CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Colección Textos Legales, 0

Decimoquinta edición: abril 2010

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Edita: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y Ministerio de Justicia

© De los sumarios, selección y ordenación de textos, notas e índices, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Edición a cargo de Pilar Luisa Sánchez García

ISBN: 978-84-340-1923-2

NIPO: 007-11-034-4

MADRID, 2010

Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54. 28050 Madrid

DISCURSO PRONUNCIADO POR S. M. EL REY DON JUAN CARLOS I, ANTE LAS CORTES, EL 27 DE DICIEMBRE DE 1978

Señoras y señores Diputados,

Señoras y señores Senadores:

Como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo, y cuando acabo de sancionar, como Rey de España, la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo de agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas Cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática.

Y para proyectar hacia el futuro este sentimiento de gratitud por la labor realizada, formulo mi más sincero deseo de que todas las fuerzas políticas vean cumplidas cuantas esperanzas han depositado en el texto constitucional, a la vez que confío en su buena voluntad para aceptar y ejercer la responsabilidad que en su aplicación les corresponde.

Mi saludo, también, al Gobierno de la Nación, a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, a la Junta de Jefes de Estado Mayor, a las representaciones de los Altos Organismos e Instituciones del Estado, así como a las religiosas y del Cuerpo Diplomático que hoy se encuentran aquí.

En todos ellos quisiera significar el reconocimiento hacia las distintas Instituciones que, de una u otra forma, han contribuido a esta empresa colectiva que ahora culmina, y concretar el mensaje de paz y solidaridad de los españoles hacia las demás naciones de la Tierra.

Y gracias, por fin, al pueblo español, verdadero artífice de la realidad patria, representado por las distintas fuerzas parlamentarias, y que ha manifestado en el referéndum su voluntad de apoyo a una Constitución que a todos debe regirnos y todos debemos acatar.

Con ella se recoge la aspiración de la Corona, de que la voluntad de nuestro pueblo quedara rotundamente expresada. Y, en consecuencia, al ser una Constitución de todos y para todos, es también la Constitución del Rey de todos los españoles.

Si ya en el mismo instante de ser proclamado como Rey señalé mi propósito de considerarme el primero de los españoles a la hora de lograr un futuro basado en una efectiva concordia nacional, hoy no puedo dejar de hacer patente mi satisfacción al comprobar cómo todos han sabido armonizar sus respectivos proyectos para que se hiciera posible el entendimiento básico entre los principales sectores políticos del país.

Pienso que este hecho constituye el mejor aval para que España inicie un nuevo período de grandeza.

Y hoy, como Rey de España y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, al sancionar la Constitución y mandar a todos que la cumplan, expreso ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla.

Importante es el paso que acabamos de dar en la evolución política que entre todos estamos llevando a cabo. Importante es la aprobación de una Ley básica como la que hoy he sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida común; pero pensemos que la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil, y que, al recoger el fruto de la etapa que se cierra, debemos abrigar también la ilusión de no desfallecer en nuestro empeño, el propósito de no ceder terreno al desánimo y la seguridad de mantener el pulso necesario para sortear escollos y dificultades.

Si hemos acertado en lo principal y lo decisivo, no debemos consentir que diferencias de matiz o inconvenientes momentáneos debiliten nuestra firme confianza en España y en la capacidad de los españoles para profundizar en los surcos de la libertad y recoger una abundante cosecha de justicia y de bienestar.

Porque si los españoles sin excepción sabemos sacrificar lo que sea preciso de nuestras opiniones para armonizarlas con las de los otros; si acertamos a combinar el ejercicio de nuestros derechos con los derechos que a los demás corresponde ejercer; si postergamos nuestros egoísmos y personalismos a la consecución del bien común, conseguiremos desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia, y lograremos una España unida en sus deseos de paz y de armonía.

De acuerdo con estos propósitos, la Monarquía, que como Institución integradora debe estar por encima de discrepancias circunstanciales y de accesorias diferencias, procurará en todo momento evitarlas o conjugarlas para extraer el principio común y supremo que a todos debe impulsarnos: lograr el bien de España.

Los pueblos de España tienen planteadas grandes demandas en el orden del reconocimiento de sus propias peculiaridades, del trabajo, de la vida familiar, de la cultura y la igualdad efectiva de las oportunidades en el ejercicio cotidiano de la libertad.

A todo ello hemos de consagrar nuestros esfuerzos en el tiempo que se avecina.

Íntimamente identificados con el pueblo, siempre cerca de él, en contacto directo con sus preocupaciones y urgencias, podremos garantizar para el futuro el orden social justo a que todos aspiramos.

Al reiterar a todos mi agradecimiento y mi satisfacción, quiero terminar expresando el orgullo que siento por estar al frente de los españoles en estos tiempos decisivos en que nuestras miradas deben dirigirse al porvenir con fe, con optimismo, con decisión y valentía, con la más ilusionada de las esperanzas.

El día de mi proclamación tuve ocasión de decir que «el Rey es el primer español obligado a cumplir con su deber».

Por eso repito ahora que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a este honroso deber que es el servicio de mi Patria.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

APROBADA POR LAS CORTES EN SESIONES PLENARIAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO CELEBRADAS EL 31 DE OCTUBRE DE 1978

RATIFICADA POR EL PUEBLO ESPAÑOL EN REFERÉNDUM DE 6 DE DICIEMBRE DE 1978

SANCIONADA POR S. M. EL REY ANTE LAS CORTES EL 27 DE DICIEMBRE DE 1978

(«BOE» núm. 311-1, de 29 de diciembre de 1978)

Don Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución:

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político [1].

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado [2].

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria [3].

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas [4].

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla [5].

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos [6].

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección [7].

Artículo 4

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas [8].

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Éstas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales [9].

Artículo 5

La capital del Estado es la villa de Madrid [10].

Artículo 6

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos [11].

Artículo 7

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos [12].

Artículo 8

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional [13].

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución [14].

Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico [15].

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social [16].

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos [17].

TÍTULO PRIMERO

De los derechos y deberes fundamentales [18]

Artículo 10

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social [19].

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España [20].

CAPÍTULO PRIMERO

De los españoles y los extranjeros

Artículo 11

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley [21].

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad [22].

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen [23].

Artículo 12

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años [24].

Artículo 13

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley [25].

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales [26].

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo [27].

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España [28].

CAPÍTULO II

Derechos y libertades [29]

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social [30].

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas [31]

Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra [32].

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley [33].

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias [34].

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones [35].

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley [36].

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial [37].

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca [38].

4. La ley regulará un procedimiento de hábeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional [39].

Artículo 18

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen [40].

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito [41].

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial [42].

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos [43].

Artículo 19

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos [44].

Artículo 20

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [45].

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica [46].

c) A la libertad de cátedra [47].

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades [48].

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa [49].

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España [50].

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia [51].

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial [52].

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa [53].

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes [54].

Artículo 22

1. Se reconoce el derecho de asociación [55].

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad [56].

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada [57].

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar [58].

Artículo 23

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal [59].

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes [60].

Artículo 24

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión [61].

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos [62].

Artículo 25

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento [63].

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad [64].

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad [65].

Artículo 26

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales [66].

Artículo 27

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza [67].

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones [68].

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita [69].

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes [70].

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales [71].

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca [72].

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes [73].

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca [74].

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca [75].

Artículo 28

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato [76].

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad [77].

Artículo 29

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley [78].

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artículo 30

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España [79].

2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria [80].

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general [81].

4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública [82].

Artículo 31

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio [83].

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía [84].

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley [85].

Artículo 32

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica [86].

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos [87].

Artículo 33

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia [88].

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes [89].

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes [90].

Artículo 34

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley [91].

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo [92].

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores [93].

Artículo 36

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos [94].

Artículo 37

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios [95].

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad [96].

Artículo 38

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación [97].

CAPÍTULO III

De los principios rectores de la política social y económica [98]

Artículo 39

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia [99].

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad [100].

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda [101].

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos [102].

Artículo 40

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo [103].

2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados [104].

Artículo 41

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres [105].

Artículo 42

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno [106].

Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud [107].

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto [108].

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio [109].

Artículo 44

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho [110].

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general [111].

Artículo 45

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva [112].

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado [113].

Artículo 46

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio [114].

Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos [115].

Artículo 48

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural [116].

Artículo 49

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos [117].

Artículo 50

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio [118].

Artículo 51

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos [119].

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca [120].

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos [121].

CAPÍTULO IV

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) [122] .

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 [123].

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen [124].

Artículo 54

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales [125].

CAPÍTULO V

De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3; artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5; artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción [126].

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes [127].

TÍTULO II

De la Corona

Artículo 56

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes [128].

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona [129].

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2 [130].

Artículo 57

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos [131].

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España [132].

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Artículo 58

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Artículo 61

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey [133].

Artículo 62

Corresponde al Rey:

a) Sancionar y promulgar las leyes [134].

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución [135].

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución [136].

d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución [137].

e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente [138].

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.

h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas [139].

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales [140].

j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes [141].

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz [142].

Artículo 64

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden [143].

Artículo 65

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa [144].

TÍTULO III

De las Cortes Generales [145]

CAPÍTULO PRIMERO

De las Cámaras

Artículo 66

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución [146].

3. Las Cortes Generales son inviolables [147].

Artículo 67

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso [148].

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo [149].

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios [150].

Artículo 68

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley [151].

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional [152].

4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara [153].

5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos [154].

La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones [155].

Artículo 69

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.

2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.

3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional [156].

6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara [157].

Artículo 70

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:

a) A los componentes del Tribunal Constitucional.

b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.

c) Al Defensor del Pueblo.

d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.

f) A los miembros de las Juntas Electorales [158].

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral [159].

Artículo 71

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones [160].

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva [161].

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [162].

4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras [163].

Artículo 72

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta [164].

2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara [165].

3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes [166].

Artículo 73

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado [167].

Artículo 74

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales [168].

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1, 145, 2, y 158, 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta [169].

Artículo 75

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones [170].

2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación [171].

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 76

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas [172].

2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación [173].

Artículo 77

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan [174].

Artículo 78

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73; la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.

3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones [175].

Artículo 79

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.

2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.

3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable [176].

Artículo 80

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento [177].

CAPÍTULO II

De la elaboración de las leyes

Artículo 81

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución [178].

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto [179].

Artículo 82

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior [180].

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control [181].

Artículo 83

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación [182].

Artículo 85

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general [183].

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario [184].

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia [185].

Artículo 87

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras [186].

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa [187].

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia [188].

Artículo 88

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos [189].

Artículo 89

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87 [190].

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición [191].

Artículo 90

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

2. El Senado, en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple [192].

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados [193].

Artículo 91

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación [194].

Artículo 92

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos [195].

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados [196].

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución [197].

CAPÍTULO III

De los Tratados Internacionales

Artículo 93

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión [198].

Artículo 94

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

a) Tratados de carácter político.

b) Tratados o convenios de carácter militar.

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución [199].

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios [200].

Artículo 95

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional [201].

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción [202].

Artículo 96

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional [203].

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94 [204].

TÍTULO IV

Del Gobierno y de la Administración [205]

Artículo 97

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes [206].

Artículo 98

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley [207].

2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno [208].

Artículo 99

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso [209].

Artículo 100

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente [210].

Artículo 101

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno [211].

Artículo 102

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [212].

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo [213].

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Artículo 103

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho [214].

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley [215].

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones [216].

Artículo 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana [217].

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad [218].

Artículo 105

La ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten [219].

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas [220].

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado [221].

Artículo 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican [222].

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos [223].

Artículo 107

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia [224].

TÍTULO V

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales [225]

Artículo 108

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados [226].

Artículo 109

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas [227].

Artículo 110

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno [228].

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos [229].

Artículo 111

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal [230].

2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición [231].

Artículo 112

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados [232].

Artículo 113

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones [233].

Artículo 114

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99 [234].

2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno [235].

Artículo 115

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5 [236].

Artículo 116

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes [237].

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración [238].

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos [239].

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones [240].

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente [241].

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes [242].

TÍTULO VI

Del Poder Judicial [243]

Artículo 117

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley [244].

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley [245].

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan [246].

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho [247].

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución [248].

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Artículo 118

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto [249].

Artículo 119

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar [250].

Artículo 120

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento [251].

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal [252].

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública [253].

Artículo 121

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley [254].

Artículo 122

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia [255].

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario [256].

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión [257].

Artículo 123

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales [258].

2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley [259].

Artículo 124

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social [260].

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad [261].

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal [262].

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial [263].

Artículo 125

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales [264].

Artículo 126

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca [265].

Artículo 127

1. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos [266].

TÍTULO VII

Economía y Hacienda

Artículo 128

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general [267].

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general [268].

Artículo 129

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general [269].

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción [270].

Artículo 130

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles [271].

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña [272].

Artículo 131

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución [273].

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin, se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley [274].

Artículo 132

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación [275].

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental [276].

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación [277].

Artículo 133

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley [278].

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes [279].

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley [280].

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 134

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación [281].

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado [282].

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos [283].

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación [284].

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea [285].

Artículo 135

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito [286].

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

Artículo 136

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público [287].

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual, en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas [288].

TÍTULO VIII

De la Organización Territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales

Artículo 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses [289].

Artículo 138

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular [290].

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales [291].

Artículo 139

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado [292].

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español [293].

CAPÍTULO II

De la Administración Local [294]

Artículo 140

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Éstos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto [295].

Artículo 141

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica [296].

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo [297].

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia [298].

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas [299].

CAPÍTULO III

De las Comunidades Autónomas [300]

Artículo 143

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos [301].

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas [302].

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años [303].

Artículo 144

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional [304] :

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial [305].

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143 [306].

Artículo 145

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas [307].

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales [308].

Artículo 146

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley [309].

Artículo 147

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico [310].

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener [311] :

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

b) La delimitación de su territorio [312].

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias [313].

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas [314].

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica [315].

Artículo 148

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias [316] :

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno [317].

2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local [318].

3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda [319].

4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable [320].

6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales [321].

7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía [322].

8.ª Los montes y aprovechamientos forestales [323].

9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente [324].

10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales [325].

11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial [326].

12.ª Ferias interiores [327].

13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional [328].

14.ª La artesanía [329].

15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma [330].

16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma [331].

17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma [332].

18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial [333].

19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio [334].

20.ª Asistencia social [335].

21.ª Sanidad e higiene [336].

22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica [337].

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 [338].

Artículo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias [339] :

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales [340].

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo [341].

3.ª Relaciones internacionales [342].

4.ª Defensa y Fuerzas Armadas [343].

5.ª Administración de Justicia [344].

6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas [345].

7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas [346].

8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial [347].

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial [348].

10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior [349].

11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros [350].

12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial [351].

13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica [352].

14.ª Hacienda general y Deuda del Estado [353].

15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica [354].

16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos [355].

17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas [356].

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas [357].

19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas [358].

20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves [359].

21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación [360].

22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial [361].

23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias [362].

24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma [363].

25.ª Bases del régimen minero y energético [364].

26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos [365].

27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas [366].

28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas [367].

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica [368].

30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia [369].

31.ª Estadística para fines estatales [370].

32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum [371].

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas [372].

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas [373].

Artículo 150

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas [374].

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad [375].

Artículo 151

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143, 2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica [376].

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva [377].

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto [378].

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley [379].

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2.º de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior [380].

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo [381].

Artículo 152

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia [382].

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes [383].

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica [384].

Artículo 153

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá [385] :

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley [386].

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 [387].

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias [388].

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario [389].

Artículo 154

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad [390].

Artículo 155

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general [391].

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles [392].

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos [393].

Artículo 157

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por [394] :

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado [395].

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales [396].

c) Transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado [397].

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito [398].

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado [399].

Artículo 158

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español [400].

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso [401].

TÍTULO IX

Del Tribunal Constitucional [402]

Artículo 159

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial [403].

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres [404].

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil [405].

En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato [406].

Artículo 160

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años [407].

Artículo 161

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada [408].

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca [409].

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí [410].

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas [411].

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses [412].

Artículo 162

1. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas [413].

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal [414].

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados [415].

Artículo 163

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos [416].

Artículo 164

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos [417].

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones [418].

TÍTULO X

De la reforma constitucional [419]

Artículo 166

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87 [420].

Artículo 167

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma [421].

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras [422].

Artículo 168

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera, del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes [423].

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 [424].

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía [425].

Segunda

La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado [426].

Tercera

La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico [427].

Cuarta

En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste [428].

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes [429].

Segunda

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico [430].

Tercera

La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución [431].

Cuarta

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143 [432].

Quinta

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144 [433].

Sexta

Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido [434].

Séptima

Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos:

a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución.

b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.

c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.

Octava

1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.

2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101.

3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69, 3 [435].

Novena

A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos, se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947; todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.

2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839, en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En los mismos términos, se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución [436].

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el «Boletín Oficial del Estado». Se publicará también en las demás lenguas de España [437].

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado.

Palacio de las Cortes, a 27 de diciembre de 1978.

[1] Jurisprudencia. STC 25/81, f. 5: papel de los derechos fundamentales en el Estado social y democrático de derecho. STC 8/83, f. 3: la igualdad como valor superior constitucional. STC 62/83, f. 2: solidaridad social en el Estado social y democrático de derecho. STC 122/83, f. 4: el pluralismo político como principio constitucional básico. STC 83/84, f. 4: significado del principio general de libertad. STC 32/85, f. 2: pluralismo político y órganos de representación.

[2] Jurisprudencia. STC 16/84, f. 6: principio de legitimidad democrática. STC 10/83, f. 2: legitimidad del poder por su origen popular.

[3] Legislación. El artículo 472.2 del Código Penal tipifica como reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: ... Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o al Regente o miembros de la Regencia u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

Jurisprudencia. STC 5/87, f. 3: carácter racionalizado de la Monarquía parlamentaria española.

[4] Legislación. Véase título VIII, en particular capítulo III; disposición adicional 1.ª y disposiciones transitorias 1.ª a 7.ª sobre el principio de solidaridad, véanse artículos 138.1, 156.1 y 158.2. El artículo 543 del Código Penal tipifica como delito «Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad…» y el 472.5.º y 7.º tipifica como rebelión «Declarar la independencia de una parte del territorio nacional» o «sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno».

Jurisprudencia. STC 4/81, f. 3: principios de unidad y de autonomía. STC 37/87, f. 10: significación del principio de autonomía. STC 16/84, f. 2: carácter dispositivo de la autonomía. STC 177/90, f. 3: principio de unidad económica y mercado único. STC 181/88, f. 7: funcionamiento del Estado de las autonomías. STC 18/82, f. 14: deber de auxilio recíproco Estado-Comunidades Autónomas implícito en la forma de organización territorial. STC 100/84, f. 3: fundamento y caracteres del Estado de las autonomías. STC 64/90, f. 7: principios de lealtad y solidaridad. STC 186/93, f. 3: autonomía y principio de igualdad.

[5] Jurisprudencia. STC 82/86, f. 2: concepto de oficialidad de lengua. STC 56/90, f. 41: obligación del conocimiento del castellano, obligación que no existe respecto de las demás lenguas españolas.

[6] Legislación. Artículos 6 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, 6 del Estatuto de Cataluña, 5 del Estatuto para Galicia, 6 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, 9 de la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y 4 del Estatuto de las Islas Baleares. El Real Decreto 1111/1979, de 10 de mayo, regula el empleo de las distintas lenguas en las Corporaciones locales. Véase el Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, sobre publicación de las Leyes en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas.

Jurisprudencia. STC 30/86, f. 4: deber de conocer el castellano, uso ante los órganos judiciales e igualdad. SSTC 82, 83 y 84/86: sobre las Leyes de normalización del euskera, catalán y gallego, en particular la primera. STC 195/89: derecho a la enseñanza en la lengua deseada. STC 205/90: uso de lenguas en el Senado. STC 187/91, f. 3: relevancia del derecho a la asistencia de intérprete. STC 337/94, ff. 14 y 15: enseñanza obligatoria de las lenguas cooficiales. STC 67/95, f. 5: etiquetaje de productos comerciales. STC 27/96: cooficialidad de las lenguas españolas. STC 67/96, f. 5: etiquetas y documentos enviados a países de la CEE.

[7] Legislación. Véanse las respectivas leyes de normalización lingüística de las correspondientes Comunidades Autónomas.

Jurisprudencia: STC 134/97, f. 2: doctrina constitucional.

[8] Legislación. El Real Decreto 441/1981, de 27 de febrero, especifica técnicamente los colores de la bandera de España. La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, precisa la fórmula para jurar la bandera de España. La Ley 33/1981, de 5 de octubre, describe el escudo de España en términos heráldicos; por Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, se hace público el modelo oficial, y por Real Decreto 2267/1982, de 3 de septiembre, se especifican técnicamente los colores del escudo de España. La Ley 18/1987, de 7 de octubre, establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de octubre. Por Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, se regula el Himno Nacional. Véase el artículo 543 del Código Penal (nota al art. 2.º de la Constitución Española).

Jurisprudencia. STC 94/85, ff. 7 y 8: funciones de los símbolos políticos.

[9] Legislación. Por Ley 39/1981, de 28 de octubre, se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas. Por Real Decreto 2335/1980, de 10 de octubre, se regula el uso de la bandera de España y otras banderas y enseñas a bordo de los buques nacionales.

Jurisprudencia. SSTC 118 y 119/92: inconstitucionalidad del artículo 10.3 y 10.2, respectivamente, de la Ley 39/1981, por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas.

[10] Legislación. Véase el artículo 6 del Estatuto de la Comunidad de Madrid.

[11] Legislación. Véase la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos.

Jurisprudencia. STC 10/83: naturaleza, función y expulsión de cargos representativos elegidos en sus listas. STC 69/86: partidos políticos, inscripción y candidaturas electorales. STC 85/86: doctrina general sobre los partidos políticos: partidos y Estado social y democrático de derecho; derechos, denominación, control jurisdiccional, legalidad, constitucionalidad, régimen registral, disolución. STC 63/87, f. 5: derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. STC 168/89, f. 4: federación de partidos. STC 36/90, f. 1: legitimación de los partidos políticos. STC 85/91, ff. 1 y 4: responsabilidad de los cargos directivos de los partidos políticos. STC 185/93, f. 5: consecuencias de la baja en un partido político. STC 56/95, ff. 1 y 3: exigencia de organización democrática, límites al derecho de autoorganización y derechos de los afiliados.

[12] Legislación. Véanse artículos 28, 37 y 131.2 de la Constitución Española. Véase la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, modificada por la Ley Orgánica 14/1994, de 19 de mayo, y por Ley 11/1994, de 19 de mayo.

Jurisprudencia. STC 28/83, f. 4: los sindicatos no son destinatarios del derecho a participar en los asuntos públicos. STC 69/83, f. 2: función de los sindicatos en el Estado social y democrático de derecho. STC 173/92: constitucionalidad del artículo 10.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. STC 208/94, f. 2: representación en procedimiento contencioso-administrativo. STC 210/94, f. 3: funciones de los sindicatos y legitimación procesal.

[13] Legislación. Véanse los artículos 28.1, 29.2, 30, 62. h), 70.1. e), 97, 105. b), 116, 117.5 y 149.1.4.ª de la Constitución Española. Véase la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Jurisprudencia. ATC 375/83, de 30 de julio: ejercicio de los derechos y libertades públicas en las Fuerzas Armadas. STC 216/91: igualdad en el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas. STC 288/94, f. 2: libertad de expresión en las Fuerzas Armadas. Véase jurisprudencia citada en los artículos 28.1 y 117.5.

[14] Legislación. Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

[15] Legislación. Véase el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, que especifica la fórmula del juramento en el acceso a funciones y cargos públicos.

Jurisprudencia. STC 10/81, f. 7: naturaleza de la Constitución. STC 79/82, f. 1: la cesión del ejercicio de competencias en favor de órganos comunitarios no implica que las autoridades nacionales dejen de estar sometidas a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. STC 86/83, f. 2: valor normativo inmediato. SSTC 46/90 y 119/90, f. 4: sujeción a la Constitución, vinculación a la misma de los poderes públicos y en concreto de Jueces y Magistrados, ante los que es directamente alegable. STC 12/95: el artículo 9.1 no reconoce derechos tutelados por el recurso de amparo.

[16] Jurisprudencia. STC 38/91, f. 2: la vulneración del artículo 9.2 no es susceptible de amparo.

[17] Legislación. En relación con los diversos principios que este párrafo enuncia, véase el artículo. 25.1 de la Constitución Española, artículos 1, 2 y 4.2 del Código Civil y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Específicamente sobre la responsabilidad de los poderes públicos, véanse los artículos 106.2 y 121 de la Constitución Española y sus notas correspondientes.

Jurisprudencia. STC 27/81, f. 10: necesidad de interpretar conjuntamente los principios contenidos en el artículo 9.3. Véase jurisprudencia sobre el principio de legalidad penal en los artículos 25.1 y 103.1.

Principio de legalidad. STC 151/97, f. 4: alcance. STC 232/97, f. 2: contenido. STC 263/97, f. 3: doctrina constitucional. STC 234/97, f. 10: reserva de Ley Orgánica. STC 151/97, f. 3: exigencia de taxatividad.

Publicidad. STC 179/89: publicación de los Reglamentos parlamentarios autonómicos. STC 76/91, f. 1: la corrección de errores suprime el objeto de conflicto en aquello que lo afecte.

Irretroactividad. STC 42/84, f. 3: aplicabilidad de la Constitución a situaciones nacidas con anterioridad que no han agotado sus efectos antes de su entrada en vigor. STC 131/86, f. 2: condiciones para aplicar retroactivamente la ley penal más favorable. STC 159/86, f. 3: la retroactividad de la ley penal más favorable no es susceptible de amparo. STC 227/88, f. 9: alcance del principio de irretroactividad. STC 187/94, f. 4: irretroactividad de la Constitución sobre situaciones nacidas y extinguidas al amparo de una legalidad que las permitía.

Seguridad jurídica: STC 15/86, f. 2: distinción entre la seguridad jurídica del artículo 17.1 y del artículo 9.3. STC 36/91, f. 5: concepto de seguridad jurídica. STC 150/91, f. 5: seguridad jurídica y conceptos jurídicos indeterminados. STC 142/95, VP: apreciación diversa de unos mismos hechos. STC 183/97, f. 3: no susceptible de amparo

Responsabilidad de los poderes públicos. Véase jurisprudencia citada en artículos 106.2, 117.1 y 121 de la Constitución Española.

Interdicción de la arbitrariedad. STC 108/86, f. 18: significado de la interdicción de la arbitrariedad. STC 99/87, f. 4: concepto de arbitrariedad. STC 227/91, f. 3: arbitrariedad en la alegación por el poder público de dificultades para hallar datos. STC 116/95, f. 4: pasividad de la Administración.

[18] Para los derechos comprendidos en este título, ténganse presentes los textos internacionales que se citan en nota al número 2 del artículo 10.

Jurisprudencia. STC 11/81, f. 14: irrenunciabilidad de los derechos fundamentales. STC 15/85, f. 5: imprescriptibilidad de los derechos fundamentales. STC 74/91, f. 5: interpretación de las leyes más favorables a los derechos fundamentales. STC 150/94, f. 2: derechos constitucionales de los extranjeros en España. STC 139/95, f. 6: límites de los derechos fundamentales. STC 176/95, f. 4: ponderación judicial en caso de conflicto. STC 181/95, f. 5: su restricción judicial exige motivación. STC 183/95, f. 2: titularidad de personas jurídicas.

[19] Jurisprudencia. STC 120/90, f. 4: la dignidad de la persona como valor jurídico fundamental. STC 57/94, f. 3: el artículo 10.1 no es susceptible de pretensión autónoma de amparo. ATC 230/94: derecho al libre desarrollo de la personalidad y test psicológicos.

[20] Legislación. Véase el artículo 96 de la Constitución Española. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Ténganse presentes, fundamentalmente, los siguientes Acuerdos:

– Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado por Instrumento de 13 de abril de 1977.

– Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966, ratificado por Instrumento de 13 de abril de 1977.

– Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente, ratificado por Instrumento de 26 de septiembre de 1979. Por Instrumento de 9 de julio de 1989, se ratifica el Protocolo número 8, de 19 de marzo de 1985. Véase, asimismo, el Protocolo adicional al citado Convenio hecho en París el 20 de marzo de 1952, ratificado por Instrumento de 2 de noviembre de 1990, que contiene determinadas reservas y declaración y la renovación de la declaración formulada por España relativa al artículo 46 del Convenio. Téngase en cuenta que por Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, se han hecho públicos los textos refundidos del Convenio, del Protocolo adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo de 1952, y del Protocolo número 6, relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983.

– Carta Social Europea, firmada en Turín, el 18 de octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril de 1980.

– Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998, ratificado por Instrumento de 19 de octubre de 2000, que contiene una declaración formulada por España, a efectos de lo previsto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 103 del Estatuto.

Jurisprudencia. STC 36/91, f. 5: la vulneración del artículo 10.2 no puede ser autónoma, sino dependiente de otras. STC 64/91, f. 3: modo y límites de interpretación de los derechos conforme a Convenios internacionales. STC 77/95: no corresponde al Tribunal Constitucional conocer de la observancia o inobservancia per se de textos internacionales. STC 21/96, f. 2: el artículo 10.2 no es susceptible de amparo. STC 51/96, f. 3: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos no es canon de constitucionalidad. STC 123/97, f. 4: interpretación conforme a los Convenios Internacionales.

[21] Legislación. Véanse los artículos 13, 19, 23 y 149.1.2.ª de la Constitución Española. Téngase en cuenta la Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad (arts. 20 y 22 a 26).

[22] Legislación. Véase el artículo 24 del Código Civil.

[23] Legislación. Los Tratados de doble nacionalidad concertados por España con países iberoamericanos son los siguientes:

Con Chile, Convenio de 24 de mayo de 1958. Ratificado por Instrumento de 28 de octubre de 1958 («BOE» núm. 273, de 14 de noviembre). Con Perú, Convenio de 16 de mayo de 1959. Ratificado por Instrumento de 15 de diciembre de 1959 («BOE» núm. 94, de 19 de abril de 1960) y Protocolo adicional de 8 de noviembre de 2000 («BOE» núm. 282, de 24 de noviembre de 2001). Con Paraguay, Convenio de 25 de junio de 1959. Ratificado por Instrumento de 25 de enero de 1962 («BOE» núm. 90, de 14 de abril de 1964) y Protocolo adicional de 26 de junio de 1999 («BOE» núm. 89, de 13 de abril de 2001). Con Nicaragua, Convenio de 25 de julio de 1961. Ratificado por 17 Instrumento de 25 de enero de 1962 («BOE» núm. 105, de 2 de mayo) y Protocolo adicional de 12 de noviembre de 1997 («BOE» núm. 24, de 28 de enero de 1999). Con Guatemala, Convenio de 28 de julio de 1961. Ratificado por Instrumento de 25 de enero de 1962 («BOE» núm. 60, de 10 de marzo) modificado por Protocolo adicional de 10 de febrero de 1995 y Protocolo adicional de 19 de noviembre de 1999 («BOE» núm. 88, de 12 de abril de 2001). Con Bolivia, Convenio de 12 de octubre de 1961. Ratificado por Instrumento de 25 de enero de 1962 («BOE» núm. 90, de 14 de abril de 1964), modificado por el Protocolo adicional de 18 de octubre de 2000 («BOE» núm. 46, de 22 de febrero de 2002; corrección de erratas en «BOE» núm. 70, de 22 de marzo). Con Ecuador, Convenio de 4 de marzo de 1964. Ratificado por Instrumento de 22 de diciembre de 1964 («BOE» núm. 11, de 13 de enero de 1965) y Protocolo de 25 de agosto de 1995 («BOE» núm. 196, de 16 de agosto de 2000). Con Costa Rica, Convenio de 8 de julio de 1964. Ratificado por Instrumento de 21 de enero de 1965 («BOE» núm. 151, de 25 de junio) y Protocolo adicional de 23 de octubre de 1997 («BOE» núm. 271, de 12 de noviembre de 1998). Con Honduras, Tratado de 15 de junio de 1966. Ratificado por Instrumento de 23 de febrero de 1967 («BOE» núm. 118, de 18 de mayo), modificado por Protocolo adicional de 13 de noviembre de 1999 («BOE» núm. 289, de 3 de diciembre de 2002) y por Canje de Notas de fechas 10 de noviembre y 8 de diciembre de 1993 («BOE» núm. 289, de 3 de diciembre de 2002; corrección de errores en «BOE» núm. 140, de 12 de junio de 2003). Con la República Dominicana, Convenio de 15 de marzo de 1968. Ratificado por Instrumento de 16 de diciembre de 1968 («BOE» núm. 34, de 8 de febrero de 1969) modificado por Protocolo adicional de 2 de octubre de 2002 («BOE» núm. 272, de 13 de noviembre de 2007). Con Argentina, Convenio de 14 de abril de 1969. Ratificado por Instrumento de 2 de febrero de 1970 («BOE» núm. 236, de 2 de octubre de 1971) y Protocolo adicional de 6 de marzo de 2001 («BOE» núm. 88, de 12 de abril de 2001), y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de octubre de 2002, según se publicó en «BOE» núm. 248, de 16 de octubre de 2002. Con Colombia, Convenio de 27 de junio de 1979. Ratificado por Instrumento de 7 de mayo de 1980 («BOE» núm. 287, de 29 de noviembre de 1980; corrección de erratas en «BOE» núm. 32, de 6 de febrero de 1981), modificado por Protocolo adicional de 14 de septiembre de 1998 («BOE» núm. 264, de 4 de noviembre de 2002).

Jurisprudencia. STC 107/84, f. 3: nacionalidad española y principio de igualdad.

[24] Legislación. Véanse el artículo 23 y la disposición adicional 2.ª y nota a la misma de la Constitución Española. Véase el artículo 315 del Código Civil de acuerdo con la redacción de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio.

[25] Legislación. Véanse los artículos 9.3, 10, 14 y sección 1.ª del capítulo II del título I de la Constitución Española. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Jurisprudencia. Sentencia de 9 de febrero de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso «o de denegación de tarjetas» del apartado 2 del artículo 18 del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Sentencia de 10 de junio de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso «y siempre que mantengan un vínculo de convivencia estable y permanente con estos» del párrafo primero del artículo 2, así como el inciso «y se acredite la convivencia en España al menos durante un año», del número 4.º del artículo 11.3.C del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. STC 150/94, f. 2: derechos constitucionales de los extranjeros en España. STC 96/95, ff. 2 y 3: motivación de la resolución judicial de internamiento y expediente de expulsión.

[26] Legislación. Precepto redactado según la reforma constitucional de 27 de agosto de 1992, del artículo 13, apartado 2, de la Constitución, que añade los términos «y pasivo» al texto original, con el fin de adaptarlo al Tratado de la Unión Europea, adoptado en Maastricht, cuyo artículo G.C 10 propone la modificación, en el sentido de la reforma mencionada, del artículo 8 B, apartado 1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

Véase la Directiva 94/80/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales.

Por Ley Orgánica 1/1997, de 30 de mayo, se modificó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para la transposición de la Directiva 94/80/CEE, de Elecciones Municipales.

[27] Legislación. Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva. Véase la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, que sustituyó al Convenio Europeo de Extradición y sus Protocolos Adicionales. De conformidad con dicha Decisión Marco se dictó la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la Orden Europea de Detención y Entrega.

Jurisprudencia. ATC 204/83, de 4 de mayo: principio de reciprocidad. ATC 488/83, de 19 de octubre: del artículo 13.3 no nacen derechos susceptibles de amparo. STC 11/85, ff. 4 y ss.: regulación de la extradición. ATC 59/85, de 30 de enero: requisitos formales en los procesos de extradición. STC 13/94, f. 4: necesidad de que el Juez prevenga la vulneración de derechos fundamentales. STC 123/97, f. 6: derechos y garantías, naturaleza y finalidad del procedimiento.

[28] Legislación. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

[29] Legislación. Para los derechos comprendidos en este capítulo, véase el artículo 53.1 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 80/82, f. 1: vinculatoriedad inmediata de los derechos recogidos en el capítulo 2.º, diferencia con el capítulo 3.º

[30] Legislación. Véanse los artículos 1.1, 9.2, 23.2, 31.1, 32.1, 35.1, 39.2, 53.2, 133.3, 138.2, 139.1 y 149.1.1.ª y 18.ª de la Constitución Española y 314 y 510 a 512 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 11/82: el artículo 14 de la Constitución Española está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. ATC 58/83, de 16 de febrero: distinción igualdad-equidad. STC 50/91, f. 4: contenido del principio de igualdad. STC 68/91, f. 4: la igualdad vincula al legislador y a todos los poderes públicos. STC 186/93, f. 3: principio de igualdad y competencia de las Comunidades Autónomas. STC 231/93, f. 2: discriminación por razón de edad. STC 227/93, f. 4: igualdad básica de los españoles y límites derivados de la descentralización. STC 49/94, f. 2: discriminación por razón de parentesco. STC 9/95, f. 3: tratamiento diferenciado no discriminatorio. STC 67/95, f. 6: discriminación por razón de afiliación a un sindicato. ATC 115/95, de 4 de abril: igualdad contra la Ley. ATC 74/96, de 25 de marzo: discriminación por indiferenciación. ATC 63/96, de 12 de marzo: tratamiento diferenciado de situaciones normativas distintas. STC 96/97, f. 3: tratamiento diferenciado no discriminatorio. STC 126/97, f. 8: títulos nobiliarios: derecho a no ser discriminado por razón de sexo. STC 141/97, f. 2: igualdad ante la Ley. STC 157/97, f. 6: igualdad en aplicación de la Ley: doctrina constitucional. STC 204/97, f. 1: igualdad en aplicación de la Ley: resoluciones posteriores. STC 234/97, f. 8: opera entre personas.

[31] Para los derechos comprendidos en esta sección, véanse los artículos 53.2 de la Constitución Española y 510 a 512 del Código Penal.

[32] Véanse los artículos 10 y nota al mismo, 17, 24 y 25 de la Constitución Española. Convenio Europeo de Derechos Humanos (ratificado por Instrumento de 20 de diciembre de 1984), cuyo texto refundido ha sido publicado mediante Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Véase el Instrumento de ratificación de la Convención de 10 de diciembre de 1984, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York. Véase el Instrumento de ratificación de 28 de abril de 1989, del Convenio Europeo de 26 de noviembre de 1987, para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes. Artículos 144 a 146 y 173 a 177 del Código Penal. Véase la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra.

Jurisprudencia. STC 53/85, sobre la ley despenalizadora del aborto. STC 11/91: contenido del derecho a la vida. STC 150/91, f. 7: la agravante de reincidencia no constituye trato inhumano o degradante. STC 57/94, f. 4: tratos inhumanos y degradantes en el ámbito penitenciario. STC 215/94, ff. 4 y ss., y VP I: esterilización de deficientes psíquicos y derecho a la integridad física y moral. STC 35/96: derecho a la integridad física y derecho a la salud: aplicación de rayos X a un recluso. STC 36/96, ff. 5 y 6: prueba de las causas de justificación del aborto. STC 48/96, f. 2: el derecho a la vida es un derecho absoluto. STC 207/96, ff. 3 y ss.: doctrina constitucional sobre el derecho a la integridad física. ATC 337/97: contenido del derecho a la integridad física y moral.

[33] Legislación. Véanse los artículos 522 a 525 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 24/82: contenido del derecho de libertad ideológica, religiosa y de culto, principio de igualdad y Fuerzas Armadas. STC 20/90, ff. 3 y 4: carácter esencial del derecho y límites. STC 321/94, f. 4: el derecho a la libertad ideológica no resulta por sí solo suficiente para eximir a los ciudadanos del cumplimiento de deberes legalmente establecidos. STC 173/95, f. 1: la libertad ideológica implica la libertad de expresión. STC 101/2004: derecho a la Libertad religiosa. Véase la jurisprudencia citada en el artículo 30.

[34] Legislación. Véanse los artículos 9.2, 10 y nota al mismo, 14, 20, 21, 22 y 27.3 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.

[35] Legislación. Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, ratificados por Instrumentos de 4 de diciembre de 1979 y las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre, por las que se aprueban los Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica de España, respectivamente.

Jurisprudencia. STC 93/83, f. 5: deber de cooperación del Estado español con la Iglesia Católica. ATC 480/89, de 2 de octubre: confesiones religiosas y deberes fiscales.

[36] Legislación. Véanse los artículos 1.1, 9.2 y 3, 10.2 y nota al mismo, 25 y 55 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 122/87, f. 2: regulación reservada a la Ley Orgánica y alcance de la protección de la libertad personal. STC 22/88, f. 1: sometimiento a la prueba de alcoholemia y privación de libertad. STC 2/90, ff. 1 y 2: libertad personal y fianza. STC 104/90, ff. 3 y 4: internamiento de incapaz. STC 2/94, ff. 5 y 6: interpretación restrictiva de sus limitaciones. STC 71/94, f. 13: contenido del derecho a la libertad. STC 61/95, f. 4: arresto domiciliario. STC 96/95, ff. 2 y 3: internamiento de extranjero pendiente de expulsión. ATC 108/95, de 27 de marzo: detención de sospechoso. STC 177/98: vulneración del derecho a la libertad.

[37] Legislación. Véanse el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, que permite prolongar la detención hasta diez días, el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, que faculta a los agentes de la autoridad a «requerir a quienes no pudieran ser identificados a que los acompañen a dependencias próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible».

Jurisprudencia. STC 11/85, ff. 4 y ss.: detención preventiva en supuesto de extradición. STC 98/86, f. 4: concepto de detención. STC 199/87, ff. 6 y ss.: detención gubernativa y delitos de terrorismo, duración y prolongación. STC 96/95, ff. 2 y 3: detención preventiva de extranjeros. STC 31/96, ff. 7 y 8: prolongación indebida de la detención preventiva. STC 224/98, f. 4: prolongación indebida de la detención preventiva.

[38] Legislación. Véase la Ley Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 17.3 de la Constitución en materia de asistencia letrada al detenido y al preso y se modifican los artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo 32.3 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de excepción, alarma y sitio, que permite suspender el contenido de este precepto en caso de declaración del estado de sitio.

Jurisprudencia. STC 103/85, f. 3: el derecho a no declarar, a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, no cubre el eximir al sujeto del control de alcoholemia. STC 196/87, f. 4 y VP II: distinción entre detención y acusación. ATC 105/96, de 29 de abril: asistencia de letrado de oficio durante la incomunicación del procesado. ATC 240/97: derecho a ser informado de la acusación, derecho de configuración legal. Véase la jurisprudencia citada al artículo 24.2 de la Constitución Española.

[39] Legislación. Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del habeas corpus. Artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativos a la prisión provisional. Véase también el artículo 30.1 y 2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Jurisprudencia. Habeas Corpus. STC 44/91, ff. 2 y 3: naturaleza del habeas corpus y competencia en el supuesto de miembros de la Guardia Civil. STC 12/94, f. 2: legitimación para instar el procedimiento. STC 1/95, ff. 6 y 7: Juez competente. STC 25/95, f. 2 y VP: Jurisdicción militar. STC 45/95, f. único: cognición limitada del procedimiento. STC 61/95, f. 4: arresto domiciliario. STC 154/95: denegación no motivada. STC 21/96: denegación y control judicial de la detención de extranjero.

Prisión provisional. STC 41/82, ff. 2 y ss.: naturaleza y requisitos de la prisión provisional. STC 9/94, f. 3: error en la determinación de su duración. STC 13/94, f. 6: carácter excepcional de la prisión provisional. STC 241/94, ff. 4 y ss.: prolongación.

[40] Legislación. Véanse los artículos 10.2 y nota al mismo, y 20 de la Constitución Española. Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, modificada por Leyes Orgánicas 3/1985, de 29 de mayo; 5/1992, de 29 de octubre, y 10/1995, de 23 de noviembre. Artículos 197 a 201 y 205 a 216 del Código Penal. El procedimiento por delitos de injurias y calumnias se regula en los artículos 804 a 815 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

Jurisprudencia. Derecho al honor. STC 9/90: declara parcialmente inconstitucional la Ley Orgánica 3/1985, modificadora de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor. STC 40/92, f. 1: concepto del derecho de información y derecho al honor y relación entre ambos. STC 132/95: la libertad de información como derecho preferente sobre el derecho al honor. STC 139/95, ff. 5 y 6: contenido del derecho. STC 183/95, f. 2: titularidad de personas jurídicas. STC 19/96, ff. 1 y ss: ponderación judicial en caso de conflicto con otros derechos.

Derecho a la intimidad personal y familiar. STC 254/93, f. 6: contenido mínimo del derecho y garantías frente al uso de la informática. STC 57/94, f. 7: ponderación de las circunstancias. STC 85/94, f. 3: escuchas telefónicas. STC 195/95, f. 3: ámbito penitenciario. STC 207/96, f. 3: intimidad personal e intimidad corporal. STC 151/97, ff. 5 y 7: interpretación restrictiva de sus límites. STC 201/97, ff. 5 y ss.: derecho a las comunicaciones en euskera. STC 234/97, f. 9: prueba de alcoholemia.

Derecho a la propia imagen. STC 114/84, f. 8: inexistencia de un «derecho a la voz» en nuestro ordenamiento. ATC 321/93: no incluye la imagen profesional. STC 99/94, f. 5: contenido del derecho. STC 117/94, f. 3: irrenunciabilidad del derecho a la propia imagen.

[41] Legislación. Véanse los artículos 55 de la Constitución Española; 202 a 204 del Código Penal; 545 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 17 y 32.3 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.

Jurisprudencia. STC 22/84, ff. 3 y 5: contenido del derecho a la inviolabilidad del domicilio. STC 137/85: titularidad de las personas jurídicas del derecho a la inviolabilidad del domicilio. ATC 223/93, de 9 de julio: delito flagrante; la protección que otorga el artículo 18.2 no resulta extensible a las cocheras. STC 113/95, f. 4: autorización del Juez para entrar en el domicilio lesivo del derecho. STC 126/95, f. 2: límites. STC 171/97, ff. 5 y ss.: alcance del control que corresponde al Juez instructor. STC 228/97, f. 7: objeto.

[42] Legislación. Véanse los artículos 55 de la Constitución Española; 534 a 536 del Código Penal; 579 a 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; 18 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma y sitio. Véase la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Jurisprudencia. STC 114/84, sobre grabación de conversaciones telefónicas: contenido del derecho al secreto de las comunicaciones. STC 181/95, ff. 5 y ss.: necesidad de motivación judicial en la prórroga de las intervenciones telefónicas. STC 34/96, f. 4: interceptación de comunicaciones telefónicas. STC 49/96, ff. 2 y 3: doctrina constitucional sobre el derecho al secreto de las comunicaciones. STC 54/96, ff. 7 y 8: intervención judicial para su suspensión e ineficacia probatoria de las ilícitamente obtenidas. STC 120/97, f. 4: límites. SSTC 175/97, ff. 2 y ss.: reclusos y exigencia de motivación. STC 200/97, f. 3: finalidad y requisitos para la validez del acuerdo que la impone.

[43] Legislación. Véanse el artículo 105. b) de la Constitución Española; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección Datos de Carácter Personal; el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos, modificado por Reales Decretos 156/1996, de 2 de febrero y 1665/2008, de 17 de octubre, y los artículos 13 a 19 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Pública Estadística. Por Instrumento de 27 de enero de 1984 se ratificó el Convenio de 28 de enero de 1981, relativo a la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

Jurisprudencia. ATC 642/86, de 23 de julio: uso constitucional de la informática. STC 254/93, en relación con el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. STC 292/2000, de 30 de noviembre. Nulidad parcial de varios preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales.

[44] Legislación. Véanse los artículos 55.1 de la Constitución Española; 11.1. a), 12, 20 y 32.3 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

Jurisprudencia. ATC 227/83, de 25 de mayo: concepto y contenido de la libertad de residencia. ATC 116/84, de 22 de febrero: residencia en el extranjero y derecho a entrar libremente en España. STC 8/86: libertad de residencia y obligaciones que conlleva. STC 242/94, f. 4: los extranjeros gozan de la protección que brinda el artículo 19 en los términos que determinen las leyes y tratados.

[45] Legislación. Véanse los artículos 10 y nota al mismo, 16, 18.1 y 55.1 de la Constitución Española; 816 a 823 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación. Artículo 538 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 254/93, f. 7: las instituciones públicas no gozan del derecho a la libertad de expresión que proclama el artículo 20. STC 336/93, f. 3: autoría de delitos o faltas cometidas por medio de la imprenta. STC 127/94, ff. 3 y 4: ejercicio a través de la televisión. STC 170/94, ff. 2 y ss.: límites del derecho. STC. 42/95, f. 2: no ampara el insulto. STC 52/95, ff. 2 y ss.: medidas administrativas restrictivas del derecho. ATC 59/95, de 13 de febrero: efectos económicos de la vulneración del derecho a la libertad de expresión. STC 78/95, f. 2: carácter de autónomo respecto del derecho a la información. STC 88/95, f. 5: el artículo 20.1. a) consagra también el derecho de creación de medios de comunicación social. STC 52/96, f. 8: contenido del derecho de rectificación STC 235/2007. Véase jurisprudencia citada en el artículo 18.1 sobre derecho al honor como límite a la libertad de expresión. STC 204/97, ff. 2 y ss.: doctrina constitucional y límites.

[46] Legislación. Véanse la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Téngase en cuenta que estas disposiciones han sido objeto de varias modificaciones.

Jurisprudencia. ATC 197/82, de 2 de junio: la creación científica no incluye el derecho de propiedad industrial. STC 153/85, f. 5: el artículo 20.1. b) implica también el derecho a representar la obra. STC 196/97, declara la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 3 del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 1/1996.

[47] Legislación. Véanse los artículos 27 de la Constitución Española; 2.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 3.º de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Jurisprudencia. STC 26/87, f. 4, a): libertad de cátedra y autonomía universitaria. STC 55/89: libertad académica y autonomía universitaria.

[48] Legislación. Véanse los artículos 55.1 de la Constitución Española y 538 del Código Penal. Véase, asimismo, la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información.

Jurisprudencia. STC 286/93, ff. 4 y 5: límites y condicionamientos derivados de la pertenencia a un Colegio Profesional. STC 336/93, ff. 4 y ss.: ponderación judicial en caso de conflicto con otros derechos. ATC 184/94: derecho de rectificación. STC 12/95, f. 3: vulneración debida a omisión de regulación legal. STC 88/95, f. 5: derecho de creación de medios de comunicación social. STC 132/95, ff. 5 y ss.: relevancia pública de la información. STC 139/95, f. 7: concepto de veracidad de la información. STC 176/95, f. 2: el derecho a comunicar libremente información es un derecho autónomo respecto a la libertad de expresión. STC 183/95, f. 3: contenido y límites del derecho. STC 3/97, ff. 2 y ss.: doctrina constitucional sobre el derecho a comunicar libremente información.

Además de la jurisprudencia aquí recogida, véase la citada en el artículo 18.1 sobre el derecho al honor como límite de la libertad de información.

[49] Legislación. Véanse los artículos 538 del Código Penal y 21.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.

Jurisprudencia. STC 52/83: libertad de publicación y depósito previo. STC 13/85, f. 1: derecho de información y censura previa.

[50] Legislación. El organismo autónomo de Medios de Comunicación Social del Estado fue suprimido por Ley 11/1982, de 13 de abril. Véanse las disposiciones citadas en nota al artículo 149.1.27.ª

Jurisprudencia. STC 31/94, f. 5: carácter de servicio público de la televisión. STC 127/94: sobre televisión privada en general. STC 88/95, f. 7, y VP: televisión local por ondas: exigencia de la previa regulación legislativa. STC 47/96, f. 3: doctrina constitucional sobre la televisión por cable.

[51] Legislación. Véase nota al artículo 18.1 de la Constitución Española; artículos 185 y 186 del Código Penal sobre los delitos de exhibicionismo y provocación sexual.

Jurisprudencia. STC 153/85, f. 5: libertad de expresión y protección de la juventud y de la infancia. STC 197/91, f. 3: libertad de información, derecho al honor y a la intimidad y protección al menor.

[52] Legislación. Véanse los artículos 55.1 de la Constitución Española y 538 del Código Penal; el núm. 2 del artículo 21 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, recuerda que las potestades atribuidas en virtud del artículo 55.1 de la Constitución Española no pueden ir acompañadas del ejercicio de censura previa.

Jurisprudencia. STC 110/87, f. 10: emisoras no autorizadas.

[53] Legislación. Véanse el artículo 55 de la Constitución Española y los artículos 513, 514 y 540 del Código Penal. Véase la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, modificada por Leyes Orgánicas 4/1997, de 4 de agosto, y 9/1999, de 21 de abril.

Jurisprudencia. STC 18/81, f. 4: contenido y titulares del derecho de reunión. STC 115/87, f. 2, y VP: derecho de reunión y extranjeros. STC 85/88, ff. 2 y 3: concepto de derecho de reunión, diferencia con la cuestación.

[54] Jurisprudencia. STC 59/90, ff. 5 y ss.: requisitos y límites del derecho de reunión y manifestación. STC 66/95, f. 3: exigencia de motivación de la resolución judicial impeditiva del derecho.

[55] Legislación. Véanse los artículos 6, 7, 16, 28, 34, 36, 51.2, 52, 103.3, 127.1 y 129.2 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 96/94, f. 2: control judicial y causas de expulsión de los socios. STC 113/94, ff. 6 y ss.: implica el derecho a no asociarse. STC 284/94, f. único: adscripción obligatoria a las Cámaras de Comercio. STC 56/95, f. 3: incluye el derecho a crear partidos políticos. STC 5/96, f. 6: contenido del derecho de asociación.

[56] Jurisprudencia. STC 3/81, en general.

[57] Jurisprudencia. STC 3/81, sobre control administrativo, judicial y constitucional de partidos políticos.

[58] Legislación. Véanse los artículos 515 a 521 y 539 del Código Penal.

[59] Legislación. Véanse los artículos 9.2, 68 y nota al mismo, 69, 87.3 y nota al mismo, 92 y nota al mismo, 105. a), 140 y nota al mismo, 141, 146, 151, 152.1 de la Constitución Española. El Real Decreto 435/1992, de 30 de abril, sobre comunicación al Registro Central de Penados y Rebeldes y a la Oficina del Censo Electoral de las condenas que llevan aparejada privación del derecho de sufragio.

Véase, asimismo, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, modificada por las Leyes Orgánicas 1/1987, de 2 de abril; 8/1991, de 13 de marzo; 6/1992, de 2 de noviembre; 13/1994, de 30 de marzo; 3/1995, de 23 de marzo; 10/1995, de 23 de noviembre; 1/1997, de 30 de mayo; 3/1998, de 15 de junio; 8/1999, de 21 de abril; 6/2002, de 27 de junio, 1/2003, de 10 de marzo, 16/2003, de 28 de noviembre, 9/2007, de 8 de octubre, y 3/2007, de 22 de marzo.

Jurisprudencia. STC 220/91, f. 5: resumen de la doctrina constitucional sobre el derecho de participación y su relación con el derecho a recibir información por parte de los parlamentarios. STC 80/94, f. 3: conexión entre el derecho de participación y el de acceso a los cargos públicos. STC 119/95, ff. 2 y ss.: contenido y titulares del derecho a participar en los asuntos públicos.

[60] Legislación. Véase el artículo 103.3 de la Constitución Española; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

Jurisprudencia. Derecho de acceso a funciones y cargos públicos. STC 25/90, f. 6: contenido del derecho a acceder a los cargos públicos. STC 36/90, f. 1: titularidad del derecho a los cargos públicos. STC 25/92: no vulnera el artículo 23.2 con la restricción del sufragio activo y pasivo en las elecciones de Comunidades Autónomas a los residentes en ella. ATC 334/93, de 10 de noviembre: sanción por inasistencia a sesiones parlamentarias. STC 71/94, ff. 5 y 6: el derecho a permanecer en los cargos públicos está condicionado por la voluntad democrática del Estado. STC 41/95, f. 1: carácter de configuración legal del derecho. STC 104/95, f. 2: pena de suspensión de cargo público. STC 11/96: derecho de configuración legal. STC 27/96, f. 3, y VP: no proclamación de candidatura electoral. ATC 56/96, de 8 de marzo: competencia de la jurisdicción ordinaria. SSTC 10/98, 23/98 a 28/98 y 108/98: exclusión de un concurso debido a error en la calificación. STC 214/98, f. 2: la renuncia de los cargos públicos forma parte del conjunto de facultades integradas en el artículo 23.2.

[61] Legislación. Véase el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Jurisprudencia. Derecho a la tutela judicial efectiva. STC 292/94, f. 3: denegación de ejecución de sentencia. STC 304/94, ff. 3 y 4: incomparecencia no imputable al recurrente. STC 324/94, f. 2: distinción con el derecho a un proceso sin dilaciones. ATC 306/94: incomparecencia de Letrado. STC 334/94, ff. 2 y ss.: extravío de escrito de personación. STC 14/95, f. 3: titularidad de personas jurídicas. STC 142/95, ff. 4 y 5: resoluciones judiciales contradictorias. STC 151/95, f. 4: modificación de sentencia firme. STC 174/95, f. 3: arbitraje obligatorio. STC 178/95, f. 2: citación defectuosa. STC 1/96, f. 1: incluye el derecho a la prueba. STC 76/96, f. 2: contenido del derecho. STC 194/96, f. 2: vulneración de la tutela judicial por inadmisión indebida de recurso de reposición. STC 208/96, f. 2: doctrina constitucional: el principio de inmutabilidad de las sentencias firmes forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva. STC 116/97, f. 5: abarca el interés público. STC 192/97, f. 2: contenido del derecho. STC 163/97, f. 2: omisión de firma de abogado. Auto 405/97: personación tardía. STC 229/97: emplazamiento edictal. STC 231/97: carencia de motivación suficiente. STC 237/97: incongruencia omisiva de la resolución judicial. STC 3/98: inmodificabilidad de sentencia firme. STC 19/98, f. 4: subsanabilidad de defectos procesales. STC 4/98: motivación arbitraria de resolución judicial. STC 30/98, f. 4: incongruencia de la Sentencia impugnada. STC 31/98, f. 4: doctrina de los requisitos a que se sujeta la exigencia de emplazamiento personal y directo. STC 32/98, f. 3: denegación no motivada de la rectificación solicitada. STC 34/98, f. 4: falta de emplazamiento causante de indefensión. STC 38/98, f. 2: interpretación formalista de requisitos procesales. STC 86/98, f. 5: acceso a la jurisdicción. STC 102/98, f. 3: omisión de trámite procesal lesiva del derecho. STC 112/98: error patente del órgano judicial. STC 215/98, f. 3: sentencia incongruente con la pretensión. STC 221/98, f. 3: exigencia de prueba por el Juez lesiva del derecho. STC 229/98, f. 4: el acceso a los recursos previstos por la ley integra el contenido propio del derecho a la tutela judicial efectiva. STC 230/98, f. 2: incongruencia omisiva.

Derechos e intereses legítimos. STC 48/84, f. 6: distinción derecho subjetivo-interés legítimo.

Indefensión. STC 47/92: concepción de la indefensión en la jurisprudencia constitucional. STC 140/94, f. 4: prueba de hechos negativos. STC 324/94, f. 5: emplazamiento edictal de pluralidad indeterminada de sujetos. STC 155/95, f. 3: imputable al recurrente. STC 39/96, f. 3: imputable al órgano judicial. STC 64/96: indefensión debida a notificación insuficiente. Véase jurisprudencia citada en el número siguiente de este artículo, así como la recogida en los artículos 17, 25, 120.3 y 121. STC 97/97, ff. 5 y 6: imputable a la Administración recurrente. STC 105/97, f. 4: audiencia al rebelde. STC 229/97, f. 3: imputable a órgano judicial. STC 362/97: imputable al recurrente. STC 190/97, f. 5: carácter material de la indefensión.

[62] Legislación. Véanse los artículos 10 y nota al mismo, 118, 119, 120.2 y 3, 124, 125, 161.1. b), 162.1. b) y 2 y 163 de la Constitución Española. Véanse, en lo que a este ámbito respecta, los textos internacionales a que se alude en nota al epígrafe de este título I y el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, sobre acceso internacional a la justicia, ratificado por Instrumento de 20 de enero de 1988. Véanse los artículos 7 y 11.3 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los artículos 404 y ss. del Código Penal regulan el delito de prevaricación.

Ténganse en cuenta, asimismo, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.

Jurisprudencia. Derecho al Juez ordinario. STC 224/93, f. 2: reserva de Ley Orgánica. STC 65/94, f. 2: doctrina constitucional y contenido del derecho al Juez ordinario. STC 161/95, f. 7: derecho al Juez ordinario y jurisdicción militar. ATC 42/96, de 14 de febrero: designación de juez en comisión de servicio. STC 6/96, f. 2: no afectado por normas de atribución de competencias entre órganos jurisdiccionales.

Derecho a la asistencia de Letrado. STC 252/94, f. 4: prueba de alcoholemia. ATC 306/94: incomparecencia de abogado en el acto de la vista. STC 18/95, f. 2: doctrina constitucional sobre el derecho de asistencia letrada. STC 111/95, f. 6: conducta omisiva del órgano judicial. STC 120/97, f. 4: denegación de solicitud de abogado de oficio no lesiva del derecho.

Derecho a la defensa. STC 181/94, f. 3: derecho a la última palabra. STC 29/95, ff. 3 y ss.: contenido y naturaleza del derecho a defenderse por sí mismo. STC 92/95, ff. 1 y 2: procedimiento sancionador de abogados y procuradores. STC 96/95, f. 3: garantías del extranjero. STC 143/95, f. 4: asesoramiento de criminólogo. STC 9/97, f. 4: vulneración del derecho a la defensa: omisión de designación de letrado de oficio. STC 98/97, f. 6: ampliación de la imputación no lesiva del derecho. STC 154/97, f. 4: conciliable con el derecho a un proceso sin dilaciones. STC 144/97: emplazamiento edictal.

Principio acusatorio. 56/94, f. 4: doctrina constitucional sobre el derecho a ser informado de la acusación en el juicio de faltas. STC 95/95, f. 3: contenido esencial del derecho a ser informado de la acusación. 123/95, f. 3: imposición de pena accesoria sin previa acusación. ATC 244/95: calificación jurídica de los hechos. ATC 36/96, de 12 de febrero: alcance del derecho. STC 135/97, f. 5: juicio de faltas. ATC 240/97: derecho de configuración legal. STC 230/97, f. 4: contenido. STC 225/97, f. 5: derecho a la defensa.

Derecho a un proceso público. Véase jurisprudencia citada en el artículo 120.1.

Proceso sin dilaciones indebidas. STC 13/94, f. 5: procedimiento de extradición. STC 26/94, f. 3: no extensible al procedimiento administrativo. STC 132/94, f. 2: no invocado en la vía previa. STC 205/94, f. 3: alegado tras la finalización del proceso. STC 7/95, f. único: postergación indebida de la vista. STC 20/95, f. 2: criterios de su ponderación. STC 39/95, f. 4: distinción del derecho a la tutela. STC 144/95, ff. 2 y ss.: doctrina constitucional. STC 186/95, f. 4: imputable al recurrente. STC 10/97, sobre dilaciones indebidas en general: alcance procesal, significación. STC 109/97, f. 2: concepto indeterminado. STC 195/97, f. 2: contenido. Auto 368/97: doctrina constitucional. STC 195/97, ff. 3 y 4: duración desproporcionada del procedimiento. STC 154/97, f. 4: conciliable con el derecho a la defensa y asistencia de Letrado.

Derecho a un proceso con todas las garantías. STC 22/88, ff. 2 y 3: garantías, test de alcoholemia y valor del atestado policial. STC 60/95, ff. 3 y ss.: derecho a un juez imparcial, garantías procesales y Ley del Tribunal Tutelar de Menores. ATC m68/96, de 25 de marzo: no celebración de vista oral. STC 92/97, f. 3: principio acusatorio. STC 95/98: sentencia dictada inaudita parte. STC 161/97, f. 5: integra el derecho a no declarar contra sí mismo.

Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. STC 246/94, ff. 3 y ss.: inejecución de la previamente admitida. STC 252/94, f. 5: valor de la prueba de alcoholemia. STC 35/95, f. 3: valor probatorio de las diligencias policiales. STC 131/95, f. 5: motivación de la denegación de prueba. STC 181/95, f. 3: principio de libre valoración de la prueba por los órganos judiciales competentes en cada proceso. STC 45/96: traducción de documento redactado en alemán. STC 116/97, f. 3: invocación temporánea del derecho. STC 217/98, f. 2: doctrina constitucional sobre el contenido de este derecho. STC 219/98, f. 5: omisión judicial causante de indefensión.

Derecho a no declararse culpable. STC 103/85, f. 3: contenido del derecho y test de alcoholemia. STC 75/87: confesión realizada libremente. STC 197/95, f. 7: procedimiento administrativo sancionador.

Derecho a la presunción de inocencia. STC 154/94, f. 4: sanción pecuniaria al titular del vehículo. STC 282/94, f. único: incomparecencia de testigos de cargo. STC 36/95, f. 2: prueba preconstituida. STC 51/95, ff. 2 y 4: doctrina constitucional sobre el derecho a la presunción de inocencia. STC 86/95, ff. 2 y 3: prueba obtenida irregularmente. STC 97/95, f. 4: procedimiento administrativo sancionador. STC 107/97, f. 2: compatibilidad con medidas cautelares. STC 153/97, f. 2: contenido del derecho. STC 161/97, f. 5: derecho a no declarar contra sí mismo. STC 173/97, f. 2: doctrina constitucional. STC 161/97, f. 6: límites a las garantías contra la autoincriminación. STC 228/97: prueba de cargo obtenida sin observancia de las garantías procesales exigidas. STC 151/98: prueba indiciaria de cargo carente del necesario control judicial. STC 220/98, f. 4: doctrina constitucional relativa a la prueba de indicios.

[63] Legislación. Véanse los artículos 9.3, 10, 17 y 24 de la Constitución Española; 1 y 2 del Código Penal, y 133 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jurisprudencia. STC 150/91, f. 9: la agravante de reincidencia no conculca el principio non bis in idem. STC 118/92, f. 2: doctrina constitucional acerca de las exigencias derivadas del principio de legalidad penal y de la reserva de ley orgánica para las normas penales. STC 6/94, f. 2: alcance del principio de legalidad penal. STC 53/94, ff. 2 y 3: principio de legalidad y normas anteriores a la Constitución. STC 62/94, f. 3: leyes penales en blanco. STC 145/95: reserva de ley para regular los tipos de infracción administrativa y sus correspondientes sanciones. STC 169/95, f. 3: sanción aplicada a un impuesto no previsto. STC 204/96, f. 5: principio de legalidad en materia sancionadora: vulneración del principio non bis in idem. STC 4/97: sanción sin cobertura normativa suficiente. STC 225/97, f. 4: control externo de la razonabilidad de la interpretación de las leyes penales. STC 236/97, f. 3: leyes penales: criterios de interpretación y aplicación por los Tribunales.

[64] Legislación. Véanse la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Artículo 6 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 137/90, f. 4: asistencia médica a los reclusos. STC 129/95, f. 4: subordinación de la autoridad penitenciaria a la autoridad judicial. STC 195/95, f. 3: derecho a la intimidad de los reclusos. STC 193/97, f. 3: fines a los que se orientan las penas privativas de libertad. STC 161/97, ff. 8 y ss.: principio de proporcionalidad. STC 175/97, f. 3: alcance del control por el Tribunal constitucional de las vulneraciones de los derechos fundamentales. STC 201/97, ff. 5 y ss.: comunicación familiar. STC 175/97, ff. 3 y ss.: derecho a las comunicaciones, restricciones. STC 200/97: derecho al secreto de las comunicaciones.

[65] Jurisprudencia. SSTC 31/85, f. 5, y 2/87, f. 3: potestad sancionadora de la Administración y penas privativas de libertad.

[66] Legislación. Véanse los artículos 24, 36, 52, 117.3 y 5 de la Constitución Española y, para el ámbito específico de la Administración de Justicia, véase el artículo 16.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Jurisprudencia. Véanse los AATC 601/85, de 18 de septiembre, y 781/85, de 13 de noviembre.

[67] Legislación. Véanse el artículo 149.1.30.ª de la Constitución. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Jurisprudencia. STC 77/85, sobre la Ley Orgánica 8/1985, del Derecho a la Educación. STC 5/81, sobre la Ley Orgánica 5/1980, del Estatuto de Centros Escolares. STC 195/89, ff. 3 y 4: contenido del derecho a la educación. STC 260/1994, f. 2, y VP: escolarización de menores. STC 337/94, ff. 9 y ss.: lengua docente. STC 11/96, f. 5: contenido y significado de la LOGSE.

[68] Legislación. Véase el artículo 2.1. c) de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.

Jurisprudencia. STC 5/81, ff. 8 y 9, y VP: derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos.

[69] Jurisprudencia. SSTC 87 y 88/83, f. 3; finalidad de las enseñanzas mínimas.

[70] Jurisprudencia. STC 77/85, ff. 16 y ss.: determinación de las bases de conciertos con centros docentes, y f. 30: sociedades cooperativas.

[71] Legislación. Véanse los Reales Decretos 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de centros universitarios; y 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias.

Jurisprudencia. STC 5/81, ff. 7 y 8: límites constitucionales a la creación de centros docentes. STC 77/85, ff. 10 y 20: autorización administrativa para la creación de centros y potestad de dirección. STC 131/96, sobre el Real Decreto 557/1991.

[72] Legislación. Véanse los artículos 54 y ss. de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación y los artículos 126 y ss. de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que regulan los órganos de gobierno de los centros concertados, entre ellos el Consejo Escolar.

Jurisprudencia. STC 77/85, ff. 19 y ss.: Consejo Escolar y control y gestión de centros docentes subvencionados. STC 80/94, f. 4: derecho de los profesores a intervenir en la gestión de los centros docentes públicos.

[73] Jurisprudencia. STC 187/191, f. 3: el artículo 27.8 impone la existencia de un sistema universitario nacional. Véase jurisprudencia citada en el artículo 149.1.30.ª

[74] Legislación. Véase, en particular, el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación así como el título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Jurisprudencia. STC 77/85, ff. 11, 12 y 13: límites y módulos de las subvenciones a centros docentes, y f. 28: centros docentes parcialmente subvencionados. STC 86/85: carácter del derecho ex lege –no subjetivo– de las subvenciones a Centros escolares y principio de igualdad.

[75] Legislación. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Jurisprudencia. STC 26/87, sobre la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria: autonomía universitaria en general. STC 106/90, f. 6: razón de ser de la autonomía universitaria. STC 130/91, ff. 3 y 4: autonomía universitaria, control jurisdiccional y símbolos universitarios. STC 187/91, f. 3: carácter de parámetro de la constitucionalidad respecto de la autonomía universitaria del artículo 3.2 de la Ley de Reforma Universitaria. STC 82/94, f. 4: autonomía universitaria y sistema de concursos. STC 155/97: acuerdo con la Santa Sede, contenido del derecho y Planes de estudio.

[76] Legislación. Véanse los artículos 7, 22, 52, 103.3, 104.2, 127.1, 131.2, 149.1.7.ª y 18.ª y 159.4 de la Constitución Española. Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, modificada por Ley Orgánica 14/1994, y por Ley 11/1994, ambas de 19 de mayo. Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas (arts. 181 y 182), declarados vigentes por Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (arts. 18 a 24). Artículos 175 a 182 de la Ley de Procedimiento Laboral (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril) y 315 del Código Penal. En lo que se refiere específicamente a los funcionarios de las Administraciones Públicas, véanse las disposiciones citadas en la nota al artículo 103 que interesan al presente precepto.

Jurisprudencia. STC 98/85, sobre la Ley Orgánica de Libertad Sindical: en general. STC 141/85, ff. 3 y 4: deberes de los funcionarios públicos y libertad sindical. STC 127/89, f. 3: doctrina constitucional sobre la libertad sindical. STC 137/91, f. 5: vulneración de la libertad sindical por insuficiencia representativa de un sindicato. STC 184/91, ff. 4, 5 y 6: la libertad sindical incluye la legitimación del sindicato para negociar un convenio colectivo, legitimación amparable ante el Tribunal Constitucional. SSTC 52 y 75/92: inaplicación del artículo 28.1 a las asociaciones empresariales. STC 273/94, f. 4: ámbito de disponibilidad del legislador y policía local. STC 67/95, f. 5: contenido esencial y derechos adicionales de la libertad sindical. STC 85/95, f. 5: expediente disciplinario no antisindical. STC 127/95, ff. 3 y 5: derecho a ejercer actividades sindicales. STC 188/95, ff. 6 y ss.: igualdad de trato de los sindicatos. STC 17/96, f. 4: contenido del derecho. STC 74/96, f. 4, y VP: titulares. STC 37/98: aplicación por la autoridad pública de medidas restrictivas de derechos fundamentales desproporcionadas al fin perseguido. Véase jurisprudencia citada en los artículos 7 y 37.

[77] Legislación. Véanse los artículos 37 y 55.1 de la Constitución Española. Convenio núm. 87, de la OIT, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 9 de julio de 1948, ratificado por Instrumento de 13 de abril de 1977, y Convenio núm. 98 de la OIT, sobre aplicación de los principios del derecho de sindicación y negociación colectiva, de 1 de julio de 1949, ratificado por Instrumento de 13 de abril de 1977. Véanse los artículos 4.1. e), 45.1. l), 48.1 y 52. d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. Para el caso específico de los funcionarios de las Administraciones públicas, véanse el artículo 15 c), 30.2 y 95.2 l) y m) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Véase el artículo 315 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 11/81, sobre el Real Decreto-ley 17/1977, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo: derecho de huelga en general. STC 33/81, f. 4: reserva de Ley. STC 90/84, f. 2: sujeto pasivo del derecho de huelga. STC 123/90, ff. 4 y 5: desarrollo legislativo y jurisdicción contencioso-administrativa. STC 8/92: vulneración del derecho de huelga por insuficiente motivación del Real Decreto de servicios mínimos. ATC 290/94, de 31 de octubre: participación del comité de huelga en la designación de los servicios mínimos. STC 332/94, f. 3: límites al ejercicio del derecho de huelga. STC 41/95, f. único: ejercicio abusivo del derecho de huelga. STC 90/97, ff. 3 y ss.: incidencia de su ejercicio en el status del trabajador. STC 137/97, f. 3: contenido. STC 37/98: aplicación por la autoridad pública de medidas restrictivas de derechos fundamentales desproporcionadas al fin perseguido. Véase jurisprudencia citada en los artículos 7 y 37.

[78] Legislación. Véanse los artículos 9.2, 23, 54, 77 y nota al mismo, 105. a), y 125 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 242/93: contenido, naturaleza y vulneración del derecho de petición.

[79] Legislación. Véase el artículo 8 de la Constitución Española. Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

[80] Legislación. Véanse los artículos 16.1 y 2, 31.3 y 53.2 de la Constitución Española; Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, modificado por Real Decreto 1/1999, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Reclutamiento. Real Decreto 1410/1994, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Militar. Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 700/1999, de 30 de abril. Téngase en cuenta que en uso de la autorización concedida al Gobierno por la disposición transitoria decimoctava de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, se suspendió, desde el 31 de diciembre de 2001, por sendos Reales Decretos 247/2001, de 9 de marzo y 342/2001, de 4 de abril, tanto el cumplimiento del servicio militar como la prestación social sustitutoria, respectivamente.

Jurisprudencia. STC 35/85: concepto de objeción de conciencia y ejercicio de ésta en fase de reserva del servicio militar. STC 60/91, ff. 4, 5 y VP: jurisdicción competente en materia de objeción de conciencia. STC 321/94, f. 4: la objeción de conciencia se refiere única y exclusivamente al servicio militar. STC 55/96, f. 5: contenido del derecho a la objeción de conciencia.

[81] Legislación. Véase el artículo 10 y nota al mismo de la Constitución Española. Ley 2/1985, de 21 de enero, de protección civil. Artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Jurisprudencia. STC 133/90, sobre la Ley 2/1985, de Protección Civil.

[82] Legislación. Véase el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas excepcionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, y Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

[83] Legislación. Véanse los artículos 133.1 y 2 y 149.1.14.ª de la Constitución Española. Artículos 305 y ss. del Código Penal. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Jurisprudencia. STC 76/90, ff. 3 y 6: deber de contribuir, relación de sujeción y colaboración con la administración y principios del sistema tributario. STC 164/95, f. 8: el principio de capacidad económica no tiene igual relevancia en todas las instituciones tributarias. SSTC 159/97 y 183/97: el principio de capacidad económica no es susceptible de amparo y no reconducible al principio de igualdad. STC 182/97: Decretos-leyes y deber de contribuir al gasto público.

[84] Legislación. Véanse los artículos 9.2, 40.1, 142, 156 y 157 de la Constitución Española y Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Jurisprudencia. STC 16/96, f. 2: territorialización del gasto público.

[85] Legislación. Véase el artículo 133.3 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en el artículo 133.

[86] Jurisprudencia. STC 66/94, ff. 2 y ss.: convivencia marital y pensión de viudedad. STC 146/94: contrato entre cónyuges y responsabilidad tributaria solidaria. ATC 224/94, de 11 de julio: principio heterosexual y pensión de viudedad.

[87] Legislación. Véanse los artículos 14 y nota al mismo, 39 y 149.1.8.ª y nota al mismo de la Constitución Española. Artículos 42 y ss. del Código Civil. El artículo 6.1 de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, reconoce efectos civiles al matrimonio canónico. Véase, asimismo, la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, sobre celebración del matrimonio civil por los Alcaldes.

Jurisprudencia. ATC 617/84, de 31 de octubre: efectos del matrimonio canónico. STC 86/86: divorcio y medidas económicas. STC 146/87: efectos en España del matrimonio contraído civilmente en el extranjero (nulidad de matrimonio civil). STC 265/88: sentencias canónicas en causas de separación matrimonial.

[88] Legislación. Véanse los artículos 31.1 y 38 de la Constitución Española. El Código Civil regula la propiedad en los 348 y ss., y la herencia en los artículos 744 y ss. El Código Penal regula los delitos contra la propiedad en los artículos 234 y ss.

Jurisprudencia. STC 54/94, f. 2: derecho de configuración legal. STC 89/94, f. 4 y VP: contenido y delimitaciones del derecho de propiedad. STC 140/95: derecho no susceptible de amparo. STC 156/95, ff. 4 y 5: derecho de propiedad e igualdad básica de los españoles.

[89] Legislación. Véanse los artículos 128 y 133 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 227/88, f. 1: interés general. STC 170/89, f. 8: función social de la propiedad. STC 61/97: declara la inconstitucionalidad y nulidad de la mayor parte del articulado de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

[90] Legislación. Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y Reglamento aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en los dos números anteriores.

[91] Legislación. Véanse los artículos 28, 35, 37, 38, 39, 41 y 993 del Código Civil. Real Decreto 589/1984, de 8 de febrero, sobre fundaciones religiosas de la Iglesia Católica, en ejecución de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, de 3 de enero de 1979. Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, y por Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.

Jurisprudencia. STC 164/90: capacidad procesal de las fundaciones para comparecer en juicio.

[92] Legislación. Véanse los artículos 7, 10 y nota al mismo, 14 y nota al mismo, 23.2, 25.2, 28, 37, 38, 40 y nota al mismo, 41, 129.2 y 149.1.7.ª de la Constitución Española. Artículo 314 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 22/81, ff. 5 y ss.: contenido y limitaciones del derecho al trabajo. STC 166/88: derecho a la no discriminación por sexo y resolución del contrato laboral. STC 131/89, f. 6: derecho no susceptible de amparo.

[93] Legislación. Véanse el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, y Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Téngase en cuenta que todas estas disposiciones han sido objeto de varias modificaciones. Véanse, además, los artículos 311 a 318 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 195/96: en relación con la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden social.

[94] Legislación. Véase el artículo 52 de la Constitución Española. Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, objeto de varias modificaciones. Véanse, asimismo, al respecto, las normas de los ordenamientos jurídicos autonómicos.

Jurisprudencia. STC 89/89: naturaleza de los colegios profesionales, estructura, funcionamiento. STC 93/92: sanción administrativa impuesta por Colegio profesional sin cobertura normativa. STC 386/93: principio de igualdad y distinción entre profesión y actividad. STC 74/94, f. 4: colegiación obligatoria. STC 5/96, ff. 7 y ss.: colegios profesionales y derecho de asociación.

[95] Legislación. Véanse los artículos 7, 35.2, 55.2, 103.3 y 149.1.7.ª de la Constitución Española y 82 a 92 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Jurisprudencia. STC 171/89, f. 2: eficacia de los convenios y objeto de recurso de amparo. STC 86/91: extensión de los convenios colectivos y orden competencial. STC 105/92, ff. 4 y 5: la vulneración del derecho a la negociación colectiva supone la vulneración de la libertad sindical del artículo 28.1. STC 177/93, f. 2: subordinación de los convenios colectivos a la Ley. STC 189/93, f. 7: carácter unitario de los convenios colectivos. STC 208/93, ff. 2 y ss.: legitimación para negociar y libertad sindical. STC 187/94, f. 3: eficacia normativa de los convenios colectivos. STC 74/96, f. 4: legitimación para su impugnación.

[96] Legislación. Véase el artículo 28.2 de la Constitución Española y nota al mismo. Artículos 17 a 20 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.

Jurisprudencia. STC 11/81, f. 24: laudo de obligado cumplimiento. STC 72/82, ff. 3 y 7: cierre patronal. STC 92/88, ff. 3 y ss.: ejecutoriedad de sentencias recaídas en procedimientos de conflicto colectivo. Véase jurisprudencia citada en artículos 6 y 28.

[97] Legislación. Véanse los artículos 33, 128.2, 129.2, 131, 139, 148.1.13.ª y 149.1.13.ª Téngase en cuenta la normativa comunitaria que afecta a este ámbito. Véase la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Véase el artículo 3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

Jurisprudencia. STC 208/93, ff. 4 y 5: libertad de empresa y negociación colectiva. STC 225/93, f. 3: doctrina constitucional sobre la libertad de empresa. STC 227/93, f. 4: competencia de las Comunidades Autónomas en materia de libertad de empresa. STC 284/93, f. 4: libertad de empresa y horarios comerciales. STC 89/94, f. 6: el derecho que recoge el artículo 38 no puede exonerar del cumplimiento de la función social de la propiedad. STC 127/94, f. 6: libertad de empresa y televisión privada.

[98] Para los principios comprendidos en este capítulo, téngase en cuenta el artículo 53.3 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 64/82, f. 2: vinculación de las Comunidades Autónomas por los principios rectores de la política social y económica. STC 45/89, f. 4: los principios de política social y económica como mandatos al legislador. STC 36/91, f. 5: los principios del capítulo tercero no generan por sí mismos derechos judicialmente actuables.

[99] Legislación. Véanse los artículos 18.1, 20.4 y 32 de la Constitución Española y 217 a 233 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 45/89, f. 7: inconstitucionalidad del sistema de acumulación de rentas por ir en detrimento de la protección de la familia. STC 184/90, f. 2 y VP I: unión de hecho. STC 200/91, f. 3: constitucionalidad del «derecho de consorte» en los traslados de funcionarios.

[100] Legislación. Véanse los artículos 14 y 32 de la Constitución Española. Artículos 154 a 180 y 215 a 313 del Código Civil y 1.825 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Téngase en cuenta que la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derogó los artículos 294 a 296 y 298 del Código Civil, así como el artículo 1.827 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil.

Jurisprudencia. STC 7/94, f. 4: la filiación es un derecho indisponible.

[101] Legislación. Véanse los artículos 27.3 de la Constitución Española y 220 a 233 del Código Penal.

Jurisprudencia. SSTC 54/83 y 150/85: pensiones alimenticias. STC 84/98, f. único: vulneración del derecho del hijo a no ser discriminado por razón de nacimiento.

[102] Legislación. Véase la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Convención sobre los Derechos del Niño, de la ONU, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Instrumento de 30 de noviembre de 1990 y sus dos Protocolos Facultativos, hechos en Nueva York, el 25 de mayo de 2000, relativo, el primero, a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificado por Instrumento de 5 de diciembre de 2001, y, el segundo, sobre la participación de niños en conflictos armados, ratificado por Instrumento de 1 de marzo de 2002. Véase el Convenio Europeo núm. 105, relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como del restablecimiento de dicha custodia, hecho en Luxemburgo el 20 de mayo de 1980, ratificado por España el 9 de mayo de 1984.

Jurisprudencia. STC 71/90, f. 7: limitación de la publicidad en los procesos de menores.

[103] Legislación. Véanse los artículos 9.2, 35, 130, 138 y 158 de la Constitución Española. Véase la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Sobre protección por desempleo, véanse los artículos 203 y ss. del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

[104] Legislación. Véanse los artículos 19, 23 y 34 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. Artículos 45 a 47 (únicos vigentes) del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. Artículos 316 y 317 del Código Penal.

Jurisprudencia. ATC 681/88, de 6 de junio: vacaciones laborales. STC 210/90, f. 2: consagración por este precepto de la supremacía de la Ley frente a los contratos y convenios, en las materias que especifica.

[105] Legislación. Véanse los artículos 10.2, 25.2, 35, 39, 40, 43, 50, 129.1, 149.1.17.ª de la Constitución Española. Véase el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Ténganse en cuenta las regulaciones de los diversos regímenes especiales. Véase la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.

Jurisprudencia. Seguridad Social. STC 77/95, sobre Seguridad Social en general: disponibilidad del legislador sobre el régimen de la Seguridad Social, concepción actual, requisitos, situación de necesidad como fundamento, principio de igualdad.

Protección por desempleo. STC 90/89: criterios para la diferenciación de su concesión. STC 77/95: subsidio por desempleo de mayores de cincuenta y dos años. STC 130/95: trabajadores extranjeros y prestaciones por desempleo.

[106] Legislación. Véanse los artículos 208.5 y 215.1. c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

[107] Legislación. Véanse los artículos 50, 148.1.21.ª y 149.1.26.ª de la Constitución Española.

[108] Legislación. Véase la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

[109] Legislación. Véanse los artículos 27.2, 49, 50 y 148.1.19.ª de la Constitución Española. Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva. Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos públicos. Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Jurisprudencia. STC 67/85, sobre asociaciones y federaciones deportivas. STC 1/86: competiciones internacionales.

[110] Legislación. Véanse los artículos 9.2, 10.2 y nota al mismo, 46, 48, 50, 148.1.17.ª, 149.1.28.ª y 149.2 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en los artículos 148.1.15.ª, 17.ª, y 149.1.28.ª

[111] Legislación. Véanse los artículos 20.1. b) y 149.1.9.ª y nota al mismo y 15.ª de la Constitución Española. Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

Jurisprudencia. Véase la citada en el artículo 149.1.15.ª

[112] Legislación. Véanse los artículos 148.1.9.ª y 149.1.23.ª de la Constitución Española. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Jurisprudencia. STC 102/1995: declara nula la disposición adicional 5.ª de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.

[113] Legislación. Véanse los artículos 325 a 340 del Código Penal.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en los artículos 148.1.9.ª y 149.1.23.ª

[114] Legislación. Véanse los artículos 44, 132.3, 148.1.16.ª y 149.1.27.ª de la Constitución Española y sus respectivas notas. Véase la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (téngase en cuenta que la citada Ley ha sido objeto de numerosas modificaciones). Véanse los artículos 321 a 324 del Código Penal.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en los artículos 148.1.16.ª y 17.ª y 149.1.28.ª

[115] Legislación. Véase el artículo 148.1.13.ª de la Constitución Española. Véase el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Jurisprudencia. STC 59/95, f. 3: el artículo 47 de la Constitución Española no constituye por sí mismo un título competencial autónomo en favor del Estado. STC 61/1997: declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la mayoría de los preceptos del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Véase jurisprudencia citada en artículo 148.1.3.ª (competencias de las Comunidades Autónomas).

[116] Legislación. Véanse los artículos 12 y 23 de la Constitución Española. Ley de 18/1983, de 16 de noviembre, por la que se crea el organismo autónomo Consejo de la Juventud de España.

Jurisprudencia. STC 157/92: competencia estatal sobre constitución y funcionamiento de asociaciones juveniles.

[117] Legislación. Véase el artículo 15 de la Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril de 1980. Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que, en desarrollo de esta Ley, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos. Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral especial de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo. Véanse la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, y el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

Jurisprudencia. STC 215/94, ff. 2 y 6: protección constitucional de los deficientes psíquicos.

[118] Legislación. Véanse los artículos 10.2, 14, 41, 43, 44.1 y 47 de la Constitución Española. Artículos 160 y ss. del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Jurisprudencia. ATC 17/81, de 4 de febrero: derecho no susceptible de amparo. STC 67/90: pensión de jubilación e incompatibilidades. STC 100/90, f. 2: mandato constitucional de suficiencia de las pensiones. STC 69/92: vulneración del principio de igualdad por diferencia reglamentaria discriminatoria en jubilación de trabajadores por cuenta ajena. STC 158/93, ff. 2 y ss.: inembargabilidad de pensiones. STC 63/94: pensión de docente religiosa, secularidad y principio de igualdad. STC 116/95, f. 4: prueba de los requisitos de la pensión.

[119] Legislación. Véase el artículo 43 de la Constitución Española. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta y arrendamiento de vivienda. Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios. Artículos 359 y ss. del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 88/86, f. 4: ámbito y objetivos de la defensa del consumidor. STC 15/87, sobre la Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: educación, información e interés de los consumidores; infracciones y sanciones. Véase jurisprudencia citada en los artículos 148.1.21.ª y 149.1.16.ª

[120] Legislación. Véanse los artículos 22, 29.1, 105, 129.1 de la Constitución Española. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre el derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, y Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Jurisprudencia. STC 15/89: declara la inconstitucionalidad y la aplicación supletoria en las Comunidades Autónomas de determinados artículos. STC 225/93, f. 3: finalidad de las normas sobre defensa de la competencia.

[121] Legislación. Véanse los artículos 22, 26, 36 y nota al mismo, 149.1.1.ª y 18.ª de la Constitución Española. Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. Véanse las normas de las Comunidades Autónomas con competencia en este sector.

Jurisprudencia. STC 132/89: sobre la Ley 23/1986, de 24 de diciembre. STC 152/95, f. único: doctrina constitucional sobre Cámaras de Comercio. STC 107/96, sobre la Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

[122] Legislación. Véanse los artículos 9.1, 24.1, 54, 55, 123.1, 161.1. a) y b), 162.1, 163, 164 y 168.1 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 140/86, f. 6: importancia de la reserva de ley en el desarrollo de los derechos fundamentales. STC 341/93, f. 8: garantías en su restricción. STC 67/95, f. 5: contenido esencial de los derechos fundamentales. STC 15/96, f. 2: interpretación de las leyes más favorables. STC 96/97, f. 5: jurisdicción del Tribunal Constitucional. STC 151/97, ff. 5 y 6: interpretación restrictiva de sus límites. STC 156/97, f. 4: motivación de las resoluciones limitativas de derechos fundamentales. STC 160/97, f. 4: informan todo el ordenamiento jurídico. STC 175/97, f. 2: relaciones de sujeción especial. STC 204/97, ff. 2 y ss.: límites. STC 204/97, ff. 2 y ss.: competencia del Tribunal Constitucional. STC 204/97, ff. 2 y ss.: ponderación judicial en caso de conflicto. STC 218/97, f. 2: no incluyen pretensiones punitivas.

[123] Legislación. Véase el artículo 81.1 de la Constitución Española. En cuanto al amparo ante el Tribunal Constitucional, véase el título III de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, artículos 41 a 58. Ténganse presente, además, los artículos 45 a 54 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por Instrumento de 26 de septiembre de 1979, cuyo texto refundido ha sido publicado por Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Jurisprudencia. STC 161/95: en la referencia que el artículo 52.2 de la Constitución Española hace a los Tribunales ordinarios caben, dentro de la materia propia de su estricta competencia, los Tribunales militares. Véase jurisprudencia citada en el artículo 161.1. b). STC 95/97, ff. 2 y 3: naturaleza distinta del recurso de amparo. STC 125/97, f. 4: ámbito de aplicación.

[124] Legislación. Véase el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Jurisprudencia. STC 19/82, f. 6: virtualidad de los principios rectores de la política social y económica. STC 64/82, f. 2: principios que vinculan a las Comunidades Autónomas. STC 45/89, f. 4: carácter de mandatos al legislador de estos principios y dificultad para su alegación como base de inconstitucionalidad por omisión.

[125] Legislación. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, modificada por Leyes Orgánicas 2/1992, de 5 de marzo, 10/1995, de 23 de noviembre y 1/2009, de 3 de noviembre. Por Ley 36/1985, de 6 de noviembre, se regulan las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares de las distintas Comunidades Autónomas.

Jurisprudencia. STC 157/88: relación del Defensor del Pueblo con sus homólogos autonómicos. STC 150/90, f. 1: el Defensor del Pueblo puede actuar en los procesos constitucionales por sí mismo o por comisionado.

[126] Legislación. Véanse los artículos 116 de la Constitución Española y 15.3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, cuyo texto refundido ha sido publicado por Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Jurisprudencia. STC 25/81, f. 5: dimensión nacional y necesaria justificación de la suspensión de derechos.

[127] Legislación. Véase el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo de 27 de enero de 1977, ratificado por Instrumento de 9 de mayo de 1980. Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley esta última que, en virtud de su disposición adicional, se convierte en referente del desarrollo del artículo 55.2, cuando las demás normas aludan a este precepto constitucional. Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo. Real Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión en el sistema de la Seguridad Social de pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo. Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, se aprobó el Reglamento de la citada Ley 35/1995, de 11 de diciembre. Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, y su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre. Artículos 571 a 580 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 71/1994: en relación con la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

[128] Legislación. Véanse los artículos 485 a 491 del Código Penal, sobre los delitos contra la Corona.

[129] Legislación. Véase el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes.

[130] Legislación. El artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exime de la obligación de testificar al Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe heredero y los Regentes del Reino.

Jurisprudencia. STC 30/86, sobre injurias al Jefe del Estado.

[131] Legislación. El Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, regula el Registro Civil de la Familia Real de España. Todos los inscritos en este Registro especial, junto con sus cónyuges, estarán incursos en la primera de las causas de inelegibilidad, según el artículo 6.1. a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Jurisprudencia. STC 126/97, f. 7: orden de sucesión en la Corona.

[132] Legislación. Véase el Real Decreto 54/1977, de 21 de enero, sobre títulos y denominaciones que corresponden al Heredero de la Corona.

[133] Legislación. El juramento a que se refiere este artículo se prestó por el Príncipe heredero en sesión conjunta del Congreso y del Senado celebrada el 30 de enero de 1986, día que accedió a su mayoría de edad.

[134] Legislación. Véase el artículo 91 de la Constitución Española.

[135] Legislación. Véanse los artículos 68.6 y 115.1 de la Constitución Española.

[136] Legislación. Véanse los artículos 92.2, 151.2, 167.3 y 168.3 de la Constitución Española.

[137] Legislación. Véanse los artículos 99 y 114 de la Constitución Española.

[138] Legislación. Véase el artículo 100 de la Constitución Española.

[139] Legislación. Véase el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

[140] Legislación. Véase la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora del indulto, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero.

[141] Jurisprudencia. Véase el ATC 114/91, de 11 de abril.

[142] Legislación. Véase el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

[143] Legislación. Véanse los artículos 56.3 y 99.5 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. SSTC 5 y 8/87, sobre el refrendo del nombramiento del Presidente del Gobierno Vasco.

[144] Legislación. Véanse el Decreto 2942/1975, de 25 de noviembre, por el que se crea la Casa de Su Majestad el Rey, y el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey, modificado por Reales Decretos 657/1990, de 25 de mayo, 1033/2001, de 21 de septiembre y 1183/2006, de 13 de octubre. Por Real Decreto-ley 6/1976, de 16 de junio, se regula el régimen jurídico del personal al servicio de la Casa de Su Majestad el Rey. Véase la Ley 23/1982, de 16 de junio, del Patrimonio Nacional, que ha sido objeto de varias modificaciones.

Jurisprudencia. STC 112/84: los actos en aplicación del Estatuto jurídico de la Casa Real son revisables en vía contencioso-administrativa, y, en su caso, pueden ser objeto de amparo constitucional.

[145] En relación con los artículos del presente título, ténganse presentes los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado citados en nota al artículo 72.1.

[146] Jurisprudencia. STC 29/82, f. 1: significación del artículo 66.1 y 2. STC 194/89, f. 2: libertad del legislador. STC 157/93, f. 2: límites a la potestad legislativa.

[147] Legislación. Véanse los artículos 492 y ss. del Código Penal.

[148] Legislación. El artículo 153.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, reitera literalmente este precepto; el artículo 143.3 prohíbe también la presentación como candidato a ambas Cámaras simultáneamente.

[149] Jurisprudencia. STC 10/83: destitución de cargos representativos por el partido al que pertenecían.

[150] Legislación. Véase el artículo 79.1 de la Constitución Española.

[151] Legislación. La Ley que regula los procesos electorales generales es la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, reseñada en nota al artículo 23.1 de esta Constitución.

[152] Legislación. Véanse los artículos 161 a 164 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

[153] Legislación. Véase el artículo 115.1 de la Constitución Española. Sobre la condición de Diputado, véanse los artículos 20 a 22 del Reglamento del Congreso.

[154] Legislación. Véanse los artículos 2 a 7 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

[155] Legislación. Véanse los artículos 62. b) de la Constitución Española y 42 y 167 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para los requisitos generales de la convocatoria y específicos para Congreso y Senado, respectivamente.

[156] Legislación. Véanse los artículos 165 y 166 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Ténganse en cuenta las diversas regulaciones de los Estatutos de Autonomía y las Leyes sobre designación de Senadores por parte de las mismas.

Jurisprudencia. STC 40/81, sobre la Ley de designación de Senadores representantes de Euskadi. STC 76/89, sobre designación de Senadores representantes de Extremadura en el Senado, y STC 4/92, sobre designación de Senadores representantes de Madrid en el Senado: inexistencia de obligación de utilizar fórmulas determinadas de reparto proporcional de escaños.

[157] Legislación. Véanse los artículos 115.1 de la Constitución Española y 165 y 166 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Jurisprudencia. STC 76/89: posibilidad indistinta de vinculación de la duración del mandato de los Senadores designados al Senado o al de la Asamblea designante.

[158] Legislación. Véanse los artículos 6 y 155 a 160 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Artículos 19 del Reglamento del Congreso y 15 a 17 del Reglamento del Senado. Véase la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Jurisprudencia. SSTC 73/86 y 80/87, sobre diversos aspectos de la inelegibilidad.

[159]Véanse los artículos 109 y 117 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Jurisprudencia. STC 27/90: amparo del resultado de proceso contencioso-electoral.

[160]Véanse los artículos 10 del Reglamento del Congreso y 21 del Reglamento del Senado.

Jurisprudencia. STC 9/90: doctrina del Tribunal Constitucional sobre la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias.

[161]Legislación. Véanse los artículos 11 a 14 del Reglamento del Congreso, 22 del Reglamento del Senado, 750 a 756 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 500 y 501 del Código Penal. Sobre el ejercicio de su derecho de defensa, por los Diputados y Senadores, véase la Ley Orgánica 7/2002, de 5 de julio, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que se introduce en esta última un nuevo artículo, el 118 bis.

Jurisprudencia. STC 125/88: significación y límites de la inmunidad.

[162] Legislación. Artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Jurisprudencia. STC 51/85, f. 3: imposibilidad de recurso contra sentencia recaída en este tipo de procesos.

[163] Legislación. Véanse los artículos 8 y 9 del Reglamento del Congreso y 23 y 24 del Reglamento del Senado.

[164] Legislación. El Reglamento del Congreso de los Diputados fue aprobado por el Pleno de la Cámara el 10 de febrero de 1982, y publicado por Resolución de la Presidencia de 24 de febrero de 1982, habiendo sido modificado por Acuerdos de 23 de septiembre de 1993, de 16 de junio de 1994, de 26 de septiembre de 1996, de 11 de mayo de 2000, de 27 de junio de 2001, de 28 de abril de 2004, de 29 de abril de 2008, de 15 de octubre de 2009 y de 29 de octubre de 2009.

El texto refundido del Reglamento del Senado se aprobó el 3 de mayo de 1994, modificándose el 24 de octubre de 1995, el 11 de mayo de 2000, de 14 de junio de 2000, de 17 de octubre de 2000, de 27 de junio de 2001, de 12 de mayo de 2004, de 3 de noviembre de 2004, de 4 de julio de 2005, de 22 de febrero de 2006, de 22 de noviembre de 2007, de 14 de mayo de 2008, de 22 de octubre de 2009 y de 18 de noviembre de 2008.

Por Acuerdo de 27 de marzo de 2006, se aprueba el Estatuto del Personal de las Cortes Generales.

Jurisprudencia. ATC 334/93, de 10 de noviembre: deberes derivados de los Reglamentos parlamentarios. STC 41/95, f. 1: los Reglamentos parlamentarios configuran el status de los parlamentarios. STC 44/95, ff. 2 y ss.: control de constitucionalidad y normas interpretativas: límites.

[165] Legislación. La elección y composición de las Mesas se regula en los artículos 3.2 y 30 a 38 del Reglamento del Congreso y 4 a 13 y 35 a 42 del Reglamento del Senado. A las sesiones conjuntas hacen referencia la disposición final tercera del Reglamento del Congreso y la disposición adicional segunda del Reglamento del Senado.

[166] Legislación. Véanse los artículos 32 y 105 a 107 del Reglamento del Congreso y 37 a 39 del Reglamento del Senado.

[167] Legislación. Véanse los artículos 61 a 66 del Reglamento del Congreso y 69 a 83 del Reglamento del Senado.

[168] Legislación. Véase el artículo 72.2 de la Constitución Española.

[169] Legislación. Véanse el artículo 90.1 y 2 de la Constitución Española y los artículos 158, 166 y disposición final tercera del Reglamento del Congreso y 137 a 140 y disposición adicional segunda del Reglamento del Senado.

[170] Legislación. Véanse los artículos 49 a 55 del Reglamento del Congreso y 49 a 83 del Reglamento del Senado.

[171] Legislación. Véanse los artículos 148 y 149 del Reglamento del Congreso y 130 a 132 del Reglamento del Senado.

[172] Legislación. Véanse los artículos 52 del Reglamento del Congreso y 59 y 60 del Reglamento del Senado.

[173] Legislación. Véase la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras.

[174] Legislación. Véanse los artículos 29 de la Constitución Española, 49 del Reglamento del Congreso, 192 a 195 del Reglamento del Senado y disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

[175] Legislación. Véanse los artículos 56 a 59, 151.5 y 207 del Reglamento del Congreso y 45 a 48 del Reglamento del Senado.

[176] Legislación. Véanse los artículos 78 a 89 del Reglamento del Congreso y 92 a 100 del Reglamento del Senado.

[177] Legislación. Véanse los artículos 63 del Reglamento del Congreso y 22.3, 23.2, 72, 73, 190 y 191 del Reglamento del Senado.

Jurisprudencia. STC 136/89, f. 2: alcance de la publicidad parlamentaria.

[178] Jurisprudencia. STC 5/81, leyes orgánicas en general. STC 127/94, f. 3: doctrina constitucional sobre la reserva de ley orgánica. STC 254/94, ff. 4 y 5: constitución y funcionamiento de los Tribunales. STC 53/94, f. 2: ni la reserva de ley orgánica ni la de ley ordinaria resultan exigibles a las normas penales preconstitucionales. STC 88/95, f. 4: televisión privada.

[179] Legislación. Véanse los artículos 130 a 132 del Reglamento del Congreso.

[180] Jurisprudencia. STC 69/83, ff. 2 y 3: exceso de delegación. STC 79/83, f. 2: consecuencias del incumplimiento de la delegación legislativa. STC 47/84, f. 3: control jurisdiccional ordinario y constitucional. STC 204/93, VP: binomio bases-desarrollo legislativo. STC 205/93, ff. 3 y ss. y ATC 259/95, de 26 de septiembre: requisitos y límites de la delegación legislativa.

[181] Legislación. Véanse los artículos 152 y 153 del Reglamento del Congreso; 21.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y 2.1. a) y 27.2. b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[182] Legislación. Véase el artículo 134.6 de la Constitución Española.

[183] Jurisprudencia. STC 60/86: naturaleza, presupuesto de hecho habilitante y relación con las nociones de reserva de ley y reserva de ley orgánica. STC 3/88, sobre el alcance de la expresión «no podrán afectar». STC 225/93, f. 4: requisitos. STC 182/97: carácter excepcional, control de constitucionalidad, conversión en leyes, extraordinaria y urgente necesidad, no afectación a los derechos, deberes y libertades del Título I, presupuestos habilitantes, tributos. ATC 291/97: control de constitucionalidad y supuestos de impugnabilidad en vía de amparo.

[184] Jurisprudencia. STC 111/83, f. 10: control parlamentario y jurisdiccional. STC 29/86, f. 2: convalidación.

[185] Legislación. Véanse los artículos 151 del Reglamento del Congreso y 2.1. a) y 27.2. b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Jurisprudencia. STC 111/83, ff. 2 y ss.: conversión en ley.

[186] Legislación. Véase el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Jurisprudencia. STC 99/87, f. 1: calificación de escritos parlamentarios.

[187] Legislación. Véanse los artículos 88 y 89 de la Constitución Española, 108 y 124 a 129 del Reglamento del Congreso y 108 y 109 del Reglamento del Senado.

[188] Legislación. Véase el artículo 166 de la Constitución Española. Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular modificada por la Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo («BOE» núm. 126, de 27 de mayo).

Jurisprudencia. ATC 592/85, de 28 de septiembre, inadmisión por tratarse de materia tributaria. STC 76/94, f. 5: exclusión en la reforma constitucional.

[189] Legislación. Véanse los artículos 109 a 123 del Reglamento del Congreso.

Jurisprudencia. STC 108/86: tramitación y efectos de la omisión de los requisitos señalados.

[190] Legislación. Véanse los artículos 124 a 129 del Reglamento del Congreso y 108 y 109 del Reglamento del Senado.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en el artículo 87.1.

[191] Legislación. Véase, en concreto, el artículo 125 del Reglamento del Congreso.

[192] Legislación. Véanse los artículos 104 a 107 y 118 del Reglamento del Senado y 120 a 123 y 132 del Reglamento del Congreso.

[193] Legislación. Véanse los artículos 93 y 94 del Reglamento del Congreso y 133 a 136 del Reglamento del Senado.

[194] Legislación. Véanse los artículos 62. a) y 64 de la Constitución Española.

[195] Legislación. Hasta el momento, el único referéndum habido fue el relacionado con la Alianza Atlántica, convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero.

[196] Legislación. Véanse los artículos 62. c) de la Constitución Española y 161 del Reglamento del Congreso.

[197] Legislación. Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, modificada por la Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre. Véase también, sobre las consultas populares en asuntos de carácter local, el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local. Téngase en cuenta, asimismo, en su caso, las regulaciones de los Estatutos de Autonomía.

[198] Legislación. Los trámites parlamentarios relacionados con los tratados internacionales se encuentran regulados en los artículos 154 a 160 del Reglamento del Congreso y 144 a 147 del Reglamento del Senado.

Jurisprudencia. STC 79/92, f. 1: ejecución del derecho comunitario: inexistencia de competencias específicas para la ejecución del mismo. STC 265/94, f. 2: conflictos de las Directivas de la CEE con el ordenamiento interno. STC 112/95, f. 4: criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias. STC 45/96: primacía sobre el derecho nacional y selección e interpretación por el Juez español. STC 67/96, f. 3: orden interno de competencias respecto al Derecho comunitario europeo.

[199] Legislación. Véanse los artículos 63.2, 74.2 y 96.2 de la Constitución Española. Véase el Tratado del Atlántico Norte, al que España se adhirió por Instrumento de 29 de mayo de 1982.

Jurisprudencia. STC 66/82: el Acuerdo de la Santa Sede se inserta en la clasificación de este artículo. ATC 114/1991, de 11 de abril: relación entre el artículo 94 y el artículo 63.2 de la Constitución Española.

[200] Legislación. Véanse, en concreto, los artículos 159 del Reglamento del Congreso y 146 del Reglamento del Senado.

[201] Legislación. Véanse los artículos 2.1. e), 27.2. c) y 78 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Jurisprudencia. STC 187/91: control de tratados por vía del artículo 55.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[202] Legislación. Véase nota al artículo 13.2 de la Constitución Española y artículos 157 del Reglamento del Congreso y 147 del Reglamento del Senado. En virtud de esta previsión constitucional, el Gobierno efectuó un requerimiento al Tribunal Constitucional (núm. 1236/1992), sobre si existía o no contradicción entre el artículo 13.2 de la Constitución Española y el artículo 8.B, apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, tal y como quedaría redactado por el Tratado de la Unión Europea. La Declaración del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992, estimó la existencia de contradicción, y especificó que el procedimiento para reformar la Constitución habría de ser el establecido en el artículo 167 de la misma.

[203] Legislación. Véase el artículo 1.5 del Código Civil.

Jurisprudencia. STC 28/91, f. 5: virtualidad del artículo 96.1.

[204] Legislación. Véanse el artículo 160 del Reglamento del Congreso y el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, al que España se adhirió por Instrumento de 2 de mayo de 1972. Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

[205]Véase la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

[206] Jurisprudencia. STC 35/82, f. 2: razón de la distinción Ley-Reglamento. STC 13/88, f. 4: delegación de la potestad reglamentaria. STC 80/88: reglamento y legislación básica. STC 153/94, ff. 4 y 6: impugnabilidad en amparo del Reglamento y límites a la potestad reglamentaria. STC 184/95, f. 3: potestad reglamentaria y principio de legalidad penal.

[207] Legislación. Véase nota al artículo 103.2. Véase, asimismo, el Real Decreto 1455/1995, de 1 de septiembre, sobre suplencia del Presidente del Gobierno.

[208] Legislación. Véanse la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo.

[209] Legislación. Véanse los artículos 62. d) de la Constitución Española y 170 a 172 del Reglamento del Congreso.

Jurisprudencia. STC 16/84, ff. 6 y 9: papel del cuerpo representativo en el parlamentarismo racionalizado.

[210] Legislación. Véase el artículo 62. e) y g) de la Constitución Española.

[211] Legislación. Véase el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de los ex Presidentes del Gobierno. Artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

[212] Legislación. Véase el artículo 57.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

[213] Legislación. Véase el artículo 169.1 del Reglamento del Congreso.

[214] Jurisprudencia. STC 42/83, f. 3.c): concepto de coordinación y distinción del de bases. STC 174/93, f. 2: control jurisdiccional de la Administración Pública. STC 254/93, f. 3: deber de información. STC 323/94: sanciones administrativas y principio de legalidad. STC 34/95, f. 3: sometimiento pleno al derecho. STC 119/97, f. 2: sometimiento pleno al Derecho. STC 202/97, ff. 5 y 6: potestad de autoorganización.

[215] Legislación. Véase el artículo 5 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado.

[216] Legislación. Véanse los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española. España ratificó, por Instrumento de 22 de junio de 1984, el Convenio núm. 151 de la OIT, de 27 de junio de 1978, sobre protección del derecho de sindicación y procedimiento para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública. Véase la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Véanse los Reales Decretos 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado; 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado; 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado. Sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, véase la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Real Decreto 571/1992, de 29 de mayo, de los Registros de los intereses de altos cargos; Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero, de incompatibilidades del personal al servicio del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, componentes del Poder Judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia, Tribunal de Cuentas y Consejo de Estado.

Jurisprudencia. STC 5/92: declara inconstitucional el artículo 32.1 de la Ley 30/1984, interpretando según se específica en la Sentencia. STC 99/87, f. 3: reserva de ley para el estatuto de los funcionarios públicos. STC 68/90: régimen funcionarial de incompatibilidades y principio de igualdad. STC 85/95, ff. 5 y 6: cambio de destino no discriminatorio. STC 17/96, ff. 3 y ss.: libertad sindical de funcionarios. STC 43/96: sobre la Ley 9/87, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. STC 103/97: régimen estatutario, retribuciones.

[217] Jurisprudencia. SSTC 85/95, f. 5, y 127/95, f. 3: límites en el ejercicio de los derechos fundamentales.

[218] Legislación. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. Véase, asimismo, la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

Jurisprudencia. STC 55/90: declara la inconstitucionalidad del artículo 8.1.2. de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el sentido que determina la Sentencia. STC 341/1993, declara inconstitucional los artículos 21.2 y 26. j), inciso final, de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana.

[219] Legislación. Véase el artículo 23.1 de la Constitución Española.

[220] Legislación. Véase el artículo 18.4 de la Constitución Española y nota al mismo.

Véanse los artículos 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 57, 58 y 62 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, y 10 y 13 del Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

[221] Legislación. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

[222] Legislación. Véanse los artículos 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jurisprudencia. STC 8/95: reitera doctrina anterior en relación con el control judicial de la actividad de la Administración. STC 9/95, f. 2: sumisión del control de legalidad de reglamentos al control constitucional.

[223] Legislación. Véase el artículo 116.6 de la Constitución Española. Específicamente sobre responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio, véase el título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Téngase en cuenta que varios de los preceptos que componen este Título han sido modificados por Ley 4/1999, de 13 de enero. Véase, asimismo, el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Jurisprudencia. STC 70/88, f. 3: inexistencia de lesión por anticipación de la edad.

[224] Legislación. Véase la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, que aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

Jurisprudencia. STC 99/87, f. 5: el Estatuto de los Letrados requiere para su modificación Ley Orgánica. STC 214/89, f. 17: el Consejo de Estado es también órgano consultivo de las Comunidades Autónomas.

[225] Jurisprudencia. STC 196/90, f. 6: control de las relaciones Gobierno-Cortes en lesión de derechos fundamentales.

[226] Legislación. Véanse los artículos 112 a 115 y 116.6 de la Constitución Española y 173 a 179 del Reglamento del Congreso.

[227] Legislación. Véanse los artículos 7 y 44 del Reglamento del Congreso y 66.1 y 67 del Reglamento del Senado.

[228] Legislación. Véanse los artículos 44 del Reglamento del Congreso y 66.1 del Reglamento del Senado.

[229] Legislación. Véanse los artículos 40.3, 70.5, 202 y 203 del Reglamento del Congreso y 83.1, 84.4, 182 y 183 del Reglamento del Senado.

[230] Jurisprudencia. STC 161/88, f. 4: precepto inadecuado para fundamentar petición de amparo.

[231] Legislación. Véanse los artículos 180 a 192 del Reglamento del Congreso y 160 a 173 del Reglamento del Senado.

[232] Legislación. Véanse los artículos 113, 114 y 115 de la Constitución Española y 173 y 174 del Reglamento del Congreso.

[233] Legislación. Véanse los artículos 108, 112, 114.2, 115.2 y 116.6 de la Constitución Española y 175 a 179 del Reglamento del Congreso.

[234] Legislación. Véanse los artículos 62. d), 101 y 112 de la Constitución Española y 173 y 174 del Reglamento del Congreso.

[235] Legislación. Véanse los artículos 62. d), 113 y 115.2 de la Constitución Española y 175 a 179 del Reglamento del Congreso.

[236] Legislación. Véanse los artículos 62. b), 112, 113, 114 y 116.5 de la Constitución Española y 42.1 y 167.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

[237] Legislación. Véanse los artículos 55.1, 78.2, 106, 117.5 y 169 de la Constitución Española. Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Artículos 25 y 28 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

[238] Legislación. Véase el artículo 162 del Reglamento del Congreso.

[239] Legislación. Véase el artículo 163 del Reglamento del Congreso.

[240] Legislación. Véase el artículo 164 del Reglamento del Congreso.

[241] Legislación. Véanse los artículos 78 y 115.1 de la Constitución Española.

[242] Legislación. Véase el artículo 108 de la Constitución Española.

[243] Legislación. Véase la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Téngase en cuenta que esta Ley ha sido objeto de varias modificaciones.

Jurisprudencia. La STC 185/90 confirmó la constitucionalidad del artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; sobre el mismo precepto, véase STC 245/91 y los votos particulares a la misma. La STC 56/90 declara inconstitucional el artículo 37.4 y confirma la constitucionalidad de otros varios interpretados conforme señala la misma. La STC 114/94 declara la constitucionalidad del artículo 74.1.A). STC 254/94 ff. 2 y ss.: reserva de ley orgánica, constitución y composición de los Tribunales de Justicia. STC 113/95: independencia de Jueces y Tribunales militares.

[244] Legislación. Véanse los artículos 24, 125 y 136.3 de la Constitución Española. Artículos 12 a 16 y títulos II y III del libro IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículos 446 a 449 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 108/86, ff. 6 y ss.: significado de la independencia del poder judicial. STC 156/89, f. 2: responsabilidad penal. STC 85/90, f. 3: responsabilidad disciplinaria. STC 204/94, concepto de inamovilidad de Jueces y Magistrados.

[245] Legislación. Véanse los artículos 12 a 15 y título II del libro IV (arts. 378 a 404) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

[246] Jurisprudencia. STC 137/95, f. 3: principio de exclusividad.

[247] Legislación. Véase el artículos 2.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Jurisprudencia. STC 23/88, f. 2: potestad jurisdiccional excedida.

[248] Legislación. Véase la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, y la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Jurisprudencia. STC 113/95: independencia de Jueces y Tribunales militares. ATC 68/96 de 25 de marzo: peculiaridades de la jurisdicción militar.

[249] Legislación. Véanse los artículos 106.1 de la Constitución Española y 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Jurisprudencia. STC 131/87, f. 4: violación de derechos fundamentales en el proceso de ejecución. ATC 183/87, de 26 de octubre: inejecución por interés público. STC 149/89, ff. 2 y ss.: contenido del derecho de ejecución.

[250] Legislación. Véanse los artículos 24.1 y 31.1 de la Constitución Española. Véanse el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley 25/1986, de 24 de diciembre; Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.

Téngase en cuenta el Acuerdo de 18 de junio de 1996, del Tribunal Constitucional, sobre asistencia jurídica gratuita en los procesos de amparo constitucional.

Jurisprudencia. STC 16/94: gratuidad plena y parcial y núcleo indisponible. ATC 65/96, de 22 de marzo: normativa aplicable. STC 204/97, incompetencia del Tribunal Constitucional para conocer de la impugnación de su denegación.

[251] Legislación. Véanse los artículos 186, 205.6, 229 y 232 a 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 138 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículos 680 a 682 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Jurisprudencia. STC 96/87, ff. 2 y 3: carácter, finalidad y límites de la publicidad en el proceso. STC 36/91, f. 6: restricción de la publicidad en los procesos de menores. STC 65/92, f. 2: restricción de la publicidad del proceso por motivos de orden público.

[252] Legislación. Véase el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El libro III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula el juicio oral (arts. 649 a 749).

Jurisprudencia. STC 137/88, ff. 2 y 3 y VP: declaraciones sumariales en juicio oral. STC 186/90, f. 4: procedimiento penal abreviado.

[253] Legislación. Véanse los artículos 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 142 y 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Jurisprudencia. STC 1/91, f. 3: necesidad de la motivación pero no de la corrección de la Sentencia. STC 13/96, f. único: falta de motivación. STC 23/96, f. 2: Inmodificabilidad de las Sentencias. STC 24/96, f. 2: motivación por remisión. STC 46/96, ff. 3 y 4: alcance de la motivación. STC 71/96, f. único: deber judicial. STC 224/97, ff. 2 y 3: no excluye la economía de la argumentación. STC 231/97: alcance de la exigencia y sentencia motivada genéricamente.

[254] Legislación. Véanse los artículos 106.2 de la Constitución Española, y artículos 292 a 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sobre la responsabilidad directa de Jueces y Magistrados, véase el título III del libro IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 405 y ss.).

Jurisprudencia. STC 85/90, ff. 3 y 4: responsabilidad del Estado por el anormal funcionamiento de la justicia e indemnización. STC 114/92, f. 5: el derecho reconocido en el artículo 121 no es susceptible de amparo; su quebranto no vulnera la tutela judicial. STC 203/94, f. 3 y V.P.I.: aplicación de norma derogada. STC 61/96, f. 3: apreciación indebida de caducidad de la acción. STC 9/97, f. 4: los errores judiciales no pueden producir efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano. STC 127/97, f. 2: apreciación errónea de requisitos procesales. ATC 182/97: irrelevancia constitucional. STC 124/97, f. 3: no apreciación de Auto aclaratorio de la Sentencia recurrida.

[255] Legislación. Véase nota a la rúbrica de este título. Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Téngase en cuenta que la citada Ley ha sido objeto de numerosas modificaciones.

Jurisprudencia. STC 62/90: inconstitucionalidad del artículo 8.2 de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial. ATC 293/89, de 5 de junio: los Acuerdos del Consejo General del Poder Judicial no son recurribles en amparo.

[256] Legislación. Véanse los artículos 204 a 206 del Reglamento del Congreso y 187 del Reglamento del Senado.

Jurisprudencia. STC 108/86, f. 7: funciones del Consejo General del Poder Judicial: ATC 1038/87, de 23 de septiembre: provisión de cargos judiciales. ATC 1239/87, de 10 de noviembre: procedimiento de selección de Magistrados. ATC 267/97: Consejo General del Poder Judicial: competencias en materia disciplinaria.

[257] Legislación. La Ley Orgánica del Poder Judicial dedica el título II de su libro II (arts. 107 y ss.) al Consejo General del Poder Judicial. Véanse previamente los artículos 104.2 y 105. El Reglamento de Organización y Funcionamiento por el que se rige, fue adoptado por Acuerdo de 22 de abril de 1986, y modificado posteriormente por Acuerdos de 28 de enero de 1987, de 2 de diciembre de 1998 y de 25 de febrero de 2010.

Jurisprudencia. STC 108/86, ff. 5 y ss.: designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

[258] Legislación. Véase el título IX de la Constitución Española, en particular, artículos 161.1. a), 163 y 164.

Véanse los artículos 53 a 61 y 342 a 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, incorpora al Tribunal Supremo la Sala de lo Militar. Ténganse presentes, además, las diversas normas internacionales que España ha ratificado o a las que se ha adherido y que conllevan la actuación de órganos jurisdiccionales propios de las mismas, en particular, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Tribunal Europeo de Derechos Humanos –véase inciso de la nota al artículo 53.2 de la Constitución Española–) y el Tratado de la Comunidad Económica Europea (Tribunal de Justicia de las Comunidades).

Jurisprudencia. STC 144/88, ff. 1 y 3: recurso de amparo, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional: homogeneidad en la interpretación e independencia judicial.

[259] Legislación. Véase el artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

[260] Legislación. Véanse los artículos 126, 127 y 162.1. b) de la Constitución Española. Respecto a los procesos constitucionales en que puede ser parte, véase la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Jurisprudencia. ATC 93/83, de 9 de marzo: unidad y dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal. ATC 965/87, de 28 de julio: decisiones del Ministerio Fiscal sobre procesos no susceptibles de amparo.

[261] Legislación. Véanse los artículos 6, 7, 8, 22 a 28 y 55 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

[262] Legislación. Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

[263] Legislación. Véanse los artículos 29 a 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Jurisprudencia. STC 56/94, ff. 3 y ss.: deberes constitucionales del Fiscal General del Estado.

[264] Legislación. Véanse los artículos 23.1 y 117.1 de la Constitución Española; 19, 20.3, 406 y 410.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Véase la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, modificada por Leyes Orgánicas 8/1995, de 16 de noviembre, 10/1995, de 23 de noviembre y 38/2002, de 24 de octubre.

Jurisprudencia. STC 40/94, f. 2: la acción popular está incluida en el derecho a la tutela judicial efectiva. STC 50/98: condiciones para el ejercicio de la acción popular.

[265] Legislación. Véanse los artículos 443 a 446 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 29 a 36 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, modificado por Real Decreto 54/2002, de 18 de enero. Artículo 4.4 e inciso final del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Artículos 282 a 298 y 492 a 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

[266] Legislación. Véanse los artículos 70.1. d) y 136.3 de la Constitución Española. Artículos 389, 397 y 401 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículos 54 y 57 a 59 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Acerca de las incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de Justicia, véase la nota al artículo 103.3.

[267] Legislación. Véanse los artículos 9.2, 31, 33, 40.1 y 138 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 64/82, f. 6: interés general y medio ambiente.

[268] Legislación. Véase el artículo 38 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 111/83, f. 10: inexistencia de reserva de ley en sentido formal. STC 127/94, f. 6: distinción entre servicios esenciales y recursos naturales y económicos.

[269] Legislación. Véanse los artículos 9.2, 41, 43 y 105 .a) de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 39/86, f. 4: las comisiones sindicales no constituyen forma de participación en el sentido de este precepto constitucional.

[270] Legislación. Véanse las siguientes disposiciones: Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas; Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas que deroga en todo, salvo en el capítulo III de su Título I, a la anterior; Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales; Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, y Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Téngase en cuenta que todas estas disposiciones han sido objeto de modificaciones.

Jurisprudencia. STC 98/85, f. 3: los órganos de representación laboral traen su causa en este precepto, no del artículo 28.1 de la Constitución. STC 72/83: competencia exclusiva sobre cooperativas. STC 155/93: declara inconstitucional la disposición final segunda de la Ley 13/1989, de Cooperativas de Crédito.

[271] Legislación. Véanse los artículos 131.1, 148.1.7.ª y 14.ª y 149.1.23.ª de la Constitución Española. Ley 34/1979, de 16 de noviembre, sobre fincas manifiestamente mejorables. Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos. Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, y el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias. Véase el Real Decreto 1520/1982, de 18 de junio, sobre ordenación y regulación de la artesanía. Véase, asimismo, la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias y su Reglamento de aplicación aprobado por Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo.

Consúltense, además, las diversas normas autonómicas sobre estas materias.

Jurisprudencia. STC 238/1992: declara inconstitucional el inciso que se indica del artículo 6.2 de la Ley 34/1979, sobre fincas manifiestamente mejorables. Véase jurisprudencia citada en el artículo 148.1.7.ª

[272] Legislación. Véase el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española. Ley 25/1982, de 30 de junio, de Agricultura de Montaña.

Jurisprudencia. STC 144/85: competencia sobre agricultura de montaña [constitucionalidad del artículo 5. a) de la Ley 25/1982]. STC 45/91, ff. 3 y 4: agricultura de montaña y planificación económica estatal.

[273] Legislación. Véanse los artículos 2, 31.2, 40.1, 128.1, 130, 138. 149.1.13.ª y 158.2 de la Constitución Española. Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.

Jurisprudencia. STC 145/89, f. 1: ámbito general (no sectorial) de la planificación del artículo 131. STC 188/89, ff. 2 y 4: bases e intervención estatal en la planificación. STC 36/94, f. 3: distinción entre titularidad y ejercicio de las competencias.

[274] Legislación. Véase el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española. Ley 21/1991, de 17 de junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social. Por Acuerdo del Pleno de 25 de febrero de 1993, publicado por Resolución de 31 de marzo de 1993, se aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento interno del mismo, modificándose por Resoluciones de 20 de enero de 1994, 24 de octubre de 1994 y 26 de junio de 1995.

[275] Legislación. Véanse los artículos 33 y 128.2 de la Constitución Española y 74 a 87 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Jurisprudencia. STC 4/81, f. 14: naturaleza de los bienes comunales. STC 85/84: enajenación por la Comunidades Autónomas de bienes transferidos por el Estado.

[276] Legislación. Véanse los artículos 148.1.6.ª y 149.1.20.ª de la Constitución Española. Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre mar territorial. Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre zona económica, y Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, cuyo título III ha sido complementado por Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre. Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

Jurisprudencia. STC 227/88, sobre la Ley de Aguas. STC 103/89, sobre la Ley de Cultivos Marinos. SSTC 149/91, y 198/91, sobre la Ley de Costas y sobre su Reglamento general de desarrollo y ejecución, respectivamente.

[277] Legislación. Véase el artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.

Jurisprudencia. STC 4/81, f. 15: defensa del Patrimonio del Estado. STC 58/82, f. 1: carácter de reserva de ley de precepto (interdicción al Gobierno).

[278] Legislación. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Jurisprudencia. STC 19/1987, ff. 4 y 5: alcance de la reserva de ley en materia tributaria. STC 126/87, ff. 6 y ss.: normas tributarias retroactivas y seguridad jurídica. STC 185/95, ff. 2 y 3: la expresión «tributos» del artículo 133.1 de la Constitución Española y la más genérica de «prestaciones patrimoniales de carácter público» no son sinónimos. La coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de prestación patrimonial de carácter público.

[279] Legislación. Véanse los artículos 6 a 9 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (art. 106). Artículos 15 y ss. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Jurisprudencia. STC 19/87: potestad tributaria de los municipios. STC 49/95, f. 4: potestad tributaria de las Comunidades Autónomas y articulación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. STC 166/98: declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso indicado del artículo 154.2 de la Ley 39/1988.

[280] Legislación. Véase el artículo 31.3 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en el artículo 31.

[281] Legislación. Véanse los artículos 31.2, 65.1, 66.2, 72.1, 87.3, 88, 90 y 135.2 de la Constitución Española. Artículos 133 a 135 del Reglamento del Congreso, 148 a 151 del Reglamento del Senado y 26 y ss. de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

[282] Jurisprudencia. STC 76/92, f. 4.a): compendio de la jurisprudencia constitucional sobre leyes de Presupuestos. STC 133/92, f. 5: doctrina constitucional sobre política presupuestaria y subvenciones en materias de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. STC 195/94, ff. 2 y 3: límites materiales. STC 16/96, f. 5: contenido indisponible.

[283] Legislación. El artículo 38.2 de la Ley General Presupuestaria establece: «2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.»

[284] Jurisprudencia. STC 65/87, f. 5: oposición del Gobierno a enmiendas presentadas.

[285] Jurisprudencia. STC 27/81, ff. 2 y 3: sustantividad de las leyes que crean tributos.

[286] Legislación. Véanse los artículos 59 a 73 y 101 a 106 de la Ley General Presupuestaria.

Jurisprudencia. STC 11/84: titularidad de la Deuda Pública.

[287] Legislación. Véanse los artículos 140 y ss. de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Jurisprudencia. STC 76/83, f. 25: secciones territoriales del Tribunal de Cuentas. STC 187/88: función fiscalizadora y de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. STC 214/89, f. 28: fiscalización de las cuentas de las Entidades Locales por el Tribunal de Cuentas. STC 18/91: Consejo de Cuentas de Galicia.

[288] Legislación. Véase el artículo 153. d) de la Constitución Española y nota al mismo. Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Jurisprudencia. ATC 982/86, de 19 de noviembre: control financiero sobre el gasto público.

[289] Legislación. Véanse los artículos 2, 140, 141, 143.1 y disposición derogatoria 1.ª de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 37/81, f. 1: concepto de «intereses respectivos». STC 42/81, f. 2: intereses propios de las Comunidades Autónomas.

[290] Legislación. Véanse los artículos 31.2, 40.1, 130.1 y 158.2 de la Constitución Española. Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales; su Reglamento fue aprobado por Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.

Jurisprudencia. STC 146/92: sobre determinados preceptos de la Ley 50/1985, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios territoriales. Véase jurisprudencia citada en el artículo 2.

[291] Legislación. Véanse los artículos 9.2, 14, 40, 139.1 y 149.1.1.ª de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 1/82, ff. 1 y 5: desigualdad en el ámbito económico. AATC 1266/88, de 22 de noviembre, y 246/89, de 9 de mayo: desigualdad en materia de agricultura (mantenimiento de las suspensiones). STC 186/93, f. 3: principio de igualdad y Comunidades Autónomas.

[292] Legislación. Véanse los artículos 1.1, 9.2, 14, 138.2 y 149.1.1.ª de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 37/87, f. 10: distinta posición jurídica de los ciudadanos, consecuencia de la misma autonomía. STC 46/91: constitucionalidad de la cooficialidad de las lenguas: STC 186/93, f. 3: principio de igualdad y Comunidades Autónomas.

[293] Legislación. Véase el artículo 19 de la Constitución Española. Véase el artículo 4 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

Jurisprudencia. STC 64/90, ff. 3 y ss.: incidencia de las leyes autonómicas en el principio de unidad de mercado. STC 66/91, f. 2: doctrina constitucional sobre la libre circulación de bienes. Véase jurisprudencia citada en el artículo 19.

[294] Legislación. Véanse la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Téngase en cuenta que ambas disposiciones han sido objeto de varias modificaciones. Además, véase, también, la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por la que se introduce el llamado conflicto en defensa de la autonomía local.

Jurisprudencia. STC 214/89, sobre la Ley de Bases de Régimen Local. STC 385/1993, sobre el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

[295] Legislación. Véanse los artículos 23, 137, 141.2, 143, 148.1.2.ª, 149.1.18.ª, 151 y 152.3 de la Constitución Española; título III de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (arts. 176 a 209).

El artículo 179.1 se ha desarrollado por Real Decreto 282/1991, de 8 de marzo, por el que se dictan normas sobre determinación del número de Concejales y Vocales a elegir por las Corporaciones Locales. Artículo 29 de la Ley de Bases de Régimen Local, sobre régimen especial de concejo abierto.

Jurisprudencia. STC 32/81, f. 4: concepto y ámbito de la autonomía local. STC 84/82, ff. 4 y 5: régimen jurídico, legislación básica, carácter de garantía institucional y competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre la autonomía local. STC 18/91, f. 5: la fiscalización financiera de las Comunidades Autónomas sobre las Corporaciones locales no vulnera la autonomía local. STC 148/91, ff. 3, 4 y 7: inadmisibilidad de controles de legalidad administrativos ni de oportunidad sobre la Administración local y significado de la autonomía municipal, respectivamente. STC 185/93, f. 5: requisitos para la proclamación como candidato y posterior elección del Alcalde.

[296] Legislación. Véanse los artículos 137, 143, 144, 146, 148.1.2.ª, 151, disposición adicional 1.ª y disposición transitoria 4.ª de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, especialmente su título III. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, especialmente su título III.

Jurisprudencia. STC 84/82, f. 4: naturaleza de la provincia. STC 38/83, ff. 5 y 6: garantía institucional de la provincia.

[297] Jurisprudencia. STC 76/83, f. 17: relación de las provincias con las Comunidades Autónomas y competencias. STC 24/89: doctrina constitucional electoral aplicable a diputados provinciales.

[298] Jurisprudencia. STC 179/85, f. 2: competencia de creación de agrupaciones de municipios. STC 214/89, ff. 13 y 14: creación y régimen jurídico de las mancomunidades provinciales.

[299] Legislación. Véanse los artículos 130.1, 133.2 y 158.2 de la Constitución Española y título VIII de la Ley de Bases de Régimen Local. Véase el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Jurisprudencia. STC 179/85: doctrina constitucional general sobre las Haciendas Locales. STC 96/90, f. 7: suficiencia financiera de los Entes Locales. STC 331/93, ff. 2 y 3: reparto de la participación de los Entes Locales en los ingresos estatales. STC 166/98: declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso indicado del artículo 154.2 de la Ley 39/1988.

[300] Legislación. Las Leyes Orgánicas de aprobación de los Estatutos de Autonomía se relacionan a continuación:

– Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

– Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

– Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia, modificada por Ley 18/2002, de 1 de julio.

– Ley Orgánica 2/2007, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía, modificada por Ley 19/2002, de 1 de julio.

– Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, modificada por Leyes Orgánicas 1/1994, de 24 de marzo, 1/1999, de 5 de enero, y por Ley 20/2002, de 1 de julio.

– Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, modificada por Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre y por Ley 21/2002, de 1 de julio.

– Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja, modificada por Leyes Orgánicas 3/1994, de 24 de marzo y 2/1999, de 7 de enero y por Ley 22/2002, de 1 de julio.

– Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, modificada por Leyes Orgánicas 4/1994, de 24 de marzo, 1/1998, de 15 de junio y Ley 23/2002, de 1 de julio.

– Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

– Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

– Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, modificada por Leyes Orgánicas 7/1994, de 24 de marzo, 3/1997, de 3 de julio, y Ley 26/2002, de 1 de julio.

– Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, modificada por Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, y Ley 27/2002, de 1 de julio.

– Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, modificada por Ley Orgánica 1/2001, de 26 de marzo.

– Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura, modificada por Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo, y por Ley 28/2002, de 1 de julio.

– Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de las Illes Balears.

– Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, modificada por Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, 5/1998, de 7 de julio, y Ley 30/2002, de 1 de julio.

– Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

[301] Legislación. Véanse los artículos 2, 137, 144, 146, 151.1, disposición adicional 1.ª y disposiciones transitorias 1.ª a 7.ª de la Constitución Española.

[302] Jurisprudencia. STC 89/84, f. 5: iniciativa autonómica de las Corporaciones locales e indisponibilidad del proceso una vez iniciado.

[303] Jurisprudencia. STC 100/84, f. 1: el plazo que determina este precepto no afecta a las Cortes Generales.

[304] Legislación. Véanse los artículos 2, 137, 143, 151, disposición adicional 1.ª, disposiciones transitorias 4.ª y 5.ª a). En virtud del artículo 144. a) las Cortes Generales autorizaron la constitución de la Comunidad Autónoma de Madrid por Ley Orgánica 6/1982, de 7 de julio.

[305] Legislación. En relación con este precepto véanse la disposición transitoria 5.ª de la Constitución Española y Leyes Orgánicas 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, y 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

[306] Legislación. En virtud de este precepto se sustituyó la iniciativa autonómica de la provincia de Segovia en el proceso de acceso a la autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por Ley Orgánica 5/1983, de 1 de marzo.

Jurisprudencia. STC 89/84, f. 4: la sustitución ha de llevarse a cabo por Ley Orgánica particular, no por la que aprueba el Estatuto de Autonomía. STC 100/84: integración de Segovia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

[307] Legislación. Véase el artículo 138.1 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 44/86: naturaleza, regulación y requisitos de los convenios entre Comunidades Autónomas.

[308] Legislación. Véanse los artículos 74.2 de la Constitución Española y 166 del Reglamento del Congreso y 137 a 139 del Reglamento del Senado.

[309] Legislación. Véanse los artículos 143, 144, 147, 148, 149, 151 y disposiciones transitorias 1.ª, 3.ª, 6.ª y 7.ª de la Constitución Española. Artículos 136 del Reglamento del Congreso y 143 del Reglamento del Senado. Artículo 17.2 a) de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[310] Legislación. Véanse los artículos 2, 81, 145.2 y 152 de la Constitución Española y 27.2. a) y 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Jurisprudencia. STC 99/86, ff. 1, 4, 6 y VP: aprobación de los Estatutos por Ley Orgánica; integran el bloque de constitucionalidad; interpretación conforme a la Constitución y a los demás Estatutos.

[311] Legislación. Véanse los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 99/86, f. 6: consecuencia de la reserva de Estatuto.

[312] Jurisprudencia. STC 99/86: delimitación del territorio de la Comunidad Autónoma.

[313] Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en el artículo 152.1.

[314] Jurisprudencia. STC 18/82, f. 1: los Estatutos son normas atributivas de competencias. STC 56/90, ff. 3 y ss.: asunción de competencias mediante técnica de cláusulas subrogatorias en los Estatutos de Autonomía.

[315] Legislación. Véase el artículo 145 del Reglamento del Congreso.

Jurisprudencia. STC 36/81, f. 4: leyes autonómicas y modificación del Estatuto de Autonomía

[316] Legislación. Véanse los artículos 2, 137, 147.2. d), 149 y 150 de la Constitución Española. Consúltense los diferentes ordenamientos autonómicos sobre cada una de las competencias que especifica este artículo (las notas que a continuación se insertan corresponden, en general, a normas estatales que regulan el ámbito de que se trata y que, en consecuencia, afectan o pueden afectar al orden competencial autonómico).

Jurisprudencia. STC 69/88, ff. 4 y 5: sobre los artículos 148 y 149 en general. STC 167/93, f. 2: carácter indisponible de las competencias atribuidas al Estado y a las Comunidades Autónomas por la Constitución. STC 329/94, f. 6: títulos competenciales de los Decretos de transferencia.

[317] Legislación. Véase el artículo 152.1 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 35/82, f. 2: órganos de autogobierno y otros órganos de libre creación autonómica.

[318] Legislación. Véanse los artículos 13, 22.2. b), 47.2. a), de la Ley de Bases de Régimen Local y 3 a 11 del Real Decreto Legislativo 781/1986, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en el artículo 143.1.

[319] Jurisprudencia. STC 152/88, sobre vivienda. STC 36/94: contenido del título competencial ordenación del territorio.

[320] Legislación. Véase el artículo 149.1.21.ª y nota al mismo.

Jurisprudencia. 53/84, f. 1: competencias exclusivas y de ejecución en esta materia.

[321] Legislación. Véanse los artículos 132.2 y 149.1.20.ª y notas a los mismos.

[322] Legislación. Véase nota al artículo 130 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 37/87, sobre la reforma agraria andaluza. STC 29/94, ff. 3 y ss.: orden de competencias en distribución de ayudas comunitarias. STC 112/95, f. 2: denominaciones de origen. STC 67/96, f. 3: competencias en materia de aditivos destinados a la alimentación de animales.

[323] Legislación. Véanse notas a los artículos 130.2 y 149.1.23.ª de la Constitución Española.

[324] Legislación. Véanse los artículos 45 y 149.1.23.ª de la Constitución Española. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Jurisprudencia. STC 102/95: declara la nulidad de la disposición adicional 5.ª de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en cuanto considera básicos sus artículos 21.3 y 4, 22.1 en la medida en que atribuye exclusivamente al Estado la gestión de los Parques Nacionales; y 35.1 y 2. STC 329/93: sobre reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente en general.

[325] Legislación. Véanse los artículos 45 y 149.1.22.ª de la Constitución Española y disposiciones adicionales 2.ª, 5.ª y 9.ª del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Jurisprudencia. STC 227/88: declara respectivamente la inconstitucionalidad y la aplicación supletoria en las Comunidades Autónomas de determinados artículos de la Ley 29/1985, de 2 de agosto. STC 74/92: centrales hidroeléctricas.

[326] Legislación. Véase el artículo 149.1.19.ª de la Constitución Española. La Ley que regula el fomento y conservación de la pesca fluvial es de 20 de febrero de 1942. La Ley de Caza es la 1/1970, de 4 de abril. Ténganse en cuenta las respectivas disposiciones de las Comunidades Autónomas en estas materias.

Jurisprudencia. STC 44/92: sobre la Ley del Parlamento de Cataluña de Pesca Marítima. STC 53/94 sobre la Ley de 20 de febrero de 1942, de la pesca fluvial.

[327] Jurisprudencia. STC 13/88: distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de ferias interiores.

[328] Legislación. Véase el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, determina en su disposición final los artículos de la misma que tienen el carácter de condiciones básicas y de bases.

Jurisprudencia. STC 91/84, ff. 3 y ss.: ordenación del crédito. STC 96/84: crédito, banca y seguros. STC 145/89, ff. 2 y ss.: planificación económica. STC 16/96, f. 2 ,E): ámbito material del título industria.

Véase jurisprudencia citada en el artículo 149.1.13.ª

[329] Legislación. Véase nota al artículo 130 de la Constitución Española.

[330] Legislación. Véase el artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 103/88, f. 2: archivos.

[331] Legislación. Véase el artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española. Véanse los numerosos Reales Decretos de transferencias a las Comunidades Autónomas en este ámbito.

Jurisprudencia. Véanse SSTC 58/82, f. 1 y 85/84, f. 3.

[332] Legislación. Véanse los artículos 3.2 y 3, 44.1, 149.1.15.ª y 149.2 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en el artículo 149.1.15.ª STC 106/87, ff. 2 y 3: fomento de la cultura. STC 153/89: espectáculos y cinematografía.

Sobre enseñanza de la lengua véase jurisprudencia citada en el artículo 3.2.

[333] Jurisprudencia. STC 125/84: la competencia sobre distintivos hoteleros entra en el ámbito de esta competencia autonómica.

[334] Legislación. Véase el artículo 13.3 de la Constitución Española. Véanse los respectivos preceptos de los diversos Estatutos de las Comunidades Autónomas, los Reales Decretos de transferencias de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a las Comunidades Autónomas en materia de Cultura y las normas correspondientes de cada uno de los ordenamientos jurídicos de las mismas. Véanse, asimismo, las diferentes Leyes del Deporte de las diversas Comunidades Autónomas.

[335] Legislación. Véase el artículo 41 de la Constitución Española y nota al mismo.

Jurisprudencia. STC 76/86, f. 6: noción de asistencia social.

[336] Legislación. Véanse los artículos 43 y 149.1.16.ª de la Constitución Española y 2 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, que determina el carácter básico de casi todos los artículos de la Ley a los efectos del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 111/86: sanidad de los alimentos. STC 62/91, ff. 2 y ss.: defensa del consumidor. STC 16/96, f. 2, I): orden de competencias. STC 67/96, f. 3: registros sanitarios.

[337] Legislación. Véase el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española. Véase el título III (arts. 37 y ss.) de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Jurisprudencia. STC 113/90, ff. 3 y ss.: protección civil y coordinación de seguridad. STC 25/93, f. 1: creación de policías locales de ámbito superior al municipal.

[338] Legislación. Véanse los artículos 151.1 y disposición transitoria 2.ª de la Constitución Española.

[339] Legislación. Véanse los artículos 2, 137, 147. 2. d), 148 y 150 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 35/82, f. 2: significación del artículo 149.1. STC 100/91, f. 2: conceptos de legislación y ejecución. SSTC 147/91, f. 4, B), y 149/91, f. 1, D): contenido y rango de las normas básicas. STC 167/93, f. 2: carácter indisponible de las competencias atribuidas al Estado.

[340] Legislación. Véanse los artículos 1.1, 9.2, 14, 31.1, 138.2 y 139.1 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. SSTC 152/88, f. 2 y 154/88: condiciones básicas del ejercicio de los derechos. STC 150/90, f. 7: las condiciones básicas de igualdad no exigen un tratamiento jurídico uniforme de derechos y deberes de los ciudadanos en todo el territorio del Estado.

[341] Legislación. Véase la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Véase, asimismo, el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en nota al artículo 13.

[342] Jurisprudencia. Véanse SSTC 44/82, f. 4, y 137/89, ff. 3 y ss.: STC 154/85, f. 5: creación y habilitación en el extranjero de centros de educación a distancia. STC 79/92, f. 1: ejecución de tratados internacionales y competencias de las Comunidades Autónomas.

[343] Legislación. Véase el artículo 8 y nota al mismo.

Jurisprudencia. STC 123/88, f. 5: exclusividad de la competencia estatal de esta materia.

[344] Legislación. Véase la Ley Orgánica del Poder Judicial y la regulación de los Tribunales Superiores de Justicia en los Estatutos de Autonomía.

Jurisprudencia. STC 62/90, ff. 4 y 5: concepto de administración de justicia. STC 62/91, f. 5: competencia en materia de arbitraje.

[345] Legislación. Véase el Código de Comercio; Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

Jurisprudencia. STC 104/88: legislación penitenciaria. STC 142/88, ff. 6 y 7: legislación penal. STC 159/91, f. 3: materia procesal. STC 206/97, f. 7: legislación mercantil.

[346] Legislación. Véase el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Jurisprudencia. STC 86/91, extensión de convenios colectivos como competencia de las Comunidades Autónomas. STC 185/91, f. 4: potestad sancionadora por las Comunidades Autónomas.

[347] Legislación. Véanse la disposición adicional 2.ª de la Constitución Española y los artículos 13 a 16 del Código Civil.

Jurisprudencia. STC 76/86, f. 4: orden de sucesión de los ordenamientos jurídicos. STC 82/86: aplicación e interpretación de normas. STC 121/92, f. 1: ámbito de las normas civiles regionales. STC 156/93: vecindad civil e instrumentos públicos.

[348] Legislación. Véase el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; Real Decreto 2245/1986, de 10 octubre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la misma; Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. Artículos 270 a 277 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 211/90, f. 2: distinción entre propiedad industrial y denominación de origen por la «apropiabilidad» de sus respectivos objetos. STC 196/97: declara la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 3 del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 1/1996.

[349] Jurisprudencia. STC 125/84, f. 1: comercio exterior y promoción de la actividad turística. STC 100/91, f. 5: interpretación del concepto de comercio exterior.

[350] Legislación. Véase la Ley 31/1985, de 2 de agosto, reguladora de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros; Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las Entidades de Crédito, y Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. Véase la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Véase, por último, la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Jurisprudencia. STC 49/1988: declara la inconstitucionalidad de determinadas disposiciones de la Ley 31/1985, de 2 de agosto. STC 96/1996: sobre la Ley 26/1988. STC 160/1996: inconstitucionalidad del artículo 7.1 de la Ley 40/1979.

[351] Legislación. Véase la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el Control Metrológico CEE.Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida.

Téngase en cuenta el Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de medida de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades.

Jurisprudencia. STC 100/91, f. 2: competencias de ejecución en metrología y actividad de control y ejercicio de la potestad sancionadora.

[352] Legislación. Véase el artículo 131 de la Constitución Española. Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Jurisprudencia. STC 186/88, ff. 2, 6 y 7: ordenación general de la economía. STC 188/89: bases de la planificación económica. STC 45/91, ff. 3 y 4: planificación y facultades estatales de coordinación. STC 76/91, f. 4: principio de unidad económica y ámbito material de la planificación. STC 13/92, f. 8: actividad económica y potestad subvencional.

[353] Legislación. Véase el título IV de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Jurisprudencia. STC 164/94, f. 4: alcance del título competencial «Hacienda general». STC 49/1995, ff. 3 y 4: la Lotería Nacional es competencia del Estado comprendida en el título Hacienda General del artículo 149.1.14.

[354] Legislación. Véase el artículo 44.2 de la Constitución Española. Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

Jurisprudencia. STC 90/92, sobre la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica. SSTC 103/89, f. 10: acción de fomento y coordinación.

[355] Legislación. Véanse la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de Salud Pública.

Véase, asimismo, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Jurisprudencia. STC 71/82, f. 8: productos farmacéuticos. STC 329/94, f. 2: orden de competencias y distinción de los aspectos exterior e interior de la sanidad.

[356] Legislación. Por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Téngase en cuenta que esta Ley ha sido objeto de varias modificaciones.

Jurisprudencia. SSTC 46/85 y 124/89: régimen económico de la Seguridad Social.

[357] Legislación. Véanse los artículos 33.3, 103, 105, 106 y capítulo II del título VIII de la Constitución Española y sus correspondientes notas en lo que aquí interesa. Véase, además, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Jurisprudencia. STC 57/82, f. 4: competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre funcionarios. STC 56/83, f. 23: competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre procedimiento administrativo. STC 158/88: bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. STC 178/89, f. 6: bases del régimen de incompatibilidades de funcionarios. STC 149/91, f. 3: regulación general de la institución expropiatoria y el margen de actuación de las Comunidades Autónomas. Véase jurisprudencia citada en el artículo 103.3 sobre funcionarios de la Administración Pública.

[358] Jurisprudencia. STC 184/96, f. 3: contenido material propio y diferenciado de «pesca marítima y de ordenación del sector pesquero»: consecuencias para el ejercicio de las competencias.

[359] Legislación. Véanse los artículos 132.2 y 148.1.6.ª de la Constitución Española. Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general; Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y su Reglamento General de Desarrollo y Ejecución, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. Véase el Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, acerca de abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo. Téngase en cuenta que todas estas disposiciones han sufrido modificaciones.

Jurisprudencia. STC 233/97, f. 6: puertos de interés general. Véase jurisprudencia citada en el artículo 132.2.

[360] Legislación. Véase el artículo 148.1.5.ª de la Constitución Española. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras; Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario; Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

Jurisprudencia. STC 86/88, ff. 3 y ss.: transporte de viajeros y mercancías por carretera. STC 183/96, f. 2: contenido del concepto de tráfico y circulación de vehículos a motor. STC 174/95: declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del artículo 38.2 párrafo primero, de la Ley 16/1987, de ordenación de los transportes terrestres. STC 118/96: sobre Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio.

[361] Legislación. Véanse los artículos 132 y 148.1.10.ª de la Constitución Española; Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas; Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico; Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Jurisprudencia. STC 227/88 sobre la Ley de Aguas. STC 208/91; sobre medición y análisis de aguas superficiales. STC 67/92: sobre la energía eléctrica. Véase la jurisprudencia citada en el artículo 148.1.10.ª

[362] Legislación. Véanse los artículos 45, 130 y notas a los mismos de la Constitución Española. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Artículos 325 a 340 del Código Penal.

Jurisprudencia. STC 102/95: declara la nulidad de la disposición adicional 5.ª de la Ley 4/1989, en cuanto considera básicos sus artículos 21.3 y 4; 22.1, en la medida que se atribuye exclusivamente al Estado la gestión de los Parques Nacionales; y 35.1 y 2. STC 156/95, f. 4: legislación básica y medio ambiente. STC 16/96, f. 2, E): ámbito material del título.

[363] Legislación. Véanse los artículos 148.1.5.ª y 149.1.21.ª de la Constitución Española; Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

Jurisprudencia. STC 227/88, f. 20: exclusión del criterio territorial en la competencia sobre obras públicas de interés general.

[364] Legislación. Véase la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas; Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería; Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de Conservación de la Energía, derogada en cuanto se oponga por Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del sistema eléctrico nacional.

Jurisprudencia. STC 24/85: base de la política energética.

[365] Legislación. Véase el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas; Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. Artículos 6, 7, 23. a) y b), 24 y 28.1. a), de la Ley Orgánica 1/1992, de protección de la seguridad ciudadana.

[366] Legislación. Ténganse en cuenta las siguientes disposiciones:

– Ley 7/2010, de 31 de mayo, General de la Comunicación Audiovisual.

– Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.

– Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Jurisprudencia. STC 44/82, f. 3: legislación básica sobre radiodifusión. STC 153/85, f. 3: delimitación del concepto medios de comunicación social. STC 154/89, f. 7: radio y televisión. STC 191/90: prensa y medios de comunicación.

[367] Legislación. Véanse los artículos 46, 132 y 148.1.16.ª de la Constitución Española y sus respectivas notas. En particular véase la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Jurisprudencia. STC 103/88, f. 3: definición de patrimonio documental de la Comunidad Autónoma. STC 17/91, sobre la Ley del Patrimonio Histórico Español.

[368] Legislación. Véanse los artículos 104 y 148.1.22.ª de la Constitución Española y notas correspondientes.

Jurisprudencia. SSTC 33/82, f. 3, y 104/89.

[369] Legislación. Véase el artículo 27 de la Constitución Española y nota al mismo.

Jurisprudencia. STC 6/82, ff. 2 y ss.: poderes de inspección del Estado. STC 77/85, f. 5: competencias de las Comunidades Autónomas en materia de formación profesional. STC 123/88, f. 6: competencia sobre títulos académicos y profesionales. STC 130/97, f. 3: significado de «título». ATC 275/97: significado de «título oficial».

[370] Legislación. Véase la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

[371] Legislación. Véanse los artículos 62.2. c), 92 y notas al mismo y 151.2 de la Constitución Española.

[372] Legislación. Véanse los artículos 44.1 y 148.1.17.ª

Jurisprudencia. STC 49/84, f. 6: carácter concurrente de las competencias sobre cultura. Véase jurisprudencia citada en los artículos 148.1.17.ª y 149.1.28.ª

[373] Jurisprudencia. STC 79/92, f. 3: la cláusula de supletoriedad del artículo 149.1.3 no constituye una cláusula universal atributiva de competencias. STC 163/95, f. 4: cláusula de prevalencia.

[374] Legislación. Véanse los artículos 2, 138, 148 y 149 de la Constitución Española y 167 del Reglamento del Congreso y 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[375] Legislación. Véanse los artículos 168 del Reglamento del Congreso, 141 y 142 del Reglamento del Senado y 22.4 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico.

Jurisprudencia. STC 20/88: sobre la constitucionalidad del artículo 15.2 de la Ley del Proceso Autonómico.

[376] Legislación. Véase la disposición transitoria 2.ª de la Constitución Española y el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, reformada en este artículo por la Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre. Recuérdese la Ley Orgánica 13/1980, por la que se sustituyó la iniciativa autonómica de la provincia de Almería en el proceso de acceso a la autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

[377] Legislación. Véanse los artículos 137 a 144 del Reglamento del Congreso.

[378]Véase el artículo 9 de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum.

[379]Véanse los artículos 144 del Reglamento del Congreso y 143.2 del Reglamento del Senado.

[380]Véase el artículo 9 de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. Por este procedimiento fueron aprobados los Estatutos de Autonomía del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía.

[381] Legislación. Véase el artículo 144. c), de la Constitución Española y nota al mismo.

[382] Legislación. Véanse los artículos 2, 123.1, 147.2, disposición adicional 4.ª y nota a la misma y disposición transitoria 7.ª de la Constitución Española. Artículos 26, 30, 70 a 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Jurisprudencia. STC 38/82, f. 2: calidad de representante ordinario del Estado del Presidente de la Comunidad. STC 16/84, f. 6: sistema parlamentario de las Comunidades Autónomas. STC 62/90: competencias de las Comunidades Autónomas en materia de Administración de Justicia. STC 45/92: exigencia de representación proporcional.

[383] Legislación. Véanse los artículos 81, 147.3 y 149.3 de la Constitución Española y 145 del Reglamento del Congreso. Véanse los procedimientos de reforma dispuestos en los Estatutos de Autonomía del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía.

Jurisprudencia. Véase la jurisprudencia citada en el artículo 174.3.

[384] Legislación. Véanse, en este sentido, las diferentes figuras que disponen la mayoría de los Estatutos de Autonomía.

Jurisprudencia. Véase la jurisprudencia citada en el artículo 141.3.

[385] Jurisprudencia. STC 6/82, f. 7: El sistema de controles, en relación Estado-Comunidad, no se agota con los que enuncia la Constitución, sino que ha de ser completado con aquellos que pueden definir los Estatutos de Autonomía y las Leyes Orgánicas. STC 39/83, ff. 3 y 4: consideración de la facultad de Alta Inspección del Estado. STC 76/83, f. 12: contenido y alcance del control del Estado sobre las Comunidades Autónomas.

[386] Legislación. Véanse los artículos 148, 149, 161.1. a), de la Constitución Española y 2.1. a), y 26.2. b), de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[387] Legislación. Véanse los artículos 107 de la Constitución Española y 22.4 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.

[388] Legislación. Véanse los artículos 106 de la Constitución Española y 1.2. b), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

[389] Legislación. Véanse los artículos 136 de la Constitución Española y 1.2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Véase la regulación de los diferentes ordenamientos autonómicos en este ámbito.

[390] Jurisprudencia. STC 123/84, f. 8: enfatización de la función del Delegado del Gobierno como coordinador entre Administraciones.

[391] Jurisprudencia. STC 4/84, f. 10: interés general. SSTC 6/82 y 76/83: contenido y alcance de los controles del Estado sobre las Comunidades Autónomas.

[392] Legislación. Véanse los artículos 2, 131, 133, 138, 149.1.13.ª y 14.ª, 157 y 158 de la Constitución Española; capítulo 1.º (arts. 1 a 3) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Jurisprudencia. STC 179/87: autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y límites a la misma en la coordinación estatal. STC 183/88. f. 8: consecuencias del principio de autonomía financiera. STC 13/92, f. 4: doctrina del Tribunal Constitucional sobre el poder de gasto del Estado y su incidencia en las competencias exclusivas autonómicas. Véase jurisprudencia citada en el artículo 149.1.14.ª

[393] Legislación. Véase el artículo 19 de la LOFCA en la redacción dada por Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre.

[394] Legislación. Véanse los artículos 2, 138, 139 y 156 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en el artículo anterior. STC 14/89, f. 2: inadecuación del principio de financiación autonómica como título competencial. STC 150/90, f. 3: recursos económicos de las Comunidades Autónomas.

[395] Legislación. Véase la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas nrmas tributarias.

Jurisprudencia. STC 181/88: cesión de tributos estatales. STC 150/90: recargo sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. STC 68/96, ff. 4 y ss.: porcentaje de participación en los ingresos del Estado.

[396] Legislación. Véase la disposición adicional 3.ª de la Constitución Española.

Jurisprudencia. SSTC 37/87, f. 13, y 150/90.

[397] Legislación. Véase el artículo 158 de la Constitución Española y nota al mismo.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en el artículo 158.2. STC 85/84: posibilidad de enajenación de bienes por las Comunidades Autónomas transferidos por el Estado.

[398] Jurisprudencia. STC 11/84, f. 4: capacidad de las Comunidades Autónomas para emitir deuda pública. STC 96/90, ff. 9 y ss.: participación de las Comunidades Autónomas en créditos a inversiones.

[399] Legislación. Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas.

[400] Legislación. Véanse los artículos 131.2 y 156.1.

Jurisprudencia. Véase jurisprudencia citada en artículos 156 y 157. STC 47/96, f. 2: subvenciones presupuestarias de asignación territorial.

[401] Legislación. Véanse los artículos 2, 74.2 y 138 de la Constitución Española y artículo 140 del Reglamento del Senado. Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.

Jurisprudencia. STC 68/96: Fondo de Compensación Interterritorial y LOFCA; función y dotación del Fondo; coordinación Comunidades Autónomas y Estado.

[402] Legislación. Véase la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Jurisprudencia. STC 77/85: determina la constitucionalidad de la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad.

[403] Legislación. Véase el artículo 204 del Reglamento del Congreso, artículo 184 del Reglamento del Senado y artículo 127.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

[404] Legislación. El artículo 16.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional añade la prohibición de reelección para un período inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por período inferior a tres años.

[405] Legislación. Véase el artículo 70.1. a) de la Constitución Española, artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, complementariamente, artículos 389 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

[406] Legislación. Véase el artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[407] Legislación. Véanse los artículos 9 y 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado.

[408] Legislación. Véanse los artículos 162.1. a), 163 y 164 de la Constitución Española y artículos 27 a 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Jurisprudencia. STC 24/82, f. 3: dificultad de admitir la inconstitucionalidad por omisión. STC 77/85, f. 4: sentencias interpretativas. STC 116/87, f. 7 y VP: objeto de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. STC 163/95, f. 4: control de constitucionalidad de leyes autonómicas. STC 196/97, f. 7: alcance de la declaración de inconstitucionalidad.

[409] Legislación. Véanse los artículos 38 al 58 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional reseñada en nota al epígrafe del presente Título. Téngase en cuenta que cabe también el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo con los siguientes preceptos: artículo 6 de la Ley Orgánica, reguladora de la iniciativa legislativa popular, artículo 49.1.3 y 4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y artículo 20.1 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales.

Jurisprudencia. STC 9/82, f. 2: no procede tras sentencia absolutoria. STC 62/82, f. 3, e): no es una nueva instancia. STC 160/89, f. 2: objeto, requisitos y postulación del recurso de amparo. STC 31/94, f. 4: no es vía adecuada para la impugnación directa de las leyes. STC 9/95, f. 2: impugnabilidad de los reglamentos. STC 31/95, f. 4: motivos de inadmisibilidad examinados al conocer del fondo. STC 44/95, f. 2: contra actos o decisiones sin valor de ley. STC 47/95: carácter subsidiario del recurso de amparo. STC 114/95, f. 2: el recurso de amparo no es instrumento de corrección de errores en la interpretación o aplicación de preceptos constitucionales ni recurso de casación. STC 124/95, f. 4: recurso de amparo contra actos parlamentarios. ATC 315/95, de 20 de noviembre: comparecencia de terceros interesados. ATC 335/95, de 11 de diciembre: no tiene carácter cautelar. ATC 3/96, de 15 de enero: no procede contra sentencias del Tribunal Constitucional. STC 50/96, f. 1: no es instrumento de unificación de jurisprudencia. ATC 87/96, de 15 de abril: no es vía para el control de normas. STC 74/96, f. 4: legitimación y exigencia de lesión concreta de un derecho fundamental. ATC 56/96: competencia tasada del Tribunal Constitucional. STC 109/97, f. 1: ratificación por los herederos del recurrente difunto. STC 159/97, ff. 6 y 7: finalidad y naturaleza. STC 183/97, f. 3: acotación de su objeto. STC 201/97, f. 1: mixto. STC 235/97: legitimación y subsidiariedad.

[410] Legislación. Véanse los artículos 59 a 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Jurisprudencia. STC 25/81, f. 2: concepto de conflicto de competencia. STC 32/81, f. 1: diferencia recurso de inconstitucionalidad-conflicto de competencia. STC 94/85, f. 4: requisitos procesales del conflicto positivo. STC 182/88, f. 1: extensión del conflicto positivo a normas posteriores. STC 248/88, ff. 1 y 2: desaparición del objeto por derogación de norma. STC 208/89, ff. 1 y 2: requerimiento de incompetencia. STC 155/90, f. 4: función y finalidad. STC 156/90, ff. 1 y 2: requisitos y objeto del conflicto negativo de competencia. STC 17/91, f. 1: conflicto de competencias y recurso de inconstitucionalidad. STC 120/92, f. 5: precisión del objeto del conflicto de competencia. STC 43/96, f. 3: derogación de la norma atributiva de la competencia controvertida.

[411] Legislación. Téngase presente la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por la que se ha introducido dentro del título IV de esta última un nuevo capítulo, el IV, subtitulado «De los conflictos en defensa de la autonomía local», que abarcaría los artículos 75 bis a 75 quinquies.

[412] Legislación. Véanse los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Jurisprudencia. STC 54/82, f. 7: artículo 161.2 y recurso contencioso-administrativo. STC 44/86, f. 1: legitimación y ámbito de aplicación del artículo 161.2. STC 259/88: autonomía local, Comunidad Autónoma y artículo 161.2. ATC 434/90, de 11 de diciembre: rectificación de la suspensión acordada. ATC 439/90, de 18 de diciembre: ratificación de la suspensión. ATC 39/95, de 31 de enero: no suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas impugnadas por otra Comunidad Autónoma. AATC 11/96, de 16 de enero, y 29/96, de 30 de enero: levantamiento de la suspensión.

[413] Legislación. Véanse los artículos 53.1, 54 y 161.1. a) de la Constitución Española y artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Jurisprudencia. ATC 547/89, de 15 de noviembre: legitimación en caso de disolución de las Cámaras. STC 150/90, f. 1: legitimación en recursos de inconstitucionalidad. STC 28/91, f. 3: interpretación de la legitimación de la Comunidad Autónoma.

[414] Legislación. Véanse los artículos 53.2, 54, 124 y 161.1. b) de la Constitución Española y 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Jurisprudencia. STC 31/84, f. 7: legitimación de sindicatos. STC 85/87, ff. 1 y 2: legitimación en recurso de amparo electoral. STC 17/89, f. 5: legitimación ad causam y ad procesum. STC 58/90, f. 3: legitimación pasiva. STC 214/91, f. 3: distinción interés legitimo del interés directo y de la acción popular. STC 11/92, f. 2: imposibilidad de subsanar la falta de interposición de recursos de amparo por coadyuvante.

[415] Legislación. Sobre legitimación de los entes locales ante el Tribunal Constitucional, en el conflicto en defensa de la autonomía local, véase el artículo 75.ter.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Véase, también el artículo 19.1. e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para dicha legitimación ante los Tribunales ordinarios.

Jurisprudencia. STC 94/85, ff. 2 y 3: legitimación para interponer conflicto positivo de competencias.

[416] Legislación. Véanse los artículos 161.1. a) y 164 de la Constitución Española y 27 a 30 y 35 a 37 y núm. 2 del artículo 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Véase el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Jurisprudencia. STC 17/81, f. 1: finalidad y fundamento de la cuestión de inconstitucionalidad. STC 76/82, f. 1: cuestión de inconstitucionalidad sobre Autos. STC 151/83, f. 4: cuestión de inconstitucionalidad sobre actos de ejecución de decisiones judiciales. ATC 309/87, de 12 de marzo: legitimación. STC 145/88, ff. 2 y ss.: admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad. ATC 14/96, de 17 de enero: desaparición sobrevenida de su objeto. ATC 28/96, de 30 de enero: planteamiento de la cuestión sobre normas derogadas. STC 22/96, ff. 2 y 3: efectos en el tiempo de la declaración de inconstitucionalidad. STC 55/96, f. 2: examen previo de la cuestión en vía de recurso de inconstitucionalidad. ATC 74/96, de 25 de marzo: planteamiento por el órgano judicial. STC 73/96, f. 3: inconstitucionalidad por conexión. STC 126/97: finalidad, requisitos procesales, no puede ser utilizada para resolver dudas interpretativas.

[417] Legislación. Véanse los artículos 9.1, 161 y 163 de la Constitución Española. Sobre los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional en los diversos procedimientos, véanse los artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 38 al 40 (inconstitucionalidad), 53 al 57 (amparo), 66 (conflictos positivos de competencia), 72.3 (conflictos negativos), y 75 quinquies, 5 y 6 (conflictos en defensa de la autonomía local); y como disposiciones comunes, véanse los artículos 86, 87 y 90 a 93. Por su parte, la norma que regula la ordenación del «Diario Oficial» del Estado, el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, dispone en su artículo 7.2 que «Existirá asimismo un suplemento independiente en el que se publicarán las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional en los términos previstos en su ley orgánica» y, además, especifica en el artículo 24.1 que «Las disposiciones, resoluciones, sentencias y actos incluidos en la sección I y en el suplemento correspondiente al Tribunal Constitucional se publicarán en forma íntegra».

Jurisprudencia. ATC 668/85, de 8 de octubre: aclaración de las sentencias solicitada por las partes. STC 159/87: eficacia de cosa juzgada; ejecución. ATC 310/87, de 12 de marzo: eficacia erga omnes. STC 20/88, ff. 1 y 2: efectos de sentencias dictadas en procedimientos de inconstitucionalidad. STC 93/88, VP: eficacia de las sentencias dictadas en recurso de amparo. ATC 462/89, de 19 de septiembre: aclaración de las sentencias de oficio. STC 16/95, f. 2: invocables en el recurso para la unificación de doctrina. STC 16/96, f. 8: contenido del fallo. ATC 3/96, de 15 de enero: irrecurribilidad.

[418] Legislación. Véase nota al epígrafe de este título. Véase el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, adoptado en Acuerdo de 5 de julio de 1990.

[419] Legislación. El artículo 472.1 del Código Penal establece: «Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:

1.° Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución».

[420] Legislación. El artículo 146.1 del Reglamento del Congreso requiere dos Grupos parlamentarios o una quinta parte de los Diputados, y el artículo 152 del Reglamento del Senado requiere 50 Senadores no pertenecientes a un mismo Grupo parlamentario, para formalizar la iniciativa de reforma mediante Proposición de ley.

[421] Legislación. Véanse los artículos 79.1, 95, 166 y 168 de la Constitución Española, 146 del Reglamento del Congreso y 154 a 157 del Reglamento del Senado.

[422] Legislación. Véase el artículo 157 del Reglamento del Senado. El Reglamento del Congreso no regula el requerimiento del referéndum para la ratificación de la reforma a que se refiere este precepto constitucional. Véase el artículo 7 de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. Este procedimiento de reforma ha sido el utilizado para, de acuerdo con el artículo 95, reformar por primera, y de momento única vez, la Constitución en su artículo 13.2 (véase nota al mismo).

[423] Legislación. Véanse los artículos 79.1, 95, 166 y 167 de la Constitución Española; artículos 147 del Reglamento del Congreso y 158 y 159 del Reglamento del Senado, y artículo 7 de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum.

[424] Legislación. Véase el artículo 4 de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum.

[425] Legislación. Véanse los artículos 2, 81, 143, 144, 146 a 149, 151, 152, 156 a 158, disposiciones transitorias 2.ª y 4.ª y disposición derogatoria de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 16/84: naturaleza estatutaria de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. STC 123/84, f. 1: los derechos históricos no son título competencial. STC 76/88, sobre la Ley Vasca de Territorios Históricos. STC 11/84, ff. 3 y 4: Territorios Históricos y Comunidades Autónomas, STC 140/90: derechos históricos de Navarra.

[426] Legislación. Véase el artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española.

[427] Legislación. Véanse los artículos 31, 133, 138, 139, 141.4, 143, 149.1.14.ª, 156 y 157 de la Constitución Española.

Jurisprudencia. SSTC 35/84 y 18/86, sobre el régimen económico-fiscal canario y la necesidad de informe previo de la Comunidad Autónoma.

[428] Legislación. Véanse los artículos 122 y 152 y nota al mismo de la Constitución Española. Véanse los Acuerdos del Consejo General del Poder Judicial de 10 de mayo de 1989, por los que se dispone la constitución de los Tribunales Superiores de Justicia de las diecisiete Comunidades Autónomas.

[429] Jurisprudencia. STC 89/84, f. 3: necesidad de que las Diputaciones de que se trate estuvieran incorporadas al ente preautonómico correspondiente.

[430] Legislación. Véanse los Estatutos de Autonomía del País Vasco, Cataluña y Galicia.

[431] Legislación. Las primeras elecciones locales, una vez vigente la Constitución, tuvieron lugar el 3 de abril de 1979.

[432] Legislación. Véase la disposición adicional 1.ª de la Constitución Española.

Jurisprudencia. STC 94/85, f. 10: exclusión del emblema de Navarra del escudo vasco en tanto no tenga lugar el supuesto de hecho que se contempla en la norma.

[433] Legislación. Véase el artículo 144. b) de la Constitución Española y nota al mismo.

[434] Legislación. Véanse los artículos 151.2.2.ª de la Constitución Española y 138 del Reglamento del Congreso.

[435] Legislación. Véase la disposición final de la Constitución Española.

[436] Jurisprudencia. STC 77/82, f. 2: innecesariedad de declaración expresa de la derogación por la Administración o los Tribunales. STC 80/83, f. 1: efecto inmediato de la disposición derogatoria 3. STC 56/86, ff. 2 y ss.: interpretación constitucional de leyes preconstitucionales. STC 42/87, f. 3: principio de legalidad y normas sancionadoras preconstitucionales. STC 53/94, f. 2: ni la reserva de ley orgánica ni la de ley ordinaria resultan exigibles a las normas penales preconstitucionales.

[437] Legislación. La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» tuvo lugar el 29 de diciembre de 1978. Con anterioridad, el pueblo español la ratificó en referéndum el día 6 de diciembre –fecha que, por Real Decreto 2964/1983, de 30 de noviembre, es «Día de la Constitución»–, previa aprobación por el Congreso y el Senado en sendas sesiones plenarias del día 31 de octubre de 1978.

Jurisprudencia. STC 42/84, ff. 3 y 5: la Constitución no produce un efecto derogatorio retroactivo. STC 35/87, f. 3: alcance de la retroactividad de la Constitución. STC 158/90, ff. 3 y 4: retroactividad constitucional en materia de derechos fundamentales.

ÍNDICE CRONOLÓGICO
DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

Número de la sentencia

Fecha de la sentencia

Número y fecha del

«Boletín Oficial del Estado»

3/81

02.02.81

47, 24/02/81

4/81

02.02.81

47, 24/02/81

5/81

13.02.81

47, 24/02/81

11/81

08.04.81

99, 25/04/81

17/81

01.06.81

143, 16/06/81

18/81

08.06.81

143, 16/06/81

22/81

02.07.81

172, 20/07/81

25/81

14.07.81

193, 13/08/81

27/81

20.07.81

193, 13/08/81

32/81

28.07.81

193, 13/08/81

33/81

05.11.81

277, 19/11/81

36/81

12.11.81

277, 19/11/81

37/81

16.11.81

285, 28/11/81

40/81

18.12.81

12, 14/01/82

42/81

22.12.81

12, 14/01/82

1/82

28.01.82

49, 26/02/82

6/82

22.02.82

69, 22/03/82

9/82

10.03.82

69, 22/03/82

11/82

20.03.82

95, 21/04/82

18/82

04.05.82

118, 18/05/82

19/82

05.05.82

118, 18/05/82

24/82

13.05.82

137, 09/06/82

29/82

31.05.82

153, 28/06/82

35/82

14.06.82

153, 28/06/82

38/82

22.06.82

169, 16/06/82

41/82

02.07.82

185, 04/08/82

44/82

08.07.82

185, 04/08/82

54/82

26.07.82

197, 18/08/82

57/82

27.07.82

197, 18/08/82

58/82

27.07.82

197, 18/08/82

62/82

15.10.82

276, 17/11/82

64/82

04.11.82

296, 10/12/82

66/82

12.11.82

296, 10/12/82

71/82

30.11.82

312, 29/12/82

72/82

02.12.82

312, 29/12/82

76/82

14.12.82

13, 15/01/83

77/82

20.12.82

13, 15/01/83

79/82

20.12.82

13, 15/01/83

80/82

20.12.82

13, 15/01/83

84/82

23.12.82

13, 15/01/83

8/83

18.02.83

70, 23/03/83

10/83

21.02.83

70, 23/03/83

28/83

21.04.83

117, 17/05/83

38/83

16.05.83

120, 20/05/83

42/83

20.05.83

144, 17/06/83

52/83

17.06.83

168, 15/07/83

54/83

21.06.83

168, 15/07/83

56/83

28.06.83

168, 15/07/83

62/83

11.07.83

189, 09/08/83

69/83

26.07.83

197, 18/08/83

72/83

29.07.83

197, 18/08/83

76/83

05.08.83

197, 18/08/83

79/83

05.10.83

266, 07/11/83

80/83

10.10.83

266, 07/11/83

86/83

26.10.83

266, 07/11/83

88/83

27.10.83

288, 02/12/83

93/83

08.11.83

288, 02/12/83

111/83

02.12.83

298, 14/12/83

122/83

16.12.83

9, 11/01/84

11/84

02.02.84

42, 18/02/84

16/84

06.02.84

59, 09/03/84

22/84

17.02.84

59, 09/03/84

31/84

07.03.84

80, 03/04/84

35/84

13.03.84

80, 03/04/84

42/84

23.03.84

99, 25/04/84

47/84

04.04.84

99, 25/04/84

48/84

04.04.84

99, 25/04/84

49/84

05.04.84

99, 25/04/84

53/84

03.05.84

128, 29/05/84

83/84

24.07.84

203, 24/08/84

85/84

26.07.84

203, 24/08/84

89/84

28.09.84

261, 31/10/84

90/84

05.10.84

261, 31/10/84

91/84

09.10.84

261, 31/10/84

96/84

19.10.84

261, 31/10/84

100/84

08.11.84

285, 28/11/84

107/84

23.11.84

305, 21/12/84

112/84

28.11.84

305, 21/12/84

114/84

29.11.84

305, 21/12/84

125/84

20.12.84

10, 11/01/85

11/85

30.01.85

55, 05/03/85

13/85

31.01.85

55, 05/03/85

15/85

05.02.85

55, 05/03/85

24/85

21.02.85

74, 27/03/85

31/85

05.03.85

74, 27/03/85

32/85

06.03.85

74, 27/03/85

46/85

26.03.85

94, 19/04/85

51/85

10.04.85

119, 18/05/85

53/85

11.04.85

119, 18/05/85

67/85

24.05.85

153, 27/06/85

77/85

27.06.85

170, 17/07/85

94/85

29.07.85

194, 14/09/85

98/85

29.07.85

194, 14/09/85

103/85

04.10.85

265, 05/11/85

137/85

17.10.85

268, 08/11/85

141/85

22.10.85

283, 26/11/85

144/85

25.10.85

283, 26/11/85

150/85

05.11.85

283, 26/11/85

153/85

07.11.85

283, 26/11/85

154/85

12.11.85

283, 26/11/85

179/85

19.12.85

13, 15/01/86

8/86

21.01.86

37, 12/02/86

15/86

31.01.86

55, 05/03/86

18/86

06.02.86

55, 05/03/86

29/86

20.02.86

69, 21/03/86

30/86

20.02.86

69, 21/03/86

39/86

31.03.86

85, 09/04/86

44/86

17.04.86

102, 29/04/86

56/86

13.05.86

141, 13/06/86

60/86

20.05.86

141, 13/06/86

69/86

28.05.86

144, 17/06/86

73/86

03.06.86

144, 17/06/86

76/86

09.06.86

159, 04/07/86

82/86

26.06.86

159, 04/07/86

84/86

26.06.86

159, 04/07/86

85/86

25.06.86

174, 22/07/86

86/86

25.06.86

174, 22/07/86

88/86

01.07.86

174, 22/07/86

98/86

10.07.86

175, 23/07/86

99/86

11.07.86

175, 23/07/86

108/86

29.07.86

193, 13/08/86

111/86

30.09.86

253, 22/10/86

131/86

29.10.86

276, 18/11/86

140/86

11.11.86

295, 10/12/86

159/86

12.12.86

313, 31/12/86

2/87

21.01.87

35, 10/02/87

5/87

27.01.87

35, 10/02/87

15/87

11.02.87

54, 04/03/87

19/87

17.02.87

54, 04/03/87

26/87

27.02.87

71, 24/03/87

35/87

18.03.87

89, 14/04/87

37/87

26.03.87

89, 14/04/87

42/87

07.04.87

107, 05/05/87

63/87

20.05.87

134, 05/06/87

65/87

21.05.87

137, 09/06/87

75/87

25.05.87

137, 09/06/87

80/87

27.05.87

151, 25/06/87

85/87

29.05.87

151, 25/06/87

96/87

10.06.87

152, 26/06/87

99/87

11.06.87

152, 26/06/87

106/87

25.06.87

163, 09/07/87

110/87

01.07.87

180, 29/07/87

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247, 14/10/92

120/92

21.09.92

247, 14/10/92

121/92

28.09.92

260, 29/10/92

133/92

02.10.92

260, 29/10/92

Número de la sentencia

Fecha de la sentencia

Número y fecha del

«Boletín Oficial del Estado»

146/92

16.10.92

276, 17/11/92

157/92

22.10.92

276, 17/11/92

173/92

29.10.92

288, 01/12/92

25/93

21.01.93

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155/93

06.05.93

127, 28/05/93

156/93

06.05.93

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157/93

06.05.93

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158/93

06.05.93

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174/93

27.05.93

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177/93

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47, 24/02/98

25/98

27.01.98

47, 24/02/98

26/98

27.01.98

47, 24/02/98

27/98

27.01.98

47, 24/02/98

28/98

27.01.98

47, 24/02/98

30/98

11.02.98

65, 17/03/98

31/98

11.02.98

65, 17/02/98

32/98

11.02.98

65, 17/03/98

34/98

11.02.98

65, 17/03/98

37/98

17.02.98

65, 17/03/98

38/98

17.02.98

65, 17/03/98

49/98

02.03.98

77, 31/03/98

50/98

02.03.98

77, 31/03/98

84/98

20.04.98

120, 20/05/98

85/98

20.04.98

120, 20/05/98

86/98

21.04.98

120, 20/05/98

95/98

04.05.98

137, 09/06/98

102/98

18.05.98

146, 19/06/98

103/98

18.05.98

146, 19/06/98

108/98

19.05.98

146, 19/06/98

112/98

01.06.98

158, 03/07/98

151/98

13.07.98

197, 18/08/98

166/98

15.07.98

197, 18/08/98

214/98

11.11.98

301, 17/12/98

215/98

11.11.98

301, 17/12/98

217/98

16.11.98

301, 17/12/98

219/98

16.11.98

301, 17/12/98

220/98

16.11.98

301, 17/12/98

221/98

24.11.98

312, 30/12/98

224/98

24.11.98

312, 30/12/98

229/98

01.12.98

312, 30/12/98

230/98

01.12.98

312, 30/12/98

101/04

02.06.02

235/07

ÍNDICE ANALÍTICO [1]

[1] La numeración remite al articulado de la Constitución.

A

Abanderamiento de buques:

Competencia del Estado, 149.1.20.ª

Abdicación (régimen), 57.5.

Abogados:

Asistencia a detenidos, 17.3.

Miembros del Consejo General del Poder Judicial, 122.3.

Miembros del Tribunal Constitucional, 159.2.

Acceso a funciones y cargos públicos:

Derecho de los ciudadanos, 23.

Regulación, 103.3.

Acceso a la cultura, 44.

Acción popular (ejercicio por los ciudadanos), 125.

Acción urbanística (plusvalías), 47.

Actas de Diputados y Senadores (control judicial), 70.2.

Actividad económica:

Actuación de los poderes públicos, 130.

Competencias del Estado, 149.1.13.ª

Economía de mercado, 38.

Equilibrio entre las regiones, 138.1.

Iniciativa pública, 128.2.

Libertad de empresa, 38.

Planificación, 38 y 131.

(Véase Política social y económica).

Actos administrativos (audiencia del interesado), 105.

Actuaciones judiciales:

Publicidad, 120.1.

Actos de terrorismo:

No se consideran delitos políticos, 13.3.

Actos del Rey:

Refrendo, 56.3 y 64.1.

Responsabilidad, 64.2.

Acuerdos internacionales:

Interpretación de las normas sobre derechos y libertades reconocidos en la Constitución, 10.2

Protección de los niños, 39.4.

(Véase Tratados internacionales).

Administración civil:

Dirección, 97.

Prohibición de imponer sanciones que impliquen privación de libertad, 25.3.

Prohibición de Tribunales de Honor, 26.

Administración de Justicia:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.5.ª

Participación de los ciudadanos, 125.

Por Jueces y Magistrados, 117.1.

Administración del Estado en las Comunidades Autónomas, 154.

Administración Local:

Haciendas locales, 142.

Municipios, 140.

Provincia, 141.

(Véanse Municipios y Provincias).

Administración Pública:

Competencias:

De las Comunidades Autónomas, 149.1.18.ª

Del Estado, 149.1.18.ª

Control judicial, 106.

Fines, 103.1.

Órganos, 103.2.

Principios de su actuación, 103.1.

(Véase Funcionarios públicos).

Aduanas:

Competencia del Estado, 149.1.10.ª

Aeronaves:

Competencia del Estado, 149.1.20.ª

Aeropuertos (competencias):

De las Comunidades Autónomas, 148.1.6.ª

Del Estado, 149.1.20.ª

Agricultura:

Actuación de los poderes públicos, 130.1.

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.7.ª

Aguas (competencias):

De las Comunidades Autónomas, 148.1.10.ª

Del Estado, 149.1.22.ª

Alcaldes (elección), 140.

Alteración de límites provinciales, 141.1.

Apátridas (derecho de asilo), 13.4.

Aprovechamientos forestales

(Véase Montes).

Aprovechamientos hidráulicos:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.10.ª

Competencia del Estado, 149.1.22.ª

Arbitrariedad de los poderes públicos:

Interdicción, 9.3.

Archipiélago Canario:

Modificación del régimen económico y fiscal, disposición adicional 3.ª

Régimen local, 141.4.

Representación en el Senado, 69.3.

Archivos administrativos (acceso de los ciudadanos), 105.

Armada

(Véase Fuerzas Armadas).

Armas y explosivos:

Competencia legislativa del Estado, 149.1.26.ª

Artesanía:

Actuación de los poderes públicos, 130.1.

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.14.ª

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas:

Elección de sus miembros, 152.1.

Iniciativa legislativa, 87.2.

Legitimación para la interposición del recurso de inconstitucionalidad, 162.1.

Responsabilidad del Presidente y Miembros del Consejo de Gobierno, 152.1.

Asistencia social:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.20.ª

Por la Seguridad Social, 41.

Asociaciones:

Disolución, 22.4.

Ilegales, 22.2.

Inscripción, 22.3.

Prohibidas, 22.5.

Asociaciones empresariales:

Colaboración en la planificación económica, 131.2.

Estructura y funcionamiento democrático, 7.

Fines, 7.

Libertad de creación, 7.

Respeto a la Constitución y a la Ley, 7.

Asuntos públicos:

Participación de los ciudadanos, 23.1.

Audiencias Territoriales:

En territorios de Comunidades Autónomas, disposición adicional 4.ª

Autonomías

(Véanse Comunidades Autónomas y Estatutos de Autonomía).

Ayuntamientos, 140.

(Véase Corporaciones Locales).

B

Baleares:

Administración local, 141.4.

Circunscripciones para elección de Senadores, 69.3.

Banca:

Competencia del Estado para fijar las bases de su ordenación, 149.1.11.ª

Bandas armadas (suspensión de derechos), 55.2.

Bandera:

De España, 4.1.

De las Comunidades Autónomas, 4.2.

Uso, 4.2.

Bibliotecas

(Véase Museos y Bibliotecas).

Bienes comunales (régimen jurídico), 132.1.

Bienes de dominio público (régimen jurídico), 132.1.

Buques:

Abanderamiento: competencia del Estado, 149.1.20.ª

C

Cabildos Insulares

(Véase Provincias Insulares).

Cables aéreos y submarinos:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.21.ª

Calamidad pública:

Deberes de los ciudadanos, 30.4.

Cámaras Legislativas:

Adopción de acuerdos, 79.1.

Asunción de sus funciones y competencias a la entrada en vigor de la Constitución, disposición transitoria 8.ª

Autorización para la inculpación o procesamiento de sus miembros, 71.2.

Carácter público de las sesiones plenarias, 80.

Comparecencia a su requerimiento, 76.2.

Diputación Permanente, 78.

Elección de Presidentes, 72.2.

Estatuto de su personal, 72.1.

Funcionamiento:

En Pleno, 75.

Por Comisiones, 75.

Período ordinario de sesiones, 73.1.

Peticiones individuales o colectivas, 77.1.

Presupuestos, 72.1.

Reglamentos, 72.1.

Sesiones conjuntas, 72.2 y 74.

Sesiones extraordinarias, 73.2 y 74.

(Véanse Congreso de los Diputados, Cortes Generales y Senado).

Canarias

(Véase Archipiélago Canario).

Capital del Estado, 5.

Cargos públicos (acceso), 23.2.

Carreteras:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.5.ª

Competencia del Estado, 149.1.21.ª

Casa de Su Majestad el Rey:

Consignación presupuestaria, 65.1.

Nombramiento de sus miembros, 65.2

Castellano:

Deber de conocerlo, 3.1.

Derecho a usarlo, 3.1.

Lengua oficial del Estado, 3.1.

(Véase Lenguas españolas).

Catástrofes o calamidades públicas:

Deberes de los ciudadanos, 30.4.

Centros docentes:

Ayuda de los poderes públicos, 27.9.

Intervención de los sostenidos con fondos públicos, 27.7.

Libertad de creación, 27.6.

Cese del Gobierno (supuestos), 101.1.

Ceuta:

Constitución en Comunidad Autónoma, disposición transitoria 5.ª

Elección de Senadores, 69.4.

Representación en el Congreso de Diputados, 68.2.

Circunscripciones electorales:

Para la elección de Diputados, 68.2.

Para la elección de Senadores, 69.

Ciudadanos:

Acceso a archivos y registros administrativos, 105.

Acceso a funciones y cargos públicos, 23.2.

Audiencia en el procedimiento de elaboración de disposiciones, 105.

Ejercicio de la acción popular, 125.

Participación en la vida política, económica, cultural y social, 9.2.

Sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico, 9.1.

Cláusula de conciencia, 20.1.

Colegios profesionales:

Estructura y funcionamiento democráticos, 36.

Régimen jurídico, 36.

Tribunales de Honor: prohibición, 26.

Comercio exterior (competencia del Estado), 149.1.10.ª

Comercio interior (regulación), 51.3.

Comisión Constitucional del Congreso:

Examen de los proyectos de Estatutos de Autonomía, 151.2.

Orden de dictamen de los proyectos de Estatutos de Autonomía, disposición transitoria 6.ª

Comisión Mixta Congreso-Senado, 74.

Comisiones de investigación:

Comunicación de sus resultados al Ministerio Fiscal, 76.1.

Conclusiones, 76.1.

Nombramientos, 76.1.

Comisiones legislativas permanentes:

Aprobación de proyectos o proposiciones de ley, 75.2.

Comparecencia ante las Cámaras Legislativas:

Obligatoriedad, 76.2.

Sanciones por incumplimiento, 76.2.

Competencias exclusivas del Estado, 149.

Competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas, 148, 149.3 y 150.2.

Comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas:

Derecho al secreto, 18.3

Suspensión de derechos, 55.1.

Comunidades Autónomas:

Autonomía financiera, 156.

Banderas, 4.2.

Colaboración en la recaudación, gestión y liquidación de tributos del Estado, 156.2.

Competencias que pueden asumir, 148, 149.3 y 150.2.

Control de la actividad de sus órganos, 153.

Convenios para la gestión y prestación de servicios, 145.

Coordinación de su Administración con la del Estado, 154.

Derecho a la autonomía, 2 y 143.1.

Establecimiento de tributos, 133.2.

Facultad de dictar normas legislativas:

Autorización, 150.1.

Control, 150.1 y 153.

Facultades de las Cortes Generales, 144.

Incompatibilidad de los miembros de su Asamblea con la condición de Diputado o Senador, 67.1.

Incumplimiento de la Constitución o las leyes, 155.1.

Iniciativa del proceso autonómico, 143.2 y 151.

Lengua, 3.2.

Organización judicial, 152.1 y disposición adicional 4.ª

Órganos de Gobierno, 152.

Prohibición de federaciones, 145.1.

Proposiciones de ley, 87.2.

Protección del interés general de España, 155.1.

Recursos económicos, 157.

Representación en el Senado, 69.5.

(Véanse Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Estatutos de Autonomía).

Concejales (elección), 140.

Concesiones administrativas:

Competencia del Estado, 149.1.18.ª

Confesiones religiosas:

Cooperación de los poderes públicos, 16.3.

Conflictos colectivos:

Derecho de trabajadores y empresarios, 37.1.

Garantía en el funcionamiento de servicios esenciales, 37.2.

Limitaciones, 37.2.

Conflictos de competencia:

Entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 161.1.

Entre las Comunidades Autónomas, 161.1.

Congreso de los Diputados:

Aprobación de leyes orgánicas 81.2.

Autorización para convocar referéndum consultivo, 92.2.

Casos en que no puede procederse a su disolución, 116.5.

Comisiones de encuesta, 76.1.

Composición, 68.1.

Convocatoria del Congreso electo, 68.6.

Debate y votación de Decretos-leyes, 86.2.

Declaración del estado de sitio, 116.4.

Diputación Permanente, 78.

Disolución, 68.4 y 115.

Duración, 68.4.

Elecciones, 68.

Facultades de su Presidente, 72.3.

Iniciativa legislativa, 87.1.

Moción de censura al Gobierno, 113.

Personas elegibles, 68.5.

Presidencia, 72.2 y 3.

Reglamento, 72.1.

Representación proporcional, 68.3.

Voto de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, 99.

(Véanse Diputados, Elaboración de las leyes y Sesiones de las Cámaras Legislativas).

Consejo de Estado:

Competencia, 107.

Composición, 107.

Órgano Consultivo del Gobierno, 107.

Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas:

Funciones, 152.1.

Legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad, 162.1.

Presidente, 152.1.

Responsabilidad ante la Asamblea Legislativa, 152.1.

Consejo de Ministros:

Aprobación de proyectos de ley, 88.

Declaración del estado de alarma y excepción, 116.2 y 3.

Deliberación sobre planteamiento ante el Congreso de la cuestión de confianza, 112.

Disolución de las Cámaras Legislativas: deliberación, 115.1.

Propuestas:

Declaración de estado de sitio, 116.4.

Disolución de las Cámaras, 115.

(Véase Gobierno).

Consejo General del Poder Judicial:

Composición, 122.3.

Estatuto y régimen de incompatibilidades, 122.2.

Funciones, 122.2.

Ley Orgánica, 122.

Órgano de Gobierno, 122.2.

Propuestas de nombramiento:

De miembros del Tribunal Constitucional, 159.1.

De Presidente del Tribunal Supremo, 123.2.

Consejo General Vasco, disposición transitoria 4.ª

Consejos insulares

(Véase Provincias insulares).

Conservatorios de Música:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.15.ª

Consorte de la Reina (regencia), 58.

Constitución:

Amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales, disposición adicional 1.ª

Declaración de inconstitucionalidad de las leyes, 161 y 163.

Defensa por las Fuerzas Armadas, 8.1.

Derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, 2.

Efectos de su entrada en vigor respecto de las Cámaras y Presidente del Gobierno, disposición transitoria 8.ª

Ejercicio de competencias por organizaciones internacionales, 93.

Entrada en vigor, disposición final.

Fundamento, 2.

Garantía de principios jurídicos, 9.3.

Incumplimiento por las Comunidades Autónomas, 155.1.

Publicación, disposición final.

Respeto:

De asociaciones empresariales, 7.

De los partidos políticos, 6.

De los sindicatos, 7.

Sujeción de los ciudadanos y poderes públicos, 9.1.

Tratados internacionales que contengan estipulaciones contrarias, 95.1.

(Véase Reforma constitucional).

Consumidores y usuarios:

Defensa, 51.1.

Fomento de sus organizaciones, 51.2.

Información y educación, 51.2.

Protección, 51.1.

Contratos administrativos:

Competencia del Estado, 149.1.18.ª

Convenios colectivos (fuerza vinculante), 37.1.

Convenios internacionales

(Véanse Acuerdos internacionales y Tratados internacionales).

Cónyuges (derechos y deberes), 32.2.

Corona de España

(Véanse Rey, Príncipe heredero y Sucesión en el trono).

Corporaciones locales:

Asunción de funciones por las Comunidades Autónomas, 148.1.1.ª

Establecimiento de tributos, 133.2.

Iniciativa de proceso autonómico, 143.2 y disposición transitoria 3.ª

Correos y telecomunicaciones:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.21.ª

Cortes Generales:

Aprobación de los Presupuestos del Estado, 134.1.

Cámaras que las forman, 66.1.

Carácter inviolable, 66.3.

Control de la acción de gobierno, 66.2.

Delegaciones legislativas, 82.

Disolución, 115.

Estatuto de su personal, 72.1.

Potestad legislativa, 66.2.

Presidencia, 72.2.

Representan al pueblo español, 66.1.

Sesiones conjuntas de las Cámaras, 72.2 y 74.

Tratados:

Autorización, 94.

Garantía de su cumplimiento, 93.

(Véanse Congreso de los Diputados y Senado).

Costas

(Véase Zona marítimo-terrestre).

Crédito:

Competencia del Estado para fijar las bases de su ordenación, 149.1.11.ª

Cuerpos de Policía:

Incompatibilidad de sus miembros en activo con la condición de Diputado o Senador, 70.1.

(Véase Fuerzas y Cuerpos de Seguridad).

Cuerpos de Seguridad

(Véase Fuerzas y Cuerpos de Seguridad).

Cuestión de confianza:

Del Gobierno ante el Congreso de los Diputados, 112.

Dimisión del Gobierno, 114.

Votación, 112.

Cultura:

Deber del Estado, 149.2.

Fomento por las Comunidades Autónomas, 148.1.17.ª

Promoción, 44.1 y 50.

D

Declaración de guerra, 63.3.

Declaración de inconstitucionalidad de las leyes, 161.1 y 163.

Declaración Universal de Derechos Humanos, 10.2.

Decretos legislativos

(Véase Delegación legislativa).

Decretos-leyes:

Debate y votación del Congreso, 86.2.

Limitaciones, 86.1.

Supuestos, 86.1.

Tramitación urgente como proyectos de ley, 86.3.

Defensa:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.4.ª

Deber de los españoles, 30.1.

De la integridad territorial y el ordenamiento constitucional, 8.1.

Defensor del Pueblo:

Alto comisionado de las Cortes Generales, 54.

Incompatibilidad con la condición de Diputado o Senador, 70.1.

Legitimación para interponer los recursos de amparo e inconstitucionalidad, 162.1.

Misión, 54.

Delegación legislativa:

Alcance, 82.4.

Control, 82.6.

Para refundir textos legales, 82.5.

Por las Cortes Generales, 82.1.

Procedimiento, 82.

Requisitos, 82.3.

Título que recibe, 85.

Delegado de la Administración del Estado en el territorio de las Comunidades Autónomas, 154.

Deporte:

Fomento, 43.3.

Promoción por las Comunidades Autónomas, 148.1.19.ª

Derecho a la autonomía, 2 y 143.1.

(Véase Comunidades Autónomas).

Derecho a la educación

(Véase Educación).

Derecho a la integridad física y moral, 15.

Derecho a la intimidad, 18.1.

Derecho a la libertad y seguridad:

Detención preventiva, 17.

Habeas corpus, 17.4.

Prisión provisional, 17.4.

Reconocimiento, 17.1.

Suspensión, 55.

Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, 20.1.

Derecho a la propia imagen, 18.1.

Derecho a la protección de la salud, 43.1.

Derecho a la vida, 15.

Derecho al honor, 18.1.

Derecho al trabajo, 35.1.

Derecho de asociación, 22.

(Véase Asociaciones).

Derecho de asilo:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.2.ª

De apátridas y extranjeros, 13.4.

Derecho de fundación, 34.

(Véase Fundaciones).

Derecho de gracia:

Prerrogativa real, 62.

Supuestos de inaplicación, 102.3.

Derecho de huelga, 28.2.

Derecho de información:

Cláusula de conciencia, 20.1.

Limitaciones, 20.4.

Prohibición de censura previa, 20.2.

Reconocimiento y protección, 20.1.

Secreto profesional, 20.1.

Secuestro de publicaciones, 20.5.

Suspensión del, 55.1.

Derecho de petición, 29 y 77.1.

Derecho de reunión:

Ejercicio, 21.1.

En lugares públicos, 21.2.

Prohibición, 21.2.

Derecho de sindicación:

Libertad, 28.

Limitaciones, 28.

(Véase Sindicatos).

Derechos fundamentales:

A la educación, 27.

A la huelga, 28.2

A la integridad física y moral, 15.

A la intimidad personal y familiar, 18.

A la libertad y seguridad, 17.

A la tutela jurídica, 24.

A la vida, 15.

A participar en los asuntos públicos, 23.1.

Al honor, 18.1

De acceso a funciones y cargos públicos, 23.2.

De asociación, 22.1.

De expresión y difusión, 20.1.

De información, 20.1.

De petición, 29.

De producción y creación literaria, artística, científica y técnica, 20.1.

De residencia y circulación, 19.

De reunión, 20.1.

De sindicación, 28.1.

Igualdad en todo el territorio, 139.1.

Interpretación conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 10.2.

Recursos por violación de, 53.2, 161.1 y 162.1.

Tratados internacionales que afecten a, 94.1.

Derechos históricos de los territorios forales, disposición adicional 1.ª

Desempleo:

Asistencia y prestación social, 41.

Detención preventiva (duración), 17.2.

Detenidos:

Asistencia de abogado, 17.3.

Declaraciones, 17.3 y 24.2.

Información de sus derechos, 17.3.

Plazo de detención, 17.2 y 4.

Suspensión de derechos, 55.

Deuda pública:

Autorización al Gobierno, 135.1.

Del Estado: competencia, 149.1.14.ª

Pago de intereses y capital, 135.2.

Diligencias judiciales (asistencia de abogado), 17.3.

Diligencias policiales (asistencia de abogado), 17.3.

Dimisión del Gobierno:

Pérdida de la confianza parlamentaria, 114.

Por muerte o dimisión del Presidente, 101.

Diputaciones Permanentes:

Del Congreso y Senado, 78.1.

Funciones, 78.2.

Información a las Cámaras, 78.4.

Número de miembros, 78.1.

Presidencia, 78.2.

Diputaciones Provinciales:

Gobierno y administración de las provincias, 141.2.

Iniciativa del proceso autonómico, 143.2.

Diputados:

Asignación económica, 71.4.

Autorización para su procesamiento, 71.2.

Carácter personal e indelegable del voto, 79.3.

Causas de inelegibilidad e incompatibilidad, 67.1 y 70.1.

Control judicial de sus actas y credenciales, 70.2.

Duración de su mandato, 68.4.

Elecciones, 68.

Inmunidad, 71.2.

Inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, 71.1.

Tribunal competente en las causas, 71.3.

Disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos:

Amparo, 49.

Protección, 49.

Disposiciones administrativas:

Audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración, 105.

Divisas:

Competencia del Estado, 149.1.11.ª

Domicilio:

Entrada o registro, 18.2.

Inviolabilidad, 18.2.

Suspensión de derechos, 55.1.

E

Economía de mercado, 38.

Edad:

Mayoría de, 12 y disposición adicional 2.ª

Para contraer matrimonio, 32.2.

Educación:

Creación de centros docentes, 27.6.

Derecho a, 27.1 y 5.

Derechos de los padres, 27.3 y 7.

Enseñanza obligatoria, 27.4.

Inspección del sistema educativo, 27.8.

Libertad de enseñanza, 27.1.

Objeto, 27.2.

Programación, 27.5.

(Véase Enseñanza).

Educación física (fomento), 43.3.

Ejército del Aire

(Véase Fuerzas Armadas).

Ejército de Tierra

(Véase Fuerzas Armadas).

Elaboración de leyes:

Decretos legislativos, 85.

Decretos-leyes, 86.

Iniciativa, 87.

Legislación delegada, 82 y 85.

Leyes de bases, 83.

Leyes orgánicas, 81.

Sanción, 91.

Tramitación, 89.

Elecciones:

Asamblea legislativa de las Comunidades Autónomas, 152.1.

Causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, 70.

De Alcaldes, 140.

De Concejales, 140.

De Diputados, 68.

De Senadores, 69.

Derecho de los extranjeros, 13.2.

Sufragio universal, 23.1, 68.1, 69.2 y 140.

Embajadores (acreditación), 63.

Emigración:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.2.ª

(Véase Trabajadores en el extranjero).

Empleo, 40.1 y 41.

Empresa:

Economía de mercado, 38.

Intervención, 128.2.

Libertad de, 38.

Participación, 129.2.

Empresarios:

Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, 37.2.

Derecho a la negociación colectiva, 37.1.

Libertad de empresa, 38.

(Véase Asociaciones empresariales).

Energía eléctrica:

Competencia del Estado, 149.1.22.ª

Competencia de las Comunidades Autónomas, 149.1.22.ª

Enseñanza:

Libertad de, 27.1.

Obligatoria y gratuita, 27.4.

Programación, 27.5.

(Véase Educación).

Enseñanza obligatoria, 27.4.

(Véase Educación).

Enseñas

(Véase Banderas).

Error judicial:

Indemnización por daños, 121.

Espacio aéreo (control por el Estado), 149.1.20.ª

España:

Bandera, 4.

Derecho y deber de defenderla, 30.1.

Estado social y democrático de Derecho, 1.1.

Forma política del Estado, 1.3.

Soberanía, 1.2.

Valores superiores de su ordenamiento jurídico, 1.1.

(Véase Estado español).

Españoles:

Derechos fundamentales y libertades públicas, 15 a 29.

Derechos y deberes ciudadanos, 30 a 38.

Igualdad:

Ante la Ley, 14.

De derechos y obligaciones en todo el territorio, 139.2.

Mayoría de edad, 12.

Nacionalidad, 11.

Patria, 2.

Estadística (competencia del Estado), 149.1.31.ª

Estado de alarma:

Ámbito territorial, 116.2.

Asunción por la Diputación Permanente de las competencias del Congreso, 116.5.

Declaración por el Gobierno, 116.2.

Información al Congreso, 116.2.

Plazo de duración, 116.2

Prórroga, 116.2.

Regulación por ley orgánica, 116.1.

Responsabilidad del Gobierno y sus agentes, 116.6.

Estado de excepción:

Ámbito territorial, 116.3.

Asunción por la Diputación Permanente de las competencias del Congreso, 116.5.

Autorización del Congreso de Diputados, 116.3.

Declaración por el Gobierno, 116.3.

Plazo y prórroga, 116.3.

Regulación por ley orgánica, 116.1.

Responsabilidad del Gobierno y sus agentes, 116.6.

Suspensión de derechos y libertades, 55.

Estado de sitio:

Ámbito, duración y condiciones, 116.4.

Asunción por la Diputación Permanente de las competencias del Congreso, 116.5.

Declaración por el Congreso de los Diputados, 116.4.

Propuesta del Gobierno, 116.4.

Regulación por ley orgánica, 116.1.

Responsabilidad del Gobierno y sus agentes, 116.6.

Suspensión de derechos y libertades, 55.

Estado español:

Capital, 5.

Competencias exclusivas, 149.

Forma política, 1.3.

Lengua oficial, 3.1.

Ordenamiento jurídico, 1.1.

Organización territorial, 137.

Estatutos de los funcionarios públicos:

Competencia del Estado para fijar las bases del régimen estatutario, 149.1.18.ª

Regulación por ley, 103.3.

(Véase Funcionarios públicos).

Estatuto de los trabajadores, 35.2.

Estatuto del Personal de las Cortes Generales, 72.1.

Estatutos de autonomía:

Contenido, 147.2.

Elaboración, 146 y 151.2.

Forman parte del ordenamiento jurídico, 147.1.

Iniciativa del proceso autonómico, 143.2 y 151.1.

Modificación, 152.2.

Norma institucional básica, 147.1.

Procedimiento para su aprobación:

Ratificación por las Cortes previo referéndum, 151.2.4.º

Tramitación como ley, 146 y 151.2.5.º

Promulgación, 151.2.

Reforma, 147.3.

Explosivos

(Véase Armas y Explosivos).

Expropiación:

Competencia legislativa del Estado, 149.1.18.ª

(Véase Privación de bienes y derechos).

Extradición:

Concesión, 13.3.

Exclusión de delitos políticos, 13.3.

Principio de reciprocidad, 13.3.

Extranjeros:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.2.ª

Derecho de asilo, 13.4.

Extradición, 13.3.

Libertades públicas, 13.1.

F

Familia:

Del Rey, 65.1.

Protección a, 39.1.

(Véanse Hijos y Padres).

Ferias interiores:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.12.ª

Ferrocarriles:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.5.ª

Competencia del Estado, 149.1.21.ª

Fiscal General del Estado:

Nombramiento, 124.4.

Propuesta, 124.4.

Fiscales:

Incompatibilidad estando en activo con la condición de Diputado o Senador, 70.1.

(Véase Ministerio Fiscal).

Fondo de Compensación interterritorial:

Distribución de recursos por las Cortes Generales, 158.2.

Finalidad, 158.2.

Formación profesional, 40.2.

Forma política del Estado, 1.3.

Fuerteventura (isla de):

Circunscripción a efectos de elección de Senadores, 69.3.

Fuerzas Armadas:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.4.ª

Derecho a sindicarse, 28.

Derecho de petición, 29.2.

Incompatibilidad de sus miembros con la condición de Diputado o Senador, 70.1.

Mando Supremo, 62.

Misión, 8.1.

Organización, 8.2.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

Derecho de sindicación, 28.

Estatutos, 104.

Funciones, 104.

Incompatibilidad con la condición de Diputado o Senador, 70.1.

Misión, 104.

Principios de actuación, 104.

Funcionarios públicos:

Acceso a la función pública, 103.3.

Derecho a sindicarse, 28.1 y 103.3.

Designación como miembros del Tribunal Constitucional, 159.2.

Estatuto, 103.3.

Incompatibilidades, 103.3.

Fundaciones:

Fines, 34.1.

Régimen, 34.2.

G

Ganadería:

Actuación de los poderes públicos, 130.1.

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.7.ª

Garantía de las libertades y derechos fundamentales:

Recurso de amparo, 53.2, 161.1 y 162.1.

Regulación por ley, 53.1.

Tutela, 53.1 y 2.

Vinculación de los poderes públicos, 53.1.

Gastos públicos:

Obligación de contribuir al sostenimiento, 31.1.

Programación y ejecución, 31.2.

Gobierno:

Aprobación de proyectos de ley, 88.

Cese, 101.

Comparecencia ante las Cámaras y Comisiones, 110.

Composición, 98.

Control de los órganos de las Comunidades Autónomas, 153.

Cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados, 112.

Decretos-leyes, 86.

Elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, 134.1.

Estatuto e incompatibilidades de sus miembros, 98.4.

Funciones, 97.

Iniciativa legislativa, 87.1.

Interpelaciones de las Cámaras, 111.

Legislación delegada, 82 a 85.

Moción de censura, 113.

Nombramiento de Presidente, 64 y 99.

Nombramiento de sus miembros, 100.

Pérdida de la confianza parlamentaria, 114.

Potestad reglamentaria, 97.

Propuesta de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, 159.1.

Responsabilidad ante el Congreso de los Diputados, 108.

Responsabilidad criminal de sus miembros, 102.

Voto de investidura, 99.

(Véanse Presidente del Gobierno y Miembros del Gobierno).

Gomera (isla de):

Circunscripción a efectos de elección de Senadores, 69.3.

Gran Canaria (isla de):

Circunscripción a efectos de elección de Senadores, 69.3.

Gratuidad:

De la justicia, 119.

Grupos parlamentarios:

Consulta sobre propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, 99.1.

Representación en las Diputaciones Permanentes de las Cámaras, 78.1.

(Véase Partidos políticos).

Guerra (declaración), 63.3.

H

Habeas corpus, 17.4.

Hacienda Pública

(Véanse Deuda Pública, Presupuestos Generales del Estado, Tribunal de Cuentas y Tributos).

Haciendas locales, 142.

Herencia (derecho a la), 33.1.

Hierro (isla de):

Circunscripción a efectos de elección de Senadores, 69.3.

Hijos:

Deberes de los padres, 39.3.

Igualdad, 39.2.

Investigación de la paternidad, 39.2.

Protección, 39.2.

Honor:

Derecho fundamental, 18.1.

Limitación del uso de la informática para su garantía, 18.4.

Honores y distinciones (concesión), 62.

Huelga:

Derecho de los trabajadores, 28.2.

Garantías para el mantenimiento de servicios esenciales, 28.2.

I

Ibiza-Formentera (islas de):

Circunscripción a efectos de elección de Senadores, 69.3.

Iglesia Católica:

Cooperación de los poderes públicos, 16.3.

Igualdad ante la Ley, 14 y 149.1.1.ª

Incompatibilidades:

De funcionarios públicos, 103.3.

De Jueces y Magistrados, 127.2.

De la tutela real, 60.2.

De miembros de las Cámaras legislativas, 67.1 y 70.

De miembros del Consejo General del Poder Judicial, 122.2.

De miembros del Gobierno, 98.4.

De miembros del Tribunal Constitucional, 159.4.

De miembros del Tribunal de Cuentas, 136.3.

Indemnización:

Por error judicial, 121.

Por lesión como consecuencia del funcionamiento de servicios públicos, 106.2.

Por privación de bienes y derechos, 33.3.

Indultos generales (prohibición), 62.

Informática, 18.4.

Iniciativa legislativa:

De las Asambleas de las Comunidades Autónomas, 87.2.

Del Congreso y Senado, 87.1.

Del Gobierno, 87.1.

Popular, 87.3.

Inmigración:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.2.ª

Integridad física:

Abolición de la pena de muerte, 15.

Derecho a, 15.

Prohibición de torturas, 15.

Integridad moral:

Derecho a, 15.

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes, 15.

Integridad territorial:

Defensa, 8.1.

Tratados que afecten a la integridad del Estado, 94.1.

Interpelaciones al Gobierno, 111.

Investigación científica y técnica:

Fomento y coordinación por el Estado, 149.1.15.ª

Promoción, 44.

Reconocimiento y protección del derecho, 20.1.

Inviolabilidad:

De Diputados y Senadores, 71.1.

De la persona del Rey, 56.3.

De las Cortes Generales, 66.3.

De los derechos de las personas, 10.1.

Del domicilio, 18.2.

Irretroactividad:

De disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, 9.3.

J

Jefe del Estado

(Véase Rey).

Jerarquía normativa, 9.3.

Jornada laboral, 40.2.

Jueces:

Administración de la justicia, 117.1.

Asociación profesional, 127.1.

Colaboración, 118.

Estatuto jurídico, 122.1.

Incompatibilidad estando en activo:

Con cargos públicos, 127.1.

Con la condición de Diputado o Senador, 70.1.

Independencia e inamovilidad, 117.1.

Régimen de incompatibilidades, 127.2.

Juntas Electorales:

Incompatibilidad de los miembros para ser elegidos Diputados o Senadores, 70.

Jurados, 125.

Juramento:

Del Príncipe heredero, 61.2.

Del Regente, 61.2.

Del Rey, 61.1.

Jurisdicción contencioso-administrativa:

Control de los órganos de las Comunidades Autónomas, 153.

Jurisdicción militar, 117.5.

Justicia:

Acción popular, 125.

Administración, 117.1.

Colaboración, 118.

Cumplimiento de sentencias y resoluciones firmes, 118.

Ejercicio, 117.3.

Gratuidad, 119.

Inconstitucionalidad de leyes, 163.

Indemnización de daños causados por error judicial, 121.

Independencia e inamovilidad de Jueces y Magistrados, 117.1.

Publicidad, 120.

Tutela de derechos, 24.

Unidad jurisdiccional, 117.5.

Valor superior del ordenamiento jurídico, 1.1.

Juventud:

Participación política, social, económica y cultural, 48.

Juzgados y Tribunales:

Constitución, funcionamiento y gobierno, 122.1.

Ejercicio de la potestad jurisdiccional, 117.3.

Funciones, 117.4.

Unidad jurisdiccional, 117.5.

L

Lanzarote (isla de):

Circunscripción a efectos de elección de Senadores, 69.3.

La Palma (isla de):

Circunscripción a efectos de elección de Senadores, 69.3.

Legislación civil:

Competencias de las Comunidades Autónomas, 149.1.8.ª

Competencias exclusivas del Estado, 149.1.8.ª

Legislación delegada

(Véase Delegación legislativa).

Legislación laboral:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.7.ª

Ejecución por las Comunidades Autónomas, 149.1.7.ª

Legislación mercantil:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.6.ª

Legislación penal:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.6.ª

Legislación penitenciaria:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.6.ª

Legislación procesal:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.6.ª

Lenguas españolas:

Carácter oficial, 3.1 y 2.

Fomento por las Comunidades Autónomas, 148.1.17.ª

Patrimonio cultural, 3.3.

Publicación de la Constitución, disposición final.

Respeto y protección, 3.3.

Ley electoral:

Causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, 70.

Transitoriedad de las normas vigentes, disposición transitoria, 8.ª

Ley Orgánica del Poder Judicial, 122.

Leyes de armonización, 150.3.

Leyes de bases:

Delegaciones legislativas, 82.2.

Delimitación de su alcance, 82.4.

Prohibiciones, 83.

Leyes derogadas, disposición derogatoria.

Leyes de transferencia, 150.2.

Leyes Fundamentales, disposición derogatoria.

Leyes marco, 150.

Leyes orgánicas, 81.

Libertad de cátedra:

Reconocimiento y protección del derecho, 20.1.

Libertad de circulación:

Derecho de los españoles, 19 y 139.

Suspensión, 55.1.

Libertad de empresa:

Defensa de la productividad, 38.

Ejercicio, 38.

Reconocimiento, 38.

Libertad de enseñanza, 27.1.

Libertad de expresión:

Reconocimiento y protección del derecho, 20.1.

Suspensión, 55.1.

Libertad de residencia:

Derecho de los españoles, 19 y 139.

Suspensión, 55.1.

Libertad ideológica:

Garantía, 16.1.

Limitaciones, 16.1.

Prohibición de declarar sobre la propia ideología, 16.2.

Libertad religiosa y de culto:

Garantía, 16.1.

Limitaciones, 16.1.

Prohibición de declarar sobre religión o creencias, 16.2.

Libertad sindical, 28.1.

(Véanse Derecho de sindicación y Sindicatos).

M

Madrid:

Capital del Estado, 5.

Magistrados:

Administración de la justicia, 117.1.

Asociación profesional, 127.1.

Estatuto jurídico, 122.1

Incompatibilidad estando en activo:

Con cargos públicos, 127.1

Con la condición de Diputado o Senador, 70.1.

Independencia e inamovilidad, 117.1.

Régimen de incompatibilidades, 127.2.

Mallorca (isla de):

Circunscripción a efectos de elección de Senadores, 69.3.

Manifestaciones:

Comunicación previa a la autoridad, 21.2.

Prohibición de presentar peticiones ante las Cámaras por, 77.1.

Mar territorial, 132.2.

Marina mercante:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.20.ª

Matrimonio:

Competencia legislativa del Estado, 149.1.8.ª

Derecho a contraerlo, 32.1.

Regulación, 32.2.

Mayoría de edad, 12 y disposición adicional 2.ª

Medicamentos

(Véase Productos farmacéuticos).

Medio ambiente:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.9.ª

Competencia del Estado, 149.1.23.ª

Deber de conservación, 45.1.

Defensa y restauración, 45.2.

Derecho a disfrutarlo, 45.1.

Obligación de reparar daños, 45.3.

Sanciones, 45.3.

(Véase Recursos naturales).

Medios de comunicación social:

Acceso de grupos sociales y políticos a los del Estado, 20.2.

Competencias:

De las Comunidades Autónomas, 149.1.27.ª

De Estado, 149.1.27.ª

Control parlamentario de los del Estado, 20.2.

Melilla:

Constitución en Comunidad Autónoma, disposición transitoria 5.ª

Elección de Senadores, 69.4.

Representación en el Congreso de Diputados, 68.2.

Menorca (isla de):

Circunscripción a efectos de elección de Senadores, 69.3.

Miembros del Gobierno:

Acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones, 110.1.

Estatuto, 98.4.

Incompatibilidades, 98.3 y 4.

Interpelaciones y preguntas de las Cámaras, 111.

Nombramiento y separación, 62 y 100.

Responsabilidad criminal de sus miembros, 102.

Minas:

Competencia del Estado, 149.1.25.ª

Ministerio Fiscal:

Estatuto orgánico, 124.3.

Incompatibilidades de sus miembros, 127.

Legitimación para la interposición del recurso de amparo, 162.1.

Misión, 124.1.

Principios de su actuación, 124.2.

Minusválidos

(Véase Disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos).

Moción de censura:

Adopción, 113.1.

Pérdida de confianza, 114.

Propuesta, 113.2.

Votación, 113.3.

Monarquía parlamentaria:

Forma política del Estado, 1.3.

Montes (competencia):

De las Comunidades Autónomas, 148.1.15.ª

Del Estado, 149.1.28.ª

Motivación:

De sentencias 120.3.

Mujer:

Matrimonio, 32.

Protección a las madres, 39.2.

Municipios:

Agrupación por las Comunidades Autónomas, 152.3.

Alteración de términos municipales, 148.1.2.ª

Autonomía, 140.

Gobierno y administración, 140.

Iniciativa en procesos autonómicos, 151.1.

Personalidad jurídica, 140.

Régimen de concejo abierto, 140.

Museos y Bibliotecas:

Competencias de las Comunidades Autónomas, 148.1.15.ª

Competencias del Estado, 149.1.28.ª

N

Nacionalidad española:

Adquisición, 11.1.

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.2.ª

Conservación, 11.1.

Pérdida, 11.1

Prohibición de su privación, 11.2.

Tratados de doble nacionalidad, 11.3.

Nacionalidades:

Derecho a la autonomía, 2.

Solidaridad, 2 y 138.

(Véase Comunidades Autónomas).

Nación española:

Nacionalidades y regiones:

Derecho a la autonomía, 2.

Solidaridad entre todas ellas, 2.

Patria común, 2.

Unidad, 2.

Navarra (régimen autonómico), disposición transitoria 4.ª

Negociación colectiva (derecho a), 37.1.

Niños (protección), 39.4.

O

Objeción de conciencia:

Recurso de amparo, 53.2.

Regulación legal, 30.2.

Obras públicas (competencias):

De las Comunidades Autónomas, 148.1.4.ª

Del Estado, 149.1.24.ª

Ocio:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.19.ª

Utilización, 43.3 y 50.

Orden político:

Principios de su fundamento, 10.1.

Orden público:

Suspensión de reuniones o manifestaciones, 21.2.

(Véanse Estado de alarma, Estado de excepción, Estado de sitio, Suspensión de derechos y libertades y Terrorismo).

Ordenación del territorio:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.3.ª

Ordenamiento constitucional:

Defensa por las Fuerzas Armadas, 8.1.

Sujeción de los ciudadanos y poderes públicos, 9.1.

(Véase Constitución).

Ordenamiento jurídico:

Principios, 1.1.

Sujeción de los ciudadanos y poderes públicos, 9.1.

Tratados internacionales, 96.1.

Organismos provisionales autonómicos:

Disolución, disposición transitoria 7.ª

Organización militar, 8.2.

Organización territorial del Estado:

Entes territoriales, 137.

Igualdad de derechos y obligaciones en el territorio del Estado, 139.1.

Libertad de circulación de personas y bienes, 139.2.

Solidaridad de las nacionalidades y regiones, 2 y 138.1.

(Véanse Administración Local, Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias).

Organizaciones de consumidores y usuarios:

Fomento por los poderes públicos, 51.2.

Organizaciones profesionales:

Estructura y funcionamiento democrático, 52.

Prohibición de Tribunales de Honor, 26.

Regulación, 52.

P

Padres:

Asistencia a los hijos, 39.3.

Derechos en materia educativa, 27.3.

Parlamentarios:

Causas de inelegibilidad e incompatibilidad, 70.

Reuniones sin convocatoria reglamentaria, 67.3.

(Véanse Diputados y Senadores).

Partidos políticos:

Estructura y funcionamiento democráticos, 6.

Instrumento de participación política, 6.

Libertad de creación, 6.

Respeto a la Constitución y a la ley, 6.

Paternidad (investigación), 39.2.

Patrimonio del Estado, 132.3.

Patrimonio histórico, cultural y artístico:

Competencias:

De las Comunidades Autónomas, 148.1.16.ª

Del Estado, 149.1.28.ª

Conservación, 46.

Protección, 46.

Riqueza linguística, 3.3.

Sanciones, 46.

Patrimonio Nacional, 132.3

Paz (acuerdos de), 63.3.

Paz social:

Principios de su fundamento, 10.1.

Pena de muerte:

Abolición, 15.

En tiempo de guerra, 15.

Penas privativas de libertad:

Fines a los que se orientan, 25.2.

Pensiones:

Actualización, 50.

A la tercera edad, 50.

Pesas y medidas:

Competencia legislativa del Estado, 149.1.12.ª

Pesca:

Actuación de los poderes públicos, 130.1.

Competencias:

De las Comunidades Autónomas, 148.1.11.ª y 149.1.19.ª

Del Estado, 149.1.19.ª

Petición

(Véase Derecho de petición).

Planificación económica:

Aportación de datos por las Comunidades Autónomas, 131.2.

Asesoramiento y colaboración, 131.2.

Competencias del Estado, 131.1 y 149.1.13.ª

Constitución del Consejo. 131.2.

Elaboración de proyectos, 131.2.

Plataforma continental, 132.2.

Playas, 132.2.

Pleno empleo, 40.1.

Pluralismo político, 1.1 y 6.

Plusvalías (acción urbanística de los entes públicos), 47.

Poder judicial, 117 a 127.

(Véanse Administración de Justicia, Justicia, Jueces y Magistrados).

Poderes del Estado:

Origen, 1.2.

Poderes públicos:

Ayuda a centros docentes, 27.9.

Colaboración con la Iglesia Católica y confesiones religiosas, 16.3.

Conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, 46.

Defensa de consumidores y usuarios, 51.

Fomento de la educación física, 43.3.

Fomento de la educación sanitaria, 43.3.

Fomento de la utilización adecuada del ocio, 43.3.

Fomento de sociedades cooperativas, 129.2.

Fomento del deporte, 43.3.

Garantizan el derecho a la educación, 27.5.

Inspección y homologación del sistema educativo, 27.8.

Interdicción de la arbitrariedad, 9.3.

Modernización de sectores económicos, 130.

Política social y económica, 39 a 51.

Promoción de la juventud, 48.

Promoción de la participación en la empresa, 129.2.

Promoción del progreso social y económico, 40.1.

Protección a la tercera edad, 50.

Protección de la familia, 39.1.

Protección y defensa de la productividad, 38.

Remoción de obstáculos para la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, 9.2.

Responsabilidad, 9.3.

Sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico, 9.1.

Tutela de la salud pública, 43.2.

Policía judicial:

Dependencia, 126.

Funciones, 126.

Policías locales:

Competencias de las Comunidades Autónomas, 148.1.22.ª

Creación, 149.1.29.ª

Política exterior (dirección), 97.

Política interior (dirección), 97.

Política social y económica:

Acceso a la cultura, 44.1.

Defensa de consumidores y usuarios, 51.

Formación profesional, 40.2.

Jornada laboral, 40.2.

Medio ambiente, 45.

Organizaciones profesionales, 52.

Patrimonio histórico, cultural y artístico, 46.

Pleno empleo, 40.1.

Progreso social y económico, 40.1.

Promoción de la ciencia y la investigación, 44.2.

Protección a la familia, 39.

Protección a la tercera edad, 50.

Protección a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, 49.

Protección de la salud, 43.

Seguridad e higiene en el trabajo, 40.2.

Seguridad Social, 41.

Trabajadores españoles en el extranjero, 42.

Potestad reglamentaria:

Control judicial, 106.1

Ejercicio por el Gobierno, 97.

Presidente de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas:

Elección, 152.1.

Funciones, 152.1.

Responsabilidad ante la Asamblea, 152.1.

Presidente del Gobierno:

Acusación por traición o delitos contra la seguridad del Estado, 102.2.

Cuestión de confianza ante el Congreso, 112.

Disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, 115.

Exposición del programa político ante el Congreso, 99.2.

Funciones, 98.2.

Miembros del Gobierno (nombramiento), 100.

Nombramiento, 99.3 y 114.2.

Propuesta de candidato, 99.1.

Voto de investidura, 99.3 a 5.

Presidentes de las Cámaras Legislativas:

Elección, 72.2.

Facultades, 72.3.

Presidentes de las Comunidades Autónomas

(Véase Presidente de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas).

Presos:

Acceso a la cultura, 25.2.

Derechos, 25.2.

Seguridad Social, 25.2.

Prestaciones personales de carácter público:

Establecimiento por ley, 31.3.

Presupuestos de las Cámaras Legislativas, 72.

Presupuestos Generales del Estado:

Asignación a las Comunidades Autónomas, 158.1.

Carácter anual, 134.2.

Consignación para la Casa del Rey, 65.1.

Elaboración, 134.1.

Examen, enmienda y aprobación, 134.1.

Presentación al Congreso, 134.3.

Prohibición de crear tributos, 134.7.

Prórroga, 134.4.

Proyectos que impliquen aumento de gastos o disminución de ingresos, 134.5 y 6.

Primogenitura

(Véase Sucesión en el trono).

Príncipe de Asturias:

Dignidad del Príncipe heredero, 57.2.

Príncipe heredero:

Ejercicio de la Regencia, 59.2.

Juramento al alcanzar la mayoría de edad, 61.2.

Títulos, 57.2.

Principio de legalidad, 9.3 y 25.

Principios rectores de la política social y económica, 39 a 52.

Prisión:

Derechos de los condenados, 25.

Privación de bienes y derechos:

Causas, 33.3.

Indemnización, 33.3.

Procedimiento administrativo:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.18.ª

Regulación por ley, 105.

Procedimiento legislativo

(Véase Elaboración de las leyes).

Procesos autonómicos (iniciativa), 143.2 y 151.

Productos comerciales (régimen de autorización), 51.3.

Productos farmacéuticos:

Competencia legislativa del Estado, 149.1.16.ª

Profesión:

Ejercicio de las tituladas, 36.

Libre elección, 35.1.

Profesiones tituladas (ejercicio), 36.

Profesores de Universidad:

Miembros del Tribunal Constitucional, 159.2.

Programa político del Gobierno:

Exposición ante el Congreso de Diputados, 99.2.

Voto de confianza, 99.3 a 5.

Progreso económico y social, 40.1.

Promulgación de las leyes, 62 y 91.

Propiedad intelectual e industrial:

Competencia legislativa del Estado, 149.1.9.ª

Derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, 20.1.

Propiedad privada:

Contenido, 33.2.

Derecho a, 33.1.

Privación, 33.3.

Proposiciones de ley:

Contrarias a una delegación legislativa, 84.

De las Asambleas de las Comunidades Autónomas, 87.2.

Por iniciativa popular, 87.3.

Tramitación, 89.

Protección a la familia, 39.

Protección a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, 49.

Protección de derechos

(Véase Tutela jurídica de las personas).

Protección de la salud, 43.1.

Provincias:

Alteración de límites, 141.1.

Gobierno y administración, 141.2.

Número de Senadores, 69.2.

Personalidad jurídica, 141.1.

Provincias insulares:

Circunscripción a efectos de elección de Senadores, 69.3.

Régimen de Cabildos, 141.4.

Proyectos de ley:

Aporobación:

En Consejo de Ministros, 88.

Por el Congreso, 90.1.

Por el Senado, 90.2 y 3.

Documentación, 88.

Tramitación de Decretos-leyes, 86.3.

Publicación:

De la Constitución, disposición final.

De las leyes, 91.

De las sentencias del Tribunal Constitucional, 164.1.

De tratados internacionales, 95.

Publicidad de las normas, 9.3.

Puertos (competencias):

De las Comunidades Autónomas, 148.1.6.ª

Exclusivas del Estado, 149.1.20.ª

R

Reales Academias (patronazgo), 62.

Recurso de amparo:

Aplicable a la objeción de conciencia, 53.2.

Competencia, 161.1.

Legitimación para interponerlo, 162.1 y 2.

Por violación de derechos y libertades, 53.2.

Recurso de inconstitucionalidad:

Competencia para conocer, 161.1.

Legitimación, 162.1.

Recursos económicos de las Comunidades Autónomas, 157.

Recursos naturales:

Bienes de dominio público, 132.2.

Obligación de reparar daños, 45.3.

Sanciones, 45.3.

Utilización racional, 45.2.

Referéndum:

Compete al Estado su autorización, 149.1.32.ª

Convocatoria, 62 y 92.2.

De decisiones políticas de especial trascendencia, 92.1.

De Estatutos de Autonomía, 151.2.

De reforma constitucional, 167.3 y 168.3.

Modalidades, 92.3.

Propuesta, 92.2.

Reforma constitucional:

Iniciativa, 166.

Procedimiento, 167.

Prohibición en tiempos de guerra o estados de alarma, excepción o de sitio, 169.

Referéndum, 167.3 y 168.3.

Revisión, 168.

Regadíos:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.10.ª

Regencia:

Duración, 59.1 y 2.

Ejercicio en nombre del Rey, 59.5.

Incompatibilidad con la tutela, 60.2.

Requisitos para su ejercicio, 59.4.

Supuestos, 59.1 y 2.

Regente:

Juramento, 61.2.

Nombramiento por las Cortes, 59.3.

Titularidad, 59.

(Véase Regencia).

Régimen electoral

(Véase Ley electoral).

Regímenes forales, disposición adicional 1.ª

Regímenes provisionales de autonomía:

Disolución de organismos, disposición transitoria 7.ª

En territorios que hubieren plebiscitado proyectos de estatuto, disposición transitoria 2.ª

Iniciativa del proceso autonómico, disposición transitoria 1.ª

Regiones:

Derecho a la autonomía, 2.

Equilibrio económico, 138.1.

Solidaridad entre ellas, 2 y 138.

(Véase Comunidades Autónomas).

Registros administrativos (acceso de los ciudadanos), 105.

Reglamento de las Cortes Generales, 72.2.

Reglamentos:

De las Cámaras Legislativas:

Aprobación, 72.1.

Reforma, 72.1.

De las Cortes Generales:

Aprobación, 72.2.

Reina consorte:

Prohibición de funciones constitucionales, 58.

Regencia, 59.

Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales:

Acceso de miembros del Gobierno a las sesiones de las Cámaras y Comisiones, 110.2.

Comparecencia de miembros del Gobierno ante las Cámaras y Comisiones, 110.1.

Cuestión de confianza, 112.

Disolución de las Cámaras, 115.

Información del Gobierno y sus Departamentos, 109.

Interpelaciones y preguntas, 111.

Moción de censura, 113 y 114.

Responsabilidad ante el Congreso de los Diputados, 108.

Relaciones internacionales:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.3.ª

Representación del Estado, 56.1.

(Véase Política exterior).

Religión

(Véase Libertad religiosa y de culto).

Renta (distribución equitativa), 40.1.

Representantes diplomáticos (acreditación), 63.1.

Representantes extranjeros (acreditación), 63.

Responsabilidad de los miembros del Gobierno, 102.

Responsabilidad de los poderes públicos, 9.3.

Residencia (libre elección), 19.

Revisión constitucional, 168.

Rey:

Consignación presupuestaria, 65.1.

Disolución de las Cámaras, 99.5.

Funciones, 56.1, 62 y 63.

Inviolabilidad, 56.3.

Jefe del Estado, 56.1.

Juramento al ser proclamado, 61.1.

Menor de edad, 59.

Nombramiento de Presidente del Gobierno, 99 y 114.2.

Nombramientos de los miembros de su Casa, 65.2.

Refrendo de sus actos, 56.3 y 64.

Regencia, 59.

Responsabilidad de sus actos, 56.3 y 64.2.

Sanción de las leyes, 91.

Títulos, 56.2.

Tutor del Rey menor de edad, 60.

(Véanse Casa de Su Majestad el Rey, Regencia y Sucesión en el Trono).

Riqueza:

Justa distribución, 131.1.

Subordinación al interés general, 128.1.

S

Salarios:

Derecho a una remuneración suficiente, 35.2.

Salud pública:

Derechos y deberes, 43.2.

Educación sanitaria, 43.2.

Organización y tutela, 43.2.

Sanción de las leyes:

Plazo, 91.

Por el Rey, 62 y 91.

Sanidad (competencias):

De las Comunidades Autónomas, 148.1.21.ª

Exclusivas del Estado, 149.1.16.ª

Secreto de las comunicaciones, 18.

Secreto profesional, 20.1.

Secuestro de publicaciones, 20.5.

Seguridad e higiene en el trabajo, 40.2.

Seguridad jurídica, 9.3.

Seguridad pública:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.29.ª

Creación de policías por las Comunidades Autónomas, 149.1.29.ª

Seguridad Social:

Ámbito, 41.

Competencia legislativa del Estado, 149.1.17.ª

De los condenados a penas de prisión, 25.2.

Ejecución de servicios por las Comunidades Autónomas, 149.1.17.ª

En caso de desempleo, 41.

Participación de los interesados, 129.

Seguros:

Competencia del Estado para fijar las bases de su ordenación, 149.1.11.ª

Senado:

Cámara de representación territorial, 69.1.

Circunscripción electoral, 69.

Comunidades Autónomas: representación, 69.

Diputación Permanente, 78.

Disolución, 69.6 y 115.

Facultades de su Presidente, 72.3.

Iniciativa legislativa, 87.1.

Número de representantes por provincias, 69.2.

Veto a los proyectos de ley aprobados por el Congreso, 90.2 y 3.

Senadores:

Asignación económica, 71.4.

Autorización para su procesamiento, 71.2.

Causas de inelegibilidad e incompatibilidad, 67.1 y 70.1.

Control judicial de sus actas y credenciales, 70.2.

Duración de su mandato, 69.6.

Elecciones, 69.

Inmunidad, 71.2.

Inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, 71.1.

Tribunal competente en las causas, 71.3.

Voto personal e indelegable, 79.3.

Sentencias:

Audiencia pública, 120.3.

Del Tribunal Constitucional, 164.

Obligatoriedad de cumplimiento, 118.

Servicio civil, 30.3.

Servicio meteorológico:

Competencia exclusiva del Estado, 149.1.20.ª

Servicio militar:

Causas de exención, 30.2.

Objeción de conciencia, 30.2.

Obligación de los españoles, 30.2.

Sesiones de las Cámaras Legislativas:

Adopción de acuerdos, 79.

Carácter público, 80.

Conjuntas, 74.

Extraordinarias, 73.2.

Ordinarias, 73.1.

Sindicatos:

Colaboración en la planificación económica, 131.2.

Derecho de afiliación, 28.1.

Derecho de fundación, 28.1.

Estructura y funcionamiento democráticos, 7.

Fines, 7.

Formación de confederaciones, 28.1.

Libertad de creación, 7.

Respeto a la Constitución y a la ley, 7.

Sistema tributario:

Principios, 31.1.

(Véase Tributos).

Soberanía nacional:

Defensa, 8.

Titularidad, 1.2.

Sociedades cooperativas, 129.2.

Sucesión en el trono:

Abdicaciones y renuncias, 57.5.

Extinción de las líneas sucesorias, 57.3.

Orden sucesorio, 57.1.

Personas excluidas, 57.

Príncipe heredero, 57.2.

Provisión por las Cortes Generales, 57.3.

Suelo:

Utilización de acuerdo con el interés general, 47.

Sufragio universal:

Elección de Concejales, 140.

Elección de Diputados, 68.1.

Elección de miembros de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, 152.1.

Elección de representantes de los ciudadanos, 23.1.

Elección de Senadores, 69.2.

Suspensión de los derechos y libertades:

Bandas armadas o elementos terroristas, 55.2.

Supuestos, 55.1.

Uso injustificado o abusivo de facultades, 55.2.

T

Tenerife (isla de):

Circunscripción a efectos de elección de Senadores, 69.3.

Tercera edad:

Pensiones, 50.

Promoción de su bienestar, 50.

Territorios Forales:

Actualización del régimen foral, disposición adicional 1.ª

Amparo y respeto por la Constitución de los derechos históricos, disposición adicional 1.ª

Terrorismo:

Extradición, 13.4.

Suspensión de derechos, 55.2.

Textos legales:

Autorización al Gobierno para su refundición, 82.5.

Títulos académicos y profesionales:

Regulación por el Estado, 149.1.30.ª

Tortura (prohibición), 15.

Trabajadores:

Acceso a la propiedad de los medios de producción, 129.2.

Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, 37.2.

Derecho a la huelga, 28.2.

Derecho a la negociación colectiva, 37.1.

En el extranjero, 42.

Estatuto, 35.2.

Formación profesional, 40.2.

Jornada laboral, 40.2.

Promoción, 35.1.

Remuneración, 35.1.

Seguridad e higiene, 40.2.

Vacaciones retribuidas, 40.2.

Trabajadores en el extranjero:

Retorno, 42.

Salvaguardia de derechos económicos y sociales, 42.

Trabajos forzados (prohibición), 25.2.

Transportes (competencias):

De las Comunidades Autónomas, 148.1.5.ª

Del Estado, 149.1.20.ª y 21.ª

Tratados internacionales:

Autorización de las Cortes Generales, 94.1.

Consentimiento del Estado, 63.2.

Contrarios a la Constitución, 95.

Denuncia, 96.2.

Derechos y libertades reconocidos por la Constitución: interpretación, 10.2.

Derogación, modificación o suspensión de sus disposiciones, 96.1.

Efectos de su publicación, 96.1.

Garantía de su cumplimiento, 93.

Información al Congreso y Senado, 94.2.

Procedimiento para su aprobación, 94.

Tratos inhumanos ( prohibición), 15

Tribunal Constitucional:

Competencias, 161.1.

Composición, 159.1.

Control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, 153.

Funcionamiento, 165.

Impugnación por el Gobierno de las disposiciones de las Comunidades Autónomas, 161.2.

Jurisdicción territorial, 161.1.

Legitimación para recurrir, 162 y 163.

Miembros:

Condiciones, 159.2.

Duración del mandato, 159.3.

Incompatibilidades, 70.1 y 159.4.

Independencia e inamovilidad, 159.5.

Presidente, 160.

Procedimiento, 165.

Recurso de amparo, 53.2 y 162.

Recurso de inconstitucionalidad, 162.

Renovación parcial, disposición transitoria 9.ª

Sentencias:

Efectos, 164.1.

Publicación, 164.1.

Tribunal de Cuentas:

Censura de las cuentas del Estado y sector público, 136.2.

Composición, organización y funciones, 136.4.

Control económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas, 153.

Dependencias, 136.1.

Incompatibilidades de sus miembros, 136.3.

Informe anual a las Cortes Generales, 136.2.

Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas, 152.1.

Tribunal Supremo:

Ámbito jurisdiccional, 123.

Conocimiento de causas contra Diputados o Senadores, 71.3.

Presidente, 123.2.

Responsabilidad criminal del Presidente y miembros del Gobierno, 102.1.

Tribunales:

Colaboración, 118.

Consuetudinarios, 125.

Control de la legalidad de la actuación administrativa, 106.1.

Control de la potestad reglamentaria, 106.1.

Unidad jurisdiccional, 117.5.

Tribunales de excepción (prohibición), 117.6.

Tribunales de Honor (prohibición), 26.

Tributos:

Beneficios fiscales, 133.3.

Colaboración de las Comunidades Autónomas, 156.2.

Creación por ley, 133.1 y 134.7.

Obligaciones y gastos de las administraciones públicas, 133.4.

Potestad para establecerlos, 133.1 y 2.

Turismo:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.18.ª

Tutela del Rey menor de edad, 60.

Tutela jurídica de las personas:

Declaraciones, 24.2.

Defensa y asistencia de letrado, 24.2.

En el ejercicio de derechos e interés, 24.1.

Garantías procesales, 24.2.

Presunción de inocencia, 24.2.

U

Unidad de España, 2.

Unidad jurisdiccional, 117.5.

Universidades (autonomía), 27.10.

Urbanismo:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.3.ª

(Véase Acción urbanística).

Usuarios

(Véase Consumidores y usuarios).

V

Vacaciones, 40.2.

Vejez

(Véanse Tercera edad y Pensiones).

Vías pecuarias:

Competencia del Estado, 149.1.23.ª

Vicepresidentes del Gobierno, 98.1.

Villa de Madrid

(Véase Madrid).

Viviendas:

Competencia de las Comunidades Autónomas, 148.1.3.ª

Derecho a, 47.

Efectividad del derecho, 47 y 50.

Plusvalías urbanísticas, 46.

Utilización del suelo, 46.

Z

Zona económica, 131.2.

Zona marítimo-terrestre:

Bienes de dominio público, 132.2.

Iluminación de costas (competencia del Estado), 149.1.20.ª

Zonas de montaña:

Actuación de los poderes públicos, 130.2.

COLECCIÓN «TEXTOS LEGALES»

* CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 15.ª edición, abril 2010, 254 pp.

1. RÉGIMEN JURÍDICO Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO. 13.ª edición, enero 1984 (agotado).

2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 25.ª edición, mayo 1991 (agotado).

3. PROCEDIMIENTO LABORAL. 17.ª edición, noviembre 2008, 312 pp.

4. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 7.ª edición, enero 2010, 194 pp.

5. ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL. 5.ª edición, marzo 2010, 1.152 pp.

6. SECTOR ENERGÉTICO. RÉGIMEN JURÍDICO. 5.ª edición, abril 1995 (agotado).

7. ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS. 13.ª edición, abril 2001, 176 pp.

8. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. 22.ª edición, noviembre 2008, 420 pp.

9. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO. 13.ª edición, marzo 2002, 568 pp.

11. EXPROPIACIÓN FORZOSA. 13.ª edición, enero 2005, 488 pp.

12. PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. 11.ª edición, febrero 2003, 208 pp.

13. CÓDIGO CIVIL. 27.ª edición, julio 2008, 984 pp.

14. TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. 26.ª edición (en prensa).

15. CÓDIGO DE COMERCIO. 25.ª edición, abril 2008, 1.304 pp.

16. SOCIEDADES ANÓNIMAS. 18.ª edición, septiembre 2009, 600 pp.

17. LEYES CIVILES FORALES. 14.ª edición, agosto 2008, 1.680 pp.

18. MONTES. RÉGIMEN JURÍDICO. 8.ª edición, julio 1993 (agotado).

19. LEY GENERAL PRESUPUESTARIA. 11.ª edición, agosto 2008, 986 pp.

20. LEY DE RÉGIMEN LOCAL. 4.ª edición, abril 1984 (agotado).

21. REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO. 2.ª edición, julio 1984 (agotado).

23. LEY Y REGLAMENTO HIPOTECARIOS. 14.ª edición (en prensa).

24. CÓDIGO PENAL. 33.ª edición, junio 2008, 568 pp.

25. ACCIDENTES DEL TRABAJO. 8.ª edición, noviembre 1997, 672 pp.

26. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 11.ª edición, enero 2009, 270 pp.

27. LEGISLACIÓN SOBRE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 1.ª edición, mayo 2009, 256 pp.

28. FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO. 1.ª edición, 1964 (agotado).

29. LEY DE AGUAS. 12.ª edición, abril 2009, 912 pp.

30. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. 4.ª edición, septiembre 2006, 384 pp.

31. LEY GENERAL TRIBUTARIA. 20.ª edición, agosto 2008, 816 pp.

33. PESCA. RÉGIMEN JURÍDICO. 4.ª edición, febrero 1995, actualizada a marzo 1997, 728 pp.

34. ARRENDAMIENTOS URBANOS. 20.ª edición, junio 2009, 368 pp.

35. ENJUICIAMIENTO CIVIL, 20.ª edición (en prensa).

36. PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 7.ª edición, octubre 1993 (agotado).

37. ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 9.ª edición, febrero 1991, actualizada a abril 1997 (agotado).

38. CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 3.ª edición, enero 2010, 1184 pp.

39. TRIBUNAL DE CUENTAS. 2.ª edición, enero 2000, 576 pp.

40. ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. 21.ª edición (en prensa).

41. LEGISLACIÓN DE CONSUMO. 1.ª edición, enero 1992, actualizada a mayo 1997, 592 pp.

42. SEGURIDAD SOCIAL: RÉGIMEN GENERAL. 11.ª edición, septiembre 2008, 912 pp.

43. LEGISLACIÓN ESTATAL DE SUELO. 1.ª edición, septiembre 2009, 608 pp.

44. DEFENSOR DEL PUEBLO. 1.ª edición, septiembre 1991, actualizada a mayo 1995, 264 pp.

45. BIENES Y SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES. 1.ª edición, noviembre 1966 (agotado).

46. SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA. 5.ª edición, julio 1982 (agotado).

47. VENTAS A PLAZOS. 8.ª edición, febrero 2002, 184 pp.

48. CORTES GENERALES. 3.ª edición, octubre 2003, 496 pp.

49. CONTRATACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES. 1.ª edición, diciembre 1967 (agotado).

50. VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 5.ª edición, marzo 1981 (agotado).

51. CÓDIGO ALIMENTARIO. 6.ª edición, junio 1991, 548 pp.

52. REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN. 9.ª edición, enero 2008, 320 pp.

53. PROPIEDAD HORIZONTAL. 23.ª edición, octubre 2008, 224 pp.

54. SERVICIO MILITAR Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA. 6.ª edición, febrero 1997 (agotado).

55. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PUBLICIDAD. 3.ª edición, enero 1984 (agotado).

56. PROPIEDAD INTELECTUAL. 7.ª edición, abril 2008, 632 pp.

58. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 4.ª edición, abril 1975 (agotado).

60. PELIGROSIDAD Y REHABILITACIÓN SOCIAL. 2.ª edición, enero 1975 (agotado).

61. REALES ACADEMIAS E INSTITUTO DE ESPAÑA. 3.ª edición, mayo 1996, actualizada a noviembre 1996, 208 pp.

62. REGISTRO CIVIL. 9.ª edición, septiembre 2006, 568 pp.

63. CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. 1.ª edición, febrero 1976 (agotado).

64. INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA. 3.ª edición, noviembre 1989 (agotado).

65. COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORALES Y TRABAJO AUTÓNOMO. 8.ª edición, octubre 2009, 512 pp.

66. MINAS: RÉGIMEN JURÍDICO. 3.ª edición, noviembre 1994, 848 pp.

67. ARMAS Y EXPLOSIVOS. 3.ª edición, enero 1994 (agotado).

68. IMPUESTOS ESPECIALES. 3.ª edición, enero 1997, 340 pp.

69. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 7.ª edición, noviembre 2007, 178 pp.

70. CONSEJO DE ESTADO. 5.ª edición, octubre 2005, 170 pp.

71. COSTAS Y PUERTOS. 2.ª edición, febrero 1990 (agotado).

72. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 8.ª edición, enero 2009, 544 pp.

73. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 2.ª edición, enero 1996 (agotado).

74. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 4ª edición, abril 2006, 664pp.

75. DERECHO A LA EDUCACIÓN Y SISTEMA EDUCATIVO. 2.ª edición, agosto 1989 (agotado).

76. PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. 3.ª edición, enero 2003, 696 pp.

79. SEGURIDAD PRIVADA. 9.ª edición, octubre 2008, 544 pp.

80. LEYES PENALES ESPECIALES. 1.ª edición, marzo 1993 (agotado).

81. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 3.ª edición, septiembre 2004, 326 pp.

82. SEGURIDAD CIUDADANA. 2.ª edición, mayo 2001, 320 pp.

83. HACIENDAS LOCALES. 1.ª edición, agosto 1993 (agotado).

85. PUERTOS Y MARINA MERCANTE. 1.ª edición, enero 1994, 494 pp.

87. COSTAS. 1.ª edición, enero 1994, actualizada a abril 1997, 394 pp.

88. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. 18.ª edición, febrero 2009, 720 pp.

89. LEGISLACIÓN PENAL Y PROCESAL MILITAR. 1.ª edición, abril 1994, actualizada a noviembre 1995, 400 pp.

90. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: TARIFAS E INSTRUCCIÓN. 5.ª edición, junio 2006, 464 pp.

91. FUNDACIONES. 4.ª edición, mayo 2006, 278 pp.

92. TELECOMUNICACIONES. 2.ª edición, agosto 2002, 824 pp.

93. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 2.ª edición, mayo 1999,
168 pp.

94. LEGISLACIÓN DEL DEPORTE. 3.ª edición, junio 2003,
568 pp.

95. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 10.ª edición, noviembre 2008, 1.088 pp.

96. REGLAMENTO DE ARMAS. 4.ª edición, marzo 2009, 312 pp.

97. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA. 4.ª edición, marzo 2009, 320 pp.

98. TRATADOS DE LA UNIÓN EUROPEA: TEXTOS CONSOLIDADOS. 1.ª edición, marzo 2000, actualizada a mayo 2000, 1.176 pp.

99. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 4.ª edición, abril 2008, 344 pp.

100. LEGISLACIÓN DE MARCAS. 1.ª edición, junio 2003, 280 pp.

101. LEGISLACIÓN DE PATENTES. 1.ª edición, agosto 2003, 336 pp.

102. LEGISLACIÓN DE EXTRANJEROS. 3.ª edición, julio 2009, 696 p.

103. DISEÑO INDUSTRIAL, 1.ª edición, mayo 2006, 252 pp.

104. LEY CONCURSAL. 3.ª edición (en prensa).

105. LEY DEL MERCADO DE VALORES. 2.ª edición, febrero 2008, 328 pp.

106. LEGISLACIÓN BÁSICA DEL EMPLEADO PÚBLICO. 1.ª edición, diciembre 2009, 616 pp.

107. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 2.ª edición, mayo 2010, 572 pp.

108. DERECHO CIVIL FORAL DEL PAÍS VASCO. 1.ª edición, abril 2009, 112 pp.

109. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO (ONGD), abril 2010, 572 pp.

Versión en catalán:

3. PROCEDIMENT LABORAL. 1.ª edició, octubre 2003, 286 pp.

8. JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 1.ª edició, novembre 2001, 392 pp.

13. CODI CIVIL. 1.ª edició, desembre 2003, 920 pp.

34. ARRENDAMENTS URBANS. 1.ª edició, juliol 2006, 296 pp.

95. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 1.ª edició, agost 2005, 829 pp.

Versión en gallego:

3. PROCEDEMENTO LABORAL. 1.ª edición, xullo 2008, 304 pp.

8. XURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. 2.ª edición, novembro 2008, 410 pp.

13. CÓDIGO CIVIL. 1.ª edición, marzo 2009, 944 pp

24. CÓDIGO PENAL. 1.ª edición (en prensa).

26. ESTATUTO DOS TRABALLADORES. 1.ª edición, xaneiro 2008, 264 pp.

31. LEY XERAL TRIBUTARIA. 1.ª edición, febreiro 2009, 806 pp.

35. AXUIZAMENTO CIVIL. 1.ª edición, mayo 2009, 1.216 pp.

53. PROPIEDADE HORIZONTAL. 2.ª edición, agosto 2008, 350 pp.

88. RÉXIME XURÍDICO DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E DO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. 2.ª edición, maio 2008, 664 pp.

95. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. 2.ª edición, abril 2009, 1.048 pp.

104. LEI CONCURSAL. 1.ª edición, novembro 2008, 254 pp.