravantes, atenuantes y mixtas).

Tema 18. Extinción de la responsabilidad criminal.

Derecho Penal. Parte especial

Tema 19. Homicidio y sus formas. Aborto. Manipulación genética.

Tema 20. Lesiones. Lesiones al feto.

Tema 21. Delitos contra la libertad: Detenciones ilegales y secuestros. Amenazas. Coacciones.

Tema 22. Delitos contra la libertad sexual: Agresiones sexuales. Abusos sexuales. Acoso sexual. Exhibicionismo y provocación sexual. Prostitución.

Tema 23. Omisión del deber de socorro.

Tema 24. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio: Especial referencia al descubrimiento y revelación de secretos, a los delitos contra el derecho a la propia imagen y al allanamiento de morada.

Tema 25. Delitos contra el honor: Calumnia e injuria.

Tema 26. Delitos contra las relaciones familiares: Especial referencia a los delitos contra los derechos y deberes familiares.

Tema 27. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico: Especial referencia a las figuras del hurto, robo, extorsión y defraudaciones.

Tema 28. Delitos contra los derechos de los trabajadores.

Tema 29. Delitos contra la seguridad colectiva: Especial referencia a los delitos contra la salud pública y contra la seguridad del tráfico.

Tema 30. Las falsedades: Falsificación de moneda y efectos timbrados. Falsedades documentales. Usurpación del estado civil.

Tema 31. Delitos contra la Administración de Justicia: Omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución. Encubrimiento. Acusación y denuncias falsas y simulación de delitos. Falso testimonio. Obstrucción a la justicia y deslealtad profesional.

Tema 32. Delitos contra la Constitución. Rebelión. Delitos contra la Corona. Delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes. Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y al deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria.

Tema 33. Delitos contra el orden público: Sedición. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos. Resistencia y desobediencia. Desórdenes públicos. Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y delitos de terrorismo.

Tema 34. Las faltas y sus penas: Especial referencia a las faltas contra las personas, contra el patrimonio y contra el orden público.

Derecho Procesal Penal

Tema 1. El proceso penal. Concepto. Funciones, principios. Sistemas fundamentales del proceso penal. Sistema inquisitivo, acusatorio y mixto.

Tema 2. Jurisdicción: Concepto. Competencia: Concepto. Órganos de la jurisdicción penal en España. Competencias de cada órgano jurisdiccional.

Tema 3. Fases del proceso penal.

Tema 4. Iniciación del proceso penal: Denuncia: Concepto. Obligados a denunciar. Querella: Concepto.

Tema 5. Acción penal: Concepto. Acción pública, acción popular y acción particular.

Tema 6. Detención y prisión provisional relacionada con el proceso. Derechos del detenido. Su tratamiento. Especial referencia al procedimiento de hábeas corpus. Los derechos del procesado.

Tema 7. El secreto en el proceso penal: La denuncia, en diligencias previas, en el sumario, en la prueba testifical.

Tema 8. Los instrumentos de prueba en el proceso penal español. Tratamiento del objeto, efectos e instrumentos del delito. Inspección ocular. Entrada y registro en lugar cerrado. Especial referencia a la prueba testifical, documental y pericial. «Pruebas prohibidas». Investigación delictiva facultada a los Detectives privados.

Tema 9. El juicio oral. Sus principios. La práctica de la prueba. Sentencia y cosa juzgada.

Tema 10. Los recursos contra la sentencia.

Tema 11. Ejecución de sentencia.

Tema 12. Cooperación procesal penal internacional. Especial referencia a la homologación y convalidación de pruebas.

Derecho Civil

Tema 1. Personalidad civil. Vecindad. Nacionalidad.

Tema 2. El matrimonio. Requisitos. Formas válidas del matrimonio en el ordenamiento jurídico español.

Tema 3. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrado: Nulidad. Divorcio. Separación. Causas de estas situaciones y correlativos efectos jurídicos.

Tema 4. Paternidad y filiación. Facultades y obligaciones derivadas de tales estados. Clases de filiación: Matrimonial, extramatrimonial y por adopción. Consecuencias jurídicas de esta diversidad.

Tema 5. La tutela. Obligaciones del tutor.

Tema 6. El testamento y sus clases.

Tema 7. Desaparición, ausencia y fallecimiento. Declaración de fallecimiento. Derivaciones jurídicas.

Tema 8. El Registro Civil. Funciones.

Tema 9. Contrato de arrendamiento urbano. Noción y requisitos. Causas de resolución de estos contratos. Arrendamiento de viviendas amuebladas. Duración del contrato de arrendamiento. Prórroga legal y excepciones.

Tema 10. El subarriendo. Contenido y clases. Facultades del inquilino en esta clase de contratos. Duración de este contrato.

Derecho Laboral

Tema 1. El Estatuto de los Trabajadores. Visión panorámica.

Tema 2. El contrato de trabajo. Su forma. Requisitos para su validez. Período de prueba. Vida y extinción del contrato de trabajo. Las partes o sujetos del contrato de trabajo.

Tema 3. Clases de contrato de trabajo: Temporal o interino. Contrato de trabajo y diferencia con el contrato de obras o servicios. Pruebas de uno o de otro.

Tema 4. El despido. Su naturaleza jurídica y clase.

Tema 5. Negociación colectiva. Concepto y derivaciones jurídicas. Huelga: Concepto, clases y sus efectos jurídicos. «Lock out»: Concepto, características y efectos jurídicos.

Derecho Mercantil

Tema 1. El comerciante individual: Concepto jurídico. Capacidad jurídica para ejercer el comercio.

Tema 2. Las sociedades mercantiles: Concepto y clases. Su constitución. Efectos generales de su constitución.

Tema 3. El Registro Mercantil: Concepto. Su estructura organizativa. Principios vertebradores de este sistema registral. Clases de inscripción y sus efectos.

Derecho Administrativo

a) Derecho Administrativo General:

Tema 1. Derecho Administrativo: Concepto. El acto administrativo. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

b) Derecho Administrativo Especial:

Tema 1. Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Estado español: De ámbito nacional y de ámbito regional y local. Descripción elemental de su estructura y competencias.

Tema 2. La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad en general, a la luz de las Leyes Orgánicas 2/1986 y 1/1992. Ley de Seguridad Privada 23/1992, de 30 de julio: Notas características de la misma. Servicios y actividades autorizadas a las empresas de seguridad. Actividades prohibidas a las mismas.

Tema 3. El personal de seguridad privada. Clasificación. Requisitos generales para la habilitación del personal de seguridad privada. El Detective privado y la Administración: Obtención de habilitación, tarjeta de identidad y libro-registro. Inscripción en el Registro de la Dirección General de la Policía. Estatuto (derechos y deberes) del Detective privado. Establecimiento de sucursales. Requisitos. Funciones del Vigilante de Seguridad y del Escolta privado. Funciones del detective privado. Especial referencia a su carácter de auxiliares y colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El cese de actividades de los Detectives privados.

Tema 4. Los medios documentales de identificación personal en el Derecho Español.

B) Módulo o Área Socioprofesional

Ciencias Sociales

Tema 1. Sociedad y violencia. Violencia y desestabilización social. Los factores positivos de resolución del conflicto.

Tema 2. El Detective privado en las sociedades modernas. Breve reseña histórica del Detective privado. Su actuación profesional acorde con estas sociedades.

Ciencias Criminológicas

Tema 1. Origen de la criminalidad: Factores biológicos, factores psicológicos y sociales (explicaciones personalistas e interaccionistas. Explicaciones eclécticas). Otros factores: Factores del medio físico y del medio urbano y rural.

Tema 2. Factores coyunturales de delincuencia: La edad. Reflexiones criminológicas sobre la delincuencia juvenil. Delincuencia y sexo: Reflexiones criminológicas en torno a la delincuencia femenina. Delincuencia y emigración: La delincuencia de extranjeros.

Tema 3. Delincuencia relacionada con el alcohol y los estupefacientes. Delincuencia «psiquiátricamente definida».

Deontología

Tema 1. Deontología. Concepto. Deontología y quehacer del Detective privado. El cumplimiento del deber. La función del Detective privado como servicio complementario y subordinado a la seguridad pública.

Tema 2. El Detective privado: Breve historia de su profesión. El Detective privado en la sociedad democrática a la luz de los valores fundamentales que ésta propugna: La libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo. El respeto a la dignidad humana dentro de cualquier actividad. Sentido ético de la investigación, tanto pública como privada.

Tema 3. El empleo racional de la fuerza: Los límites de la legítima defensa y del cumplimiento legítimo de un deber, a la luz de criterios éticos.

Tema 4. Los principios de comportamiento, referidos al personal de la seguridad privada, recogidos en el artículo 1.3 de la Ley 23/1992 y, específicamente, para Detectives privados, en el artículo 19.4 de la misma norma.

C) Área Técnico Profesional

Policía Científica

Tema 1. Concepto de Policía Científica. Sinonimia. Policiología. Técnica policial y criminalística. Contenido, límites y relaciones. La Policía Científica como ciencia y profesión. Los métodos policiales. Policía Científica y Detectives privados.

Tema 2. La inspección técnico-policial. Concepto. Instrumental y material necesarios. Metódica. Técnicas complementarias. Colaboración con otros Peritos.

Tema 3. La identificación de las personas. Sistemas y métodos. Ordenamiento jurídico. La identificación del sujeto vivo. Importancia de las ropas, adornos y otros complementos. La fotografía en la identificación. Biotipología psicosomática. Variabilidad racial.

Tema 4. Las señas particulares en la investigación policial. Manchas, cicatrices, tatuajes, escarificaciones, etc. Psicología del tatuado. Otras señas particulares: Mutilaciones, malformaciones, deformaciones.

Tema 5. Simulación y cirugía plástica: Su interés policial. La reconstrucción facial. Radiología, informática e identificación antropológica.

Tema 6. Lofoscopia: Definición. Historia y evolución de la lofoscopia. La lofoscopia en España. Crestas papilares. Dactiloscopia. Clasificación de dactilogramas. Formas de obtención. Búsqueda y tratamiento de las huellas latentes.

Tema 7. Dactiloscopia. El dactilograma y sus componentes: Núcleo, deltas, puntos característicos. Sistema de formulación dactilar español. Subformulación del sistema dactilar: Ambigüedades y anomalías.

Tema 8. La identificación lofoscópica. Puntos característicos. Número de puntos necesarios. Poroscopia. Crestacopia. Sistemas automáticos de identificación dactilos-
cópica.

Tema 9. Los indicios filamentosos. Tipos. Anatomía del pelo y del bulbo piloso. El pelo en investigación criminal. Búsqueda, recogida y envío al laboratorio. Características macroscópicas y organolépticas. Pelos animales, plumas y fibras. Importancia policial. Diagnóstico genérico y específico. Estudio macroscópico, micrográfico, micrométrico y de comparación. Examen de las fibras. Identificación de la materia textil.

Tema 10. Las manchas. Generalidades. Manchas de sangre (I). Composición de la sangre. Búsqueda y localización. Las manchas de sangre como elemento dinámico en la reconstrucción de los hechos. Examen organoléptico. Aspecto. Color. Olor. Recogida de muestras y envío al laboratorio. Técnicas de identificación. Identificación específica. Técnicas físicas, biológicas, inmunológicas, electroforéticas y mixtas. Otras técnicas. Los grupos sanguíneos en los animales.

Tema 11. Manchas sexuales. Problemas policiales. Manchas de esperma. Frecuencia. Búsqueda y localización. Estudio morfológico y topográfico. Técnicas de recogida de muestras para envío al laboratorio. Las manchas de esperma como elemento identificador. Técnicas de análisis.

Tema 12. Otras manchas. Normas generales para su localización, recogida y envío al laboratorio. Manchas obstétricas. Manchas de líquido amniótico. Manchas de calostro y leche. Manchas producidas por excretas, de orina, de heces, de sustancias vomitadas, de secreciones. Manchas de saliva, de moco, de flujo, de sudor, de cerumen. Manchas originadas por otras sustancias orgánicas normales y patológicas. Manchas de origen vegetal: Jugos vegetales, madera y serrín, cigarrillos, cigarros, tabaco y cenizas. Manchas de polen. Manchas inorgánicas. Manchas de pintura. Manchas de óxido. Manchas de barro. Investigación de tierras. Polvos minerales. El polvo.

Tema 13. Documentoscopia. Antecedentes, concepto y contenido. La escritura manuscrita. Elementos constitutivos y formales. Cotejo e identificación de escrituras. Normas para la obtención de muestras para su cotejo. Técnicas de estudio de documentos. La peritación sobre firmas y textos.

Tema 14. Falsificación de documentos. Tipos de falsificaciones. Recuperación y reconstrucción de documentos. Técnicas de detección de alteraciones documentales.

Técnicas de Investigación Privada

Tema 1. La investigación privada. Concepto. Fines. Fundamentos de la investigación. Relación con la investigación policial.

Tema 2. Las técnicas de investigación (I). Empleo de diferentes técnicas por el Detective privado. Empleo de tecnología en la investigación. La metodología investigativa. Las fuentes de información.

Tema 3. Técnicas de investigación (II). La identificación: Fondos documentales, la fotografía. El retrato hablado. La entrevista operativa.

Tema 4. Técnicas de investigación (III). Vigilancias y seguimientos. Definiciones. Clases. Fases. La planificación de las técnicas de vigilancia y seguimiento. Técnicas de vigilancia. Técnicas de seguimiento. Análisis de resultados. Redacción de informes.

ANEXO 12

Programa al que deben ajustarse las pruebas de Investigadores o Informadores privados

A) Módulo o Área Jurídica

Derecho Constitucional

Tema 1. La Constitución. Noción y significado dentro de los Estados modernos. Especial referencia a su carácter fundamental dentro del resto del ordenamiento jurídico.

Tema 2. La Constitución Española vigente. Los principios básicos que la inspiran. Su forma de estado. Su régimen político.

Tema 3. Instituciones políticas cardinales del Estado Español según la Constitución y sus distintos poderes. El Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Tema 4. La figura del Defensor del Pueblo en nuestra Constitución.

Tema 5. Orden público y seguridad según nuestra Constitución. Órganos garantes del orden público y de la seguridad. El modelo policial constitucional.

Tema 6. Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales a la luz de nuestro texto constitucional.

Tema 7. Los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el modelo de estado social y democrático de derecho configurado por nuestra Constitución.

Tema 8. Los derechos personales o individuales. Los derechos políticos. Los derechos sociales y los derechos económicos reconocidos en nuestro texto constitucional.

Tema 9. Desarrollo especial de los derechos contra la vida y la integridad física y moral, la libertad ambulatoria, la inviolabilidad de domicilio, de la correspondencia y del resto de los derechos a la intimidad personal.

Tema 10. Tutela jurídica y garantías constitucionales con relación a los derechos fundamentales.

Derecho Penal

Tema 1. Derecho Penal. Su concepto. Su legitimación.

Tema 2. El Derecho Penal en nuestra Constitución (Derecho Penal Constitucional).

Tema 3. Principios fundamentales del Derecho Penal moderno. Especial referencia al principio de legalidad.

Tema 4. Las fuentes del Derecho Penal. La interpretación de la Ley Penal.

Tema 5. Los límites temporales del Derecho penal.

Tema 6. Límites de la Ley Penal en el espacio. Derecho Penal Internacional. Especial referencia a las figuras de la extradición y del asilo según el ordenamiento jurídico español. Efectos de los juicios extranjeros.

Tema 7. La infracción penal: Definición clases de infracciones penales. Especial referencia a infracciones graves, menos graves y leves, perseguibles de oficio y a «instancia de parte».

Tema 8. La acción en la infracción penal. Acción y omisión. Infracciones penales por omisión pura. Infracciones penales por comisión por omisión. Relación de causalidad y sus teorías fundamentales. Ejecución y grados de ejecución de la infracción penal.

Tema 9. Tipicidad en la infracción penal.

Tema 10. Antijuridicidad en la infracción penal.

Tema 11. Imputabilidad y culpabilidad en la infracción penal. Dolo e imprudencia. La imprudencia en el Código Penal. La no exigibilidad de otra conducta. Caso fortuito. Error.

Tema 12. Punibilidad en la infracción penal.

Tema 13. Unidad de delito y pluralidad de delitos (concurso de delitos).

Tema 14. Concurso de leyes. Principios de resolución.

Tema 15. Personas criminalmente responsables de delitos y faltas: Autores. Cómplices.

Tema 16. Circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal.

Tema 17. Circunstancias modificadoras de la responsabilidad criminal (agravantes, atenuantes y mixtas).

Tema 18. Extinción de la responsabilidad criminal.

Derecho Penal. Parte especial

Tema 19. Homicidio y sus formas. Aborto. Manipulación genética.

Tema 20. Lesiones. Lesiones al feto.

Tema 21. Delitos contra la libertad: Detenciones ilegales y secuestros. Amenazas. Coacciones.

Tema 22. Delitos contra la libertad sexual: Agresiones sexuales. Abusos sexuales. Acoso sexual. Exhibicionismo y provocación sexual. Prostitución.

Tema 23. Omisión del deber de socorro.

Tema 24. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio: Especial referencia al descubrimiento y revelación de secretos, a los delitos contra el derecho a la propia imagen y al allanamiento de morada.

Tema 25. Delitos contra el honor: Calumnia e injuria.

Tema 26. Delitos contra las relaciones familiares: Especial referencia a los delitos contra los derechos y deberes familiares.

Tema 27. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico: Especial referencia a las figuras del hurto, robo, extorsión y defraudaciones.

Tema 28. Delitos contra los derechos de los trabajadores.

Tema 29. Delitos contra la seguridad colectiva: Especial referencia a los delitos contra la salud pública y contra la seguridad del tráfico.

Tema 30. Las falsedades: Falsificación de moneda y efectos timbrados. Falsedades documentales. Usurpación del estado civil.

Tema 31. Delitos contra la Administración de Justicia: Omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución. Encubrimiento. Acusación y denuncias falsas y simulación de delitos. Falso testimonio. Obstrucción a la justicia y deslealtad profesional.

Tema 32. Delitos contra la Constitución. Rebelión. Delitos contra la Corona. Delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes. Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y al deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria.

Tema 33. Delitos contra el orden público: Sedición. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos. Resistencia y desobediencia. Desórdenes públicos. Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y delitos de terrorismo.

Tema 34. Las faltas y sus penas: Especial referencia a las faltas contra las personas, contra el patrimonio y contra el orden público.

Derecho Procesal-Penal

Tema 1. El proceso penal. Concepto. Funciones. Principios. Sistemas fundamentales de proceso penal. Sistema inquisitivo, acusatorio y mixto.

Tema 2. Jurisdicción: Concepto. Competencia: Concepto. Órganos de la jurisdicción penal en España. Competencias de cada órgano jurisdiccional.

Tema 3. Fases del proceso penal.

Tema 4. Iniciación del proceso penal: Denuncia: Concepto. Obligados a denunciar. Querella: Concepto.

Tema 5. Acción penal: Concepto. Acción pública, acción popular y acción particular.

Tema 6. Detención y prisión provisional relacionadas con el proceso. Derecho del detenido. Su tratamiento. Especial referencia al procedimiento de hábeas corpus. Los derechos del procesado.

Tema 7. El secreto en el proceso penal: En la denuncia, en diligencias previas, en el sumario, en la prueba testifical.

Tema 8. Los instrumentos de prueba en el proceso penal español. Tratamiento del objeto, efectos e instrumentos del delito. Inspección ocular. Entrada y registro en lugar cerrado. Especial referencia a la prueba testifical, documental y pericial. «Pruebas prohibidas». Investigación delictiva facultada a los Detectives privados.

Tema 9. El juicio oral. Sus principios. La práctica de la prueba. Sentencia y cosa juzgada.

Tema 10. Los recursos contra la sentencia.

Tema 11. Ejecución de sentencia.

Tema 12. Cooperación procesal penal internacional. Especial referencia a la homologación y convalidación de pruebas.

Derecho Civil

Tema 1. Personalidad civil. Vecindad. Nacionalidad.

Tema 2. El matrimonio. Requisitos. Formas válidas del matrimonio en el ordenamiento jurídico español.

Tema 3. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrado: Nulidad. Divorcio. Separación. Causas de estas situaciones y correlativos efectos jurídicos.

Tema 4. Paternidad y filiación. Facultades y obligaciones derivadas de tales estados. Clases de filiación: Matrimonial, extramatrimonial y por adopción. Consecuencias jurídicas de esta diversidad.

Tema 5. El testamento y sus clases.

Tema 6. Desaparición, ausencia y fallecimiento. Declaración de fallecimiento. Derivaciones jurídicas.

Tema 7. El Registro Civil. Funciones.

Derecho Laboral

Tema 1. El Estatuto de los Trabajadores: Visión panorámica.

Tema 2. El contrato de trabajo. Su forma. Requisitos para su validez. Período de prueba. Vida y extinción del contrato de trabajo. Las partes o sujetos del contrato de trabajo.

Tema 3. Clases de contrato de trabajo: Temporal o interino. Contrato de trabajo y diferencia con el contrato de obras o servicios. Pruebas de uno o de otro.

Tema 4. El despido. Naturaleza jurídica y clases.

Tema 5. Negociación colectiva. Concepto y derivaciones jurídicas. Huelga: Concepto, clases y sus efectos jurídicos. «Lock out»: Concepto, características y efectos jurídicos.

Derecho Mercantil

Tema 1. El comerciante individual: Concepto jurídico. Capacidad jurídica para ejercer el comercio.

Tema 2. Las sociedades mercantiles: Concepto y clases. Su constitución. Efectos generales de su constitución.

Tema 3. El Registro Mercantil: Concepto. Su estructura organizativa. Principios vertebradores de este sistema registral. Clases de inscripción y sus efectos.

Tema 4. Libros de comercio y sus clases. Su llevanza facultativa u obligatoria.

Tema 5. Patentes y marcas: Su concepto.

Tema 6. El dinero. Concepto. Su contratación. El sistema financiero español: La banca. El Banco de España. El Banco Hipotecario.

Tema 7. Los títulos-valores. Especial referencia a la letra de cambio y al cheque. Concepto, naturaleza, requisitos, emisión.

Tema 8. Contratos mercantiles fundamentales:

a) Contrato de compraventa: Concepto, requisitos y efectos.

b) Contrato de préstamo mercantil: Concepto.

c) Contrato de seguro: Concepto. Formas del seguro. Clases del seguro. Obligaciones entre asegurado y asegurador.

d) Simulación de contratos.

Tema 9. Suspensión de pagos y quiebra: Concepto y consecuencias básicas de estos procesos.

Derecho Administrativo

a) Derecho Administrativo General.

Tema 1. Derecho Administrativo: Concepto. El acto administrativo. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

b) Derecho Administrativo Especial.

Tema 1. Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Estado español: De ámbito nacional y de ámbito regional y local. Descripción elemental de su estructura y competencias.

Tema 2. La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad en general, a la luz de las Leyes Orgánicas 2/1986 y 1/1992. Ley de Seguridad Privada 23/1992, de 30 de julio: Notas características de la misma. Servicios y actividades autorizadas a las empresas de seguridad. Actividades prohibidas a las mismas.

Tema 3. El personal de seguridad privada. Clasificación. Requisitos generales para la habilitación del personal de seguridad privada. El Detective privado y la Administración: Obtención de habilitación, tarjeta de identidad y libro-registro. Inscripción en el Registro de la Dirección General de la Policía. Estatuto (derechos y deberes) del Detective privado. Establecimiento de sucursales. Requisitos. Funciones del Vigilante de Seguridad y del Escolta privado. Especial referencia a su carácter de auxiliares y colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El cese de actividades de los Detectives privados.

Tema 4. Los medios documentales de identificación personal en el Derecho Español.

B) Módulo o Área Socioprofesional

Ciencias Sociales

Tema 1. Sociedad y violencia. Violencia y desestabilización social. Los factores positivos de resolución del conflicto.

Tema 2. El Detective Privado en las sociedades modernas. Breve reseña histórica del detective privado. Su actuación profesional acorde con estas sociedades.

Ciencias Criminológicas

Tema 1. Origen de la criminalidad: Factores biológicos, factores psicológicos y sociales (explicaciones personalistas e interaccionistas. Explicaciones eclécticas). Otros factores: Factores del medio físico y del medio urbano y rural.

Tema 2. Factores coyunturales de delincuencia: La edad. Reflexiones criminológicas sobre la delincuencia juvenil. Delincuencia y sexo: Reflexiones criminológicas en torno a la delincuencia femenina. Delincuencia y emigración: La delincuencia de extranjeros.

Tema 3. Delincuencia relacionada con el alcohol y los estupefacientes. Delincuencia «psiquiátricamente definida».

Deontología

Tema 1. Deontología. Concepto. Deontología y quehacer del Detective privado. El cumplimiento del deber. La función del Detective privado como servicio complementario y subordinado a la seguridad pública.

Tema 2. El Detective privado: Breve historia de su profesión. El Detective privado en la sociedad democrática a la luz de los valores fundamentales que ésta propugna: La libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo. El respeto a la dignidad humana dentro de cualquier actividad. Sentido ético de la investigación, tanto pública como privada.

Tema 3. El empleo racional de la fuerza: Los límites de la legítima defensa y del cumplimiento legítimo de un deber, a la luz de criterios éticos.

Tema 4. Los principios de comportamiento, referidos al personal de la seguridad privada, recogidos en el artículo 1.3 de la Ley 23/1992 y, específicamente, para Detectives privados, en el artículo 19.4 de la misma norma.

C) Área Técnico Profesional

Policía Científica

Tema 1. Concepto de Policía Científica. Sinonimia. Policiología. Técnica policial y criminalística. Contenido, límites y relaciones. La Policía Científica como ciencia y profesión. Los métodos policiales. Policía Científica y Detectives privados.

Tema 2. La inspección técnico-policial. Concepto. Instrumental y material necesarios. Metódica. Técnicas complementarias. Colaboración con otros Peritos.

Tema 3. La identificación de las personas. Sistemas y métodos. Ordenamiento jurídico. La identificación del sujeto vivo. Importancia de las ropas, adornos y otros complementos. La fotografía en la identificación. Biotipología psicosomática. Variabilidad racial.

Tema 4. Las señas particulares en la investigación policial. Manchas, cicatrices, tatuajes, escarificaciones, etc. Psicología del tatuado. Otras señas particulares: Mutilaciones, malformaciones, deformaciones.

Tema 5. Simulación y cirugía plástica: Su interés policial. La reconstrucción facial. Radiología, informática e identificación antropológica.

Tema 6. Lofoscopia: Definición. Historia y evolución de la lofoscopia. La lofoscopia en España. Crestas papilares. Dactiloscopia. Clasificación de dactilogramas. Formas de obtención. Búsqueda y tratamiento de las huellas latentes.

Tema 7. Dactiloscopia. El dactilograma y sus componentes: Núcleo, deltas, puntos característicos. Sistema de formulación dactilar español. Subformulación del sistema dactilar: Ambigüedades y anomalías.

Tema 8. La identificación lofoscópica. Puntos característicos. Número de puntos necesarios. Poroscopia. Crestacopia. Sistemas automáticos de identificación dactiloscópica.

Tema 9. Los indicios filamentosos. Tipos. Anatomía del pelo y del bulbo piloso. El pelo en investigación criminal. Búsqueda, recogida y envío al laboratorio. Características macroscópicas y organolépticas. Pelos animales, plumas y fibras. Importancia policial. Diagnóstico genérico y específico. Estudio macroscópico, micrográfico, micrométrico y de comparación. Examen de las fibras. Identificación de la materia textil.

Tema 10. Las manchas. Generalidades. Manchas de sangre (I). Composición de la sangre. Búsqueda y localización. Las manchas de sangre como elemento dinámico en la reconstrucción de los hechos. Examen organoléptico. Aspectos. Color. Olor. Recogida de muestras y envío al laboratorio. Técnicas de identificación. Identificación específica. Técnicas físicas, biológicas, inmunológicas, electroforéticas y mixtas. Otras técnicas. Los grupos sanguíneos en los animales.

Tema 11. Manchas sexuales. Problemas policiales. Manchas de esperma. Frecuencia. Búsqueda y localización. Estudio morfológico y topográfico. Técnicas de recogida de muestras para envío al laboratorio. Las manchas de esperma como elemento identificador. Técnicas de análisis.

Tema 12. Otras manchas. Normas generales para su localización, recogida y envío al laboratorio. Manchas obstétricas. Manchas de líquido amniótico. Manchas de calostro y leche. Manchas producidas por excretas, de orina, de heces, de sustancias vomitadas, de secreciones. Manchas de saliva, de moco, de flujo, de sudor, de cerumen. Manchas originadas por otras sustancias orgánicas normales y patológicas. Manchas de origen vegetal: Jugos vegetales, madera y serrín, cigarrillos, cigarros, tabaco y cenizas. Manchas de polen. Manchas inorgánicas. Manchas de pintura. Manchas de óxido. Manchas de barro. Investigación de tierras. Polvos minerales. El polvo.

Tema 13. Documentoscopia. Antecedentes, concepto y contenido. La escritura manuscrita. Elementos constitutivos y formales. Cotejo e identificación de escrituras. Normas para la obtención de muestras para su cotejo. Técnicas de estudio de documentos. La peritación sobre firmas y textos.

Tema 14. Falsificación de documentos. Tipos de falsificaciones. Recuperación y reconstrucción de documentos. Técnicas de detección de alteraciones documentales.

Técnicas de Investigación Privada

Tema 1. La investigación privada. Concepto. Fines. Fundamentos de la investigación. Relación con la investigación policial.

Tema 2. Las técnicas de investigación (I). Empleo de diferentes técnicas por el Detective privado. Empleo de tecnología en la investigación. La metodología investigativa. Las fuentes de información.

Tema 3. Técnicas de investigación (II). La identificación: Fondos documentales, la fotografía. El retrato hablado. La entrevista operativa.

Tema 4. Técnicas de investigación (III). Vigilancias y seguimientos. Definiciones. Clases. Fases. La planificación de las técnicas de vigilancia y seguimiento. Técnicas de vigilancia. Técnicas de seguimiento. Análisis de resultados. Redacción de informes.

[1] Téngase en cuenta que el citado anexo fue sustituido por el anexo 2 de la Resolución de 18 de enero de 1999 (§ 9).

[2] Derogada por Orden de 7 de julio de 1995 a su vez derogada por Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5). Véase, asimismo, la disposición derogatoria del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (§ 2).

[3] Véase el anexo 3 de la Resolución de 18 de enero de 1999 (§ 9), que sustituye al anexo 1 de la presente Resolución.

[4] El anexo 3 de la Resolución de 18 de enero de 1999 (§ 9) incluye nuevas tablas de función, que sustituyen a las de la presente Resolución.

[5] Sustituido por el anexo 1 de la Resolución de 18 de enero de 1999, que figura como parágrafo 9.

[6] Dado el carácter técnico de estas normas y de acuerdo con la naturaleza de esta obra, se omite la inclusión de este anexo.

[7] Sustituido por el anexo 2 de la Resolución de 18 de enero de 1999 (§ 9).

§ 8 RESOLUCIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (INTERIOR), POR LA QUE SE DESIGNA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE DESARROLLARÁ DETERMINADAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA, Y SE REESTRUCTURA LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL PROFESORADO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA GUARDAS PARTICULARES DEL CAMPO Y SUS ESPECIALIDADES

(«BOE» núm. 284, de 27 de noviembre de 2007)

La Orden de 7 de julio de 1995, del Ministerio de Justicia e Interior, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre personal, establece en su título I los requisitos exigidos para la formación y habilitación del personal de seguridad, así como los órganos competentes para la gestión, tramitación y resolución de los asuntos relativos.

La Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior (Justicia e Interior), por la que se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada, en el epígrafe 12 de las mismas, sobre Dirección de los Ejercicios de Tiro, se establece que la competencia para ser Instructor de Tiro deberá acreditarse ante la Guardia Civil, mediante la superación de un examen al efecto que se realizará en la Unidad o Centro de Enseñanza que la Dirección General designe, expidiéndose a continuación la acreditación correspondiente.

La Orden del Ministerio de la Presidencia de 21 de octubre de 2001, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Dirección General de la Guardia Civil, encomienda en su artículo 6.1.h) al Servicio de Protección y Seguridad, dependiente de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, la gestión de las competencias que la Ley de Seguridad Privada y sus normas complementarias atribuyen a la Dirección General de la Guardia Civil, no encomendadas expresamente a otros órganos de la misma.

Por otro lado, la Resolución de 23 de marzo de 1998 de la Dirección General de la Guardia Civil (Interior), por la que se asignan competencias en materia de seguridad privada sobre centros de formación y actualización exclusiva para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades y se reestructura la Comisión de Valoración del Profesorado de dichos centros, atribuye determinadas competencias a la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil relativas a la formación de los Guardas Particulares del Campo y sus especialidades, formulación de propuestas para la expedición de acreditaciones del profesorado de los centros de formación y actualización para los Guardas Particulares del Campo, así como la realización de pruebas selectivas para la habilitación de los Guardas Particulares del Campo e Instructores de Tiro del personal de seguridad privada.

A la vista de los antecedentes anteriormente referidos y con el fin de conseguir una mayor eficacia en las funciones de gestión y control en las materias que la normativa de seguridad privada atribuye a la Guardia Civil, se hace preciso concentrar las competencias atribuidas a la Jefatura de Enseñanza en la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 18.1.b) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de 14 de abril de 1997, dispongo:

Primero. A la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, se le confieren las siguientes competencias, gestionadas a través del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil:

a) Elevar a la Secretaría de Estado de Seguridad, las propuestas de resolución de autorización sobre las solicitudes de apertura y funcionamiento de los centros destinados a impartir las enseñanzas de formación y actualización exclusiva para los Guardas Particulares del Campo y sus especialidades.

b) Elaborar los contenidos de los módulos profesionales de formación que los aspirantes a Guardas Particulares del Campo y sus especialidades habrán de superar, y que deberán ser impartidos en los centros de formación autorizados, elevando la correspondiente propuesta de los mismos a la Secretaría de Estado de Seguridad.

c) Elevar a la Secretaría de Estado de Seguridad las propuestas de convocatorias para la obtención de la habilitación de los Guardas Particulares del Campo y sus especialidades. Realizar las correspondientes pruebas selectivas, elevando a la Secretaría de Estado para publicación la relación de personal que ha resultado apto.

d) Expedir, previo informe de la Comisión de Valoración del Profesorado, las acreditaciones del profesorado de los centros de formación y actualización de los Guardas Particulares del Campo y sus especialidades.

e) Elaborar el programa de materias para habilitación de Instructores de Tiro del personal de seguridad privada, así como realizar las correspondientes convocatorias y pruebas de habilitación, proponiendo la publicación de la relación de los declarados aptos mediante Resolución del Director General.

f) Inspeccionar los centros en los que se imparta o pretenda impartir cursos de formación y actualización para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades en lo que respecta al desarrollo de programas y tiempos lectivos de los módulos, conservación por el profesorado de los requisitos exigibles, y organización y funcionamiento de dichos centros.

Segundo. 1. La Comisión de Valoración del Profesorado de los centros de formación y actualización de los Guardas Particulares del Campo y sus especialidades, estará constituida por:

Presidente: General Jefe de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.

Vicepresidentes:

General Jefe de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza.

Jefe del Servicio de Protección y Seguridad.

Vocales:

Jefe de la Intervención Central de Armas y Explosivos.

Jefe de la Plana Mayor de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.

Jefe de la Plana Mayor de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza.

Jefe de la Sección de Gestión de la Seguridad Privada del Servicio de Protección y Seguridad.

Un Oficial de la Plana Mayor de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.

Un Oficial de la Sección de Gestión de la Seguridad Privada del Servicio de Protección y Seguridad.

Secretario: Un Oficial del Servicio de Protección y Seguridad, designado por el Presidente.

2. El funcionamiento de la Comisión de Valoración del Profesorado, se regirá por lo establecido en los artículos 22 a 27, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. En evitación de que terceras personas puedan verse afectadas por el presente cambio de competencias, la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil continuará gestionando hasta su finalización, los procesos que se encuentren en marcha en el momento de la entrada en vigor de la presente Resolución, siendo iniciados los nuevos por el Servicio de Protección y Seguridad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Se deroga expresamente, la Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se asignan competencias en materia de seguridad privada sobre centros de formación y actualización exclusiva para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades y se reestructura la Comisión de Valoración del Profesorado de dichos centros.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

§ 9 RESOLUCIÓN DE 18 DE ENERO DE 1999, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD (INTERIOR), POR LA QUE SE MODIFICA LA DE 19 DE ENERO DE 1996, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE INTERIOR, EN LO REFERENTE A LA UNIFORMIDAD Y MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN DE LOS GUARDAS PARTICULARES DEL CAMPO Y EN LO RELATIVO A LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD

(«BOE» núm. 24, de 28 de enero de 1999; corrección de errores en «BOE» núm. 55,
de 5 de marzo)

La Resolución de la Secretaría de Estado de Interior, de 19 de enero de 1996, mediante la cual se determinaban distintos aspectos relacionados con el personal de seguridad privada, en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995, concretaba los módulos profesionales generales de formación de los Guardas particulares del Campo, y todos los aspectos relacionados con la uniformidad de los mismos, así como los módulos profesionales de formación de los Vigilantes de Seguridad.

La citada Resolución no determinaba, dentro de los módulos relativos a los Guardas particulares del Campo, cuáles eran los específicos de cada una de sus especialidades, resultando las materias exigidas excesivamente amplias, y notoriamente gravosos los requisitos referentes a su uniformidad.

Por otra parte, la experiencia adquirida a través de los procesos ya realizados, de formación y habilitación de Vigilantes de Seguridad en sus distintas modalidades, aconseja adecuar, con más precisión, los módulos comunes de formación de este personal a las exigencias derivadas de la naturaleza de sus funciones, y reducir las marcas y tiempos en las correspondientes pruebas de cultura física.

En consecuencia, haciendo uso de las facultades que me confieren los apartados cuarto y vigésimo octavo de la Orden citada de 7 de julio de 1995; teniendo en cuenta las consideraciones, observaciones y sugerencias aportadas por los Departamentos ministeriales y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de seguridad privada, y por las entidades empresariales y sociales, representativas del sector; a propuesta de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía, resuelvo:

Primero. El anexo 4 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Interior de 19 de enero de 1996[1], queda sustituido por el anexo 1 de la presente, que se refiere a los módulos de formación de los Guardas particulares del Campo, en sus diferentes especialidades, y que consta de dos partes, una referida a los contenidos de formación técnico-profesional, y otra a las pruebas de cultura física.

Segundo. El anexo 10 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Interior de 19 de enero de 1996, queda sustituido por el anexo 2 de la presente, que determina las características técnicas de los uniformes de los Guardas particulares del campo, en sus distintas especialidades, incluyendo las representaciones gráficas de los propios uniformes y de los distintivos de dicho personal.

Tercero. Los módulos profesionales de formación comunes a las distintas modalidades de Vigilantes de Seguridad, y las tablas de función a aplicar en las correspondientes pruebas de cultura física, contenidos en el anexo 1 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Interior de 19 de enero de 1996, quedan determinados en la forma que se expresa en el anexo 3 de la presente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO 1

MÓDULOS DE FORMACIÓN

1. Contenidos de formación técnico-profesional

1.1 Materias comunes para todas las modalidades de Guardas particulares del Campo

A) Área Jurídica

Tema 1. Derecho Constitucional: La Constitución Española. Derechos fundamentales relacionados con la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas.

Tema 2. Derecho Civil: Clasificación de los bienes. La propiedad en general: Concepto, alcance y límites. Derecho de accesión. Servidumbres.

Tema 3. Derecho Penal: La infracción penal: Definición y notas características. Delitos y faltas. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: Especial referencia a la legítima defensa y al cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

Las personas criminalmente responsables de los delitos y las faltas.

Tema 4. Delitos contra la libertad: Detenciones ilegales. Otros delitos contra la libertad y la integridad moral. La omisión del deber de socorro.

Tema 5. Delitos contra el patrimonio y el orden socio-
económico: Hurtos, robos, usurpación y daños.

Tema 6. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Delitos relativos a la protección de la flora y la fauna.

Tema 7. Delitos de incendios.

Tema 8. Faltas contra las personas, el patrimonio y contra los intereses generales.

Tema 9. Derecho Procesal Penal: La denuncia. La detención y derechos del detenido.

Tema 10. La legislación de conservación de espacios naturales protegidos, flora y fauna silvestres. Infracciones. Autoridades competentes y procedimiento sancionador.

Tema 11. Vías pecuarias: Objeto, definiciones y clases. Creación. Infracciones y sanciones. Autoridades competentes y procedimiento sancionador.

Tema 12. Reglamento de Epizootias. Definiciones. Enfermedades: Declaración y medidas. Proceder en el caso de declaración oficial de enfermedades.

Tema 13. Circulación del ganado por caminos, cañadas y veredas. Guías de origen y sanidad pecuaria. Proceder en caso de que los ganados circulen sin guía. Cartilla ganadera. Infracciones y sanciones. Autoridades competentes y procedimiento sancionador.

Tema 14. Montes e incendios forestales: Aspectos generales de las Leyes y Reglamentos reguladores. Infracciones y sanciones. Autoridades competentes y procedimientos sancionadores.

Tema 15. Ley de Aguas: Objeto de la Ley. Dominio público y dominio privado. Infracciones y sanciones. Autoridades competentes y procedimiento sancionador.

Tema 16. Práctica jurídica: Confección de documentos y escritos. Redacción de informes y partes diarios: Contenido. Redacción de informes de incidencias. Presentación de denuncias: Contenido y puntos esenciales de las mismas.

B) Área Socio-Profesional

Tema 1. Seguridad privada: El personal de seguridad privada. Habilitaciones. Funciones del Guarda particular del Campo, uniformidad y distintivos. Infracciones y sanciones. Autoridades competentes y procedimiento sancionador. Seguridad privada en funciones de colaboración con los Cuerpos de Seguridad.

Tema 2. Deontología profesional. La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tema 3. Socorrismo: Primeros auxilios.

C) Área Técnico-Profesional

Tema 1. Los riesgos de la profesión. Técnicas de autoprotección. Defensa personal.

Tema 2. Las intervenciones de los Guardas particulares del Campo frente a terceros. El enlace con los Cuerpos de Seguridad.

Tema 3. Identificación de personas: Técnicas. Especial referencia al retrato hablado.

Tema 4. La detención: Formalidades y procedimientos. Cacheos. La conducción y custodia de detenidos.

Tema 5. Recogida y protección de pruebas de infracciones delictivas o administrativas. Confección de planos y croquis.

D) Área Instrumental

Tema 1. Aparatos técnicos de comunicación que puedan ser utilizados en la práctica del servicio.

E) Área de Prácticas

Defensa personal.

Detenciones y cacheos.

Confección de croquis.

Primeros auxilios.

1.2 Materias exclusivas para la especialidad de Guardas de Caza

Área Jurídica

Tema 1. Ley de la Pesca Fluvial: Especies objeto de pesca. Dimensiones, períodos hábiles y artes. Prohibiciones. Artes de pesca prohibidos. Licencias y permisos. Delitos, faltas e infracciones administrativas. Denuncias y procedimiento sancionador.

Tema 2. Ley y Reglamento de Caza: Finalidad. Acción de cazar y derecho a cazar. Régimen de los menores. Armas de caza: Licencias, tenencia, traslados, uso y régimen sancionador. Piezas de caza. Propiedad de las piezas.

Tema 3. Terrenos cinegéticos. Clarificación. Terrenos cinegéticos de aprovechamiento común. Terrenos cinegéticos de régimen especial. Zonas de seguridad. Uso de armas en zonas de seguridad. Terrenos sometidos a régimen de caza controlada. Cotos de caza. Terrenos cercados. Señalizaciones, matrículas y registros. Granjas cinegéticas. Suelta de piezas de caza. Taxidermia.

Tema 4. Vedas y otras medidas protectoras. Caza tradicional. Batida de jabalíes. Caza mayor. Caza de perdiz con reclamo, palomas, patos y conejos en época de veda. Aves anilladas. Caza de animales peligrosos. Caza con fines comerciales. Protección de los cultivos.

Tema 5. Licencias de caza. Cuidados y policía de la caza. Limitaciones y previsiones dictadas en beneficio de la caza. Daños originados por la caza y por los cazadores. Seguro obligatorio y seguridad en las cacerías.

Tema 6. Perros y rehalas. Tránsito de perros por zonas de seguridad y terrenos cinegéticos. Perros de pastores. Monterías.

Tema 7. Delitos y faltas a la Ley de Caza. Infracciones administrativas: Definición, clasificación y sanciones. Competencia y procedimiento sancionador.

Tema 8. Comisos. Retirada de armas. Destino de la caza viva y muerta.

Área Técnico-Profesional

Tema 1. Los incendios forestales. Fases del fuego. Actuaciones.

Área Instrumental

Tema 1. Normas de seguridad en el manejo de las armas largas rayadas.

Su conservación y limpieza. Teoría del tiro.

Área de Prácticas

Montar y desmontar el arma larga.

Tiro de instrucción.

1.3 Materias exclusivas a la especialidad de Guardapescas Marítimos

Tema 1. Pesca marítima de recreo. Clasificación. Ámbito de aplicación. Prohibiciones y limitaciones. Licencias. Volumen de capturas. Infracciones y sanciones. Autoridades competentes y procedimiento sancionador.

Tema 2. Ley de Costas. Objeto y finalidades de la Ley. Bienes de dominio público marítimo-terrestre. Utilización del dominio público marítimo-terrestre. Infracciones y sanciones. Autoridades competentes y procedimiento sancionador.

2. Contenidos de las pruebas de cultura física

Pruebas físicas para Guardas particulares del Campo y sus especialidades

Descripción de las pruebas

1. Velocidad: 50 metros.

Lugar: Pista de atletismo o cualquier zona de suelo compacto.

Explicación de la prueba de 50 metros lisos:

a) Posición de salida: Libre.

b) Ejercicio: Correr al 100 por 100 los 50 metros.

c) Tomar el tiempo invertido.

d) Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

2. Potencia tren superior:

2.1 Flexión de brazos en suspensión pura (hombres):

Lugar: Gimnasio o campo de deportes.

Material: Barra fija.

Explicación del ejercicio:

a) Posición de partida: Suspensión pura con palmas al frente y total extensión de brazos.

b) Flexión de brazos, evitando el balanceo del cuerpo y/o ayudarse con movimientos de piernas. Se considerará una flexión cuando la barbilla asome por encima de la barra, partiendo siempre de la posición de suspensión pura.

c) Se contará el número de flexiones completas.

d) Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

2.2 Lanzamiento de balón medicinal (mujeres):

Lugar: Campo de deportes.

Material: Balón medicinal tres kilogramos.

Explicación del ejercicio:

a) Posición de partida: Detrás de una línea marcada en el suelo, pies separados y simétricos, balón sostenido con ambas manos por encima y por detrás de la cabeza.

b) Ejecución: Lanzar el balón medicinal sujeto con ambas manos y por encima de la cabeza tan lejos como se pueda.

Reglas:

Primera.–El lanzamiento se hace con los pies simétricamente colocados, impulsando el balón con las dos manos a la vez, por encima de la cabeza.

Segunda.–No se pueden levantar los pies del suelo. Se permite elevar los talones y plantas, siempre que las puntas de los pies estén en contacto con el suelo.

Tercera.–Ninguna parte del cuerpo puede tocar o rebasar la línea marcada en el suelo.

Cuarta.–El lanzamiento se mide desde la línea marcada, hasta el punto de caída del balón más próximo a la citada línea.

Quinta.–El intento que no cumpla alguna de las reglas se considera nulo.

Sexta.–Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

3. Potencia tren inferior:

Salto vertical.

Lugar: Gimnasio, frontón o lugar similar de suelo horizontal con una pared vertical y lisa.

Explicación del ejercicio:

a) Posición de partida: En pie, de costado junto a una pared vertical, con un brazo totalmente extendido hacia arriba y sin levantar los talones del suelo, el candidato marca con los dedos la altura que alcanza en esta posición.

b) Ejecución: El candidato se separa 20 centímetros de la pared o aparatos, salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.

c) Se acredita la distancia entre la marca hecha desde la posición de partida y la conseguida en el salto.

Reglas:

Primera.–Se pueden mover los brazos y flexionar el tronco y rodillas, pero no se puede separar del suelo parte alguna de los pies antes de saltar.

Segunda.–Hay que realizar el salto con los dos pies a la vez.

Tercera.–Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

4. Resistencia general:

Lugar: Pista de atletismo o lugar llano y de suelo compacto y liso.

Explicación de la prueba de 1.000 metros lisos:

a) Posición de salida: En pie.

b) Ejercicio: Correr lo más rápido posible la distancia de 1.000 metros.

c) Tomar el tiempo invertido.

d) Sólo se permite un intento.

Tablas de función

Sexo y edad

Velocidad

–

50 metros

Flexiones

–

Número

de veces

Salto
vertical

Resistencia

–

1.000

metros

Tiempo
–
Segundos

Balón

medicinal

–

Metros

Altura

–

Centímetros

Tiempo

De 18 a 25 años:

Hombres ................

8,5

3 veces

40

4’30’’

Mujeres ..................

9,0

4,5 metros

35

5’00’’

De 26 a 32 años:

Hombres ................

9,0

2 veces

38

4’45’’

Mujeres .................

9,5

4 metros

33

5’15’’

De 33 a 39 años:

Hombres ................

9,5

1 vez

36

5’00’’

Mujeres ..................

10,0

3,75 metros

31

5’30’’

ANEXO 2

UNIFORMIDAD DE LOS GUARDAS PARTICULARES DEL CAMPO[2]

[.......]

ANEXO 3

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN
DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD

Temas comunes a las distintas modalidades de Vigilantes de Seguridad

A) Módulo o Área Jurídica

Derecho Constitucional

Tema 1. La Constitución Española: Derechos fundamentales relacionados con la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas. Especial referencia a lo que las leyes y jurisprudencia establecen respecto a cacheos y registros.

Derecho Penal

Tema 2. La infracción penal: Definición y breve descripción de sus notas constitutivas. Dolo o imprudencia. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. El uso de instrumentos de defensa (incluidas armas de fuego) dentro de la legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, oficio o cargo.

Tema 3. Las personas criminalmente responsables de los delitos y las faltas.

Tema 4. Homicidio y sus formas. Lesiones.

Tema 5. Delitos contra las libertades: Detenciones ilegales, secuestros, amenazas y coacciones.

Tema 6. Delitos contra el patrimonio y el orden socio-
económico: Robo, hurto, daños, receptación y otras conductas afines.

Tema 7. Delitos de falsedades documentales.

Tema 8. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.

Tema 9. Delitos contra la intimidad, el derecho a la imagen y la inviolabilidad del domicilio: Domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. Omisión del deber de socorro.

Derecho Procesal Penal

Tema 10. La denuncia. Concepto. La obligación de denunciar: a) Con respecto a los delitos de carácter público; b) Con respecto a los delitos de carácter no público.

Tema 11. La detención. Facultades atribuidas a este respecto por nuestro ordenamiento jurídico a las personas no revestidas de los atributos de Agente de Policía Judicial.

Tema 12. Los vigilantes de seguridad y escoltas privados como auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el campo de la persecución de las infracciones penales: Pautas de actuación. Especial referencia a su labor en la preservación de instrumentos de prueba.

Tema 13. Los derechos del detenido según nuestro ordenamiento jurídico y su tramitación por parte del sujeto activo de la detención.

Derecho Administrativo Especial

Tema 14. Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas, y de las Corporaciones Locales. Descripción elemental de su estructura y competencias. Normativa reguladora de la Policía Estatal y de las Policías Autonómicas.

Tema 15. Ley de Seguridad Privada. Notas características. Servicios y actividades autorizados a las empresas de seguridad. Ley Orgánica 1/1992: Aspectos penales y administrativos de la tenencia y consumo ilícito de drogas.

Tema 16. Personal de seguridad privada: Clasificación, requisitos y procedimiento de habilitación. Funciones de los Vigilantes de Seguridad y Escoltas privados. Uniformidad, distintivos y armamento. Régimen sancionador.

Derecho Laboral

Tema 17. Concepto de contrato laboral. Concepto de derecho de negociación colectiva. Derecho de huelga según el ordenamiento jurídico español.

Tema 18. El convenio colectivo en el sector de seguridad privada.

Práctica Jurídica

Tema 19. Confección de documentos y escritos. Redacción de informes y partes diarios: Contenido. Redacción de informes de incidencias: Contenido y puntos esenciales de la misma.

B) Módulo o Área Socioprofesional

Tema 1. Identificación. Técnicas de descripción de personas y cosas. Especial referencia a este respecto a la atención, percepción y memoria.

Tema 2. Las relaciones humanas y la seguridad. El sentimiento de inseguridad. La actitud e imagen del Vigilante de Seguridad privada ante la seguridad e inseguridad.

Tema 3. La deontología profesional. Ética y conducta del personal de seguridad privada. Las relaciones profesionales con: Personal protegido, medios de comunicación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y público en general.

Tema 4. Las relaciones profesionales en la empresa. Relaciones jerárquicas. Comunicación interpersonal: Tipos y factores modificantes.

Tema 5. El autocontrol. El pánico y sus efectos. El miedo. El estrés. Técnicas de autocontrol.

C) Módulo o Área Técnico-Profesional

Tema 1. La seguridad. Nociones generales. El sistema integral de seguridad. Teoría esférica de la seguridad. Zonas y áreas de seguridad.

Tema 2. Los medios técnicos de protección (I). Elementos pasivos: La seguridad física. Sistemas de cierre perimetral. Muros, vallas, puertas, cristales blindados, esclusas y otros elementos. Fiabilidad y vulnerabilidad al sabotaje.

Tema 3. Los medios técnicos de protección (II). Elementos activos: Seguridad electrónica. Detectores de interiores y exteriores. El circuito cerrado de televisión. Fiabilidad y vulnerabilidad al sabotaje.

Tema 4. La central de control de alarmas. Organización y funciones. Los sistemas de control y alarmas. Procedimiento de reacción ante alarmas: El enlace con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tema 5. La detención. La procedencia del cacheo y del esposamiento: Supuestos. La conducción y custodia del detenido.

Tema 6. La autoprotección. Técnicas y procedimientos de autoprotección personal: En el trabajo, en el domicilio, en los desplazamientos, en otros lugares.

Tema 7. La protección de edificios: En domicilios, establecimientos, grandes superficies y centros de concentración de masas por espectáculos públicos.

Tema 8. El control de accesos. Finalidad. Organización: Medios humanos y materiales. Procedimiento de actuación: Identificación, autorización, tarjeta acreditativa y registro documental de acceso.

Tema 9. La protección de polígonos industriales y urbanizaciones. Características de estas zonas. Rondas de vigilancia a pie y en vehículo. Recorridos y frecuencias. Procedimientos de actuación: Identificación de personas.

Tema 10. La protección de fondos, valores y objetos valiosos (I). El transporte de estos materiales: Características de los medios humanos y materiales. Medidas de seguridad antes, durante y después del servicio. Técnicas de protección: Ofensivas y defensivas.

Tema 11. La protección de fondos, valores y objetos valiosos (II). Protección del almacenamiento. Recuento y clasificación. Medios técnicos empleados en cámaras acorazadas.

Tema 12. La protección de pruebas e indicios. Procedimiento de protección. La recogida de pruebas e indicios con carácter excepcional.

Tema 13. La falsificación de documentos y monedas. La falsificación de documentos: Documento nacional de identidad, pasaporte, carnet de conducir. La falsificación de monedas: Billetes de banco y monedas.

Tema 14. La protección ante artefactos explosivos. Actuación ante amenaza de colocación de un artefacto explosivo. Planes de emergencia y evacuación. Concepto. Clases. El control de personas y objetos: Paquetería y correspondencia. Control y requisa de vehículos. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

D) Módulo o Área Instrumental

Tema 1. Los sistemas de comunicación (I). Las telecomunicaciones. Los radioteléfonos. El teléfono. El telefax.

Tema 2. Los sistemas de comunicación (II). La informática. Concepto. Aplicaciones. Sistemas autónomos y conexión en red.

Tema 3. Medios de detección. La utilización de detectores de metales, explosivos y elementos radiactivos. Manejo y precauciones.

Tema 4. La protección contra incendios. Sistemas de detección: Detectores y avisadores. Mecanismo de extinción de incendios. Agentes extintores. Mangueras. Extintores. Prácticas de manejo de mangueras y extintores.

Tema 5. Técnicas de primeros auxilios (I). Concepto. Contenido de las técnicas. Limitaciones. Concepto de urgencia. Orden de prioridad para la asistencia. El control de hemorragia. Técnica de respiración artificial y reanimación cardiovascular.

Tema 6. Técnicas de primeros auxilios (II). El traslado de heridos: A pie, en camilla, en vehículos. Primeras actuaciones en caso de accidente con traumatismos: Craneoencefálicos, torácicos, abdominales, de columna vertebral, fracturas y luxaciones.

Tema 7. La preparación física. Entrenamiento para superar las pruebas de flexión de brazos en suspensión pura (hombres), levantamiento de balón medicinal (mujeres), velocidad (50 metros), salto vertical y resistencia general (1.000 metros).

Tema 8. La defensa personal (I). Fundamentos. Posiciones fundamentales de defensa, ataque y desplazamientos. Técnicas de bloqueo y percusión. Técnicas de luxación: Muñeca, codo y hombro.

Tema 9. La defensa personal (II). Defensa contra los ataques a órganos de frente, espalda y brazos. Las estrangulaciones. Defensa contra ataques de puño y pierna.

Tema 10. La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca y arma de fuego. Reducciones. Cacheos y esposamientos.

Tema 11. Técnicas de empleo de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de su utilización.

Tema 12. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por el Vigilante de Seguridad. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza. Su tratamiento en el Reglamento de Armas.

Tema 13. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y específicas. El principio de proporcionalidad.

Tema 14. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real con las armas reglamentarias.

Tablas de función

Sexo y edad

Velocidad

–

50 metros

Flexiones

–

Número

de veces

Salto
vertical

Resistencia

–

1.000

metros

Tiempo
–
Segundos

Balón

medicinal

–

Metros

Altura

–

Centímetros

Tiempo

De 18 a 25 años:

Hombres ..............

8,5

3 veces

40

4’30’’

Mujeres ................

9,0

4,5 metros

35

5’00’’

De 26 a 32 años:

Hombres ...............

9,0

2 veces

38

4’45’’

Mujeres ................

9,5

4 metros

33

5’15’’

De 33 a 39 años:

Hombres ...............

9,5

1 vez

36

5’00’’

Mujeres

10,0

3,75 metros

31

5’30’’

[1] Figura como parágrafo 7.

[2] Dado el carácter técnico de estas normas y de acuerdo con la naturaleza de esta obra, se omite la inclusión de este anexo.

§ 10 ORDEN DEF/467/2011, DE 2 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS PARA LA COLABORACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA FORMACIÓN DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD PRIVADA ENCARGADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN BUQUES QUE NAVEGUEN BAJO BANDERA ESPAÑOLA Y PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN EL TRANSPORTE DEL MATERIAL IMPRESCINDIBLE EMPLEADO EN SU SERVICIO

(«BOE» núm. 57, de 8 de marzo de 2011)

El Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, modifica los artículos 81 y 86 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y los artículos 6 y 124 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, para permitir que la prestación de seguridad a bordo de los buques de bandera española, que se encuentren fuera de nuestras aguas territoriales y en situaciones de especial riesgo para personas y bienes, pueda ser prestada por el personal de las empresas de seguridad, mediante la utilización del armamento adecuado para cumplir eficazmente con los cometidos de protección y de prevención.

El artículo primero de dicho real decreto añade, dentro del artículo 81.1.c) del Reglamento de Seguridad Privada, un nuevo apartado 9 que permite prestar servicios de seguridad con armas en los buques mercantes y pesqueros que naveguen bajo bandera española, en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes, o para ambos. El real decreto también modifica el artículo 86 del referido Reglamento, introduciendo un nuevo apartado 4, en el que se establece que los vigilantes de seguridad privada, en supuestos excepcionales, podrán portar y usar armas de guerra para garantizar la protección de las personas y bienes a los que se ha hecho referencia en el artículo 81, con las características y con las condiciones y requisitos que se determinen de manera conjunta por los Ministerios de Defensa y del Interior.

Dichas condiciones y requisitos se contienen en la Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

El apartado cuarto de la citada Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, regula el procedimiento de autorización de este tipo de servicio de seguridad, el cual se inicia a instancia de la empresa armadora indicando, entre otros extremos, la empresa de seguridad encargada de la prestación del servicio a bordo que, conforme a los apartados tercero y décimo, debe contar con vigilantes de seguridad debidamente habilitados y adiestrados en el manejo de las armas de guerra y que estén en posesión de la correspondiente licencia, extremos todos ellos que exigen una específica formación, la cual se efectúa por los centros autorizados para la formación del personal de seguridad privada, a los que hace referencia el artículo 56.2 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

Por otro lado, el apartado décimo de la Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, establece que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior podrán colaborar con los centros para impartir dicha formación.

El Ministerio de Defensa cuenta en Madrid con instalaciones para que se realicen las prácticas con el armamento autorizado para estos servicios en el Instituto Tecnológico «La Marañosa» (ITM), en el municipio de San Martín de la Vega, el cual, conforme al apartado tercero de la Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, por la que se crea el Instituto Tecnológico «La Marañosa», tiene entre sus funciones la de «apoyar técnicamente cuanto se le ordene y en las condiciones que se establezcan, a los restantes Ministerios y a otras organizaciones públicas y privadas».

Para articular la colaboración entre el Ministerio de Defensa con los citados centros de formación para la formación de los vigilantes de seguridad privada pertenecientes a las empresas autorizadas para la prestación del servicio, y colaborar con las citadas empresas de seguridad en el apoyo logístico al transporte de las armas, munición, piezas de repuesto y demás material imprescindible para la prestación de dichos servicios de seguridad, garantizando el máximo nivel posible de seguridad en el desarrollo del trabajo de los buques mercantes y pesqueros que naveguen bajo bandera española, se hace necesario adoptar esta orden ministerial.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de normas.–Se aprueban las Normas para la colaboración del Ministerio de Defensa en la formación de los vigilantes de seguridad privada encargados de la prestación del servicio de seguridad en buques que naveguen bajo bandera española y para el apoyo logístico en el transporte del material imprescindible empleado en su servicio, que se insertan a continuación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Facultades de desarrollo.–Se faculta al Secretario de Estado de Defensa, al Director General de Armamento y Material, al Secretario General de Política de Defensa y al Director General de Política de Defensa para adoptar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de esta orden ministerial.

Segunda. Entrada en vigor.–La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Normas para la colaboración del Ministerio de Defensa en la formación de los vigilantes de seguridad privada encargados de la prestación del servicio de seguridad en buques que naveguen bajo bandera española y para el apoyo logístico en el transporte del material imprescindible empleado en su servicio

Primera. Finalidad.–1. Estas normas tienen por finalidad la colaboración del Ministerio de Defensa en la formación de los vigilantes de seguridad privada encargados de la prestación de servicios de seguridad con armas de guerra en buques mercantes y pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes, o para ambos, prevista en el apartado décimo de la Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre[1], que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

Cuando las empresas de seguridad sean las que, con la debida autorización del Ministerio del Interior para operar como centro, formen a su personal, tendrán la consideración de centro de formación.

2. Asimismo, estas normas tienen por finalidad regular la colaboración del Ministerio de Defensa en el apoyo logístico a las citadas empresas de seguridad para el transporte a la zona donde operan de las armas, munición, piezas de repuesto y demás material empleados en los servicios de seguridad.

Segunda. Prácticas para la formación de los vigilantes de seguridad privada.–1. En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados segundo y cuarto de la Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, el contenido de estas normas será aplicable a la realización de prácticas de formación por el personal de las empresas autorizadas, y con el armamento descrito en dicha norma, en las instalaciones del Instituto Tecnológico «La Marañosa» (ITM), las cuales serán puestas, por el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material, a disposición de los centros formación, en los términos contemplados en estas normas, garantizando su compatibilidad y sin menoscabar la atención prioritaria a las actividades propias del Instituto.

2. El personal del Ministerio de Defensa velará por el cumplimiento estricto de las Normas de Seguridad de las zonas de tiro y de régimen interior, así como de los planes que se contemplan en la norma tercera.3.

El Ministerio de Defensa realizará las comprobaciones que considere necesarias sobre el personal que realice las prácticas para evitar riesgos a la seguridad de las instalaciones o del personal del Ministerio de Defensa, pudiendo establecer restricciones de acceso a las instalaciones del ITM, atendidas las circunstancias concurrentes.

Tercera. Procedimiento.–1. El uso de las instalaciones del ITM para la realización de las prácticas requerirá la previa autorización por parte de la Dirección General de Armamento y Material, en la que se establecerán las específicas condiciones de tal uso y, en su caso, las contraprestaciones económicas a satisfacer, por los centros de formación.

2. La solicitud se formulará por el centro de formación que haya sido autorizado conforme al artículo 56.2 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre y para el personal que en dicho precepto se contempla, con al menos un mes de antelación al inicio de las prácticas, y se dirigirá a la Dirección General de Armamento y Material, debiendo incluir en la misma:

a) Las necesidades detalladas del centro.

b) La relación nominativa de los vigilantes de seguridad que realizarán las prácticas.

c) Una propuesta de fechas de inicio y fin de las citadas prácticas y de los horarios en que se llevarán a cabo.

d) Armamento y munición que se aportará para su realización, con indicación de si se requiere el uso de armamento de propiedad del Ministerio de Defensa.

e) La designación de un responsable de seguridad, el cual deberá tener habilitación de seguridad del Ministerio de Defensa, un responsable técnico de las prácticas y un interlocutor único con la Dirección del ITM.

3. A dicha solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

a) Plan de Prevención de Riesgos Laborales de las Prácticas, en el que específicamente se hará constar el apoyo sanitario, que en todo caso será de cuenta de la empresa de seguridad, y que incluirá personal médico y ambulancia, que deberán estar presentes durante el ejercicio de las prácticas, así como las actividades o tareas a realizar y las medidas de seguridad para las personas e instalaciones.

b) Plan de Seguridad de Ensayos y el Plan de Ensayos detallado.

4. El Ministerio de Defensa podrá denegar, de forma motivada, la autorización para la formación en el uso de armas de guerra, para casos individualizados.

Cuarta. Costes relativos a la formación.–Todos los costes relativos a la formación de los vigilantes de seguridad privada correrán a cargo de los centros de formación solicitantes.

Quinta. Régimen de responsabilidades.–1. Una vez autorizado el uso de las instalaciones del ITM para la formación de vigilantes de seguridad privada, el personal del centro de formación y el personal en periodo de formación deberá respetar las normas de seguridad y de régimen interior, siendo responsable en todo caso de las condiciones de vigilancia y seguridad durante su permanencia en tales instalaciones.

2. El Ministerio de Defensa y todo el personal a su servicio, quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada de los daños ocasionados directa o indirectamente por acciones u omisiones del personal del centro de formación y del personal en periodo de formación durante la realización de las actividades objeto de ésta cláusula.

3. El centro o la empresa de seguridad deberán formalizar un seguro, por la cantidad que se determine en la correspondiente autorización, que cubra las responsabilidades civiles, o de cualquier otro tipo derivadas de las actividades de formación, así como los daños que tales actividades pudiesen causar.

4. El centro de formación o la empresa de seguridad serán responsables en todo caso de los deterioros que el armamento propiedad del Ministerio de Defensa pudiere sufrir y que sean consecuencia del mal uso, descuido o negligencia por parte de su personal o del personal en formación, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

Sexta. Armamento, munición y custodia de los mismos.–1. El armamento utilizado podrá ser de propiedad de la empresa de seguridad privada, en los términos que se contienen en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, y demás normativa aplicable, o de propiedad del Ministerio de Defensa.

2. En caso de que se autorizase la utilización de armamento propiedad del Ministerio de Defensa la entrega y recogida de armas se hará siguiendo un procedimiento de entrega, específico para esta situación, que determine y especifique las comprobaciones técnicas obligatorias y necesarias que concluyan con la calificación del estado de utilidad en que está el arma en el momento de la entrega.

3. En el caso de que sea necesaria la realización de ejercicios de tiro, la adquisición de la munición y su traslado a las instalaciones del ITM serán responsabilidad del centro de formación o de la empresa de seguridad privada, debiendo realizarse en los términos señalados por el apartado noveno de la Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre. Si fuere necesario el depósito de dicha munición en las instalaciones del ITM, la misma se realizará de acuerdo con las capacidades disponibles en ese momento.

4. Igualmente el depósito y custodia del armamento propiedad de la empresa en las instalaciones del ITM, si los mismos fueren necesarios, se realizarán de acuerdo con las capacidades disponibles.

Séptima. Apoyo logístico para el transporte hacia o desde la zona donde operan los buques mercantes y pesqueros de las armas, munición, piezas de repuesto y demás material imprescindible para su empleo en dichos servicios de seguridad.–1. La Dirección General de Política de Defensa gestionará, a solicitud de la empresa de seguridad, la aportación de medios de transporte.

Dicha solicitud se dirigirá a la Dirección General de Política de Defensa concretando la petición detallada del apoyo logístico requerido, con al menos cuarenta días de antelación a la prestación de dicho apoyo o veinte días de antelación a la fecha prevista de disponibilidad del armamento.

La empresa de seguridad deberá acompañar a dicha solicitud, copia de la Licencia de Transferencia autorizada para la exportación temporal del armamento y demás material de defensa sometido a control, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre.

2. Se utilizarán, con carácter preferente, medios militares y, dentro de éstos, los medios aéreos programados al servicio de las necesidades de transporte de material para las Fuerzas Armadas, salvo casos excepcionales que requieran la habilitación de medios aéreos o navales específicos para el transporte de este material a la zona.

3. La notificación de la viabilidad del apoyo logístico solicitado contendrá las especificaciones necesarias para el acceso a las instalaciones desde la que saldrá el transporte, la preparación de la carga y sus condiciones de seguridad y vigilancia, y demás trámites a efectuar por la empresa de seguridad.

4. Los costes relativos al transporte del material hacia o desde la zona en los casos excepcionales mencionados en el apartado 2 serán satisfechos por la empresa de seguridad solicitante.

El transporte dentro del seno de los cauces logísticos ordinarios del Ministerio de Defensa para el transporte de material para las Fuerzas Armadas podrá ser gratuito.

[1] Figura como parágrafo 14.

ARMAS

§ 11 REAL DECRETO 137/1993, DE 29 DE ENERO (INTERIOR), POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ARMAS

(«BOE» núm. 55, de 5 de marzo de 1993; corrección de errores en «BOE» núm. 95,
de 21 de abril)

[.......]

CAPÍTULO V

Licencias, autorizaciones especiales y tarjetas de armas

[.......]

Sección 6.ª Licencias para el ejercicio de funciones de custodia y vigilancia

Art. 120. Las empresas de seguridad y en general las entidades u organismos cuya constitución y funcionamiento cumplan los requisitos legalmente prevenidos, de las que dependa reglamentariamente personal de seguridad, podrán poseer las armas necesarias con fines de prestación de servicios, adiestramiento de personal o realización de pruebas de aptitud, obteniendo al efecto la correspondiente autorización de la Dirección General de la Guardia Civil, previa justificación de que cumplen aquellos requisitos y de la necesidad de las armas. La autorización documenta exclusivamente la adquisición de las armas, que estarán a cargo del Jefe de Seguridad o titular del puesto que designen dichas empresas o entidades, el cual responderá de su correcto uso, así como de la oportuna recuperación de las mismas. La posesión de cada una de las armas se documentará mediante la correspondiente guía de pertenencia expedida a nombre de las empresas, entidades u organismos propietarios. Cuando no sean objeto de utilización, deberán ser custodiadas en locales de las empresas o entidades, que reúnan las adecuadas condiciones de seguridad.

Art. 121. El personal de los Cuerpos y organismos legalmente considerados auxiliares para el mantenimiento de la seguridad pública y persecución de la criminalidad, así como los Vigilantes de Seguridad y personal legalmente asimilado, podrán solicitar de la Dirección General de la Guardia Civil licencia de armas C, con los requisitos y condiciones que se establecen en los artículos siguientes.

Art. 122. Para obtener estas licencias, el interesado, a través de la empresa u organismo de que dependa, deberá presentar en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente a su domicilio solicitud dirigida al Director general de la Guardia Civil, acompañada de los documentos enumerados en el artículo 97.1 de este Reglamento[1], y además los siguientes:

a) Certificado o informe de su superior jerárquico o de la empresa, entidad u organismo en que preste sus servicios, en el que se haga constar que tiene asignado el cometido para el que solicita la licencia, y localidad donde lo ha de desempeñar.

b) Fotocopia del documento acreditativo de la habilitación del interesado para el ejercicio de funciones de seguridad, que se cotejará con el original y se diligenciará haciendo constar la coincidencia.

c) Declaración del solicitante, con el visto bueno del Jefe, autoridad o superior de que inmediatamente dependa, de no hallarse sujeto a procedimiento penal o a procedimiento disciplinario.

Art. 123. Las armas amparadas por estas licencias sólo podrán ser empleadas en los servicios de seguridad o funciones para los que fueran concedidas.

Art. 124. 1. Las licencias C podrán autorizar un arma de las categorías 1.ª, 2.ª 1 ó 3.ª 2, o las armas de guerra a las que se refiere el apartado 3 del artículo 6 de este reglamento, según el servicio a prestar, de conformidad con lo dispuesto en la respectiva regulación o, en su defecto, de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos [2].

Art. 125. Estas licencias tendrán validez exclusivamente durante el tiempo de prestación del servicio de seguridad determinante de su concesión y carecerán de validez cuando sus titulares se encuentren fuera de servicio. Quedarán sin efecto automáticamente al cesar aquéllos en el desempeño de las funciones o cargos en razón de los cuales les fueron concedidas, cualquiera que fuera la causa del cese.

Art. 126. 1. Al cesar en su cargo o función, temporal o definitivamente, al titular de una licencia de este tipo le será retirada por el superior jerárquico, entidad, empresa u organismo en el que prestan o han prestado servicios, y será entregada en la Intervención de Armas. El arma quedará depositada a disposición de la empresa, entidad u organismo propietario.

2. En los supuestos de ceses temporales, si el titular de la licencia hubiese de ocupar de nuevo un puesto de trabajo de la misma naturaleza, le será devuelta su licencia de uso de armas, cuando presente el certificado o informe sobre dicho puesto, expedido de acuerdo con el artículo 122.a).

Art. 127. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando por cualquier circunstancia se encontraran fuera de servicio, las armas deberán permanecer en poder de la empresa, entidad u organismo en instalaciones que cuenten con las debidas condiciones de seguridad, a juicio de la Intervención de Armas respectiva, pudiendo ser utilizadas por otros titulares de puestos análogos, en posesión de la documentación requerida.

Art. 128. 1. Los superiores de los organismos, empresas o entidades a cuyo mando se encuentren, deberán adoptar cuantas medidas de seguridad y controles sean necesarios para evitar la pérdida, sustracción, robo o uso indebido de las armas y, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los usuarios de las mismas, dichos superiores serán también responsables, siempre que tales supuestos se produzcan concurriendo falta de adopción o insuficiencia de dichas medidas o controles.

2. También en los supuestos de comisión de delitos, faltas o infracciones, así como de utilización indebida del arma, los organismos, empresas o entidades deberán proceder a la retirada de la misma y de los documentos correspondientes, participándolo inmediatamente a la Intervención de Armas, con entrega de los documentos.

[.......]

[1] Dicho artículo con las modificaciones operadas por Real Decreto 316/2000, de 3 de marzo, establece:

«1. La solicitud de expedición de las licencias de armas habrá de presentarse en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente al domicilio del interesado, acompañada de la siguiente documentación:

a) Certificado de antecedentes penales en vigor.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o, en su caso, de la tarjeta de autorización de residencia, que será cotejada con su original y devuelta al interesado.

c) Informe de las aptitudes psicofísicas.

Cuando se trate de la obtención de licencias sucesivas, el solicitante que sea titular de armas correspondiente a la licencia que se solicita habrá de presentar, con la solicitud de nueva concesión, el arma o armas documentadas, personalmente o por medio de tercero autorizado por escrito y que cuente con licencia correspondiente al arma o armas de que se trate, a efectos de revista.»

Por Orden INT/904/2002, de 15 de abril («BOE» núm. 99, de 25 de abril) se aprueban los impresos normalizados de solicitud de expedición de licencias de armas de fuego, que estarán a disposición de los ciudadanos en las dependencias de la Guardia Civil, y serán en castellano y bilingües, en las Comunidades Autónomas donde existe lengua cooficial.

[2] Artículo redactado por Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre («BOE» núm. 236, de 31 de octubre). Este artículo tenía un apartado 2 que decía:

«2. Nadie podrá poseer más de una licencia C. En los casos en que las respectivas regulaciones permitan la posesión o utilización de un arma de la categoría 1.a y otra de la 2.ª 1, ambas serán amparadas por la misma licencia, si bien cada arma se documentará con su guía de pertenencia.»

§ 12 ORDEN DE 24 DE FEBRERO DE 1994 (INTERIOR) POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES, TARJETAS Y GUÍAS DE PERTENENCIA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DOCUMENTAR LAS DIVERSAS CLASES DE ARMAS

(«BOE» núm. 54, de 4 de marzo de 1994)

El Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 55, de 5 de marzo), ha reestructurado el sistema de concesión de licencias, tarjetas y autorizaciones de armas, estableciendo nuevos documentos en unos casos y variando los plazos de validez en otros, por lo que se hace necesario adaptar los impresos correspondientes a lo dispuesto en dicho Reglamento.

Por lo expuesto, en cumplimiento de lo establecido en la disposición final segunda del mencionado Real Decreto, a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, dispongo:

Primero. Corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil la confección de los impresos necesarios para la autorización, posesión y control de las armas, con sujeción a los siguientes criterios:

1. a) Licencia que habilita a la persona para llevar y poseer las armas a que se refiere el punto 4, letras a), c) y d), y punto 5 del artículo 96 del Reglamento de Armas, y autorizaciones especiales para menores para el uso de armas de avancarga, antiguas o históricas, y para las de sistemas «flobert».

b) Licencia que habilita a la persona para llevar y poseer las armas a que se refiere el punto 4, letra b), del citado artículo 96.

En el ejemplar para el titular figurarán los datos personales y las licencias y autorizaciones de armas que posea, cuyos modelos figuran en los anexos 1 y 1 bis de la presente Orden[1].

La información necesaria para el resto de los organismos afectados y los antecedentes de la concesión se volcarán en una ficha cuyo modelo figura en el anexo 2.

Estos organismos son los siguientes:

Intervención de Armas de la Comandancia.

Intervención Central de Armas y Explosivos.

Delegación o Subdelegación del Gobierno, cuando proceda[2].

[.......]

3. Guías de pertenencia que documentan la tenencia de las armas para las que se conceda con arreglo a lo dispuesto en los artículos 89 y 107 del Reglamento, cuyo modelo figura en el anexo 5[3].

Las guías de pertenencia constarán de tres cuerpos destinados a:

El interesado.

La Intervención de Armas expedidora.

La Intervención Central de Armas y Explosivos.

Segundo. La Dirección General de la Guardia Civil confeccionará los modelos citados en el apartado anterior, determinando sus características técnicas, medidas de seguridad de impresión, la incorporación de los elementos necesarios para su tratamiento informático y, en su caso, la traducción a la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en que se expida[4].

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta tanto sean editados los nuevos impresos, se seguirán utilizando los actuales, para lo que la Dirección General de la Guardia Civil dictará las instrucciones pertinentes al efecto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda. Se faculta al Director general de la Guardia Civil para adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Orden.

ANEXO 1

Licencia de armas de fuego

ANEXO 2

FICHERO ALFABÉTICO

N.º EXPEDIENTE

1. APELLIDOS

DNI

2. NOMBRE

3. FECHA DE NACIMIENTO

4. DOMICILIO

5. DISTRITO POSTAL

6. MUNICIPIO DE RESIDENCIA

7. PROVINCIA DE RESIDENCIA

8. FECHA 1.ª CADUCIDAD

EL .......................................

(Firma y sello)

Ejemplar para la Dirección General de la Guardia Civil

FICHERO CRONOLÓGICO

N.º EXPEDIENTE

1. APELLIDOS

DNI

2. NOMBRE

3. FECHA DE NACIMIENTO

4. DOMICILIO

5. DISTRITO POSTAL

6. MUNICIPIO DE RESIDENCIA

7. PROVINCIA DE RESIDENCIA

EL .......................................

(Firma y sello)

Ejemplar para la Dirección General de la Guardia Civil

TIPO

FECHA CONCESIÓN

VÁLIDA HASTA

B

C

D

E

F

AE

AEM

FICHERO ALFABÉTICO

N.º EXPEDIENTE

1. APELLIDOS

DNI

2. NOMBRE

3. FECHA DE NACIMIENTO

4. DOMICILIO

5. DISTRITO POSTAL

6. MUNICIPIO DE RESIDENCIA

7. PROVINCIA DE RESIDENCIA

8. FECHA 1.ª CADUCIDAD

EL .......................................

(Firma y sello)

Ejemplar para la Intervención de Armas de la Comandancia

FICHERO CRONOLÓGICO

N.º EXPEDIENTE

1. APELLIDOS

DNI

2. NOMBRE

3. FECHA DE NACIMIENTO

4. DOMICILIO

5. DISTRITO POSTAL

6. MUNICIPIO DE RESIDENCIA

7. PROVINCIA DE RESIDENCIA

EL .......................................

(Firma y sello)

Ejemplar para la Intervención de Armas de la Comandancia

TIPO

FECHA
CONCESIÓN

VÁLIDA HASTA

B

C

D

E

F

AE

AEM

FICHERO ALFABÉTICO

N.º EXPEDIENTE

1. APELLIDOS

DNI

2. NOMBRE

3. FECHA DE NACIMIENTO

4. DOMICILIO

5. DISTRITO POSTAL

6. MUNICIPIO DE RESIDENCIA

7. PROVINCIA DE RESIDENCIA

8. FECHA 1.ª CADUCIDAD

EL .......................................

(Firma y sello)

Ejemplar para el expediente (Intervención de Armas)

FICHERO CRONOLÓGICO

N.º EXPEDIENTE

1. APELLIDOS

DNI

2. NOMBRE

3. FECHA DE NACIMIENTO

4. DOMICILIO

5. DISTRITO POSTAL

6. MUNICIPIO DE RESIDENCIA

7. PROVINCIA DE RESIDENCIA

EL .......................................

(Firma y sello)

Ejemplar para el expediente (Intervención de Armas)

TIPO

FECHA
CONCESIÓN

VÁLIDA HASTA

B

C

D

E

F

AE

AEM

MINISTERIO DEL INTERIOR

N.º EXPEDIENTE

1. APELLIDOS

DNI

2. NOMBRE

3. FECHA DE NACIMIENTO

4. DOMICILIO

5. DISTRITO POSTAL

6. MUNICIPIO DE RESIDENCIA

7. PROVINCIA DE RESIDENCIA

8. FECHA 1.ª CADUCIDAD

EL .......................................

(Firma y sello)

Ejemplar para la Delegación o Subdelegación del Gobierno

TIPO

FECHA
CONCESIÓN

VÁLIDA
HASTA

B

C

D

E

F

AE

AEM

ANEXO 5

Guía de pertenencia de armas de fuego

[1] La Resolución de 16 de mayo de 2007 («BOE» núm. 128, de 29 de mayo), sustituye los anexos 1 y 1 bis citados por el actual anexo I.

[2] Apartado 1 redactado de acuerdo con la Orden de 12 de septiembre de 1997 («BOE» núm. 230, de 25 de septiembre).

[3] El anexo citado fue sustituido por la Resolución de 16 de mayo de 2007 («BOE» núm. 128, de 29 de mayo).

[4] Apartado redactado por Orden INT/4326/2004, de 17 de diciembre («BOE» núm. 3, de 4 de enero de 2005; corrección de errores en «BOE» núm. 64, de 16 de marzo).

§ 13 ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 1997(INTERIOR) POR LA QUE SE DETERMINAN LAS ARMAS DE FUEGO A UTILIZAR POR LOS GUARDAS PARTICULARES DEL CAMPO PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE VIGILANCIA Y GUARDERÍA

(«BOE» núm. 48, de 25 de febrero de 1997)

El artículo 3 del vigente Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, clasifica en la categoría 2.a1 a las armas largas para vigilancia y guardería, especificando que dichas armas serán las que se determinen por Orden del Ministerio del Interior o mediante decisión adoptada a propuesta o de conformidad con el mismo, como específicas para desempeñar funciones de vigilancia y guardería.

Por otro lado, el artículo 93.1 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, establece que el arma reglamentaria de los Guardas particulares del Campo, será el arma de fuego larga para vigilancia y guardería, determinada con arreglo al artículo 3 del Reglamento de Armas, facultando la disposición final primera de dicho Real Decreto al Ministro del Interior para dictar las disposiciones necesarias para su ejecución.

Finalmente, el artículo 124 del Reglamento de Armas, relativo a las licencias para el ejercicio de funciones de custodia y vigilancia, contempla la posibilidad de que tales licencias autoricen el uso de armas de las categorías 1.a, 2.a 1 ó 3.a 2, de conformidad con lo dispuesto en la respectiva regulación o, en su defecto, de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos.

En su virtud, y en uso de la facultad concedida a este Ministerio, dispongo[1]:

Primero. Las armas de fuego específicas de los Guardas particulares del Campo, para desempeñar funciones de vigilancia y guardería, serán con carácter general las armas largas rayadas de repetición, concebidas para usar con cartuchería metálica, apta para su utilización con arma corta, de calibre 6,35, 7,65, 9 mm corto, 9 mm parabellum, 9 mm largo, 22LR, 22 Magnum, 38 especial y 357 Magnum.

Segundo. Cuando en el servicio a prestar concurran circunstancias extraordinarias que impidan o desaconsejen el uso de las armas largas rayadas, determinadas en el apartado anterior, las empresas en las que prestan servicio los Guardas, podrán solicitar de la Dirección General de la Guardia Civil, acreditando la concurrencia de dichas circunstancias, autorización para usar revólver calibre 38 especial o escopeta del calibre 12, de repetición, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco contenedor. Dicha Dirección General, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, y valorando las circunstancias concurrentes, concederá o denegará la autorización.

Tercero. Las armas autorizadas para el servicio de guardería, adquiridas y documentadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, con arreglo a la legislación anterior, se podrán seguir usando durante un período de cinco años, a contar desde dicha fecha, aun cuando no reúnan los requisitos del apartado primero.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Cuando, en el servicio a prestar por los Vigilantes de Seguridad, concurran circunstancias extraordinarias que impidan o desaconsejen el uso de las armas determinadas
en el apartado decimonoveno de la Orden de 7 de julio de 1995[2], por lo que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, sobre personal, podrá utilizarse el arma larga rayada de repetición, determinada en el apartado primero de esa Orden, previa autorización de la Dirección General de la Guardia Civil, que resolverá teniendo en cuenta el informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, y valorando las circunstancias concurrentes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden, y en particular la Orden del Ministerio del Interior de 1 de febrero de 1983, por la que se determinan las armas para desempeñar las funciones de guardería.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

[1] Los apartados primero y segundo figuran redactados de acuerdo con la Orden de 30 de abril de 1998 («BOE» núm. 120, de 20 de mayo).

[2] Derogado por Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5). Véase su artículo 19.

§ 14 ORDEN PRE/2914/2009, DE 30 DE OCTUBRE, QUE DESARROLLA LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO 1628/2009, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA, APROBADO POR REAL DECRETO 2364/1994, DE 9 DE DICIEMBRE, Y DEL REGLAMENTO DE ARMAS, APROBADO POR REAL DECRETO 137/1993, DE 29 DE ENERO[1]

(«BOE» núm. 264, de 2 de noviembre de 2009)

El Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, modifica los artículos 81 y 86 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre y los artículos 6 y 124 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, para permitir que la prestación de seguridad a bordo de los buques de bandera española, que se encuentren fuera de nuestras aguas territoriales y en situaciones de especial riesgo para personas y bienes, pueda ser prestada por el personal de las empresas de seguridad, mediante la utilización del armamento adecuado para cumplir eficazmente con los cometidos de protección y de prevención.

El artículo primero de dicho Real Decreto añade dentro del artículo 81.1.c) del Reglamento de Seguridad Privada, un nuevo apartado 9.º que permite prestar servicios de seguridad con armas en los buques mercantes y pesqueros que naveguen bajo bandera española, en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas y de los bienes. También se modifica el artículo 86 del referido Reglamento, introduciendo un nuevo apartado 4, en el que se establece que los vigilantes de seguridad privada, en supuestos excepcionales, podrán portar y usar armas de guerra para garantizar la protección de las personas y bienes a los que se ha hecho referencia en el artículo 81, con las características y con las condiciones y requisitos que se determinen de manera conjunta por los Ministerios de Defensa y del Interior.

En el artículo segundo de dicho Real Decreto se modifica el artículo 6 del Reglamento de Armas mediante la inclusión de un apartado 3 en el que se establece que, a propuesta conjunta de los citados Ministerios, se fijarán los términos y condiciones para la tenencia, control, utilización y, en su caso, adquisición por las empresas de seguridad privada de armas de guerra, así como las características de estas últimas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa y del Ministro del Interior, dispongo:

Primero. Ámbito de aplicación.–Lo dispuesto en esta Orden será de aplicación a la prestación de los servicios de seguridad con armas de guerra, por vigilantes de seguridad, en buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española, en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes, o para ambos, previstos en el apartado 9.º del artículo 81.1.c) del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

Segundo. Armamento autorizado.–Las armas de guerra a las que se refiere el apartado Primero son, de entre las comprendidas en el artículo 6.1.b) del Reglamento de Armas, las siguientes:

a) Armas de fuego de calibre igual o superior a 12,7 milímetros que utilicen munición con vaina de ranura en el culote y no de pestaña o reborde en el mismo lugar.

b) Armas de fuego que utilicen la siguiente munición:

1.º 5,45 x 39,5.

2.º 5,56 x 45 (o su equivalente 223).

3.º 7,62 x 39.

4.º 7,62 x 51 NATO.

Tercero. Empresas y personal.–Los servicios de seguridad a los que se refiere el apartado Primero, únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad de ámbito estatal, autorizadas para la prestación de servicios y actividades de vigilancia y protección de personas y bienes e inscritas en el registro correspondiente del Ministerio del Interior, que cuenten con vigilantes de seguridad debidamente habilitados y adiestrados en el manejo de las armas de guerra del apartado Segundo.

Cuarto. Autorización del servicio de seguridad.–1. El procedimiento de autorización del servicio de seguridad se iniciará mediante solicitud motivada, dirigida al Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil – Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía), por la empresa armadora o su representante, indicando la empresa de seguridad, el motivo por el cual se solicita la autorización, la relación nominativa de los vigilantes de seguridad que prestarán el servicio, número de armas indicando el modelo, calibre y munición a emplear y los demás requisitos que resulten de aplicación.

2. En la tramitación del procedimiento, el Ministerio del Interior solicitará del Ministerio de Defensa (Dirección General de Armamento y Material) informe sobre la procedencia o no del empleo de las armas solicitadas para la prestación del servicio requerido.

3. Obtenido el informe favorable del Ministerio de Defensa para la utilización de las armas, el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, previo examen de la solicitud y valoración de las circunstancias concurrentes y del cumplimiento de los demás requisitos, resolverá sobre el servicio solicitado. Concedida la autorización, ésta quedará vinculada al cumplimiento de los términos y condiciones contenidos en la presente Orden sobre la adquisición, tenencia, utilización y control de dichas armas.

Quinto. Adquisición de las armas.–1. Una vez autorizado el servicio, el procedimiento para la adquisición de las armas de guerra y sus municiones seguirá el siguiente trámite:

a) La empresa de seguridad solicitará al Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil - Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil), la autorización para la adquisición de dichas armas y sus municiones.

b) Una vez recibida la solicitud, la citada Unidad interesará del Ministerio de Defensa (Dirección General de Armamento y Material) el correspondiente informe a fin de determinar si procede autorizar la adquisición de las mismas.

c) Emitido informe favorable por el Ministerio de Defensa, la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil expedirá la correspondiente autorización de adquisición, remitiendo copia de la misma al Ministerio de Defensa (Dirección General de Armamento y Material).

2. Las armas serán adquiridas exclusivamente a distribuidores, comerciantes, firmas comerciales o fábricas legalmente establecidas en territorio nacional y expresamente autorizadas por el Ministerio de Defensa.

Sexto. Tenencia y uso de las armas.–1. Para la tenencia y uso de las armas y sus municiones se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero; en el Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero; en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y su Reglamento, en la correspondiente normativa de desarrollo y demás normativa que pudiera ser de aplicación.

2. Durante la prestación del servicio, los vigilantes de seguridad serán responsables de su adecuada utilización, custodia y conservación.

3. Los vigilantes de seguridad harán un uso limitado de este tipo de armas, que tendrá como único objeto la prevención y disuasión eficaz de posibles ataques, pudiendo ser utilizadas, en caso de necesidad, como medio de defensa para repeler agresiones armadas de forma adecuada y proporcional.

Séptimo. Almacenamiento y seguridad de las armas y municiones.–1. En las sedes y delegaciones de las empresas de seguridad privada, las armas de guerra y sus municiones deberán ser custodiadas en cajas fuertes/armeros independientes, distintos del resto de los que pudiera poseer la empresa para el almacenamiento de otro tipo de armas y municiones; debiendo, además, cumplir los requisitos establecidos en el apartado Séptimo de la Orden de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y Reglamento de Seguridad Privada.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de Seguridad Industrial, en la autorización de prestación del servicio expedida por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, se recogerán los requisitos y medidas de seguridad que deberán cumplirse para el almacenamiento y custodia de las armas y municiones en los buques, contenidas en el informe de idoneidad emitido por la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

Octavo. Control permanente de las armas y municiones.–1. El control permanente de las armas y municiones se realizará por el jefe o responsable del servicio designado a tal efecto por la empresa de seguridad, o en su defecto, por el vigilante de seguridad de mayor antigüedad que se encuentre prestando servicio en el buque, en los términos establecidos en la Orden del Ministerio del Interior de 23 de abril de 1997.

Semanalmente, dicho responsable dará cuenta al jefe de seguridad de la empresa del estado de conservación y situación de las armas y municiones, dejando ambos constancia documental de dicha comunicación. En todo caso, el jefe de seguridad anotará las comunicaciones en el correspondiente Libro de Registro de Entrada y Salida de Armas.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier novedad que tenga incidencia sobre el uso y custodia de las armas se comunicará de manera inmediata al jefe de seguridad, quien dará traslado de la información a la Intervención Central de Armas y Explosivos, sin demora.

Trimestralmente, el jefe de seguridad de la empresa presentará ante la citada Intervención certificación acreditativa del estado y situación de las armas y su munición.

Noveno. Traslado de armas y munición.–1. El traslado de armas de guerra y sus municiones desde el lugar de almacenamiento y custodia al lugar de utilización para la prestación del servicio o realización de los ejercicios de tiro, así como entre delegaciones, requerirá una autorización previa de traslado, expedida por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil), que acompañará al mismo.

2. La solicitud de autorización de traslado que presentará la empresa de seguridad contendrá, al menos, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos del Jefe de Seguridad o persona delegada que solicita la autorización de traslado, con indicación de la empresa de seguridad a la que pertenece.

b) Nombre, apellidos y número del DNI de los vigilantes de seguridad que realizarán el traslado.

c) Cantidad, clase, marca y número de serie de las armas a trasladar.

d) Cantidad y calibre de la munición a trasladar.

e) Matrícula del medio de transporte a utilizar.

f) Origen, destino, fecha y hora prevista de traslado de armas y municiones.

g) Motivo del traslado.

h) Plan de actuación ante posibles incidentes.

3. El traslado de las armas de guerra por vía terrestre se realizará siempre por carretera y se efectuará por una empresa de seguridad en un vehículo blindado, que reúna las condiciones establecidas en el apartado Undécimo de la Orden de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y Reglamento de Seguridad Privada, custodiado al menos por dos vigilantes de seguridad armados.

El traslado de munición metálica para dichas armas se realizará en otro vehículo blindado, custodiado al menos por un vigilante de seguridad armado.

Décimo. Formación permanente.–Los vigilantes de seguridad encargados de la prestación de estos servicios, deberán estar en posesión de la correspondiente licencia de armas y contar con formación suficiente en el conocimiento y manejo de las mismas. Los centros autorizados para la formación del personal de seguridad privada impartirán la formación permanente, a solicitud de las empresas de seguridad autorizadas para estos servicios.

Los Ministerios de Defensa y del Interior podrán colaborar con los Centros para impartir dicha formación.

Undécimo. Vigencia de las autorizaciones.–Las autorizaciones concedidas al amparo de esta Orden Ministerial tendrán un período máximo de validez de un año, a contar desde la fecha de autorización del servicio, transcurrido el cual se producirá la caducidad de las mismas. Las autorizaciones podrán prorrogarse por el mismo período, previa solicitud a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía) realizada en el plazo mínimo de un mes anterior a su vencimiento.

Si se produce la caducidad, cesará la habilitación para la tenencia legal de las armas y se estará a lo dispuesto sobre depósito de armas en el artículo 165 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se habilita a la Ministra de Defensa y al Ministro del Interior para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones requiera la aplicación y desarrollo de lo establecido en esta Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

[1] Véase la Orden DEF/467/2011, de 2 de marzo, por la que se aprueban las Normas para la colaboración del Ministerio de Defensa en la formación de los vigilantes de seguridad privada encargados de la prestación del servicio de seguridad en buques que naveguen bajo bandera española y para el apoyo logístico en el transporte del material imprescindible empleado en su servicio (§ 10).

§ 15 REAL DECRETO 2487/1998, DE 20 DE NOVIEMBRE (INTERIOR), POR EL QUE SE REGULA LA ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PSICOFÍSICA NECESARIA PARA TENER Y USAR ARMAS Y PARA PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

(«BOE» núm. 289, de 3 de diciembre de 1998)

El Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, en su artículo 98, establece que no podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquéllas para las que la posesión o el uso de armas representen un peligro propio o ajeno.

Por su parte, la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en su artículo 10.3.a), y el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, en sus artículos 53, 85 y concordantes, exigen que, para la obtención de la habilitación, y en todo momento para la prestación de servicios, los Vigilantes de Seguridad y los Guardas particulares del Campo habrán de tener la aptitud física y psíquica necesarias para el ejercicio de sus funciones.

A tal respecto, se encuentran en vigor actualmente el Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias de armas, y la Orden de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, sobre personal, en cuya disposición transitoria segunda se establece la aplicación de lo dispuesto en el mencionado Real Decreto al personal de seguridad privada, en tanto no se promulgue normativa específica sobre la acreditación de su aptitud física y su capacidad psíquica.

Sin embargo, la insuficiencia inicial del cuadro de «Enfermedades o defectos que serán causa de denegación de licencias, permisos y tarjetas de armas», anexo al Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre, se ha visto confirmada por la experiencia adquirida durante los años de vigencia de dicho Real Decreto, como ha podido constatar en algunas ocasiones la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, y se ha puesto de relieve a través de críticas constructivas de los sectores profesionales afectados.

Tal insuficiencia se ha hecho aún más evidente con la promulgación de la reciente legislación de seguridad privada, que establece requisitos psicofísicos para la habilitación del personal del sector, pero no articula los mecanismos necesarios para su comprobación, y especialmente, por contraste, con la promulgación del Reglamento de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, que pone al día, de forma mucho más completa y adecuada, el procedimiento de determinación de las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar el permiso o la licencia de conducción.

En consecuencia, se considera necesario y urgente actualizar la enumeración y el sistema de evaluación y consideración administrativa de las enfermedades o deficiencias que impiden la obtención o la renovación de las licencias de armas, y llenar el vacío normativo existente respecto a la habilitación y realización de las pruebas psicotécnicas periódicas del personal de seguridad privada (Vigilantes de Seguridad y Guardas particulares del Campo), a cuyo efecto se han elaborado los correspondientes cuadros de enfermedades o deficiencias, y de criterios de aptitud, condicionantes de la tenencia y uso de armas y de la prestación de servicios por parte del referido personal.

La nueva regulación, como es lógico, se coordina estrechamente, y sigue en sus líneas generales, la establecida para la expedición de los permisos y licencias de conducción, si bien, obviamente, tiene en cuenta y se adapta a las peculiaridades de la tenencia y uso de armas, y a las exigencias profesionales del referido personal de seguridad privada, que también debe estar documentalmente habilitado para la tenencia y uso de armas.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.26.ª de la Constitución; los artículos 3, 6, 7 y la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y la disposición final primera, b), de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, y en los artículos 53, 85 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

En su virtud, con informe favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Sanidad y Consumo, así como de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, a propuesta del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de noviembre de 1998, dispongo:

Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, no podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psicofísicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo, propio o ajeno.

Art. 2. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 53.c), 85 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre[1], para la habilitación de los Vigilantes de Seguridad, de los Guardas particulares del Campo, y del personal de las distintas especialidades de unos y otros, así como, transcurridos los plazos establecidos, para poder proseguir la prestación de los respectivos servicios, los interesados habrán de acreditar las aptitudes psicofísicas necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Art. 3. Las pruebas de aptitud psicofísica tendrán por objeto comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad para tener o usar armas, o para prestar servicios de seguridad privada, asociada con:

a) La capacidad visual.

b) La capacidad auditiva.

c) El sistema locomotor.

d) El sistema cardiovascular.

e) Trastornos hematológicos.

f) El sistema renal.

g) Enfermedades ginecológicas.

h) El sistema respiratorio.

i) El sistema endocrino.

j) El sistema neurológico.

k) Infecciones.

l) Problemas dermatológicos.

m) Trastornos mentales y de conducta.

n) Dificultades perceptivo-motoras, de toma de decisiones y problemas de personalidad.

ñ) Cualesquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que puedan suponer una incapacidad para tener o usar armas o para prestar servicios de seguridad privada.

Art. 4. Necesitarán someterse a las pruebas de aptitud psicofísica y a las exploraciones necesarias para determinar si reúnen las condiciones requeridas, todas las personas que pretendan obtener o renovar cualquier licencia o autorización de tenencia y uso de armas, y aquéllas que deseen obtener la habilitación necesaria para prestar servicios de seguridad privada o para continuar su prestación, como Vigilantes de Seguridad o como Guardas particulares del Campo en sus distintas modalidades, transcurridos los plazos de cinco y, en su caso, de dos años, establecidos en el artículo 85 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada.

De lo dispuesto en el párrafo anterior, se exceptúa al personal a que se refiere el artículo 98.4 del vigente Reglamento de Armas[2].

Art. 5. Se aprueban los cuadros de determinación de enfermedades o deficiencias, y de criterios de aptitud, condicionantes de la obtención y de la vigencia de las licencias y autorizaciones para la tenencia y utilización de armas, así como de la habilitación para la prestación de servicios de seguridad privada y de la continuidad de la misma, que se incluyen en anexo al presente Real Decreto.

Art. 6. Las pruebas y exploraciones procedentes para determinar la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, como Vigilantes de Seguridad o como Guardas particulares del campo en sus distintas modalidades, serán practicadas por un centro de reconocimiento debidamente autorizado, radicado en la provincia de domicilio del solicitante, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, y disposiciones complementarias, aplicando el cuadro de enfermedades y deficiencias contenido en el anexo del presente Real Decreto.

Art. 7. Los centros de reconocimiento realizarán las exploraciones y pruebas a que se refiere el anexo del presente Real Decreto, concretando sus resultados en un expediente clínico básico, que deberá conservarse en el centro respectivo, y estar firmado por los facultativos intervinientes, a la vista del cual el Director del Centro emitirá el informe de aptitud o de no aptitud, según proceda, que deberá llevar adherida una fotografía reciente del interesado, y en el que se harán constar las observaciones que procedan, si se hubieren detectado enfermedades o deficiencias que lo requieran.

No obstante, el informe podrá ser completado por el reconocimiento efectuado por los servicios sanitarios de la correspondiente Comunidad Autónoma, cuando los órganos de la Dirección General de la Guardia Civil, competentes en materia de armas o de habilitación de Guardas particulares del Campo, o los de la Dirección General de la Policía, competentes en materia de habilitación de vigilantes de seguridad, así lo acuerden, en los supuestos en que, con ocasión de la práctica de las pruebas de aptitud, o en cualquier momento posterior, se adviertan en los aspirantes o en los titulares de las licencias o habilitaciones, síntomas de enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que así lo exijan.

Asimismo, si el centro que realiza el reconocimiento detectase que un solicitante, pese a no estar afectado de alguna de las deficiencias o enfermedades relacionadas en el anexo del presente Real Decreto, no está en condiciones para la obtención o prórroga de licencia o autorización de armas, o de la habilitación o continuación como Vigilantes de Seguridad o como Guardas particulares del Campo, lo comunicará, indicando las causas a los órganos competentes de las Direcciones Generales de la Guardia Civil o de la Policía, para que por éstos se resuelva, previo informe de los servicios sanitarios de la correspondiente Comunidad Autónoma, lo que proceda.

El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes a que se refieren los dos párrafos precedentes, correrá a cargo de los interesados o de las entidades correspondientes, y se abonará en la forma, en la cuantía y en los casos en que esté dispuesto por la respectiva Comunidad Autónoma.

La Comisión Central, a la que hace referencia el artículo 6.3 del Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, se reunirá a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil o de la Dirección General de la Policía, en su caso.

Art. 8. Los informes de aptitud psicofísica, regulados en el presente Real Decreto, tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, de tres meses a contar desde la fecha de su expedición, durante los cuales podrán ser utilizados, mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien en el indicado plazo[3].

En todo caso, los centros entregarán a los solicitantes de los reconocimientos, a petición de éstos, un duplicado del informe de aptitud, si lo necesitaran para tramitación ante diferentes órganos de Administración, sin que ello suponga costo adicional alguno.

Art. 9. Las personas que padezcan enfermedad o deficiencia orgánica o funcional que les incapacite para obtener licencia o autorización ordinaria de tenencias y uso de armas o para su renovación, o para la prestación de servicios de seguridad privada, como Vigilantes de Seguridad o como Guardas particulares del Campo, con carácter ordinario, podrán obtener licencia, autorización o habilitación extraordinarias, sujetas a las limitaciones temporales o a las condiciones restrictivas que en cada caso procedan con arreglo al anexo del presente Real Decreto, que se deberán reflejar en los correspondientes documentos de licencia, autorización o habilitación.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el personal a que se refiere el presente Real Decreto se clasifica en los tres grupos siguientes:

M: Comprende los minusválidos que únicamente pueden usar armas con la asistencia de acompañantes auxiliares, y dentro de los recintos especiales.

Los acompañantes habrán de ser titulares de licencia para la tenencia y uso de las armas de que se trate, o para otras de mayor peligrosidad, sin ninguna limitación o condición restrictiva, al menos desde diez años antes de actuar como tales; y responsabilizarse por escrito de la seguridad del minusválido y de terceras personas, así como del cuidado y seguridad del arma en todo momento.

A estos efectos, recintos especiales se considerarán únicamente las galerías de tiro que respondan a las especificaciones contenidas en el anexo del Reglamento de Armas, y estén autorizadas con arreglo a lo dispuesto en dicho Reglamento.

L: Comprende las personas sin minusvalías, o con minusvalías que únicamente requieren adaptaciones de las armas, y que pueden tener y usar éstas con carácter general, en todos los recintos o espacios contemplados al efecto en el Reglamento de Armas.

S: Comprende las personas que tienen la aptitud psicofísica necesaria para la prestación de servicios de seguridad privada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. No se incluye en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, y se regirá por las respectivas legislaciones específicas, la acreditación de la aptitud psicofísica de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, necesaria para tener y usar armas de fuego.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Quedan derogados el párrafo b) del artículo 3 y el anexo 1 al que el mismo se refiere, del Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas, en cuyos preceptos vigentes las referencias a la concesión y a la renovación de las licencias de armas serán también aplicables a la habilitación y a la realización de pruebas psicotécnicas periódicas del personal de seguridad privada; las referencias a la Dirección General de la Guardia Civil se harán extensivas a la Dirección General de la Policía en su respectivo ámbito, y las alusiones a los Gobernadores Civiles se considerarán hechas a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Las personas que hubieran presentado la solicitud de obtención o de prórroga de licencias o autorizaciones de armas, o de habilitación o continuación en la prestación de servicios de seguridad privada, como Vigilantes de Seguridad o como Guardas particulares del Campo, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto, realizarán las pruebas de aptitud necesarias, con arreglo a la normativa anterior correspondiente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Por Órdenes del Ministerio del Interior:

a) Se aprobará el modelo de los informes regulados en el presente Real Decreto, y el de expediente clínico básico, que documentará las exploraciones efectuadas y servirá de fundamento para determinar el contenido de dichos informes[4].

b) Se adaptarán, en la medida en que sea necesario, los modelos de las documentaciones precisas para la tenencia y uso de armas, y para la prestación de servicios de seguridad privada.

Segunda. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

[1]Figura como parágrafo 2.

[2]Personal que se encuentra en activo, o en la situación que se estime reglamentariamente como tal, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

[3] Respecto al modelo de dichos informes, véase la Orden de 14 de enero de 1999, que se incluye en el parágrafo siguiente.

[4]Por Orden de 14 de enero de 1999 (parágrafo siguiente) se dio cumplimiento al apartado a) de esta disposición final.

§ 16 ORDEN DE 14 DE ENERO DE 1999 (INTERIOR) POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE INFORMES DE APTITUD PSICOFÍSICA NECESARIA PARA TENER Y USAR ARMAS Y PARA PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

(«BOE» núm. 20, de 23 de enero de 1999)

La disposición final primera, apartado a) del Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, establece que, por Órdenes del Ministerio del Interior, se aprobarán los modelos de informes de aptitud psicofísica, y del expediente clínico básico, que documentará las exploraciones efectuadas y servirá de fundamento para determinar el contenido de dichos informes.

Se considera especialmente urgente la aprobación de los modelos de informes de aptitudes psicofísicas y de las comunicaciones de los informes negativos, así como de las interrupciones de los reconocimientos, lo que puede hacerse previa consulta de los órganos administrativos competentes, mientras que la oportuna aprobación del modelo de expediente clínico básico necesita regulación complementaria, por lo que habrá de ser realizada posteriormente, previa audiencia de las organizaciones profesionales afectadas, además de la consulta a los aludidos órganos administrativos correspondientes.

En su virtud, previo informe de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía, dispongo:

Primero. Los Centros de Reconocimientos Médicos y Psicotécnicos habrán de expedir los informes de aptitudes psicofísicas necesarias para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, en los modelos que forman parte de la presente Orden, como anexos I y II, respectivamente.

Segundo. Los expresados Centros comunicarán los informes negativos que expidan y los procesos de reconocimiento que se interrumpan, indicando en ambos casos las causas:

a) Al Registro Central de Guías y Licencias. Intervención Central de Armas y Explosivos de la Dirección General de la Guardia Civil, en los modelos III o IV, según se refieran a licencias y autorizaciones para la tenencia y uso de armas, o se refieran a la prestación de servicios de seguridad, respectivamente.

b) A las Unidades Centrales de Seguridad Privada, de las Direcciones Generales de la Policía o de la Guardia Civil, competentes para tramitar la expedición de las Tarjetas de Habilitación de Vigilantes de Seguridad y de Guardas particulares del Campo, en sus distintas modalidades, en los modelos V y VI, anexos a esta Orden, respectivamente.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I

ANEXO I (dorso)

ANEXO II

ANEXO II (dorso)

ANEXO III

(Comunicación de los informes negativos o reconocimientos interrumpidos para poseedores de armas de fuego)

ANEXO IV

(Comunicación de los informes negativos o reconocimientos interrumpidos para personal de seguridad privada)

ANEXO V

(Comunicación de los informes negativos o reconocimientos interrumpidos para la habilitación como Vigilantes de Seguridad en sus distintas modalidades)

ANEXO VI

(Comunicación de los informes negativos o reconocimientos interrumpidos para la habilitación como Guarda Particular del Campo en sus distintas modalidades)

EJERCICIOS DE TIRO

§ 17 RESOLUCIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 1996, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE INTERIOR (JUSTICIA E INTERIOR), POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE TIRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

(«BOE» núm. 57, de 6 de marzo de 1996)

En virtud de las atribuciones que me confiere la disposición final segunda de la Orden de 7 de julio de 1995, previa propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil y con la conformidad de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, se hace necesario dictar unas instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro obligatorios por Vigilantes de Seguridad, Escoltas privados y Guardas particulares del Campo, así como la habilitación de los Directores e Instructores de Tiro y las pruebas a realizar para la obtención de licencias de armas «C».

Por ello, he tenido a bien disponer:

Primero. Se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada, habilitación de los Directores e Instructores de Tiro y las pruebas a realizar para la obtención de licencia de armas «C», que seguidamente se transcriben.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

INTRODUCCIÓN

Las presentes instrucciones se fundamentan en la necesidad de organizar la realización de los ejercicios de tiro obligatorios por Vigilantes de Seguridad, Escoltas privados y Guardas particulares del Campo, así como la habilitación de los Directores e Instructores de Tiro a que se refiere el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre[1].

1. Objeto

Comprobar la aptitud en la conservación, mantenimiento y manejo de las armas del personal aspirante para la obtención de la licencia de armas «C», necesaria para ejercer las funciones de seguridad privada con armas y el mantenimiento de dicha aptitud de los que ya estén en posesión de esta licencia.

Comprobar la aptitud en la conservación, mantenimiento y manejo de las armas y la capacidad para la instrucción y dirección de los ejercicios de tiro del personal de vigilancia y seguridad privada, concediendo la habilitación para las funciones de Instructor y Director de tiro, así como el mantenimiento de dicha aptitud y capacidad.

Comprobar el buen estado y funcionamiento de las armas y la conservación de la munición de dotación.

2. Personal que debe realizar los ejercicios de tiro y periodicidad

Vigilantes de Seguridad que presten o puedan prestar servicios con armas y Guardas particulares del Campo, un ejercicio de tiro obligatorio al semestre (arts. 84.1 y 94 del Reglamento de Seguridad Privada).

Escoltas privados, un ejercicio de tiro obligatorio cada trimestre (art. 90.5 del Reglamento de Seguridad Privada).

Los ejercicios de tiro del primer semestre y los del primer y tercer trimestres (Escoltas), se considerarán de entrenamiento. El resto de los ejercicios serán de comprobación de la aptitud (calificación).

3. Asistencia a los ejercicios de tiro y documentación

El personal que tome parte en la realización de los ejercicios de tiro de calificación a que se refieren estas instrucciones deberá asistir a los mismos, como mínimo, ocho horas después de la realización del último servicio y perfectamente uniformados los Vigilantes de Seguridad y los Guardas par-ticulares del Campo.

Al asistir a los ejercicios de tiro deberá llevar consigo los siguientes documentos:

Documento nacional de identidad en vigor.

Tarjeta de identidad profesional.

Licencia de armas.

Guía de pertenencia del arma.

Autorización de traslado del arma, en su caso.

La falta de alguna prenda de uniformidad o de algún documento podrá ser causa suficiente para la eliminación del ejercicio de tiro del personal en que concurra esta circunstancia. Este personal deberá realizar el ejercicio en cualquier otra sesión programada.

4. Fechas

Como norma general, los ejercicios de tiro del personal de seguridad, se realizarán:

Vigilantes de Seguridad y Guardas particulares del Campo:

Primer semestre: Durante los meses de marzo, abril y mayo.

Segundo semestre: Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Escoltas:

Primer trimestre: Durante el mes de marzo.

Segundo trimestre: Durante el mes de mayo.

Tercer trimestre: Durante el mes de septiembre.

Cuarto trimestre: Durante el mes de noviembre.

Los ejercicios de tiro se realizarán en días laborables de lunes a viernes, ambos inclusive, en sesiones de cuatro horas como máximo, debiendo existir entre dos sesiones consecutivas un período de tiempo de dos horas como mínimo.

El último día de los programados para ejercicios de tiro será dedicado a incidencias y en éste realizará los ejercicios el personal que, por causa justificada, no haya podido asistir el día que tuviera señalado para efectuarlo.

Dentro de los diez días siguientes al de incidencias, se establecerá un día de tiro para la recuperación de los tiradores que hayan obtenido resultado negativo en los ejercicios.

Excepcionalmente las instrucciones recogidas en este apartado podrán ser modificadas por el Jefe de la Comandancia cuando razones justificadas lo aconsejen, dando cuenta a la «Secretaría General. Dirección General de la Guardia Civil».

5. Lugares

Los ejercicios de tiro deberán realizarse en las galerías o campos de tiro, propios o ajenos, de las empresas de seguridad, autorizados conforme a lo previsto en el Reglamento de Armas[2].

Donde no existan estas instalaciones, podrán realizarse en los lugares que habitualmente utilicen las fuerzas de las Unidades de la Guardia Civil, procurando que no coincidan con los ejercicios reglamentarios de éstas.

Ante la eventualidad de que, en algunas provincias, el número de campos y galerías autorizados haga imposible la asistencia, a todas ellas, del personal de la Guardia Civil, encargado de la supervisión de los ejercicios de tiro de calificación o, incluso, por meras razones de optimizar su rendimiento, los Jefes de Comandancia podrán rechazar, para estos ejercicios calificatorios, los lugares solicitados por las empresas que no permitan, en una sesión de duración máxima (cuatro horas), la realización del ejercicio de tiro de un mínimo de cien hombres.

En el caso en que se empleen galerías cerradas, para este tipo de ejercicios calificatorios, sus equipos de ventilación deben renovar el total del aire del local un mínimo de doce veces por hora. Este extremo se justificará mediante certificado del Ministerio de Industria y Energía.

Igualmente los parabalas utilizados deberán estar construidos de forma que no se produzca, por rotura de los proyectiles, suspensión de partículas de plomo.

6. Armas y municiones

Como norma general, y siempre que sea posible, cada participante realizará los ejercicios de tiro con las armas adjudicadas para el servicio.

En todo caso, y con objeto de comprobar su estado y funcionamiento, en los ejercicios de tiro deberán participar todas las armas propiedad de la empresa.

En el supuesto de que, por cualquier razón, la empresa dispusiera de más armas que Vigilantes, las armas sobrantes deberán ser trasladadas al campo de tiro en los ejercicios de calificación, para su prueba por parte de los Jefes de Seguridad o Instructores de Tiro (diez disparos).

7. Solicitud, depósito y dotación de cartuchería

Las empresas podrán solicitar en cualquier fecha la autorización para la adquisición de la cartuchería que precisen, tanto para los ejercicios de tiro y dotación de su personal, como para las pruebas de habilitación del personal aspirante.

La cartuchería deberá estar depositada en las sedes de las empresas de seguridad en cajas fuertes aptas para ello o en lugares que reúnan las debidas condiciones de seguridad, a juicio del Interventor de Armas y Explosivos de la Comandancia. Las empresas llevarán un libro-registro de altas y bajas de munición, foliado y sellado por el Interventor de Armas antes citado.

La cartuchería cuya adquisición puede solicitar cada empresa es la siguiente:

Ejercicios de tiro:

Revólver: 75 cartuchos anuales por tirador.

Escopeta: 50 cartuchos anuales por tirador.

Carabina: 75 cartuchos anuales por tirador.

Pistola: 75 cartuchos anuales por tirador.

Armas sin adjudicar para el servicio: 10 cartuchos anuales por arma.

Por cada tirador con resultado negativo (para ejercicio de recuperación) y por cada tirador con retirada provisional de la licencia los mismos que para el total anual del arma correspondiente, repartidos de la siguiente forma:

Un ejercicio de calificación completo.

Resto de munición para entrenamiento.

Pruebas de obtención de licencia de armas «C»:

50 cartuchos por aspirante.

Dotación reglamentaria:

25 cartuchos por arma.

Con objeto de facilitar la adquisición de la cartuchería que, en pequeñas cantidades puede suponer inconvenientes, en partidas que no completen los envases, las empresas podrán redondear estas cantidades siempre que a la finalización de los ejercicios anuales, el total del sobrante de munición no sobrepase los 200 cartuchos de cada calibre.

En los ejercicios de tiro se emplearán los cartuchos de dotación que tienen las armas reglamentarias, siendo éstos canjeados por otros tantos de los que se hayan adquirido para los ejercicios de tiro.

8. Calendario anual y solicitudes de las empresas

Con el fin de que las empresas de seguridad privada puedan programar las fechas de realización de los ejercicios de tiro obligatorio de su personal, en el mes de enero de cada año las Jefaturas de Comandancia de la Guardia Civil confeccionarán, dentro de los límites del apartado 4, el calendario anual de los ejercicios de tiro semestrales y trimestrales, al que tendrán acceso las mencionadas empresas.

Una vez conocido el calendario, las empresas podrán solicitar las plazas como mínimo diez días antes del comienzo del período de ejercicios. Excepcionalmente, por razones justificadas, los Jefes de Comandancias podrán aceptar peticiones de este tipo fuera del plazo establecido.

En dicha solicitud de fechas incluirán los lugares, propios o ajenos, que proponen para la realización de los ejercicios de su personal.

Los mandos de las Comandancias atenderán en lo posible las fechas solicitadas por las empresas y los lugares propuestos siempre procurando, en los ejercicios de calificación, cumplir el concepto de máximo rendimiento del personal designado para la supervisión a que hace referencia el apartado 5.

En todo caso, para su aceptación, la galería de tiro propuesta por la empresa deberá reunir los requisitos expuestos en ese mismo apartado 5.

9. Asistencia sanitaria

Tanto en galerías de tiro como en campos debidamente autorizados, asistirán obligatoriamente los servicios sanitarios de las empresas para atender en primera instancia y posterior evacuación, si procede, a los asistentes ante cualquier accidente que pudiera ocurrir.

Si las empresas no cuentan con servicio sanitario propio, gestionarán su presencia, con cargo a su presupuesto, ante los organismos o entidades que crean convenientes.

10. Ejercicio a realizar y consumos

Los ejercicios a realizar por los Vigilantes de Seguridad privada, según normas del anexo 1, serán los siguientes:

1. Vigilantes de Seguridad:

Arma corta: Revólver 4 pulgadas calibre 38.

Primer semestre:

Tiro de puntería:

3 disparos (una serie) de prueba.

24 disparos (4 series de 6) de puntuación.

Tiro instintivo:

4 disparos (2 series de 2) de prueba.

6 disparos (3 series de 2) puntuables.

Total: 37 cartuchos.

Segundo semestre:

Igual que el primer trimestre, con un cartucho más de prueba en tiro de puntería.

Total: 38 cartuchos.

Total anual: 75 cartuchos.

Distancias:

Tiro de puntería: 25 metros.

Tiro instintivo: 10 metros.

Tiempo:

Tiro de puntería: 3 minutos por serie.

Tiro instintivo: 3 segundos por serie.

Blanco:

Silueta descrita en el anexo 2.

Tiro de puntería: Una silueta.

Tiro instintivo: Dos siluetas.

Arma larga: Escopeta calibre 12/70. Cartuchos 12 postas.

Primer y segundo semestres:

Tiro estilo «cazadora»:

2 disparos (una serie) de prueba.

10 disparos (5 series de 2) puntuables.

Tiro «desde la cadera»:

3 disparos (una serie) de prueba.

10 disparos (5 series de 2) puntuables.

Total disparos: 50 (25 por semestre).

Distancias:

Tiro estilo «cazadora»: 25 metros.

Tiro «desde la cadera»: 10 metros.

Tiempo: En todos los casos 3 segundos.

Blanco: En todos los ejercicios dos siluetas.

Intervalo: 3 metros entre siluetas.

2. Guardas particulares del Campo:

Arma larga: Carabina varios calibres.

Primer semestre:

Tiro de puntería:

7 disparos (2 series de 3 y 4) de prueba.

30 disparos (6 series de 5) de puntuación.

Total: 37 cartuchos.

Segundo semestre:

Igual que el primer trimestre, con un cartucho más de prueba.

Total: 38 cartuchos.

Total anual: 75 cartuchos.

Distancias:

Calibre igual o superior a 9 milímetros Parabellum: 50 metros.

Resto de calibres: 25 metros.

Tiempo: 3 minutos por serie.

Blanco: Una silueta.

Arma corta (en su caso): Revólver calibre 38. Igual que los Vigilantes de Seguridad.

3. Escoltas:

Arma corta: Pistola semiautomática del calibre 9 milímetros Parabellum.

En todos los ejercicios (1 por trimestre):

Tiro de puntería:

2 disparos (una serie) de prueba (2 en el primer trimestre, 3 en el resto).

6 disparos de puntería (una serie) puntuables.

Tiro instintivo:

2 disparos (una serie) de prueba.

8 disparos (4 series de 2) puntuables.

Total: 75 cartuchos.

Distancias:

Tiro de puntería: 25 metros.

Tiro instintivo: 10 metros.

Tiempo:

Tiro de puntería: 3 minutos por serie.

Tiro instintivo: 3 segundos por serie.

Blanco:

Tiro de puntería: Una silueta.

Tiro instintivo: Dos siluetas.

11. Clasificaciones

Se clasificará sobre impacto dentro de silueta:

Negativo: Hasta el 50 por 100 del total de disparos de calificación.

Positivo: Más del 50 por 100.

Primera: Más del 70 por 100 en todos los ejercicios anuales.

Selecto: Más del 90 por 100 en todos los ejercicios que realice durante dos años consecutivos (diploma según anexo).

Se considerarán impactos dentro de la silueta todos aquéllos que la marca dejada por el proyectil toque la silueta.

A los tiradores que no alcancen resultados positivos en el ejercicio de calificación ni en el de recuperación les será suspendida temporalmente la licencia de armas.

Los Vigilantes de Seguridad privada a los que se les haya suspendido temporalmente la licencia de armas podrán prestar cualquier tipo de servicio que no requieran la utilización de estas armas y se les autoriza su asistencia a los campos o lugares de tiro, que designe la empresa, para que, bajo la dirección de Instructores habilitados, realicen las prácticas necesarias para recuperar la aptitud para disponer nuevamente de su licencia de armas «C».

Las pruebas de los suspendidos temporalmente de licencia de armas se realizarán durante los ejercicios reglamentarios del semestre siguiente, al que hubiera tenido lugar la suspensión, cuando y donde el Jefe de la Comandancia designe y, en todo caso, bajo la supervisión de la Guardia Civil.

12. Dirección de los ejercicios de tiro

Los ejercicios de tiro, sean de entrenamiento o de calificación, del personal de seguridad privada, serán dirigidos por Instructores de Tiro de acreditada competencia o por los Jefes de Seguridad de las empresas si estuvieran habilitados para ello.

Los ejercicios de tiro de los Guardas particulares del Campo que no estén encuadrados en una empresa de seguridad serán dirigidos por Instructores dependientes de su empresa o contratados por ésta.

La competencia a que se refieren los dos párrafos anteriores deberá ser acreditada ante la Guardia Civil, mediante un examen que se realizará en la Unidad o Centro de Enseñanza que la Dirección General designe, sobre un programa confeccionado al efecto, habilitándose como Instructores de Tiro a aquéllos que lo superen, expidiendo la acreditación correspondiente (anexo 4).

Esta habilitación permite a sus titulares la utilización eventual de cualesquiera de las armas participantes en los ejercicios, exclusivamente a efectos de comprobación de su buen estado de funcionamiento, adiestramiento de tiradores y realización de las pruebas de aptitud, y precisamente en los lugares destinados a ello, independientemente de que, por
sus circunstancias personales, puedan poseer algún tipo de licencia.

La función de estos Instructores, que podrán o no pertenecer a las empresas, será dirigir las prácticas y perfeccionamiento en el manejo de las armas del personal de seguridad privada, comprobar que se realizan los ejercicios con arreglo a las normas, atendiendo las interrupciones que se produzcan, comprobar y anotar los resultados y en general todo lo que implique el buen desarrollo de los ejercicios de tiro.

Con objeto de poder llevar a cabo esa función de control, las empresas de seguridad deberán nombrar para los ejercicios de tiro un Instructor por cada grupo de diez tiradores o fracción.

Las líneas de tiro tendrán como máximo treinta tiradores, realizando la función de Director de Tiro cualquiera de los Instructores encargados de cada grupo, sin que por ello abandone las funciones propias de éste.

Cuando en una línea de tiro coincida personal de distintas empresas, las funciones de Director de Tiro se prestarán por turno entre los Instructores.

Sin perjuicio de la limitación de hombres por línea de tiro, cuando los medios y dimensiones del campo lo permitan, podrán formarse tantas líneas como se considere conveniente, actuando cada una de ellas con su Director de Tiro e Instructores correspondientes.

Los Instructores de Tiro anotarán, por duplicado, en las relaciones de los asistentes, las puntuaciones obtenidas facilitando una de las copias, por medio del Jefe de Seguridad de la empresa, o en mano si estuviese presente, al Supervisor de la Guardia Civil.

Asimismo, en los ejercicios calificatorios, confeccionarán una relación de las armas sin adjudicatario para anotar los resultados de pruebas de fuego, facilitándole una copia al Supervisor de la Guardia Civil.

La habilitación de los Instructores de Tiro podrá ser retirada o suspendida cuando, a juicio del personal de la Guardia Civil que realiza las labores de supervisión, los interesados no lleven a cabo su labor con suficiente competencia y cuando falseen o permitan falsear, total o parcialmente, las normas de realización de los ejercicios o las puntuaciones obtenidas.

En los casos de suspensión de la habilitación por insuficiente competencia podrá obtenerse de nuevo demostrando en el siguiente ejercicio de calificación que se ha recuperado la aptitud. En el caso de que no fuera así, dicha habilitación deberá obtenerse mediante la realización de todos los trámites necesarios para su obtención.

En los casos de retirada de la habilitación de Instructor por falsear o permitir falsear, total o parcialmente, los datos, los resultados de la realización de los ejercicios o las puntuaciones obtenidas, únicamente podrá obtenerse de nuevo esta habilitación mediante la realización de todos los trámites necesarios para su obtención.

Las suspensiones, que llevarán consigo la retirada de la acreditación, serán acordadas por los Jefes de Comandancia a propuesta razonada de su personal supervisor y comunicada a las empresas a que pertenezcan o hubieren contratado sus servicios.

13. Cartillas de Tiro

Al concederse la licencia de armas al personal de seguridad privada, se entregará también la Cartilla de Tiro (según modelo del anexo 5), debidamente diligenciada, que será personal e intransferible. Estará en poder de la empresa y será entregada a su titular al causar baja en la misma.

Los Jefes de Seguridad anotarán en las Cartillas de Tiro, los resultados obtenidos por los Vigilantes, que habrán recibido de los Instructores en las relaciones de participantes, remitiéndolas en el plazo máximo de diez días al Supervisor de la Guardia Civil para que les sea estampado el visto bueno.

En el supuesto de que haya recibido de los Instructores, las dos copias de relaciones con los resultados, por no haber sido entregadas en mano en el momento del ejercicio, remitirá una de ellas de inmediato al Supervisor.

14. Material y gastos

Los medios materiales para la realización de los ejercicios de tiro (siluetas, soportes, parches, etc.) y los campos o galerías serán gestionadas por las empresas y a sus expensas.

Exactamente igual se procederá con el personal que consideren necesario contratar para auxiliar al de plantilla en el desarrollo de los ejercicios, bien sean Instructores de Tiro, Auxiliares para colocar blancos, transporte de personal y medios, etc.

15. Supervisión de los ejercicios de tiro

El Jefe de la Comandancia designará al personal que supervisará los ejercicios de tiro.

A los Supervisores les corresponde:

Asistir a todos los ejercicios de calificación y a los de entrenamiento cuando lo consideren conveniente, sin aviso previo a las empresas.

Comprobar que los ejercicios se realicen de acuerdo con las instrucciones.

Evaluar la actuación de los Instructores de Tiro en sus funciones, incluida la de Directores de Tiro.

Verificar las documentaciones de los asistentes al ejercicio, así como la habilitación de los Instructores.

Dar el visto bueno a las Cartillas de Tiro de los asistentes, cuando se haya consignado por las empresas el resultado de los ejercicios de tiro.

Dar cuenta al Jefe de Comandancia de los tiradores que han obtenido resultado negativo y de aquéllos en que procede la suspensión temporal de la licencia de armas.

Hacer propuesta razonada, a los Jefes de Comandancia, de las causas que consideren suficientes para la suspensión temporal o definitiva de la habilitación de los Instructores de Tiro.

Evaluar el nivel de adiestramiento en el manejo de las armas del personal asistente.

Comprobar el buen estado de funcionamiento de las armas y la conservación de la munición de dotación.

16. Exámenes para la obtención de licencias de armas

1. Condiciones generales:

Tendrán lugar con la periodicidad que requieran las circunstancias, y por lo menos una vez al mes, siempre que haya aspirantes, en las cabeceras de las Comandancias y en el lugar que los Jefes de éstas designen.

Comoquiera que para la obtención de la licencia de armas «C», deberán los aspirantes acreditar su condición de Vigilante de Seguridad o asimilado (artículo 121 R.A.), las empresas, entidades u organismos en que presten sus servicios serán los encargados de facilitarles las armas y municiones necesarias para su formación y examen de obtención de dicha licencia.

Constará de tres pruebas eliminatorias con el orden siguiente:

Conocimiento y manejo del arma.

Ejercicio práctico de tiro.

Ejercicio escrito.

2. Condiciones particulares para el ejercicio de tiro:

Para Vigilantes de Seguridad:

Revólver:

2 disparos (una serie) de prueba.

8 disparos (2 series de 4) de calificación.

Distancia: 25 metros.

Tiempo: 3 minutos por serie.

Blanco: Una silueta.

Apto: Más del 50 por 100 de impactos en la silueta.

Para Guardas particulares del Campo:

Carabina:

3 disparos (una serie) de prueba.

12 disparos (3 series de 4) de calificación.

Distancia:

50 metros para calibre igual o superior a 9 milímetros Parabellum.

25 metros resto de calibres.

Tiempo: 3 minutos por serie.

Blanco: Una silueta.

Apto: Más del 50 por 100 de impactos en la silueta.

3. Tribunales:

La Comandancia de la Guardia Civil receptora de solicitudes de licencia «C», dispondrá el nombramiento de un tribunal que examine a los aspirantes de los conocimientos teórico-prácticos.

A los exámenes de los aspirantes será obligatoria la asistencia de Instructores de Tiro para el cumplimiento de las funciones de los ejercicios de tiro, siendo válidas todas las consideraciones generales expresadas por ellos, que no contravengan lo específicamente señalado para estos exámenes.

17. Otras consideraciones

Hasta tanto no se habiliten Instructores de Tiro que asuman las funciones que se indican en la presente instrucción, éstas podrán ser realizadas por el personal de la Guardia Civil, debidamente autorizado, que realiza las funciones de supervisión.

En todo caso, las empresas podrán utilizar personal, propio o ajeno, que ejerza provisionalmente labores de Instructores, siempre que a juicio del Supervisor asistente, acredite formación suficiente para ello.

ANEXO 1

Normas generales de ejecución de los ejercicios

Las normas que a continuación se expresan no son una descripción exhaustiva de todos los aspectos que abarcan un ejercicio de tiro.

Son simplemente una somera exposición de elementales medidas a seguir para la seguridad de los intervinientes en los ejercicios de tiro y que, por otra parte, son conocidas por cualquier persona de acreditada competencia para dirigir prácticas de tiro, a que hace referencia el Reglamento de Seguridad Privada.

Para facilitar la comprensión de las normas generales de ejecución de los ejercicios, a continuación se definen algunos de los conceptos más utilizados.

Línea de blancos: La que forman las siluetas.

Línea de tiro: La que forman los tiradores.

Distancia de tiro o simplemente distancia: La existente entre la línea de tiro y la de blancos.

Órdenes de tiro: Todas aquellas instrucciones, voces o señales que los Instructores o Directores de Tiro expresan para mandar o coordinar los ejercicios de tiro.

Serie de disparos o «serie»: Número de disparos que se efectúan de forma ininterrumpida, sin variar las situaciones de tiradores y blancos, y sin órdenes o instrucciones intermedias del Director de Tiro.

Tiempo de ejecución o «tiempo»: El que se designe para realizar cada serie.

Posición de tiro: Postura que adopta el tirador en el momento de hacer fuego.

Posición de tiro «a la cazadora» (escopeta): Peculiar posición derivada, como su nombre indica, del deporte cinegético. Consiste, esquemáticamente, en llevar el arma al apoyo del hombro y adelantando el pie contrario con flexión de su pierna correspondiente, inclinar levemente el cuerpo hacia adelante.

Posición de tiro «desde la cadera» (escopeta): Básicamente consiste en llevar el arma a la cadera correspondiente a la mano que sujeta por la empuñadura, manteniendo las piernas semiabiertas, ligeramente flexionadas y el cuerpo sensiblemente enfrentado al blanco.

Posición de partida: Posición previa al momento de iniciar el fuego. Se utiliza normalmente para unificar movimientos en los entrenamientos, comprobación de las armas, acción de cargar y descargar, etc.

Posición de partida «de guardia baja» (arma corta): Posición en la que el tirador, enfrentado al blanco, empuña el arma apuntando al suelo y con el brazo en un ángulo aproximado de 45o respecto a la vertical del cuerpo.

Posición de «prevengan»: Posición de partida en arma larga (carabina y escopeta). Simplificando, esta posición
consiste en que el tirador, enfrentado al blanco, sostiene con ambas manos por delante del pecho, paralela al plano del cuerpo, inclinada unos 45o respecto a la vertical y con el ca-ñón hacia arriba.

Normas de ejecución

Armas cortas

Situados los tiradores en la línea de tiro, los Instructores ordenarán adoptar la posición de guardia baja, descargar las armas y comprobar las recámaras. En esta posición examinará las armas e indicará algunos ejercicios de tiro simulado para comprobar la soltura y destreza en el manejo de ellas.

Finalizada esta fase, ordenará cargar las armas con el número de cartuchos de prueba y devolverlas a las fundas, para una vez toda la línea esté en esta situación iniciar el ejercicio propiamente dicho.

Para iniciar el ejercicio, el Director de Tiro dará la orden de prepararse para hacer fuego. Al recibirla, los tiradores extraerán el arma de la funda y se situarán en posición de guardia baja y disponiendo las armas para hacer fuego (montándolas, retirando los seguros, etc.).

Pasado un tiempo prudencial, y siempre observando si los tiradores están preparados, el Director de Tiro anunciará, describiéndolo, el ejercicio que se va a hacer. Esta descripción incluirá si es prueba o serie de puntuación (con el ordinal correspondiente), número de disparos, distancia, tiempo disponible y número de siluetas. A continuación dará la orden de fuego verbalmente o con señal acústica (o de otro tipo) convenida previamente.

Al recibir la orden, los tiradores levantarán el arma y dispararán los cartuchos correspondientes a la serie, en el tiempo indicado.

Los tiempos de fuego podrán ser limitados con blancos móviles o con voces o señales acústicas (o de otro tipo) convenidas.

Finalizada las series, los tiradores volverán de nuevo a la posición de guardia baja. En esta posición el Director de Tiro dará la orden de cargar los cartuchos necesarios para la serie siguiente y mandará guardar las armas y dirigirse a los blancos, en su caso.

Después de la serie de prueba y de las de puntuación, los tiradores se aproximarán a los blancos hasta una distancia que permita la observación de los impactos, pero sin que puedan llegar a tocarlos, hasta que no se dé la orden de parchear.

El parcheo se realizará después de que los Instructores hayan tomado nota de las puntuaciones obtenidas.

Respetando las posiciones de partida, guardia baja, distancia de tiro, los tiempos indicados para el fuego en cada ejercicio y el número de cartuchos por serie, el resto de posibilidades tales como posición de tiro, empuñamiento, modalidad (doble o simple acción) etc., son totalmente libres a iniciativa del Instructor de Tiro o, si éste no indica nada, del tirador.

Armas largas

Todas las consideraciones expuestas para el arma corta son válidas para el arma larga, excepto:

Posición de guardia baja que será sustituida por la de «prevengan», en todas las armas largas.

Posición de tiro libre que, en el caso del tiro de escopeta, será la de «a la cazadora» o «desde la cadera» según corresponda al ejercicio.

ANEXO 2

Dimensiones de la silueta para los ejercicios de tiro
del personal de seguridad privada

ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5

.

[1]Figura como parágrafo 2 de esta obra. Véanse su artículo 84 y el artículo 21 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (§ 5).

[2] Véanse el artículo 151 y el apartado A) del anexo del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero («BOE» núm. 55, de 5 de marzo; corrección de errores en «BOE» núm. 95, de 21 de abril).

DERECHO DE HUELGA

§ 18 REAL DECRETO 524/2002, DE 14 DE JUNIO (INTERIOR), POR EL QUE SE GARANTIZA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN SITUACIONES DE HUELGA

(«BOE» núm. 143, de 15 de junio de 2002)

El derecho fundamental a la huelga puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con libertades, derechos o bienes constitucionalmente protegidos. La propia Constitución, en su artículo 28.2, reconoce como límite expreso la necesidad de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Ante situaciones de huelga en el sector de la seguridad privada procede enunciar los servicios esenciales para la comunidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones laborales, de acuerdo con la interpretación del mismo efectuada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (entre otras, sentencias de 8 de abril y de 17 de julio de 1981 y de 24 de abril de 1986).

El citado artículo dispone que cuando se declare una huelga en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios mínimos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, cabe considerar tales servicios como esenciales en base a las siguientes circunstancias: a) el carácter de servicios subordinados y complementarios respecto a los de la seguridad pública que ostentan los servicios de seguridad privada; y b) la concurrencia de elementos de especial gravedad que afectan al mantenimiento de la seguridad de las personas y de las instalaciones, en cuanto que los servicios de seguridad privada contribuyen de manera directa a la prevención del delito.

La determinación de los servicios mínimos ha de realizarse manteniendo la adecuada proporcionalidad entre el interés general de la comunidad y el derecho de los trabajadores. Se hace preciso, pues, reiterar el carácter de esenciales que, en las circunstancias concurrentes, tienen los servicios de seguridad privada, así como establecer el procedimiento para la determinación del porcentaje del personal necesario para la prestación de los correspondientes servicios mínimos.

Así pues, en base a los condicionantes expuestos, el Real Decreto considera servicios esenciales de seguridad privada aquellos servicios que por prescripción de la normativa sobre seguridad ciudadana, sobre seguridad privada y de otras disposiciones sectoriales, se presten en relación con actividades o bienes obligados a disponer de un servicio de vigilantes de seguridad, ya sea por el potencial riesgo de la actividad o por el valor de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

Mención especial requiere la consideración de servicios mínimos en el caso de la protección y seguridad de las personas cuando las amenazas terroristas han puesto de manifiesto la existencia de un grave riesgo para la seguridad de autoridades, cargos públicos y otras personas.

En su virtud, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo segundo, del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de junio de 2002, dispongo:

Artículo 1. Ejercicio del derecho de huelga.–El ejercicio del derecho de huelga por el personal de seguridad privada se realizará sin perjuicio del mantenimiento de los servicios esenciales conforme se determina en los artículos siguientes.

Art. 2. Servicios esenciales de la comunidad.–A los efectos señalados en el artículo anterior tendrán la consideración de servicios esenciales los siguientes:

1. Los relativos a la prestación de servicios de seguridad:

a) En centrales nucleares, en petroquímicas, refinerías y depósitos de combustibles.

b) En las actividades de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas, billetes y demás objetos valiosos o peligrosos, así como en las de transporte y distribución.

c) En las fábricas de armas de fuego, en las de explosivos y en sus almacenamientos.

d) En los transportes públicos (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.) y en los centros de telecomunicaciones.

e) En los Bancos, Cajas de Ahorro, entidades de crédito y en todos aquellos otros establecimientos, instalaciones o actividades en los que el servicio de seguridad se haya impuesto con carácter obligatorio.

f) En actividades de transformación, depósito, transporte y distribución de materias inflamables.

g) En servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad.

h) En centros y sedes de medios de comunicación social.

2. Los servicios de protección de la seguridad personal a autoridades, cargos públicos y otras personas.

3. Los servicios que se presten en centrales de alarma, al objeto de garantizar la efectividad de los servicios descritos en este artículo.

Art. 3. Determinación del personal adscrito a los servicios esenciales.–1. El Secretario de Estado de Seguridad o los Delegados del Gobierno, cuando el ámbito territorial de la huelga sea autonómico o inferior, respecto a los servicios declarados esenciales en el artículo anterior, determinarán, mediante Resolución, el porcentaje del personal adscrito a los mismos que deberá desarrollar su actividad durante la misma.

2. La determinación concreta de las personas que presten los servicios esenciales corresponderá a los empresarios, previa audiencia de los correspondientes comités de huelga.

Art. 4. Garantías de seguridad.–Durante la celebración de la huelga deberá quedar garantizada la seguridad de las personas, de las instalaciones y del material, asegurándose, además, por el comité de huelga que, a la finalización de ésta, los distintos centros y servicios se encuentren en situación de funcionamiento normal, todo ello de conformidad con la normativa legal aplicable.

Art. 5. Mantenimiento de servicios esenciales.–Los servicios esenciales recogidos en los apartados anteriores no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación. Caso de producirse, serán considerados ilegales y quienes los ocasionaren incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor.–El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

MEDIDAS DE SEGURIDAD

§ 19 ORDEN INT/316/2011, DE 1 DE FEBRERO (INTERIOR) SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD PRIVADA [*]

(«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2011)

El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, encomienda al Ministerio del Interior la concreción de determinados aspectos relacionados con las medidas de seguridad, contemplados en las Secciones 6.ª y 7.ª del Capítulo III de su Título I, en materia de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, así como de centrales de alarmas y protocolos de verificación.

Especialmente, dicho Reglamento comisiona al Ministerio del Interior para fijar los criterios con arreglo a los cuales habrán de ser adaptados los sistemas de seguridad que se conecten a una central de alarmas; en el artículo 39 (quiénes pueden realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad), artículo 40 (aprobación del material utilizado), artículo 41 (personal de las empresas), artículo 42 (certificados de instalación), artículo 43 (revisiones de los sistemas) y artículo 49 (servicio de custodia de llaves).

De acuerdo con este mandato, en la presente Orden, y en lo que respecta a instalaciones de medidas de seguridad, se concreta quiénes pueden realizar las mismas, cuáles deben ser las características de los elementos que las integran, cuáles deben ser los contenidos y especificaciones de los proyectos de instalación, en qué deben consistir las preceptivas revisiones de mantenimiento de los sistemas, qué requisitos deben reunir los operadores de una central de alarmas y resto de personal interviniente, se establecen los pasos a seguir o protocolo de actuación para considerar que una alarma está correctamente verificada, tanto por medios técnicos como humanos, y puede ser comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se establece el procedimiento de comunicación, denuncia y desconexión de las alarmas y, por último, se definen los aspectos básicos relativos a los sistemas móviles de alarma.

Con el fin de homogenizar las diferentes normativas existentes en la actualidad en los países miembros de la Unión Europea, y para que las condiciones técnicas y de seguridad sean equivalentes a las exigidas en cada uno de ellos, se considera necesario utilizar normas europeas aprobadas a nivel comunitario y destinadas, de forma expresa, a regular las características técnicas de los elementos que conforman los sistemas de alarma.

Para ello, resultan de aplicación las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y la Norma UNE CLC/TS 50398, integradas en esta Orden, y aquellas otras, presentes o futuras, dedicadas a establecer, entre otros aspectos, los requisitos generales de los sistemas de alarma, los grados de seguridad, las clases ambientales, el diseño de los sistemas, su planificación, funcionamiento y mantenimiento, ofreciendo, así mismo, guías de aplicación práctica relativas a todo lo anterior.

Las Normas contenidas en esta Orden, aparecen recogidas en el Anexo I, sobre relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación en los sistemas de alarma.

Se pretende con ellas que los diseñadores de la instalación de los sistemas de alarma tengan en cuenta la naturaleza del local, el valor de su contenido, el grado de riesgo de intrusión, el perfil característico y previsto del intruso y cualquier otro factor o factores que puedan afectar a la elección de dicho grado, así como el correspondiente a los componentes del sistema.

La aplicación de las Normas UNE-EN mencionadas tiene, entre sus finalidades, mejorar la calidad e integridad de los sistemas, así como la profesionalidad del sector de la seguridad. Para ello, establece una serie de niveles de riesgo que van asociados a la actividad a supervisar y proteger, lo que influye directamente en el diseño de los sistemas.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentos técnicos, previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información. De acuerdo con la normativa reglamentaria citada, la presente Orden recoge una Disposición Adicional que permite el uso o consumo en España de productos procedentes de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre y cuando sus condiciones técnicas y de seguridad sean iguales o superiores a las exigidas por la normativa vigente en España.

De igual forma, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, así como al conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Instalaciones de seguridad

Artículo 1. Ámbito material.–1. Únicamente las empresas de seguridad autorizadas podrán realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad y alarma, cuando estos pretendan conectarse a una central de alarmas o a los denominados centros de control o de video vigilancia que recoge el apartado primero del artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Seguridad Privada, para conectar aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad a centrales de alarmas o centros de control, será preciso que la instalación haya sido realizada por una empresa de seguridad inscrita en el Registro correspondiente y se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 del citado Reglamento y a lo establecido en la presente Orden.

3. En cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Seguridad Privada, las empresas de seguridad de instalación y mantenimiento y las empresas explotadoras de centrales de alarmas, estarán obligadas, antes de efectuar la conexión, a instruir al usuario, por escrito, del funcionamiento del servicio, informándole de las características técnicas y funcionales del sistema y de las responsabilidades que lleva consigo su incorporación al mismo.

4. Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada, queda prohibida la instalación de marcadores automáticos programados para transmitir alarmas directamente a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo ser estas transmitidas, en todo caso, a través de centrales explotadoras de alarmas o de centrales de uso propio.

5. No obstante lo anterior, la prestación a terceros de servicios de recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá realizarse por empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas.

Art. 2. Grados de seguridad de los sistemas.–1. La Norma UNE-EN 50131-1 establece cuatro grados de seguridad en función del riesgo, quedando en esta Orden asignados, además, en virtud de la naturaleza y características del lugar en el que se va a efectuar la instalación y de la obligación, o no, de estar conectados a una central de alarmas o centro de control, del modo siguiente:

a) Grado 1, o de bajo riesgo, para sistemas de alarma dotados de señalización acústica, que no se vayan a conectar a una central de alarmas o a un centro de control.

b) Grado 2, de riesgo bajo a medio, dedicado a viviendas y pequeños establecimientos, comercios e industrias en general, que pretendan conectarse a una central de alarmas o, en su caso, a un centro de control.

c) Grado 3, de riesgo medio/alto, destinado a establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, así como otras instalaciones comerciales o industriales a las que por su actividad u otras circunstancias se les exija disponer de conexión a central de alarmas o, en su caso, a un centro de control.

d) Grado 4, considerado de alto riesgo, reservado a las denominadas infraestructuras críticas, instalaciones militares, establecimientos que almacenen material explosivo reglamentado, y empresas de seguridad de depósito de efectivo, valores, metales preciosos, materias peligrosas o explosivos, requeridas, o no, de conexión con central de alarmas o, en su caso, a centros de control.

2. Los grados exigidos en esta Orden para los sistemas de seguridad quedaran sujetos a lo establecido en la Disposición transitoria segunda de esta Orden.

Art. 3. Aprobación de material.–1. Cualquier elemento o dispositivo que forme parte de un sistema de alarma de los recogidos por la normativa de seguridad privada, deberá cumplir, como mínimo, el grado y características establecidas en las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en aquellas otras llamadas a reemplazar a las citadas Normas, aplicables en cada caso y que estén en vigor.

Los productos deberán estar fabricados con arreglo a las Normas UNE o UNE-EN anteriormente mencionadas y contar con la evaluación de la conformidad de Organismos de Control acreditados, por las Entidades de Acreditación autorizadas en cada uno de los países de la Unión Europea, de acuerdo con la Norma EN 45.011.

2. Todos los establecimientos a los que, en aplicación de las circunstancias previstas en los artículos 111 y 112 del Reglamento de Seguridad Privada, se les imponga la obligación de instalar un sistema electrónico de alarma de intrusión conectado a una central de alarmas, deberán ajustarse al grado 3 conforme a las Normas UNE-EN antes citadas.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados primero y segundo de este artículo, el Secretario de Estado de Seguridad, para supuestos supra provinciales, o el Delegado y Subdelegado del Gobierno, en el ámbito provincial o, en su caso, la autoridad autonómica competente, podrán modificar el grado de seguridad asignado a un establecimiento, valorando las circunstancias que concurren en el mismo.

4. En caso de que un sistema de alarma se divida en subsistemas claramente definidos, será posible que dicho sistema incorpore componentes de distintos grados en cada subsistema.

El grado correspondiente al subsistema será equivalente al grado más bajo aplicable a uno de sus componentes.

El grado correspondiente al sistema será equivalente al grado más bajo aplicable a sus subsistemas.

Los componentes comunes o compartidos por los subsistemas deberán tener un grado igual al del subsistema del grado más elevado.

Art. 4. Proyecto y certificado de instalación.–1. El proyecto de instalación, al que hace referencia el artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada, estará elaborado de acuerdo con la Norma UNE-CLC/TS 50131-7. En ella, se determinan las características del diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento de sistemas de alarma de intrusión, con los cuales se pretende conseguir sistemas que generen un mínimo de falsas alarmas.

2. El certificado obligatorio de instalación al que hace referencia el citado artículo 42, deberá garantizar que el proyecto está realizado de conformidad con la Norma UNE antes expresada y cumple con las finalidades previstas en el ya mencionado artículo.

Art. 5. Revisiones.–1. Las revisiones presenciales de los sistemas de alarma a los que hace referencia el apartado primero del artículo 43 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán realizarse conforme al Anexo II de esta Orden.

En las revisiones presenciales, independientemente de su anotación en los libros o registros preceptivos, el técnico acreditado de la empresa de seguridad que las realice, cumplimentará un documento justificativo de haber revisado la totalidad de los apartados contenidos en el Anexo II de la presente Orden, en el que se identificará mediante su nombre y apellidos, número de DNI o NIE y firma.

2. Cuando se realicen revisiones de forma bidireccional, se deberá dejar constancia documental, a través de la memoria de eventos, de todos los aspectos contenidos en las mismas y que, como mínimo, serán los reflejados en el Anexo III de esta Orden.

3. Independientemente de las revisiones presenciales obligatorias para cualquier sistema de seguridad, la periodicidad o frecuencia de las mismas deberá incrementarse en función de las características del establecimiento y del entorno o ambiente en que se encuentre instalado el sistema de alarma.

El incremento de esta frecuencia estará en función de factores tales como climatología, contaminación ambiental y acústica y otros de análoga naturaleza que lo hiciesen necesario y que faciliten la detección de cualquier anomalía del sistema o de alguno de sus elementos.

4. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Seguridad Privada, las empresas de seguridad de instalación y mantenimiento deberán disponer del servicio técnico adecuado para atender las posibles averías de los sistemas de seguridad, así como facilitar a los usuarios los manuales de la instalación, uso y mantenimiento del sistema de seguridad, y cumplir con las demás obligaciones contenidas en dichos artículos.

CAPÍTULO II

Verificación de alarmas

Art. 6. Procedimientos de verificación.–1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, cuando se produzca una alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación, utilizando, para que ésta sea considerada válida, todos o algunos de los procedimientos técnicos o humanos establecidos en el presente Capítulo, comunicando seguidamente, al servicio policial correspondiente, las alarmas reales producidas.

2. Para el correcto funcionamiento de las centrales de alarmas, y conforme a lo establecido en el apartado primero del artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, éstas deberán estar atendidas permanentemente por los operadores que resulten necesarios para la prestación de los servicios, en un número adecuado y proporcional al número de conexiones que tengan contratadas, y sin que en ningún caso puedan ser menos de dos operadores por turno ordinario de trabajo, que se encargarán del buen funcionamiento de los receptores y de la transmisión de las alarmas que reciban.

3. Las empresas de explotación de centrales de alarmas, así como las centrales de uso propio, llevarán un libro-registro de alarmas, de forma que sea posible su tratamiento y archivo mecanizado e informatizado, conforme a lo dispuesto a este respecto en el artículo 51 del Reglamento de Seguridad Privada.

Art. 7. Verificación secuencial.–1. Para considerar válidamente verificada una alarma por este método técnico, han de activarse, de forma sucesiva, tres o más señales procedentes, cada una, de elementos de detección diferentes y en un espacio de tiempo que dependerá de la superficie o características arquitectónicas de los inmuebles, pero que nunca superará los treinta minutos.

Para la determinación de la ubicación y distancia entre los elementos de detección, en la elaboración del proyecto de instalación deberá tenerse en cuenta el espacio de tiempo al que hace referencia el párrafo anterior.

2. La condición de alarma de un primer y segundo detectores proporcionará una alarma sin confirmar. Si a continuación se produce la activación de un tercer detector, el corte de la línea o una alarma de sabotaje, dentro del tiempo especificado, se considerará como una alarma confirmada. Si ésta tercera condición se hiciera fuera del tiempo previsto, será necesario utilizar otros medios para confirmar la alarma.

Art. 8. Verificación mediante video.–1. Para considerar válidamente verificada una alarma por este método técnico, el subsistema de video ha de ser activado por medio de un detector de intrusión o de un video sensor, siendo necesario que la cobertura de video sea igual o superior a la del detector o detectores asociados.

2. El proceso de verificación mediante video sólo puede comenzar cuando la señal de alarma haya sido visualizada por el operador de la central de alarmas. Iniciada la verificación, el sistema debe registrar un mínimo de una imagen del momento exacto de la alarma y dos imágenes posteriores a ella, en una ventana de tiempo de cinco segundos, de forma que permitan identificar la causa que ha originado ésta.

3. Los sistemas de grabación utilizados para este tipo de verificación no permitirán obtener imágenes del lugar supervisado, si previamente no se ha producido una alarma, salvo que se cuente con la autorización expresa del usuario o la norma exija una grabación permanente.

Art. 9. Verificación mediante audio.–1. Para ser considerada válidamente verificada una alarma por este método técnico será necesario:

a) Almacenar, al menos, 10 segundos de audio, inmediatamente anteriores a la activación de la alarma, listos para ser enviados a la central de alarmas cuando ésta lo demande.

b) Almacenar audio después de producirse la alarma, al menos hasta que la comunicación por audio se establezca entre la central de alarmas y la instalación.

c) Poder transmitir audio en directo a la central de alarmas si ésta lo demanda.

Cuando el sistema de seguridad se halla dividido en subsistemas, deberá ser posible transmitir información de audio relevante solo de la parte del sistema que esté activado en el momento de la alarma.

2. Únicamente será posible que un sistema de seguridad transmita información de audio cuando se produzca la activación del mismo o se realice su mantenimiento, contando siempre con el conocimiento y la autorización del usuario final, o cuando la norma exija una grabación permanente.

Art. 10. Verificación personal.–1. Las empresas autorizadas para la actividad de centralización de alarmas, en virtud de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de Seguridad Privada, podrán realizar, complementariamente, servicios de verificación personal de las alarmas y respuesta a las mismas en las situaciones siguientes:

a) Cuando la verificación técnica confirme la realidad de una alarma, la central podrá desplazar, como único servicio de respuesta a la alarma recibida, el servicio de custodia de llaves para facilitar, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el acceso al lugar o inmueble protegido.

b) Cuando la verificación técnica no permita confirmar la realidad de una señal de alarma, la central podrá desplazar el servicio de verificación personal para realizar las comprobaciones oportunas y facilitar, en su caso, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, información sobre la posible comisión de hechos delictivos, bien limitando la inspección al exterior del inmueble o lugar protegido, bien accediendo al interior del mismo.

En base a la información que la central reciba del servicio de verificación personal de la alarma, la comunicará como real a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o concluirá el procedimiento de verificación al considerarla como falsa.

2. Aquellos servicios de verificación personal de las alarmas que lleven implícita su inspección interior, deberán ser realizados, como mínimo, por dos vigilantes de seguridad uniformados y en vehículo rotulado con anagrama de la empresa. El resto se prestará, como mínimo, por un vigilante de seguridad en las mismas condiciones de uniformidad y medios.

3. Cuando por el número de servicios de custodia de llaves o por la distancia entre los inmuebles resultare conveniente para la empresa de seguridad y para los servicios policiales, aquélla podrá disponer, previa autorización de éstos, que las llaves sean custodiadas por vigilantes de seguridad sin armas en un automóvil, conectados con la central de alarmas por un sistema de comunicación permanente. En este supuesto, las llaves habrán de estar codificadas, debiendo ser los códigos desconocidos por el vigilante que las porte y variados periódicamente, al menos una vez al semestre, y cada vez que sean utilizadas.

4. En aquellos casos en los que el lugar protegido estuviera situado en una zona muy retirada, que dificultase o retrasase en gran medida la llegada del personal de seguridad encargado de la verificación personal de la alarma, de forma excepcional y con el conocimiento de la autoridad policial competente en esta materia, la custodia de llaves para facilitar el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrá recaer en personal de la entidad o empresa protegida, que tenga su domicilio en un lugar cercano a la misma.

5. En todo caso, los vigilantes designados para la realización de servicios de acuda de verificación personal deberán llevar un sistema de comunicación permanente con la empresa de seguridad, de forma que cualquier incidencia en los mismos sea conocida, de modo inmediato, por la central de alarmas, pudiendo solicitar, asimismo, de los cuerpos policiales competentes, o a las autoridades previstas en el artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada, autorización para el uso de sistemas y medios de protección y defensa distintos a los habituales, incluida el arma de fuego reglamentaria, y que permitan una mayor seguridad del vigilante en el ejercicio de sus funciones de verificación personal.

6. Todos estos servicios estarán obligatoriamente reflejados en los contratos de seguridad y aquellos que lleven aparejada la custodia de llaves, bien sea para facilitar el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o para la verificación exterior o interior del inmueble, deberán estar expresamente autorizados por los titulares de las instalaciones, consignándose por escrito en el correspondiente contrato de prestación de servicios.

7. Para los servicios a los que se refieren los apartados anteriores, las empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas podrán contar con vigilantes de seguridad, sin necesidad de estar inscritas y autorizadas para la vigilancia y protección de bienes, o bien subcontratar tales servicios con una empresa de seguridad de esta especialidad.

Las empresas y entidades industriales, comerciales o de servicios, tanto privadas como públicas, que estén autorizadas a disponer de central de alarmas, dedicada exclusivamente a su propia seguridad, podrán contratar los mismos servicios con una empresa de seguridad autorizada para vigilancia y protección de bienes.

Art. 11. Actuaciones complementarias a la verificación.–1. Como complemento a los procedimientos de verificación técnica enumerados en los artículos anteriores, las centrales de alarmas, cuando lo consideren conveniente o necesario, podrán llamar a los teléfonos facilitados por el titular de la instalación con el fin de comprobar la veracidad de la señal de alarma recibida.

2. Si la central de alarmas consigue comunicar con el usuario o personas autorizadas, solicitará de éstos la contraseña establecida y si es correcta, le requerirá información sobre la situación del lugar protegido. Si del resultado de esta gestión se deduce con claridad la falsedad de la alarma, se interrumpirán el resto de actuaciones de verificación, dando por concluido el proceso de comprobación. Si, por el contrario, no fuese posible determinar la causa que ha producido la alarma, se continuará con el proceso de verificación técnica o personal, actuando conforme a los procedimientos establecidos en esta Orden.

3. Cuando la comunicación se realice al teléfono fijo del lugar protegido y el receptor de la llamada no facilite la contraseña establecida o ésta fuese errónea, se considerará una alarma confirmada, avisando al servicio policial correspondiente.

4. Sin embargo, si el teléfono fuese móvil y su titular se encontrase fuera de la instalación protegida, se actuará en función de la información facilitada, bien continuando con la verificación técnica o personal o bien dando por finalizadas las comprobaciones.

5. En ningún caso la llamada a los teléfonos fijos o móviles del usuario o titular del sistema de seguridad contratado, puede sustituir a los procedimientos de verificación técnica o humana enumerados en los artículos 7 al 10, ambos inclusive, de esta Orden, a los que únicamente complementa, y menos aún servir, por sí solo, como medio de verificación para considerar válidamente confirmada una alarma comunicada a los servicios policiales, que finalmente resulte falsa en los términos establecidos en la presente Orden.

Art. 12. Alarma confirmada.–1. Las alarmas verificadas por uno o varios de los procedimientos anteriormente establecidos, tendrán la consideración de alarmas confirmadas, entendiéndose cumplida, en estos casos, la obligación que el apartado segundo del artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada impone a las centrales de alarmas, en relación con el artículo 149.8.b) del mismo Reglamento, salvo lo dispuesto a este respecto en los apartados cuarto y séptimo del artículo 14 de esta Orden.

2. Para aquellas instalaciones que dispongan de sistemas de seguridad de grado 3 ó 4, se considerará confirmada la alarma cuando se reciban, de forma sucesiva, tres o más señales procedentes, al menos, de dos detectores diferentes, del mínimo de tres instalados, y en un espacio de tiempo que no supere, en ningún caso, los treinta minutos.

3. Independientemente de los procedimientos de verificación técnica establecidos en esta Orden, para los sistemas con doble vía de comunicación, se considerará alarma confirmada:

a) La recepción de una alarma seguida de la comprobación de la pérdida de una o varias de las vías de comunicación.

b) La comprobación de la pérdida de una de las vías de comunicación, seguida de la activación de un elemento detector del sistema, comunicada por una segunda vía.

c) La comprobación del fallo de las dos vías de comunicación.

Dichos sistemas de alarma deberán contar con dos vías de comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la alarma por la otra o bien, con una sola vía que permita la transmisión digital con supervisión permanente de la línea y una comunicación de respaldo (back-up).

4. También deberá ser considerada alarma confirmada, la activación voluntaria de cualquier elemento destinado a este fin, tales como: pulsadores de atraco o anti-rehén, o código de coacción mediante teclado o contraseña pactada.

CAPÍTULO III

Comunicación de alarmas

Art. 13. Procedimiento de comunicación.–1. Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, las centrales de alarma tendrán la obligación de transmitir inmediatamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas. A efectos de su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, toda alarma confirmada, con arreglo a lo dispuesto en esta Orden, tendrá la consideración de alarma real.

2. De forma excepcional, motivada en razones de seguridad, el servicio policial competente en el territorio podrá disponer que las centrales de alarma comuniquen las señales recibidas conforme a las necesidades que resulten más adecuadas para los fines de prevención o investigación que se pretendan alcanzar.

3. En la comunicación de las alarmas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con el fin de mejorar la eficacia de la respuesta a las mismas, la central deberá especificar, además de los datos exactos del lugar donde se ha producido el hecho, las zonas que se han activado y la ubicación concreta de las mismas, los datos correspondientes al titular y los que les sean requeridos para contactar con el mismo.

4. Cuando el titular de la instalación dispusiera contractualmente de un servicio de acuda o de verificación personal, en cualquiera de sus modalidades, la central de alarmas deberá comunicar, igualmente, al cuerpo policial correspondiente las características del servicio y, en su caso, el tiempo estimado de llegada y los datos para contactar con el mismo.

5. Durante la comprobación policial de la alarma comunicada, la central de alarmas se mantendrá en contacto permanente con el servicio policial correspondiente al objeto de facilitarle la información que resulte pertinente o le vaya siendo requerida.

6. Finalizada la intervención policial, se participará a la central de alarmas el resultado de la misma en relación con la veracidad o falsedad de la alarma comunicada.

Art. 14. Denuncia de alarmas.–1. A los efectos del apartado segundo del artículo 50 del Reglamento de Seguridad Privada, se considera falsa toda alarma no confirmada en los términos establecidos en esta Orden, que no esté determinada por hechos susceptibles de producir la intervención policial.

No tendrá la consideración de alarma falsa, la mera repetición de una señal de alarma causada por una misma avería dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que ésta se haya producido.

2. La transmisión de una alarma no confirmada, que resulte falsa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrá ser objeto de denuncia para la imposición de la correspondiente sanción.

3. La repetición de la comunicación de una alarma no confirmada, que resulte falsa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el plazo de sesenta días, procedente de una misma conexión, dará lugar a su denuncia para la imposición de la sanción correspondiente.

4. La comunicación, a los servicios policiales competentes, en un plazo de sesenta días, de tres o más alarmas confirmadas, procedentes de una misma conexión, que resulten falsas, dará lugar al inicio del procedimiento establecido en el artículo 15 de esta Orden y, en su caso, a la correspondiente denuncia para sanción.

5. La no comunicación de una alarma real, o el retraso injustificado en su transmisión, una vez confirmada, al servicio policial correspondiente será siempre objeto de denuncia para su correspondiente sanción. En estos supuestos la central de alarmas deberá entregar, en un plazo de diez días, al servicio policial y al usuario titular del servicio, un informe explicativo de las causas motivadoras de la ausencia o retraso de la comunicación de la alarma real producida.

6. De las alarmas falsas, confirmadas o no, comunicadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y con objeto de determinar si tal circunstancia ha implicado una inadecuada utilización de éstos, el servicio policial correspondiente podrá requerir, de la central de alarmas, antes de proceder a su posible denuncia, la remisión, en el plazo de diez días, de un informe explicativo de las causas que la originaron y de las gestiones realizadas para la verificación de dichas señales de alarma antes de su transmisión a dichos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

7. En caso de no remitir, en el plazo establecido, el informe explicativo citado en los apartados quinto y sexto de este artículo se considerará que la central de alarmas ha incurrido en alguno de los supuestos contemplados en el apartado octavo del artículo 149 del Reglamento de Seguridad Privada, dando lugar, en consecuencia, a su denuncia para la imposición de la correspondiente sanción.

Art. 15. Desconexión de alarmas.–1. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 50 y 147 del Reglamento de Seguridad Privada, el Delegado o Subdelegado del Gobierno, que podrá delegar en el Jefe Superior o Comisario Provincial y, en su caso, la Autoridad autonómica que resulte competente, cuando el sistema, conectado, o no, a una central de alarmas origine dos o más falsas alarmas en el plazo de un mes, requerirá al titular de los bienes protegidos, para que proceda, a la mayor brevedad posible, en un plazo máximo que no podrá exceder de 72 horas, a la subsanación de las deficiencias que dan lugar a las falsas alarmas, pudiendo acordar la suspensión del servicio, ordenando su desconexión o la obligación de silenciar las sirenas, por el tiempo que se estime conveniente.

2. En caso de incumplir el requerimiento de subsanación, si el sistema no está conectado a una central de alarmas, la orden de suspensión implicará que su titular tendrá la obligación de silenciar las sirenas interiores o exteriores que posea el mismo, y en caso de que éste se encuentre conectado con una central de alarmas, se ordenará, a la empresa explotadora de la central de alarmas, que efectúe la inmediata desconexión del sistema con la propia central.

3. El plazo de suspensión o de desconexión, que podrá tener hasta un año de duración, oscilará entre uno, seis y doce meses, en función de que se trate de la primera, segunda o tercera propuesta de suspensión o desconexión, a partir de la cual tendrá carácter definitivo.

4. Durante el tiempo de suspensión o desconexión, el usuario no podrá transmitir ningún aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, procedente de ese sistema, y su titular no podrá concertar el servicio de centralización de alarmas con ninguna empresa de seguridad.

5. Cuando el sistema pertenezca a un establecimiento obligado a disponer de esta medida, al no poder desconectarse el sistema, se exigirá que la verificación, por el periodo de tiempo previsto para la desconexión, se realice a través de un servicio de vigilantes de seguridad de los previstos en el artículo 10 de la presente Orden.

6. Los requerimientos de subsanación y, en su caso, la nueva conexión llevarán aparejados que la central de alarmas exija al cliente la presentación del proyecto de seguridad y características del sistema, así como su actualización y adecuación a los contenidos de la presente Orden.

7. El acuerdo de suspensión del servicio y las órdenes de desconexión emitidas por los Jefes Superiores o Comisarios Provinciales no requerirán ser confirmadas por los Delegados o Subdelegados del Gobierno en los casos de delegación de funciones de conformidad con lo previsto en el apartado primero del artículo 50 del Reglamento de Seguridad Privada.

CAPÍTULO IV

Sistemas de alarma móviles

Art. 16. Ámbito de aplicación.–1. Se entiende por sistemas de alarma móviles, los dispositivos de seguridad, siempre que estén conectados a una central de alarmas, cuya aplicación se encuentre exclusivamente destinada a la prevención de posibles actos delictivos contra personas o bienes muebles, la posible localización de personas o bienes, o para facilitar el cumplimiento, en su caso, de penas o medidas de seguridad.

2. En relación con el apartado primero del artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada, así como con lo dispuesto en esta Orden, le serán de aplicación, a este tipo de sistemas de alarma móviles, las siguientes particularidades:

a) La recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá realizarse, en todo caso, por empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas o por centrales de alarmas de uso propio.

b) La confirmación de las alarmas se realizará, como mínimo, mediante verificación por audio y, en su caso, complementada con llamada telefónica.

Art. 17. Procedimiento de actuación.–1. Cuando se trate de sistemas de alarma móviles destinados exclusivamente a la seguridad y protección de personas, bastará con la confirmación de la alarma, por parte de la central de alarmas, para su transmisión inmediata al servicio policial correspondiente.

2. Cuando se trate de sistemas de alarma móviles destinados exclusivamente a la seguridad o protección de bienes muebles, tales como vehículos automóviles, además de su confirmación por parte de la central de alarmas, se requerirá, para su comunicación al servicio policial, la presentación de la correspondiente denuncia, salvo en casos de flagrante delito.

3. Las centrales de alarmas facilitarán, al servicio policial actuante, la información actualizada y disponible en cada momento sobre el estado y localización de la persona o bien mueble objeto de la protección.

4. Los servicios de acuda de las centrales de alarmas, en cualquiera de sus modalidades, que pudieran estar contratados complementariamente, únicamente podrán ser enviados en caso de ser expresamente requerida su presencia por parte del servicio policial correspondiente, absteniéndose, en caso contrario, de realizar cualquier tipo de intervención. Estas condiciones de utilización del servicio deberán figurar en el contrato y ser conocidas por su titular.

5. En el supuesto de que la persona objeto de protección cuente, además, con un servicio de escolta privada, este extremo, de ser conocido por la central de alarmas, deberá participarse al servicio policial actuante, junto con el resto de información obligatoria a suministrar a la Policía.

6. Tanto las centrales de alarmas como los servicios de acuda que sean requeridos para su personación sobre el lugar, así como, en su caso, el servicio de escolta privada, deberán sujetarse, en todo, a las posibles instrucciones que les impartan los servicios policiales encargados de la actuación.

CAPÍTULO V

Formación del personal

Art. 18. Personal para el servicio de verificación de alarmas.–Las empresas de seguridad responderán de que los vigilantes de seguridad encargados de la verificación personal de las alarmas cuenten con una formación específica para este tipo de servicios, de acuerdo con lo establecido a este respecto en la normativa sobre personal de seguridad privada, impartida en centros de formación autorizados.

Art. 19. Personal de instalación y mantenimiento.–Las empresas de seguridad responderán de que, la formación de los responsables de los proyectos de instalación elaborados, así como la de los técnicos y operarios encargados de su ejecución, implique el conocimiento exhaustivo del contenido de las Normas UNE-EN 50131 y siguientes, de forma que cualquier instalación de seguridad se ajuste a lo establecido en ellas.

Art. 20. Personal de centrales de alarmas.–Las empresas de seguridad responderán de que la formación de los operadores y demás personal dedicado al tratamiento de las señales de alarma que reciban las centrales, procedentes de los sistemas conectados a ellas, cuenten con una formación técnica y operativa específica, que les permita cumplir, como mínimo, con los procedimientos de actuación exigidos en esta Orden.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Comercialización de productos.–Las normas contenidas en la presente Orden y en los actos de desarrollo de la misma sobre vehículos y material de seguridad no impedirán la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión Europea tenga un Acuerdo de Asociación y que estén sometidos a reglamentaciones nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada. Igualmente, se aceptará la validez de las evaluaciones de conformidad, siempre que estén emitidas por Organismos de Control acreditados en base a la Norma EN 45011 y a la Norma EN ISO/IEC 17025, para laboratorios, y ofrezcan, a través de su Administración Pública competente, garantías técnicas profesionales de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española, así como que las disposiciones vigentes del Estado, en base a las que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad igual o superior al exigido por las correspondientes disposiciones españolas.

Segunda. Actualización normativa.–La modificación o aprobación de cualquier Norma UNE o UNE-EN, sobre esta materia, de las contenidas en el Anexo I de la presente Orden será suficiente para su aplicación inmediata a las nuevas instalaciones, sin necesidad de ningún acto de incorporación normativa, desde el momento de su publicación por el organismo competente para ello.

Tercera. No obligatoriedad de registro.–Las empresas que solo se dediquen a la colocación de sistemas móviles de alarma o a la instalación y mantenimiento de sistemas de prevención contra incendios, conectados con centrales de alarmas o con centros de control, no necesitarán estar inscritas en el Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, existente en la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, en el correspondiente de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de seguridad privada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Adecuación de sistemas ya instalados.–Los sistemas de seguridad instalados y conectados a centrales de alarmas o a centros de control, antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, en establecimientos obligados y no obligados se adecuarán, en el plazo de diez años, a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de esta Orden.

Cuando un sistema de seguridad necesite utilizar componentes que, en el momento de su instalación, no estén disponibles en el mercado, según las normas recogidas en el apartado primero del artículo 3 de esta Orden, se permitirá su conexión, siempre que tales elementos no influyan negativamente en su funcionamiento operativo. La permanencia de tales elementos en el sistema estará condicionada a la posible aparición de la especificación técnica que lo regule y a su disponibilidad en el mercado. Transcurrido el período de carencia de diez años establecido en el párrafo anterior, se deberá disponer del pertinente certificado emitido por un Organismo de Control acreditado en base a la Norma EN 45011, responsable de la evaluación de la conformidad de los productos y exhibirse en caso de ser requerido.

Segunda. Instalación de nuevos sistemas.–Los sistemas de alarma que se instalen y conecten, a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, con centrales de alarmas o con centros de control, cumplirán con los requisitos y grados de seguridad previstos en la misma, según lo establecido en las Normas UNE-EN contempladas en el artículo 3 de esta Orden.

Tercera. Revisiones de los sistemas.–Los Anexos II y III de esta Orden estarán vigentes hasta el momento de la entrada en vigor de la Norma EN o UNE, en la que se desarrollen los procedimientos para la realización de estas revisiones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.–Esta Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

Segunda. Desarrollo.–El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden, así como para la modificación, en su caso, de los Anexos.

Tercera. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I

Relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación en los sistemas de alarma

Tipo

Número

Año

Denominación

UNE-EN.

50130-4/A1.

1998

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN.

50130-4.

1997

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN.

50130-4.

1997/A2 2005

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN.

50130-5.

2000

Sistemas de alarma. Parte 5: Métodos de ensayo ambiental.

UNE-EN.

50131-1.

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema

UNE-EN.

50131-1.

2008/A1:2010

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN.

50131-2-2.

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.

UNE-EN.

50131-2-3.

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para detectores de microondas.

UNE-EN.

50131-2-4.

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.

UNE-EN.

50131-2-5.

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-5: Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos.

UNE-EN.

50131-2-6.

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-6: Contactos de apertura (magnéticos).

UNE-EN.

50131-3.

2010

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo de control y señalización.

UNE-EN.

50131-4.

2010

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: Dispositivos de advertencia.

UNE-EN.

50131-5-3.

2005

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos para los equipos de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.

UNE-EN.

50131-5-3.

2005/A1:2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos para los equipos de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.

UNE-EN.

50131-6.

1999

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 6: Fuentes de alimentación.

UNE-EN.

50131-6.

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes de alimentación.

UNE-EN.

50131-8.

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 8: Sistemas/dispositivos de niebla de seguridad.

UNE-CLC/TS.

50131-2-2.

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-2: Requisitos para los detectores de infrarrojos pasivos.

UNE-CLC/TS.

50131-2-3.

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-3: Requisitos para detectores de microondas.

UNE-CLC/TS.

50131-2-4.

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-4: Requisitos para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y de microondas.

UNE-CLC/TS.

50131-2-5.

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-5: Requisitos para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos.

UNE-CLC/TS.

50131-2-6.

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-6: Requisitos para contactos de apertura (magnéticos).

UNE-CLC/TS.

50131-3.

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 3: Equipo de control y señalización.

UNE-CLC/TS.

50131-7.

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 7. Guía de aplicación

UNE-EN.

50132-1.

2010

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN.

50132-2-1.

1998

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Cámaras en blanco y negro.

UNE-EN.

50132-4-1.

2002

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 4-1: Monitores en blanco y negro.

UNE-EN.

50132-5.

2002

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 5: Transmisión de vídeo.

UNE-EN.

50132-7 CORR.

2004

Sistemas de alarma - Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN.

50132-7.

1997

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN.

50133-1 CORR.

1998

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN.

50133-1/A1.

2004

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN.

50133-1.

1998

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN.

50133-2-1.

2001

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Requisitos generales de los componentes.

UNE-EN.

50133-7.

2000

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-CLC/TS.

50134-7.

2005

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN.

50134-1.

2003

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN.

50134-2.

2000

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 2: Dispositivos de activación.

UNE-EN.

50134-3.

2002

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 3: Unidad local y controlador.

UNE-EN.

50134-5.

2005

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 5: Interconexiones y comunicaciones.

UNE-EN.

50136-1-1/A1.

2002

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN.

50136-1-1.

1999

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN.

50136-1-1.

1999/A2:2009

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN.

50136-1-2.

2000

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-2: Requisitos para los sistemas que hacen uso de vías de alarma dedicadas.

UNE-EN.

50136-1-3.

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-3: Requisitos para sistemas con transmisores digitales que hacen uso de la red telefónica pública autoconmutada.

UNE-EN.

50136-1-4.

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-4: Requisitos para los sistemas con trasmisores de voz que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-EN.

50136-1-5.

2009

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. Parte 1-5: Requisitos para la red de conmutación de paquetes.

UNE-EN.

50136-2-1/A1.

2002

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: Requisitos generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN.

50136-2-1.

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: Requisitos generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN.

50136-2-2.

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-2: Requisitos generales para los equipos usados en sistemas que hacen uso de vías dedicadas de alarma.

UNE-EN.

50136-2-3.

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-3: Requisitos para los equipos usados en sistemas con transmisores digitales que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-EN.

50136-2-4.

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-4: Requisitos para los equipos usados en sistemas con transmisores de voz que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-CLC/TS.

50136-4.

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 4: Equipos anunciadores usados en centrales receptoras de alarma.

UNE-CLC/TS.

50136-7.

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE CLC/TS.

50398.

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma combinados e integrados.

ANEXO II

Mantenimiento presencial anual de sistemas electrónicos de seguridad

Equipos

Acciones

Periodicidad (*)

Objetivo

Efectuar un completo test del estado y de la funcionalidad de un sistema. Se deberá preparar por parte de la empresa mantenedora un impreso estándar en la que reflejar, además del tipo de CIE (marca, modelo, etc.) y del resto de elementos utilizados, los resultados de las pruebas efectuadas con el fin de evitar el posible olvido de alguna de ellas. Sirva esta guía para su confección. Una copia de ese impreso deberá ser entregada al usuario, debidamente firmada por el técnico, al finalizar las pruebas.

Anual

Situación de pruebas

Antes de iniciar el proceso de mantenimiento de un sistema, el técnico, identificándose debidamente, informará a la CRA, que situará el sistema en estado de pruebas, registrando las señales recibidas de forma automática, pero sin cursar su trámite. Deberá obtenerse inicialmente el registro de incidencias del sistema de modo que, si su capacidad lo permite, reproduzca los últimos 15 días.Al final del test se obtendrá otro registro de incidencias del periodo de pruebas para comprobar que todas han sido llevadas a cabo correctamente. Igualmente, al final del test se comprobará con la CRA si todas las señales de alarma generadas han alcanzado su destino.

Anual

Alimentación del sistema

Las comprobaciones han de efectuarse sobre la fuente de alimentación (PS) de la propia CIE y también sobre otras posibles fuentes de alimentación auxiliares que el sistema emplee de forma tanto centralizada como distribuida, siendo necesario abrir las cajas de los equipos implicados.

Anual

Verificar: Posibles anomalías de alimentación mediante el registro de incidencias de la CIE. Suministro de c.a. Toma de tierra. Tensión de la c.c. de las salidas auxiliares: Aprox. 13,8 V +/- 5%. Id. retirando la c.a. (sólo batería): Aprox. 12 V +/- 5%. Tensión de carga de la batería: Aprox. 13,8 V +/- 5%. Antigüedad de la batería (sustituir si más de 6 años). Provocar un fallo red de c.a. y, tras reponerla al cabo de aprox. 1 min., Provocar también un fallo de batería de la misma duración y reponerla igualmente. Comprobar su señalización local en el(los) teclado(s) y las transmisiones de alarma y reposiciones a la CRA (cotejar con CRA al final del test y/o observar el registro final de incidencias). Nota: La notificación del fallo de red de c.a. puede tener asignado un retardo y no aparecer en ese tiempo. Comprobarlo consultando la programación de la central (CIE).

CIE o Central

Igualmente, con la caja abierta, comprobar: Estado y funcionamiento del tamper (grados 2 y 3) y del posible antidespegue (grado 3). Elementos de cierre de la caja del equipo (tornillos, bisagras, cerradura, etc.). Aspecto general del interior (conexiones de clemas, timbrado de cables, etc.).

Anual

ACE(s) o teclado(s)

Investigación de posibles problemas de funcionamiento (preguntando a los usuarios).

Comprobar el display, las teclas, los indicadores luminosos y el zumbador. Ver el estado del tamper (grados 2 y 3) y el antidespegue.(grado 3)

Detectores y actuadores manuales

Comprobar la cobertura de detectores y el funcionamiento de los elementos que exigen una activación manual.

Anual

Comprobar que los posibles cambios en la distribución del mobiliario, objetos almacenados, carteles colgantes, etc. no afecten a la cobertura de los detectores de movimiento.

Situar el sistema en el modo «test de andado» (walk test).

Comprobar, mediante el zumbador del teclado y la posible ayuda de un colaborador, si el entorno vigilado es de grandes dimensiones, la correcta activación de todos y cada uno de los elementos existentes que puedan examinarse mediante este medio (volumétricos, contactos magnéticos, pulsadores de atraco, etc.).

Comprobar el resto de elementos mediante el procedimiento más adecuado: Sísmicos: Herramienta específica del Sistema o percusión. Vibración: Percusión. Rotura de cristal: Herramienta específica de test.–Etc.

Situando el sistema en estado normal (desarmado), comprobar aleatoriamente la activación del tamper de algunos detectores (grados 2 y 3) y la transmisión de esta incidencia a la CRA.

Enmascarar los detectores volumétricos de este tipo (grado 3) y comprobar su reacción y la transmisión de esta incidencia a la CRA.

Verificar la activación de los elementos comprobados mediante el registro de incidencias del sistema.

Operativa habitual

Armar el sistema (debería llevarlo a cabo uno de los usuarios habituales con su código). Si éste está distribuido en particiones, se deberán realizar una por una. Comprobar la duración del tiempo de salida. Generar una alarma de robo. Comprobar la activación de la(s) posible(s) sirena(s). Verificar la correcta actuación del sistema de seguridad sobre un posible videograbador digital, tanto con alarmas en armado (robo) como en desarmado (atraco).

Anual

Comunicaciones

Las pruebas a efectuar variarán en función del n.º de vías, 1 ó 2, de las que disponga el sistema. Si se emplean 2 vías, ambas deben estar mutuamente supervisadas. Transmisor RTB, IP, GPRS/GSM o cualquier otra vía de utilizada. Provocar una o más alarmas y comprobar, con los medios disponibles (indicadores luminosos, escucha de la línea, etc.), el correcto curso de la llamada a CRA. Observar si el tiempo de transmisión es correcto (alrededor de 20 seg.) En caso de que sea un transmisor RTB o GSM, o de forma prácticamente instantánea en caso de comunicaciones IP o GPRS), o si, por el contrario, se producen demoras, reintentos, etc. Descolgado de llamadas entrantes. Con el sistema en reposo, comprobar su correcta respuesta ante una llamada entrante efectuada desde cualquier teléfono, de acuerdo con el método seleccionado (n.º fijo de ring o modo contestador). Verificar que, de estar la línea compartida (fax, etc.), nada obstaculiza su respuesta. Esta prueba es fundamental para comprobar que un acceso bidireccional desde la CRA será posible. Solicitar al operador de la CRA un acceso bidireccional y comprobar que no existen problemas que dificulten esta comunicación.

Anual

Comunicaciones

Doble vía de comunicación: Provocar una o más alarmas y comprobar, con los medios disponibles (indicadores luminosos, escucha de la línea, etc.), el correcto curso de la llamada a CRA por la vía de comunicación primaria. Observar si el tiempo de transmisión es correcto (alrededor de 20 seg. En caso de que sea un transmisor RTB o GSM, o de forma prácticamente instantánea en caso de comunicaciones IP o GPRS) o si, por el contrario, se producen demoras, reintentos, etc. Desconectar la línea de comunicación primaria del sistema. Comprobar que, al cabo de un cierto tiempo (alrededor de 1 min.), su fallo es transmitido por la vía de comunicación alternativa. Reconectar RTB y retirar la antena del GSM. Si esto basta para provocar un fallo de cobertura (dependerá de la zona), comprobar que éste es transmitido por RTB. Si la segunda vía de comunicación es la línea IP, hay que tener en cuenta que un simple fallo IP no debe ser transmitido por la vía principal. Desconectar de nuevo la vía de comunicación principal y provocar algunas alarmas. Comprobar que son debidamente transmitidas por La vía alternativa. Al finalizar, reconectar la línea principal. Solicitar al operador de la CRA un acceso bidireccional por la vía principal(y, si es posible, también por la vía secundaria) y comprobar que no existen problemas que dificulten esta comunicación.

Anual

Contacto bidireccional

Solicitar al operador de la CRA que acceda al sistema por las distintas vías habilitadas (IP, RTB y/o posible GSM/GPRS) y compruebe la correcta calidad de establecimiento de la comunicación, el mantenimiento de ésta y la capacidad de actuación sobre el sistema, ejecutando alguna función (anulación/restauración de zonas, armado/desarmado, etc.).

Anual

Registro final

Obtener un nuevo registro de incidencias del periodo de pruebas y comprobar que todo ha sido debidamente grabado.

Anual

(*) El incremento de esta frecuencia estará en función de que el sistema permita la revisión bidireccional, desde la central de alarmas, de todos los elementos que lo componen, conforme al artículo 43.2 del Reglamento de Seguridad Privada y de factores tales como la climatología, la contaminación ambiental y acústica y otros de análoga naturaleza que permitan detectar cualquier anomalía del sistema o de alguno de sus elementos.

ANEXO III

Mantenimiento presencial trimestral, con posible alternativa automatizada (autotest) y bidireccional

Equipos

Acciones

Periodicidad (*)

Objetivos

Alimentación del sistema (red de c.a. y batería(s). Detección (funcionamiento de todos los volumétricos, sísmicos, etc.). En caso de que sea mantenimiento bidireccional, se solicitará la colaboración del usuario final para realizar esta comprobación en los detectores en los que no sea posible su prueba remota. Activación manual de alarmas (pulsadores y otros elementos activadores de atraco). En caso de que sea mantenimiento bidireccional, se solicitará la colaboración del usuario final. Prueba de posible sirena. Transmisión de incidencias a CRA por todas las vías habilitadas para ello (IP, RTB, etc.). Atención al usuario sobre posibles dificultades o problemas de utilización.

Trimestral

Funciones automáticas de test

Test periódicos automáticos: Las comunicaciones con la CRA deberán ser comprobadas periódicamente. La CRA deberá detectar los posibles fallos al generarse una «omisión» debida a la ausencia de recepción de un determinado número de señales consecutivas. Esta función ha de estar presente de forma independiente para todas las vías de comunicación, de acuerdo con los periodos marcados por la normativa en función del grado y del tipo de vía, principal o secundaria. Se habrá de comprobar en el registro de eventos del panel que las señales de test se han enviado correctamente de acuerdo a lo anteriormente indicado.

Trimestral

Funciones automáticas de test

Batería: La batería se comprobará también de forma automática y, en caso de fallo, éste será transmitido a la CRA. Red de c.a: La red de c.a. estará también supervisada. Cualquier fallo deberá ser comunicado a la CRA, con un posible retardo. Un corte accidental del suministro eléctrico de poca duración no debe tener incidencia sobre el sistema. Registro de incidencias: Deberá ser obtenido bidireccionalmente, permitiendo analizar posibles fallos.

Trimestral

Funciones avanzadas de autotest

Sísmicos: Los sísmicos pueden ser comprobados de forma periódica y automática y, de producirse un fallo, éste será comunicado a la CRA. Para ello, cada sísmico debe poseer una cerámica de test en su interior o en sus inmediaciones que generará una vibración de corta duración al ser activada mediante una salida del CIE. Esta vibración generará una señal de alarma que será ignorada como tal por la central, sin embargo, si esta señal de alarma no se produjera, su omisión sí sería interpretada como fallo. Detectores y contactos Los detectores de movimiento y los contactos magnéticos montados sobre puertas y ventanas practicadas habitualmente se activan cuando el sistema se encuentra desarmado. Sus señales de alarma llegan a la central pero son ignoradas en estas circunstancias, no obstante, pueden emplearse para determinar un posible fallo de uno de estos elementos. Si es posible asignar de forma individual o colectiva a estos detectores un periodo de tiempo en el que, al menos, han de activarse una vez estando desarmado el sistema, podemos emplear esta función para detectar un posible fallo. Si un detector o contacto no se activa ninguna vez en el periodo establecido, puede interpretarse este hecho como un fallo del elemento.

Trimestral

Alternativa automatizada y bidireccional

Si un sistema dispone de las funciones vistas en los párrafos anteriores, podrán establecerse estos medios como alternativa a los mantenimientos presenciales, siempre y cuando sean activados, comprobados y certificados por la empresa instaladora durante su implantación. Para validar este método se comprobará, mensualmente como mínimo, que la comunicación bidireccional no plantea ninguna dificultad por las distintas vías establecidas. Igualmente se solicitará por teléfono, una vez cada 3 meses, la colaboración del usuario para la activación de los elementos de aviso de atraco y la activación de la volumetría de la instalación.

Trimestral

(*) En ningún caso podrán transcurrir más de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas, conforme al artículo 43.1 del Reglamento de Seguridad Privada.

[*] La presente disposición entra en vigor el 18 de agosto de 2011.

§ 20 ORDEN INT/317/2011, DE 1 DE FEBRERO (INTERIOR), SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD PRIVADA [*]

(«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2011)

El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprobó el Reglamento de Seguridad Privada, recogía las normas de desarrollo y ejecución de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, así como las previsiones contempladas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, ambas aprobadas con la finalidad de prevención de la delincuencia.

El mencionado Reglamento, en su Título III, recoge las características de aquellos establecimientos que, por la singularidad de su actividad, deben contar, de forma obligatoria, con una serie de medidas de seguridad, todo ello con el fin de ofrecer garantías para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Estas medidas pretenden disminuir o paliar, en lo posible, la incidencia de la actividad delincuencial que, en aquellos momentos, se centraba, de forma específica, en este tipo de establecimientos.

Por otra parte, el Título III del citado Reglamento no desarrolló en profundidad una serie de aspectos que son fundamentales para el entendimiento y aplicación del mismo. De ellos, algunos fueron tratados por la Orden del Ministro del Interior de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de medidas de seguridad, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada, en tanto que otras cuestiones quedaron pendientes.

Entre los primeros, figuran aspectos acordes al momento de la publicación de la Orden, que, sin embargo, han ido perdiendo vigencia y actualidad con el paso del tiempo, siendo precisa su actualización.

Respecto de aquellas otras cuestiones que, por alguna circunstancia, quedaron pendientes de desarrollo, ahora se retoman y contemplan de manera expresa en esta Orden ministerial.

Entre ellos, cabe mencionar la modificación y mejora de las medidas de seguridad de todos los establecimientos considerados como obligados, especialmente las de aquellos conectados a centrales de alarmas y dotados de sistemas de captación y registro de imágenes, dada su demostrada efectividad como medio de verificación de las alarmas y de mejora en la investigación policial de los posibles hechos delictivos.

Igualmente, se mejora la seguridad en la recogida y entrega de efectivo por las empresas autorizadas para esta actividad, exigiendo medidas de seguridad específicas a determinados centros y superficies comerciales, en evitación del denominado «riesgo de acera».

Se actualizan las cantidades dinerarias que habían quedado desfasadas y que estaban perjudicando a la normal actividad comercial de los establecimientos y empresas que, de forma obligatoria, deben cumplir con lo establecido normativamente.

Por último, se simplifican las obligaciones existentes para las entidades de crédito y agencias financieras, en lo que respecta a las medidas de seguridad, así como se actualizan e incorporan normas europeas que permiten determinar las características de los sistemas de seguridad de los establecimientos obligados y aquellos otros que se conecten a una central de alarmas, asignándose diferentes grados de seguridad en función de los niveles de riesgo especifico de cada establecimiento.

Finalmente, a través de la presente Orden se lleva a cabo una actualización de las Normas UNE y UNE-EN, Normas que son elaboradas, sometidas a un período de información pública y sancionadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que contienen especificaciones técnicas de aplicación continuada, aplicables en el ámbito de la implantación de medidas de seguridad.

Las Normas contenidas en esta Orden, aparecen recogidas en el Anexo I, sobre relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación.

Estas normas constituyen una referencia para mejorar la calidad y la seguridad de cualquier actividad tecnológica, científica, industrial o de servicios. Teniendo en cuenta, además, que en su elaboración se alcanza un alto grado de consenso entre los principales actores interesados (empresas del sector, Administraciones, consumidores y usuarios, asociaciones y colegios profesionales), resultaba esencial su actualización respecto a las citadas en la Orden de 23 de abril de 1997.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de notificación en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información. De acuerdo con la normativa reglamentaria citada, la presente Orden recoge una Disposición Adicional que permite el uso o consumo en España de productos procedentes de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre y cuando sus condiciones técnicas y de seguridad sean iguales o superiores a las exigidas por la normativa vigente en España.

De igual forma, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, así como al conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO I

Medidas de seguridad generales

Artículo 1. Transporte de monedas, billetes, títulos-valores y objetos preciosos.–1. Los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios efectuarán el transporte de monedas, billetes, títulos-valores y objetos preciosos, cuando su valor exceda de las cantidades establecidas en la normativa sobre empresas de seguridad privada, a través de empresas de seguridad autorizadas para tal actividad.

2. Los grandes centros y superficies comerciales, y otros establecimientos de características similares, donde se efectúe, de forma regular, la retirada o entrega de efectivo, por valor superior a la cantidad determinada en el Anexo II de la presente Orden, procedente de los comercios que tengan contratados estos servicios, y con recinto de aparcamiento propio o de libre disposición, dispondrán de una zona segura habilitada para uso exclusivo de los vehículos de transporte que realicen los servicios de entrega y recogida de fondos. Dicha zona segura estará comunicada con el exterior mediante un sistema de puertas tipo esclusa con dispositivo de apertura situado en el interior. Este recinto y sus puertas tendrán una categoría de resistencia clase BR2, según la Norma UNE 108132 y en caso de elementos translucidos, la misma categoría de resistencia de la Norma UNE-EN 1063.

3. Aquellos establecimientos que se encuentren obligados a disponer de la medida de seguridad prevista en el punto anterior y que, por estar ya en funcionamiento, justificasen la imposibilidad o una gran dificultad material de construir una zona segura de estas características, podrán optar por la utilización del muelle de carga y descarga de mercancías u otro lugar similar, dotándolo de las medidas de seguridad adecuadas, debiéndolo reservar, de forma puntual y exclusiva, para los momentos en que se efectúen las operaciones de recogida y entrega del efectivo.

4. Como alternativas a la medida de seguridad de los apartados segundo y tercero, estos establecimientos podrán optar por:

a) Contar con una zona segura, que estará equipada con un sistema que permita separar las operaciones de recogida o entrega de fondos de las zonas destinadas al público en general y al personal del establecimiento. En este caso, para la custodia del efectivo, dispondrán o de cámaras acorazadas, o de cajas fuertes o de cajas de tránsito, que tendrán el grado de seguridad establecido en los artículos 8, 9 y 11 del Capítulo II de esta Orden.

b) Realizar el transporte de fondos en contenedores dotados de un sistema inteligente de neutralización de billetes. Este tipo de sistema de transporte de efectivo, deberá ajustarse a la Norma UNE o UNE-EN que lo regule.

5. Cuando estos establecimientos dispongan de un servicio de vigilancia armada en el momento y lugar donde se efectúen las operaciones de entrega y recogida del efectivo, el Delegado o Subdelegado del Gobierno o, en su caso, la Autoridad autonómica competente, podrá dispensarlos de todas o algunas de las medidas de seguridad contempladas en los apartados segundo, tercero y cuarto de este artículo.

Art. 2. Armeros.–Los lugares en los que se preste servicio de seguridad con armas, deberán disponer de armeros que reúnan las medidas de seguridad determinadas en la normativa sobre empresas de seguridad privada.

CAPÍTULO II

Medidas de seguridad específicas en entidades de crédito

Art. 3. Medidas de seguridad obligatorias.–1. En los establecimientos u oficinas de las entidades de crédito o que actúen en nombre o representación de éstas, donde se custodien fondos o valores, se instalarán con carácter obligatorio las medidas de seguridad especificadas en los párrafos a), b), c) y f) del apartado primero del artículo 120 y las previstas en el apartado primero del artículo 122 del Reglamento de Seguridad Privada.

El efectivo disponible en los establecimientos referidos en este artículo deberá ser custodiado en alguno de los contenedores provistos de retardo, prevenidos en los artículos 121 y 122 del Reglamento de Seguridad Privada y en los artículos 8 a 13, ambos inclusive, de esta Orden.

2. Los establecimientos u oficinas mencionados en el apartado anterior, situados en localidades con población superior a 10.000 habitantes, deberán contar, además, con una de las tres medidas de seguridad que se citan a continuación:

a) El recinto de caja a que se refiere el párrafo d) del apartado primero del artículo 120 del Reglamento de Seguridad Privada, con el nivel de blindaje que se señala en el artículo 6 de esta Orden.

Se considerará recinto de caja el destinado a disponer de las cajas auxiliares en su interior.

b) El control de accesos previsto en el párrafo e) del apartado primero del artículo 120 del citado Reglamento, con el nivel de blindaje que se determina en el apartado segundo del artículo 6 de esta Orden.

c) Dispensadores de efectivo o recicladores adecuados a lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 122 del Reglamento de Seguridad Privada y en el artículo 13 de esta Orden, cuando su instalación sustituya a todas las cajas auxiliares. En caso de mantenerse alguna caja auxiliar, será preciso que ésta se encuentre dentro del recinto de caja.

Las cajas auxiliares o submostradores no podrán ser utilizadas fuera del recinto de caja salvo en los casos y forma prevista en el artículo 12 de la presente Orden. No obstante, su ubicación y anclaje en el patio de operaciones podrá efectuarse siempre y cuando el mencionado elemento cuente con las medidas de seguridad que ya están previstas en el citado artículo, así como con un dispositivo electrónico que permita la apertura del cajón superior sólo en el caso de avería del dispensador de efectivo, limitándose su utilización a la custodia temporal, y por el menor tiempo posible, de las sacas de dinero depositadas por las empresas de transporte de fondos en el compartimento de efectivo que existe en la parte inferior. Cuando se utilice para este fin, el retardo deberá ser, como mínimo, de diez minutos.

Para el caso de que estos submostradores estuvieran dotados del dispositivo electrónico de apertura citado en el párrafo anterior, también se podrán utilizar para depositar, en su interior, los billetes rechazados, falsos, deteriorados y la moneda extranjera que pueda aparecer en las operaciones habituales.

3. En virtud del artículo 111 del Reglamento de Seguridad Privada, y al objeto de proteger el efectivo que manejen, las oficinas ubicadas en poblaciones con menos de 10.000 habitantes deberán contar con las medidas enumeradas en el apartado primero de este artículo, y, además, si no disponen de alguna de las tres medidas de seguridad que se citan en los párrafos a), b) y c) del apartado segundo, con una caja auxiliar, que podrán ubicar en cualquier zona de la oficina bancaria, debiendo estar sujeta, conforme al apartado tercero del artículo 12 de esta Orden, y reunir las características establecidas en el apartado segundo del artículo 122 del citado Reglamento.

4. En las localidades que cuenten con una población entre 10.000 y 50.000 habitantes, y en función de que superen o no la media nacional sobre robos con fuerza y robos con violencia o intimidación en entidades de crédito durante los dos últimos años, a contar desde la entrada en vigor de la presente Orden, el Delegado o Subdelegado del Gobierno o, en su caso, la Autoridad autonómica competente, podrá dispensar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el apartado segundo de este artículo.

Art. 4. Equipos de registro de imágenes.–1. La parte destinada a registro de imágenes de los equipos o sistemas que se instalen en las entidades de crédito deberá estar ubicada, en el interior de la sucursal, en lugares no visibles por el público; y el sistema de protección contra robo de los soportes de las imágenes ha de tener activado, durante el horario de atención al público, un retardo para su acceso de, como mínimo, diez minutos, que podrá ser técnico cuando se trate de sistemas informáticos, y físico o electrónico cuando se trate de vídeo-grabación.

2. El sistema de retardo podrá ser sustituido por una llave de apertura del lugar en que se encuentre el equipo, que estará depositada en un elemento contenedor que cuente con el mismo tiempo de retardo.

3. Estos equipos de registro de imágenes deberán, además, estar conectados permanentemente al sistema de seguridad de la entidad, de forma que puedan ser utilizados como elemento de verificación por la central de alarmas autorizada a la que estuvieran conectados, de conformidad con lo previsto en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.

Art. 5. Dispositivos electrónicos de seguridad.–Los dispositivos electrónicos que se instalen en las entidades de crédito, deberán tener un grado de seguridad 3, conforme a la Norma UNE 50131-1 y proteger, como mínimo, los elementos donde se deposite el efectivo y los puntos de acceso al establecimiento, debiendo el personal de la entidad accionar los pulsadores o medios a que se refiere el párrafo c) del apartado primero del artículo 120 del Reglamento de Seguridad Privada, ante un robo con intimidación u otras circunstancias que por su gravedad lo requieran, siempre que el accionamiento no suponga riesgo para la integridad física de dicho personal, o para terceras personas.

Art. 6. Blindaje de los recintos de caja y del control de accesos.–1. El recinto de caja, incluida su puerta de acceso, tendrá un blindaje perimetral, como mínimo, de categoría de resistencia BR2, según la Norma UNE-EN 1063 para las partes acristaladas y de la misma clase, según la Norma UNE 108132, para las partes opacas.

2. El control individualizado de accesos de las entidades de crédito a que se refiere el apartado segundo del artículo 3 de esta Orden, tendrá un blindaje interior, como mínimo, de categoría de resistencia BR2 y exterior, de categoría de resistencia P5A, según las Normas UNE-EN 1063 y UNE-EN 356, para los indicados niveles, respectivamente.

3. Los dispositivos para pasar documentos o efectivo en los recintos de caja, a los cuales se refiere el párrafo d) del apartado primero del artículo 120 del Reglamento de Seguridad Privada, habrán de ser capaces de impedir el ataque directo con armas de fuego a los empleados situados en el interior.

Art. 7. Carteles anunciadores.–Los carteles anunciadores de la existencia de medidas de seguridad tendrán un tamaño no inferior a dieciocho por doce centímetros.

Art. 8. Cámaras acorazadas.–1. Las cámaras acorazadas de nueva instalación habrán de estar delimitadas por una construcción de muros acorazados en paredes, techo y suelo; con acceso a su interior a través de la puerta y trampón, si lo hubiera, ambos acorazados.

El muro estará rodeado en todo su perímetro lateral por un pasillo de ronda con una anchura máxima de 60 centímetros, delimitado por un muro exterior con grado de seguridad II, según la Norma UNE-EN 1143-1.

2. Los muros, puerta y trampón, si lo hubiere, de la cámara, habrán de estar construidos, de forma que, como mínimo, su grado de seguridad sea VII, según la Norma UNE-EN 1143-1.

3. Las puertas de las cámaras acorazadas contarán con un dispositivo de bloqueo y sistema de apertura retardada de, como mínimo, diez minutos. Quedan exceptuadas del sistema de apertura retardada aquellas que contengan compartimentos de alquiler.

4. La cámara estará dotada de detección sísmica, microfónica u otros dispositivos que permitan detectar cualquier ataque a través de paredes, techo o suelo y detección volumétrica en su interior. Todos estos elementos, conectados al sistema de seguridad, deberán transmitir la señal de alarma, por dos vías de comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal por la otra.

Los elementos que compongan el sistema electrónico de protección, deberán tener un grado de seguridad 3, conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 50131-1.

5. El sistema de bloqueo de las cámaras acorazadas deberá estar activado desde la hora de cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.

6. Las cámaras acorazadas cuya función sea únicamente la de contener el encaje diario de la oficina, se asimilarán a las cajas fuertes a efectos del grado de seguridad que deben cumplir, en los términos establecidos para ellas, en el artículo siguiente.

Art. 9. Cajas fuertes.–1. Las cajas fuertes han de estar construidas con materiales con grado de seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1

2. Las cajas fuertes deberán contar, como mínimo, con la protección de un detector sísmico, que estará conectado con el sistema de alarma del establecimiento.

3. Las cajas fuertes contarán con un dispositivo de bloqueo y sistema de apertura retardada de, como mínimo, diez minutos. El dispositivo de retardo podrá ser desactivado, durante las operaciones de depósito de efectivo, por los vigilantes de seguridad encargados de dichas operaciones, previo aviso, en su caso, al responsable del control de los sistemas de alarma.

4. El dispositivo de bloqueo de las cajas fuertes deberá estar activado desde la hora de cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.

5. Cuando su peso sea inferior a 2.000 kilogramos, deberán estar ancladas, conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda de esta Orden.

Art. 10. Cajas y compartimentos de alquiler.–1. Las cajas o compartimentos de alquiler deberán estar instalados en una cámara acorazada de las características determinadas en el artículo 121 del Reglamento de Seguridad Privada y en los apartados primero, segundo y cuarto del artículo 8 de esta Orden.

2. Las cajas o compartimentos de alquiler tendrán un grado de seguridad A, según la Norma UNE 108115.

3. Cuando los compartimentos de alquiler se ubiquen en cajas fuertes, éstas últimas deberán tener un grado de seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1. Además, el local en que se encuentren las cajas fuertes estará protegido con dispositivos o sistemas que permitan la detección de intrusiones en el mismo, y que estarán conectados al sistema de alarma, de forma que se transmitan las señales por dos vías de comunicación distintas, y que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión por la otra.

Cuando el peso de tales cajas sea inferior a 2.000 kilogramos, deberán estar ancladas, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de esta Orden.

Los elementos que compongan el sistema de alarma, deberán tener un grado de seguridad 3, conforme a la Norma UNE-EN 50131-1.

4. Las cámaras acorazadas que se dediquen únicamente a cajas y compartimentos de alquiler, dispondrán de un dispositivo de bloqueo, que ha de estar activado desde la hora de cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.

Art. 11. Cajas de tránsito.–Las cajas de tránsito o, en general, aquellas que tengan por finalidad el depósito transitorio de efectivo, de forma que permita su recogida o entrega sin necesidad de concurrencia física o temporal del receptor y el cedente, habrán de reunir las siguientes características:

a) Estarán construidas con materiales que tengan, como mínimo, un grado de seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1.

b) Deberán estar empotradas, de manera fija, en muros o paredes, u otros elementos, de forma que, en este segundo supuesto, el conjunto formado, en caso de pesar menos de 2.000 kilogramos, esté, a su vez, anclado a muros o paredes, en las formas previstas en la disposición adicional segunda de esta Orden.

c) Contarán con sistema de detección sísmica conectado con el sistema de alarma de la entidad, que permita detectar el ataque por cualquiera de sus accesos.

d) Dispondrán de dos puertas, una hacia el interior de la oficina o zona de acceso restringido, y otra hacia el exterior (vestíbulo de acceso, zona de autoservicio o fachada exterior), con sistema de gestión electromecánico que impida la apertura simultánea de ambas.

e) El sistema de apertura de la puerta interior tendrá un retardo, como mínimo, de diez minutos, y un sistema de bloqueo que impida la apertura fuera de las horas de actividad del establecimiento.

f) La puerta exterior estará dotada de un dispositivo de bloqueo que regule los horarios de su apertura. Éste no permitirá abrir la puerta durante el horario autorizado si inmediatamente antes ha habido una apertura de dicha puerta y se ha efectuado un depósito de fondos. Para la apertura de la puerta exterior, será necesario el uso combinado de, como mínimo, la identificación del usuario autorizado, mediante código secreto y personal; el acceso a la operación mediante clave secreta de apertura; y una llave física, que permita accionar los mecanismos de apertura.

g) Programación para que se accione el bloqueo durante, como mínimo, una hora, al tercer intento de apertura con el código personal incorrecto o durante, al menos, tres horas, cuando el error afecte a la clave de apertura, debiendo, en este caso, enviar una señal a la central de alarmas.

Art. 12. Cajas auxiliares.–1. Las cajas auxiliares se ubicarán en el interior del recinto de caja, salvo que la oficina cuente con control individualizado de accesos en la forma prevista en el párrafo e) del apartado primero del artículo 120 del Reglamento de Seguridad Privada. Los elementos con posibilidad de depósito de efectivo de dichas cajas han de estar protegidos con un sistema de retardo en su apertura de, como mínimo, cuatro minutos.

2. Las cajas auxiliares, cuando se instalen de forma permanente en el patio de operaciones, para sustituir a los dispensadores/recicladores en caso de avería, como prevé el apartado tercero del artículo 122 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán contar, en su cajón superior, con un dispositivo interno de bloqueo sobre el que solo se pueda actuar remotamente, conectado al sistema de alarma, que permita su apertura sólo en caso de avería del dispensador.

3. Las cajas auxiliares, independientemente de su ubicación, no podrán almacenar efectivo fuera del horario de apertura del establecimiento, y cuando se instalen en el patio de operaciones, deberán estar, en todo caso, sujetas al suelo o pared, pudiendo hacerlo por procedimientos distintos a los contemplados en la Disposición Adicional Segunda de esta Orden.

4. El compartimento que existe en su parte inferior, podrá ser utilizado como deposito transitorio de efectivo, limitándose su uso a la custodia, por el menor tiempo posible, de las sacas de dinero depositadas por las empresas de transporte de fondos, así como de divisas y efectivo no apto para la circulación, en cuyo caso el retardo de apertura será de diez minutos. Este retardo podrá ser desactivado, por los vigilantes de seguridad, durante las operaciones de depósito o recogida, previo aviso, en su caso, al responsable del control de los sistemas de alarma.

Art. 13. Dispensadores/recicladores de efectivo.–1. Los dispensadores/recicladores de efectivo reunirán las siguientes características:

a) La caja fuerte en la que se ubiquen los contenedores de efectivo, estará construida con materiales cuyo grado de seguridad sea 4, como mínimo, según la Norma UNE-EN 1143-1 y deberá reunir el resto de medidas recogidas en el artículo 9 de esta Orden.

b) Límite máximo de dispensación por operación, según el apartado segundo del Anexo II de esta Orden.

c) Sistema de bloqueo de apertura y detección de ataques conectados al sistema de alarma, cuando sean utilizados como depósito nocturno de efectivo.

d) Deberán estar anclados cuando su peso sea inferior a 2.000 kilogramos, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de esta Orden.

e) Programación para transmitir directamente la señal de alarma a la central de alarmas, en caso de robo con intimidación, o cuando se tramiten tres o más operaciones consecutivas de dispensación de efectivo contra la misma cuenta, en un tiempo máximo de tres minutos.

2. Los dispensadores/recicladores de efectivo que reúnan estas características, podrán ser instalados fuera del recinto de caja, en la zona reservada al personal de la entidad.

Art. 14. Cajeros automáticos.–1. Las puertas de acceso del público y el resto del acristalamiento de la parte exterior del vestíbulo, en el que se ubican los cajeros automáticos, tendrán una categoría de resistencia P5A al ataque manual, de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE-EN 356, o clase de resistencia 5, de acuerdo con la Norma UNE-EN 1627, si las puertas fueran opacas.

2. La caja fuerte de los cajeros automáticos en la que se ubiquen los contenedores de efectivo tendrá, como mínimo, un grado de seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1; debiendo contar, para permitir la extracción de los contenedores, con un sistema de retardo en su apertura de, como mínimo, diez minutos. Éste podrá ser desactivado durante las operaciones de depósito o retirada de efectivo por los vigilantes de seguridad encargados de dichas operaciones, previo aviso, en su caso, al responsable del control de los sistemas de alarma.

3. La caja fuerte donde se custodie el efectivo contará con la preceptiva detección sísmica.

4. Cuando los cajeros automáticos se instalen en espacios abiertos y no estén integrados o formen parte del perímetro de un edificio, la cabina a que se refiere el apartado quinto del artículo 122 del Reglamento de Seguridad Privada, estará protegida con chapa de acero de, como mínimo, tres milímetros de espesor o material de resistencia equivalente, y la puerta de acceso a la cabina tendrá una categoría de resistencia P5A al ataque manual según Norma UNE-EN 356 o clase de resistencia 5, de acuerdo con la Norma UNE-EN 1627, si las puertas fueran opacas.

Art. 15. Módulos bancarios transportables.–1. Los módulos bancarios transportables, o bancos móviles, tendrán un blindaje en su recinto de caja y puerta de acceso al mismo con una categoría de resistencia BR2, según la Norma UNE-EN 1063 para las partes acristaladas y de la misma clase, según la Norma UNE 108132, para las partes opacas.

2. Los retardos de la caja fuerte y del módulo de la caja auxiliar serán de diez y cuatro minutos, respectivamente.

3. El recinto de caja podrá ser sustituido por la instalación de dispensador de efectivo.

Art. 16. Moneda fraccionaria.–A los efectos de medidas de seguridad y limitaciones de cantidades dinerarias a que se refiere el presente Capítulo, la moneda fraccionaria no se tendrá en consideración.

CAPÍTULO III

Medidas de seguridad en otros establecimientos

Sección 1.ª Joyerías y platerías, galerías de arte y tiendas de antigüedades

Art. 17. Niveles de blindaje.–1. Las cámaras acorazadas de los establecimientos obligados en esta Sección, y aquellos otros establecimientos, tales como museos, salas de exposiciones u otros de similar naturaleza, en los que se fabriquen, restauren, almacenen o exhiban objetos de estas industrias, deberán tener el nivel de resistencia determinado en el artículo 8 de la presente Orden; y las cajas fuertes, el nivel determinado en el artículo 9 de la misma.

2. Las puertas blindadas a las que se refiere el párrafo d) del apartado primero del artículo 127 del Reglamento de Seguridad Privada, contarán con clase de resistencia 5 según la Norma UNE-EN 1627, para la parte opaca, y con resistencia P6B al ataque manual, según la Norma UNE-EN 356, para la parte acristalada, en su caso.

Los cristales blindados de escaparates, puertas y ventanas a las que se refiere el apartado segundo del artículo 127 del Reglamento de Seguridad Privada, así como, cuando proceda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de esta Orden, deberán contar con resistencia al ataque manual P6B, según la Norma UNE-EN 356 y cuando se trate de puertas opacas, su clase de resistencia será 5 según la Norma UNE-EN 1627.

3. Los cercos y anclajes que soporten los cristales y puertas blindadas, deberán tener las características recomendadas por los fabricantes, que en todo caso deberán ser similares en su resistencia a los elementos soportados.

Art. 18. Límite para exhibiciones o subastas.–Los establecimientos a que se refiere el apartado tercero del artículo 127 del Reglamento de Seguridad Privada deberán disponer de las medidas de seguridad fijadas en el mismo, cuando el valor de las obras u objetos que posean o alberguen supere, en conjunto, la cantidad establecida en el apartado tercero del Anexo II de esta Orden.

Art. 19. Límite de los muestrarios de joyería.–El valor de las joyas u objetos preciosos, o sus reproducciones, que porten los viajantes de joyería, como muestrario, no podrá exceder, en conjunto, de la cantidad establecida en el apartado cuarto del Anexo II de esta Orden.

Sección 2.ª Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes

Art. 20. Cajas fuertes.–Las cajas fuertes de las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes contarán con el nivel de seguridad y las medidas establecidas en el apartado primero del artículo 9 de la presente Orden, y se ubicarán en zonas reservadas al personal, fuera de la vista del público.

Art. 21. Dinero para devoluciones y cambios.–1. Con el fin de permitir las devoluciones y cambios necesarios, cada empleado no podrá tener en su poder una cantidad de dinero superior a la establecida en el apartado quinto del Anexo II de esta Orden.

2. En el caso de autoservicios, la caja registradora no podrá contener en efectivo una cantidad superior a la fijada en el apartado sexto del citado Anexo II.

3. El dinero que exceda de las cantidades fijadas en los apartados quinto y sexto del Anexo II de la presente Orden, deberá ser introducido en la caja fuerte.

Sección 3.ª Oficinas de farmacia, administraciones de lotería y despachos integrales de apuestas mutuas y establecimientos de juego

Art. 22. Oficinas de farmacia.–1. Los dispositivos tipo túnel, bandeja de vaivén o bandeja giratoria con seguro, de que deberán disponer las oficinas de farmacia, habrán de estar ubicados en un elemento separador que impida el ataque a las personas que se hallen en el interior.

2. Los citados dispositivos podrán ser sustituidos por persianas metálicas, rejas conforme a la Norma UNE 108142, cristal blindado con una categoría de resistencia P5A según Norma UNE-EN 356, una pequeña ventana practicada en el elemento separador, o cualquier otro dispositivo con similares niveles de seguridad.

Art. 23. Administraciones de loterías y despachos de apuestas mutuas.–1. A las cajas fuertes de las administraciones de loterías y despachos integrales de apuestas mutuas, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la presente Orden.

2. El recinto de caja tendrá una categoría de resistencia BR2 para las partes acristaladas, y de la misma clase de resistencia, según la Norma UNE 108132, para las opacas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Orden.

Art. 24. Casinos de juego.–Será de aplicación a los casinos de juego lo dispuesto en el artículo anterior sobre cajas fuertes y recintos de caja.

Art. 25. Salas de bingo y salones de máquinas de juego.–A las cajas fuertes de los establecimientos a que se refiere el apartado segundo del artículo 133 del Reglamento de Seguridad Privada, les será de aplicación lo establecido en el artículo 9 de esta Orden.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Conexión de unidades de almacenamiento de seguridad.–Los establecimientos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de seguridad, de las reguladas por la Norma UNE-EN 1143-1, deberán conectar su sistema de alarmas a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de central de alarmas o, en su caso, a una central, también autorizada, de uso propio.

Tales instalaciones contarán, entre sus elementos, con un sistema de registro de imágenes, con las características recogidas en el artículo 4 de la presente Orden, permitiendo con ello, a la central de alarmas, la verificación de las señales que pudiesen producirse.

Segunda. Anclaje de unidades de almacenamiento de seguridad.–Cualquier unidad de almacenamiento de seguridad, de las reguladas por la Norma UNE-EN 1143-1, y cuyo peso sea inferior a 2.000 kilogramos, deberá estar anclada, conforme a la Norma UNE 108136.

Cuando exista imposibilidad o dificultad manifiesta y justificada para realizar los anclajes, conforme a alguno de los procedimientos establecidos en la citada Norma UNE 108136, se optará por la utilización de medios físicos o sistemas de seguridad electrónicos, adicionales a los obligatorios contemplados en la normativa, que permitan la detección instantánea del ataque, la localización permanente de la unidad de almacenamiento de seguridad o la inutilización de su contenido.

Cuando la unidad de almacenamiento de seguridad se encuentre o vaya a ser ubicada en el interior de recintos, establecimientos o inmuebles que cuenten con sistemas de seguridad de control de accesos y con vigilantes de seguridad, armados o no, de servicio presencial permanente durante las veinticuatro horas del día en el lugar de ubicación de la unidad, bastará como anclaje su sujeción al suelo o pared, pudiendo hacerlo por procedimientos distintos a los contemplados en esta disposición.

Tercera. Otras unidades de almacenamiento de efectivo.–Cuando los establecimientos regulados en esta Orden cuenten con sistemas de dispensación y cobro automático de dinero en efectivo, éstos deberán disponer en su interior, para el caso de que el efectivo permanezca depositado fuera del horario de apertura o durante la noche, de un contenedor con grado de seguridad 4 según Norma UNE-EN 1143-1 y con las características recogidas en el artículo 9 de esta Orden.

Cuarta. Dispensadores/recicladores de efectivo.–Los dispensadores/recicladores de efectivo, que se encuentren instalados en el momento de la entrada en vigor de la presente Orden, no tendrán que adecuar el nivel de resistencia de su contenedor de efectivo, pudiendo ser utilizados, con las características exigidas para su autorización, hasta el final de su vida útil.

Quinta. Actualización de valores económicos.–Mediante Resolución del Director General de la Policía y la Guardia Civil, podrán actualizarse los valores económicos, a los que se refiere el Anexo II de la presente Orden.

Sexta. Acreditación de elementos de seguridad física y electrónica.–A partir de la publicación de la presente Orden, todos los elementos de seguridad física y electrónica, que vienen recogidos en la normativa de seguridad privada y que se instalen por empresas de seguridad, cumpliendo los plazos previstos en la misma, deberán contar con la evaluación de conformidad y los requisitos constructivos reglamentarios, que únicamente podrán ser garantizados mediante un certificado emitido por un Organismo de Control acreditado para tal fin.

Esta evaluación de la conformidad de los productos se llevará a cabo por Organismos de Control acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), sobre la base de la Norma UNE-EN 45011.

Séptima. Comercialización de productos.–En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión Europea tenga un Acuerdo de Asociación y que estén sometidos a reglamentaciones nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada, se aceptará la validez de las evaluaciones de la conformidad, siempre y cuando estén emitidos por Organismos de Control acreditados, en base a la Norma EN 45011, y a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para laboratorios, y ofrezcan, a través de su Administración Pública competente, garantías técnicas profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española, y que las disposiciones del Estado, en base a las que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad igual o superior al exigido por las correspondientes disposiciones españolas.

Octava. Actualización normativa.–La modificación o aprobación de cualquier Norma UNE o UNE-EN, sobre esta materia, de las contenidas en el Anexo I de la presente Orden será suficiente para su aplicación inmediata a las nuevas instalaciones, sin necesidad de ningún acto de incorporación normativa, desde el momento de su publicación por el organismo competente para ello.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Períodos de adecuación.–Los elementos de seguridad física y electrónica y los sistemas de alarma, instalados antes de la fecha de la entrada en vigor de la presente Orden, en establecimientos obligados y no obligados, se adecuarán a la misma en el plazo de diez años.

Los establecimientos a que hace referencia la Disposición Adicional Primera de esta Orden, dispondrán de un plazo de dos años para que cumplan lo previsto en ella, respecto a su conexión a central de alarmas y disponer de sistema de registro de imágenes.

Cuando un sistema de alarma necesite utilizar componentes de los recogidos en las Normas UNE y UNE-EN contenidas en el Reglamento de Seguridad Privada y en el Anexo I de la presente Orden, y que, en el momento de su instalación, no estén disponibles en el mercado, se permitirá su instalación, siempre que tales elementos no influyan negativamente en su funcionamiento operativo. La permanencia de tales elementos en el sistema estará condicionada a la posible aparición de la especificación técnica que lo regule y a su disponibilidad en el mercado. Transcurrido el período de carencia de diez años establecido en el primer párrafo de esta Disposición, se deberá disponer del pertinente certificado emitido por un laboratorio acreditado para ello en la Unión Europea y exhibirse en caso de ser requerido.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Queda derogada la Orden del Ministro del Interior de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de medidas de seguridad, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada, así como cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.–Esta Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública.

Segunda. Desarrollo.–El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden, así como para la modificación, en su caso, de los Anexos.

Tercera. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I

Relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación en las medidas de seguridad privada

Tipo

Número

Año

Denominación

UNE-EN

50130-4/A1

1998

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN

50130-4

1997

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN

50130-4

1997/A2 2005

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.

UNE-EN

50130-5

2000

Sistemas de alarma. Parte 5: Métodos de ensayo ambiental.

UNE-EN

50131-1

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema

UNE-EN

50131-1

2008/A1:2010

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN

50131-2-2

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.

UNE-EN

50131-2-3

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para detectores de microondas.

UNE-EN

50131-2-4

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.

UNE-EN

50131-2-5

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-5: Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos.

UNE-EN

50131-2-6

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-6: Contactos de apertura (magnéticos).

UNE-EN

50131-3

2010

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo de control y señalización.

UNE-EN

50131-4

2010

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: Dispositivos de advertencia.

UNE-EN

50131-5-3

2005

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos para los equipos de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.

UNE-EN

50131-5-3

2005/A1:2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos para los equipos de interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.

UNE-EN

50131-6

1999

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 6: Fuentes de alimentación.

UNE-EN

50131-6

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes de alimentación.

UNE-EN

50131-8

2009

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 8: Sistemas/dispositivos de niebla de seguridad.

UNE-CLC/TS

50131-2-2

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-2: Requisitos para los detectores de infrarrojos pasivos.

UNE-CLC/TS

50131-2-3

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-3: Requisitos para detectores de microondas.

UNE-CLC/TS

50131-2-4

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-4: Requisitos para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y de microondas.

UNE-CLC/TS

50131-2-5

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-5: Requisitos para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos.

UNE-CLC/TS

50131-2-6

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-6: Requisitos para contactos de apertura (magnéticos).

UNE-CLC/TS

50131-3

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 3: Equipo de control y señalización.

UNE-CLC/TS

50131-7

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 7. Guía de aplicación

UNE-EN

50132-1

2010

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN

50132-2-1

1998

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Cámaras en blanco y negro.

UNE-EN

50132-4-1

2002

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 4-1: Monitores en blanco y negro.

UNE-EN

50132-5

2002

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 5: Transmisión de vídeo.

UNE-EN

50132-7 CORR

2004

Sistemas de alarma - Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN

50132-7

1997

Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN

50133-1 CORR

1998

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN

50133-1/A1

2004

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN

50133-1

1998

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.

UNE-EN

50133-2-1

2001

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Requisitos generales de los componentes.

UNE-EN

50133-7

2000

Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-CLC/TS

50134-7

2005

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE-EN

50134-1

2003

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE-EN

50134-2

2000

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 2: Dispositivos de activación.

UNE-EN

50134-3

2002

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 3: Unidad local y controlador.

UNE-EN

50134-5

2005

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 5: Interconexiones y comunicaciones.

UNE-EN

50136-1-1/A1

2002

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN

50136-1-1

1999

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN

50136-1-1

1999/A2:2009

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de alarma.

UNE-EN

50136-1-2

2000

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-2: Requisitos para los sistemas que hacen uso de vías de alarma dedicadas.

UNE-EN

50136-1-3

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-3: Requisitos para sistemas con transmisores digitales que hacen uso de la red telefónica pública autoconmutada.

UNE-EN

50136-1-4

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-4: Requisitos para los sistemas con trasmisores de voz que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-EN

50136-1-5

2009

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. Parte 1-5: Requisitos para la red de conmutación de paquetes.

UNE-EN

50136-2-1/A1

2002

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: Requisitos generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN

50136-2-1

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: Requisitos generales para los equipos de transmisión de alarma.

UNE-EN

50136-2-2

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-2: Requisitos generales para los equipos usados en sistemas que hacen uso de vías dedicadas de alarma.

UNE-EN

50136-2-3

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-3: Requisitos para los equipos usados en sistemas con transmisores digitales que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-EN

50136-2-4

1998

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-4: Requisitos para los equipos usados en sistemas con transmisores de voz que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.

UNE-CLC/TS

50136-4

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 4: Equipos anunciadores usados en centrales receptoras de alarma.

UNE-CLC/TS

50136-7

2005 V2

Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 7: Guía de aplicación.

UNE CLC/TS

50398

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma combinados e integrados.

UNE-EN

50131-1

2008

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.

UNE

108115

1998

Compartimentos de seguridad. Definición, clasificación y ensayos de calificación.

UNE

108132

2002

Seguridad física. Blindajes opacos. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por impactos de bala derivados del disparo de armas de fuego (armas cortas, rifles y escopetas).

UNE EN

1063

2001

Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por balas.

UNE EN

356

2001

Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque manual.

UNE EN

1143-1

2007 A1 2010

Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificación y métodos de ensayo para resistencia al robo. Parte 1: Cajas fuertes, cajeros automáticos, puertas y cámaras acorazadas.

UNE-ENV

1627

2000

Ventanas, puertas, persianas. Resistencia a la efracción. Requisitos y clasificación.

UNE

108142

1998

Rejas fijas. Características y ensayos de calificación.

UNE

108136

2010

Procedimiento de Anclaje para Unidades de Almacenamiento de Seguridad.

UNE-EN

45011

Criterios generales de los organismos de certificación que realizan la certificación de productos.

UNE-EN ISO/IEC

17025

1999

Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

ANEXO II

Límites de cuantías

Apartado 1. Cantidad para adopción de medida de seguridad para la retirada o entrega de efectivo en grandes centros comerciales: 50.000 euros.

Apartado 2. Límite máximo de dispensación por operación: 3.000 euros.

Apartado 3. Límite para exhibiciones o subastas: 500.000 euros.

Apartado 4. Límite para los muestrarios de joyería: 450.000 euros.

Apartado 5. Límite para devoluciones y cambios por empleados: 600 euros.

Apartado 6. Límite de efectivo en caja registradora en autoservicio: 1.200 euros.

[*] La presente disposición entra en vigor el 18 de agosto de 2011 derogando la Orden de 23 de abril de 1997 que figura en el anexo de color verde que se incluye al final de esta obra.

COMISIONES DE COORDINACIÓN

§ 21 ORDEN INT/315/2011, DE 1 DE FEBRERO (INTERIOR), POR LA QUE SE REGULAN LAS COMISIONES MIXTAS DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA

(«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2011; corrección de errores en «BOE» núm. 61, de 12 de marzo)

La disposición adicional tercera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, prevé el funcionamiento, en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado, de las Comisiones Mixtas, Central y Provinciales, de Coordinación de la Seguridad Privada, estableciendo la regulación de su organización y funcionamiento mediante Orden del Ministro del Interior.

Dicha regulación se llevó a cabo mediante Orden de 26 de junio de 1995, publicada en el «Boletín Oficial de Estado», número 158, de 4 de julio de 1995.

Asimismo, la citada disposición adicional tercera establece que en las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de las personas y bienes, y para el mantenimiento del orden público con arreglo a los correspondientes Estatutos de Autonomía y a lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, también podrán existir Comisiones Mixtas de Coordinación de Seguridad Privada en el ámbito de dichas competencias, cuya presidencia, composición y funciones sean determinadas por los órganos competentes de las mismas.

Con el fin de atender dicha previsión y con motivo de los importantes cambios normativos que en materia de seguridad privada ha experimentado nuestro ordenamiento jurídico en los últimos tiempos, resulta imprescindible llevar a cabo una modificación de lo contenido en la citada Orden de 26 de junio de 1995.

La presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, y a conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el apartado primero de la aludida disposición adicional tercera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Administración Pública, dispongo:

Artículo 1. Composición de la Comisión Nacional.–1. La Comisión Nacional de Seguridad Privada, en su condición de Comisión Mixta Central, con el carácter de órgano consultivo y con objeto de promover la coordinación de la seguridad privada, se adscribe a la Secretaría de Estado de Seguridad.

2. La Comisión Nacional de Seguridad Privada estará presidida por el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, y actuará como Secretario de la Comisión, con voz y voto, un Jefe de Sección de la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, designado por el Comisario Jefe de la misma.

3. Formarán parte de la Comisión Nacional de Seguridad Privada los siguientes vocales:

a) Por la Administración General del Estado:

El Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía.

El Comisario General de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía.

El Jefe de la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

El Jefe de las Unidades Especiales y de Reserva del Cuerpo de la Guardia Civil.

El Jefe del Servicio de Protección y Seguridad del Cuerpo de la Guardia Civil.

Un representante de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.

b) Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas con competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomías, y designados por aquéllas.

c) Los vocales que a continuación se relacionan, nombrados por las federaciones o asociaciones nacionales, organizaciones sindicales y establecimientos obligados, cuya designación se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 3:

1.º Cinco representantes de las federaciones y asociaciones nacionales de empresas de seguridad más representativas a nivel nacional.

2.º Por el personal de seguridad privada:

Un representante por cada uno de los tres sindicatos de los trabajadores más representativos del sector de la seguridad privada a nivel nacional.

Un representante de cada una de las tres principales asociaciones de directores de seguridad de ámbito nacional que acrediten una representación mayoritaria.

Un representante de cada una de las dos principales federaciones o asociaciones de detectives privados de ámbito nacional que acredite una representación mayoritaria.

Un representante de las asociaciones de los guardas particulares del campo de ámbito nacional.

3.º Por los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad:

Tres representantes de las asociaciones o federaciones de las entidades de crédito.

Dos representantes del sector de joyerías y platerías.

Un representante del sector de galerías de arte y tiendas de antigüedades.

Un representante del sector de estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes.

Un representante de las empresas de producción, transporte y distribución de armas y explosivos.

Un representante de oficinas de farmacia.

Un representante de administraciones de lotería y despachos de apuestas mutuas.

Un representante de establecimientos de juegos de azar obligados a la adopción de medidas de seguridad.

Dos representantes de las medianas y grandes empresas de distribución.

4.º Dos representantes de las asociaciones o federaciones nacionales de usuarios de seguridad.

5.º Un representante de las asociaciones o federaciones nacionales de centros de formación del ámbito de la seguridad privada.

d) Hasta cinco vocales designados por la Presidencia entre expertos, públicos o privados, de reconocido prestigio en las materias competencia de la Comisión. Serán libremente nombrados y cesados por la Presidencia, y podrán concurrir a todas las Subcomisiones o Grupos de Trabajo donde se considere oportuna su asistencia.

e) Cuando se considere necesario, en función de las materias incluidas en el orden del día, el Presidente de la Comisión Nacional podrá solicitar al correspondiente órgano la designación de un representante, con competencia en la materia a tratar, de los Ministerios de Educación, de Trabajo e Inmigración y de Industria, Turismo y Comercio.

f) Un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias.

4. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, la presidencia será ejercida por el Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, por el Comisario General de Seguridad Ciudadana.

5. En el seno de la Comisión Nacional y con la finalidad de aumentar su impulso permanente, funcionarán las Subcomisiones de Normativa, de Medidas y de Colaboración. La Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía coordinará los trabajos de las tres Subcomisiones y designará a sus respectivos miembros, entre los vocales representantes de la Comisión Nacional, en función de los temas a tratar.

Art. 2. Composición de las Comisiones Provinciales.–1. Las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Seguridad Privada, con el mismo carácter y objeto que la Comisión Nacional, se adscriben a las correspondientes Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

2. La Comisión Provincial de Coordinación de Seguridad Privada estará presidida por el Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, y por el Subdelegado del Gobierno en el resto de provincias, actuando como Secretario de la Comisión Provincial, con voz y voto, el Jefe de la Unidad Provincial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

3. Formarán parte de la Comisión Provincial de Seguridad Privada los siguientes vocales:

a) Por la Administración General del Estado:

El Jefe de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía.

El Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía.

El Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil.

b) Un representante de la Comunidad Autónoma, en el caso de que ésta tenga competencia para la protección de personas y bienes, y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía, designado por la propia Comunidad Autónoma.

c) Un representante de las Corporaciones Locales, designado por la Asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación en la provincia.

d) Un representante, designado de conformidad con lo previsto en el artículo 3, de los organismos, entidades o empresas, por cada uno de los sectores y entidades a que se refiere el artículo 1.3.c), y otros expertos, públicos o privados, de reconocido prestigio en las materias competencia de la Comisión, cuya información pueda ser necesaria.

4. En casos de ausencia, enfermedad o vacante, la presidencia será ejercida por los representantes de la Administración General del Estado en el orden en que figuran en el párrafo a) del apartado 3 de este artículo.

5. En las Comunidades Autónomas con competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía, las Comisiones Provinciales podrán ser sustituidas por aquellas Comisiones de Coordinación de Seguridad Privada que se creen en las mismas.

6. Cuando razones de operatividad así lo aconsejen, el Delegado del Gobierno podrá sustituir las reuniones de las Comisiones Provinciales, en su ámbito geográfico de actuación, por una reunión única de ámbito autonómico. En dicho supuesto, el Secretario de la Comisión será el Jefe de la Unidad Provincial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de la Provincia en que tenga su sede la Delegación del Gobierno en dicha Comunidad Autónoma.

Art. 3. Forma de designación de los vocales.–1. Los organismos, asociaciones, federaciones o confederaciones, legalmente constituidas, en representación de las entidades o empresas encuadradas en cada uno de los grupos especificados en el artículo 1, que tengan ámbito de actuación nacional, y acrediten representación mayoritaria del colectivo que representen, designarán sendos compromisarios, que conjuntamente nombrarán a los respectivos representantes, en el número indicado en dicho artículo, para integrarse como vocales de la Comisión Nacional. En la misma forma procederán las entidades que tengan ámbito territorial autonómico o provincial para el nombramiento de los representantes de las entidades o empresas en las Comisiones Provinciales, en el número indicado en el respectivo artículo de esta Orden.

2. Las centrales sindicales que sean representativas a nivel nacional, designarán los representantes de los trabajadores en la Comisión Nacional.

3. Los sindicatos representativos cuyo ámbito de actuación comprenda cada una de las provincias, designarán los representantes de los trabajadores en las Comisiones Provinciales.

Art. 4. Funciones de las Comisiones.–1. Corresponderá a las Comisiones, en general, la coordinación de las actividades de la seguridad privada, en los ámbitos respectivos, y podrá encomendárseles especialmente:

a) Asesorar al Ministerio del Interior sobre criterios generales de aplicación, desarrollo y coordinación de carácter complementario de la normativa vigente sobre seguridad privada.

b) Proponer criterios de homogeneización de actuaciones administrativas cuando fuesen precisos.

c) Intercambiar experiencias de los distintos sectores representados en la Comisión y formular propuestas de procedimientos de lucha contra la delincuencia objeto de la seguridad privada.

d) Informar sobre las circunstancias o criterios a tener en cuenta para la concreción de las medidas de seguridad a las que se refiere el Reglamento de Seguridad Privada.

e) Conocer e informar sobre los avances técnicos que se vayan produciendo en medidas de seguridad y que, en su caso, puedan ir sustituyendo a las existentes.

f) Proponer criterios de coordinación de las empresas y el personal de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

g) Informar sobre planes de prevención de la delincuencia, en el ámbito de sus competencias.

h) Analizar, valorar y, en su caso, proponer actividades de formación del personal de seguridad privada.

i) Servir de cauce para la consulta a las organizaciones representadas en su composición, respecto a los proyectos de disposiciones generales que pretendan dictarse en materia de seguridad privada, sin perjuicio de la audiencia a organizaciones concretas cuando sea legalmente exigible.

j) Informar sobre asuntos relativos a las distintas actividades de las empresas y las atribuciones y funciones del personal de seguridad privada.

k) Elevar a las correspondientes autoridades del Ministerio del Interior y a los Delegados del Gobierno los informes que estimen convenientes o que aquéllas le recaben, en el ámbito de su competencia.

2. Dentro de las funciones que, con carácter general, se atribuye a las Comisiones, corresponden a las Subcomisiones las siguientes:

a) A la Subcomisión de Normativa las funciones especificadas en los párrafos a), b), i) y j) del apartado primero de este artículo.

b) A la Subcomisión de Medidas las funciones especificadas en los párrafos d) y e) del apartado primero de este artículo.

c) A la Subcomisión de Colaboración las funciones especificadas en los párrafos c), f) y g) del apartado primero de este artículo.

Art. 5. Funcionamiento de las Comisiones.–1. La convocatoria de las reuniones corresponderá efectuarla al Presidente de cada Comisión o Subcomisión, por propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los representantes de las empresas o entidades, o de los trabajadores, debiendo celebrar, al menos, una reunión anual.

2. En la misma forma prevista en el apartado anterior, se elaborará el correspondiente orden del día, al que se acompañará la documentación oportuna y, en su caso, información estadística sobre hechos relativos a la seguridad privada.

3. La Presidencia de cada Comisión o Subcomisión podrá:

a) Constituir grupos de trabajo por sectores o por materias, integrados por los representantes del Ministerio del Interior y por representantes de las asociaciones o federaciones de las empresas y de los trabajadores del sector o sectores afectados, en el número que considere adecuado. Estos grupos podrán estar referidos a los siguientes sectores o materias:

Actividades de las empresas de seguridad, especialmente en el caso de la vigilancia, protección personal, transportes de seguridad y alarmas.

Problemática de los profesionales de la seguridad, particularmente en el caso del guarderío, vigilantes, escoltas, jefes y directores y detectives.

Cuestiones de seguridad que afecten a establecimientos obligados, especialmente entidades financieras, joyerías, museos u otros sectores de actividad empresarial, tales como telecomunicaciones, logística, comercio o medios de transporte.

Materias con especial incidencia en el ámbito de la seguridad privada, particularmente la problemática del intrusismo, lo relativo a la videovigilancia u otros que se puedan presentar.

b) Convocar a las reuniones de la Comisión y de las Subcomisiones y grupos de trabajo sectoriales, a iniciativa propia o a propuesta de cualquiera de sus miembros:

A los compromisarios o representantes de aquellos organismos, asociaciones o federaciones que resulten específicamente afectados por los temas a tratar.

A las personas cuya información pueda ser necesaria o conveniente conocer, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán con voz pero sin voto.

4. De los acuerdos que adopte la Comisión Nacional se dará cuenta a la Secretaría de Estado de Seguridad. Los que se adopten por las Subcomisiones y Comisiones Provinciales serán comunicados a la Comisión Nacional.

Art. 6. Régimen jurídico general.–En lo no dispuesto en la presente Orden, el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada, se ajustará a las normas contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el capítulo IV del título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Ámbito de circunscripción del funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Coordinación de la seguridad privada.–El funcionamiento de las Comisiones Mixtas objeto de regulación por esta Orden se circunscribe al ámbito de competencias de la Administración General del Estado, en los términos previstos en la disposición adicional tercera del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Queda derogada la Orden del Ministro de Justicia e Interior de 26 de junio de 1995, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.–La presente Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española que otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

Segunda. Desarrollo.–El Director General de la Policía y de la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden.

Tercera. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

TASAS

§ 22 LEY 13/1996, DE 30 DE DICIEMBRE (JEFATURA DEL ESTADO), DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL

(«BOE» núm. 315, de 31 de diciembre 1996)

TÍTULO PRIMERO

Normas fiscales

[.......]

CAPÍTULO III

Tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público

[.......]

Art. 44. Tasa por Prestación de Servicios y Actividades en materia de Seguridad Privada.

Uno. Se crea la tasa por Prestación de Servicios y Actividades en materia de Seguridad Privada, que se regirá por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y actividades que, conforme a lo dispuesto en la Ley 23/1992, de 30 de julio, sobre Seguridad Privada, se describen en las tarifas del apartado cinco de este artículo.

Tres. El devengo de la tasa se producirá cuando se presente la solicitud que motive el servicio o la actuación administrativa que constituye el hecho imponible de la misma, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

No obstante, en aquellos supuestos en que el servicio o la actuación que constituya el hecho imponible de la tasa se prestase de oficio por la Administración, la obligación de pago de aquélla nacerá en el momento en que se inicie la prestación del servicio o se realice la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito previo del importe estimado, a resultas de la liquidación que se practique.

Cuatro. Serán sujetos pasivos de la tasa: Las personas físicas y jurídicas solicitantes o destinatarias, según que, en este último caso, la Administración actúe de oficio, de los servicios y actividades administrativas en materia de seguridad privada.

Cinco. Las cuantías de la tasa serán las siguientes[1]:

Tarifa primera: Autorización e inscripción de empresas de seguridad: 48.750 pesetas.

Tarifa segunda: Modificación en el asiento de inscripción del domicilio social, del ámbito territorial de actuación y ampliación de actividades, incluidos el desplazamiento e informe pertinente por personal de la Administración: 34.250 pesetas.

Tarifa tercera: Modificación en el asiento de inscripción del capital social, titularidad de acciones o participaciones, cancelación de la inscripción, modificaciones estatutarias, variaciones en la composición personal de sus órganos de administración y dirección y en la uniformidad del personal de seguridad: 14.750 pesetas.

Tarifa cuarta: Autorización de apertura de delegaciones de empresas de seguridad: 18.500 pesetas.

Tarifa quinta: Autorización de apertura de establecimiento obligado a disponer de medidas de seguridad, exención y dispensa de medidas de seguridad y, en general, otras autorizaciones que impliquen desplazamiento e informe por personal de la Administración: 27.500 pesetas.

Tarifa sexta: Habilitación de Directores y Jefes de Seguridad: 12.500 pesetas.

Tarifa séptima: Habilitación de Vigilante de Seguridad y de Guarda particular de Campo, incluidas sus respectivas especialidades: 8.250 pesetas.

Tarifa octava: Habilitación de Detectives privados, inscripción de despachos, de sociedades de Detectives y autorización de sucursales: 8.250 pesetas.

Tarifa novena: Autorizaciones especiales por servicios de vigilancia con armas, distintivos y uniformidad, servicios de vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones aisladas y por servicios de custodia de llaves o vehículos: 27.500 pesetas.

Tarifa décima: Autorización de centros de formación y actualización de personal de seguridad privada: 33.250 pesetas.

Tarifa undécima: Acreditación de Profesores de Centros de Formación y actualización de personal de seguridad privada: 7.000 pesetas.

Tarifa duodécima: Participación en los exámenes y pruebas previos a la habilitación de Vigilantes de Seguridad y Guardas particulares de Campo, incluidas sus respectivas especialidades: 3.000 pesetas.

Tarifa decimotercera: Participación en los exámenes y pruebas establecidos para los Auxiliares de Detective e Investigadores o Informadores: 5.000 pesetas.

Tarifa decimocuarta: Compulsa de documentos: 500 pesetas.

Por cada página del documento a compulsar, la cuantía exigible se incrementará en 250 pesetas.

Tarifa decimoquinta: Expedición de certificaciones: 3.000 pesetas.

Por cada página de extensión que exija la certificación, la cuantía exigible se incrementará en 250 pesetas.

Seis. El pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo en entidad de depósito autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda[2], siéndole de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, de 20 de diciembre de 1990[3].

Siete. La gestión de la tasa se efectuará, en cada caso, por los servicios competentes del Ministerio del Interior que tengan atribuida la gestión de la misma.»

[.......]

[1] Apartado quinto de la Resolución 4/2001, de 22 de octubre («BOE» núm. 270, de 10 de noviembre), de la Dirección General de Tributos, por la que se convierten a euros las cuantías de las tasas cuya gestión está atribuida a órganos dependientes del Ministerio del Interior:

Quinto.–Conversión en euros de las cuantías exigibles por la Tasa por prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada, establecida por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («Boletín Oficial del Estado» del 31).

Seguridad privada [*]

Pesetas

Euros

Autorización e inscripción de empresas de seguridad

48.750

292,99

Modificación en el asiento de inscripción del domicilio social, ámbito territorial de actuación y ampliación de actividades

34.250

205,85

Modificación en el asiento de inscripción del capital social, titularidad de acciones o participaciones, cancelación de la inscripción, modificaciones estatutarias, variaciones en la composición personal de sus órganos de administración y dirección y en la uniformidad del personal de seguridad

14.750

88,65

Autorización de apertura de delegaciones de seguridad

18.500

111,19

Autorización de apertura de establecimiento obligado a disponer de medidas de seguridad, exención y dispensa de medidas de seguridad

27.500

165,28

Habilitación de directores y jefes de seguridad

12.500

75,13

Habilitación de vigilante de seguridad y de guarda particular del campo, incluidas sus respectivas especialidades

8.250

49,58

Habilitación de detectives privados, inscripción de despachos, de sociedades y autorización de sucursales

8.250

49,58

Autorizaciones especiales por servicios de vigilancia con armas, distintivos y uniformidad, servicios de vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones aisladas y por servicios de custodia de llaves o vehículos

27.500

165,28

Autorización de centros de formación y actualización de personal de seguridad privada

33.250

199,84

Acreditación de profesores de centros de formación y actualización de personal de seguridad privada

7.000

42,07

Participación en los exámenes y pruebas previas a la habilitación de vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo, incluidas sus respectivas especialidades

3.000

18,03

Participación en los exámenes y pruebas establecidos para los auxiliares de detective e investigadores o informadores

5.000

30,05

Compulsa de documentos

500

3,01

Incremento por cada página del documento a compulsar

250

1,502530

Expedición de certificaciones

3.000

18,03

Incremento por cada página de extensión que exija la certificación

250

1,502530

[*] Respecto de las cuantías de las tasas han de tenerse en cuenta los sucesivos incrementos efectuados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

[2]Por Resolución de 9 de julio de 2007 («BOE» núm. 176, de 24 de julio), se incluye en el Registro Telemático del Departamento el trámite de liquidación de las tasas con código 052 «Tasa por Reconocimientos, autorizaciones y Concursos» y código 053 «Tasa por prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada».

La Resolución de 9 de julio de 2007 («BOE» núm. 176, de 24 de julio) por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de la tasa con código 052 «Tasa por Reconocimientos, autorizaciones y Concursos» y código 053 «Tasa por prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada», dispone:

«Primero. Objeto.–La presente Resolución tiene por objeto establecer la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas con código 052 «Tasa por reconocimientos, autorizaciones y concursos» definida en el Decreto 551/1960 y de la tasa con código 053 «Tasa por prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada» definida en el artículo 44 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y gestionadas por el Ministerio de Administraciones Públicas en aplicación de la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones de Gobierno.

Segundo. Sujetos pasivos.–Los sujetos pasivos que pueden efectuar el pago de esta tasa, por los medios telemáticos aquí descritos, son las personas físicas o jurídicas a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades públicas que constituyen el hecho imponible.

Tercero. Registro Telemático de tramitación del procedimiento.–La recepción de las declaraciones presentadas por vía telemática se realizará a través del Registro Telemático del Ministerio de Administraciones Públicas creado por la Orden APU/203/2004, de 29 de enero, modificada por la Orden APU/513/2007, de 1 de marzo (BOE de 9 de marzo).

Cuarto. Dirección de Internet.–La Declaración liquidación y el pago de la tasa prevista en la presente Resolución podrá realizarse a través de la página web: www.map.es.

Quinto. Requisitos.–El pago telemático tendrá siempre carácter voluntario y alternativo, en su caso, al procedimiento presencial.

Los sujetos pasivos que efectúen el pago de tasas de forma telemática han de cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de número de identificación fiscal (NIF) o un código de identificación fiscal (CIF) según corresponda.

b) Disponer de firma electrónica avanzada basada en un certificado de usuario que sea admitido por la Agencia Tributaria como medio de identificación y autenticación en sus relaciones telemáticas con los contribuyentes.

c) Tener una cuenta abierta en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria que se haya adherido al sistema previsto en la Resolución de 26 de julio de 2006 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios, y aparezca en la relación de entidades que se muestre en la opción de pago de la «oficina virtual» de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Sexto. Método de autoliquidación y procedimiento para el pago de las tasas.Los sujetos pasivos deberán cumplimentar los campos previstos en el modelo 790 normalizado, correspondiente a cada una de las tasas, incluido en el Anexo I de esta Resolución, y que se encuentra asimismo en la página web: www.map.es.

Séptimo. Pago de la tasa por vía telemática.–Una vez cumplimentada la solicitud, los sujetos pasivos que deseen proceder al pago por vía telemática lo realizarán conforme a lo dispuesto en el apartado Cuarto.2 de la Orden HAC/729/2003 y su importe se ingresará a través de las cuentas restringidas abiertas en las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria que tiene encomendada la Agencia Tributaria en los términos establecidos en el apartado 6 de la Orden de 4 de junio de 1988 del Ministerio de Hacienda.

Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora generará el Número de Referencia Completa (NRC) que será enviado al terminal del interesado que a su vez lo transmitirá al Ministerio de Administraciones Públicas, el cual, después de efectuar las comprobaciones oportunas, enviará un mensaje al interesado de confirmación de la realización del ingreso. Este mensaje de confirmación permitirá el registro telemático de la declaración del pago y la impresión del modelo 790 cumplimentado y pagado. En el modelo así impreso figurará el NRC y le servirá al interesado como justificante del pago de la tasa.

Octavo. Cumplimentación del modelo 790 de pago telemático de las tasas 052: tasa por reconocimientos, autorizaciones y concursos y 053: tasa por prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada.–Serán de aplicación para su cumplimentación aquellas instrucciones particulares que se encuentran publicadas en la página web www.map.es.

Noveno. Criterios específicos de utilización de técnicas telemáticas.

1. El declarante accederá a través de Internet o de cualquier otra vía equivalente que permita la conexión, a la dirección www.map.es y seleccionará el formulario 790 de pago telemático de las tasas 052: tasa por reconocimientos, autorizaciones y concursos y 053: tasa por prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada. Una vez cumplimentados todos sus campos, solicitará la realización del pago telemático.

2. A continuación, se habilitará automáticamente el enlace con la página web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a través de la cual se podrá efectuar el pago telemático de la tasa, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado Cuarto.2 de la Orden HAC/729/2003, a través de las entidades financieras colaboradoras en la gestión recaudatoria a que se refiere la letra c) del segundo párrafo del apartado Quinto de esta Resolución.

3. Si la declaración y el pago son aceptados, la entidad financiera colaboradora facilitará al interesado el Número de Referencia Completo (NRC), que se entregará al Ministerio de Administraciones Públicas, que procederá como se indica en el apartado Séptimo de esta Resolución.

En el supuesto de que fuesen rechazados, se mostrarán en pantalla los datos y la descripción de los errores detectados. El Ministerio de Administraciones Públicas pondrá a disposición de los interesados los mecanismos de ayuda y soporte a la operación, que serán publicados y accesibles a través de la página web www.map.es.

4. Comprobado el NRC por el Servicio del Ministerio de Administraciones Públicas, se generará al interesado un mensaje de confirmación de la realización del ingreso de la tasa, que junto al registro telemático posterior permitirá la impresión del modelo de declaración 790-052 y 790-053, el cual, junto al NRC, servirá de justificante de la presentación de la declaración y el pago de la tasa.»

[3]El Reglamento citado ha sido derogado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio («BOE» núm. 210, de 2 de septiembre), por el que se aprueba el nuevo Reglamento General de Recaudación.

CONVENIO COLECTIVO

§ 23 RESOLUCIÓN DE 28 DE ENERO DE 2011 (TRABAJO E INMIGRACIÓN), DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE REGISTRA Y PUBLICA EL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD

(«BOE» núm. 40, de 16 de febrero de 2011)

Visto el texto del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad (código de Convenio número 99004615011982), que fue suscrito con fecha 15 de noviembre de 2010, de una parte por las asociaciones empresariales APROSER, FES, AMPES, ACAES y AES, en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales UGT y USO, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Convenio Colectivo Estatal de las Empresas
de Seguridad 2009-2012

CAPÍTULO PRIMERO

Objeto y ámbito

Artículo 1. Ámbito de aplicación.–El presente Convenio Colectivo, establece las bases para las relaciones entre las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y sus trabajadores, en las actividades que se especifican en el artículo 3 de este Convenio.

Art. 2. Ámbito territorial.–Las normas de este Convenio Colectivo Nacional serán de aplicación en todo el territorio español.

Art. 3. Ámbito funcional.–Están incluidas en el campo de aplicación de este Convenio Colectivo todas las Empresas dedicadas a la prestación de vigilancia y protección de cualquier clase de locales, bienes o personas, fincas rústicas, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético y en los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros, así como servicios de escolta, explosivos, transporte o traslado con los medios y vehículos homologados, depósito y custodia, manipulación y almacenamiento de caudales, fondos valores, joyas y otros bienes y objetos valiosos que precisen vigilancia y protección que de manera primordial prestan tales Empresas.

Se regirán también por este Convenio Colectivo las Empresas que, además, presten servicios de vigilancia y protección mediante la fabricación, distribución, instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos, visuales, acústicos o instrumentales.

No estarán sujetas al presente Convenio Colectivo aquellas Empresas de Seguridad dedicadas exclusivamente a la fabricación, instalación y/o mantenimiento de dichos sistemas, pudiendo, no obstante, ejercitar su facultad de adhesión al presente convenio, siempre que no estuvieran afectadas por otros, en los términos que establece el artículo 92.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 4. Ámbito temporal.–El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2009, con independencia de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2012, quedando prorrogado íntegramente hasta su sustitución por otro Convenio de igual ámbito y eficacia.

Art. 5. Denuncia.–La denuncia del presente Convenio se entenderá automática al momento de su vencimiento, en este caso, el 31 de diciembre de 2012. No obstante, la Comisión Negociadora del Convenio se constituirá en la primera semana del mes de septiembre del 2012.

Art. 6. Ámbito personal.–Se regirán por el presente Convenio Colectivo Nacional la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas comprendidas en el ámbito funcional expresado en el artículo 3.

En cuanto a los altos cargos se estará a lo dispuesto en las disposiciones específicas, aplicables a estos casos.

Art. 6 (bis). Principio de Igualdad.–El presente Convenio, su interpretación y aplicación, se rige por el principio de igualdad y no discriminación por razones personales que consagran los artículos 14 de la Constitución y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, y muy especialmente por el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres que ha desarrollado la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, cuyas previsiones se consideran como referencia interpretativa primordial del presente Convenio Colectivo.

Todas las referencias en el texto del convenio a «trabajador» o «empleado», «trabajadores» o «empleados», «operario» u «operarios», se entenderán efectuadas indistintamente a las personas, hombre o mujer, que trabajan en las empresas comprendidas en el ámbito funcional expresado en el artículo 3.

En desarrollo de la citada Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, todas las empresas sujetas al presente convenio, deberán elaborar un plan de igualdad antes del 30 de junio de 2011, con el objetivo de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral.

Art. 7. Unidad de convenio y vinculación a la totalidad.–Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo, constituirán un todo orgánico e indivisible.

Art. 8. Compensación, absorción y garantía ad personam.–Las condiciones contenidas en este Convenio Colectivo son compensables y absorbibles respecto a las que vinieran rigiendo anteriormente, estimadas en su conjunto y cómputo anual.

Por ser condiciones mínimas las de este Convenio Colectivo Nacional, se respetarán las superiores implantadas con anterioridad, examinadas en su conjunto y en cómputo anual.

Art. 9. Comisión Paritaria.–1. Se constituye una Comisión Paritaria para la interpretación y aplicación del presente Convenio, que estará integrada por dos miembros de cada representación sindical firmante, e igual número total por cada representación empresarial, firmante del convenio colectivo.

2. La Comisión fija como sede de las reuniones el domicilio de APROSER.

3. La Comisión se reunirá, previa convocatoria de cualquiera de los componentes, mediante comunicación fehaciente (carta certificada, fax u otro medio acreditativo de la misma), al menos con siete días de antelación a la celebración de la reunión. A la comunicación se acompañará escrito donde se plantee de forma clara y precisa la cuestión objeto de interpretación.

4. Para que las reuniones sean válidas, previa convocatoria, tendrán que asistir a las mismas un número del 50% de miembros por cada una de las representaciones.

5. La Comisión Paritaria tomará los acuerdos por mayoría simple de votos de cada una de las representaciones.

6. Expresamente se acuerda que, tendrá carácter vinculante el pronunciamiento de la Comisión Paritaria cuando las cuestiones derivadas de la interpretación o aplicación del presente Convenio, les sean sometidas por ambas partes, siempre que el pronunciamiento se produzca por unanimidad de los miembros asistentes a la Comisión Paritaria. Dicho pronunciamiento será incorporado en el texto del convenio siguiente, en virtud de la redacción que se acuerde en el momento de la negociación del mismo.

7. Son funciones de la Comisión Paritaria las siguientes:

a) Interpretación de la totalidad de los artículos de este Convenio.

b) Celebración de conciliación preceptiva en la interposición de conflictos colectivos que suponga la interpretación de las normas del presente Convenio.

c) Seguimiento de la aplicación de lo pactado. Los sindicatos y las asociaciones empresariales podrán presentar denuncia ante la Comisión Paritaria informando de incumplimientos realizados por empresas o sindicatos, acordando las acciones a tomar.

CAPÍTULO II

Organización del Trabajo

Art. 10. Principios Generales.–La organización práctica del trabajo, con sujeción a este Convenio Colectivo Nacional y a la legislación vigente, es facultad de la Dirección de la Empresa.

Sin merma de la autoridad que corresponde a la Dirección, los representantes de los trabajadores tendrán funciones de información, orientación y propuesta en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación vigente.

Art. 11. Normas.–La organización del trabajo comprende las siguientes normas:

a) La determinación y exigencia de una actividad y un rendimiento a cada trabajador.

b) La adjudicación a cada trabajador del número de elementos o de la tarea necesaria correspondiente al rendimiento mínimo exigible.

c) La fijación de normas de trabajo que garanticen la óptima realización y seguridad de los servicios propios de la actividad, constando por escrito, estableciéndose el cuadro de premios y de sanciones adecuados al cumplimiento o incumplimiento de tales normas.

d) La exigencia de atención, prudencia, pulcritud, vigilancia en ropas, enseres, útiles, armas, vehículos y demás elementos que componen el equipo personal, así como de las demás instalaciones y bienes análogos de la Empresa y de sus clientes.

e) La movilidad y redistribución del personal de la Empresa, típicas de la actividad, mediante el establecimiento de los cambios de puestos de trabajo, desplazamientos y traslado que exijan las necesidades de la organización de la producción, de acuerdo con las condiciones pactadas en este Convenio.

En todo caso se respetará la categoría profesional y tal potestad no podrá repercutir en su perjuicio económico para el trabajador afectado.

f) La fijación de una fórmula de cálculo de la retribución de forma clara y sencilla, de manera que los trabajadores puedan fácilmente comprenderla, incluso en los casos en que se aplique un sistema de remuneración con incentivos o primas.

g) La realización de las modificaciones en los métodos de trabajo, distribuciones de personal, cambio de funciones, calificación profesional, retribuciones, sean con incentivos o sin él, cantidad y calidad de trabajo, razonablemente exigibles.

h) El mantenimiento de las normas de organización de trabajo, tanto a nivel individual como colectivo, que emanan de este Convenio, a nivel individual incluso en los casos de disconformidad del trabajador, expresada a través de sus representantes, se mantendrán tales normas en tanto no exista resolución del conflicto por parte de la autoridad competente. A nivel de conflicto colectivo, el mantenimiento de la norma o normas que lo motiven quedará en suspenso hasta que se dicte la resolución por parte de la autoridad competente, sin perjuicio de la conciliación preceptiva prevista en el artículo 9.7.b) de este Convenio, excepto en los casos de urgencia o imperiosa necesidad que pongan en peligro la continuidad de la prestación de los servicios.

CAPÍTULO III

Prestación del Trabajo

Art. 12. Formación.–Las partes firmantes se someten al subsistema de formación profesional continua regulado en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, o normativa que le sustituya, así como el desarrollo que se efectúe de los planes de formación sectoriales para la formación de los trabajadores, comprometiéndose a realizar los actos necesarios para el fiel cumplimiento de ambos acuerdos.

Queda facultada la Comisión Mixta o Paritaria sobre Formación Profesional Continua del Sector de Seguridad Privada, para desarrollar cuantas iniciativas sean necesarias y conducentes a la aplicación, de la normativa legal indicada anteriormente, o la vigente en el ámbito temporal del convenio.

Cuando se efectúe la actividad formativa obligatoria fuera de la jornada laboral se abonarán al trabajador las horas empleadas en ella a precio de hora extraordinaria de su categoría laboral.

Cuando, en este caso, deba el trabajador desplazarse por sus propios medios, dicho desplazamiento será abonado en la forma prevista.

Las empresas, en virtud de la referida normativa, se someten al procedimiento en ella establecido, y deberán informar a los Representantes de los trabajadores de los planes de formación profesional a realizar, bajo el objetivo general de la mejor adaptación de la empresa a las circunstancias del mercado.

Art. 13. Confidencialidad Profesional.–El carácter confidencial de la prestación del servicio hace especialmente exigible que los trabajadores sujetos a este Convenio Colectivo Nacional mantengan con especial rigor los secretos relativos a la explotación y negocios de sus Empresas y de aquellas a las que se presten los servicios, todo ello de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Art. 14. Subrogación de servicios.–Dadas las especiales características y circunstancias de la actividad, que exigen la movilidad de los trabajadores de unos a otros puestos de trabajo, este artículo tiene como finalidad garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores de este sector, aunque no la estabilidad en el puesto de trabajo, con clara diferenciación entre subrogación de servicios comprendidos en la letra A y de transporte de fondos comprendidos en la letra B, en base a la siguiente Normativa:

A) Servicios de vigilancia, sistemas de seguridad, transporte de explosivos, protección personal y guardería particular de campo:

Cuando una empresa cese en la adjudicación de los servicios contratados de un cliente, público o privado, por rescisión, por cualquier causa, del contrato de arrendamiento de servicios, la nueva empresa adjudicataria está, en todo caso, obligada a subrogarse en los contratos de los trabajadores adscritos a dicho contrato y lugar de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de contratación de los mismos, y/o categoría laboral, siempre que se acredite una antigüedad real mínima, de los trabajadores afectados en el servicio objeto de subrogación, de siete meses inmediatamente anteriores a la fecha en que la subrogación se produzca, incluyéndose en dicho período de permanencia las ausencias reglamentarias del trabajador del servicio subrogado establecidas en los artículos 45, 46 y 50 de este Convenio Colectivo, las situaciones de Incapacidad Temporal y suspensiones disciplinarias, cualquiera que sea su causa, excluyéndose expresamente las excedencias reguladas en el artículos 48, salvo los trabajadores que hayan sido contratados por obra o servicio determinado.

Asimismo procederá la subrogación, cuando la antigüedad en la empresa y en el servicio coincida, aunque aquella sea inferior a siete meses.

Igualmente procederá la subrogación cuando exista un cambio en la titularidad de las instalaciones donde se presta el servicio.

B) Servicios de Transporte de Fondos (Manipulado de efectivo, cajeros automáticos, transporte y distribución):

La empresa cesante determinará el número de trabajadores objeto de subrogación en cada una de las diferentes categorías en base a lo establecido en las letras B.1 y B.2 de este artículo.

En los años 2009 y 2010, para la determinación de los trabajadores a subrogar, se estará a lo que acuerden los representantes de los trabajadores y la Dirección de la Empresa. A falta de acuerdo, se procederá por sorteo, por categorías, en presencia de los representantes de los trabajadores.

A partir del 2011, para la determinación de los trabajadores a subrogar se considerará en primer lugar a los que se presenten voluntarios. De no existir voluntarios en número suficiente, se procederá a sortear por categorías y turnos de trabajo, en presencia de la representación legal de los trabajadores y de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores certificarán en acta conjunta con la Dirección de la Empresa el resultado del sorteo.

B.1) Subrogación de Transporte y distribución del efectivo.

Para hallar el número de trabajadores objeto de subrogación se determinará entre la representación legal de los trabajadores y la empresa cesante los servicios prestados, o «paradas», que se hubiesen realizado, en las Entidades objeto de la Subrogación, durante los siete meses inmediatamente anteriores a la fecha de la subrogación.

Tales servicios computarán para determinar el número de trabajadores que deben ser subrogados, de acuerdo con las siguientes reglas y supuestos:

B.1.1 Población de más de doscientos mil habitantes: Se dividirá el número de servicios prestados entre siete, y la media resultante entre seis.

B.1.2 Población de menos de doscientos mil habitantes: Se dividirá el número de servicios prestados entre siete, y la media resultante entre cuatro.

La población de referencia será la capital o, en su caso, la ciudad de mayor población, de la provincia donde se encuentra el centro de trabajo de la Empresa cedente del Servicio.

B.1.3 Normas comunes a B.1.1 y B.1.2: En ambos casos:

a) La cantidad resultante, que es la jornada mensual a subrogar, se dividirá entre el resultante de dividir la jornada anual entre 11, siendo el cociente de dicha operación el número de trabajadores que deben ser subrogados, multiplicado por la dotación del vehículo blindado.

El cociente se incrementará a un entero cuando contenga decimal igual o superior a cinco décimas.

No obstante, si una vez aplicada la regla anterior, la cifra resultante fuese inferior a 0,5 y, consiguientemente, no procediese a efectuar ninguna subrogación de personal, si la nueva empresa adjudicataria obtuviese durante los doce meses siguientes, la adjudicación de servicios que tuviese la misma empresa cesante, esta cifra anterior será, en todo caso, sumada a la nueva cifra resultante a los efectos de subrogación del personal.

b) A partir del año 2011, los trabajadores objeto de la subrogación deberán estar adscritos al turno en el que se prestan los servicios que motiva la subrogación, salvo que se trate de trabajadores sin turno fijo o que se hayan presentado voluntarios para la subrogación. Cuando la subrogación esté basada en la acumulación de varios servicios, el turno a tener en cuenta será el del servicio con mayor número de paradas.

c) Únicamente podrán subrogarse tripulaciones completas sin perjuicio de lo establecido en el apartado C.1.4 de este artículo.

d) En caso de que la empresa cesante pierda la totalidad de los servicios, la empresa adjudicataria deberá quedarse con todo el personal. En el caso de que sean varias las empresas adjudicatarias, deberán quedarse con todo el personal de acuerdo con los porcentajes asignados.

B.2) Subrogación de los trabajadores de Manipulado: La empresa que pierda un contrato de manipulación de efectivo (Contadores-Pagadores) en favor de otra, ésta estará obligada a subrogarse en el número de contadores-pagadores resultante de dividir el importe de la facturación media mensual perdida de los últimos siete meses, entre 1700 euros, durante los años 2009 y 2010 y entre 2.500 € a partir de 2011. Esta cantidad, se actualizará anualmente en función de los costes laborales y la mejora en la tecnología y maquinaria utilizada en la actividad.

No obstante, si una vez aplicada la regla anterior, la cifra resultante fuese inferior a 0,5 y, consiguientemente, no procediese efectuar ninguna subrogación de personal, si la nueva empresa adjudicataria obtuviese durante los doce meses siguientes la adjudicación de servicios que tuviese la misma empresa cesante, esta cifra anterior será, en todo caso, sumada a la nueva cifra resultante a los efectos de subrogación del personal.

C) Obligaciones de las empresas cesante y adjudicataria, comunes para A) y B):

C.1) Adjudicataria cesante: La Empresa cesante en el servicio:

1. Deberá notificar al personal afectado la resolución del contrato de arrendamiento de servicios, así como el nombre de la nueva adjudicataria, tan pronto tenga conocimiento formal de una y otra circunstancia.

2. Deberá poner a disposición de la nueva adjudicataria, con antelación mínima de tres días hábiles a que ésta dé comienzo a la prestación del servicio, o en igual plazo desde que tuviese conocimiento expreso formal de la adjudicación, si éste fuera posterior, la documentación que más adelante se relaciona.

a) Certificación en la que deberá constar trabajadores afectados por la subrogación, con nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nombre de los padres; estado civil; DNI; número de afiliación a la Seguridad Social; situación familiar (número de hijos), naturaleza de los contratos de trabajo, y categoría profesional.

b) Fotocopia de las nóminas de los tres últimos meses, o períodos inferior, según procediere.

c) Fotocopias de los TC1 y TC2, de cotización a la Seguridad Social, de los últimos tres meses, o período inferior si procediera con acreditación de su pago.

d) Fotocopia de los contratos de trabajo suscritos, cuando se hayan concertado por escrito así como fotocopia de todos los acuerdos o pactos de empresa que tengan los trabajadores afectados como condición más beneficiosa..

e) Fotocopias de la Cartilla Profesional, Tarjeta de Identidad Profesional y, en su caso, Licencia de Armas.

f) Cualquier otro documento que proceda o se requiera a estos efectos, necesario o preceptivo, por la adjudicataria entrante.

3. Deberá atender, como único y exclusivo obligado:

a) Los pagos y cuotas derivados de la prestación del trabajo hasta el momento del cese en la adjudicación, y

b) la liquidación por todos los conceptos, incluidas vacaciones dado que la subrogación sólo implica para la nueva Empresa adjudicataria la obligación del mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados.

4. Tendrá la facultad de quedarse con todos, o parte, de los trabajadores afectados por la subrogación.

5. Responderá de las consecuencias derivadas de la falsedad o inexactitud manifiesta que la información facilitada puedan producir a la empresa adjudicataria, todo ello sin perjuicio de la reversión a la misma de los trabajadores indebidamente subrogados.

C.2) Nueva adjudicataria: La Empresa adjudicataria del servicio:

1. Deberá respetar al trabajador todos los derechos laborales que tuviese reconocidos en su anterior empresa, incluida la antigüedad, siempre que éstos provengan de pactos o acuerdos lícitos que se hayan puesto en su conocimiento, junto con la documentación pertinente, o que el trabajador pueda demostrar.

2. No desaparece el carácter vinculante de la subrogación en el caso de que el arrendatario del servicio suspendiese o redujese el mismo, por un período no superior a doce meses, si la empresa cesante o los trabajadores, cuyos contratos de trabajo se hubiesen resuelto, o no, por motivo de esta suspensión o reducción, probasen, dentro de los treinta días siguientes a la terminación del plazo citado, que el servicio se hubiese reiniciado o ampliado por ésta o por otra empresa.

D) Subrogación de los representantes de los trabajadores.

Los miembros del Comité de Empresa, los Delegados de Personal y los Delegados Sindicales, podrán optar, en todo caso, entre permanecer en su empresa o subrogarse a la empresa adjudicataria, en el plazo de veinticuatro horas tras la designación del número de trabajadores a subrogar, salvo en los supuestos siguientes:

a) Que hubiera sido contratado expresamente por obra o servicio determinado para el centro afectado por la subrogación.

b) Que haya sido elegido específicamente para representar a los trabajadores del Centro de Trabajo objeto de subrogación, siempre que afecte a toda la plantilla del Centro.

c) Que la subrogación afecte a la totalidad de los trabajadores del artículo 18 grupo IV de la unidad productiva.

En estos supuestos, los Delegados de Personal, miembros del Comité de Empresa y Delegados Sindicales, pasarán también subrogados a la nueva Empresa adjudicataria de los servicios.

CAPÍTULO IV

Clasificación Profesional

Sección 1.ª Clasificación según la permanencia

Art. 15. Contratación Temporal.–En función de su duración, los contratos de trabajo podrán concertarse por tiempo indefinido, por duración determinada y por cualquier otra modalidad de contrato de trabajo autorizada por la legislación vigente.

Será personal contratado para obra o servicio determinado aquel cuya misión consista en atender la realización de una obra o servicio determinado dentro de la actividad normal de la Empresa. Los contratos celebrados por obra o servicio determinado suscritos a partir del 18 de junio de 2010, no podrán tener una duración superior a cuatro años.

Este tipo de contrato quedará resuelto por las siguientes causas:

a) Cuando se finalice la obra o el servicio.

b) Cuando el cliente resuelva el contrato de arrendamiento de servicios, cualquiera que sea la causa, sin perjuicio de la figura de subrogación establecida en el artículo anterior, en el caso de que exista otra Empresa de Seguridad adjudicataria.

c) Cuando el contrato de arrendamiento de servicios se resuelva parcialmente por el cliente, se producirá automáticamente una extinción parcial equivalente de los contratos de trabajo adscritos al servicio.

A efectos de la determinación de los trabajadores afectados por esta situación, se elegirán primero los de menor antigüedad, y en caso de tener la misma, se valorarán las cargas familiares, y, en todo caso, será oída la Representación de los Trabajadores.

Será personal eventual aquel que ha sido contratado por las Empresas con ocasión de prestar servicios para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad normal de la Empresa, tales como servicios de vigilancia o conducción extraordinaria, o lo realizado para ferias, concursos-exposiciones, siempre que la duración máxima de estos contratos no sea superior a doce meses en un plazo de dieciocho meses. En caso de que se concierte por un plazo inferior a doce meses, podrá ser prorrogado mediante acuerdo de las partes, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicho límite máximo.

Será personal interino, aquel que se contrate para sustituir a otro trabajador de la Empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo, durante su ausencia por incapacidad temporal, vacaciones, supuestos de excedencia especial del artículo 49 de este Convenio, cumplimiento de sanciones, etc.

Será personal temporal aquel que haya sido contratado en virtud de las disposiciones legales vigentes y específicas para este tipo de contrato.

Tanto el régimen jurídico de estos tipos de contratos como el de aquellos otros no incluidos en este artículo, será el establecido en las disposiciones legales vigentes en cada momento.

Art. 16. Contratos Indefinidos.–Será fijo en plantilla.

a) El personal contratado por tiempo indefinido una vez haya superado el período de prueba.

b) El personal eventual cuya relación contractual supere los topes de los distintos tipos de contratos temporales, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

c) El personal que, contratado para servicios determinados, siguiera prestando servicios en la Empresa terminados aquéllos, o desarrollase servicios para los que no haya sido contratado.

d) El personal interino, que una vez reincorporado al servicio el sustituido, siga prestando servicios de carácter permanente no interino en la Empresa.

e) Todo el personal que sea contratado para funciones de carácter habitual y permanente que no haya sido contratado como eventual, interino, para servicio determinado o temporal o que haya superado las periodos de encadenamiento de contratos establecidos en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.

f) El personal cuyo contrato temporal o de duración determinada se transforme en indefinido, siguiendo las normas de la legislación vigente.

Sección 2.ª Clasificación según la función

Art. 17. Normas Generales.–Las clasificaciones del personal consignadas en el presente Convenio Colectivo son meramente enunciativas, no limitativas y no suponen la obligación de tener provistas todas las plazas y categorías enumeradas, si las necesidades y volumen de la Empresa no lo requieren. En este aspecto será informada la representación de los trabajadores.

No son asimismo exhaustivos los distintos cometidos asignados a cada categoría o especialidad, pues todo trabajador incluido en el ámbito funcional de este Convenio está obligado a efectuar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores dentro de los generales cometidos de su competencia y sin menoscabo de su dignidad profesional.

Desde el momento mismo en que un trabajador realice las tareas específicas de una categoría profesional determinada y definida en el presente Convenio, habrá de ser remunerado, por lo menos, con el nivel retributivo que para tal categoría se asigne, todo ello sin perjuicio de las normas reguladoras de los trabajos de categoría superior o inferior.

Art. 18. Clasificación General.–El personal que preste sus servicios en las Empresas comprendidas en este Convenio Colectivo se clasificará, por razón de sus funciones, en los grupos que a continuación se indican:

I. Personal directivo, titulado y técnico.

II. Personal administrativo, técnico de oficinas y de ventas.

III. Personal de mandos intermedios.

IV. Personal operativo.

V. Personal de seguridad mecánico-electrónica.

VI. Personal de oficios varios.

VII. Personal subalterno.

I. Personal directivo, titulado y técnico.–En este grupo se comprenden:

a) Director General.

b) Director Comercial.

c) Director Administrativo.

d) Director Técnico.

e) Director de Personal.

f) Jefe de Personal.

g) Jefe de Seguridad.

h) Titulado de grado superior y titulado de grado medio. Técnico de prevención de grado superior.

i) Delegado Provincial-Gerente.

II. Personal Administrativo, técnico de oficina y ventas.–En este grupo comprenden:

A) Administrativos.

a) Jefe de Primera.

b) Jefe de Segunda.

c) Oficial de Primera.

d) Oficial de Segunda.

e) Azafata/o.

f) Auxiliar.

g) Telefonista.

h) Aspirante.

B) Técnicos y especialistas de oficina.

a) Analista.

b) Programador de ordenador.

c) Operador-Grabador de Ordenador.

d) Técnico de Formación y Técnico de Prevención de grado intermedio.

e) Delineante Proyectista.

f) Delineante.

C) Personal de ventas.

a) Jefe de Ventas.

b) Técnico comercial.

c) Vendedor-Promotor.

III. Personal de Mandos Intermedios.–En este grupo se comprende:

a) Jefe de Tráfico.

b) Jefe de Vigilancia.

c) Jefe de Servicios.

d) Jefe de Cámara o Tesorería de manipulado.

e) Inspector (de vigilancia, de tráfico, de Servicios).

f) Coordinador de servicios.

g) Supervisor de CRA.

IV. Personal Operativo.–Comprenden las siguientes categorías:

A) Habilitado.

a) Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor.

b) Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos-Conductor.

c) Vigilante de Seguridad de Transporte.

d) Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos.

e) Vigilante de Seguridad.

f) Vigilante de Explosivos.

g) Escolta.

h) Guarda particular de Campo (Pesca Marítima, Caza, etc.).

B) No habilitado.

a) Contador-Pagador.

b) Operador de Central Receptora de Alarmas.

V. Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica.–Comprende las siguientes categorías:

a) Encargado.

b) Ayudante Encargado.

c) Revisor de Sistemas.

d) Oficial de primera Mecánico-Electrónica.

e) Oficial de segunda Mecánico-Electrónica.

f) Oficial de tercera Mecánico-Electrónica.

g) Especialista.

h) Operador de soporte técnico.

i) Aprendiz.

VI. Personal de Oficios Varios.–Comprenderá:

a) Oficial de Primera.

b) Oficial de Segunda.

c) Ayudante.

d) Peón.

e) Aprendiz.

VII. Personal Subalterno.–Lo integran:

a) Conductor

b) Ordenanza.

c) Almacenero.

d) Limpiador-limpiadora.

Art. 19. Personal directivo, titulado y técnico.

a) Director General.–Es quien con título adecuado o amplia preparación teórico-práctica, asume la dirección y responsabilidad de la Empresa, programando y controlando el trabajo en todas sus fases.

b) Director Comercial.–Es quien con título adecuado o amplia preparación teórico-práctica asume la dirección y responsabilidad de las funciones mercantiles en su más amplio sentido y planifica, controla y programa la política comercial de la Empresa.

c) Director Administrativo.–Es quien con título adecuado o con amplia preparación teórico-práctica asume la dirección y responsabilidad de las funciones administrativas en su más amplio sentido y planifica, programa y controla la administración de la Empresa.

d) Director Técnico.–Es quien con título adecuado o amplia preparación teórico-práctica asume la dirección y responsabilidad del departamento técnico de la Empresa, aplicando sus conocimientos a la investigación, análisis y ejecución de actividades propias de sus conocimientos.

e) Director de Personal.–Es quien con título adecuado o amplia preparación teórico-práctica asume la dirección y responsabilidad de las funciones relacionadas con la gestión de personal en su amplio sentido.

f) Jefe de Personal.–El Jefe de Personal será el responsable del reclutamiento, selección y admisión del personal y de la planificación, programación, control y administración del personal de la Empresa.

g) Jefe de Seguridad.–Es el Jefe Superior del que dependen los servicios de seguridad y el personal operativo de la Empresa, y es el responsable de la preparación profesional de los trabajadores a su cargo.

h) Titulado de Grado Superior y Titulado de Grado Medio. Técnico de Prevención de Grado Superior.–Titulados son aquellos que aplican sus títulos de grado superior (Licenciatura y Doctorado) o grado medio (Diplomado Universitario, Graduado Social) y los conocimientos a ellos debido al proceso técnico de la Empresa. El Técnico de Prevención desempeñará las funciones de prevención, evaluación, planificación preventiva y otras a las que se refiere el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, debiendo poseer la formación a la que se refiere este precepto.

i) Delegado Provincial-Gerente.–Es el trabajador que actúa como máximo representante de Empresa en la provincia y asume las funciones de dirección, representación y organización en el ámbito de la misma.

Art. 20. Personal Administrativo.

A) Administrativos.

a) Jefe de Primera.–Jefe de Primera es el que provisto o no de poderes limitados, está encargado y tiene la responsabilidad directa de la oficina de la Empresa. Dependen de él diversas secciones administrativas, a las que imprime unidad. Lo será el Jefe de Compras, responsable del aprovisionamiento y compra de material y utillaje, estando bajo control e instrucción de la Dirección Administrativa de la Empresa.

b) Jefe de Segunda.–Es quien provisto o no de poder limitado, está encargado de orientar, sugerir y dar unidad a la sección o dependencia administrativa que tenga a su cargo, así como de distribuir los trabajos entre el personal que de él depende.

c) Oficial de Primera.–Es el empleado que actúa bajo las órdenes de un jefe y tiene a su cargo un trabajo determinado que requiere un cálculo, estudio, preparación y condiciones adecuadas.

d) Oficial de Segunda.–Es el empleado que con iniciativa y responsabilidad restringida, subordinado a un jefe, realiza tareas administrativas y contables de carácter secundario que requieren conocimientos generales de la técnica administrativa.

e) Azafata/o.–Es la persona mayor de dieciocho años, encargada de recibir a los clientes, proporcionar la información que soliciten, anunciarles y conducirles ante la persona o personas con quien deseen hablar, atiende las solicitudes de información o de entrevistas, concierta las mismas, las prepara en su aspectos formales y en general está encargada de las buenas relaciones entre los clientes y la Empresa; normalmente hablará dos idiomas, incluido el de origen.

f) Auxiliar.–Es el empleado que dedica su actividad a tareas y operaciones administrativas elementales y en general a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina.

g) Telefonista.–Es el empleado que tiene como principal misión estar al servicio y cuidado de una centralita telefónica pidiendo realizar tareas administrativas auxiliares.

h) Aspirante.–Es el empleado que se inicia en los trabajos de contabilidad, burocráticos o de ventas, para alcanzar la necesaria práctica profesional. No podrá permanecer en esta categoría más de un año, fecha en la que pasará a la categoría de Auxiliar Administrativo o Vendedor, según los casos.

B) Técnicos y especialistas de oficina.

a) Analista.–Verifica análisis orgánicos de aplicaciones complejas para obtener la solución mecanizada de las mismas en cuanto se refiere a:

1) Cadena de operaciones a seguir.

2) Documentos a obtener.

3) Diseño de los mismos.

4) Ficheros a tratar: su definición.

5) Puesta a punto de las aplicaciones:

Creación de juegos de ensayo.

Enumeración de las anomalías que puedan producirse y definición de su tratamiento.

Colaboración al programa de las pruebas de «lógica» de cada programa.

Finalización de los expedientes de aplicaciones complejas.

b) Programador de Ordenador.–Le corresponde:

a) Estudiar los programas complejos definidos por los análisis, confeccionando organigramas detallados de tratamiento.

b) Redactar programas en el lenguaje de programación que le sea indicado.

c) Confeccionar juegos de ensayo, poner a punto los programas y completar los expedientes técnicos de los mismos.

d) Documentar el manual de consola.

c) Operador-Grabador de Ordenador.–Maneja los ordenadores para el tratamiento de la información, introduciendo datos en su caso, interpreta y desarrolla las instrucciones y órdenes para su explotación.

d) Técnico de Formación y Técnico de Prevención de Grado Intermedio.–El Técnico de Formación es aquel empleado que debidamente acreditado por el Ministerio del Interior imparte enseñanza en Centros de Formación para la actualización y adiestramiento del personal de seguridad privada.

El Técnico de Prevención de Grado Intermedio es aquel empleado que, con la Formación prevista en la legislación vigente, realiza las funciones de prevención, evaluación, planificación preventiva y otras a que se refiere dicho precepto.

e) Delineante Proyectista.–Es el empleado que, dentro de las especialidades propias de la sección en que se trabaje, proyecta o detalla los trabajos del Técnico superior, a cuyas órdenes actúa, es el que, sin superior inmediato, realiza lo que personalmente concibe según los datos y condiciones técnicas exigidas por los clientes o por la Empresa.

f) Delineante.–Es el técnico que está capacitado para el desarrollo de proyectos sencillos, levantamiento o interpretación de planos y trabajos análogos.

C) Personal de Ventas.

a) Jefe de Ventas.–Es el que, provisto o no de poderes limitados, y bajo el control e instrucción de la Dirección Comercial de la Empresa, está encargado y tiene la responsabilidad directa de la promoción comercial y captación de clientes para la Empresa.

b) Técnico comercial.–Es el que, bajo las órdenes del Jefe de Ventas, realiza para la Empresa funciones de prospección de mercado y de coordinación, en su caso, de vendedores y promotores.

c) Vendedor-Promotor de Ventas.–Es el empleado afecto al Departamento Comercial de la Empresa,y a su único servicio, que realiza las funciones de prospección del mercado y la promoción y venta de los servicios de seguridad, realizando los desplazamientos necesarios tanto para la captación de clientes, como para la atención a los mismos, una vez contratados.

Art. 21. Personal de Mandos Intermedios.

a) Jefe de Tráfico.–Es el que, bajo las órdenes directas del Jefe de Seguridad, con iniciativa y responsabilidad, tiene a su cargo la prestación de los servicios de conducción y traslado de caudales, fondos, valores, joyas, y otros bienes valiosos, estando bajo sus órdenes la totalidad de los Vigilantes de Seguridad Conductores y los vehículos blindados, siendo responsable de la distribución, control del personal citado y de los vehículos, así como de los trayectos, rutas, consumos, mantenimiento y conservación del parque móvil, así como de los Vigilantes de Seguridad mientras forman la dotación del vehículo.

b) Jefe de Vigilancia.–Es el que, bajo las órdenes directas del Jefe de Seguridad, con iniciativa y responsabilidad, tiene a su cargo la dirección práctica de la prestación de los servicios de vigilancia y protección de locales, bienes o personas, así como de escolta en la conducción de caudales, fondos, etc., distribuyendo y controlando al personal citado, así como el mantenimiento y conservación del equipo y armas de la totalidad del personal vigilante.

c) Jefe de Servicios.–Es el responsable de planificar, controlar, orientar, dirigir y dar unidad a las distintas secciones productivas de la Empresa, siendo el responsable de la buena marcha y coordinación del trabajo realizado en las zonas y equipos productivos de la misma.

d) Jefe de Cámara o Tesorería de Manipulado.–Es el responsable de planificar, controlar, orientar, dirigir y dar unidad a las distintas secciones productivas de la Empresa, relacionadas con el contaje y manipulación de efectivo en la división de Transporte de Fondos.

e) Inspector.–Es aquel empleado que tiene por misión verificar y comprobar el exacto cumplimiento de las funciones y obligaciones atribuidas a Vigilantes, Conductores y demás empleados, dando cuenta inmediata al Jefe de Servicios correspondiente de cuantas incidencias observe en la prestación de los servicios, tomando las medidas de urgencia que estime oportunas en los casos de alteración del orden público, de tráfico o accidentes, encargándose de mantener la disciplina y pulcritud entre sus empleados. Podrá ser de Vigilancia, de Tráfico, de Servicios, etc., según corresponda.

f) Coordinador de servicios.–Es aquel empleado, bajo las ordenes directas del Jefe de Servicios, que tiene como función la coordinación de uno o más servicios de la empresa, encargándose de la solución de las incidencias que puedan surgir en los mismos para una mayor eficacia y cumplimiento.

g) Supervisor de CRA.–Es aquel empleado encargado de coordinar las funciones de los operadores de receptores de alarma, resolver las dudas e incidencias que se produzcan en este servicio, así como las reclamaciones operativas de este personal.

Art. 22. Personal Operativo.

A) Habilitado.

A.1 Personal operativo habilitado adscrito a servicios de transporte de fondos:

La tripulación de cada Vehículo Blindado está compuesta por un Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor y dos Vigilantes de Seguridad de Transporte. Los Vigilantes de Seguridad, que esporádicamente, realicen funciones de Vigilante de Transporte o de Vigilante Conductor, percibirán las mismas retribuciones que los que ostentan tales categorías laborales, durante el tiempo que presten dichos servicios de transporte.

a) Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor.–Es el Vigilante de Seguridad que, estando en posesión del adecuado permiso de conducir y con conocimientos mecánicos elementales en automóviles, efectuará las siguientes funciones:

a.1) Conduce vehículos blindados.

b.1) Cuida del mantenimiento y conservación de los vehículos blindados. Asimismo cuida de las tareas de limpieza de los mismos, dentro de las adecuadas instalaciones de la Empresa y con los medios adecuados o, en su defecto, en instalaciones del exterior, dentro de la jornada laboral.

c.1) Da, si se le exige, parte diario y por escrito del trayecto efectuado, del estado del automóvil y de los consumos del mismo.

d.1) Comprobará los niveles de agua y aceite del vehículo completándolos, si faltare alguno de los dos, dando parte al Jefe de Tráfico.

e.1) Revisará diariamente los depósitos de liquido de frenos y de embrague, dando cuenta de las pérdidas observadas.

f.1) Revisará los niveles de aceite del motor, debiendo comunicar al Jefe de Tráfico la fecha de su reposición periódica.

g.1) Cuidará el mantenimiento de los neumáticos del vehículo, revisando la presión de los mismos una vez por semana.

h.1) Aquellas otras funciones complementarias a las que hace referencia el plus de actividad del personal de transporte de fondos.

Al ostentar la categoría y calidad de Vigilante de Seguridad, realizará las tareas propias del mismo, en la medida que sean compatibles con la conducción del vehículo blindado.

b) Vigilante de Seguridad de Transporte.–Es el Vigilante que, con las atribuciones de su cargo, desarrolla su labor en el servicio de transporte y custodia de bienes y valores, haciéndose responsable a nivel de facturación de dichos valores cuando la misma le fuere asignada, teniendo que desempeñar la labor de carga y descarga de los mismos, colaborando con el Vigilante de Seguridad Conductor en las tareas de mantenimiento y limpieza del vehículo dentro de su jornada laboral, así como las otras funciones complementarias a las que hace referencia el plus de actividad del personal de transporte de fondos. La carga y descarga se realizará de forma que los Vigilantes tengan, en todo momento la libertad de movimiento necesaria para utilizar el arma reglamentaria. El peso que deberá soportar de una sola vez no excederá de 15 kilogramos.

A.2 Personal operativo adscrito a servicios de transporte de explosivos:

a) Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos-Conductor: Es el vigilante que, estando en posesión del adecuado permiso de conducir y con conocimientos mecánicos elementales, realizará las funciones propias de Transporte de explosivos, siéndole de aplicación las comunes que se refieren al V.S. de transporte conductor que se describen en el apdo. A.1 a), salvo a.1).

b) Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos: Es el vigilante que con las atribuciones de su cargo desarrolla su labor en el servicio de transporte y custodia de explosivos, carga y descarga de materias y objetos explosivos envasados, acondicionamiento de la carga en la caja del vehículo así como de la vigilancia permanente del mismo, así como las otras funciones complementarias a las que hace referencia el plus de actividad del personal de transporte de explosivos.

A.3 Personal operativo adscrito a servicios de vigilancia:

a) Vigilante de Seguridad.–Es aquel trabajador mayor de edad, que reuniendo cuantos requisitos exija la legislación vigente, realice las funciones descritas en la misma.

Funciones de los Vigilantes de Seguridad.–Las funciones que deberán desarrollar este personal operativo serán las siguientes:

1) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.

2) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener documentación personal.

3) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.

4) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.

5) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

6) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b) Vigilante de Explosivos.–Es aquel trabajador mayor de edad, que reuniendo cuantos requisitos exija la legislación vigente realice las funciones descritas en la misma.

c) Escolta.–Es aquel trabajador, mayor de edad, cuyas funciones consisten en el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos, siempre que estén debidamente facultados para dicha función de acuerdo con la legislación vigente.

d) Guarda Particular de Campo (Pesca Marítima, Caza, etc.).–Es aquel trabajador mayor de edad que reuniendo cuantos requisitos exija la legislación vigente, realice las funciones descritas en la misma.

Se entiende que las categorías de Vigilante de Seguridad Conductor, Vigilantes de Seguridad de Transporte y Vigilante de Seguridad son distintas en razón a las funciones que desempeñan y del salario y pluses que tienen establecidos, aunque son jerárquicamente del mismo rango, lo que se fundamenta legalmente en los artículos 11 apartado e), 18 y 22 de este Convenio Colectivo en concordancia con el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.

B) No habilitado.

a) Contador-Pagador.–Es aquel operario afecto a la Empresa que en las oficinas o en el mismo vehículo, tiene a su cargo el control y revisión, así como el cómputo de los bienes, caudales, fondos, pago de nóminas, etc., objeto de conducción o custodia, debiendo diligenciar de forma adecuada los albaranes de entrega y recibo, previa conformación de las anomalías que al respecto se produzcan, y aquellas otras funciones complementarias a que se refiere el plus de actividad del personal de transporte de fondos.

Si fuera Vigilante de Seguridad desempeñará, además, las tareas propias de su categoría, pudiendo serle encomendada la dirección de las tareas de carga y descarga del vehículo blindado.

b) Operador de Central Receptora de Alarmas.–Es el trabajador, que maneja los equipos electrónicos para el tratamiento de la información e interpreta y desarrolla las instrucciones y ordenes para su explotación.

Funciones:

1. Cuidará del mantenimiento y conservación de los equipos electrónicos a su cargo.

2. Dará parte diario de las incidencias producidas durante su servicio, en el cual constará:

La recepción de alarmas producidas durante el servicio.

Comunicaciones de las recepciones de alarmas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

3. Comprobará diariamente el funcionamiento de los equipos electrónicos.

4. Ejecutará las órdenes previstas en la ley de seguridad privada respecto del funcionamiento de las centrales receptoras de alarmas, excepto las propias del Vigilante de Seguridad.

Art. 23. Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica.

a) Encargado.–Es el trabajador que procediendo de los operarios de oficio, dirige y vigila los trabajos que tenga asignados, estando a las órdenes directas del personal directivo, titulado o técnico, ejerciendo funciones de mando sobre el personal a sus órdenes y que se ocupa de la debida ejecución práctica de los trabajadores, responsabilizándose de los mismos.

b) Ayudante de Encargado.–Es el trabajador que, procediendo de los operarios de oficio y bajo las órdenes directas del Encargado o del personal directivo, titulado o técnico, ejerciendo funciones de mando sobre el personal a sus órdenes y que se ocupa de la debida ejecución práctica de los trabajos, responsabilizándose de los mismos.

c) Revisor de Sistemas.–Es aquel trabajador, que con conocimientos teóricos y prácticos en materia de vigilancia, seguridad y/o sistemas de alarma y seguridad, tiene como misión principal entre otros, la de inspeccionar el funcionamiento, conservación, reparación, renovación y asesoramiento sobre dichos sistemas y mecanismos.

d) Oficial de Primera. Mecánico-Electrónica.–Es el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de un oficio determinado, ostentando una alta cualificación realiza con iniciativa y responsabilidad todas las tareas laborales inherentes al mismo que tienen lugar en el centro de trabajo en localizaciones y localidades varias, conllevando dicho trabajo la necesidad de desplazamientos y pernoctas.

e) Oficial de Segunda. Mecánico-Electrónica.–Es el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de un oficio determinado de forma cualificada, realiza con responsabilidad todas las tareas laborales inherentes al mismo que tienen lugar en el centro de trabajo en localizaciones y localidades varias conllevando dicho trabajo la necesidad de desplazamiento y pernoctas.

f) Oficial de Tercera. Mecánico-Electrónica.–Es el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de un oficio determinado de forma cualificada, realiza con responsabilidad todas las tareas laborales inherentes a su nivel que tienen lugar en el centro de trabajo, o en localizaciones y localidades varias conllevando dicho trabajo la necesidad de desplazamientos y pernoctas.

El trabajador que haya permanecido en la categoría de Oficial de Tercera durante un período mínimo de tres años, promocionará automáticamente a la categoría de Oficial de Segunda.

g) Especialista.–Es el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de una especialidad en una secuencia de trabajo determinado de forma cualificada, realiza con responsabilidad todas las tareas inherentes a dicha especialidad, con o sin especificación de centro determinado de trabajo.

h) Operador de soporte técnico.–Es aquel empleado que, desde la sede del Centro de Trabajo, se encarga del estudio de las averías e incidentes técnicos, de la solución de averías y del asesoramiento del personal de la empresa, vía remota, durante las labores de instalación y mantenimiento en las instalaciones de los clientes.

i) Aprendiz.–Es aquel que está ligado a la Empresa con contrato de aprendizaje, por cuya virtud el empresario, a la vez que utiliza su trabajo, se obliga a enseñarle, por si o a través de otro, alguno de los oficios clásicos.

Art. 24. Personal de Oficios Varios.

a) Oficial.–Es el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de un oficio determinado, realiza con iniciativa y responsabilidad todas o algunas tareas laborales propias del mismo con rendimiento correcto, determinado que en aquel caso lo será de primera y en éste de segunda.

b) Ayudante.–Es el operario encargado de realizar tareas concretas que no constituyen labor calificada de oficio o que bajo la inmediata dependencia de un oficial colabora en funciones propias de éste bajo su responsabilidad.

c) Peón.–Es el operario mayor de dieciocho años encargado de realizar tareas para cuya ejecución se requiere únicamente la aportación de esfuerzo y atención, sin la exigencia de práctica operativa alguna.

d) Aprendiz.–Es aquel que está ligado a la Empresa con contrato de aprendizaje, por cuya virtud el Empresario, a la vez que utiliza su trabajo, se obliga a enseñarle por si o, a través de otro, alguno de los oficios clásicos.

Art. 25. Personal Subalterno.

a) Conductor.–Es aquel trabajador que estando en posesión del permiso de conducir adecuado al vehículo a utilizar desempeña las funciones de mensajería, transporte de material o de personal.

b) Ordenanza.–Es el trabajador mayor de 18 años que, con elementales conocimientos y responsabilidad, se le encomiendan recados, cobros, pagos, recepción y entrega de la correspondencia y documentos, pudiendo realizar en oficinas tareas de índole elemental por orden específica de sus superiores.

c) Almacenero.–Es el trabajador subalterno encargado de facilitar los pedidos del personal al almacén llevando el control de sus existencias.

d) Limpiador-Limpiadora.–Es el trabajador mayor de edad que se ocupa de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones del centro y dependencia de la Empresa.

CAPÍTULO V

Ingresos

Art. 26. Normas Generales.–Para el ingreso del personal comprendido en el presente Convenio Colectivo se observarán, sin excepción, las normas legales vigentes en materia de contratación y generales de colocación, así como las especiales que correspondan. En el concurso-oposición, el personal de la Empresa perteneciente a otro grupo o categoría tendrá preferencia, en igualdad de condiciones, para ocupar las plazas vacantes. Tendrán derecho preferente, también para ocupar plazas de ingreso, en igualdad de méritos, aquellos trabajadores que hayan desempeñado en la Empresa funciones de carácter eventual, interino o temporal a satisfacción de aquélla. En todo este proceso deberá intervenir la representación de los trabajadores de acuerdo con la Normativa vigente.

Art. 27. Condiciones de Ingreso.–Las condiciones para ingresar en las Empresas a que se refiere el presente Convenio Colectivo, en lo referente al Personal Operativo de Seguridad Habilitado, deberán acomodarse preceptivamente a las normas que al efecto exigen las disposiciones legales vigentes.

Art. 28. Contratos.–Los contratos que celebren las Empresas para servicio determinado, eventual, interino y temporal, y cualquier otro que la Norma permita deberán ser por escrito, haciendo constar los requisitos y circunstancias que exija la legislación vigente, en materia de empleo, y en especial la mención expresa del servicio para que se contrata, la causa de la eventualidad en los contratos eventuales, incluyendo la condición determinante de la resolución del contrato de trabajo, el motivo de la interinidad y el nombre del sustituido y finalmente la duración del contrato, en los supuestos que corresponda.

Art. 29. Período de prueba.–Podrán concertarse por escrito un período de prueba, durante el cual cualquiera de las partes podrá rescindir, por escrito, el contrato sin derecho a indemnización de ningún tipo. El período de prueba no podrá exceder del siguiente tiempo, según la categoría profesional:

Personal Directivo, Titulado y Técnico: Seis meses.

Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica: Dos meses.

Personal Cualificado: Administrativos, Mandos Intermedios y de Oficios Varios: Tres meses.

Personal Operativo: Dos meses. No obstante, no existirá periodo de prueba si el trabajador fuera contratado de nuevo por la misma empresa en el periodo de dos años posterior al último contrato.

Personal no Cualificado: Quince días laborables.

Art. 30. Reconocimiento Médico.–El personal de la Empresa vendrá obligado a someterse, a la iniciación de la prestación, a examen médico, entregándose una copia al interesado.

CAPÍTULO VI

Ascensos, provisión de vacantes, plantillas

y escalafones

Art. 31. Ascensos y provisión de vacantes.–Las vacantes de categoría superior que se originen en la Empresa, salvo amortización de la plaza, se cubrirán en igualdad de condiciones con las personas ajenas o por personal del censo de la Empresa, de acuerdo con las normas siguientes:

A) Libre designación.–Serán de libre designación de la Empresa las personas que deban ocupar vacantes entre el personal directivo, titulado, técnico, jefes (incluidos el de tráfico, de cámara, de vigilancia) e inspectores.

B) En las restantes categorías, las vacantes se cubrirán por concurso oposición y de méritos de acuerdo con las siguientes bases:

Los aspirantes de personal no operativo deberán tener una antigüedad mínima de un año y pertenecer al centro de trabajo donde exista la vacante.

Para acceder al cambio de categoría del personal operativo de vigilancia, transporte de fondos, la antigüedad mínima será de dos años, además de reunir los requisitos del apartado B) anterior, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del artículo 22 A) de este convenio.

C) Se nombrará un Tribunal calificador de las pruebas, compuesto por tres personas, de las cuales una será un técnico de formación que actuará de Secretario, otra como representante de la Empresa y otra persona, que tendrá voz y voto y será designada por la representación de los trabajadores (Comité de Empresa, Delegados de Personal o Delegado Sindical).

El Tribunal determinará las pruebas de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria, que consistirá en:

Exámenes psicotécnicos.

Examen teórico de formación básica.

Examen teórico de formación específica.

Exámenes prácticos.

La calificación de las pruebas será realizada, en conjunto, por el Tribunal calificador, que levantará acta en la que figuren los resultados obtenidos por cada candidato, no pudiendo quedar declarada desierta la plaza, si alguno de los candidatos supera el 50% de la puntuación.

Para establecer el orden de preferencia de los candidatos que hayan superado las pruebas de aptitud se sumará a la calificación global obtenida por cada uno de ellos (base de 0 a 10) los puntos que resulten de aplicar:

Por cada año de antigüedad en la empresa: 0,20 puntos, con un máximo de dos puntos.

Premios por actos heroicos y meritorios registrados en su expediente personal máximo 1 punto).

Cursos de formación realizados: a los que hubieren podido presentarse cualquier trabajador del centro donde exista la vacante, 0,10 puntos cada uno, con un máximo de 2 puntos.

No superado el examen por ninguno de los concursantes, se proveerá la plaza con personal de libre designación o de nuevo ingreso, exigiéndosele para desempeñar el puesto vacante la formación mínima exigida en las bases.

Art. 32. Política de Estabilidad en el Empleo.–Las Empresas sujetas al presente Convenio deberán contar, al menos, con un 60% de fijos en plantilla, durante los años 2009 y 2010 y con, al menos, un 65% de empleados indefinidos, a fecha 31 de diciembre de 2011.

Dicho porcentaje deberá computarse según el ámbito territorial de la Empresa, excluyéndose de la plantilla, a efectos de cómputo, aquellos trabajadores cuya antigüedad en la Empresa sea igual o inferior a un año, así como los contratos por obra o servicio determinado.

En consecuencia, todas las Empresas comprendidas en el Convenio Colectivo vienen obligadas a confeccionar plantillas de su personal fijo, señalando el número de trabajadores que comprende cada categoría profesional, con la separación y especificación de grupos y subgrupos. La plantilla se confeccionará cada año como máximo.

Para controlar dichos porcentajes se constituye una Comisión Mixta Empresa-Trabajadores con las más amplias facultades que en derecho puedan existir y cuya composición será de una persona por cada Sindicato firmante del Convenio e igual número de representantes por parte de la representación empresarial.

Las Empresas sujetas al presente Convenio están obligadas a proporcionar a la Comisión antes citada información escrita relacionada con el cumplimiento de este artículo.

Ambas partes se obligan a reunirse en Comisión durante el primer trimestre del año con el fin de comprobar el cumplimiento de este precepto.

Art. 33. Escalafones.–Las Empresas deberán confeccionar y mantener el escalafón general de su personal, como mínimo deberá figurar en el mismo los datos correspondientes a todos y cada uno de sus trabajadores, con el detalle que sigue:

1. Nombre y apellidos.

2. Fecha de nacimiento.

3. Fecha de ingreso en la Empresa.

4. Categoría profesional.

5. Fecha de nombramiento o acceso a la categoría.

6. Fecha de próximo vencimiento del periodo del complemento de antigüedad.

7. Número de orden.

Dentro del primer trimestre natural de cada año las Empresas publicarán el escalafón, con expresión de los datos anteriormente señalados, para conocimiento de todo el personal de la Empresa.

El personal podrá formular reclamación contra los datos del escalafón mediante escrito dirigido a la Empresa dentro de los quince días siguientes a la publicación del mismo, debiendo las Empresas resolver la reclamación en el plazo de quince días más. Contra el acuerdo desestimatorio, expreso o tácito, que se presumirá cuando la Empresa no resuelva en el plazo mencionado, los interesados podrán formular la reclamación que proceda ante la Autoridad competente.

Art. 34. Asignación de categoría a los puestos de trabajo.–En el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del presente Convenio Colectivo, todas las Empresas afectadas deberán establecer un cuadro de categorías profesionales, si no tuvieren, de acuerdo con las normas establecidas en el capítulo IV de este Convenio.

Se atenderá a las condiciones y capacidad del trabajador y las funciones que realmente vinieran realizando. Verificado el acoplamiento se pondrá, en el plazo de diez días, en conocimiento de los interesados; quienes no estén de acuerdo, podrán reclamar ante la Jurisdicción Laboral competente.

CAPÍTULO VII

Lugar de trabajo, traslados y cambios de puesto

Art. 35. Lugar de trabajo.–Dadas las especiales circunstancias en que se realiza la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia, la movilidad del personal vendrá determinada por las facultades de organización de la Empresa, que procederá a la distribución de su personal entre sus diversos lugares de trabajo de la manera más racional y adecuada a los fines productivos dentro de una misma localidad. A estos efectos se entenderá por localidad tanto el municipio de que se trate, como a las concentraciones urbanas o industriales que se agrupen alrededor del mismo y que formen con aquél una Macroconcentración urbana o industrial, aunque administrativamente sean municipios distintos siempre que estén comunicados por medios de transporte públicos a intervalos no superiores a media hora, a la entrada y/o salida de los trabajadores. El personal de las Empresas que desempeñen tareas de vigilancia podrá ser cambiado de un centro de trabajo a otro, de acuerdo con las facultades expresadas, dentro de una misma localidad, destinando a ser posible, para cada lugar de trabajo, a aquellos trabajadores del servicio de seguridad y vigilancia que residan más cerca de aquél.

Los trabajos realizados dentro de la zona definida como localidad no darán lugar a dietas para ninguno de los trabajadores de las Empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo, y sí a los correspondiente pluses de distancia y transporte pactados.

Se acuerda constituir Comisiones Paritarias a los efectos de determinar los límites de cada una de las Macroconcentraciones urbanas o industriales a que se refiere este artículo.

Tales Comisiones habrán de constituirse en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha en que una de las partes requiera a la otra con tal finalidad, el domicilio a efectos de citaciones de la Comisión Paritaria será el de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, Marqués de Urquijo, 5, segunda planta, 28008 Madrid.

Art. 36. Desplazamientos.–Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad del servicio fuera de la localidad, entendida en los términos del artículo 35 donde habitualmente presta sus servicios o cuando salga de la localidad para la que haya sido contratado, tendrá derecho al percibo de dietas salvo que dicho desplazamiento no tenga perjuicios económicos para el trabajador. En el caso de que no se desplace en vehículo de la Empresa, tendrá derecho a que se le abone, además el importe del billete en medio de transporte idóneo.

Si el desplazamiento se realizase en un vehículo particular del trabajador, se abonará, durante 2009 y 2010 a razón de 0,25 euros el kilómetro y durante los años 2011 y 2012 a razón de 0,26 euros el kilómetro.

Art. 37. Importe de las Dietas.–El importe de las dietas acordadas en este Convenio Colectivo será:

Importe de dietas para los años 2009 y 2010

Euros

Cuando el trabajador tenga que hacer una comida fuera de su localidad ..............................................

9,11

Cuando el trabajador tenga que hacer dos comidas fuera de su localidad ............................................

16,80

Cuando el trabajador tenga que pernoctar y desayunar ..........

15,41

Cuando el trabajador tenga que pernoctar fuera de su localidad y realizar dos comidas ..........................

30,81

Si el desplazamiento fuera superior a siete días, el importe de la dieta completa será a partir del octavo día de ........................................................

24,49

Importe de dietas para el año 2011

Euros

Cuando el trabajador tenga que hacer una comida fuera de su localidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,20

Cuando el trabajador tenga que hacer dos comidas fuera de su localidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,97

Cuando el trabajador tenga que pernoctar y desayunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,56

Cuando el trabajador tenga que pernoctar fuera de su localidad y realizar dos comidas . . . . . . . . . . . . .

31,12

Si el desplazamiento fuera superior a siete días, el importe de la dieta completa será a partir del octavo día de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,73

Las cantidades señaladas en el cuadro correspondiente al año 2011 experimentarán en 2012 una revalorización equivalente al IPC real del 2011 más la diferencia entre el IPC real del 2010 y el 1%.

Art. 38. Traslados.–Los traslados del personal serán aquellos desplazamientos fuera de la localidad de origen que exijan o impliquen cambio de residencia, y podrán estar determinados por alguna de las siguientes causas:

1. Petición del trabajador y/o permuta. Existirá preferencia en estos supuestos para el trabajador fijo, en función de su antigüedad real en la Empresa, siempre que concurran servicios de igual naturaleza y duración que los por él ocupados.

2. Mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador.

3. Por necesidades del servicio; previo el procedimiento legal correspondiente.

El traslado no dará derecho a dietas.

En los traslados a petición del trabajador y en los de permuta no habrá lugar ni derecho a indemnización por los gastos que se originen por el cambio de residencia.

La fecha de petición del traslado o permuta se considerará prioritaria para acceder a la misma.

Los traslados realizados por mutuo acuerdo se regirán por los pactos que por escrito se hayan establecido, indicando el lugar y duración del mismo.

En los traslados por necesidades del servicio las Empresas habrán de demostrar la urgencia de las necesidades. En caso de oposición al traslado por parte del trabajador éste acudirá a la jurisdicción competente. El traslado por tal motivo dará derecho al abono de los gastos de viaje de traslado y de los familiares que con él convivan, el transporte gratuito de mobiliario y enseres y a una indemnización equivalente a dos mensualidades de salario real.

El trabajador que haya sido trasladado por necesidades del servicio no podrá ser trasladado de nuevo en un plazo de cinco años, salvo acuerdo mutuo.

CAPÍTULO VIII

Trabajos de superior e inferior categoría

Art. 39. Movilidad funcional.–Las Empresas, en caso de necesidad, podrán exigir de sus trabajadores la realización de trabajos de categoría superior con el salario que corresponda a la nueva categoría, reintegrándose a su antiguo puesto cuando cese la causa del cambio.

Este cambio no podrá tener una duración superior a tres meses ininterrumpidos, debiendo el trabajador reintegrarse a su antiguo puesto y categoría al finalizar aquel período. Si el trabajador ocupara el puesto de categoría superior durante doce meses alternos consolidará el salario de dicha categoría a partir de ese momento, sin que ello suponga necesariamente la creación de un puesto de trabajo de esa categoría.

Estas consolidaciones no son aplicables a los casos de sustitución por incapacidad temporal o licencia, en cuyos casos la realización de trabajos de categoría superior cesará en el momento en que se reincorpore a su puesto de trabajo al sustituido.

El trabajador que realice por motivos de auténtica necesidad funciones de categoría inferior a la suya conservará el salario de su categoría profesional. Esta situación no podrá ser superior a tres meses de duración.

Las Empresas evitarán reiterar que la realización de trabajos de inferior categoría recaiga en un mismo trabajador. Si el cambio de destino para el desempeño de trabajos de categoría inferior tuviera su origen en la petición del trabajador, se asignará a éste la retribución que corresponda al trabajo efectivamente realizado. Procurarán las Empresas que los servicios especiales, ordinariamente mejor retribuidos, sean de carácter rotativo entre los aspirantes al desempeño de los mismos.

CAPÍTULO IX

Causas de extinción del contrato de trabajo

Art. 40. Terminación de la Relación Laboral.–El cese de los trabajadores en las Empresas tendrá lugar por cualquiera de las causas previstas en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación vigente, incluyéndose entre ellas lo previsto en el artículo 14 de este Convenio.

En el caso de cese por voluntad del trabajador, el personal directivo, titulado y técnico deberá preavisar su baja con una antelación no inferior a dos meses. El personal administrativo o de mando intermedio, el personal operativo, subalterno y de oficios varios, con quince días hábiles de antelación. La falta de cumplimiento del preaviso llevará consigo la pérdida de los salarios correspondientes a quince días hábiles sin incluir en éstos la cantidad correspondiente a las partes proporcionales de las pagas extraordinarias de dicho período. Si el preaviso se hubiera efectuado en período hábil inferior a los quince días hábiles previstos, la pérdida de los salarios correspondientes será proporcional al período hábil no preavisado. El preaviso deberá ejercitarse siempre por escrito y las Empresas vendrán obligadas a suscribir el acuse de recibo.

La falta de preaviso por parte de la Empresa en casos de finalización del contrato, de quince días, según prevé la legislación vigente, dará lugar a la indemnización correspondiente o a la parte proporcional si el preaviso se hubiera efectuado en período inferior al previsto.

Las liquidaciones se pondrán a disposición de los trabajadores dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la baja y el finiquito no tendrá carácter liberatorio hasta transcurridas 72 horas desde su entrega.

CAPÍTULO X

Jornada de trabajo, descansos y vacaciones

Art. 41. Jornada de trabajo.–La jornada de trabajo de 1.782 horas anuales de trabajo efectivo en cómputo mensual, a razón de 162 horas. No obstante, las Empresas, de acuerdo con la Representación de los Trabajadores podrán establecer fórmulas alternativas para el cálculo de la jornada mensual a realizar.

Asimismo, si un trabajador por necesidades del servicio no pudiese realizar su jornada mensual, deberá compensar su jornada, en el mismo o distinto servicio, en los dos meses siguientes.

Igualmente, aquellas Empresas con sistemas de trabajo específico tales como entidades de crédito en donde no sea posible tal compensación, podrán acordar con los representantes de los trabajadores otros cómputos distintos a los establecidos en este artículo.

Se entenderá como trabajo nocturno el que se realice entre las veintidós horas y las seis horas.

Entre la jornada terminada y el inicio de la siguiente, deberá mediar un mínimo de trece horas, salvo en los casos siguientes: a) por especial urgencia o perentoria necesidad, b) en el trabajo a turnos.

Los trabajadores de vigilancia que prestan sus servicios en Cajas de Ahorro y Bancos, durante el horario de atención al público, en jornada continuada de 8,30 a 16,45 horas, como mínimo, tendrán derecho por día trabajado en ese horario a una ayuda alimentaria que deberá ser pactada entre la Dirección de cada Empresa y los Representantes de los Trabajadores, no pudiendo pactar, en ningún caso, cantidades inferiores a 5 euros. Para dichos trabajadores, la jornada será de 1.782 horas.

Si la jornada de trabajo fuera partida el trabajador tendrá derecho, al menos, a dos horas y media de descanso entre la jornada de la mañana y de la tarde, salvo pacto en contrario.

Para el personal no operativo el descanso será de hora y media entre jornada y jornada, salvo pacto en contrario.

Las Empresas someterán a la aprobación de la representación de los trabajadores el correspondiente horario de trabajo de su personal y lo coordinarán en los distintos servicios para el más eficaz rendimiento. La representación de los trabajadores será informada de la organización de los turnos y relevos.

A partir del 1 de enero de 2011, con el fin de conciliar la vida laboral y familiar, las empresas facilitarán a los trabajadores la libranza de, al menos, un fin de semana al mes –sábado y domingo–, salvo en los siguientes supuestos:

a) Cuando los trabajadores se adscriban voluntariamente a prestar servicios en tales días.

b) Cuando los trabajadores hayan sido contratados expresamente para prestar servicios en dichos días.

c) Cuando el trabajador esté adscrito a un servicio con un sistema pactado de rotación de libranza diferente.

d) Cuando, excepcionalmente, se requiera por los clientes a los que se prestan servicios obligatorios en los fines de semana un incremento imprevisto de plantilla, que pueda impedir a la empresa facilitar puntualmente dicha libranza.

Los trabajadores podrán intercambiarse los turnos de trabajo entre ellos, previa comunicación a la empresa con veinticuatro horas de antelación.

Las jornadas de trabajo o calendario laboral para el Transporte de Fondos y manipulado, se fijarán anualmente y con un mes de antelación al inicio del nuevo año. El calendario laboral se pactará entre la representación de los trabajadores y la empresa, atendiendo a las características especiales de cada delegación donde constarán los días laborables, festivos de cada Comunidad, así como la hora de entrada y quedando garantizada la jornada diaria que se pacte. Cada trabajador recibirá copia de su calendario anual.

Dadas las especiales características de la actividad, se entenderán de carácter ininterrumpido el funcionamiento de los centros de trabajo en las Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, debiéndose respetar siempre la jornada máxima del trabajador.

Art. 42. Horas extraordinarias.–Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de la jornada ordinaria establecida en el artículo 41 de este Convenio Colectivo y se abonarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.

Si bien la realización de horas extraordinarias es de libre aceptación del trabajador, cuando se inicie un servicio de vigilancia o de conducción de caudales, deberá proseguir hasta su conclusión o la llegada del relevo. El período de tiempo que exceda de la jornada ordinaria de trabajo se abonará como horas extraordinarias.

Art. 43. Modificación de horario.–Cuando por necesidades del servicio las Empresas precisen la modificación de los horarios establecidos, podrán cambiarlos de conformidad con el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 44. Descanso anual compensatorio.–Dadas las especiales características de la actividad y el cómputo de jornada establecida en el artículo 41, los trabajadores afectados por el presente Convenio, adscritos a los servicios y cuya jornada diaria sea igual o superior a ocho horas, tendrán derecho a un mínimo de 96 días naturales de descanso anual, quedando incluidos en dicho descanso los domingos y festivos del año que les correspondiera trabajar por su turno y excluyendo de este cómputo el período vacacional que se fija en el artículo siguiente.

El resto del personal tendrá derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido.

Cuando excepcionalmente y por necesidades del servicio no pudiera darse el descanso compensatorio por concurrir los supuestos previstos en el artículo 47 del Real Decreto 2001/1983 declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, se abonará dicho día con los valores mencionados en el artículo 42.

Art. 45. Vacaciones.–Todos los trabajadores disfrutarán vacaciones retribuidas, con arreglo a las condiciones siguientes:

1. Tendrán una duración de treinta y un días naturales para todo el personal de las Empresas sujetas a este Convenio Colectivo que lleve un año al servicio de las mismas.

2. Se abonarán por el «total» de la Tabla de Retribuciones del anexo, y por los conceptos comprendidos en ella, más el Complemento Personal de antigüedad (trienios- quinquenios) además de la parte proporcional del plus de peligrosidad correspondiente a los doce últimos meses.

3. En cada Empresa se establecerá un turno rotativo de disfrute de las vacaciones. El período que constituye turno se determinará de acuerdo entre las Empresas y el Comité de Empresas o Delegados de Personal, debiéndose fijar el cuadro de vacaciones con antelación de dos meses al inicio del período anual de vacaciones.

4. En los casos en que un trabajador se encuentre en situación de I.T., iniciada con anterioridad al momento en que estuviera previsto comenzar su período de vacaciones, se aplazarán estas disfrutándose cuando el servicio así lo permita. En caso de no poder disfrutarlas dentro del año natural, lo hará durante el primer trimestre del año siguiente al devengo de las mismas.

No obstante, cuando una trabajadora se encuentre disfrutando las vacaciones y sea baja por maternidad, se interrumpirá el disfrute de las mismas, tomando los días restantes, de mutuo acuerdo con la empresa cuando cause alta por aquel motivo.

5. Cuando un trabajador cese en el transcurso del año, tendrá derecho a la parte proporcional de la imputación en metálico de las vacaciones en razón al tiempo trabajado.

CAPÍTULO XI

Licencias y excedencias

Art. 46. Licencias.–Los trabajadores regidos por este Convenio Colectivo tendrán derecho al disfrute de licencias sin pérdida de la retribución, en los casos y con la duración que a continuación se indican en días naturales:

a) Matrimonio del trabajador, diecisiete días. El trabajador podrá disfrutar continuadamente la licencia de matrimonio y la vacación anual, siempre que lo solicite a la empresa con una antelación mínima de dos meses.

b) Durante dos días, que podrán ampliarse hasta cuatro máximo cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos de alumbramiento de esposa o adopción, o de enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario o fallecimiento de cónyuge, hijos de ambos, uno u otro cónyuge, padre, madre, nietos, abuelos o hermanos de uno u otro cónyuge. En caso de enfermedad o intervención grave, este permiso podrá tomarse dentro de los siete días desde el hecho causante incluido.

c) Durante un mínimo de dos días para traslado de su domicilio.

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal de acuerdo con la legislación que al efecto hubiere, incluyéndose en este tiempo el que corresponda al invertido en denuncias derivadas del cumplimiento del servicio.

e) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos generales y de la formación profesional, en los supuestos y en la forma regulados por el Estatuto de los Trabajadores.

f) Por el matrimonio de padres, hijos, hermanos y nietos de uno u otro cónyuge, y previa justificación, tendrán derecho a un día de licencias para asistir a la boda, ampliable a tres días por desplazamiento.

g) Por bautizo de un hijo o nieto, un día de permiso.

h) Por Primera Comunión de un hijo o nieto, un día de permiso.

i) Por cita de médico especialista del INSALUD u organismo oficial de salud equivalente de las Comunidades Autónomas, tres horas de permiso como máximo.

j) Permiso retribuido de un día por asuntos propios, estando sujeto a las siguientes condiciones:

1. No podrá utilizarse durante los períodos de máxima actividad, comprendidos entre el 15 de diciembre y el 15 de enero del año siguiente, durante el período del Domingo de Ramos al Lunes de Pascua, ambos incluidos, ni durante el período vacacional de los meses de julio y agosto, salvo autorización de la empresa.

2. No podrá ejercerse este derecho en el mismo día de manera simultánea por más del 5% de la plantilla del centro de trabajo al que pertenezca el trabajador.

k) Por tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, que deben realizarse dentro de la jornada de trabajo.

Los derechos que correspondan a los permisos cuyo estado civil es el matrimonio legal se extenderán a las parejas que convivan en común salvo lo previsto en el apartado a), justificando esa convivencia mediante certificado de empadronamiento u otro equivalente.

Art. 47. Licencias sindicales.–En el ejercicio de sus funciones y dadas las especiales circunstancias de la prestación de los servicios en esta actividad y las dificultades que comporta la sustitución del personal en sus puestos de trabajo, los representantes de los trabajadores para el ejercicio de sus funciones como tales, deberán notificar y justificar sus ausencias a sus superiores con antelación mínima de 24 horas. Notificada la ausencia cumpliendo los anteriores requisitos, las Empresas, dentro de los límites pactados en este Convenio, vendrán obligadas a conceder el permiso oportuno.

Art. 48. Excedencia Voluntaria.–La excedencia voluntaria es la que deberá concederse por la Dirección de la Empresa para la atención de motivos particulares del trabajador que la solicite, que habrá de hacerlo en los plazos de preaviso establecidos en el artículo 40 de este Convenio, al comienzo de efectos de la misma.

Será requisito indispensable para tener derecho a tal excedencia el haber alcanzado en la Empresa una antigüedad no inferior a 1 año. La excedencia podrá concederse por un mínimo de 4 meses y un máximo de cinco años.

Durante el tiempo de excedencia quedarán en suspenso los derechos laborales del excedente, así como sus obligaciones, dejando de percibir todas sus remuneraciones y no siéndole computable el tiempo de excedencia a ningún efecto.

En el caso de que la solicitud de excedencia sea por un periodo inferior al máximo, la solicitud de prórroga de la misma, en su caso, habrá de presentarse por escrito en la Empresa con quince días naturales de antelación a su vencimiento.

El excedente que no solicitara por escrito su reingreso en la Empresa con una antelación mínima de un mes a la finalización del período de excedencia o su prórroga, causará baja definitiva en la Empresa a todos los efectos.

El reingreso, cuando se solicite, estará condicionado a que haya vacante en su categoría; si no existiera vacante en la categoría propia y si en otra inferior, el excedente podrá ocupar esta plaza con el salario a ella correspondiente hasta que se produzca una vacante en su categoría.

Art. 49. Excedencia Especial.–Dará lugar a excedencia especial alguna de las siguientes circunstancias:

1. Nombramiento para cargo político o designación para cargo de representación sindical, cuando su ejercicio sea incompatible con los servicios a la Empresa.

2. Enfermedad o accidente una vez transcurrido el período máximo de incapacidad temporal (dieciocho meses) y por el tiempo hasta que el trabajador reciba la Resolución del INSS sobre la calificación o no de invalidez.

3. En el caso de pérdida o sustracción y retirada de la licencia, guía, arma, habilitación hasta la obtención de un nuevo ejemplar o aparición de lo perdido, sustraído o retirado, producido durante el servicio, no pudiéndose imputar al trabajador cualquier tipo de imprudencia o negligencia, en cuyo caso, el trabajador recibirá el salario de su categoría.

4. La retirada temporal del carné de conducir al Vigilante de Seguridad Conductor. Si la retirada del carné de conducir se hubiera producido durante el desempeño de sus funciones durante la jornada de trabajo, el trabajador pasará a la categoría inmediata inferior con la retribución propia de la misma.

5. La retirada temporal del carné de conducir al Vigilante Conductor, fuera de la jornada de trabajo, por sentencia o sanción administrativa como consecuencia de actos calificados como imprudencia. Esta excedencia durará mientras el trabajador esté privado del permiso de conducir.

Si la retirada fuera definitiva o superior a tres meses, será causa de excedencia durante tres meses, transcurridos los cuales pasará a la categoría inmediatamente inferior con la retribución propia de la misma.

6. El resto de excedencias no reguladas en este y anterior artículo, se regirán por lo previsto en la legislación vigente.

Al personal en situación de excedencia especial, se le reservará su puesto de trabajo y se le computará, a efectos de antigüedad, el tiempo de excedencia, aunque no se le abonará la retribución de ningún tipo salvo en lo establecido en el supuesto del apartado número 3 anterior.

Al trabajador excedente por pérdida o sustracción de la licencia y/o guía de armas se le computará la antigüedad a todos los efectos.

La reincorporación de los excedentes especiales a sus puestos de trabajo deberá producirse en el plazo de treinta días, como máximo, desde el momento que desaparezca las causas que motivaron la excedencia, y en el caso de pérdida o sustracción, lo será en el plazo de cinco días.

De no producirse el reingreso en los plazos establecidos, el excedente causará baja definitiva en la Empresa.

Si al solicitar el reingreso no existiera vacante en la categoría propia del excedente especial y sí existiera en categoría inferior, el interesado podrá optar entre ocupar esta plaza o no reingresar hasta que se produzca vacante en su categoría, abonándosele, en el primer caso, la diferencia entre la retribución de dicha plaza y la de su categoría profesional.

En caso de incorporación de trabajadores que hayan causado excedencia especial, por la circunstancia a que se refiere el número 1 de este artículo, la empresa les garantiza su incorporación inmediata en el mismo puesto de trabajo que tenían en el momento del inicio de su excedencia especial.

Art. 50. Permisos sin sueldo.–Los trabajadores que lleven, como mínimo un año en una misma Empresa podrán solicitar permiso, sin sueldo, que las Empresas, previo informe de los representantes de los trabajadores, atenderán, salvo que ello suponga grave perturbación en el servicio.

La duración de estos permisos no será superior a 15 días naturales, y no podrán concederse a más del 5% de la plantilla, de su delegación.

CAPÍTULO XII

Seguridad y salud

Art. 51. Seguridad y salud en el trabajo.–Las partes firmantes consideran esencial proteger la seguridad y la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo mediante el establecimiento de políticas de prevención laboral eficaces y que sean fruto del necesario consenso entre ambas partes.

En consecuencia, y a la luz de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y demás disposiciones de desarrollo que los complementan, así como las que pudieran promulgarse en sustitución de éstos, consideran prioritario promover la mejora de las condiciones de trabajo y continuar esforzándose en la mejora permanente de los niveles de formación e información del personal en cuanto puede contribuir a la elevación del nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores del sector.

A este fin, se constituirán los Comités de Seguridad y Salud en el trabajo en las distintas Empresas de Seguridad, que tendrán las funciones y atribuciones contenidas en la citada legislación, a fin de dirimir aquellas cuestiones relativas a la Seguridad y Salud que puedan suscitarse con motivo de las actividades desarrolladas en las Empresas.

A estos efectos, la Gestión Preventiva aludida deberá incluir, de manera no exhaustiva, los siguientes aspectos:

A) Vigilancia de la Salud:

Conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas garantizarán a sus trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Los reconocimientos médicos serán de carácter voluntario, sin menoscabo de la realización de otros reconocimientos, con carácter obligatorio, y previo informe de los representantes de los trabajadores, cuando existan disposiciones legales específicas, o cuando estos sean necesarios para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores, o para otras personas. La periodicidad de los reconocimientos médicos será de acuerdo con los protocolos médicos del Servicio de Prevención-Vigilancia de la salud, teniendo en cuenta el puesto de trabajo correspondiente.

En razón de los servicios a prestar, cuando se aprecien comportamientos extraños de carácter psíquico y/o farmacológico, de especial intensidad y habitualidad; la Empresa, por propia iniciativa, a instancia del interesado, o a la de la Representación de los Trabajadores, pondrá los medios necesarios para que aquél sea sometido a reconocimiento médico especial y específico, que contribuya a poder diagnosticar las causas y efectos y facilitar el tratamiento adecuado, obligándose al trabajador a colaborar con el equipo médico facultativo para cuantos reconocimientos, análisis y tratamientos sean necesarios. Durante el tiempo que duren los reconocimientos, análisis o tratamiento, la Empresa se obliga a abonar al trabajador el 100% del salario, siempre que medie situación de I.T.

B) Protección a la maternidad:

De conformidad a lo establecido en la Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a riesgos para su seguridad y salud o una posible repercusión sobre el embarazo y el período de lactancia.

Dichas medidas se llevarán a cabo a través de una adaptación de las condiciones y de tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.

C) Formación de delegados de prevención:

Las empresas deberán proporcionar a los delegados de prevención un curso de formación suficiente relacionado con el desarrollo de sus funciones en esta materia, de 30 horas de duración.

D) Coordinación de actividades empresariales:

Conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre coordinación de actividades empresariales en materia de prevención, las empresas de seguridad, que prestan sus servicios en centros de trabajo ajenos, deben recabar de los titulares de los mismos, la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

Se constituirá nuevamente una Comisión Mixta de Seguridad y Salud que estará formada por un representante de cada central sindical y de cada asociación empresarial firmantes, que tendrá como fin el análisis, estudio y propuestas de soluciones en materia de prevención de riesgos laborales en el marco sectorial.

CAPÍTULO XIII

Faltas y Sanciones

Art. 52. Faltas del personal.–Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores se clasificarán atendiendo a su importancia, reincidencias e intenciones, en leves, graves y muy graves.

En la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta y valorarán las circunstancias personales del trabajador, su nivel cultural, trascendencia del daño, grado de reiteración o reincidencia.

Art. 53. Son faltas leves.–1. Hasta cuatro faltas de puntualidad, con retraso superior a cinco minutos e inferior a quince, dentro del período de un mes.

2. Abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada o el servicio breve tiempo durante la jornada. Si se causare como consecuencia del mismo abandono perjuicio de consideración a la Empresa, compañeros de trabajo, clientes o personal del mismo, o fuera causa de accidente, la falta podrá revestir la consideración de grave o muy grave.

3. No notificar, con carácter previo, la ausencia al trabajo y no justificar, dentro de las veinticuatro horas siguientes salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho, la razón que la motivó.

4. Los descuidos y distracciones en la realización de trabajo o en el cuidado y conservación de las máquinas, útiles, armas, herramientas, instalaciones propias de los clientes. Cuando el incumplimiento de la anterior origine consecuencias de gravedad en la realización del servicio, la falta podrá reputarse de grave o muy grave.

5. La inobservancia de las órdenes de servicio, así como la desobediencia a los mandos, todo ello en materia leve.

6. Las faltas de respeto y consideración en materia leve a los subordinados, compañeros, mandos, personal y público, así como la discusión con los mismos dentro de la jornada de trabajo y usar palabras malsonantes e indecorosas con los mismos.

7. La falta de aseo y limpieza personal y de los uniformes, equipos, armas, etc., de manera ocasional.

8. No comunicar a la Empresa los cambios de residencia y domicilio y demás circunstancias que afecten a su actividad laboral.

9. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.

10. Excederse en sus atribuciones o entrometerse en los servicios peculiares de otro trabajador, cuando el caso no constituya falta grave.

Art. 54. Son faltas graves.–1. El cometer tres faltas leves en el período de un trimestre, excepto en la puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que hubiera mediado sanción comunicada por escrito.

2. Más de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en el período de un mes superior a los diez minutos o hasta cuatro faltas superiores a quince minutos cada una de ellas.

3. La falta de asistencia al trabajo de un día en el período de un mes, sin causa justificada. Será muy grave si de resultas de la ausencia se causare grave perjuicio a la Empresa.

4. La desobediencia grave a los superiores en materia de trabajo y la réplica descortés a compañeros, mandos o público. Si implicase quebranto manifiesto a la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la Empresa, compañeros de trabajo o público se reputará muy grave.

5. La suplantación de la personalidad de un compañero al fichar o firmar, sancionándose tanto al que ficha a otros como a estos últimos.

6. La voluntaria disminución de la actividad habitual y la negligencia y desidia en el trabajo que afecta a la buena marcha del servicio.

7. La simulación de enfermedad o accidente y no entregar el parte de baja oficial dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la emisión del mismo, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

8. El empleo de tiempo, uniformes, materiales, útiles, armas o máquinas en cuestiones ajenas al trabajo o en beneficio propio.

9. El uso, sin estar de servicio, de las insignias del cargo, o la ostentación innecesaria del mismo.

10. El hacer desaparecer uniformes y sellos, tanto de la Empresa como de clientes de la misma, así como causar accidentes por dolo, negligencia o imprudencia inexcusable.

11. Llevar los registros, documentación, cuadernos o cualquier clase de anotaciones oficiales y escritos que reglamentariamente deben tener, sin las formalidades debidas y cometiendo faltas que por su gravedad o trascendencia merezcan especial correctivo. Y si tuviera especial relevancia, tendrán la consideración de muy grave.

Art. 55. Son faltas muy graves.–1. La reincidencia en comisión de falta grave en el período de seis meses, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que hubiese mediado sanción.

2. Más de doce faltas no justificadas de puntualidad cometidas en el período de seis meses o treinta en un año, aunque hayan sido sancionadas independientemente.

3. Tres o más faltas injustificadas al trabajo en el período de un mes, más de seis en el período de cuatro meses o más de doce en el período de un año, siempre que hayan sido sancionadas independientemente.

4. La falsedad, deslealtad, el fraude, el abuso de confianza y el hurto o robo, tanto a compañeros de trabajo como a la Empresa o a terceros relacionados con el servicio durante el desempeño de sus tareas o fuera de las mismas.

5. El hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos en armas, máquinas, instalaciones, edificios, enseres, documentos, etc., tanto de la Empresa como de clientes de la misma, así como causar accidentes por dolo, negligencia o imprudencia inexcusable.

6. El realizar trabajos por cuenta propia o cuenta ajena estando en situación de incapacidad laboral transitoria, así como realizar manipulaciones o falsedades para prolongar aquella situación.

7. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas justificadas de mandos, compañeros de trabajo o terceros.

8. La embriaguez probada, vistiendo el uniforme.

9. La violación del secreto de correspondencia o de documentos de la Empresa o de las personas en cuyos locales e instalaciones se realice la prestación de los servicios y no guardar la debida discreción o el natural sigilo de los asuntos y servicios en que, por la misión de su cometido, hayan de estar enterados.

10. Los malos tratos de palabra o de obra, o falta grave de respeto y consideración a las personas de sus superiores, compañeros, personal a su cargo o familiares de los mismos, así como a las personas en cuyos locales o instalaciones realizara su actividad y a los empleados de estas, si los hubiere.

11. La participación directa o indirecta en la comisión de un delito calificado como tal en las leyes penales, que conlleve la retirada de la habilitación para los Vigilantes de Seguridad.

12. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una vez tomado posesión de los mismos y la inhibición o pasividad en la prestación del mismo.

13. La disminución voluntaria y continuada del rendimiento.

14. Originar riñas y pendencias en sus compañeros de trabajo o con las personas o los empleados para las que presten sus servicios.

15. La comisión de actos inmorales en el lugar de trabajo o en los locales de la Empresa, dentro de la jornada laboral.

16. El abuso de autoridad.

17. La competencia ilícita por dedicarse dentro o fuera de la jornada laboral a desarrollar por cuenta propia idéntica actividad que la Empresa o dedicarse a ocupaciones particulares que estén en abierta pugna con el servicio.

18. Hacer uso de las armas, a no ser en defensa propia y en los casos previstos por las leyes y disposiciones vigentes.

19. Iniciar o continuar cualquier discusión, rivalidad, pretendida superioridad, exigencias en el modo de prestarse los servicios, etc., con funcionarios de la Policía.

20. Entregarse a juegos, y distracciones graves, todo ello durante y dentro de la jornada de trabajo.

21. Exigir o pedir por sus servicios remuneración o premios de terceros, cualquiera que sea la forma o pretexto que para la donación se emplee.

22. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente para si o para compañeros o personal y público, o peligro de averías para las instalaciones.

Art. 56. Sanciones.–1. Por falta leve:

a) Amonestación verbal.

b) Amonestación escrita.

2. Por falta grave:

a) Amonestación pública.

b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.

c) Inhabilitación para el ascenso durante un año.

3. Por falta muy grave:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a dos meses.

b) Inhabilitación para el ascenso durante tres años.

c) Despido.

Para proceder a la imposición de las anteriores sanciones se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Art. 57. Prescripción.–La facultad de las Empresas para imponer sanciones, que deberá ejercitarse siempre por escrito salvo amonestación verbal, del que deberá acusar recibo y firmar el enterado el sancionado o, en su lugar, dos testigos, caso de negarse a ello, prescribirá en las faltas leves a los diez días; en las graves a los veinte días, y en las muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Art. 58. Abuso de autoridad.–Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito a través de la representación de los trabajadores a la Dirección de cada Empresa de los actos que supongan abuso de autoridad de sus jefes. Recibido el escrito, la Dirección abrirá el oportuno expediente en el plazo de cinco días, debiendo dar contestación al citado escrito en los diez días siguientes a estos y por escrito. En caso contrario, los representantes de los trabajadores deberán formular la oportuna denuncia ante la Autoridad Laboral competente.

CAPÍTULO XIV

Premios

Art. 59. Premios.–Con el fin de recompensar la conducta, el rendimiento, laboriosidad y demás cualidades sobresalientes del personal, las Empresas otorgarán a sus trabajadores, individual o colectivamente, los premios que en esta sección se establecen.

Se considerarán motivos dignos de premio:

a) Actos heroicos.

b) Actos meritorios.

c) Espíritu de servicio.

d) Espíritu de fidelidad.

e) Afán de superación profesional.

f) Tirador selecto.

Serán actos heroicos los que realice el trabajador con grave riesgo de su vida o integridad personal, para evitar un hecho delictivo o un accidente o reducir sus proporciones.

Se considerará actos meritorios los que en su realización no supongan grave riesgo para la vida o integridad personal del trabajador, pero representen una conducta superior a la normal, dirigida a evitar o a vencer una anormalidad en bien del servicio o a defender bienes o intereses de los clientes de las Empresas o de éstas mismas.

Se estimará espíritu de servicio cuando el trabajador realice su trabajo, no de un modo rutinario y corriente, sino con entrega total de sus facultades, manifiesta en hechos concretos consistentes en lograr su mayor perfección, subordinando a ellos su comodidad e incluso su interés particular.

Existe espíritu de fidelidad cuando éste se acredita por los servicios continuados a la Empresa por un período de veinte años sin interrupción alguna, siempre que no conste en el expediente del trabajador nota desfavorable por comisión de falta grave o muy grave.

Se entiende por afán de superación profesional la actuación de aquellos trabajadores que en lugar de cumplir su misión de modo formulario, dediquen su esfuerzo a mejorar su formación técnica y práctica para ser más útiles a su trabajo.

Los anteriores motivos dignos de premio, quedarán recompensados, correlativamente, con los siguientes premios:

a) Premios en metálico por el importe mínimo de una mensualidad.

b) Aumento de las vacaciones retribuidas.

c) Felicitaciones por escrito, que se harán públicas.

d) Propuesta a los Organismos competentes para la concesión de recompensas, tales como nombramientos de trabajador ejemplar, Medalla de Trabajo y otros distintivos.

e) Cancelación de notas desfavorables en el expediente.

f) Se retribuirá con un premio en metálico de 12,40 euros al tirador selecto. A partir de 2011, el importe a abonar será de 20 €.

Excepción hecha de las felicitaciones, la concesión de los premios antes consignados se hará por la Dirección de las Empresas, en expediente contradictorio, instruido a propuesta de los Jefes o compañeros de trabajo, y con intervención preceptiva de estos, y de los representantes de los trabajadores.

CAPÍTULO XV

Prestaciones sociales

Art. 60. Seguro colectivo de accidentes.–Las Empresas afectadas por este Convenio Colectivo suscribirán pólizas de seguro colectivo a favor de todos y cada uno de sus trabajadores para los años 2009 y 2010 por un capital de 28.700,94 € por muerte y de 36.554,33 euros por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, derivadas de accidentes sea o no laboral, excepto los producidos en competiciones deportivas oficiales de vehículo de motor. Su efecto cubrirá las veinticuatro horas del día y durante todo el año.

Durante el año 2011, los capitales asegurados por muerte ascenderán a 28.987,95 euros por muerte y de 36.919,87 euros por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez.

Durante el año 2012 las cuantías se incrementarán en el IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del 2010 y el 1%.

Los capitales entrarán en vigor a partir del día de la firma del presente Convenio Colectivo.

Los representantes de los trabajadores podrán solicitar de sus empresas una copia de la póliza antes citada, a los efectos de conocer los riesgos cubiertos y la cuantía de la misma.

Art. 61. Ayudas a hijos y cónyuge minusválidos.–Las Empresas, durante los años 2009 y 2010, abonarán a los trabajadores con hijos minusválidos la cantidad de 114,61 euros mensuales, por hijo de esta condición como complemento y con independencia de la prestación que la Seguridad Social le tenga reconocida, en su caso, en concepto de ayuda para minusválidos, entendiéndose como tales los así definidos en la legislación aplicable. En el año 2011, el importe de este complemento será de 115,76 euros.

Asimismo, recibirán la cuantía establecida en el anterior párrafo, en aquellos supuestos en los que el cónyuge del trabajador tenga una minusvalía del 65% o superior.

En el año 2012 la cuantía se revalorizará en el IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del 2010 y el 1%.

La cuantía acreditada de la prestación será abonada por la Empresa en la que el trabajador preste sus servicios cualquiera que sea el número de días trabajados en el mes.

Art. 62. Compensaciones en los supuestos de incapacidad temporal.–a) Incapacidad Temporal en caso de accidente laboral:

Las Empresas complementarán hasta el 100% de la tabla de retribuciones del Anexo, incluida la antigüedad, más la parte correspondiente al plus de peligrosidad, en su caso, sin que suponga merma del importe que pudiese corresponder en las pagas extraordinarias. En el caso de que la prestación reglamentaria de la Seguridad Social sea mayor, se percibirá ésta. Además de los actualmente considerados como tales, también se incluyen los producidos durante las prácticas de tiro y/o de gimnasio, siempre que sean realizados por mandato legal u orden expresa de la Empresa.

b) Incapacidad Temporal en caso de enfermedad o accidente no laboral. Las empresas complementarán hasta los porcentajes de la base de cotización por contingencias comunes, que se indican en cada uno de los tramos siguientes:

b.1) Del día 1 al 3, por una sola vez al año, el 50% de la base de cotización.

b.2) Del día 4 al 20, hasta el 80% de la base de cotización.

b.3) Del día 21 al 40, hasta el 100% de la base de cotización.

b.4) Del 41 al 60, hasta el 90% de la base de cotización.

b.5) Del 61 al 90, hasta el 80% de la base de cotización.

b.6) Del 91 en adelante, si procede, como está legislado.

Las Empresas complementarán la prestación reglamentaria en el supuesto de hospitalización:

Se cobrará el 100% de la base cotizable, desde la fecha de su hospitalización, durante 40 días máximo, aunque parte de dichos días esté hospitalizado y otra parte no, y en período de recuperación ó postoperatorio, pero siempre que siga de baja.

CAPÍTULO XVI

Derechos sindicales

Art. 63. Licencias de representantes de los trabajadores.–Para quienes ostenten cargos de representación de los trabajadores, incluido el delegado sindical, se estará a lo dispuesto en las Leyes vigentes.

La reserva de horas legalmente establecida será computada anualmente. El cómputo de las horas será por años naturales y, en caso de elecciones que no coincidan con el año completo, serán las que correspondan proporcionalmente desde la fecha del inicio del mandato hasta el 31 de diciembre del primer año, y el último desde el 1 de enero a la fecha de finalización del mismo. A petición escrita de los Comités de Empresa o Delegados de personal, podrán acumularse las horas de los representantes de los trabajadores que así lo deseen, en uno o varios de ellos, sin rebasar el tope legal; esta acumulación se realizará en cómputo anual, siempre que sea comunicada a la Empresa en el primer trimestre del año, o en su caso durante el primer trimestre de mandato, o bien a partir de tres meses desde la firma del presente Convenio. La utilización será por jornadas completas en los casos de Comités de nueve o más miembros, excepto en el turno de tarde, que, si no se solicitara por jornada completa, coincidirá con el inicio de la jornada y por el tiempo necesario.

El Delegado Sindical dispondrá del mismo crédito de horas sindicales que los representantes de los trabajadores del centro al que pertenezca.

Se acuerda que el número de Delegados Sindicales por cada sección sindical de los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elección al Comité de Empresa, se determinará según la siguiente escala:

De 150 a 750 trabajadores: Uno.

De 751 a 2.000 trabajadores: Dos.

De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres.

De 5001 en adelante: Cuatro.

El número de trabajadores a que se refiere la escala anterior es por empresa o grupo de empresas en actividad de este sector, si éste fuera el sistema de organización, considerándose a estos efectos como una sola, rigiéndose todo lo demás por lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad sindical, de 1 de agosto de 1985.

Ambas partes firmantes y de común acuerdo, establecen que las Empresas incluidas en el ámbito funcional de este Convenio podrán descontar en la nómina mensual de los trabajadores y a petición de estos, el importe de la cuota sindical correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal operación remitirá a la Dirección de la Empresa un escrito en el que se expresará con claridad la orden de descuento, la Central o Sindicato a la que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de la cuenta corriente o libreta de Caja de Ahorros a la que debe ser transferida dicha cantidad. Las Empresas efectuarán las antedichas detracciones, salvo indicación en contrario por escrito, durante períodos de un año.

La Dirección de la Empresa entregará copia de la transferencia a la representación sindical en la Empresa, si la hubiere.

Las competencias y garantías de la representación de los trabajadores será la establecida en los artículos 64 y 68 del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

A efectos de la antigüedad mínima exigible para ser candidato en las elecciones sindicales según se prevé en el artículo 69 del Estatuto de los Trabajadores, se computará dicho período exigible dentro de los últimos doce meses, aunque en dicho período hayan concurrido distintas relaciones laborales del trabajador en la Empresa.

Las empresas o grupo de empresas concederán un crédito horario anual 1.782 a las centrales sindicales por cada 60 delegados de personal o miembros de comité de empresa que hayan sido obtenidos por cada una de aquellas al nivel nacional, en la empresa o Grupo.

No obstante lo antes expuesto, tal crédito anual se establecerá proporcionalmente en aquellas Empresas o Grupo de empresas en que existan un mínimo de 8 y menos de 60 miembros de Comité de Empresa o Delegados de Personal de una misma Central Sindical. De 60 en adelante se asignará un crédito de 25 horas anuales por cada delegado de personal o miembro del comité de empresa elegido.

Este crédito le será adjudicado al trabajador o trabajadores que designe la central sindical beneficiaria.

CAPÍTULO XVII

Retribuciones

Art. 64. Disposición general.–Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo estarán constituidas por el salario base y los complementos del mismo y corresponde a la jornada normal a que se refiere el artículo 41 del presente Convenio.

El pago del salario se efectuará por meses vencidos en los tres primeros días hábiles y dentro, en todo caso, de los cinco primeros días naturales de cada mes. No obstante, los complementos variables establecidos en el Convenio Colectivo se abonarán en la nómina del mes siguiente al que se haya devengado.

Art. 65. Anticipos.–El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta, por el trabajo ya realizado, sin que pueda exceder del 90 por ciento del importe de su retribución total mensual de las tablas de retribución del anexo más la antigüedad, en un plazo máximo de cuatro días hábiles desde la solicitud.

Art. 66. Estructura salarial y otras retribuciones.–La estructura económica que pasarán a tener las retribuciones desde la entrada en vigor del presente Convenio será la siguiente:

a) Sueldo base.

b) Complementos:

1. Personales:

Antigüedad.

2. De puestos de trabajo:

Peligrosidad.

Plus escolta.

Plus de actividad.

Plus de responsable de equipo de vigilancia, de transporte de fondos o sistemas.

Plus de trabajo nocturno.

Plus de Radioscopia Aeroportuaria.

Plus de Radioscopia básica.

Plus de Fines de Semana y festivos-Vigilancia.

Plus de Residencia de Ceuta y Melilla.

3. Cantidad o calidad de trabajo:

Horas extraordinarias.

Plus de Noche Buena/o Noche Vieja.

c) De vencimiento superior al mes:

Gratificación de Navidad.

Gratificación de Julio.

Beneficios.

d) Indemnizaciones o suplidos:

Plus de Distancia y Transporte.

Plus de Mantenimiento de Vestuario.

Art. 67. Sueldo base.–Se entenderá por sueldo base la retribución correspondiente, en cada una de las categorías profesionales a una actividad normal, durante la jornada de trabajo fijada en este Convenio.

El sueldo base se considerará siempre referido a la jornada legal establecida en este Convenio. Si por acuerdo particular de la Empresa con sus operarios se trabajara la jornada con horario restringido, el sueldo base será divisible por horas, abonándose el que corresponda, que en ningún caso podrá ser inferior al correspondiente a cuatro horas.

Art. 68. Complemento personal de antigüedad.–Todos los trabajadores, sin excepción de categorías, disfrutarán además de su sueldo, aumentos por años de servicio, de acuerdo con el siguiente régimen de devengo del Complemento Personal de Antigüedad, establecido por las siguientes normas:

a) Los Trienios devengados hasta el 31 de diciembre de 1996 se mantienen en las cuantías que se relacionan a continuación, sin que experimenten en el futuro incremento económico alguno y se aplican de acuerdo con la categoría laboral que tuviera el trabajador a la fecha final de la maduración del trienio antes del 31 de diciembre de 1996.

Tabla de valores trienios

Categorías

Valor trienio
–
Euros

Personal directivo, titulado y técnico

Director Gerente

59,24

Director Comercial

53,12

Director Técnico

53,12

Director de Personal

53,12

Jefe de Personal

46,99

Jefe de Seguridad

46,99

Titulado Superior

46,99

Titulado Medio

40,87

Delegado Provincial-Gerente

40,87

Personal administrativo

A) Administrativos:

Jefe de Primera

38,17

Jefe de Segunda

35,35

Oficial de Primera

30,09

Oficial de Segunda

28,28

Azafata

25,45

Auxiliar

25,45

Telefonista

21,20

Aspirante

17,97

B) Técnicos y Especialistas de Oficina

Analista

46,99

Programador de Ordenadores

40,87

Programador/Grabador de Ordenadores

30,09

Delineante Proyectista

35,35

Delineante

30,09

C) Comerciales:

Jefe de Ventas

38,17

Técnico Comercial

35,35

Vendedor

31,10

Mandos intermedios

Jefe de Tráfico

34,62

Jefe de Vigilancia

34,62

Jefe de Servicios

34,62

Encargado General

34,62

Inspector

31,80

Personal operativo

A) Juramentado:

Vigilante Jurado-Conductor

27,61

Vigilante Jurado-Transporte

25,61

Vigilante Jurado

25,51

Vigilante Jurado de Explosivos

25,51

B) No juramentado:

Guarda de Seguridad

21,28

Operador C.R. Alarmas

21,28

Contador-Pagador

21,28

Personal de seguridad mecánico-electrónica

Encargado

39,87

Oficial de Primera

37,13

Oficial de Segunda

32,76

Oficial de Tercera

28,40

Ayudante Encargado

21,57

Especialista de Primera

21,57

Especialista de Segunda

20,09

Revisor de Sistemas

30,13

Aprendiz

18,46

Personal de oficios varios

Oficial de Primera

32,14

Oficial de Segunda

25,43

Ayudante

21,19

Peón

21,22

Aprendiz

17,98

Limpiadora

21,22

Personal subalterno

Conductor

25,73

Ordenanza

23,35

Almacenero

23,35

Botones

17,98

b) Desde el 1 de enero de 1997 los aumentos a que hubiere lugar por este concepto de Complemento de Antigüedad consisten en quinquenios, cuyo valor para los años 2009 y 2010 se indica a continuación, comenzándose a devengar desde el primer día del mes en que se cumple el quinquenio.

Tablas valores quinquenios año 2009 y 2010

Categorías

Quinquenio
–
Euros

Personal directivo, titulado y técnico

Director General

82,29

Director Comercial

73,79

Director Administrativo

73,79

Director Técnico

73,79

Director de Personal

73,79

Jefe de Personal

65,29

Jefe de Seguridad

65,29

Titulado Superior

65,29

Titulado Medio/Técnico prevención superior

56,79

Delegado Provincial-Gerente

56,79

Personal administrativo

A) Administrativos:

Jefe de Primera

53,04

Jefe de Segunda

49,21

Oficial de Primera

41,81

Oficial de Segunda

39,29

Azafata/o

35,36

Auxiliar

35,36

Telefonista

29,45

Aspirante

24,97

B) Técnicos y especialistas de oficina:

Analista

65,29

Programador de Ordenador

56,79

Operador/Grabador de Ordenador

41,81

Técnico formación/ T.prevención intermedio

49,12

Delineante Proyectista

49,12

Delineante

41,81

C) Comerciales:

Jefe de Ventas

53,04

Técnico Comercial

49,12

Vendedor

43,21

Mandos Intermedios

Jefe de Tráfico

48,09

Jefe de Vigilancia

48,09

Jefe de Servicios

48,09

Jefe de Cámara o Tesorería

48,09

Inspector

44,18

Coordinador de servicios

44,18

Supervisor de CRA

42,29

Personal operativo

A) Habilitado:

Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor y Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos Conductor

38,37

Vigilante de Seguridad de Transporte y Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos

35,57

Vigilante de Explosivos

35,03

Vigilante de Seguridad

35,03

Guarda Particular de Campo

35,03

Escolta

35,03

B) No Habilitado:

Operador C. R. Alarmas

29,58

Contador-Pagador

29,58

Personal de seguridad mecánico-electrónica

Encargado

55,39

Ayudante de Encargado

29,98

Revisor de sistemas

41,88

Oficial de Primera

51,58

Oficial de Segunda

45,52

Oficial de Tercera

39,47

Especialista

29,98

Operador de soporte técnico

32,12

Aprendiz

25,65

Personal de oficios varios

Oficial de Primera

44,65

Oficial de Segunda

35,33

Ayudante

29,48

Peón

29,48

Aprendiz

24,99

Personal subalterno

Conductor

35,75

Ordenanza

32,44

Almacenero

32,44

Limpiador-limpiadora

29,48

Para el año 2011, los importes a abonar por cada quinquenio serán los que se detallan en el cuadro que se inserta a continuación.

Tablas valores quinquenios año 2011

Categorías

Quinquenio
–
Euros

Personal Directivo, Titulado y Técnico

Director General

83,11

Director Comercial

74,53

Director Administrativo

74,53

Director Técnico

74,53

Director de Personal

74,53

Jefe de Personal

65,94

Jefe de Seguridad

65,94

Titulado Superior

65,94

Titulado Medio/Técnico prevención superior

57,36

Delegado Provincial-Gerente

57,36

Personal administrativo

A) Administrativos:

Jefe de Primera

53,57

Jefe de Segunda

49,61

Oficial de Primera

42,23

Oficial de Segunda

39,68

Azafata/o

35,71

Auxiliar

35,71

Telefonista

29,74

Aspirante

25,22

B) Técnicos y especialistas de oficina:

Analista

65,94

Programador de Ordenador

57,36

Operador/Grabador de Ordenador

42,23

Técnico formación/ T.prevención intermedio

49,61

Delineante Proyectista

49,61

Delineante

42,23

C) Comerciales:

Jefe de Ventas

53,57

Técnico Comercial

49,61

Vendedor

43,64

Mandos Intermedios

Jefe de Tráfico

48,57

Jefe de Vigilancia

48,57

Jefe de Servicios

48,57

Jefe de Cámara o Tesorería

48,57

Inspector

44,62

Coordinador de servicios

44,62

Supervisor de CRA

42,71

Personal operativo

A) Habilitado:

Vigilante de Seguridad de Transporte – Conductor y Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos Conductor

38,75

Vigilante de Seguridad de Transporte y Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos

35,93

Vigilante de Explosivos

35,38

Vigilante de Seguridad

35,38

Guarda Particular de Campo

35,38

Escolta

35,38

B) No Habilitado:

Operador C. R. Alarmas

29,88

Contador-Pagador

29,88

Personal de seguridad mecánico-electrónica

Encargado

55,94

Ayudante de Encargado

30,28

Revisor de sistemas

42,30

Oficial de Primera

52,10

Oficial de Segunda

45,98

Oficial de Tercera

39,86

Especialista

30,28

Operador de soporte técnico

32,44

Aprendiz

25,91

Personal de oficios varios

Oficial de Primera

45,10

Oficial de Segunda

35,68

Ayudante

29,77

Peón

29,77

Aprendiz

25,24

Personal subalterno

Conductor

36,11

Ordenanza

32,76

Almacenero

32,76

Limpiador-limpiadora

29,77

En 2012, los importes por quinquenios se actualizarán en base al IPC real de 2011 más la diferencia entre el IPC real de 2010 y el 1%.

c) La acumulación de los incrementos salariales por antigüedad que resultaren aplicables en régimen tanto de trienios como quinquenios, no podrán en ningún caso, suponer más del 10% del Salario Base a los 5 años, del 25% a los 15 años, del 40% a los 20 años y del 60%, como máximo, a los 25 o más años.

Art. 69. Complementos de puesto de trabajo.– a) Peligrosidad. El personal operativo de vigilancia y transporte de fondos y explosivos que, por el especial cometido de su función, esté obligado por disposición legal a llevar un arma de fuego, percibirá mensualmente, por este concepto, el complemento salarial señalado en el presente artículo o en el Anexo de este Convenio.

1. Los Vigilantes de Seguridad de Transporte y de Explosivos Conductores, Vigilantes de Seguridad de Transporte y Transporte de Explosivos y Vigilantes de Explosivos, percibirán mensualmente, por este concepto, los importes que figuran en las tablas de retribuciones del Anexo de este Convenio.

El importe del plus de peligrosidad para los Vigilantes de Seguridad de Transporte Conductor y Vigilante de Seguridad de Transporte será de 134,42 euros en los años 2009 y 2010 y de 135,76 euros en 2011.

El importe del Plus de Peligrosidad para Los Vigilantes de Seguridad de Transporte de Explosivos-Conductor, Vigilantes de Seguridad de Transporte de Explosivos será para los años 2009 y 2010 de 143,15 euros mensuales, y de 144,58 euros para el año 2011.

El Vigilante de Seguridad de Explosivos, percibirá por este concepto 157,34 euros mensuales para los años 2009 y 2010 y 158,91 euros en el año 2011.

En todos los casos, estas cuantías se actualizarán para el año 2012 de acuerdo con el IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del año 2010 y el 1%.

2. Los Vigilantes de Seguridad de Vigilancia cuando realicen servicio con arma de fuego reglamentaria percibirán un plus de peligrosidad de 134,42 euros al mes o un precio por hora de 0,83 € durante los años 2009 y 2010. En 2011, esta cuantía ascenderá a 135,76 €/mes o 0,84 euros por cada hora efectiva. En 2012, este plus de peligrosidad se revisará con el IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del año 2010 y el 1%. En la mensualidad correspondiente a vacaciones, así como en las pagas extraordinarias, percibirán la parte proporcional devengada durante los doce últimos meses.

3. Sin perjuicio de la naturaleza del plus de peligrosidad como plus funcional, se garantiza a todos los vigilantes de seguridad del servicio de vigilancia que realicen servicios sin arma la percepción de un plus de peligrosidad mínimo equivalente a 18,00 euros mensuales, abonables también en pagas extraordinarias y vacaciones para los años 2009 y 2010 y 18,18 euros para el año 2011. En 2012, esta cuantía se revisará en base al IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del año 2010 y el 1%.

En el caso de que realizaran parte o la totalidad del servicio con arma, percibirán el importe correspondiente a las horas realizadas con arma, siempre y cuando esta cantidad mensual superara los importes mínimos garantizados previstos en el párrafo precedente, quedando éstos subsumidos en dicha cantidad mensual. Es decir, percibirá el mayor importe de las dos cuantías, nunca la suma de ambas.

Los importes del plus de peligrosidad señalados en este apartado letra a) puntos 2 y 3, podrán ser abonados por las empresas en once pagas, incluyéndose en las mismas las partes proporcionales de pagas extraordinarias y vacaciones.

b) Plus escolta.–El personal descrito en el artículo 22 A.3.c), cuando realice las funciones establecidas en el citado precepto, percibirá, como mínimo por tal concepto, durante los años 2009 y 2010, la cantidad de 260,79 euros mensuales o 1,61 euros por hora efectiva como complemento. En 2011, este complemento ascenderá a 263,40 €/mes o 1,63 €/hora En 2012, esta cuantía se revisará en base al IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del año 2010 y el 1%.

c) Plus de Actividad.–Dicho plus se abonará a los trabajadores de las categorías a las cuales se les hace figurar en el anexo del presente Convenio, con las siguientes condiciones particulares para las categorías laborales que a continuación se detallan:

1. Personal de Transporte de Fondos (Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor y Vigilante de Seguridad de Transporte): El plus de actividad queda fijado para los años 2009 y 2010 en 157,07 euros mensuales y en 2011, en 158,64 euros mes. En 2012, este complemento se revisará en base al IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del año 2010 y el 1%. Este plus compensa las actividades del sector del transporte de fondos en lo que se refiere a cajas de transferencia, cajeros automáticos, centros comerciales, gestión informática de las rutas y de la metodología de atención al cliente, las modificaciones en la actividad derivada de la supresión de sucursales del Banco de España y la creación de las S.D.A.

2. Contadores-pagadores. En relación con los contadores-pagadores, el plus de actividad en compensación de las nuevas actividades que puedan afectar a esta categoría señaladas en el primer párrafo del apartado 1 de la letra c) de este articulo abonable en pagas extraordinarias y vacaciones se fija en 60 euros mensuales para los años 2009 y 2010. Para el año 2011, es establece en 60,60 euros y en el 2012 se revisará el importe con el IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del año 2010 y el 1%.

3. En relación con el resto de categorías, el plus de actividad para los años 2009, 2010 y 2011 corresponderá al que figure en las tablas de retribuciones del Anexo y se incrementará para el año 2012 en base al IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real correspondiente a 2010 y el 1%.

d) Plus de Responsable de Equipo de Vigilancia, Transporte de Fondos o Sistemas.–Se abonará al trabajador que, además de realizar las tareas propias de su categoría, desarrolla una labor de coordinación, distribuyendo el trabajo e indicando cómo realizarlo, confeccionando los partes oportunos, anomalías o incidencias que se produzcan en los servicios en ausencia del Inspector u otro Jefe, teniendo la responsabilidad de un equipo de personas. El personal que ejerza funciones de responsable de equipo percibirá un plus por tal concepto, de un diez por ciento del sueldo base establecido en este Convenio, que corresponda a su categoría, en tanto las tenga asignadas y las realice.

e) Plus de Radioscopia Aeroportuaria. El vigilante de seguridad que utilice la Radioscopia Aeroportuaria en la prestación de sus servicios en las instalaciones de los aeropuertos, percibirá como complemento de tal puesto de trabajo, mientras realice el mismo, la cantidad de 1,24 euros por hora efectiva de trabajo, en los años 2009 y 2010. En 2011, este plus ascenderá a 1,25 euros por hora. Esta cuantía se revisará en 2012 en función al IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del año 2010 y el 1%.

Se exigirá, como requisito previo para acceder a este puesto de trabajo, que el trabajador acredite haber realizado un curso de formación específico sobre el uso y funcionamiento de la Radioscopia Aeroportuaria, impartido por personal técnico con conocimientos suficientes en este tipo de aparatos, sin el que no podrá, en todo caso, desempeñar el citado servicio.

f) Plus de Radioscopia Básica.–El Vigilante de Seguridad que utilice la radioscopia en puestos de trabajo que no sean instalaciones aeroportuarias percibirá como complemento de tal puesto de trabajo durante los años 2009, 2010 y 2011, la cantidad de 0,19 euros por hora efectiva de trabajo, mientras realice aquel servicio.

El Plus de Radioscopia Básica se revisará en 2012 en función al IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del año 2010 y el 1%.

g) Plus de Trabajo Nocturno.–Se fija un plus de Trabajo Nocturno por hora trabajada. De acuerdo con el artículo 41 del presente Convenio Colectivo, se entenderá por trabajo nocturno el comprendido entre las veintidós horas y las seis horas del día siguiente. Si las horas trabajadas en jornada nocturna fueran de cuatro o más horas, se abonará el plus correspondiente a la jornada trabajada, con máximo de ocho horas.

Cada hora nocturna trabajada se abonará, de acuerdo con cada categoría, con arreglo a las siguientes tablas:

Valores horas nocturnas 2009-2010

Categorías

2009-2010
–
Euros

Personal administrativo

A) Administrativos:

Jefe de Primera

1,45

Jefe de Segunda

1,30

Oficial de Primera

1,11

Oficial de Segunda

1,07

Azafata/o

0,95

Auxiliar

0,95

Telefonista

0,79

Aspirante

0,68

B) Técnicos y Especialistas de Oficina:

Programador de Ordenador

1,54

Operador/grabador de Ordenador

1,11

Técnico formación/tec. Prevención intermedio

1,29

Delineante Proyectista

1,29

Delineante

1,11

C) Comerciales:

Jefe de Ventas

1,45

Técnico Comercial

1,30

Vendedor

1,16

Mandos intermedios

Jefe de Tráfico

1,28

Jefe de Vigilancia

1,28

Jefe de Servicios

1,28

Jefe de Cámara o Tesorería

1,28

Inspector

1,23

Coordinador de servicios

1,23

Supervisor CRA

1,18

Personal operativo

A) Habilitado:

Vigilante de Seguridad de Transporte Conductor y Vigilante de Seguridad e Transporte de Explosivos Conductor

1,14

Vigilante de Seguridad de Transporte y Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos

1,05

Vigilante de Seguridad

1,04

Vigilante de Explosivos

1,04

Guarda Particular de Campo

1,04

Escolta

1,04

B) No habilitado:

Operador CR Alarmas

0,80

Contador-Pagador

0,87

Personal de seguridad mecánico-electrónica

Encargado

1,49

Ayudante de Encargado

0,80

Revisor de sistemas

1,11

Oficial de Primera

1,37

Oficial de Segunda

1,23

Oficial de Tercera

1,07

Especialista

0,80

Operador de soporte técnico

0,85

Aprendiz

0,70

Personal de oficios Varios

Oficial de Primera

1,22

Oficial de Segunda

0,94

Ayudante

0,79

Peón

0,79

Aprendiz

0,68

Personal subalterno

Conductor

0,95

Ordenanza

0,86

Almacenero

0,86

Limpiador-limpiadora

0,79

Para el año 2011, los valores por cada hora nocturna que se realice, son los que se indican a continuación:

Valores horas nocturnas 2011

Categorías

2011
–
Euros

Personal administrativo

A) Administrativos:

Jefe de Primera

1,46

Jefe de Segunda

1,31

Oficial de Primera

1,12

Oficial de Segunda

1,08

Azafata/o

0,96

Auxiliar

0,96

Telefonista

0,80

Aspirante

0,69

B) Técnicos y Especialistas de Oficina:

Programador de Ordenador

1,56

Operador/grabador de Ordenador

1,12

Técnico formación/tec. Prevención intermedio

1,30

Delineante Proyectista

1,30

Delineante

1,12

C) Comerciales:

Jefe de Ventas

1,46

Técnico Comercial

1,31

Vendedor

1,17

Mandos Intermedios

Jefe de Tráfico

1,29

Jefe de Vigilancia

1,29

Jefe de Servicios

1,29

Jefe de Cámara o Tesorería

1,29

Inspector

1,24

Coordinador de servicios

1,24

Supervisor CRA

1,19

Personal operativo

A) Habilitado:

Vigilante de Seguridad de Transporte Conductor y Vigilante de Seguridad e Transporte de Explosivos Conductor

1,15

Vigilante de Seguridad de Transporte y Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos

1,06

Vigilante de Seguridad

1,05

Vigilante de Explosivos

1,05

Guarda Particular de Campo

1,05

Escolta

1,05

B) No Habilitado:

Operador CR Alarmas

0,81

Contador-Pagador

0,88

Personal de seguridad mecánico-electrónica

Encargado

1,50

Ayudante de Encargado

0,81

Revisor de sistemas

1,12

Oficial de Primera

1,38

Oficial de Segunda

1,24

Oficial de Tercera

1,08

Especialista

0,81

Operador de soporte técnico

0,86

Aprendiz

0,71

Personal de oficios varios

Oficial de Primera

1,23

Oficial de Segunda

0,95

Ayudante

0,80

Peón

0,80

Aprendiz

0,69

Personal subalterno

Conductor

0,96

Ordenanza

0,87

Almacenero

0,87

Limpiador-limpiadora

0,80

Estas cuantías se revisarán en el año 2012 en función al IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real correspondiente al año 2010 y el 1%.

h) Plus Fin de Semana y Festivos.

Teniendo en cuenta que los fines de semana y festivos del año son habitualmente días laborables normales en el cuadrante de los vigilantes de seguridad del Servicio de Vigilancia, se acuerda abonar a estos trabajadores un Plus por hora efectiva trabajada de 0,83 € durante los sábados, domingos y festivos para los años 2009 y 2010. Este plus ascenderá a 0,84 € en 2011 y se revisará en 2012 en función al IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real del año 2010 y el 1%.

A efectos de cómputo será a partir de las 00’00 horas del sábado a las 24,00 del domingo y en los festivos de las 00’00 horas a las 24,00 horas de dichos días trabajados. No es abonable para aquellos trabajadores que hayan sido contratados expresamente para trabajar en dichos días (Ej. Contratos a Tiempo Parcial para fines de semana).

A los efectos de los días festivos, se tendrán en cuenta los nacionales, autonómicos y locales señalados para cada año, correspondientes al lugar de trabajo donde el vigilante de seguridad de vigilancia preste el servicio, independientemente del centro de trabajo donde esté dado de alta.

i) Plus de Residencia de Ceuta y Melilla.

Se abonará un Plus de Residencia equivalente al 25% del Salario Base de su categoría a los trabajadores que residan en las provincias de Ceuta y Melilla. Dicho plus no será abonable en las gratificaciones extraordinarias de Navidad, Julio y Beneficios, y no podrá ser absorbido o compensado, total o parcialmente, sino con otra percepción de la misma naturaleza e igual finalidad, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la O.M. de 20 de marzo de 1975.

Art. 70. Complemento de cantidad o calidad de trabajo, Horas extraordinarias.–a) Horas Extraordinarias.

Respecto a las horas extraordinarias se estará a lo dispuesto en el artículo 42 del presente Convenio Colectivo y en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.

b) Pluses de Noche Buena y Noche Vieja.

Los trabajadores que realicen su jornada laboral en la noche del 24 al 25 de diciembre, así como la noche del 31 de Diciembre al 1 de Enero, percibirán una compensación económica de 63,75 euros en 2009 y 2010, en 2011 esta compensación será de 64,39 €, o en su defecto, a opción del trabajador, de un día de descanso compensatorio, cuando así lo permita el servicio. Dicha compensación económica será revalorizada en el año 2012 en función del IPC real del 2011 más la diferencia entre el IPC real del 2010 y el 1%.

Art. 71. Complemento de vencimiento superior al mes.–1. Gratificación de Julio y Navidad. El personal al servicio de las Empresas de Seguridad percibirá dos gratificaciones extraordinarias con los devengos y fechas de pago siguientes:

1.1 Gratificación de Julio: Se devengará del 1 de julio al 30 de junio. Independientemente de la finalización de su devengo, el pago se realizará entre el 13 y el 15 de julio.

El importe de esta gratificación será de una mensualidad de la columna de «total» correspondiente al Anexo Salarial y por los mismos conceptos, incluyendo el complemento personal de Antigüedad, así como la parte proporcional del Plus de Peligrosidad correspondiente al tiempo trabajado con armas durante su devengo.

1.2 Gratificación de Navidad: Se devengará del 1 de enero al 31 de diciembre. Independientemente de la finalización de su devengo, el pago se realizará entre el 13 y el 15 de diciembre. El importe de esta gratificación será de una mensualidad de la columna del «total» correspondiente al Anexo Salarial y por los mismos conceptos, incluyendo el complemento personal de Antigüedad, así como la parte proporcional del plus de peligrosidad correspondiente al tiempo trabajado con armas durante su devengo.

El personal que hubiere ingresado en el transcurso del año o cesare durante el mismo, percibirá las gratificaciones extraordinarias aludidas, prorrateando su importe en relación con el tiempo trabajado.

2. Gratificación de Beneficios. Todos los trabajadores de las Empresas de Seguridad sujetas a este Convenio, cualquiera que sea la modalidad de su contrato de trabajo, tendrá el derecho al percibo, en concepto de beneficios, de una cantidad equivalente a una mensualidad de la columna de «total», correspondiente al Anexo del año anterior al del mes del percibo, incluyendo antigüedad y por los mismos conceptos, así como la parte proporcional del plus de peligrosidad correspondiente al tiempo trabajado con armas durante su devengo.

La participación en beneficios se devengará anualmente del 1 de enero al 31 de diciembre, y se abonará, por años vencidos, entre el 13 y el 15 de marzo del año siguiente. Los trabajadores que al 31 de diciembre lleven menos de un año al servicio de la Empresa o que cesen durante el año, tendrán derecho igualmente a percibir la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado, ya que su devengo se computará por años naturales.

3. Prorrateo de Pagas: Las anteriores gratificaciones extraordinarias se podrán prorratear en doce mensualidades, previo acuerdo del trabajador y la empresa.

Art. 72. Indemnizaciones o Suplidos.–a) Plus de Distancia y Transporte. Se establece como compensación a los gastos de desplazamiento y medios de transporte dentro de la localidad, así como desde el domicilio a los centros de trabajo y su regreso. Su cuantía, en cómputo anual, es de 1.127,70 € para los años 2009 y 2010, y redistribuida en quince pagas, según se establece en la columna correspondiente del Anexo Salarial. En 2011, la cuantía anual de este suplido es de 1.138,95 redistribuidos, igualmente, en quince pagas, según se refleja en el Anexo correspondiente al citado ejercicio.

b) Plus de Mantenimiento de Vestuario. Se establece como compensación de gastos que obligatoriamente correrán a cargo del trabajador, por limpieza y conservación del vestuario, calzado, correajes, y demás prendas que componen su uniformidad, considerándose a estos efectos, como indemnización por mantenimiento de vestuario. Su cuantía, según categoría, en cómputo anual, y redistribuida en quince pagas, se establece en la columna correspondiente en los Anexos Salariales para los años 2009, 2010 y 2011, que forman parte de este convenio.

Las cuantías establecidas en este artículo se revisarán en el año 2012 en función del IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real correspondiente al año 2010 y el 1%.

Art. 73. Cuantía de las retribuciones.–Las cuantías de las retribuciones y sus conceptos, aplicables durante los años 2009, 2010 y 2011, para las distintas categorías, son las que figuran tanto en el articulado como en las tablas del Anexo salarial del presente Convenio Colectivo.

Para el año 2012, todos los importes económicos de este convenio colectivo se actualizarán en función del IPC real de 2011, más la diferencia resultante entre el IPC real correspondiente al año 2010 y el 1%.

Para realizar los incrementos previstos, ambas partes acuerdan reunirse a través de la Comisión Paritaria de seguimiento del Convenio, tan pronto sea conocido el IPC real correspondiente a 2011 para determinar las retribuciones del año 2012, así como la distribución y la confección de las tablas.

Art. 74. Cumplimiento del Convenio Colectivo y promoción del mismo.–Ambas representaciones vigilarán el correcto cumplimiento del presente Convenio Colectivo y se comprometen a denunciar ante las autoridades laborales y de Seguridad Social el incumplimiento de las condiciones en él recogidas.

Con el objeto de promover el cumplimiento del presente Convenio, ambas representaciones se comprometen a instar a las administraciones públicas a que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se requiera en los Pliegos de Contratación Pública referentes a prestación de servicios de seguridad, que todos los licitadores pongan de manifiesto, de manera fehaciente, haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones que en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales les impone el presente Convenio. Igualmente, de acuerdo con lo recogido en las secciones 1.6 y 3.2 de la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea de 15 de octubre de 2001 sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos, ambas representaciones se comprometen a instar a las administraciones públicas a incluir en los Pliegos de Contratación Pública referentes a los servicios de seguridad una «cláusula social de ejecución de contrato» que permita a la administración licitante comprobar que durante la ejecución del mismo, el adjudicatario respeta las obligaciones que en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales le impone el presente Convenio.

Igualmente, ambas representaciones se comprometen a solicitar a las administraciones públicas que verifiquen el cumplimiento del Convenio en los concursos públicos que convoquen, de manera que si identificaran algún licitador que realizara una oferta anormal o desproporcionada, según lo recogido en el artículo 136 de la Ley 30/2007, y que pudiera poner en peligro el cumplimiento de las condiciones de trabajo recogidas en el presente Convenio, procediera a su exclusión de dicho concurso.

Finalmente, ambas representaciones se comprometen a solicitar a las administraciones públicas que verifiquen que la dotación económica presupuestada en los concursos públicos para la prestación de servicios de seguridad, es suficiente para dar cumplimiento a lo recogido en el presente Convenio. En el supuesto de que alguna de las representaciones identifique pliegos de concursos públicos cuya cuantía fuera inferior a la necesaria para cubrir los costes salariales de los empleados de vigilancia, dimanantes de la aplicación de este Convenio, pondrá en conocimiento de dicha administración este hecho por si aquella tuviera a bien modificar las condiciones del pliego.

Art. 75. Uniformidad.–Las Empresas facilitarán cada dos años al personal operativo las siguientes prendas de uniforme: tres camisas de verano, tres camisas de invierno, una corbata, dos chaquetillas, dos pantalones de invierno y dos pantalones de verano.

Igualmente se facilitará cada año un par de zapatos.

Asimismo se facilitará, en casos de servicios en el exterior las prendas de abrigo y de agua adecuadas.

Las demás prendas de equipo se renovarán cuando se deterioren.

En caso de fuerza mayor, debidamente probada, se sustituirán las prendas deterioradas por otras nuevas.

Las Empresas mejorarán la calidad de todos los elementos del uniforme arriba descritos.

Las prendas de uniforme a entregar al Guarda Particular de Campo serán en las mismas unidades que al Vigilante de Seguridad, añadiéndose aquellas otras distintivas exigidas por las disposiciones legales correspondientes.

Art. 76. Premio de vinculación.–Los trabajadores que acepten la propuesta de la empresa de causar baja voluntaria en la misma, tendrán derecho a un premio de vinculación siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

Edad

Años 2009-2010

Año 2011

60

6.977,24 €

7.047,01 €

61

6.610,02 €

6.676,12 €

62

6,242,79 €

6.305,22 €

63

5,875,57 €

5,934,33 €

Las cuantías establecidas en este artículo se revisarán en el año 2012 en función del IPC real del año 2011 más la diferencia entre el IPC real correspondiente al año 2010 y el 1%.

Estos importes se liquidarán con el último recibo salarial que se abone al trabajador.

Art. 77. Jubilación anticipada.–a) Al cumplir 64 años de edad:

Ambas partes acuerdan que el trabajador afectado por el presente Convenio pueda jubilarse, si lo desea, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1194/85, de 17 de julio, a los 64 años, extinguiéndose el contrato de trabajo, a tenor de lo previsto en el artículo 49.f) del Estatuto de los Trabajadores.

La finalidad principal de este acuerdo es el establecimiento de una política de empleo en este Sector, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1) Haber cumplido sesenta y cuatro años.

2) Reunir el trabajador jubilado los requisitos, salvo la edad, que para tener derecho a la pensión de jubilación se establecen en las disposiciones reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social.

3) Sustituir la Empresa al trabajador que se jubila por otro trabajador que se halle inscrito como desempleado en la Oficina de Empleo, sin perjuicio, en su caso, del cumplimiento simultáneo de las condiciones exigidas por la normativa especial de Vigilantes de Seguridad que esté en vigor en cada momento.

4) Que el nuevo contrato suscrito por el trabajador sea de idéntica naturaleza al que se extingue por jubilación del trabajador.

Art. 77 bis. Jubilación a los sesenta y cinco años.–Se pacta expresamente que será causa de extinción del contrato de trabajo por jubilación obligatoria cuando el trabajador cumpla sesenta y cinco años o más, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/2005, de 1 de julio, siempre que por parte de la empresa se lleve a cabo cualquiera de las políticas de empleo siguientes:

a) Contratación de un nuevo trabajador por cada contrato extinguido por este motivo.

b) Transformación de un contrato temporal en indefinido por cada contrato extinguido por esta causa.

c) Mejora en la estabilidad en el empleo pactada en el artículo 32 del presente convenio.

En todo caso, el trabajador afectado por la extinción deberá tener cubierto el periodo mínimo de cotización y cumpla los demás requisitos exigidos por la legislación de la Seguridad Social, para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.

No será de aplicación el condicionado anterior, en caso de jubilación voluntaria.

Art. 78. Aplicación de la jubilación parcial y del contrato de relevo.–1. Los trabajadores, tendrán derecho a acceder a la jubilación parcial, al cumplir la edad y requisitos exigidos por la legislación vigente.

2. La empresa fijará de acuerdo con el trabajador el porcentaje de la jornada anual a trabajar, continuando el trabajador de alta y cotizando hasta alcanzar la edad de 65 años.

3. Respecto al trabajador contratado o relevista se le podrá contratar con un contrato a tiempo completo.

Art. 79. Asistencia jurídica.–Las Empresas afectadas por el presente Convenio, asumirán la asistencia legal a aquellos trabajadores que en calidad de acusados o denunciantes se vean incursos en procesos penales instruidos por ocasión de acciones realizadas en el cumplimiento de las funciones encomendadas por la Empresa, con independencia de que con posterioridad el trabajador cause baja en la misma, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 46, apartado d), y ello siempre que hayan comunicado tal situación en los dos días hábiles siguientes a la recepción de la primera comunicación.

Art. 80. Las Empresas que cuenten con personal del Grupo V, del artículo 18 (personal de Seguridad Mecánico-Electrónica), si procediesen a subcontratar sus servicios con personal ajeno a la Empresa, no podrán, en ningún caso, reducir su plantilla de trabajadores como consecuencia de dicha subcontratación. Todo ello, con la finalidad de garantizar los puestos de trabajo existentes y en detrimento de su sustitución por personal ajeno al presente Convenio Colectivo.

Art. 81. Póliza de responsabilidad civil.–Las Empresas adscritas al presente Convenio vendrán obligadas a suscribir Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por importe, durante los años 2009 y 2010 de al menos 138.000 euros, con los efectos y consecuencias comprendidas en la Ley del Contrato de Seguro. En 2011, esta póliza será, como mínimo de 139.380 € y en 2012, se actualizará su importe en base al IPC real de 2011, más la diferencia resultante entre el IPC real de 2010 y el 1%

Art. 82. Concurrencia de Convenios.–El presente convenio colectivo tiene voluntad de regular las condiciones de trabajo para todas las Empresas y sus trabajadores incluidos en el Sector de Seguridad Privada: por tanto, todos los contenidos establecidos en este Convenio se aplicarán a todas las Empresas y trabajadores de este Sector.

Por todo ello, los Convenios de Empresa que se puedan pactar, en concurrencia con el presente, sea cual sea su ámbito de aplicación y eficacia, deberá, como mínimo, respetar todas y cada una de las condiciones de trabajo pactadas en este Convenio Nacional, considerándose nulas todas y cada de las condiciones que no respeten el mínimo establecido en el presente Convenio Colectivo Nacional del Sector de Seguridad Privada.

En el supuesto de concurrencia de Convenios entre el presente y otro de ámbito inferior, se aplicará de cada materia el Convenio que resulte más favorable para los trabajadores.

Esta cláusula se pacta al amparo de lo dispuesto en el artículo 83-2.º del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 83. Inaplicación de tablas salariales.–Teniendo en cuenta las modificaciones de la Ley 35/2007 sobre los artículos 82.3 y 85.3.c), así como del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el régimen de inaplicación salarial y modificaciones sustanciales de las condiciones colectivas de trabajo, se realizará de acuerdo con los siguientes términos:

A) Inaplicación de tablas salariales.

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en este convenio no serán de necesaria u obligada aplicación para aquellas empresas cuando concurran las circunstancias o causas que justifiquen el descuelgue previsto en el artículo 82.3 del ET.

En estos casos, las empresas trasladarán a la representación legal de los trabajadores las causas que motivan la inaplicación de las mismas, abriéndose un período de consultas de 15 días naturales. Para valorar esta situación se tendrán en cuenta las circunstancias previstas en la legislación vigente.

A la solicitud de inaplicación de Tablas se deberá acompañar los documentos objetivos que acrediten la realidad de la causa expresada en el párrafo anterior, adjuntando Informes de auditores o Censores de Cuentas, Balances, cuenta de resultados, así como cualquier otro documento que considere oportuno el solicitante, reservándose la representación legal de los trabajadores la facultad de solicitar la documentación e información adicional que estime pertinente, con carácter previo a resolver la inaplicación a la que se refiere el párrafo siguiente.

La representación legal de los trabajadores de la empresa, constatadas las circunstancias objetivas aducidas, podrá manifestar su conformidad, que requerirá el acuerdo de la mayoría de la misma o de dichos representantes dentro del plazo máximo indicado de quince días, con la inaplicación temporal de las tablas fijándose en el acuerdo una programación de la progresiva convergencia hacia la recuperación de las condiciones salariales establecidas en este Convenio Colectivo, sin que en ningún caso dicha inaplicación pueda superar el periodo de vigencia del Convenio ni, como máximo los tres años de duración. Copia del acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo en el plazo de cinco días desde la fecha del acuerdo para su plena eficacia.

En caso de desacuerdo, el resultado deberá ser notificado a la Comisión Paritaria Nacional del Convenio en el plazo de cinco días siguientes a haberse producido el mismo, acompañando la documentación unida al expediente, pudiendo esta recabar la documentación complementaria que estime oportuna, y una vez recibida ésta, se pronunciará en un plazo no superior a veinte días naturales debiendo de tomar el acuerdo por mayoría de sus miembros, presentes o representados, aprobando la decisión empresarial cuando concurran las causas alegadas por la empresa o desaprobándola en caso contrario. En caso de desacuerdo, las partes se comprometen a acudir a los mecanismos de solución extrajudiciales previstos en el ASEC IV, en tanto no se suscriban los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal previstos para estos casos en el artículo 82.3 y 83 del Estatuto de los Trabajadores.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, estos podrán atribuir su representación a una Comisión designada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

B) Modificación sustancial de las condiciones colectivas de trabajo.

En el caso de que la empresa pretenda modificar condiciones sustanciales de ámbito colectivo a los trabajadores a que se refiere este Convenio Colectivo, en relación con el artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores, letras b), c), d) y f), lo comunicará a la representación legal de los trabajadores, indicando las razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que concurran para que la adopción de las mismas contribuyan a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación y perspectiva de la misma a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuestas a las exigencias de la demanda.

Se abrirá un período de consultas no superior a quince días naturales de duración, al objeto de llegar a un acuerdo, que requerirá la conformidad de la mayoría de la representación legal de los trabajadores, todo ello de acuerdo con lo regulado en el 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

En caso de desacuerdo, la empresa y la representación legal de los trabajadores, finalizado el repetido plazo de quince días naturales de consulta, se comprometen a acudir a los mecanismos de solución extrajudicial previstos en el ASEC IV, al objeto de resolver las discrepancias surgidas en el anterior procedimiento, en tanto sean suscritos al respecto los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, estos podrán atribuir su representación a una comisión designada con lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Paritaria establecida en el artículo noveno de este Convenio, las partes firmantes se someten al Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de fecha 24 de febrero de 2009 («BOE» núm. 63, de 14 de marzo de 2009), para la resolución de los conflictos colectivos laborales que se susciten al que le es aplicable este Convenio, siempre que estos conflictos sean de ámbito estatal.

Segunda. Se acuerda que si por modificación de la normativa europea o española, fueran suprimidas las armas de fuego que actualmente portan los vigilantes de transporte de fondos y explosivos, estos continuarán percibiendo el importe del plus de peligrosidad que en su momento esté recogido en convenio colectivo.

Tercera. Las partes firmantes de este Convenio Colectivo se reunirán, en el primer semestre del año 2011, para constituir una Comisión o Comisiones, para realizar un estudio y análisis sobre los distintos aspectos del sector, tales como la posible implantación de un plan de pensiones, solicitud conjunta de una propuesta a los organismos competentes para la jubilación anticipada o prejubilación, analizar y definir el concepto de macroconcentración urbana, así como los criterios de elaboración de cuadrantes anuales de trabajo de vigilancia.

Todo ello al objeto de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la eficacia de la actividad de las empresas, sin perjuicio de las facultades que le son reconocidas a ambas partes en este Convenio. La citada Comisión, o Comisiones, estará constituida por dos miembros de cada una de las organizaciones empresariales y sindicales firmantes de este Convenio.

Los informes que emanen de las distintas comisiones se trasladarán a la mesa negociadora.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Los Vigilantes de Seguridad (antiguos vigilantes jurados con antigüedad, reconocida en nómina, anterior a 1 de enero de 1994) que continúen en alta en su empresa y que se encuentran beneficiados por la Disposición Adicional Segunda del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad para los años 2005/2008, percibirán la cuantía mensual establecida en el artículo 69.ª) para el Plus de Peligrosidad.

En caso de que estos trabajadores realizasen el servicio con arma, el importe del plus funcional de peligrosidad devengado, de acuerdo con el citado artículo 69, queda absorbido total o parcialmente por esa cuantía.

Asimismo, los vigilantes a quienes se garantizan tal percepción no podrán rehusar el requerimiento por parte de la empresa para prestar servicios con arma, bajo condición de pérdida de la cuantía correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Los importes del plus de peligrosidad a que se hace referencia en este convenio podrán ser abonados por las empresas en once pagas, incluyéndose en las mismas las partes proporcionales de pagas extraordinarias y vacaciones.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Ambas partes acuerdan que en caso de que a lo largo de la vigencia del presente Convenio se publicara alguna disposición distinta de las mencionadas, que afectara al contenido del presente Texto, se convocará con carácter inmediato a la Comisión Negociadora a fin de adaptar su contenido en lo que pudiera quedar modificado.

Anexo de salarios y otras retribuciones años 2009 y 2010

Salario

base

Plus

peligrosidad

Plus

actividad

Plus

ransporte

Plus

vestuario

Total

Personal Directivo, Titulado y Técnico

Director General

1.700,58

75,18

1.775,76

Director Comercial

1.535,46

75,18

1.610,64

Director Administrativo

1.535,46

75,18

1.610,64

Director Técnico

1.535,46

75,18

1.610,64

Director de Personal

1.535,46

75,18

1.610,64

Jefe de Personal

1.370,30

75,18

1.445,48

Jefe de Seguridad

1.370,30

75,18

1.445,48

Titulado Superior

1.370,30

75,18

1.445,48

Titulado Medio/Técnico de prevención grado superior

1.205,11

75,18

1.280,29

Delegado Provincial-Gerente

1.205,11

75,18

1.280,29

Personal administrativo

A) Administrativos:

Jefe de Primera

1.133,70

71,41

75,18

1.280,29

Jefe de Segunda

1.057,67

81,42

75,18

1.214,27

Oficial de Primera

916,25

101,71

75,18

1.093,14

Oficial de Segunda

867,42

106,49

75,18

1.049,09

Azafata/o

791,29

116,55

75,18

983,02

Auxiliar

791,29

116,55

75,18

983,02

Telefonista

677,04

131,70

75,18

883,92

Aspirante

591,08

120,24

75,18

784,50

B) Técnicos y especialistas de oficina:

Analista

1.370,30

75,18

1.445,48

Programador de Ordenador

1.205,11

75,18

1.280,29

Operador/Grabador Ordenador

916,64

101,32

75,18

1.093,14

Técnico de formación, técnico de Prevención intermedio

1.055,55

83,54

75,18

1.214,27

Delineante Proyectista

1.055,55

83,54

75,18

1.214,27

Delineante

916,64

101,32

75,18

1.093,14

C) Comerciales:

Jefe de Ventas

1.131,84

73,27

75,18

1.280,29

Técnico Comercial

1.055,55

83,54

75,18

1.214,27

Vendedor

940,98

98,99

75,18

1.115,15

Mandos intermedios

Salario

base

Plus

peligrosidad

Plus

actividad

Plus

ransporte

Plus

vestuario

Total

Jefe de Tráfico

1.201,14

9,67

75,18

1.285,99

Jefe de Vigilancia

1.201,14

9,67

75,18

1.285,99

Jefe de Servicios

1.201,14

9,67

75,18

1.285,99

Jefe de Cámara o Tesorería de manipulado

1.201,14

9,67

75,18

1.285,99

Inspector

1.140,33

22,26

75,18

1.237,77

Coordinador de servicios

1.140,33

22,26

75,18

1.237,77

Supervisor CRA

1.098,86

9,67

75,18

1.183,71

Personal operativo

A) Habilitado:

V. S. Transporte-Conductor

961,37

134,42

157,07

75,18

75,19

1.403,23

V.S. de Transporte

917,40

134,42

157,07

75,18

75,19

1.359,26

Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos-Conductor

961,37

143,15

113,89

75,18

75,19

1.368,78

Vigilante de Seguridad de Transporte Explosivos

917,40

143,15

113,89

75,18

75,19

1.324,81

Vigilante de Explosivos

867,74

157,34

30,00

75,18

74,53

1.204,79

Vigilante de Seguridad

867,74

18,00

75,18

74,53

1.035,45

Guarda Particular de Campo (Pesca Marítima, Caza, etc.)

867,74

152,65

75,18

74,53

1.170,10

Escolta

867,74

134,42

75,18

74,53

1.151,87

B) No habilitado:

Operador CR Alarmas

690,31

75,18

48,34

813,83

Contador-Pagador

805,63

60,00

75,18

50,96

991,77

Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica

Encargado

1.192,24

75,18

51,44

1.318,86

Ayudante de Encargado

712,49

75,18

75,20

862,87

Revisor de Sistemas

927,71

75,18

61,61

1.064,50

Oficial de Primera

1.117,74

75,18

51,45

1.244,37

Oficial de Segunda

998,81

75,18

55,52

1.129,51

Oficial de Tercera

880,93

75,18

69,47

1.025,58

Especialista

712,49

75,18

75,20

862,87

Operador de soporte técnico

774,39

75,18

75,19

924,76

Aprendiz

607,74

75,18

26,02

708,94

Personal de oficios varios

Oficial de Primera

968,87

72,79

75,18

1.116,84

Salario

base

Plus

peligrosidad

Plus

actividad

Plus

ransporte

Plus

vestuario

Total

Oficial de Segunda

787,82

87,00

75,18

950,00

Ayudante

672,39

103,31

75,18

850,88

Peón

672,41

37,22

75,18

784,81

Aprendiz

591,08

39,94

75,18

706,20

Personal subalterno

Conductor

802,80

136,80

75,18

75,20

1.089,98

Ordenanza

731,87

27,41

75,18

834,46

Almacenero

731,87

27,41

75,18

834,46

Limpiador-Limpiadora

672,41

37,22

75,18

784,81

Anexo de salarios y otras retribuciones año 2011

Salario

base

Plus

peligrosidad

Plus

actividad

Plus

transporte

Plus

vestuario

Total

Personal direcivo, titulado y técnico

Director general

1.717,59

75,93

1.793,52

Director comercial

1.550,82

75,93

1.626,75

Director administrativo

1.550,82

75,93

1.626,75

Director técnico

1.550,82

75,93

1.626,75

Director de personal

1.550,82

75,93

1.626,75

Jefe de personal

1.384,00

75,93

1.459,93

Jefe de seguridad

1.384,00

75,93

1.459,93

Titulado superior

1.384,00

75,93

1.459,93

Titulado medio /técnico de prevención grado superior

1.217,16

75,93

1.293,09

Delegado provincial-gerente

1.217,16

75,93

1.293,09

Personal administrativo

A) Administrativos:

Jefe de primera

1.145,03

72,13

75,93

1.293,09

Salario

base

Plus

peligrosidad

Plus

actividad

Plus

transporte

Plus

vestuario

Total

Jefe de segunda

1.068,24

82,24

75,93

1.226,41

Oficial de primera

925,41

102,73

75,93

1.104,07

Oficial de segunda

876,09

107,56

75,93

1.059,58

Azafata/o

799,20

117,72

75,93

992,85

Auxiliar

799,20

117,72

75,93

992,85

Telefonista

683,81

133,02

75,93

892,76

Aspirante

598,00

121,45

75,93

795,38

B) Técnicos y especialistas de oficina:

Analista

1.384,00

75,93

1.459,93

Programador de ordenador

1.217,16

75,93

1.293,09

Operador/grabador ordenador

925,80

102,34

75,93

1.104,07

Técnico de formación, técnico de prevención intermedio

1.066,10

84,38

75,93

1.226,41

Delineante proyectista

1.066,10

84,38

75,93

1.226,41

Delineante

925,80

102,34

75,93

1.104,07

C) Comerciales:

Jefe de ventas

1.143,15

74,01

75,93

1.293,09

Técnico comercial

1.066,10

84,38

75,93

1.226,41

Vendedor

950,38

99,99

75,93

1.126,30

Mandos intermedios

Jefe de tráfico

1.213,15

9,77

75,93

1.298,85

Jefe de vigilancia

1.213,15

9,77

75,93

1.298,85

Jefe de servicios

1.213,15

9,77

75,93

1.298,85

Jefe de cámara o tesorería de manipulado

1.213,15

9,77

75,93

1.298,85

Inspector

1.151,73

22,49

75,93

1.250,15

Coordinador de servicios

1.151,73

22,49

75,93

1.250,15

Supervisor cra

1.109,84

9,78

75,93

1.195,55

Personal operativo

A) Habilitado:

Vigilante de seguridad de transporte-conductor

970,98

135,76

158,65

75,93

75,94

1.417,26

Vigilante de seguridad de transporte

926,57

135,76

158,65

75,93

75,94

1.372,85

Vigilante de seguridad de transporte explosivos-conductor

970,98

144,58

115,04

75,93

75,94

1.382,47

Vigilante de seguridad de transporte explosivos

926,57

144,58

115,04

75,93

75,94

1.338,06

Vigilante de explosivos

876,42

158,91

30,30

75,93

75,28

1.216,84

Salario

base

Plus

peligrosidad

Plus

actividad

Plus

transporte

Plus

vestuario

Total

Vigilante de seguridad

876,41

18,18

75,93

75,28

1.045,80

Guarda particular de campo (pesca marítima, caza, etc)

876,41

154,18

75,93

75,28

1.181,80

Escolta

876,41

135,76

75,93

75,28

1.163,38

B) No habilitado:

Operador cr alarmas

697,22

75,93

48,82

821,97

Contador-pagador

813,68

60,61

75,93

51,47

1.001,69

Personal de seguridad mecánico-electrónica

Encargado

1.204,16

75,93

51,96

1.332,05

Ayudante de encargado

719,61

75,93

75,96

871,50

Revisor de sistemas

936,98

75,93

62,24

1.075,15

Oficial de primera

1.128,91

75,93

51,97

1.256,81

Oficial de segunda

1.008,79

75,93

56,09

1.140,81

Oficial de tercera

889,73

75,93

70,18

1.035,84

Especialista

719,61

75,93

75,96

871,50

Operador de soporte técnico

782,13

75,93

75,95

934,01

Aprendiz

613,81

75,93

26,29

716,03

Personal de oficios varios

Oficial de primera

978,55

73,53

75,93

1.128,01

Oficial de segunda

795,69

87,88

75,93

959,50

Ayudante

679,11

104,35

75,93

859,39

Peón

679,13

37,60

75,93

792,66

Aprendiz

598,00

40,34

75,93

714,27

Personal subalterno

Conductor

810,82

138,16

75,93

75,97

1.100,88

Ordenanza

739,18

27,69

75,93

842,80

Almacenero

739,18

27,69

75,93

842,80

Limpiador-limpiadora

679,13

37,60

75,93

792,66

ÍNDICE ANALÍTICO

A

Administraciones de Lotería:

Dispensas, § 2, 134.

Libro-catálogo, § 2, 135.

Medidas de seguridad, § 2, 132; § 20, 23.

Alarmas:

Desconexión por falsas alarmas, § 2, 50.

Uso de aparatos no homologados, § 1, 24; § 2, 154.2.a).

(Véanse Centrales de alarma y sistemas de seguridad).

Antigüedades

(Véase Tiendas de antigüedades).

Aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad:

Instalación y mantenimiento:

Ámbito material, § 2, 39.

Aprobación de material, § 2, 40.

Averías, § 2, 44.

Certificado de instalación, § 2, 42.

Manuales del sistema, § 2, 45.

Personal de las empresas, § 2, 41.

Revisiones, § 2, 43.

Requisitos específicos, § 2, anexo I.5.

(Véase Medidas de seguridad).

Aptitudes psicofísicas para la tenencia y uso de armas y prestación de servicios de seguridad:

Centros de reconocimientos, § 15, 6.

Cuadros de enfermedades y criterios, § 15, 5 y anexo.

Exigencia de las condiciones psicofísicas, § 15, 1.

Expediente clínico básico, § 15, 7.

Informes de aptitud:

Contenido, § 15, 7.

Coste, § 15, 7.

Duplicados, § 15, 8.

Modelo, § 15, disposición final primera; § 16.

Vigencia a efectos de procedimiento, § 15, 8.

Licencia, autorización o habilitación extraordinarias, § 15, 9.

Necesidad de acreditación, § 15, 2.

Pruebas de aptitud:

Enumeración, § 15, 3.

Obligatoriedad, § 15, 4.

Solicitantes no afectados por enfermedades del anexo, § 15, 7.

Apuestas Mutuas

(Véase Despachos de Apuestas Mutuas).

Armas:

Adquisición por empresas de seguridad, § 2, 26.1.

Autorizaciones para portarlas fuera de servicio, § 2, 82.2; § 5, 20.

Custodia, § 3, 15.

Ejercicios de tiro, § 2, 84; § 17, 6.

Escoltas privados, § 1, 17.3; § 2, 83, 90 y 91.d); § 5, 27.

Extravío, robo o sustracción, § 2, 83.3.

Guardas particulares del Campo, § 1, 18; § 2, 83, 93 y 94.h); § 5, 28; § 15.

Guías de Pertenencia, § 12, 1.3 y anexo 5.

Libro-Registro de Entrada y Salida de Armas (modelo), § 4.

Precinto, § 1, 35.2; § 2, 145.

Prestación de servicios con, § 2, 81.

Pruebas psicotécnicas, § 2, 85; § 15.

Responsabilidad por su custodia, § 2, 83.

Retirada, § 2, 146.

Tarjeta de autorización, § 12, 1.2 y anexo 3.

Tenencia legal, § 2, 26.2; § 11, 120.

Traslado, § 2, 82.2; § 7, 4.

Vigilantes de Seguridad, § 1, 14; § 2, 82, 83 y 86; § 5, 19 y 20.

(Véase Licencias de armas tipo «C».)

Armeros:

Acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, § 2, 143.2.

Informe de idoneidad, § 2, 5.3; § 3, 6.

Libro-Registro de Entrada y Salida de Armas (modelo), § 4.

Medidas de seguridad, § 3, 6; § 20, 2.

Obligatoriedad, § 2, 25.

Plazo de incorporación, § 2, D. Tª 6ª

Auxiliares de Detective, § 2, D. Tª 11ª

Averías:

Alarmas, § 2, 50.2.

De cajeros automáticos, § 2, 79.1 f).

Manuales del sistema, § 2, 45.2.

Servicios técnicos, § 2, 44.

B

Bancos

(Véase Entidades de Crédito).

Bingo

(Véase Salas de bingo).

C

Caja General de Depósitos:

Constitución de garantía, § 2, 7.

Caja Postal:

Normas aplicables, § 2, 126.

Cajas de Ahorro

(Véase Entidades de Crédito).

Cajas fuertes:

Requisitos, § 2, 122, 130 y 132; § 20, 9.

Cajeros automáticos:

Medidas de seguridad, § 2, 122.4 y 5; § 20, 14.

Cámaras acorazadas:

Características, § 3, 8.

Inspección, § 2, 143.3.

Requisitos, § 2, 121.

Carburantes y combustibles

(Véase Estaciones de servicio).

Cartilla de tiro, § 2, 52.5; § 17, 13 y anexo 5.

Cartilla profesional:

De Guardas particulares del Campo, § 2, 52.5; § 5, 15 y anexo VI; § 7, 3 y anexo 7.

De Vigilantes de Seguridad, § 2, 52.5; § 5, 15 y anexo VI; § 7, 3.

Cartuchería:

Para ejercicios de tiro, § 17, 7.

Casinos de juego:

Medidas de seguridad, § 2, 133.1; § 20, 24.

(Véase Locales de juegos de azar).

Caza

(Véase Guardas de caza).

Centrales de alarmas:

De Entidades de Crédito, § 2, 119.3.

Desconexión por falsas alarmas, § 2, 50.

Funcionamiento, § 2, 48.

Información al usuario, § 2, 47.

Libros-Registro, § 2, 51; § 4.

Locales, § 3, 12.

Requisitos de conexión, § 2, 46.

Requisitos específicos para la explotación, § 2, anexo I.6.

Servicio de custodia de llaves, § 2, 49.

Servicios, § 3, 25.

(Véase Sistemas de alarmas).

Centros de formación del personal:

Centros específicos para Guardas particulares del Campo, § 8.

Comisiones de Valoración del Profesorado, § 6, 4; § 8.

Inspección, § 6, 3.

Requisitos de:

Acreditación del Profesorado, § 5, 2 y anexo 2.

Autorización, § 1, 5.2 y disposición adicional segunda; § 5, 1 y anexo 1.

(Véanse Formación del personal de seguridad privada y Habilitación del personal de seguridad privada).

Ceuta:

Requisitos de las empresas de seguridad que tengan su domicilio en, § 2, anexo I.8.

Combustibles y carburantes

(Véase Estaciones de servicio).

Comisiones de Valoración del Profesorado de Centros de Formación del Personal:

De centros específicos para Guardas particulares del Campo, § 8.

En general, § 6, 4.

Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada:

Composición:

Comisión Central, § 21, 1.

Comisiones Provinciales, § 21, 2.

De Comunidades Autónomas, § 2, disposición adicional tercera.2.

Designación de vocales, § 21, 3.

Funciones, § 21, 4.

Funcionamiento, § 21, 5.

Régimen jurídico general, § 2, disposición adicional tercera.5; § 18, 6.

Comunidades Autónomas:

Comisiones Mixtas de Coordinación de Seguridad Privada, § 2, disposición adicional tercera.

Facultades, § 1, disposición adicional cuarta.

Contratos de prestación de servicios de seguridad:

Con Administraciones Públicas, § 2, 20.2.

Comunicación, § 3, 17.

De Escoltas personales, § 1, 6.2.

Defectos, § 2, 21.

Fichero automatizado, § 3, 18.

Forma, § 1, 6.1; § 2, 20.1; § 3, 17.

Modelo, § 3, 16.

Modificaciones, § 2, 20.1.

Presentación en la Comisaría, § 2, 20.1 y 3.

Prohibiciones, § 1, 6.3.

Suspensión de servicios, § 2, 22.

Convenio Colectivo estatal de las empresas de seguridad:

Ascensos y provisión de vacantes, § 23. 31.

Asignación de categoría a los puestos de trabajo, § 23. 34.

Asistencia jurídica, § 23. 79.

Clasificación profesional:

Según la permanencia:

Contratación temporal, § 23. 15.

Contratos indefinidos, § 23. 16.

Según la función:

Clasificación general, § 23. 18.

Normas generales, § 23. 17.

Personal administrativo, § 23. 20.

Personal de mandos intermedios, § 23. 21.

Personal de oficios varios, § 23. 24.

Personal de seguridad mecánico-electrónica, § 23. 23.

Personal directivo, titulado y técnico, § 23. 19.

Personal operativo, § 23. 22.

Personal subalterno, § 23. 25.

Concurrencia de convenios, § 23. 82.

Cumplimiento del convenio y promoción del mismo, § 23. 74.

Derechos sindicales, § 23. 63.

Descanso anual compensatorio, § 23. 44.

Desplazamientos, § 23. 36.

Dietas, § 23. 37.

Escalafones, § 23. 33.

Excelencia especial, § 23. 49.

Excelencia voluntaria, § 23. 48.

Extinción del contrato de trabajo, § 23. 40.

Faltas y Sanciones:

Abuso de autoridad, § 23. 58.

Clases, § 23. 52.

Graves, § 23. 54.

Leves, § 23. 53.

Muy graves, § 23. 55.

Prescripción, § 23. 57.

Sanciones, § 23. 56.

Horario (modificación), § 23. 43.

Horas extraordinarias, § 23. 42.

Ingresos:

Condiciones de ingreso, § 23. 27.

Contratos, § 23. 28.

Normas generales, § 23. 26.

Periodo de prueba, § 23. 29.

Reconocimiento médico, § 23. 30.

Jornada de trabajo, § 23. 41.

Jubilación a los 65 años, § 23. 77 bis.

Jubilación anticipada, § 23. 77.

Jubilación parcial y del contrato de relevo (aplicación), § 23. 78.

Licencias, § 23. 46

Licencias sindicales, § 23. 47.

Lugar de trabajo, § 23. 35.

Modificación del horario, § 23. 43.

Objeto y ámbito, § 23, 1 a 9.

Organización del trabajo, § 23, 10 y 11.

Permisos sin sueldo, § 23. 50.

Política de estabilidad en el empleo, § 23. 32.

Póliza de responsabilidad civil, § 23. 81.

Premio de vinculación, § 23. 76.

Premios, § 23. 93

Prestación del trabajo:

Confidencialidad profesional, § 23. 13.

Formación, § 23. 12.

Subrogación de servicios, § 23. 14.

Prestaciones sociales:

Ayudas a hijos y cónyuges minusválidos, § 23. 61.

Compensaciones en los supuestos de incapacidad temporal, § 23. 62.

Seguro colectivo de accidentes, § 23. 60.

Retribuciones:

Anticipos, § 23. 65.

Complemento de vencimiento superior al mes, § 23. 71.

Complementos de puesto de trabajo, § 23. 69.

Cuantía de las retribuciones, § 23. 73.

Disposición general, § 23. 64.

Estructura salarial y otra retribuciones, § 23. 66.

Indemnizaciones y suplidos, § 23. 72.

Sueldo base, § 23. 67.

Tabla de valores de trienios, § 23. 67.

Tabla valores quinquenios años 2009 y 2010, § 23. 67

Tablas valores quinquenios año 2011, § 23. 67

Valores horas nocturnas § 23. 2011.

Valores horas nocturnas, 2009-2011, § 23. 69.

Seguridad y salud, § 23. 51.

Tablas salariales (inaplicación), § 23. 83.

Trabajos de superior e inferior categoría, § 23. 39.

Traslados, § 23. 38.

Uniformidad, § 23. 75.

Vacaciones, § 23. 45.

Cuerpo Nacional de Policía:

Acceso a Libros-Registro de las Empresas de Seguridad y de los Detectives Privados, § 1, 2.3; § 2, 143.

Control en materia de seguridad privada, § 1, 2.2; § 2, 137.

D

Decomiso:

De material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada, § 1, 29.

Departamento de Seguridad:

Bancos, Cajas de Ahorro y demás Entidades de Crédito, § 2, 119.

Cometidos, § 2, 116.

Facultativo, § 2, 115.

Obligatorio, § 2, 112.

Depósito y custodia de objetos valiosos o peligrosos y explosivos, § 2, 31; § 3, 10.

Libro-Registro, § 4.

Requisitos específicos de las empresas de seguridad, § 2, anexo I.3.

Vigilancia, § 3, 20.

Derecho de establecimiento:

Sector en regulación específica, § 1, disposición adicional primera.

Derecho de huelga:

Servicios esenciales, § 18.

Despachos de Apuestas Mutuas:

Dispensa de medidas de seguridad, § 2, 134.

Libro-catálogo, § 2, 135.

Medidas de seguridad, § 2, 132; § 20, 23.

Detectives privados:

Auxiliares, § 1, disposición transitoria cuarta; § 2, disposición transitoria undécima; § 5, disposición transitoria cuarta.

Carácter reservado de las investigaciones, § 2, 103.

Comunicación de informaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, § 2, 109.

Despacho, § 2, 104.

Exención de Diploma, § 5, disposición transitoria 4ª.

Formación permanente, § 5, 7 a 9.

Formación previa, § 5, 5.

Funciones, § 1, 19.1; § 2, 101.

Habilitación, § 1, 20; § 2, 54.5.

Incompatibilidades, § 2, 70.2.

Infracciones, § 1, 23; § 2, 151 a 153.

Libro-Registro, § 2, 108, 143 y disposición transitoria decimocuarta; § 5, 17 y anexo 7.

Memoria anual, § 1, 2.4; § 2, 141.

Menciones honoríficas, § 5, 36.

Normas transitorias, § 1, disposición transitoria cuarta.

Prohibiciones, § 1, 19.2, 3 y 4; § 2, 102.

Registro Especial, § 2, 52.7 y 104.

Requisitos específicos, § 2, 54.5.

Responsabilidad, § 2, 110.

Sanciones, § 1, 27.

Sociedades de Detectives, § 2, 105.

Sucursales:

Apertura, § 2, 107.

Establecimiento, § 2, 106.

Tarjeta de identidad (devolución), § 2, 65.

(Véase Personal de seguridad privada).

Diplomas:

Detectives privados, § 2, 54.5.b); § 5, 7.

Guardas particulares del Campo, § 5, 4.

Vigilantes de Seguridad, § 5, 4.

Directores de Seguridad:

Delegación de funciones, § 5, 18.

Formación permanente, § 5, 7 a 9.

Formación previa, § 5, 5.

Funciones, § 2, 117.

Habilitación, § 2, 63.2.

Mando de los servicios de seguridad, § 2, 96.2 y 117.

Pruebas, § 5, 12.

Titulación, § 5, 6.

Dispensadores de efectivo, § 2, 122; § 20, 13.

Dispositivos de seguridad

(Véase Aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad).

Distintivos:

De Guardas particulares del Campo, § 5, 28.

De Vigilantes de Seguridad, § 5, 25 y anexo 9.

Divisas

(Véase Oficinas de cambio de divisas y módulos transportables).

Drogas

(Véase Estupefacientes).

E

Ejercicios de tiro:

Armas y municiones, § 17, 6.

Asistencia sanitaria, § 17, 9.

Asistencia y documentación, § 17, 3.

Calendario anual y solicitudes de las empresas, § 17, 8.

Cartillas de tiro, § 17, 13 y anexo 5.

Clasificaciones, § 17, 11.

Dirección, § 17, 12.

Dotación de cartuchería, § 17, 7.

Ejercicios a realizar y consumos, § 17, 10.

Escoltas privados, § 2, 90.5; § 5, 27; § 17, 2.

Exámenes para la obtención de la licencia de armas, § 17, 16.

Fechas, § 17, 4.

Guardas particulares del Campo, § 2, 94.g); § 5, 28; § 17, 2.

Instructores, § 17, 17 y anexo 4.

Lugares, § 17, 5.

Material y gastos, § 17, 14.

Normas de ejecución:

Armas cortas, § 17, anexo 1.

Armas largas, § 17, anexo 1.

Generales, § 17, anexo 1.

Objeto, § 17, 1.

Silueta (dimensiones), § 17, anexo 2.

Supervisión, § 17, 15.

Vigilantes de Seguridad, § 2, 84; § 5, 21; § 17, 2.

Empresas de planificación y asesoramiento de actividades de seguridad:

Requisitos, § 2, anexo I.7.

Empresas de seguridad:

Administradores y Directores (requisitos), § 1, 8.

Autorización:

Disposiciones comunes:

Comprobaciones, inspecciones y resolución, § 3, 4.

Lugares de presentación, § 3, 3.

Modelo de solicitud, § 3, 2.

Sistema de seguridad, § 3, 5.

Solicitudes de autorización, § 3, 1.

Requisitos específicos:

Armeros, § 3, 6.

Cámaras acorazadas, § 3, 8.

Depósitos de explosivos, § 3, 9.

Locales de centrales de alarmas, § 3, 12.

Sistemas de seguridad de las empresas de depósito, § 3, 7.

Vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica, § 3, 11.

Vehículos de transporte de fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos, § 3, 10.

Funcionamiento:

Centrales de alarmas (Véase Centrales de alarmas y Sistemas de alarmas).

Depósito y custodia de objetos valiosos o peligrosos y explosivos, § 2, 31; § 3.

Disposiciones comunes:

Apertura de sucursales, § 2, 17.

Características de los vehículos, § 2, 18; § 15, 11 y 12.

Colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, § 2, 14.1; § 3, 13.

Comienzo de actividades, § 2, 15.

Comunicación de contratos, § 3, 17.

Contratos con defectos, § 2, 21.

Contratos de servicio, § 1, 6; § 2, 20.

Custodia de armas, § 3, 15.

Fichero automatizado de contratos, § 3, 18.

Funciones, § 2, 1.

Libros-Registro, § 2, 19, 143 y disposición transitoria decimocuarta; § 3, 14; § 4.

Modelo de contrato, § 3, 16.

Obligaciones generales, § 2, 14.

Publicidad de las empresas, § 2, 16.

Disposiciones específicas:

Características de los sistemas de seguridad, § 3, 24.

Comunicación de altas y bajas de personal, § 3, 19.

Homologación de sistemas de seguridad, § 3, 23.

Material de instalaciones, § 3, 22.

Servicios de centrales de alarmas, § 3, 25.

Vigilancia y protección del depósito de objetos valiosos y peligrosos, § 3, 20.

Vigilancia y protección del transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos, § 3, 21.

Empresas inscritas para actividades de vigilancia, protección de personas y bienes, depósito, transporte y distribución de objetos valiosos, explosivos u objetos peligrosos:

Adecuación de los servicios a los riesgos, § 2, 23.

Armas reglamentarias, § 2, 26.

Armeros, § 2, 25; § 3, 6.

Comunicación entre la sede de la empresa y el personal de seguridad, § 2, 24.

Sistemas de seguridad, § 3, 5, 7, 23, y 25.

Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad:

Ámbito material, § 2, 39.

Aprobación de material, § 2, 40.

Averías, § 2, 44.

Certificado de instalación, § 2, 42.

Manuales del sistema, § 2, 45.

Personal de las empresas, § 2, 41.

Revisiones, § 2, 43.

Protección de personas:

Autorización provisional, § 2, 29.

Personas y empresas autorizadas, § 2, 27.

Prestación y finalización del servicio, § 2, 30.

Solicitud, tramitación y resolución, § 2, 28.

Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos (véase Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos).

Información y control:

Competencias y funciones, § 2, 137.

Comunicación de modificaciones estatutarias, § 1, 9; § 2, 140.

Comunicación sobre pólizas de responsabilidad, § 2, 139.

Documentación anual, § 2, 138.

Perfeccionamiento del sector, § 2, 142.

Inscripción y autorización:

Ámbito territorial de actuación, § 2, 3.

Constitución de garantía, § 1, 7.1.f); § 2, 7.

Coordinación registral, § 2, 10.

Documentación, § 2, 5.

Habilitación múltiple, § 2, 6.

Obligatoriedad de la misma, § 1, 9; § 2, 2.

Procedimiento de autorización, § 2, 4 y 5.

Requisitos, § 1, 7.

Resoluciones y recursos, § 2, 9.

Servicios y actividades, § 2, 1.

Subsanación de defectos, § 2, 8.

Inspección:

Acceso de los funcionarios a los Libros-Registro, § 2, 143.

Inspecciones, § 2, 144.

Medidas cautelares (véase Medidas cautelares).

Modificaciones de inscripción:

Cancelación:

Causas, § 1, 7.3; § 2, 12.

Efectos, § 2, 13.

Supuestos, § 2, 11.

Régimen sancionador:

Cuadro de infracciones, § 2, 148 a 150.

Procedimiento, § 2, 156 a 161.

Requisitos específicos según las distintas clases de actividad, § 2, anexo.

Entidades de Crédito:

Autorización de apertura de establecimientos, § 2, 136.

Blindaje de los recintos de caja, § 20, 6.

Caja Postal, § 2, 126.

Cajas auxiliares, § 20, 12.

Cajas de alquiler, § 2, 121; § 20, 10.

Cajas fuertes, dispensadores de efectivo y cajeros automáticos § 2, 122; § 20, 9, 13 y 14.

Cámaras acorazadas, § 2, 121; § 20, 8.

Carteles anunciadores, § 20, 7.

Central de alarmas, § 2, 119.2 y 3.

Departamento de Seguridad, § 2, 119.1.

Dispositivos electrónicos, § 20, 5.

Equipos de registro de imágenes, § 20, 4.

Exenciones, § 2, 125.

Libro-catálogo, § 2, 135.

Medidas de seguridad, § 2, 120; § 20, 3.

Moneda fraccionaria, § 20, 16.

Oficinas de cambio de divisas y módulos transportables, § 2, 124; § 17, 15.

Planos de planta, § 2, 123.

Equipos caninos, § 2, 75 y 94.e).

Escoltas privados:

Autorización para portar armas fuera de servicio, § 5, 28.

Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, § 2, 91.a).

Conservación de las armas, § 2, 83 y 91.d).

Diligencia en el servicio, § 2, 72 y 91.b).

Ejercicios de tiro, § 2, 90.5; § 5, 27; § 17, instrucción 10.3.

Forma de prestación del servicio, § 2, 89.

Funciones, § 1, 17.1 y disposición adicional quinta; § 2, 88.

Habilitación (requisitos), § 2, 53 y 54.3.

Incompatibilidades, § 2, 70.2.

Infracciones, § 1, 23; § 2, 151 a 153.

Menciones honoríficas, § 5, 36.

Módulos profesionales, § 7, anexo 2.

Normas aplicables, § 1, 17.2.

Pruebas psicotécnicas periódicas, § 2, 85 y 91.e).

Régimen general, § 2, 91.

Requisitos específicos, § 2, 54.3.

Sanciones, § 1, 27.

Sustituciones, § 2, 74 y 91.c).

Tenencia de armas, § 1, 17.3; § 2, 90.

(Véanse Personal de seguridad privada y Protección de personas).

Estaciones de servicio:

Apertura de establecimientos (autorización), § 2, 136.

Libro-catálogo, § 2, 135.

Medidas de seguridad, § 2, 130; § 20, 20.

Estados miembros de la Unión Europea:

Uso o consumo de productos provenientes de, § 2, disposición final segunda.

Estupefacientes:

Represión del tráfico por los Vigilantes de Seguridad, § 2, 78.

Exhibiciones:

Medidas de seguridad, § 2, 12; § 20, 18.

Explosivos

(Véanse Depósito y custodia de objetos valiosos o peligrosos y explosivos, Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos y Vigilantes de explosivos).

F

Farmacias:

Dispensas, § 2, 134.

Libro-catálogo, § 2, 135.

Medidas de seguridad, § 2, 131; § 20, 22.

Ficheros automatizados:

De contratos, § 3, 18.

De infracciones, § 2, 137.4.

Fincas rústicas:

Vigilancia por los Guardas particulares del Campo, § 1, 18; § 2, 92.

Formación del personal de seguridad privada:

Centros de formación:

Inspección, § 5, 3.

Requisitos de acreditación del Profesorado, § 5, 2.

Requisitos de autorización, § 5, 1.

Formación permanente, § 2, 57:

Cursos de actualización y especialización, § 5, 7.

Cursos de formación especial, § 5, 9.

Cursos de formación específica, § 5, 8.

Formación previa § 2, 56:

Detectives privados, § 5, 5.

Directores de seguridad, § 5, 6.

Guardas particulares del campo, § 5, 4.

Vigilantes de seguridad, § 5, 4.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

Acceso a los armeros, § 2, 143.

Acceso a los Libros-Registro de las Empresas de Seguridad, § 2, 143.

Colaboración con, § 1, 1.4; § 2, 14, 66, 91.a) y 94.a); § 3, 13; § 5, 32.

Comunicación de autorizaciones para la prestación de servicios de protección personal, § 2, 30.5.

Libro-Registro de Comunicaciones a, § 4.

Prohibiciones en relación a centros de formación, § 1, disposición adicional segunda.3.

Obligación de comunicarles el extravío, robo o sustracción de armas, § 2, 83.3.

Reuniones informativas y de coordinación con Jefes de Seguridad, § 2, 97.

Funcionarios:

Incompatibilidades, § 2, disposición adicional cuarta.

Prohibición de obtener la habilitación para el ejercicio de las funciones de Detective privado, § 1, 20.

G

Galerías de arte:

Apertura de establecimientos (autorización), § 2, 136.

Exhibiciones o subastas ocasionales, § 2, 128.

Libro-catálogo, § 2, 135.

Medidas de seguridad, § 2, 127.3; § 20, 17.

Galerías de tiro:

Asistencia sanitaria en, § 17, 9.

Autorización, § 2, 26.5.

Ejercicios de tiro, § 17, 5.

Gasolineras

(Véase Estaciones de servicio).

Grilletes:

Uso por los vigilantes de seguridad, § 2, 86.3.

Guardapescas marítimos:

Control de sus actuaciones, § 2, 137.3.

Especialidad de los Guardas particulares del Campo a efectos de habilitación y formación, § 2, 52.2.b).

(Véase Guardas particulares del Campo).

Guardas de Caza:

Control de sus actuaciones, § 2, 137.3.

Especialidad de los Guardas particulares del Campo a efectos de habilitación y formación, § 2, 52.2.b).

(Véase Guardas particulares del Campo).

Guardas particulares del Campo:

Arma reglamentaria, § 2, 93; § 5, 29; § 13.

Cartillas profesional y de tiro, § 2, 52.5; § 5, 14 y 15; § 7, 3, anexo 7.

Centros de formación, § 8.

Comisión de Valoración del Profesorado, § 8, 3.

Conservación de armas, § 2, 83 y 94.h).

Control por la Dirección General de la Guardia Civil, § 2, 137.3.

Controles y actuaciones en caso de delito, § 2, 76 y 94.f).

Diploma, § 5, 6 y anexo 3.

Dispensa del servicio, § 2, 118.

Ejercicios de tiro, § 2, 84 y 94.g); § 5, 28; § 17, 10.2.

Especialidades, § 2, 52.2.b).

Formación, § 2, 56 y 57; § 5, 7 a 9.

Funciones, § 1, 18; § 2, 92.

Habilitación (requisitos), § 2, 53 y 54.2.

Infracciones, § 1, 23; § 2, 151 a 153.

Menciones honoríficas, § 5, 36.

Módulos profesionales, § 9, anexo 1.

Normas transitorias, § 1, disposición transitoria segunda.

Pruebas:

De cultura física (contenido), § 9, anexo 1.2.

De selección, § 5, 9.

Psicotécnicos periódicos, § 2, 85; § 15.

Régimen general, § 2, 94.

Requisitos específicos, § 2, 54.2.

Sanciones, § 1, 27.

Uniformes y distintivos, § 2, 87 y 94.j); § 5, 30.

Utilización de perros, § 2, 75 y 94.e).

(Véase Personal de seguridad privada).

H

Habilitación del personal de seguridad privada:

Acreditaciones, § 5, 13.

Cartilla de tiro, § 5, 16.

Cartilla profesional, § 5, 15.

Disposiciones de desarrollo reglamentario, § 2, disposición transitoria octava.

Directores de Seguridad, § 5, 12.

Guardas particulares del Campo, § 5, 10.

Jefes de Seguridad, § 2, 63; § 5, 11.

Múltiple, § 2, 62.

Pérdida:

Devolución de la tarjeta de identidad, § 2, 65.

Causas, § 2, 64.

Procedimiento:

Documentación, § 2, 59.

Habilitación de Jefes de Seguridad, § 2, 63; § 5, 10.

Habilitación múltiple, § 2, 62.

Licencias de armas, § 2, 61.

Órgano competente, § 2, 60.

Pruebas (contenido), § 2, 58.

Requisitos:

Específicos, § 2, 54.

Fecha y acreditación, § 2, 55.

Generales, § 2, 53.

Suspensión administrativa, § 1, 35.2.c).

Tarjeta de identidad, § 2, 52.4; § 5, 14.

Vigilantes de Seguridad, § 5, 10.

Hojas de ruta:

De vehículos dedicados al transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos, § 2, 34.

Huelga:

Servicios esenciales, § 18.

I

Infracciones:

Al régimen de medidas de seguridad, § 2, 155.

Clasificación, § 1, 21.1.

Empresas de seguridad, § 1, 22; § 2, 148 a 150.

Personal de seguridad privada, § 1, 23; § 2, 151 a 153.

Por uso de aparatos y dispositivos de seguridad, § 1, 24.

Prescripción, § 1, 21.2.

Registro en ficheros automatizados, § 2, 137.4.

Usuarios de los servicios, § 2, 154.

(Véase Sanciones).

Inmuebles:

Actuación de Vigilantes en el exterior, § 2, 79.

Controles en el acceso, § 2, 77.

Instructores de Tiro, § 17, 17 y anexo 4.

Asistencia obligatoria a exámenes, § 17, 16.

Inversiones extranjeras:

Autorizaciones, § 1, disposición adicional primera.

Investigadores o Informadores en ejercicio:

Normas transitorias, § 2, disposición transitoria duodécima.

J

Jefes de Seguridad:

Comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, § 2, 97.

Comunicación de altas y bajas, § 2, 100.

Delegación de funciones, § 2, 99; § 5, 18.

Dirección de los ejercicios de tiro, § 2, 26.5.

Funciones, § 2, 95.

Habilitación, § 2, 53, 54.4 y 63.

Infracciones, § 1, 23; § 2, 151 a 153.

Menciones honoríficas, § 5, 36.

Obligatoriedad, § 1, 16; § 2, 96.

Pruebas, § 5, 11.

Requisitos, § 2, 54.4.

Sanciones, § 1, 27.

Subsanación de deficiencias o anomalías, § 2, 98.

(Véase Personal de seguridad privada).

Joyerías:

Autorización de apertura del establecimiento, § 2, 136.

Blindajes, § 18, 17.

Exhibiciones o subastas ocasionales, § 2, 128.

Medidas de seguridad, § 2, 127.1 y 2; § 20, 17.

Dispensas, § 2, 129.

Utilización de armas, § 2, 81.1.c).

Viajantes, § 2, 32.1.

Juegos de azar

(Véase Locales de juegos de azar).

L

Libros-registro:

De alarmas, § 2, 51.

De comunicaciones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, § 2, 19.1.b).

De depósito de objetos valiosos o peligrosos y explosivos, § 2, 31.

De Detectives privados, § 1, disposición transitoria decimocuarta; § 2, 108 y 143.1.

De empresas de seguridad, § 2, 19 y disposición transitoria decimocuarta.

De entrada y salida de armas, § 2, 25.

De revisiones de contratos de instalación de aparatos de seguridad, § 2, 43.4 y 135.

De transporte y distribución de Títulos-Valores, § 2, 35.

Inspección por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, § 2, 143.1.

Libro catálogo de medidas de seguridad, § 2, 19.1.a).

Modelos, § 4, 35.

Licencias de armas tipo «C»:

Armas que autorizan, § 11, 124.

Destinatarios, § 11, 121.

Exámenes para su obtención, § 17, 16.

Modelo, § 12, anexo 1.

Obligatoriedad, § 2, 61.1.

Retirada, § 11, 126.

Solicitud (requisitos), § 11, 122.

Uso del arma, § 11, 123 y 128.

Validez, § 2, 61.2; § 11, 125.

(Véase Armas).

Llaves

(Véase Servicio de custodia de llaves).

Locales de juegos de azar:

Dispensas, § 2, 134.

Libro-catálogo, § 2, 135.

Medidas de seguridad, § 2, 133; § 20, 24 y 25.

Lotería

(Véase Administraciones de Lotería).

M

Máquinas de juego

(Véase Salones de máquinas de juego).

Medidas cautelares:

Ocupación o precinto de vehículos, armas u otro material prohibido, § 1, 35.2.a); § 2, 145.

Retirada de armas, § 2, 146.

Retirada de habilitaciones o licencias, § 1, 35.2.b), 4 y 5.

Suspensión de la habilitación, § 1, 35.2.c).

Suspensión de servicios, § 1, 6.3; § 2, 147.

Medidas de seguridad:

Apertura de establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, § 2, 136.

En general:

Departamento de Seguridad:

Facultativo, § 2, 115.

Obligatorio, § 2, 116.

Director de Seguridad, § 2, 117.

Dispensa del servicio de Vigilantes de Seguridad, § 2, 118.

Enumeración y circunstancias determinantes, § 2, 112.

Implantación en organismos públicos, § 2, 113.

Obligatoriedad, § 2, 111.

Plazos de adecuación, § 2, disposición transitoria quinta.

Servicio sustitutorio de Vigilantes de Seguridad, § 2, 114.

Específicas:

Administraciones de Lotería y Despachos de Apuestas Mutuas, § 2, 132 y 134; § 20, 23.

Bancos, Cajas de Ahorro y demás Entidades de Crédito (véase Entidades de crédito).

Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes, § 2, 130; § 20, 20.

Joyerías, platerías, galerías de arte y tiendas de antigüedades:

Dispensas, § 2, 129.

Exhibiciones o subastas ocasionales, § 2, 128.

Medidas de seguridad aplicables, §2, 127; § 20, 17.

Locales de juegos de azar,§ 2, 133 y 134; § 20, 24 y 25.

Oficinas de farmacia, § 2, 131 y 134; § 20, 22.

Libro-catálogo, § 2, 135; § 4.

Límites de cuantías, § 18, anexo II

Mantenimiento, § 2, 135.

Normas UNE § 18, anexo I

(Véase Aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad).

Melilla:

Requisitos de las empresas de seguridad que tengan su domicilio en, § 2, anexo I.8.

Menciones honoríficas, § 2, 66.3; § 5, 36.

Módulos transportables

(Véase Oficinas de cambio de divisas y módulos transportables).

Muestrarios de joyería, § 2, 32.1; § 20, 19.

Multas:

Actualización, § 1, disposición final segunda.

Coercitivas, § 1, 39.

Cuantías, § 1, 26 a 28.

Pago fraccionado, § 2, 160.

Municiones

(Véase Cartuchería).

Museos:

Prestación de servicios de seguridad con armas, § 2, 81.1.c).

O

Objetos valiosos o peligrosos y explosivos

(Véanse Depósito y custodia de objetos valiosos o peligrosos y explosivos y Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos).

Oficinas de cambio de divisas y módulos transportables:

Medidas de seguridad, § 2, 124; § 20, 15.

Oficinas de farmacia

(Véase Farmacias).

Organismos públicos:

Implantación de medidas de seguridad, § 2, 113.

P

Perros

(Véase Equipos caninos).

Personal de seguridad privada:

Armamento y uniformidad:

Escoltas privados:

Autorizaciones para portar armas fuera de servicio, § 5, 28.

Uniformidad, armamento y tiro, § 5, 27.

Guardas particulares del campo:

Armamento y tiro, § 5, 29.

Uniformidad, § 5, 30.

Vigilantes de seguridad:

Armas reglamentarias, § 5, 9.

Autorizaciones para portar armas fuera de servicio, § 5, 20.

Distintivo, § 5, 25.

Ejercicios de tiro, § 5, 21.

Escudo-emblema, § 5, 24.

Excepciones al deber de uniformidad, § 5, 23.

Medios de defensa y su utilización, § 5, 26.

Uniformidad, § 5, 22.

Ejercicio del derecho de huelga, § 18.

Ejercicio de funciones:

Colaboración con la seguridad pública, § 5, 32 a 36.

Principios de actuación, § 5, 31.

Formación permanente:

Cursos de actualización y especialización, § 5, 7.

Cursos de formación especial, § 5, 9.

Cursos de formación específica, § 5, 8.

Formación, § 2, 56 y 57; § 5, 1 a 9.

Formación previa:

Detectives privados, § 5, 5.

Directores de seguridad, § 5, 6 y 12.

Guardas particulares del campo, § 5, 4.

Personal de centrales de alarmas, § 19, 20.

Personal de instalación y mantenimiento, § 19,18.

Personal para el servicio de verificación de alarmas, § 19,18.

Pruebas para jefes de seguridad, § 5, 11.

Pruebas para vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo, § 5, 10

Vigilantes de seguridad, § 5, 4.

Funciones, deberes y responsabilidades:

Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, § 2, 66; § 3, 13; § 5, 32.

Custodia de las armas y de sus documentaciones, § 2, 69.

Identificación, § 2, 68.

Incompatibilidades, § 2, 70.

Principios de actuación, § 2, 67.

Habilitación:

Acreditaciones profesionales, § 5, 13.

Cartilla de tiro, § 5, 16.

Cartilla profesional, § 5, 15.

Delegación de funciones de jefes y directores de seguridad, § 5, 18.

Libro Registro de detectives, § 5, 17.

Pérdida de la habilitación, § 1, 10.4 y 5; § 2, 64 y 65.

Procedimiento de habilitación, § 2, 58 a 63.

Pruebas para directores de seguridad § 5, 12.

Pruebas para jefes de seguridad, § 5, 11.

Requisitos, § 2, 52 a 55.

Tarjeta de identidad profesional, § 5, 14.

Infracciones, § 1, 23; § 2, 151 a 153.

Inspecciones a, § 2, 144.

Menciones honoríficas, § 2, 66.3; § 5, 36.

(Véanse Detectives privados, Escoltas privados, Jefes de Seguridad, Guardas particulares del Campo y Vigilantes de Seguridad).

Platerías

(Véase Joyerías).

Policía

(Véanse Cuerpo Nacional de Policía y Dirección General de la Policía).

Policías de las Comunidades Autónomas:

Funciones, § 2, disposición adicional primera.

Polígonos industriales:

Servicio de seguridad, § 1, 13; § 2, 80 y 81.1.c).

Prescripción:

De infracciones, § 1, 21.2.

De sanciones, § 1, 32.

Procedimiento sancionador

(Véase Sanciones).

Profesorado

(Véanse Centros de formación del personal, Comisiones de Valoración del Profesorado de Centros de Formación del Personal y Formación del personal de seguridad privada).

Protección de personas:

Autorización provisional, § 2, 29.

Obligación de comunicar la prestación del servicio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, § 2, 30.5.

Personas y empresas autorizadas, § 2, 27.

Prestación y finalización del servicio, § 2, 30.

Prórroga del servicio, § 2, 30.3.

Requisitos específicos de las empresas de seguridad, § 2, anexo I.2.

Solicitud, tramitación y resolución, § 2, 28.

(Véase Escoltas privados).

Pruebas:

De cultura física, § 7, anexo 1; § 9, anexo 1.2 y anexo 3.

Directores de Seguridad, § 5, 12.

Guardas particulares del Campo, § 5, 10.

Jefes de Seguridad, § 5, 11.

Personal de seguridad, § 1, 10.2.

Psicotécnicas, § 2, 85, 91.e) y 94.i); § 15.

Vigilantes de Seguridad, § 5, 10.

R

Régimen sancionador

(Véanse Infracciones y Sanciones).

Registro General de Empresas de Seguridad, § 1, 7; § 2, 10, disposición adicional segunda.

S

Salas de bingo:

Medidas de seguridad, § 2, 133.2; § 20, 25.

(Véase Locales de juegos de azar).

Salones de máquinas de Juego:

Medidas de seguridad, § 2, 133.2; § 20, 25.

(Véase Locales de juego de azar).

Sanciones:

A empresas de seguridad, § 1, 26.

A personal de seguridad, § 1, 27.

Ejecución, § 1, 36 a 39.

Fraccionamiento del pago, § 2, 160.

Graduación, § 1, 31.

Multas coercitivas, § 1, 39.

Por uso de material prohibido, § 1, 28.

Potestad sancionadora, § 1, 30.1.

Publicidad, § 1, 38; § 2, 161.

Prescripción, § 1, 32.

Procedimiento:

Denuncia, § 1, 34.

Iniciación, § 2, 157.

Informe, § 2, 159.

Legislación aplicable, § 2, 156.

Medidas cautelares, § 1, 35; § 2, 145 a 147.

Órganos instructores, § 2, 158.

Recursos, § 1, 30.2.

(Véase Infracciones).

Seguro de responsabilidad civil, § 2, 5.1.c).6.º, 139 y 150.5.

Servicio de custodia de llaves, § 2, 49.

Servicios de protección personal

(Véanse Escoltas privados y Protección de personas).

Servicios esenciales en situaciones de huelga, § 18.

Servicios y actividades de seguridad privada, § 2, 1.

Sociedades de Detectives, § 2, 105.

Sistemas de alarma:

Comunicación de alarmas:

Denuncia, § 19, 14.

Desconexión, § 19, 15.

Procedimiento, § 19, 13.

Formación del personal:

Personal de centrales de alarmas, § 19, 20.

Personal de instalación y mantenimiento, § 19, 18.

Personal para el servicio de verificación de alarmas, § 19, 18.

Instalaciones de seguridad:

Ámbito material, § 19, 1.

Aprobación de material, § 19, 3.

Grados de seguridad, § 19, 2.

Proyecto y certificado de instalación, § 19, 4.

Revisiones, § 19, 5.

Sistema de alarmas móviles:

Ámbito de aplicación, § 19, 16.

Procedimiento de actuación, § 19, 17.

Verificación de alarmas:

Actuaciones complementarias, § 19, 11.

Alarma confirmada, § 19, 12.

Audio, § 19, 9.

Personal, § 19, 10.

Procedimientos, § 19, 6.

Secuencial, § 19, 7.

Vídeo, § 19, 8.

(Véase Centrales de alarmas).

Subastas:

Medidas de seguridad, § 2, 128; § 20, 18.

Suministro de combustibles y carburantes

(Véase Estaciones de servicio).

T

Tarjeta de identidad profesional:

Características, § 3, 13 y anexo 5.

Devolución, § 2, 65.

Identificación, § 2, 68.

Órgano competente para su expedición, § 2, 60.

Requisito para habilitación de Directores de Seguridad, § 2, 63.2.a).

Tasas por prestación de actividades y servicios de seguridad, § 22.

Tiendas de antigüedades:

Apertura de establecimientos (autorización), § 2, 136.

Exhibiciones o subastas ocasionales, § 2, 128.

Libro-catálogo, § 2, 135.

Medidas de seguridad, § 2, 127.3; § 20.17.

Tiro

(Véase Ejercicios de tiro).

Titulaciones:

De Detectives privados, § 2, 54.5.

De directores de seguridad, § 5, anexo III.

De Escoltas privados, § 2, 54.3.

De Jefes de Seguridad, § 2, 54.4.

De Vigilantes de Seguridad, § 2, 54.2.b).

Títulos valores

(Véase Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos).

Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos:

Comunicación previa del transporte, § 2, 36.

Dotación y funciones de los vehículos, § 2, 33.

Hoja de ruta, § 2, 34.

Libro-Registro de Transporte de Títulos-Valores, § 2, 35; § 4.

Otros medios de transporte, § 2, 37.

Requisitos específicos para, § 2, anexo I.4.

Transporte de explosivos y objetos peligrosos, § 2, 38.

Vehículos, § 2, 32; § 3, 10 y 11.

Vigilancia, § 3, 22; § 18, 1.

U

Uniformes:

Escoltas privados, § 5, 27.

Excepciones, § 5, 23.

Guardas particulares del Campo, § 2, 94.j); § 5, 30.

Normas transitorias, § 2, disposición transitoria decimotercera.

Vigilantes de Seguridad, § 1, 12; § 2, 87; § 5, 22.

(Véase Distintivos).

Unión Europea:

Uso o consumo de productos provinientes de Estados miembros, § 2, disposición final segunda.

Urbanizaciones

Servicio de seguridad, § 1, 13; § 2, 80.

Utilización de armas, § 2, 81.1.c).

Uso de armas

(Véase Armas).

Usuarios de los servicios de seguridad:

Infracciones, § 2, 154.

V

Vehículos:

Características, § 2, 18 y 32; § 3, 10 y 11.

Dotación, § 2, 33.

Hoja de ruta, § 2, 34.

Ocupación o precinto, § 1, 35.2.a); § 2, 145.

Plazo de utilización, § 2, disposición transitoria séptima.

(Véase Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos).

Vigilantes de Explosivos:

Distintivo, § 5, 25 y anexo IX.

Especialidad de los Vigilantes de Seguridad a efectos de habilitación y formación, § 2, 52.2.a).

Incompatibilidades, § 2, 70.2.

Módulos profesionales, § 5, 4; § 7, anexo 3.

(Véase Vigilantes de Seguridad).

Vigilantes de Seguridad:

Actuación en el exterior de inmuebles, § 2, 79.

Armas:

Autorización para portarlas fuera del servicio, § 5, 20.

Depósito, § 2, 82.

Prestación de servicios con, § 1, 14; § 2, 81.

Reglamentarias, § 2, 86; § 5, 19.

Responsabilidad por la custodia, § 2, 83.

Cartilla de tiro, § 2, 52.5.

Cartilla profesional, § 2, 52.5; § 5, 15; § 7, 3 y anexo 6.

Comprobaciones previas, § 2, 72.

Controles en el acceso a inmuebles, § 2, 77.

De empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarma, § 2, 49.4.

Detención de personas, § 2, 86.3.

Diligencia en el servicio, § 2, 73.

Diploma, § 5, 6 y anexo 3.

Distintivo, § 5, 25 y anexo IX.

Ejercicios de tiro, § 2, 84; § 5, 21; § 17, 10.

Equipos caninos, § 2, 75.

Formación, § 2, 56 y 57; § 5, 4; § 6, 2.

Formación de los encargados de la prestación del servicio en buques que naveguen bajo bandera española, § 10.

Funciones, § 1, 11 a 13; § 2, 71.

Habilitación previa (requisitos), § 1, 10; § 2, 53 y 54.2.

Incompatibilidades, § 1, 12.2; § 2, 70.1.

Infracciones, § 1, 22; § 2, 151 a 153.

Medios de defensa, § 2, 86; § 5, 26.

Menciones honoríficas, § 2, 66.3; § 5, 36.

Módulos profesionales, § 6, 2; § 9, anexo 3.

Prevenciones y actuaciones en caso de delito, § 2, 76.

Pruebas:

De cultura física (contenido), § 7, anexo 1; § 9, anexo 3.

Psicotécnicas periódicas, § 2, 85; § 15.

Represión del tráfico de estupefacientes, § 2, 78.

Requisitos específicos, § 2, 54.2.

Sanciones, § 1, 26.

Servicio en polígonos industriales o urbanizaciones, § 1, 13; § 2, 80.

Sustituciones, § 2, 74.

Uniformes, § 1, 12; § 2, 87; § 5, 22, 23 y 24 y anexo VIII.

(Véase Personal de seguridad privada).

ANEXO

EMPRESAS DE SEGURIDAD

ORDEN DE 23 DE ABRIL DE 1997 (INTERIOR), POR LA QUE SE CONCRETAN DETERMINADOS ASPECTOS EN MATERIA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA[*]

(«BOE» núm. 108, de 6 de mayo de 1997; corrección de errores en «BOE» núms. 142 y 157, de 14 de junio y 2 de julio de 1997)

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y su Reglamento, encomiendan al Ministerio del Interior la concreción de determinados aspectos relacionados con las empresas de seguridad.

Específicamente, el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, encomienda al Ministerio del Interior, en el artículo 1.1.d), la determinación de las características de los vehículos de transporte y distribución de monedas, billetes y títulos-valores; en el artículo 5.1.c).2, de los sistemas de seguridad de las empresas de seguridad; en el artículo 32.1, de los vehículos blindados para el transporte de objetos valiosos o peligrosos y explosivos, y el valor de las joyas u objetos preciosos que podrán llevar consigo los viajantes de joyería, y en el artículo 42.3, las características de los sistemas de seguridad que hayan de conectarse a centrales de alarma; refiriéndose, asimismo, en los artículos 5.3, 17.2, 25.1 y 4 y 93.2 a los armeros, cuyas características y medidas de seguridad, así como las competencias que al respecto corresponden a la Dirección General de la Guardia Civil, es también preciso determinar.

De acuerdo con estos mandatos, en la presente Orden se desarrollan los requisitos de carácter técnico precisos para la autorización de empresas de seguridad, tales como las medidas de seguridad de los armeros, el sistema de seguridad común a todas ellas y el específico de las dedicadas al depósito, custodia y tratamiento de monedas y billetes, títulos-valores y objetos valiosos o peligrosos; las características de las cámaras acorazadas, de los depósitos de explosivos, de los vehículos destinados al transporte de fondos, valores y objetos valiosos y de los vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica, y el sistema de seguridad y requisitos técnicos de las centrales de alarmas.

Asimismo, se complementan las normas reglamentarias que rigen el funcionamiento de las empresas de seguridad, entre ellas el límite a partir del cual el transporte de dinero ha de realizarse en vehículos blindados, la protección de dicho transporte y del realizado en otros vehículos, y las características de los sistemas que se pretendan conectar a centrales de alarmas, a fin de comprobar desde la central la veracidad del ataque o intrusión.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentos técnicos, previsto en la Directiva 83/189/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de marzo, transpuesta por el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio, lo cual, aparte de la tramitación prevenida en las disposiciones mencionadas, determina la incorporación de una disposición adicional destinada a hacer jurídicamente posible el uso o consumo en España de productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuyas condiciones técnicas y de seguridad sean equivalentes a las exigidas por las normas vigentes en el Estado Español.

También ha sido sometida la presente disposición al trámite de audiencia de las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, y a conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, habiéndose tenido en cuenta, en la redacción definitiva, las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO PRIMERO

Autorización

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Primero. Solicitudes de autorización.–Para poder desarrollar sus actividades, las empresas de seguridad deberán solicitar su autorización mediante la inscripción en el correspondiente Registro, a través de instancia dirigida a la Dirección General de la Policía, Comisaría General de Seguridad Ciudadana o, en su caso, al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma que tenga competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía, y lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando aquéllas tengan su domicilio social en la Comunidad Autónoma y su ámbito de actuación esté limitado a la misma.

Segundo. Modelo de solicitud.–Las solicitudes incluirán los datos a que se refiere el modelo que se acompaña como anexo 1 a la presente Orden, o el que recogiendo dichos datos establezcan, en su caso, las Comunidades Autónomas competentes, debiendo acreditarse el cumplimiento de los requisitos generales y específicos señalados en el artículo 5 y en el anexo, respectivamente, del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

Tercero. Lugares de presentación.–Dichas solicitudes se podrán presentar en los Registros del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía o, en su caso, del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente y, en general, de las dependencias policiales y de aquellas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Acreditación de requisitos.–Los requisitos exigidos para la autorización de empresas de seguridad se acreditarán de la forma que se determina en el Reglamento de Seguridad Privada.

Los contratos laborales del personal mínimo exigido para obtener la inscripción podrán tener el comienzo de sus efectos condicionado a la fecha de autorización de la empresa de seguridad.

Quinto. Comprobaciones, inspecciones y resolución.–La unidad orgánica central de seguridad privada, de la Dirección General de la Policía o, en su caso, del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, realizará directamente o a través de las dependencias policiales respectivas, las comprobaciones e inspecciones precisas, y formulará la propuesta correspondiente, previa obtención, de la unidad orgánica competente de la Dirección General de la Guardia Civil, del informe sobre la idoneidad de la instalación de los armeros, al que se refiere el artículo 5.3 del Reglamento de Seguridad Privada.

El Director general de la Policía o, en su caso, el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, dispondrá la inscripción en el Registro y autorizará la entrada en funcionamiento de aquellas empresas que cumplan los requisitos generales y específicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Reglamento de Seguridad Privada, el órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá copia de la inscripción efectuada al Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior.

Sexto. Sistema de seguridad.–Las empresas de seguridad dispondrán en su sede y, en la de sus delegaciones, de un sistema de seguridad, físico y electrónico, compuesto, al menos, de:

Puerta o puertas de acceso blindadas, con cercos reforzados, cerraduras de seguridad y contactos magnéticos, como mínimo de mediana potencia.

Ventanas o huecos protegidos con rejas fijas, macizas y adosadas, o empotradas, de acuerdo con la norma UNE 108-142, o protección volumétrica. Y, además, equipos o sistemas de captación y registro de imágenes, en su interior o exterior, indistintamente.

Unidad de control y conexión con una central de alarmas.

Sección 2.ª Requisitos

Séptimo. Armeros.–1. Los armeros que hayan de tener las empresas de seguridad en su sede o en sus delegaciones o sucursales deberán reunir, para la custodia de las armas, al menos, las siguientes medidas de seguridad:

a) Pasivas: Mínimo grado de seguridad B, según clasificación establecida en las normas UNE 108-110-87 y UNE 108-112-87, cuando se trate de caja fuerte, y en caso de cámara acorazada, deberá contar con un muro acorazado con un mínimo grado de seguridad A, determinado en las normas UNE 108-111-87 y UNE 108-113-87, dotado de puertas y trampones acorazados, con el mismo grado de seguridad y con cerraduras pertenecientes al grupo IR de la norma ANSI/UL-768, y que permitan una elección de, al menos, 106 combinaciones.

Los tabiques del recinto privado donde esté ubicado el armero, deberán impedir cualquier ataque con equipos mecánicos (sierras, taladros, etc.), y la puerta de acceso deberá ser blindada, de forma que impida el mismo tipo de ataque, estando dotada además de cerradura de seguridad.

b) Activas: Los armeros estarán dotados de detectores de los clasificados en la norma UNE 108-210-86, que permitan detectar cualquier tipo de ataque a través de puerta, paredes, techo o suelo.

La puerta blindada del recinto privado estará dotada de detectores que alerten de la apertura no autorizada y/o rotura de la misma o del detector, y en su interior existirán detectores volumétricos normalizados protegiendo los armeros.

Dichos sistemas de alarma estarán diferenciados de otros sistemas ubicados en las instalaciones, y sus señales serán enviadas a una central de alarmas.

2. Los armeros instalados en los lugares a que se refiere el artículo 25.1 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán reunir las siguientes medidas de seguridad:

a) Pasivas: Mínimo grado de seguridad B, según las normas UNE 108-110-87 y UNE 108-112-87, en todo su conjunto y dotado de una cerradura del grupo IR de la norma ANSI/UL-768 con un mínimo de 106 combinaciones. Si se dispone de servicio permanente de vigilancia con observación continua de la caja fuerte-armero, o el citado lugar ya dispone de una cámara acorazada, el mínimo grado de seguridad será de tipo A, de las citadas normas, debiendo, en el segundo supuesto, instalarse en su interior.

Su ubicación estará en un lugar discreto y fuera de la vista del público.

b) Activas: Estarán protegidos permanentemente mediante detectores volumétricos normalizados, y la puerta estará dotada de un dispositivo que detecte la apertura no autorizada y/o la rotura del mismo.

Cuando no estén instalados en el interior de una cámara acorazada y sean autorizados para la custodia de más de tres armas, dispondrán de las medidas determinadas en el párrafo primero del número 1.b) de este apartado séptimo.

Las características técnicas de dichas medidas vendrán recogidas en el plan de protección de los lugares a que se refiere el artículo 25.1 del Reglamento de Seguridad Privada.

3. El número de armas que se podrá autorizar en depósito será el correspondiente al volumen del armero, teniendo en cuenta que el volumen medio de un arma es de 3,5 litros.

Respecto a la cartuchería, cuyo almacenamiento se hará en armero independiente al de las armas, se tendrá en cuenta que, para cada 100 cartuchos, se necesitarán 1,5 litros de capacidad.

4. En las sedes o delegaciones en que hayan de tener armeros, las empresas de seguridad dispondrán de un plan de protección, con contrato de instalación, mantenimiento y revisión del sistema electrónico, instalado por una empresa del sector autorizada, con certificación de que, al menos, se cumplen las medidas de seguridad contempladas en el número 1 de este apartado séptimo.

Este plan contendrá, además de las medidas técnicas anteriormente descritas, las del sistema de seguridad, enumeradas en el apartado sexto de esta Orden.

Las revisiones periódicas de las medidas de seguridad se realizarán por la empresa de mantenimiento en períodos máximos de un año, salvo que circunstancias ambientales, de seguridad o de otras clases, a juicio del Interventor de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil, aconsejaran la reducción de dichos períodos.

5. En los supuestos del artículo 25.4 del Reglamento de Seguridad Privada, en que los armeros puedan ser sustituidos por la caja fuerte del local, ésta deberá ser punto de activación de una señal de alarma, diferenciada del resto de las señales de alarma existentes en el establecimiento o local.

Dicha caja fuerte no debe dar custodia a más de un arma, salvo que las circunstancias del lugar y las medidas de seguridad del establecimiento garanticen la custodia de más armas, a juicio del Interventor de Armas y Explosivos, debiendo estar en este caso cada arma bajo llave en cajas metálicas independientes.

6. En los supuestos contemplados en el artículo 90.4 del Reglamento de Seguridad Privada, cuando el Escolta no pueda garantizar la custodia del arma, como previene el artículo 144 del Reglamento de Armas, la deberá entregar en un depósito de armas autorizado, en caja fuerte que reúna las condiciones descritas en el número 5 anterior o en los puestos de la Guardia Civil.

7. En los supuestos del artículo 93.2 del Reglamento de Seguridad Privada en que el arma pueda quedar bajo la custodia del Guarda particular del Campo, será custodiada en caja fuerte o armero, con grado de seguridad C, si se trata de la custodia de arma larga, y B, si se trata de arma corta, según las normas UNE 108-110-87 y UNE 108-112-87, dentro de su domicilio.

8. En la solicitud del informe de idoneidad de los armeros, se hará constar el número máximo de armas a custodiar en ellos, acompañándose certificado de características técnicas del armero que se pretende instalar; proyecto del Plan de Protección en el que figuren los medios de seguridad del lugar, y plano del local con indicación de la ubicación del armero.

9. Para el debido control y seguridad de las armas, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado decimoquinto de esta Orden, sobre el Libro-Registro de Entrada y Salida de Armas, y en el apartado decimosexto, sobre custodia de las armas.

Octavo. Sistema de seguridad de las empresas de depósito.–Las empresas que se constituyan para la actividad de depósito, custodia y tratamiento de monedas y billetes, títulos-valores y objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos, además del sistema descrito en el apartado sexto de esta Orden, dispondrán, en los locales en que pretendan desarrollar dicha actividad, de un sistema de seguridad compuesto, al menos, por:

Equipos o sistemas de captación y registro de imágenes, con capacidad para facilitar la identificación de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad, para la protección perimétrica del inmueble, controles de acceso de personas y vehículos, y zonas de carga y descarga, recuento y clasificación, cámara acorazada, antecámara y pasillo de ronda de la cámara acorazada.

Los soportes destinados a la grabación de imágenes deberán conservarse durante quince días, al menos, desde la fecha de grabación, que estarán exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, a las que facilitarán inmediatamente aquellas que se refieran a la comisión de hechos delictivos.

El contenido de los soportes será estrictamente reservado, y las imágenes grabadas podrán ser utilizadas únicamente como medio de identificación de los autores de los delitos contra las personas y contra la propiedad, debiendo ser inutilizados los contenidos de los soportes y las imágenes, una vez transcurridos quince días desde la grabación, salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

Zona de carga y descarga, comunicada con el exterior mediante un sistema de puertas esclusas con dispositivo de apertura desde su interior.

Centro de control protegido por acristalamiento con blindaje antibala de categoría y nivel A-20, según la norma UNE 108-131, que será oportunamente sustituida, en su caso, por la norma europea UNE EN 1063.

Las paredes que delimiten o completen el referido centro, serán de igual grado de resistencia que el acristalamiento del mismo.

Zona de recuento y clasificación, con puerta esclusa para su acceso.

Generador o acumulador de energía, con autonomía para veinticuatro horas.

Dispositivo que produzca la transmisión de una alarma, en caso de desatención del responsable del centro de control durante un tiempo superior a diez minutos.

Conexión del sistema de seguridad con una central de alarmas, por medio de dos vías de comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal de alarma por la otra.

Instalación de una antena que permita la captación y la transmisión de las señales de los sistemas de seguridad.

Noveno. Cámaras acorazadas.–1. Las cámaras acorazadas de las empresas que se constituyan para la actividad de depósito, custodia y tratamiento de monedas y billetes, títulos-valores y objetos valiosos o peligrosos, excepto los explosivos, han de reunir las siguientes características:

a) Estarán delimitadas por una construcción de muros acorazados en paredes, techo y suelo, con acceso a su interior a través de puerta y trampón igualmente acorazado.

b) El muro estará rodeado en todo su perímetro lateral por un pasillo de ronda con una anchura máxima de 60 centímetros.

c) La cámara ha de estar construida en muros, puerta y trampón, con materiales de alta resistencia y de forma que su grado de seguridad sea como mínimo de nivel C, según las normas UNE 108-111-87 y 108-113-87, que serán oportunamente sustituidas, en su caso, por la norma europea UNE EN 1143-1.

d) La puerta de la cámara acorazada contará con dispositivo de bloqueo y sistema de apertura retardada de, al menos, diez minutos.

e) El trampón de la cámara acorazada dispondrá de un dispositivo de apertura independiente para emergencias, conectado directamente con la central de alarmas.

f) La cámara estará dotada de detectores sísmicos, detectores microfónicos u otros dispositivos que permitan detectar cualquier ataque a través de paredes, techo o suelo; detectores volumétricos en su interior. Todos estos elementos conectados al sistema de seguridad deberán transmitir la señal de alarma por dos vías de comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal de alarma por la otra.

2. Cuando el volumen de moneda imposibilite su depósito en la cámara acorazada, la empresa de seguridad podrá disponer su almacenamiento en una zona próxima a dicha cámara, debiendo estar dotada de puerta de seguridad con dispositivo de apertura automática a distancia, y manualmente sólo desde su interior. El acceso a esta zona y su interior estará controlado desde el centro de control de la empresa y protegido con un sistema de seguridad.

Décimo. Depósitos de explosivos.–1. Los depósitos de explosivos autoprotegidos de las empresas de seguridad registradas y autorizadas para la prestación de este tipo de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de Explosivos, deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:

A) Medidas físicas de protección: Con independencia del tipo de construcción, la resistencia del hormigón no será inferior a 250 kilogramos por centímetro cuadrado en todas las caras del depósito.

Excepto en la fachada, el espesor mínimo del hormigón será de 20 centímetros, debiendo ir armado con barras de acero adherente de diámetro igual o superior a 12 milímetros, con una separación máxima de 20 centímetros entre los centros de las filas horizontales y verticales.

Es admisible el empleo de acero corrugado en la estructura de polvorines tipo bóveda (igloo), si bien sus características serán objeto de definición en cada caso concreto.

La fachada será de hormigón, de espesor igual o superior a 30 centímetros, armado con doble reja de acero adherente de diámetro mayor o igual a 12 milímetros. La separación entre ambas rejas será de 10 centímetros, colocadas entre sí de forma escalonada, y los cuadrados de las mallas tendrán un lado igual o inferior a 20 centímetros.

La puerta del depósito será de una o dos hojas, montadas sobre goznes externos, que permitan apertura a 180 grados.

Las dimensiones máximas de una hoja serán de 3 metros de altura y 1,5 de anchura.

El chasis será de acero y provisto de refuerzos, que faciliten su colocación en obra y la integración con la armadura del hormigón de la fachada.

La estructura de la puerta estará constituida, al menos, por los siguientes elementos:

Chapa frontal de acero, de 6 milímetros de espesor.

Aglomerado de cemento extraduro, antisoplete, refractario, con gran poder de abrasión, armazón complementario en «tordbar» o producto similar, resistencia mínima a la compresión de 500 kilogramos por centímetro cuadrado (método rilem) y espesor mayor o igual a 100 milímetros.

Chapa interior de acero, de espesor mayor o igual a 4 milímetros.

Al tratarse de puertas exteriores, el acabado será en acero inoxidable al cromo-níquel 18/8.

Los órganos de cierre estarán constituidos por dos cerraduras de alta seguridad, una de ellas de combinación con un mínimo de 106 combinaciones y con protección radiológica (norma UL 768, 1R). La de llave será antiganzúa y llave inimitable. Ambas cerraduras estarán debidamente separadas para dificultar el ataque.

Contará con dispositivo desencadenante de bloqueo automático, para casos de ataque en fuerza sobre las cerraduras, así como zonas de condenación en todos los laterales y hojas entre sí.

Los conductos de ventilación, si están abiertos en la estructura y es rectilínea su sección, no serán superiores a 150 por 150 milímetros, debiendo ir protegidos interna y externamente para evitar la introducción de objetos en su interior.

El polvorín, a excepción del muro de cabecera o facha-da, irá recubierto de tierra compactada, de espesor mínimo de 1 metro, medido sobre techo o clave.

El material de relleno será limpio, cohesivo y libre de piedras (diámetro máximo 20 milímetros). Se rellenará por tongadas cuyo grueso estará de acuerdo con el tipo de tierras y maquinaria empleada. La compactación mínima será del 85 por 100 del Proctor normal.

El talud de tierras será lo más suave posible y en ningún caso inferior a 1,5:1.

Sobre el total de la superficie de recubrimiento se extenderá una capa antierosión de color claro, a base de gunita, suelo de cemento o similar.

El mallado del cercado perimetral, en su parte inferior, irá anclado a un zócalo de hormigón, mediante pasadores de aleta, o procedimiento similar, embebidos en el mismo cada 30 centímetros.

La distancia mínima, entre el vallado y el límite exterior de la zona de cobertura del sistema de detección de intrusiones más alejado de los depósitos o edificaciones, será
de 3 metros.

El acceso principal formará parte del cercado perimetral y será perfectamente observable en toda su extensión desde el puesto de control ubicado en el interior del depósito.

Constará de portón deslizante, cuya apertura y cierre manual se harán por sistema telemando desde el puesto de control.

B) Medidas de protección electrónica: La protección electrónica estará compuesta por los siguientes sistemas:

Sistema de detección perimetral, constituido por un mínimo de dos subsistemas de detección perimetral para exteriores, no adosables a valla, de distinto principio de funcionamiento o falsas alarmas no correlacionadas, uno de superficie y otro de subsuelo o enterrado, ambos debidamente solapados entre sí y con correspondencia entre sus zonas.

Con objeto de reducir el FAR, ambos sistemas irán integrados con lógica «Y» y ventana de tiempo de quince segundos.

La selección de los sistemas y su distribución se realizarán teniendo en cuenta las características climatológicas de la zona, la topografía del terreno, la organización del área del polvorín y la ubicación de los elementos constructivos o auxiliares (postes, alumbrado, vallado, etc.).

Una vez instalados, los sistemas se evaluarán por separado. La Pd de cada uno de ellos no podrá ser inferior al 90 por 100 con índice de confianza del 95 por 100.

Ambos sistemas acreditarán un MTBF mejor o igual a 20.000 horas.

Sistema de detección interior, compuesto por los siguientes grupos de detectores:

a) Detectores sísmicos o electrónicos de vibración, tipo piezoeléctrico, embutidos en la estructura y puertas de los polvorines, capaces de generar alarma ante cualquier ataque desencadenado contra los mismos con martillo/cincel, taladro, percusión, muela, soplete, lanza térmica o explosivos.

b) Detectores de estado de apertura/cierre de las puertas de los polvorines, tipo fin de carrera antideflagrante.

c) Detectores de infrarrojos pasivos (PIR) para interior de los polvorines, con un mínimo de tres haces de detección en el plano vertical o ángulo de cobertura vertical mayor o igual a 60 grados en igual plano. Su número será el necesario para detectar cualquier desplazamiento en el interior del polvorín.

Sistema de supervisión de líneas de comunicación, cuyos circuitos proporcionarán adecuado nivel de seguridad a las líneas de transmisión de señal, entre detectores y unidad local de recepción de alarmas, y entre ésta y la unidad de control localizada en acuartelamiento de la Guardia Civil.

Las unidades supervisoras dependerán del tipo de transmisión según sea ésta digital o de tono (clases A y AB); CA y CC, transmisión por cable (clase B); o transmisión vía radio (clase C). Los valores exigibles serán similares a los que determina la Interim Federal Specification W-A-00450B (GSA-FSS).

Sistema de control, formado por dos unidades, remota en depósito y local en acuartelamiento, que se comunicarán entre sí, vía cable o radio.

La unidad remota supervisará el estado de los sensores perimetrales y de interior, componiendo un mensaje a partir de éstos que se enviará a la central local para su análisis e interpretación.

La unidad local, basada en ordenador PC, recibirá e interpretará el mensaje enviado por la unidad remota y lo presentará en pantalla.

El enlace enviará información digitalizada, garantizándose la no repetición del mensaje, mediante inclusión en el mismo de código pseudoaleatorio con tasa de repetición o profundidad no inferior a tres años en base a un mensaje cada diez segundos.

La información relativa a sensores incluirá la identificación del sensor y estado.

Esta información irá individualizada:

En el sistema de detección perimetral, por zonas perimetrales.

En el sistema de detección interior, por polvorines y tipo de detector.

Cuando el enlace entre la unidad remota y la local se realice vía radio, la pérdida de cuatro mensajes consecutivos provocará alarma por pérdida de enlace, supuesto que se envíe un mensaje cada treinta segundos.

Si el enlace es por cable, la supervisión de línea se hará en tiempo real.

Sistemas auxiliares:

a) La unidad remota y la local del sistema de control y, en su caso, la unidad de comunicaciones contarán con UPS para casos de fallo de la alimentación ordinaria. La UPS del polvorín conservará activados los equipos el tiempo suficiente para la entrada en servicio del grupo electrógeno de emergencia.

La entrada en servicio de la UPS transmitirá una «pre-alarma».

La UPS de la unidad remota mantendrá la operación de ésta durante un período de tiempo no inferior a una hora.

b) Próximos a las puertas de los polvorines se instalarán pulsadores de alarma antideflagrantes, activables manualmente. Se instalarán dos en cada polvorín, uno por la parte exterior y otro por la interior. Los pulsadores de alarma sólo podrán activarse mientras el sistema se encuentre en estado de «acceso».

c) La habitación o sala donde se ubique la unidad remota irá protegida mediante PIR y contacto magnético en puerta. El número de elementos a instalar dependerá de las dimensiones y forma de la sala.

El edificio en que se encuentre dicha sala estará dentro de la zona protegida por el sistema de detección perimetral.

Caso de disponer de ventanas, éstas estarán protegidas físicamente mediante rejas. La puerta será blindada, con cerradura de seguridad.

d) El depósito contará con unidad de control de acceso, para permitir la entrada del personal autorizado sin generar alarma. El paso del sistema desde estado «seguro» a «acceso» y viceversa, se realizará desde dicha unidad. Los cambios de estado generarán siempre alarma.

La ventana de tiempo para el acceso o salida será de sesenta segundos. El cambio de estado se hará mediante tarjeta magnética y código personal o dispositivo biométrico.

2. Estados del sistema:

a) Acceso: En este estado, todos los sensores, excepto los pulsadores de alarmas y sísmicos, pasan a «acceso» para permitir trabajos en el depósito. Se conserva el enlace vía radio y las funciones de supervisión de líneas y antisabotaje de todos los detectores.

En la unidad local se conocerá el estado de todos los sensores, y sólo se generarán alarmas en caso de fallo o activación de las unidades de supervisión de línea, dispositivos antisabotaje, pulsadores de alarma, sensores sísmicos y pérdida de enlace.

b) Seguro: Todos los sensores se encuentran activados y en posición «seguro», excepción hecha de los pulsadores de alarma.

Se generarán dos tipos de avisos:

Prealarma: Todos los sensores activados y en posición «seguro». La prealarma, que se anunciará ópticamente (TRC) en unidad local, se generará por:

Activación de una sola zona perimetral dentro de la ventana de tiempo establecida.

Entrada en servicio de la alimentación de emergencia.

Activación de un detector del sistema de detección interior de los grupos a) y c).

Alarma: Todos los sensores activados, en posición «seguro». La alarma, que se anunciará óptica y acústicamente, y necesitará «reconocimiento», se generará por:

Activación de dos zonas perimetrales correspondientes o adyacentes de distintos sistemas de detección, dentro de la ventana de tiempo establecida.

Activación de detectores sísmicos.

Estado «abierto», en contactos fin de carrera de cualquier polvorín.

Pérdida de enlace, en el sistema de control.

Activación de dispositivos antisabotaje.

Activación de una zona de uno de los sistemas de detección perimetral y de uno de los detectores del grupo b) del sistema de detección interior, en ventana de tiempo de noventa segundos.

Cambios de estado del sistema.

3. Cuando los depósitos de explosivos no cuenten con las medidas de seguridad previstas en este apartado décimo, deberán tener en servicio de vigilancia, permanentemente, al menos un Vigilante de Seguridad, especialidad de explosivos, con arma.

Undécimo. Vehículos de transporte de fondos, valores y objetos valiosos.–Los vehículos utilizados para el transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos habrán de reunir las siguientes características:

a) División del vehículo en tres compartimentos:

El compartimento delantero, en el que se situará únicamente el conductor, con la puerta izquierda para su acceso, y la derecha que sólo podrá abrirse desde el interior, y separado del compartimento central por una mampara blindada sin acceso.

La llave que permita la apertura del dispositivo de seguro interior de la puerta del conductor quedará depositada en la sede o delegación de la empresa donde el vehículo blindado preste servicio.

El compartimento central, en el que viajarán los Vigilantes de Seguridad, con una puerta a cada lado, estará separado del compartimento posterior por una mampara blindada que dispondrá de una puerta blindada, de acceso a la zona de carga de reparto, con sistema de apertura esclusa con las laterales del vehículo, de forma que no puedan estar abiertas simultáneamente.

En la zona de la mampara central, que delimita el compartimento donde viajan los Vigilantes de Seguridad, con la zona de recogida, se instalará un sistema o mecanismo que permita la introducción de objetos e impida su sustracción, dotándola de una puerta blindada que sólo se podrá abrir en la base de la empresa de seguridad.

El compartimento posterior, destinado a la carga, estará, a su vez, dividido en dos zonas, la de reparto y la de recogida, separadas por una mampara blindada. El compartimento posterior podrá disponer de una puerta exterior en la parte trasera del vehículo, de una o dos hojas blindadas y con cerradura de seguridad, que se abrirá únicamente en las zonas esclusas de máxima seguridad donde pueda acceder el vehículo.

La llave de la puerta mencionada en el párrafo anterior estará siempre depositada en la sede o delegación de la empresa donde el vehículo preste sus servicios.

b) Los siguientes niveles de resistencia de los blindajes de los vehículos, determinados por la norma UNE 108-131, que será oportunamente sustituida, en su caso, por la norma europea UNE EN 1063:

Perímetro exterior del compartimento delantero central y mampara delantera: A-30.

Perímetro exterior del compartimento posterior y suelo del vehículo: A-10.

Mampara de separación entre los compartimentos central y posterior: A-20.

Mampara de separación entre las zonas de carga: A-10.

c) Troneras distribuidas en las partes laterales y posterior del vehículo.

d) Dispositivo que permita la localización permanente del vehículo desde la sede o delegaciones de la empresa mediante la instalación de un sistema de comunicación vía radio y por telefonía móvil celular, que permita la conexión de los miembros de la tripulación con la empresa, así como la intercomunicación de los Vigilantes de Seguridad de transporte y protección con el conductor del vehículo.

e) Instalación de una antena exterior en el vehículo blindado, al objeto de transmitir y recibir cualquier comunicación por medio del equipo de telefonía móvil celular.

f) Cerramientos eléctricos o mecánicos en puertas, depósito de combustible y acceso al motor, cuya apertura sólo pueda ser accionada desde el interior del vehículo.

g) Sistema de alarma con dispositivo acústico, que se pueda activar en caso de atraco o entrada en el vehículo de persona no autorizada.

h) El depósito de combustible deberá contar con protección suficiente para impedir que se produzca una explosión del mismo en el caso de que se viera alcanzado por un proyectil o fragmento de explosión, así como para evitar la reacción en cadena del combustible ubicado en el depósito, en caso de incendio del vehículo.

i) Protección contra la obstrucción en el extremo de la salida de humos del motor.

j) Sistemas de aire acondicionado, detección y extinción de incendios.

k) Número único e identificador del vehículo, que, en adhesivo o pintura reflectantes, se colocará en la parte exterior del techo del vehículo, de tamaño suficiente para hacerlo visible a larga distancia. Dicho número deberá figurar también en las partes laterales y posterior del vehículo.

l) Cartilla o certificado de idoneidad del vehículo, en los que constará su matrícula y números de motor y bastidor, y se certificará, por los fabricantes, carroceros o técnicos que hayan intervenido en la acomodación del furgón, que reúne las características exigidas en el presente apartado. Esta cartilla deberá estar depositada en la sede o delegación de la empresa donde el blindado tenga su base.

m) Cartilla de control del vehículo, en la que se recogerán sus revisiones, que deberán efectuarse trimestralmente, no debiendo transcurrir más de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas, y en las que constará: Nombre de la empresa, número y matrícula del vehículo, y números de su motor y bastidor, así como los elementos objeto de revisión, tales como: Equipos de comunicación, alarmas, puertas, trampón, cerraduras, sistema de detección y extinción de incendios, y todos aquellos que fueran de interés para la seguridad de la dotación, el vehículo y la carga. La mencionada cartilla, que se custodiará en el propio vehículo, se firmará y fechará de conformidad con la revisión y subsanación que hubiere procedido en su caso, por el técnico encargado de la misma.

Duodécimo. Vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica.–1. Sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigibles de conformidad con lo establecido en la legislación de ordenación de los transportes por carretera, y especialmente en el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC), aprobado por Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, los vehículos que se dediquen al transporte de explosivos y cartuchería metálica deberán reunir los siguientes requisitos:

a) De seguridad:

Sistema de bloqueo del vehículo, constituido por un mecanismo tal que, al ser accionado directamente (mediante pulsador) o indirectamente (por apertura de las puertas de la cabina, sin desactivar el sistema), corte la inyección de combustible al motor del vehículo, y accione una alarma acústica y luminosa. Este sistema deberá tener un retardo, entre su activación y acción, de dos minutos como máximo.

Una rejilla metálica en el interior del tubo del depósito de suministro de combustible al vehículo, para impedir la introducción de elementos extraños.

Sistema de protección del depósito de combustible, con arreglo a lo dispuesto en el apartado undécimo, letras h) e i), de esta Orden.

Cierre especial de la caja del vehículo, mediante candado o cerradura de seguridad.

b) De señalización:

Panel en el exterior del techo de la cabina del vehículo con los requisitos especificados en el anexo 3.

La Dirección General de la Guardia Civil, en circunstancias especiales por razones de seguridad, podrá dispensar la exigencia de este requisito.

c) De transmisiones:

Teléfono celular, de instalación fija en el vehículo, que permita memorizar los teléfonos de los Centros Operativos de Servicios (COS) de las circunscripciones de las Comandancias de la Guardia Civil, por las que circule el transporte, y cuya antena esté instalada y debidamente protegida en la parte superior de la caja del vehículo.

2. Los requisitos anteriormente descritos deberán ser inspeccionados por la Guardia Civil con la antelación suficiente al inicio del transporte solicitado, debiendo quedar constancia de que el vehículo reúne dichos requisitos, en la guía de circulación o documento similar que acompañe el transporte.

3. Sin perjuicio de que los vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica reúnan las condiciones anteriormente señaladas, se podrá exigir, cuando las circunstancias lo requieran, que los transportes de dichas materias sean acompañados por servicio de escolta, público o privado, a juicio de la Guardia Civil, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Explosivos.

Decimotercero. Locales de centrales de alarmas.–1. Los locales en que se instalen las centrales de alarmas deberán disponer de un sistema de seguridad, compuesto, al menos, por:

Puertas exteriores blindadas, con cerraduras de seguridad y contactos magnéticos de mediana potencia como mínimo, que permitan identificar la puerta abierta fuera de las horas de oficina.

Televisión en circuito cerrado para el control de los accesos y de las dependencias anejas al centro de control. Cuando la central se hallase en edificio independiente, la televisión deberá controlar también su perímetro.

Detección volumétrica en las dependencias anejas al centro de control.

Protección de las líneas telefónicas y eléctricas, mediante acometida canalizada y protección del tendido de cables desde su entrada al edificio hasta el local en que se ubique el centro de control, siempre que sea jurídica y técnicamente posible.

Instalación de antena o antenas que aseguren la recepción y transmisión de las señales de alarma por medio de dos vías de comunicación.

2. Los sistemas para la recepción y verificación de las señales de alarmas a que se refiere el apartado 6.2 del anexo al Reglamento de Seguridad Privada, estarán instalados en un centro de control, cuyo local ha de reunir las siguientes características:

Carecer de paredes medianeras con edificios o locales ajenos a los de la propia empresa.

En el caso de que existan muros o paredes medianeras con edificios o locales ajenos a los de la propia empresa, se construirá un muro interior circundante, construido con materiales de alta resistencia, y de forma que su grado de seguridad sea el nivel A, según las normas UNE 108-111
y 108-113, que serán oportunamente sustituidas, en su caso, por la norma europea UNE EN 1143-1.

Acristalamiento con blindaje antibala de categoría A-20, conforme a lo establecido en la norma UNE 108-131, que será oportunamente sustituida, en su caso, por la norma europea UNE EN 1063.

Doble puerta blindada de acceso, con sistema conmutado tipo esclusa y dispositivo de apertura a distancia, debiendo ser éste manual desde su interior.

Las paredes que delimiten o completen la zona no acristalada de la sala de control, serán de igual grado de resistencia que el acristalamiento de la misma.

Control de los equipos y sistemas de captación y registro de imágenes.

Sistema de interfonía en el control de accesos.

La sala de control siempre estará atendida por dos operadores por turno, como mínimo.

Generador o acumulador de energía, con autonomía de cuarenta y ocho horas como mínimo, en caso de corte del fluido eléctrico.

Dispositivo que produzca la transmisión de una alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en caso de desatención por los operadores en un plazo superior a diez minutos.

Contará con dos vías de comunicación para la recepción y transmisión de las señales de alarma recibidas.

3. La caja fuerte a que se refiere el artículo 49.1 del Reglamento de Seguridad Privada, reunirá las características especificadas en las normas UNE 108-110 y 108-112, con nivel de seguridad B, que serán oportunamente sustituidas, en su caso, por la norma europea UNE EN 1143-1.

Cuando las llaves se custodien en el interior del local del centro de control, no será precisa la utilización de caja fuerte.

CAPÍTULO II

Funcionamiento

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Decimocuarto. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.–Las comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a que se refiere el artículo 14.1 del Reglamento de Seguridad Privada, se efectuarán al Cuerpo competente, de acuerdo con la distribución de competencias a que se refieren el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y los artículos 2 y 18 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, o, en su caso, a la Policía Autónoma correspondiente.

Decimoquinto. Libros-Registro.–1. Los Libros-Registro generales y específicos que se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada y que deberán llevar las empresas de seguridad, se ajustarán a los modelos oficiales aprobados por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Los asientos o anotaciones podrán ser realizados por procedimientos informáticos o cualesquiera otros idóneos sobre hojas sueltas o separables, cuya confección se ajustará a las características de los modelos, y que serán objeto de encuadernación posterior.

Las hojas de los Libros-Registro o, en su caso, las hojas o soportes que se utilicen para la formación posterior de aquéllos, deberán, con carácter previo al inicio de las anotaciones, ser foliadas y selladas. En la primera hoja, la Jefatura Superior de Policía o Comisaría Provincial o Local y, en su caso, la Policía Autonómica, correspondiente a la demarcación territorial de la sede social de la empresa o delegaciones de la misma, asentará la diligencia de habilitación del Libro. En la citada diligencia constarán los siguientes extremos: Fin a que se destina, empresa a la que pertenece, número de folios de que consta, precepto que cumplimenta la diligencia, y lugar y fecha de la misma, debiendo estar firmada por el responsable de la respectiva dependencia policial, o persona en quien delegue.

2. En el Libro-Registro de Entrada y Salida de Armas, tras la diligencia de habilitación por el Interventor de Armas y Explosivos correspondiente, sus primeras hojas se destinarán a la reseña de las armas que hayan tenido entrada en el correspondiente armero, haciendo constar fecha y hora de entrada, marca, modelo y número, fecha y hora de salida y su causa; las restantes hojas del Libro se dedicarán al control del uso de las armas, anotándose respecto de cada una la fecha y hora de recogida, apellidos y nombre o número de la tarjeta de identidad profesional del Vigilante que la recoge; la dotación de munición adjudicada a cada una de las armas, concretando la existencia anterior y la existencia actual; fecha y hora de entrega o depósito y firma de quién lo efectúa. En los servicios en los que el arma pase del Vigilante saliente al entrante, firmarán ambos. Se anotarán también, con expresión de su número las autorizaciones de traslado de armas, cuyas copias se archivarán junto al Libro, para facilitar las inspecciones. Y se preverá un espacio para observaciones. El modelo del Libro será aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil.

3. En el Libro-Catálogo de Revisiones, se destinarán sus primeras hojas a la descripción de los sistemas instalados, haciendo constar el número de autorización de la empresa instaladora, la fecha y lugar de instalación y, en su caso, modificaciones posteriores. Las restantes hojas se dedicarán a la reseña de las revisiones del sistema, haciendo constar número de autorización de la empresa que las efectúa, número de contrato, fecha de revisión, nombre y apellidos del técnico y su firma, y, en su caso, deficiencias observadas y fecha de subsanación. La firma del técnico en el Libro podrá ser sustituida por la que conste en el albarán o el parte de trabajo efectuado, debiendo, en este caso, incorporarse el albarán o el parte al Libro.

En los Libros-Registro no podrán realizarse enmiendas, modificaciones o interpolaciones. La corrección de los errores que pudieran producirse se llevará a cabo en el momento en que se adviertan, haciendo constar en la primera línea inmediatamente disponible la anulación de la anotación errónea, con referencia a su número de orden y consignando a continuación debidamente la que proceda.

Decimosexto. Custodia de las armas.–Los asentamientos en los Libros-Registro de Armas se efectuarán en el momento de la entrega, depósito o recogida de cada arma, y los Jefes de Seguridad o sus Delegados se responsabilizarán de que dichas anotaciones se correspondan con el movimiento de las armas, impartiendo a tal efecto las instrucciones necesarias, de forma que se garantice el control de las mismas.

El Jefe o responsable del servicio designado o, en su defecto, el Vigilante de Seguridad de mayor antigüedad que se encuentre prestando servicio en el lugar donde esté ubicado el armero, tendrá bajo su custodia la llave o mecanismo que permita la apertura del mismo, debiendo facilitar el acceso al armero en el momento en que se produzca la inspección por los funcionarios competentes. Se exceptúa el supuesto de que se trate de la caja fuerte del local, en los casos previstos en el artículo 25.4 del Reglamento de Seguridad Privada.

En las sedes o delegaciones autorizadas de las empresas de seguridad, estarán depositadas las copias de las llaves, llaves maestras o aquellos otros mecanismos que permitan la apertura de los armeros instalados en los lugares de prestación de los distintos servicios de la empresa. Igualmente, estarán depositadas aquéllas que permitan la apertura de los armeros instalados en las sedes o delegaciones autorizadas. La custodia de estas llaves o mecanismos se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Jefe de Seguridad o sus Delegados, de tal forma que pueda accederse a la comprobación de todas las armas depositadas, tanto en los armeros de los servicios como en los de las sedes sociales, sucursales o delegaciones, excepto cuando se trate de la caja fuerte del local, en los casos previstos en el artículo 25.4 del Reglamento de Seguridad Privada.

En su caso, la combinación de la cerradura del armero deberá ser modificada, al menos, una vez cada diez días.

Independientemente de los cometidos atribuidos en el título IV, capítulo II, del Reglamento de Seguridad Privada, sobre las inspecciones, los Interventores de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, además de las comprobaciones de los armeros y de las armas que contengan, las efectuarán también sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad de los mismos, de acuerdo con la autorización, y examinarán los Libros-Registros de Entrada y Salida de Armas, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los funcionarios competentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Decimoséptimo. Modelo de contrato.–1. Los contratos en que se concreten las prestaciones de las diferentes actividades se consignarán por escrito, debiendo contener, con carácter general, los siguientes datos y cláusulas, y ajustarse al modelo que se adjunta como anexo 4:

Fecha y número del contrato.

Nombre y apellidos, número o código de identificación fiscal y domicilio de las partes contratantes, carácter con el que actúan y, en su caso, poder acreditado ante Notario. Éste habrá de estar inscrito en el Registro Mercantil cuando se otorgue por las empresas de seguridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

Objeto de la prestación del servicio.

Lugar donde se va a prestar el servicio.

Precio del servicio.

Obligación de ajustarse a lo prevenido en la normativa reguladora de la seguridad privada.

Duración del contrato.

Fecha de entrada en vigor del contrato, que será, al menos, tres días posterior a la de presentación del contrato al Ministerio del Interior o al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 20.3 del Reglamento de Seguridad Privada.

2. Los contratos se ajustarán al modelo especial que, en su caso, se establezca por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, pudiendo añadir en cada caso cuantas estipulaciones lícitas acuerden ambas partes.

3. Cuando la duración del contrato se establezca como prorrogable, habrá de comunicarse la finalización del servicio a la dependencia oficial en que sea presentado el contrato.

4. Cuando el volumen de la contratación, la imposibilidad objetiva de planificación de los servicios de seguridad, u otras causas impidan el conocimiento previo de todos los servicios, las empresas de seguridad podrán concertar con sus clientes un contrato-tipo que contenga las cláusulas generales, concretando posteriormente, en anexos, aquellos datos del modelo oficial de contrato que no hubieran sido incluidos en el contrato-tipo.

A estos anexos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Seguridad Privada sobre presentación con la antelación que en dicho precepto se determina.

Decimoctavo. Presentación de contratos.–Las empresas de seguridad presentarán los contratos en original y dos copias, en los plazos y en las dependencias policiales a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Seguridad Privada, o, en su caso, en las del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, las cuales, en el acto de la presentación, devolverán a aquéllas el original y primera copia, sellados y fechados.

Cuando los contratos se presenten en Comisarías Locales de Policía o en dependencias de la Guardia Civil, dichas Comisarías o dependencias remitirán la segunda copia con carácter urgente a la Jefatura Superior o Comisaría Provincial de Policía correspondiente, con indicación de la fecha de presentación.

En los casos en que la contratación tenga por objeto la prestación de servicios numerosos y homogéneos, podrá presentarse un contrato-tipo, al que será de aplicación toda la regulación de seguridad privada relativa a los contratos, debiendo la empresa de seguridad comunicar, con tres días de antelación, a la dependencia oficial correspondiente, el comienzo del servicio concreto de que se trate.

Si se tratare de servicios numerosos y homogéneos, de instalación, mantenimiento o conexión a una central de alarmas, de sistemas de seguridad correspondientes a una misma entidad o empresa obligada a disponer de medidas de seguridad, podrá la empresa de seguridad presentar el contrato-tipo sustituyéndose la presentación del contrato de cada servicio por la del certificado de la empresa de seguridad a que se refiere el artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada, en el momento de la preceptiva inspección.

La empresa receptora del servicio habrá de disponer siempre de una copia del contrato de prestación del servicio de seguridad, sellada y fechada por las dependencias a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Seguridad Privada o, en su caso, por las del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente.

Decimonoveno. Fichero automatizado de contratos.–En la Dirección General de la Policía se llevará un fichero automatizado de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las empresas de seguridad y terceros, en el que constarán los datos y las cláusulas obligatorias a que se refiere el apartado decimoséptimo de la presente Orden.

En dicho fichero se harán constar los contratos indicados de las empresas de seguridad registrados por dicha Dirección General, y los de prestación de actividades de protección de personas que, cuando sea procedente, le comuniquen las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.

Los datos de este fichero estarán a disposición de la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada de dicho centro directivo y de la Comisaría de Policía del lugar en que se va a prestar el servicio, así como de su correspondiente Jefatura Superior o Comisaría Provincial, para el desempeño de las funciones de inspección y control que les son propias.

Sección 2.ª Disposiciones específicas

Vigésimo. Comunicación de altas y bajas de personal.–A efectos de lo previsto en el artículo 10.5 de la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, y en el artículo 64.2 del Reglamento de Seguridad Privada, las empresas de seguridad comunicarán, en el plazo de cinco días siguientes a producirse las altas y bajas de los Vigilantes de Seguridad y Escoltas privados, a la Comisaría Provincial de Policía, y las de los Guardas particulares del Campo se comunicarán a la Comandancia de la Guardia Civil correspondiente por las empresas que los hayan contratado.

Vigésimo primero. Vigilancia y protección del depósito de objetos valiosos o peligrosos.–En los inmuebles que destinen las empresas autorizadas para la actividad de depósito, custodia y tratamiento de objetos valiosos o peligrosos, excepto los explosivos, deberán prestar servicio de seguridad permanentemente dos Vigilantes de Seguridad, al menos.

No obstante, podrá prestar servicio un solo vigilante, cuando el sistema de seguridad, determinado en el apartado octavo de esta Orden, se complete con un dispositivo que produzca la transmisión de una alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el caso de desatención por el responsable del centro de control durante un tiempo superior a diez minutos.

Los depósitos de explosivos, a excepción de los autoprotegidos, regulados en el apartado décimo de esta Orden, contarán con un servicio de seguridad permanente, integrado por un Vigilante de Explosivos, al menos.

Vigésimo segundo. Vigilancia y protección del transporte de objetos valiosos o peligrosos, excepto explosivos.–1. Cuando los fondos o valores no excedan de 25.000.000 de pesetas, o de 10.000.000 de pesetas si el transporte se efectuase de forma regular y con una periodicidad inferior a los seis días, el transporte podrá ser realizado por un Vigilante de Seguridad, al menos, dotado del arma corta reglamentaria y en vehículo de la empresa de seguridad, debiendo contar con medios de comunicación con la sede de su empresa; si bien, en el caso de que se hayan de efectuar entregas o recogidas múltiples, sin que el valor total exceda de las expresadas cantidades, los Vigilantes habrán de ser, al menos, dos.

2. Cuando el valor de lo transportado exceda de las cantidades determinadas en el apartado anterior, el transporte habrá de realizarse obligatoriamente por las empresas de seguridad, en vehículos blindados, con los requisitos a que se refiere el apartado undécimo de la presente Orden.

3. La comunicación a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a que se refiere el artículo 36 del Reglamento de Seguridad Privada o, en su caso, al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, se efectuará cuando la cuantía de lo transportado exceda de 400.000.000 de pesetas.

4. La obligación de realizar el transporte en vehículos blindados, a la que se refiere el número 2 de este apartado, será también de aplicación a las obras de arte que en cada caso determine el Ministerio de Educación y Cultura y a aquellos objetos que por su valor, peligrosidad o expectativas que generen, señalen la Dirección General de la Policía o los Gobiernos Civiles, teniendo en cuenta los antecedentes y circunstancias en relación a tales objetos.

5. Cuando las características o tamaño de los objetos o efectos impidan su transporte en vehículos blindados, éste se podrá realizar en otros vehículos, contando con la protección de, al menos, dos Vigilantes de Seguridad, que se deberán dedicar exclusivamente a la función de protección e ir armados con la escopeta a que se refiere el número 7 del presente apartado vigésimo segundo.

Los Gobiernos Civiles, la Dirección General de la Policía cuando el transporte exceda de los límites de la provincia o, en su caso, los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas competentes, podrán disponer una mayor protección, aumentando a tres el número de vigilantes, teniendo en cuenta los criterios de valoración y riesgo que se enumeran en el número 5 del presente apartado.

6. Cuando se realicen los transportes referidos en los números 4 y 5 de este apartado, la empresa de seguridad dispondrá de un plan de seguridad en el que se harán constar los nombres y números de los Vigilantes de Seguridad, rutas alternativas, claves y cualquier otro dato de interés para la seguridad, que será entregado en la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, con una antelación mínima de tres días a la realización del servicio.

7. El Vigilante o Vigilantes de Protección portarán la escopeta de repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco contenedor.

Vigésimo tercero. Material de instalaciones.–Sin perjuicio de la correspondiente aprobación u homologación por los organismos competentes, las empresas de instalación y mantenimiento cuidarán y responderán de que los medios materiales o técnicos, aparatos de alarma y dispositivos de seguridad que instalen o utilicen, no ocasionen en su funcionamiento daños a las personas, molestias a terceros o perjuicios a los intereses generales.

Vigésimo cuarto. Homologación de sistemas de seguridad.–A los efectos de la normativa reguladora de la seguridad privada, se entenderá por sistema de seguridad el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e intrusión, cuya activación sea susceptible de producir la intervención policial. Su instalación deberá ser efectuada por una empresa de seguridad autorizada y ajustarse a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 del Reglamento de Seguridad Privada, considerándose homologados si reúnen las características determinadas en el apartado vigésimo quinto de la presente Orden.

Vigésimo quinto. Características de los sistemas de seguridad.–Los sistemas de seguridad que se pretendan conectar con una central de alarmas habrán de reunir las siguientes características:

Disponer de varios elementos de protección, de los cuales al menos uno –elemento principal– ha de proteger directamente los bienes a custodiar, debiendo los demás –elementos secundarios– estar instalados en los lugares de acceso o zonas de paso obligado hacia los bienes.

Contar con tecnología que permita desde la central de alarmas la identificación singularizada de las señales correspondientes a las distintas zonas o elementos que componen el sistema, así como el conocimiento del estado de alerta o desconexión de cada una de las zonas o elementos, y la desactivación de las campanas acústicas.

Vigésimo sexto. Servicios de centrales de alarmas.–1. Las centrales de alarmas únicamente podrán desarrollar el servicio de centralización de las alarmas correspondientes a las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la prevención contra incendios.

2. Dichas centrales han de comprobar, por los medios técnicos de que dispongan, la veracidad del ataque o intrusión, no pudiendo en ningún caso efectuar estas verificaciones desplazando personal al lugar de los hechos. Se considerará prealarma la activación de un elemento secundario del sistema; entendiéndose por señal de alarma la activación del elemento o elementos principales o de más de un elemento secundario.

Verificada la alarma, las centrales la comunicarán inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad correspondientes.

3. Las centrales de alarmas sólo podrán realizar como servicio de respuesta a las señales que reciban, el de custodia de llaves a que se refiere el artículo 49 del Reglamento de Seguridad Privada, no pudiendo ser prestado tal servicio por empresas no autorizadas para esta actividad, salvo lo dispuesto para los casos de subcontratación de este servicio con empresas de vigilancia y protección de bienes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.4 del Reglamento de Seguridad Privada. En cualquier caso, y salvo lo dispuesto en el artículo 49.3 del repetido Reglamento, o cuando las llaves se custodien en el interior del centro de control, éstas se depositarán en caja fuerte, destinada exclusivamente a esta finalidad y que cuente con los niveles de resistencia a que se refiere el apartado noveno de la Orden por la que se concretan determinados aspectos en materia de medidas de seguridad, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada, debiendo estar instalada en la sede o delegaciones autorizadas de la empresa contratante del servicio o de las subcontratantes. Cuando la caja fuerte pese menos de 2.000 kilogramos, deberá estar anclada de manera fija al suelo o pared.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Las normas contenidas en la presente Orden y en los actos y resoluciones de desarrollo y ejecución de la misma, sobre vehículos y material de seguridad, no impedirán el uso o consumo en España de productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, fabricados de conformidad con las especificaciones técnicas en vigor en dichos Estados y que garanticen unas condiciones técnicas y de seguridad equivalentes a las exigidas por las normas vigentes en el Estado Español, siempre que ello se haya establecido mediante la realización de ensayos o pruebas de conformidad, equivalentes a las exigidas en España.

Segunda. Las hojas del Libro-Registro de Detectives a que se refieren el artículo 108 del Reglamento de Seguridad Privada y el apartado trigésimo de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995, o, en su caso, las hojas o soportes que se utilicen para la formación posterior de aquél, deberán ser foliadas y selladas con carácter previo al inicio de las anotaciones.

En su primera hoja, la Jefatura Superior de Policía, la Comisaría Provincial o Local, o la Policía Autónoma, correspondiente a la demarcación territorial del despacho o de sus delegaciones, asentará la diligencia de habilitación del Libro.

En la citada diligencia constarán los siguientes extremos: Fin a que se destina el Libro, nombre del Detective titular del despacho, número de orden de inscripción en el Registro de Detectives, número de folios de que consta el Libro, precepto que cumplimenta la diligencia, y lugar y fecha de la misma; debiendo estar firmada por el responsable de la respectiva dependencia policial, o persona en quien delegue.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los sistemas de seguridad instalados antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, y que a continuación se citan, se adecuarán a lo dispuesto en esta, dentro de los siguientes plazos a partir de aquella fecha:

Un año para que las empresas de seguridad inscritas en el Registro correspondiente adecuen su sistema de seguridad a lo establecido en el apartado sexto de esta Orden.

Un año para que las empresas de centrales de alarmas adecuen la resistencia del centro de control al nivel que se determina en el apartado decimotercero.2 de la presente Orden.

Cinco años para que los sistemas de seguridad electrónicos que no tengan expresamente señalado un plazo menor, se adecuen a lo dispuesto en los apartados vigésimo cuarto y vigésimo quinto de la presente Orden.

Un año para que los titulares de sistemas de seguridad, instalados por empresas no autorizadas, y conectados con centrales de alarmas, acrediten ante éstas, mediante certificado de empresa autorizada en el Registro para este tipo de actividades, que la instalación se ajusta, o se ha adecuado, a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 del Reglamento de Seguridad Privada y en el apartado vigésimo quinto de la presente Orden. Transcurrido el plazo de un año sin que se haya presentado el certificado, la empresa de central de alarmas procederá a la desconexión del sistema, hasta que se realice la antedicha acreditación.

Un año para que, en los lugares en que se presten servicios de Vigilantes de Seguridad con armas, se disponga de los armeros a que se refiere en el apartado séptimo de la presente Orden.

Segunda. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria séptima del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, los vehículos blindados utilizados hasta la fecha de publicación de la presente Orden por las empresas de seguridad de transporte y distribución, cuyas características no se ajusten a las establecidas al efecto en la presente Orden, únicamente podrán ser utilizados durante un año, contado a partir de su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden, y especialmente:

La Orden del Ministerio del Interior, de 1 de julio de 1981, por la que se desarrolla el Real Decreto 880/1981, sobre prestación privada de servicios de seguridad.

La Orden del Ministerio del Interior, de 28 de octubre de 1981, por la que se dictan las normas necesarias en desarrollo y aplicación del Real Decreto 880/1981, de 8 de mayo, sobre prestación privada de servicios de seguridad.

La Orden del Ministerio del Interior, de 2 de abril de 1992, por la que se actualiza la determinación cuantitativa de los fondos, valores y objetos preciosos cuyo transporte exige la adopción de medidas especiales de seguridad.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, lo establecido en la disposición transitoria segunda entrará en vigor a los cuatro años de dicha publicación.

[*] La presente disposición quedará derogada el 18 de agosto de 2011 al entrar en vigor la Orden INT/314/2011, de 2 de febrero, que figura como parágrafo 3 de esta obra.

PERSONAL DE SEGURIDAD

Formación, habilitación y ejercicio profesional

ORDEN DE 7 DE JULIO DE 1995 (JUSTICIA E INTERIOR) POR LA QUE SE DA CUMPLIMIENTO A DIVERSOS ASPECTOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA SOBRE PERSONAL [*]

(«BOE» núm. 169, de 17 de julio de 1995;
corrección de erratas en «BOE» núm. 220, de 14 de septiembre)

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, encomiendan al Ministerio de Justicia e Interior la concreción, entre otros, de determinados aspectos relacionados con el personal de seguridad privada.

De acuerdo con el mandato recibido, en la presente Orden:

Se fijan los requisitos que han de reunir los centros de formación, para su autorización, y los que han de reunir los Profesores para su acreditación, determinándose los módulos de formación, y completándose la regulación sobre titulaciones y diplomas.

Se establecen las características de las tarjetas de identidad profesional de las distintas especialidades de personal de seguridad privada, de las cartillas profesionales y de las cartillas de tiro, previa regulación complementaria de las pruebas necesarias para la obtención de aquéllas.

Se complementan las normas reglamentarias relativas al ejercicio de las funciones del personal de seguridad privada, especialmente de los Vigilantes de Seguridad, determinando su uniformidad, armamento, distintivos y medios de defensa.

En su virtud, dispongo:

TÍTULO PRIMERO

Formación y habilitación del personal de seguridad

CAPÍTULO PRIMERO

Formación

Sección 1.ª Centros de formación

Primero. Requisitos de autorización de centros.–Los titulares o promotores de centros de formación en los que se pretendan impartir enseñanzas de formación y actualización de personal de seguridad privada solicitarán la correspondiente autorización de la Secretaría de Estado de Interior, que, a propuesta de la Dirección General de la Policía, resolverá lo procedente en función de los requisitos que se establecen en el anexo 1 de la presente Orden.

La pérdida de alguno de dichos requisitos dará lugar a la revocación de la autorización.

Segundo. Requisitos de acreditación de Profesores.Los Profesores de los Centros de Formación a que se refiere el apartado anterior habrán de estar acreditados, previa comprobación de que reúnen los requisitos que se determinan en el anexo 2 de esta Orden.

Con la finalidad indicada, se constituirá en la Dirección General de la Policía una Comisión de Valoración del Profesorado, integrada por expertos en las distintas materias, que habrá de emitir informe sobre la concurrencia de los requisitos de acreditación.

Tercero. Inspección de los centros de formación.–La Dirección General de la Policía realizará actividades inspectoras de la organización y funcionamiento de los centros de formación autorizados, para garantizar que se cumplen los requisitos precisos para su autorización, y que los cursos de actualización se adecuan a lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada.

No obstante, en los casos de creación de centros de formación específicos y exclusivos para Guardas particulares del Campo, las facultades de inspección, así como las de propuesta de autorización y de acreditación de los profesores, serán ejercidas por la Dirección General de la Guardia Civil.

Sección 2.ª Módulos de formación

Cuarto. Módulos de formación de Vigilantes de Seguridad y Guardas particulares del Campo.–Los aspirantes a Vigilantes de Seguridad habrán de superar, en ciclos de, al menos, ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, y los aspirantes de Guarda particular del Campo, en ciclos de sesenta horas y dos semanas lectivas, en los centros de formación autorizados, los módulos profesionales de formación que se determinen por la Secretaría de Estado de Seguridad a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de la Guardia Civil, respectivamente, y previo informe favorable, en todo caso, de los Ministerios de Educación y Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales y, asimismo, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto a los Guardas particulares del Campo, y del Ministerio de Industria y Energía, y Dirección General de la Guardia Civil, respecto de los Vigilantes de Seguridad, especialidad de Vigilantes de Explosivos y Sustancias Peligrosas.

Como complemento de los módulos profesionales de formación, a que se refiere el apartado anterior, se incorporarán al ciclo lectivo módulos de formación práctica a desarrollar en puestos de trabajo, con duración máxima por alumno de veinte horas, acumulables al tiempo prescrito para aquéllos.

Los aspirantes a las especialidades de escolta privado y de vigilante de explosivos, además de los módulos generales a que se refiere el apartado anterior, deberán superar módulos específicos, asimismo determinados por la Secretaría de Estado de Interior, de sesenta horas lectivas o de treinta horas lectivas, respectivamente.

Quinto. Detectives privados.–Los aspirantes a Detective privado habrán de superar en los Institutos de Criminología o en otros centros oficiales adecuados y habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia, los programas que éstos establezcan, que, en todo caso, han de incluir las materias que determine la Secretaría de Estado de Interior, y comprenderán ciento ochenta créditos, cada uno de ellos correspondiente a diez horas de enseñanza, desarrollados al menos durante tres cursos lectivos.

Sección 3.ª Titulaciones y diplomas

Sexto. Diploma de Vigilante de Seguridad y de Guarda particular del Campo.–A quienes hayan superado los módulos de formación y las pruebas físicas, los centros de formación autorizados les expedirán el correspondiente diploma acreditativo, según el modelo que se establece en el anexo 3 de la presente Orden.

Séptimo. Diploma de Detective privado.–A los efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de Detective privado, el diploma a que se refiere el artículo 54.5.b) del Reglamento de Seguridad Privada habrá de corresponder a la formación a que se refiere el apartado quinto de la presente Orden y será el expedido por los institutos y centros que en el mismo se mencionan.

Octavo. Titulación de seguridad.–En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63.2.b) del Reglamento de Seguridad Privada, se reconocen como titulaciones suficientes para la habilitación de Director de Seguridad las especificadas en anexo 4 a la presente Orden y que se ajusten a los requisitos establecidos en dicho anexo, así como cualesquiera otras que cumplan dichos requisitos y que sean determinadas por la Secretaría de Estado de Interior.

CAPÍTULO II

Habilitación

Noveno. Pruebas para Vigilantes de Seguridad y Guardas particulares del Campo.–Quienes hayan obtenido el diploma a que se refiere el apartado sexto, podrán presentarse a las pruebas de selección que sean oportunamente convocadas por la Secretaría de Estado de Interior acreditando el cumplimiento de los requisitos generales y específicos determinados en los artículos 53 y 54 del Reglamento de Seguridad Privada, en la forma dispuesta en el artículo 59 de dicho Reglamento.

En la resolución de convocatoria, se determinarán las correspondientes pruebas, las fechas de su celebración, los modelos de solicitud y las dependencias de la Dirección General de la Policía, para la realización de las relativas a los Vigilantes de Seguridad y sus especialidades, y las de la Dirección General de la Guardia Civil, para las relativas a los Guardas particulares del Campo y de sus especialidades.

Décimo. Pruebas para jefes de seguridad.–Las pruebas para la habilitación de jefes de seguridad tendrán carácter teórico-práctico, y versarán sobre la normativa reguladora de la seguridad privada y, en especial, sobre el funcionamiento de las empresas de seguridad, funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada, organización de servicios de seguridad y modalidades de prestación de los mismos.

Undécimo. Pruebas para directores de seguridad. Las pruebas para la habilitación de directores de seguridad tendrán carácter teórico-práctico, y versarán sobre la normativa reguladora de la seguridad privada y, en especial, sobre servicios de seguridad, funciones de los departamentos de seguridad y características y funcionamiento de los sistemas de seguridad.

Duodécimo. Acreditaciones.–A quienes reúnan los requisitos y superen las pruebas de habilitación, se les expedirá la correspondiente tarjeta de identidad profesional, que les habilitará para el ejercicio de las respectivas profesiones, si bien en el caso de los detectives privados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.7 y 54.5.b) del Reglamento de Seguridad Privada, para la obtención de la tarjeta de identidad profesional, una vez superadas las pruebas en los institutos o centros a que se refiere el apartado séptimo de esta Orden y obtenido el correspondiente diploma, deberán inscribirse previamente en el Registro correspondiente.

Decimotercero. Tarjeta de identidad profesional.–La tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada tendrá las características que se determinan en el anexo 5 a la presente Orden.

La tarjeta de identidad profesional ha de ser firmada por su titular, en presencia del funcionario que se la entregue, y tendrá un período de validez de diez años a contar desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de la necesidad de obtención de duplicados cuando se hubiere perdido, sustraído o deteriorado de modo que sea difícil la identificación.

Decimocuarto. Cartilla profesional.–La cartilla profesional de los Vigilantes de Seguridad y Guardas particulares del Campo se ajustará a las características que se determinen y al modelo que se apruebe por la Secretaría de Estado de Interior, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de la Guardia Civil, respectivamente.

La cartilla profesional se entregará con la tarjeta de identidad profesional y, en su caso, con el distintivo; y la Jefatura Superior de Policía o Comisaría Provincial correspondiente o, en su caso, la Comandancia de la Guardia Civil, sellará la primera hoja.

Las anotaciones de las altas y bajas se efectuarán por las empresas en el momento en que se produzcan, cumplimentándose las de los cursos por los centros de formación, y las relativas a las menciones honoríficas, por la Jefatura Superior de Policía, Comisaría Provincial o Comandancia de la Guardia Civil correspondiente.

Cuando finalice la relación laboral entre la empresa de seguridad y el personal obligado a disponer de la mencionada cartilla, la empresa la entregará a su titular, bajo cuya custodia deberá permanecer hasta su entrega a la nueva empresa que le contrate.

Decimoquinto. Cartilla de tiro.–La cartilla de tiro se acomodará a las características que se determinen y al modelo que se apruebe por la Secretaría de Estado de Interior, a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil.

La cartilla de tiro se entregará a su titular, con la licencia de armas, y le será de aplicación lo dispuesto en el párrafo cuarto del apartado anterior.

Decimosexto. Ficheros automatizados de personal.–Para una eficaz gestión y registro de las habilitaciones concedidas al personal de seguridad privada, correspondientes a las unidades orgánicas centrales de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, se llevarán los ficheros automatizados que se describen en el anexo 6, cuyos datos de carácter personal se utilizarán exclusivamente para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de seguridad privada, y que se sujetarán a lo dispuesto en la Orden de 26 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Justicia e Interior, y al régimen general establecido en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

TÍTULO II

Ejercicio de las funciones del personal de seguridad privada

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones comunes

Decimoséptimo. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.–El deber de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y las comunicaciones que contempla el artículo 66 del Reglamento de Seguridad Privada, así como la puesta a disposición de presuntos delincuentes, instrumentos, efectos y pruebas de delitos a que se refiere el artículo 76.2 del citado Reglamento, se cumplimentarán respecto a los miembros competentes del Cuerpo que corresponda, de acuerdo con el régimen de competencias previsto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o, en su caso, respecto a la Policía autonómica correspondiente.

Decimoctavo. Menciones honoríficas.–El personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus obligaciones podrá ser distinguido con menciones honoríficas que se anotarán en su cartilla profesional.

Estas menciones podrán concederse de oficio o a iniciativa de particulares, de las empresas a las que pertenezca el personal, o de otras entidades relacionadas con la seguridad privada, otorgándose por los Jefes superiores o Comisarios provinciales de Policía o, en su caso, por los Jefes de Comandancia de la Guardia Civil del territorio donde se haya producido la actuación determinante de la mención, quienes la anotarán en la cartilla profesional, previa comunicación oficial al interesado.

Las menciones honoríficas se otorgarán teniendo en cuenta la especial peligrosidad, penosidad, iniciativa profesional o transcendencia social, concurrentes en los supuestos que a continuación se relacionan y que determinarán las consiguientes categorías:

Categoría A:

Resultar lesionado el personal de seguridad privada, o haber corrido grave riesgo su integridad física, con motivo u ocasión de la prestación de un servicio, en cumplimiento de sus deberes u obligaciones.

Haber evitado la comisión de delitos en relación con el objeto de su protección, con detención de los implicados, cuando suponga especial riesgo para su persona o grave dificultad en la realización.

Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información relevante que, por su contenido, haya contribuido al esclarecimiento de delitos o hechos cometidos por organizaciones de delincuentes.

Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información que, por su contenido o circunstancias, resulte importante para la seguridad del Estado o para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Categoría B:

Haber evitado la comisión de delitos en relación con el objeto de su protección.

Actuaciones humanitarias con motivo de accidentes, siniestros o catástrofes, que superen el estricto cumplimiento de sus deberes.

Cualquier otra actuación que a juicio de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sea acreedora de esta mención honorífica.

CAPÍTULO II

Vigilantes de seguridad

Decimonoveno. Armas reglamentarias.–El arma reglamentaria de los Vigilantes de Seguridad, en los servicios que hayan de prestarse con armas, será el revólver calibre treinta y ocho especial de cuatro pulgadas. Cuando esté dispuesto el uso de armas largas, utilizarán la escopeta de repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco contenedor.

Vigésimo. Autorizaciones para portar armas fuera de servicio.–Las autorizaciones para portar armas fuera de servicio, en los casos previstos en el artículo 82.2 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustarán al modelo que se apruebe por la Secretaría de Estado de Interior.

No tendrán validez las autorizaciones cubiertas parcialmente o que no se ajusten a la realidad de la situación para la que fueron expedidas.

Las empresas deberán conservar en su sede, o en la de sus delegaciones, copias de las autorizaciones, por el tiempo mínimo de dos años, contados a partir de la fecha de expedición.

Vigésimo primero. Ejercicios de tiro.–Los Vigilantes de Seguridad que presten o puedan prestar servicios con armas efectuarán un mínimo de veinticinco disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro semestral, con el tipo de arma con la que habitualmente deban desempeñar sus funciones.

Vigésimo segundo. Uniformidad.–Se establece la uniformidad de los Vigilantes de Seguridad, con arreglo a las características técnicas que se determinen por la Secretaría de Estado de Interior, y que estará integrada por las siguientes prendas, en la modalidad de invierno:

a) Para el personal masculino:

Anorak.

Cazadora.

Corbata.

Camisa de manga larga.

Pantalón.

Calcetines.

Zapatos.

Cinturón.

b) Para el personal femenino:

Anorak.

Cazadora.

Corbata.

Camisa de manga larga.

Pantalón o falda pantalón.

Medias-panty.

Zapatos.

Cinturón.

La modalidad de verano comprenderá las mismas prendas, excepto el anorak, la cazadora, la corbata y las medias-panty, sustituyéndose la camisa de manga larga por camisa de manga corta.

El color del uniforme de los Vigilantes de Seguridad de cada empresa o grupo de empresas de seguridad privada, con la finalidad de evitar que se confunda con los de las Fuerzas Armadas y con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, necesitará estar aprobado previamente por la Dirección General de la Policía, a solicitud de la empresa o empresas interesadas.

Vigésimo tercero. Excepciones al deber de uniformidad.–Excepcionalmente, para los servicios que hayan de prestarse en el exterior de inmuebles, y cuando las condiciones climatológicas lo aconsejen, los vigilantes podrán usar, con el uniforme descrito en el apartado anterior, pantalón de agua, botas de media caña, botas de agua y gorra.

Cuando se prestaren servicios en centrales nucleares, empresas o industrias en las que se produzcan, fabriquen o manipulen sustancias o productos que impliquen peligro para la integridad física o la salud de las personas, los vigilantes podrán portar las prendas adecuadas que establezca la empresa fabricante o manipuladora, ostentando el distintivo sobre las mismas.

En cualquiera de los casos contemplados en los párrafos anteriores, las empresas de seguridad promoverán la sustitución de las citadas prendas ante el correspondiente Gobernador civil, que resolverá lo procedente.

Vigésimo cuarto. Escudo-emblema.–El anorak, la cazadora y la camisa llevarán, en la parte alta de la manga izquierda, el escudo-emblema o anagrama específico de la empresa de seguridad en la que se preste servicio, cuyo tamaño no podrá ser menor de 5 por 8 centímetros, ni sobrepasar de 10 por 10 centímetros.

Vigésimo quinto. Distintivo.–El distintivo de vigilante de seguridad consistirá en una placa ovalada y apaisada, de 8 centímetros de ancho por 6 centímetros de alto, en fondo blanco, conforme al modelo que figura como anexo 7 a la presente Orden.

En la parte superior del anverso figurará la expresión «vigilante de seguridad», o la de «vigilante de explosivos», según corresponda, debiendo constar en la parte inferior el número de la tarjeta de identidad profesional.

El distintivo se portará permanentemente en la parte superior izquierda, correspondiente al pecho, de la prenda exterior (anorak, cazadora, o camisa), sin que pueda quedar oculto por otra prenda o elemento que se lleve.

Vigésimo sexto. Medios de defensa y su utilización.
La defensa reglamentaria de los Vigilantes de Seguridad será de color negro, de goma semirrígida, forrada de cuero, y de 50 centímetros de longitud; y los grilletes serán de los denominados de manilla.

Los Vigilantes de Seguridad portarán la defensa en la prestación de su servicio, salvo cuando se trate de la protección del transporte y distribución de monedas y billetes, títulos-valores, objetos valiosos o peligrosos y explosivos.

La Dirección General de la Policía, previa solicitud de la empresa de seguridad, podrá autorizar la sustitución de la defensa reglamentaria por otras armas defensivas, siempre que se garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas.

CAPÍTULO III

Otras normas especiales

Vigésimo séptimo. Escoltas privados.–El arma reglamentaria de los Escoltas privados será la pistola semiautomática del calibre 9 mm. parabellum.

Los escoltas privados efectuarán un mínimo de veinticinco disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro, de periodicidad trimestral.

Vigésimo octavo. Guardas particulares del campo.–El arma reglamentaria de los Guardas particulares del Campo será el arma de fuego larga para vigilancia y guardería, determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Armas.

La uniformidad y el distintivo de los Guardas particulares del Campo serán los que se determinen por la Secretaría de Estado de Interior, a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil, correspondiendo a ésta la aprobación previa del color del uniforme, a solicitud de las empresas afectadas.

Los Guardas particulares del Campo efectuarán un mínimo de veinticinco disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro, de periodicidad semestral.

Vigésimo noveno. Jefes de seguridad.–La delegación de funciones a que hace referencia el artículo 99 del Reglamento de Seguridad Privada, se documentará mediante escrito que ha de obrar en poder de la persona delegada, debiendo presentarlo ante las dependencias de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de la Guardia Civil, y exhibirlo ante los miembros competentes de los respectivos Cuerpos, ante los que haya de surtir efectos. En el caso de que sea informatizado, deberá atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre protección de datos personales.

Trigésimo. Libro-registro de detectives.–El libro-registro que han de llevar los detectives, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustará al modelo que se adjunta a la presente Orden como anexo 8. En el caso de que sea informatizado, deberá atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre protección de datos personales; y los órganos administrativos competentes en materia de seguridad privada pondrán en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos cualquiera anomalía que se descubriere respecto del funcionamiento de dicho libro-registro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Las normas sobre habilitación y nombramiento de detectives, Vigilantes de Seguridad y Guardas particulares del Campo, vigentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, se continuarán aplicando durante el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la resolución por la que se regulen los módulos de formación de dicho personal.

No obstante, las disposiciones relativas a la autorización de centros docentes y formación de Vigilantes de Seguridad y Guardas particulares del Campo, así como de sus respectivas especialidades, se aplicarán desde la entrada en vigor de esta Orden.

Segunda. En tanto no se promulgue normativa específica sobre la acreditación de la aptitud física y la capacidad psíquica a que se refiere el artículo 53.c) del Reglamento de Seguridad Privada, tal acreditación habrá de obtenerse en la forma prevenida para la emisión de los informes de aptitud necesarios a efectos de la concesión de licencias de armas, a cuyas normas se atendrá, asimismo, la realización de las pruebas psicotécnicas periódicas previstas en el artículo 85 del mismo Reglamento, si bien, por los centros de reconocimiento, se efectuarán las adaptaciones documentales precisas, de manera que los informes y los registros correspondientes se lleven a cabo con arreglo a modelos específicos para la habilitación del personal de seguridad privada.

Tercera. La uniformidad que vinieran utilizando los vigilantes y los guardas particulares del campo podrá ser usada durante un plazo de dos años a partir de la publicación de la Resolución de la Secretaría de Estado de Interior en que se determinen sus características técnicas. Superado dicho plazo, únicamente se podrá utilizar la uniformidad establecida en la presente Orden.

Cuarta. Los auxiliares de detective que en la fecha de promulgación de la Ley 23/1992, se encontrasen acreditados como tales por la Dirección General de la Policía, mediante la tarjeta de identidad profesional a que se refiere el artículo 5 de la Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero de 1981, podrán seguir desarrollando las mismas actividades hasta que transcurra un año desde la promulgación de la presente Orden.

Para poder ejercer las actividades previstas en el artículo 19.1 de la citada Ley, habrán de superar durante dicho año las pruebas de aptitud técnico-profesional que establezca la Secretaría de Estado de Interior, que se ajustarán al programa que asimismo se apruebe y que estarán a un nivel concordante con la titulación académica exigida para el ejercicio de esta actividad.

La superación de las pruebas sustituirá al diploma de detective privado en los expedientes de habilitación para la obtención de la tarjeta de identidad profesional de detective privado, debiendo reunir los restantes requisitos generales y específicos a que se refieren los artículos 53 y 54.5.c) del Reglamento de Seguridad Privada.

Quinta. Los investigadores o informadores que acrediten oficialmente el ejercicio profesional durante dos años con anterioridad a la fecha de promulgación de la Ley 23/1992, mediante el alta durante dicho período, al menos, en la licencia fiscal o, en su caso, en el impuesto de actividades económicas, podrán seguir desarrollando las mismas actividades hasta que transcurra un año desde la fecha de promulgación de esta Orden.

Para poder ejercer las actividades previstas en el artículo 19.1 de la citada Ley, habrán de superar durante dicho año las pruebas de aptitud técnico-profesional que establezca la Secretaría de Estado de Interior, que se ajustarán al programa que asimismo se apruebe teniendo en cuenta la experiencia obtenida en el desarrollo anterior de sus funciones.

La superación de estas pruebas sustituirá al diploma de detective privado en los expedientes de habilitación para la obtención de la tarjeta de identidad profesional de Detective privado, debiendo reunir los restantes requisitos generales y específicos a que se refieren los artículos 53 y 54.5.c) del Reglamento de Seguridad Privada.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Sin perjuicio de lo prevenido en las precedentes disposiciones transitorias, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden, y especialmente:

La Orden del Ministerio del Interior de 14 de febrero de 1981, por la que se desarrolla el Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, que regula la función de los vigilantes jurados de seguridad.

La Orden del Ministerio del Interior de 26 de marzo de 1982, por la que se aprueba el modelo de título nombramiento de guarda jurado de explosivos.

La Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero de 1981, por la que se regula la profesión de detective privado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Los vigilantes jurados de seguridad, guardas jurados de explosivos, guardas particulares jurados del campo, guardas de caza, guardapescas jurados marítimos, y cualquier otra clase de personal que, independientemente de su denominación, viniera realizando funciones propias de personal de seguridad privada con la correspondiente habilitación administrativa, y que en la fecha de entrada en vigor de la presente Orden reúnan las condiciones exigibles para la prestación de los correspondientes servicios, deberán canjear en el plazo de dos años a partir de tal fecha sus títulos-nombramientos, licencias, tarjetas de identidad o acreditaciones, por las tarjetas de identidad profesional reguladas en esta Orden.

Los detectives privados que en la indicada fecha reúnan las condiciones exigibles para el desempeño de sus funciones, efectuarán el canje de sus actuales acreditaciones por la tarjeta de identidad profesional regulada en esta Orden, en el plazo de un año a partir de aquella fecha.

Los jefes de seguridad que, en la fecha citada en el párrafo primero, se hallasen desempeñando sus funciones con la conformidad del órgano competente del Ministerio de Justicia e Interior, deberán canjear sus acreditaciones en el plazo de dos años a partir de tal fecha.

Las nuevas acreditaciones se expedirán a los interesados con carácter gratuito.

Segunda. Por la Secretaría de Estado de Interior, a propuesta de la Dirección General de la Policía o de la Dirección General de la Guardia Civil, según corresponda, se adoptarán las resoluciones y medidas que sean necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden.

Tercera. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO 1

Requisitos de autorización de centros de formación

La autorización para la apertura y funcionamiento de los centros de formación, actualización y adiestramiento profesional del personal de seguridad privada estará condicionada al cumplimiento de estos requisitos:

1. Deberán disponer de las instalaciones siguientes:

a) Aulas con una superficie de un metro y medio cuadrado por alumno, que, en ningún caso, podrán ser inferiores a cuarenta metros cada una.

La relación máxima profesor/alumno será de 1/30 y el número de aulas por centro será, al menos, de dos.

Se utilizarán medios técnicos audiovisuales, como aplicación complementaria, en la impartición de las materias, tanto teóricas como prácticas.

b) Biblioteca, adecuada al número de alumnos y dotada de un fondo bibliográfico específico, debidamente clasificado.

c) Sala de profesores o de juntas proporcional al número de profesores.

d) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro.

e) Despacho de dirección y secretaría del centro.

2. Estarán dotados además de:

a) Un gimnasio de al menos 300 metros cuadrados de superficie, y equipado con vestuarios, duchas y almacén.

b) Una galería de tiro, que deberá cumplir las exigencias de ubicación y acondicionamiento establecidas en la legislación vigente.

La existencia de las instalaciones descritas en el apartado 2, podrá dispensarse si el centro afectado concertara la correlativa prestación de servicios con otras instituciones públicas o privadas, bajo la inspección y control de la Dirección General de la Policía, o, en su caso, de la Dirección General de la Guardia Civil.

ANEXO 2

Requisitos de acreditación de profesores

Para obtener la acreditación que habilita para impartir enseñanzas en centros de formación, actualización y adiestramiento del personal de seguridad privada, se han de reunir los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión de titulación universitaria de grado superior, cuando la asignatura de que se trate esté integrada como enseñanza de tal carácter dentro del sistema educativo general.

2. En el supuesto de materias no recogidas en el sistema educativo general público, dicha acreditación será expedida por la Dirección General de la Policía, salvo que la enseñanza estuviese específicamente relacionada con la formación de alumnos aspirantes a Guardas particulares del Campo y sus especialidades, en cuyo caso será expedida por la Dirección General de la Guardia Civil.

Para expedir esta acreditación habrá de tenerse en cuenta la capacidad pedagógica y la calidad y grado de conocimientos característicos de los aspirantes, manifestados, con preferencia, a través de sus publicaciones, actividad docente previa y en el ejercicio de su profesión.

3. En todo caso, se tendrá en cuenta, a efectos de acreditación, la experiencia práctica adquirida por los aspirantes, en el ejercicio de funciones relacionadas directamente con la seguridad.

ANEXO 3

Diploma de vigilante de seguridad y guarda particular del campo

ANEXO 4

Titulaciones de directores de seguridad

Titulaciones para la habilitación de Directores de Seguridad

1. Requisitos.–Las titulaciones para la habilitación de directores de seguridad habrán de tener como base la superación de cursos en los que se impartan las siguientes materias:

Normativa General y Específica sobre Seguridad Privada.

Seguridad Física.

Seguridad Electrónica.

Funcionamiento de los Departamentos de Seguridad.

Seguridad de Personas.

Seguridad Informática.

Seguridad en entidades de crédito:

Seguridad Operativa.

Seguridad Patrimonial.

Los cursos habrán de estar programados por centros universitarios, oficiales o privados, o por otros dependientes, asociados o tutelados por aquéllos, debiendo alcanzar las materias citadas un mínimo de ciento veinte horas, pudiendo complementarse con otras relativas a la gestión y dirección de actividades de seguridad privada y, en general, con cualesquiera otras relacionadas con la seguridad en general.

2. Titulaciones.–Con base en el cumplimiento de los precedentes requisitos, se reconocen como titulaciones suficientes para la habilitación de Directores de Seguridad las obtenidas a través de los siguientes cursos:

Curso Superior de Seguridad (antes Curso de Dirección de Seguridad de Empresas, o Curso Superior de Directores de Seguridad), impartido por el Instituto Universitario de Administración y Dirección de Empresas (ICADE), de la Universidad Pontificia de Comillas, y la American Society for Industrial Security (ASIS) España.

Curso Superior de Gestión y Derecho de la Seguridad, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Curso de Experto en Seguridad, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela Superior de Cajas de Ahorro (ESCA).

ANEXO 5

Características de la tarjeta de identidad profesional[1]

Tarjeta de identidad profesional

La tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada tendrá las siguientes características:

Sus dimensiones serán de 86 por 54 milímetros, y en la parte superior izquierda del anverso llevará el escudo de España e inmediatamente a la derecha, impresa en letra mayúscula, la leyenda «MINISTERIO DEL INTERIOR». Debajo, centrada respecto a la anterior y también con mayúsculas, «DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA», excepto la prevista para los guardas particulares del campo y sus especialidades, en las que en este segundo apartado constará «DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL».

Por debajo de esta última, se reservará un espacio de 25 por 32 milímetros para el encuadre de la fotografía, que deberá ser en color, a medio busto, de frente, descubierto y sin gafas oscuras. Debajo de la fotografía constará el número del documento nacional de identidad.

En la parte derecha del anverso constará, también en mayúsculas, la actividad, que habrá de ser: «JEFE DE SEGURIDAD», «DIRECTOR DE SEGURIDAD», «VIGILANTE DE SEGURIDAD», «ESCOLTA PRIVADO», «VIGILANTE DE EXPLOSIVOS», «GUARDA PARTICULAR DEL CAMPO», «GUARDA DE CAZA», «GUARDAPESCA MARÍTIMO», O «DETECTIVE PRIVADO».

Inmediatamente debajo constarán las siguientes leyendas:

Número:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha:

Debajo, como antefirma, figurará la denominación de la autoridad que expide la tarjeta, quedando espacio para la firma.

En la parte inferior derecha del anverso constará la leyenda «SEGURIDAD» e inmediatamente debajo «PRIVADA».

En el reverso de la tarjeta llevará un panel para recoger la firma del titular e inmediatamente debajo y centrado, respecto a los laterales de la tarjeta, el siguiente texto: «Esta tarjeta de identidad profesional es personal e intransferible y sirve para acreditar la condición del titular en los casos y circunstancias en que el ejercicio de su función lo requiera y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, Autoridad o sus Agentes.

ANEXO 6

Ficheros automatizados del personal de seguridad privada[2]

[.......]

ANEXO 7

Distintivos del Vigilante de Seguridad

ANEXO 8

Modelo de Libro-Registro de Detectives

Encargo de investigación

Asunto

Contratante

Número de orden

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Nombre
y apellidos
o razón social

Domicilio/localidad

Investigado

Delitos
perseguibles
de oficio
conocidos

Órgano al que
se comunicaron

Nombre y apellidos
o razón social

Domicilio/
localidad

[*] La presente disposición quedará derogada el 18 de agosto de 2011 al entrar en vigor la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, que figura como parágrafo 5 de esta obra.

[1] Anexo redactado de acuerdo con la Orden de 10 de mayo de 2001 («BOE» núm. 125, de 25 de mayo).

[2] Anexo derogado por Orden INT/1751/2002, de 20 de junio («BOE» núm. 165, de 11 de julio), por la que se regulan los ficheros informáticos de la Dirección General de la Policía que contienen datos de carácter personal, adecuándolos a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Dicha Orden establece el siguiente fichero:

Nombre del fichero: «SEGURPRI»

Finalidad del fichero: Gestión y control de seguridad privada de empresas, departamentos de seguridad, vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, jefes y directores de seguridad, detectives privados, procedimientos sancionadores en materia de seguridad privada y contratos de servicios.

Usos previstos: Gestión del control administrativo y policial.

Personas o colectivos sobre los que se pretenden obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empresas, titulares, directivos y empleados de las mismas, vigilantes de seguridad privada, vigilantes de explosivos, escoltas privados, jefes y directores de seguridad y detectives privados.

Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Grabación de los datos procedentes del propio interesado, persona física o jurídica, o de su representante legal, y/o de otros órganos de la Dirección General de la Policía y/o Administraciones públicas.

Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Documento nacional de identidad, apellidos y nombre, fecha de nacimiento y domicilio del personal de seguridad privada, así como datos de carácter social referidos a empleo, licencias, autorizaciones, situaciones laborales, sanciones y contratos, tanto de empresas como de empleados o clientes.

Cesiones de datos que se prevean y transferencias a países terceros, en su caso: A otras fuerzas y cuerpos de seguridad, a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal, en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 45 de la Ley Orgánica 2/1986, y artículos 11.2.a) y d) y 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

Órgano responsable del fichero: Comisaría General de Seguridad Ciudadana, calle Francos Rodríguez, 110, 28039 Madrid.

Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación o cancelación, cuando proceda: Unidad de Coordinación y Apoyo Técnico de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, calle Francos Rodríguez, 110, 28039 Madrid.

Medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Medio.

La Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre («BOE» núm. 277, de 17 de noviembre), establece los siguientes ficheros:

Nombre del fichero: «SEGPRIVA».

Finalidad del fichero: Gestión y control de habilitaciones concedidas a los guardas particulares de campo y sus distintas especialidades, procedimientos sancionadores en materia de seguridad privada y contratos de servicios, así como armeros de empresas de seguridad y habilitaciones de instructores de tiro de seguridad privada.

Usos previstos: Administrativo.

Personas o colectivos, sobre los que se pretenden obtener datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Guardas particulares de campo y sus especialidades (guardas de caza y guardapescas marítimos), armeros de empresas de seguridad e instructores de tiro de seguridad privada.

Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Grabación de los datos por las unidades territoriales de la Guardia Civil, aportados por el propio interesado o su representante legal, y las publicaciones en el «BOE», en soporte papel.

Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal, incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: Aptitudes psicofísicas.

Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas: Infracciones penales y administrativas, en virtud de lo establecido en el artículo 137.4 del Reglamento de Seguridad Privada.

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección postal y teléfono.

Datos de características personales: Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones y pertenencia a colegios o a asociaciones profesionales, licencias de armas, armamento, cartilla de tiro, cartilla profesional y situación administrativa.

Datos de detalle de empleo: Categoría/Grado, puestos de trabajo e historial del trabajador.

Cesiones y transferencias a países terceros, de los datos de carácter personal, que se prevean, en su caso: A otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los Órganos Jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal, en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 45 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y artículos 11.2.a) y d) y 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Órgano Administrativo responsable del Fichero: Dirección General de la Guardia Civil, C/ Guzmán el Bueno, 110, 28003 Madrid.

Órgano Administrativo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de la Guardia Civil, Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, C/ Guzmán el Bueno, 110, 28003 Madrid.

Medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto, exigible: Alto.

Nombre del fichero: «Exámenes de oposiciones y acreditaciones».

Finalidad del fichero: Gestionar las oposiciones de ingreso y promoción interna del Cuerpo de la Guardia Civil y las pruebas de acreditación de los Guardas Particulares de Campo y sus especialidades, instructores de tiro del personal de seguridad privada, así como acreditar a los profesores para impartir docencia en centros de formación de Guardas Particulares de Campo.

Usos previstos: Administrativo.

Personas o colectivos, sobre los que se pretenden obtener datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Cualquier persona que solicite participar en oposiciones o procesos de promoción interna en el Cuerpo de la Guardia Civil, y pruebas de selección para Guardas Particulares de Campo y sus especialidades, instructores de tiro del personal de seguridad privada o acreditaciones para profesorado de Guardas Particulares de Campo y sus especialidades.

Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Del propio interesado o su representante legal, mediante la grabación de los datos que figuran en las solicitudes, en soporte papel.

Estructura básica del Fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal, incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: Datos de aptitudes psicofísicas.

Datos de infracciones penales o administrativas: Infracciones penales, en virtud de lo establecido en los artículo 8 y 10 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y el artículo 26 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y teléfono.

Datos de características personales: Estado civil, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y características antropométricas.

Datos de circunstancias sociales: situación militar y licencias, permisos, autorizaciones.

Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones y experiencia profesional.

Datos de detalle de empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y puestos de trabajo.

Cesiones y transferencias a países terceros, de los datos de carácter personal, que se prevean, en su caso: No existen.

Órgano Administrativo responsable del Fichero: Dirección General de la Guardia Civil. C/ Guzmán el Bueno, 110, 28003 Madrid.

Órgano Administrativo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de la Guardia Civil - Jefatura de Enseñanza, C/ Guzmán el Bueno, 110, 28003 Madrid.

Medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto, exigible: Alto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

ORDEN DE 23 ABRIL DE 1997 (INTERIOR) POR LA QUE SE CONCRETAN DETERMINADOS ASPECTOS EN MATERIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA[*]

(«BOE» núm. 108, de 6 de mayo de 1997; corrección de errores en «BOE» núm. 142, de 14 de junio)

El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, encomienda al Ministerio del Interior la concreción de determinados aspectos relacionados con las medidas de seguridad.

Especialmente, dicho Reglamento encomienda al Ministerio del Interior, en su artículo 120.1, fijar los criterios con arreglo a los cuales habrán de ser adoptadas medidas de seguridad en las Entidades de Crédito; en los artículos 121 y 127.1.a), la determinación de las características y del nivel de resistencia de las cámaras acorazadas de efectivo y de compartimentos de alquiler; en los artículos 122 y 130.1, la determinación de los niveles de resistencia de las cajas fuertes y de los materiales de construcción de los dispensadores de efectivo; en los artículos 120.1.f) y 127.1.i), la determinación del tamaño de los carteles anunciadores de la existencia de medidas de seguridad; en el artículo 130.3, la fijación de la cantidad de dinero que podrá haber en poder de los empleados de las estaciones de servicio o en las cajas registradoras, y en el artículo 135, dictar las normas de regulación del libro-catálogo de las instalaciones de medidas de seguridad.

De acuerdo con este mandato, en la presente Orden, por lo que respecta a medidas de seguridad, se concretan las correspondientes a las distintas entidades y establecimientos obligados a su instalación y mantenimiento por el Reglamento de Seguridad Privada. Y en relación con las Entidades de Crédito, se determinan las localidades en las que las oficinas de aquellas han de disponer de medidas de seguridad especiales, de acuerdo con unos criterios que servirán para actualizar la determinación de tales localidades por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Finalmente, se determinan los grados de seguridad y niveles de resistencia de los blindajes de ciertos elementos de seguridad, así como los retardos en la apertura de cámaras acorazadas, cajas fuertes, cajas auxiliares, dispensadores de efectivo y cajeros automáticos.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentos técnicos, previsto en la Directiva 83/189/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de marzo, transpuesta por el Real Decreto1168/1995, de 7 de julio, lo cual, aparte de la tramitación prevenida en las disposiciones mencionadas, determina la incorporación de una disposición adicional destinada a hacer jurídicamente posible el uso o consumo en España de productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuyas condiciones técnicas y de seguridad sean equivalentes a las exigidas por las normas vigentes en el Estado Español.

También ha sido sometida la presente disposición al trámite de audiencia de las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, y a conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, habiéndose tenido en cuenta, en la redacción definitiva, las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

CAPÍTULO PRIMERO

Medidas de seguridad generales

Primero. Transporte de monedas, billetes, títulos-valores y objetos preciosos.–Los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios efectuarán el transporte de monedas, billetes, títulos-valores y objetos preciosos, cuando su valor exceda de las cantidades a que se refiere el apartado vigésimo segundo.1 de la Orden por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, a través de empresas de seguridad autorizadas para tal actividad.

Segundo. Armeros.–Los lugares en que se preste servicio de Vigilantes de Seguridad con armas, deberán disponer de armeros que reúnan las medidas de seguridad determinadas en el apartado séptimo.2 de la Orden por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada.

CAPÍTULO II

Medidas de seguridad específicas en Entidades de Crédito

Tercero. Medidas de seguridad obligatorias.–1. En los establecimientos u oficinas de las Entidades de Crédito donde se custodien fondos o valores, deberán ser instaladas con carácter obligatorio las medidas de seguridad especificadas en los apartados b), c) y f) del artículo 120.1 y en el artículo 122.1 del Reglamento de Seguridad Privada.

2. Además de tales medidas de seguridad, los establecimientos u oficinas a que se refiere el apartado anterior, en los que concurran las circunstancias del número 3 de este apartado tercero, deberán contar con una de las tres que se citan a continuación:

El recinto de caja a que se refiere el artículo 120.1.d) del Reglamento de Seguridad Privada, con el nivel de blindaje que se señala en el apartado sexto de esta Orden.

Se considerará recinto de caja el destinado a disponer de las cajas auxiliares en su interior.

El control de accesos previsto en el artículo 120.1.e) del citado Reglamento, con el nivel de blindaje que se determina en el apartado sexto de la presente Orden.

Dispensadores de efectivo adecuados a lo dispuesto en el artículo 122.3 del repetido Reglamento y en el apartado decimotercero de esta Orden, cuando su instalación sustituya a todas las cajas auxiliares. De mantenerse alguna caja auxiliar, será preciso que ésta se encuentre dentro del recinto de caja.

3. Para la determinación de las oficinas en que ha de instalarse una de las tres medidas de seguridad citadas en el número anterior de este apartado tercero, y la del artículo 120.1.a) del Reglamento de Seguridad Privada, se tendrá en cuenta la población de derecho de las localidades en que se encuentren ubicadas, que en todo caso habrá de ser de 10.000 habitantes o más, y el número de robos con intimidación «conocidos», producidos en las Entidades de Crédito existentes en cada una de dichas localidades en los dos años naturales anteriores a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, de acuerdo con la estadística elaborada por la Secretaría de Estado de Seguridad.

4. En todo caso, deberán contar con una de las tres medidas indicadas, y con la regulada en el artículo 120.1.a) del Reglamento de Seguridad Privada, las oficinas que, no estando afectadas por lo dispuesto en el artículo 120.2, párrafo primero, de dicho Reglamento, se ubiquen en:

Capitales de provincia.

Localidades correspondientes a provincias, cuyo número de robos con intimidación en entidades de crédito supere la media de cien, en los dos años a que se refiere el número 3 de este apartado cuarto, las cuales se relacionan en el anexo número 1.

Localidades con una población superior a los 50.000 habitantes y que se relacionan en el anexo número 2.

Cuarto. Equipos de registro de imágenes.–La parte destinada a registro de imágenes de los equipos o sistemas que se instalen en las Entidades de Crédito, deberá estar ubicada en lugares no visibles al público, y el sistema de protección contra robo de los soportes de las imágenes ha de tener activado durante el horario de atención al público un retardo para su acceso, de, al menos, diez minutos, que podrá ser técnico cuando se trate de sistemas informáticos, y físico o electrónico cuando se trate de vídeo-grabación.

El sistema de retardo podrá ser sustituido por una llave de apertura del lugar en que se encuentre el equipo, que estará depositada en un elemento contenedor que cuente con el mismo tiempo de retardo.

Quinto. Dispositivos electrónicos de seguridad.–Los dispositivos electrónicos que se instalen en las Entidades de Crédito, deberán proteger, al menos, los elementos donde se deposite el efectivo, y reunir las características que se establecen en el apartado vigésimo quinto de la Orden por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, debiendo el personal de la entidad accionar los pulsadores o medios a que se refiere el artículo 120.1.c) del Reglamento de Seguridad Privada, ante un robo con intimidación u otras circunstancias que por su gravedad lo requieran, siempre que el accionamiento no suponga riesgo para la integridad física de dicho personal, o para terceras personas.

Sexto. Blindaje de los recintos de caja.–El recinto de caja y el control de accesos de las Entidades de Crédito a que se refiere el apartado tercero.2 de esta Orden, tendrán un blindaje perimetral interior como mínimo del nivel A-00, y exterior de nivel B, según la norma UNE 108-131, que será oportunamente sustituida, en su caso, por las normas europeas UNE EN 1063 y UNE EN 356, para los indicados niveles, respectivamente.

Los dispositivos para pasar documentos o efectivo en los recintos de caja, a los cuales se refiere el artículo 120.1.d) del Reglamento de Seguridad Privada, habrán de ser capaces de impedir el ataque directo con armas de fuego a los empleados situados en el interior.

Séptimo. Carteles anunciadores.–Los carteles anunciadores de la existencia de medidas de seguridad tendrán un tamaño no inferior a 18 por 12 centímetros.

Octavo. Cámaras acorazadas de efectivo.–1. Las cámaras acorazadas de efectivo y de compartimentos de alquiler han de estar delimitadas por una construcción de muros acorazados en paredes, techo y suelo, con acceso a su interior a través de puerta y trampón, ambos acorazados.

El muro estará rodeado en todo su perímetro lateral por un pasillo de ronda con una anchura máxima de 60 centímetros.

2. La cámara ha de estar construida, en muros, puerta y trampón, con materiales de alta resistencia y de forma que su grado de seguridad sea como mínimo de nivel C, según las normas UNE 108-111-87 y 108-113-87, las cuales serán oportunamente sustituidas, en su caso, por la norma europea UNE EN 1143-1.

3. La puerta de la cámara acorazada contará con un dispositivo de bloqueo y sistema de apertura retardada de, al menos, diez minutos.

4. La cámara estará dotada de detectores sísmicos, microfónicos u otros dispositivos que permitan detectar cualquier ataque a través de paredes, techo o suelo y detectores volumétricos en su interior. Todos estos elementos, conectados al sistema de seguridad, deberán transmitir la señal de alarma, por dos vías de comunicación distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal por la otra.

5. El sistema de bloqueo de las cámaras acorazadas deberá estar activado desde la hora de cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.

Noveno. Cajas fuertes.–1. Las cajas fuertes han de estar construidas con materiales cuyo grado de seguridad sea del nivel D, según las normas UNE 108-110-87 y 108-112-87, las cuales serán oportunamente sustituidas, en su caso, por la norma europea UNE EN 1143-1.

2. Las cajas fuertes deberán contar, como mínimo, con la protección de un detector sísmico que estará conectado con el sistema de seguridad del establecimiento.

3. Las cajas fuertes contarán con un dispositivo de bloqueo y sistema de apertura retardada de, al menos, diez minutos.

4. El sistema de bloqueo de las cajas fuertes deberá estar activado desde la hora de cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.

Décimo. Cajas y compartimentos de alquiler.–1. Las cajas o compartimentos de alquiler deberán estar instalados en una cámara acorazada de las características determinadas en el artículo 121 del Reglamento de Seguridad Privada y en los párrafos 1, 2 y 4 del apartado octavo de esta Orden.

2. Las cajas o compartimentos de alquiler tendrán un grado de seguridad de nivel A, según la norma UNE 108-110 y 108-112.

3. Cuando los compartimentos de alquiler se ubiquen en cajas fuertes o armarios blindados, el nivel de resistencia de estos últimos, grado de seguridad y dispositivos de protección, serán, al menos, del nivel D, según las normas UNE 108-110 y 108-112, las cuales serán oportunamente sustituidas, en su caso, por la norma europea UNE EN 1143-1. Además, el local en que se encuentren estos armarios blindados o cajas fuertes estará protegido con dispositivos o sistemas que permitan la detección de intrusiones en el mismo, y que estarán conectados al sistema de seguridad, de forma que transmitan la señal de alarma por dos vías de comunicación distintas, y que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión por la otra.

4. Las cámaras acorazadas que se dediquen únicamente a cajas y compartimentos de alquiler dispondrán de un dispositivo de bloqueo, que ha de estar activado desde la hora de cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.

Undécimo. Cajas de tránsito.–Las cajas de tránsito o, en general, aquéllas que tengan por finalidad el depósito transitorio de efectivo, de forma que permita su recogida o entrega sin necesidad de concurrencia física o temporal del receptor y el cedente, habrán de reunir las siguientes características:

Estarán construidas con materiales cuyo grado de seguridad sea, como mínimo, de nivel D según las normas UNE 108-110 y 108-112, las cuales serán oportunamente sustituidas, en su caso, por la norma europea UNE EN 1143-1.

Deberán estar empotradas, de manera fija, a muros o paredes, u otros elementos, de forma que, en este segundo supuesto, el conjunto formado, en caso de pesar menos de 2.000 kilos, esté, a su vez, anclado a muros o paredes.

Contarán con sistema de detección sísmico, conectado con el sistema de seguridad de la entidad, que permita detectar el ataque por cualesquiera de sus accesos.

Dispondrán de dos puertas, una hacia el interior de la oficina o zona de acceso restringido, y otra hacia el exterior (vestíbulo de acceso, zona de autoservicio o fachada exterior), con sistema de gestión electromecánico que impida la apertura simultánea de ambas.

El sistema de apertura de la puerta interior tendrá un retardo de, al menos, diez minutos, y un sistema de bloqueo que impida la apertura fuera de las horas de actividad del establecimiento.

La puerta exterior estará dotada de un sistema de bloqueo que regule los horarios de su apertura. Este sistema no permitirá abrir la puerta durante el horario autorizado si inmediatamente antes ha habido una apertura de dicha puerta y se ha efectuado un depósito de fondos. Para la apertura de la puerta exterior, será necesario el uso combinado de, al menos, la identificación del usuario autorizado, mediante código secreto y personal; el acceso a la operación mediante clave secreta de apertura, y una llave física, que permita accionar los mecanismos de apertura.

Programación para que se accione el bloqueo durante, al menos, una hora al tercer intento de apertura con el código personal incorrecto, o durante, al menos, tres horas, cuando el error afecte a la clave de apertura, debiendo en este caso enviar una señal a la central de alarmas.

Duodécimo. Cajas auxiliares.–Las cajas auxiliares se ubicarán en el interior del recinto blindado, salvo que la oficina cuente con arco detector de metales, en la forma prevista en el artículo 120.1.e) del Reglamento de Seguridad Privada. Y los elementos con posibilidad de depósito de efectivo de dichas cajas han de estar protegidos con un sistema de retardo en su apertura de, al menos, cuatro minutos.

Decimotercero. Dispensadores de efectivo.–1. Los dispensadores de efectivo reunirán las siguientes características:

Protección con chapa de acero balístico de, al menos, tres milímetros de espesor, o material de resistencia equivalente.

Sistema de apertura, con retardo mínimo de diez minutos.

Límite máximo de dispensación por operación, de 300.000 pesetas.

Sistema de bloqueo de apertura y detección de ataques conectado al sistema de alarma, cuando sean utilizados como depósito nocturno de efectivo.

Deberán estar anclados al suelo.

Programación para transmitir directamente la señal de alarma a la central de alarmas, en caso de robo con intimidación, o cuando se tramiten tres o más operaciones consecutivas de dispensación de efectivo contra la misma cuenta, en un tiempo máximo de tres minutos.

2. Los dispensadores de efectivo que reúnan estas características podrán ser instalados fuera del recinto blindado de caja, en la zona reservada al personal de la entidad.

Decimocuarto. Cajeros automáticos.–1. Las puertas de acceso del público a los cajeros automáticos y su acristalamiento tendrán un nivel de resistencia al impacto manual del tipo B, de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 108-131, que será oportunamente sustituida, en su caso, por la norma europea UNE EN 356.

2. La zona de los cajeros automáticos, en la que se ubiquen los contenedores de efectivo, tendrá como mínimo un nivel de resistencia D, según las normas UNE 108-110
y 108-112, las cuales serán oportunamente sustituidas, en su caso, por la norma europea UNE EN 1143-1, y los contenedores contarán, para su extracción del cajero, con un sistema de retardo en su apertura de, al menos, diez minutos, situado, bien en el contenedor del efectivo, bien en la caja fuerte en la que se encuentre el contenedor.

3. La detección sísmica se ubicará en la zona de acceso a los contenedores de efectivo.

4. Cuando los cajeros automáticos se instalen en espacios abiertos y no formen parte del perímetro de un edificio, la cabina a que se refiere el artículo 122.5 del Reglamento de Seguridad Privada, estará protegida con chapa de acero de, al menos, tres milímetros de espesor o material de resistencia equivalente, y la puerta de acceso a la cabina tendrá un nivel de resistencia al impacto manual del tipo B, según la norma UNE 108-131, que será oportunamente sustituida, en su caso, por la norma europea UNE EN 356.

Decimoquinto. Módulos bancarios transportables.–1. Los módulos bancarios transportables, o bancos móviles, tendrán un blindaje en su recinto de caja y puertas de acceso al mismo de nivel A-00.

2. Los retardos de la caja fuerte y del módulo de la caja auxiliar serán de diez y cuatro minutos, respectivamente.

3. El recinto de caja podrá ser sustituido por la instalación de dispensadores de efectivo.

Decimosexto. Moneda fraccionaria.–A los efectos de medidas de seguridad y limitaciones de cantidades dinerarias a que se refiere el presente capítulo, la moneda fraccionaria no se tendrá en consideración.

CAPÍTULO III

Medidas de seguridad en otros establecimientos

Sección 1.ª Joyerías, platerías, galerías de arte y tiendas de antigüedades

Decimoséptimo. Niveles de blindaje.–1. Las cámaras acorazadas de las joyerías, platerías y aquellos otros establecimientos en los que se fabriquen o exhiban objetos de esta industria, deberán tener el nivel de resistencia determinado en el apartado octavo de la presente Orden, y las cajas fuertes, el nivel determinado en el apartado noveno.

2. Las puertas blindadas, así como los cristales blindados de escaparates, puertas y ventanas de dichos establecimientos de nueva apertura, así como, cuando proceda de acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimoctavo, los establecimientos a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán contar con una resistencia del nivel A-00 según la norma UNE 108-131, que será oportunamente sustituida, en su caso, por la norma europea UNE EN 1063.

Decimoctavo. Límite para exhibiciones o subastas.–Los establecimientos a que se refiere el artículo 127.3 del Reglamento de Seguridad Privada deberán disponer de las medidas de seguridad fijadas en el mismo, cuando el valor de las obras u objetos que posean o alberguen supere en conjunto los 60.000.000 de pesetas.

Decimonoveno. Límite de los muestrarios de joyería.–El valor de las joyas u objetos preciosos, o sus reproducciones, que porten los viajantes de joyería, como muestrario, no podrá exceder, en conjunto, de 40.000.000 de pesetas.

Sección 2.ª Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes

Vigésimo. Cajas fuertes.–Las cajas fuertes de las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes contarán con el nivel de seguridad establecido en el apartado noveno.1 de la presente Orden, y se ubicarán en zonas reservadas al personal, fuera de la vista del público.

Vigésimo primero. Dinero para devoluciones y cambios.–Con el fin de permitir las devoluciones y cambios necesarios, cada empleado no podrá tener en su poder cantidades de dinero superiores a 25.000 pesetas en efectivo. En el caso de autoservicios, la caja registradora no podrá contener más de 50.000 pesetas en efectivo. El dinero que exceda de estas cantidades deberá ser introducido en la caja fuerte.

Sección 3.ª Oficinas de farmacia, Administraciones de Loterías y despachos integrales de Apuestas Mutuas y establecimientos de juego

Vigésimo segundo. Oficinas de farmacia.–Los dispositivos tipo túnel, bandeja de vaivén o bandeja giratoria con seguro, de que deberán disponer las oficinas de farmacia, habrán de estar ubicados en un elemento separador que impida el ataque a las personas que se hallen en el interior.

Los citados dispositivos podrán ser sustituidos por persianas metálicas, rejas, cristal blindado, una pequeña ventana practicada en el elemento separador, o cualquier otro dispositivo que, previo informe de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, se considere que ofrece similares niveles de seguridad que aquellos dispositivos.

Vigésimo tercero. Administraciones de loterías y despachos de apuestas mutuas.–1. A las cajas fuertes de las Administraciones de Loterías y despachos integrales de Apuestas Mutuas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado noveno de la presente Orden.

2. El recinto de caja tendrá una resistencia del nivel A-00, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto de la presente Orden.

Vigésimo cuarto. Casinos de juego.–Será de aplicación a los casinos de juego lo dispuesto en el apartado anterior sobre cajas fuertes y recintos de caja.

Vigésimo quinto. Salas de bingo y salones de máquinas de juego.–A las cajas fuertes de los establecimientos a que se refiere el artículo 133.2 del Reglamento de Seguridad Privada, les será de aplicación lo establecido en el apartado noveno de esta Orden.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las normas contenidas en la presente Orden y en los actos y resoluciones de desarrollo y ejecución de la misma, sobre material de seguridad, no impedirán el uso o consumo en España de productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, fabricados de conformidad con las especificaciones técnicas en vigor en dichos Estados y que garanticen unas condiciones técnicas y de seguridad equivalentes a las exigidas por las normas vigentes en el Estado Español, siempre que ello se haya establecido mediante la realización de ensayos o pruebas de conformidad, equivalentes a las exigidas en España.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera (sic). Las medidas de seguridad instaladas antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, y que a continuación se citan, se adecuarán a lo dispuesto en ésta, una vez transcurridos los siguientes plazos a partir de dicha fecha:

Cinco años para que las cámaras acorazadas de efectivo y las de compartimentos de alquiler de las Entidades de Crédito se adecuen a lo dispuesto en el apartado octavo de la presente Orden.

Cinco años para que las joyerías, platerías y demás establecimientos a que se refiere el apartado decimoséptimo.2 de esta Orden, adecuen las puertas de acceso al interior del establecimiento al nivel de resistencia que se determina en dicho apartado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 127.1.d) y 3 del Reglamento de Seguridad Privada.

Cinco años para que las Administraciones de Loterías, despachos integrales de Apuestas Mutuas y casinos de juego adecuen sus cajas fuertes y recintos de caja a lo dispuesto en el apartado vigésimo tercero de esta Orden.

Cinco años para que las salas de bingo y salones de máquinas de juego a que se refiere el apartado vigésimo quinto de esta Orden adecuen sus cajas fuertes a lo dispuesto en el apartado décimo.

Cinco años para que los sistemas de seguridad electrónicos, que no tengan expresamente señalado un plazo menor, se adecuen a lo dispuesto, sobre homologación y características de los sistemas de seguridad, en los apartados vigésimo cuarto y vigésimo quinto de la Orden por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. El Libro-Catálogo de Medidas de Seguridad a que se hace referencia en el artículo 135 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustará al modelo aprobado por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Segunda. La Secretaría de Estado de Seguridad actualizará cada dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, la relación de provincias y localidades que figuran en los anexos números 1 y 2, de acuerdo con los criterios a que se refiere el apartado tercero.3 de esta Orden.

Tercera. La presente Orden entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO 1

Relación de provincias en cuyas poblaciones las Entidades de Crédito deben disponer de una de las medidas de seguridad citadas en el apartado tercero.2

Madrid.

Barcelona.

Valencia.

ANEXO 2

Relación de localidades mayores de 50.000 habitantes, con expresión de la provincia a la que pertenecen y población de derecho (según el censo de 1991) excluidas las capitales de provincia y las localidades correspondientes a Madrid, Barcelona y Valencia

Provincia

Localidad

Población
de derecho

Alicante ........................

Elche .................................

188.062

Alcoy ................................

65.514

Elda ..................................

54.350

Asturias .........................

Gijón ................................

259.067

Avilés ...............................

85.351

Mieres del Camino ...........

53.482

Langreo ............................

51.710

Cádiz .............................

Jerez de la Frontera ..........

183.316

Algeciras ..........................

101.256

San Fernando ...................

85.410

Puerto de Santa María ......

65.517

La Línea de la Concepción.

58.315

Sanlúcar de Barrameda .....

56.006

Cantabria ......................

Torrelavega .......................

60.023

Ciudad Real ..................

Puertollano .......................

50.910

La Coruña .....................

Santiago de Compostela ..

87.807

Ferrol ................................

83.045

Guipúzcoa ....................

Irún ...................................

53.276

Jaén ..............................

Linares .............................

59.249

León .............................

Ponferrada ........................

59.948

Málaga ..........................

Marbella ............................

80.599

Vélez-Málaga ...................

50.999

Murcia ...........................

Cartagena .........................

168.023

Lorca ................................

65.919

Las Palmas ...................

Telde .................................

77.356

Pontevedra ....................

Vigo ..................................

276.109

Santa Cruz de Tenerife ..

La Laguna ........................

110.895

Sevilla ...........................

Dos Hermanas ..................

78.025

Alcalá de Guadaira ...........

52.257

Tarragona ......................

Reus ..................................

87.670

Toledo ...........................

Talavera de la Reina ..........

68.700

Vizcaya .........................

Barakaldo ..........................

105.088

Getxo ................................

79.954

Portugalete ........................

55.823

Santurtzi ...........................

50.466

Basauri ..............................

50.224

[*] La presente disposición quedará derogada el 18 de agosto de 2011 al entrar en vigor la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, que figura como parágrafo 20 de esta obra.